HONDURAS: LA IMPUNIDAD DE UN GOLPE DE ESTADO

Abstract

On 28th June 2009, after a long period of political unrest, Honduras witnessed a coup d'état. Its main consequence was the strong negative reaction of the entire international community against the unlawful events in the country followed the expulsion of Honduras from the OAS. On 29th November the same year, previously scheduled presidential elections were held. They were won by the opposition candidate, Porfirio Lobo. In spite of various factors, among which the non-recognition of the election results by OAS on a ground that the elections had lacked a level playing field, the strong standpoint of American states opposing the events in Honduras and the commitment of the international community to restore the status quo ante, the legally elected incumbent (Zelaya) was unable to resume his presidency. Honduras has since lost its share in the media coverage, but the political crisis threatening the safety of the region has not been resolved and today Honduras remains still outside the regional community framework. Most of the states of the continent did not recognize the legitimacy of coming to power of the new President, Porfirio Lobo, and the country has yet a long way to go in order to return to the OAS .The aim of this paper is to describe how events unfolded between 28th June 2009 and 29th November and to explain the patterns of legitimizing the coup given the specific situation in today's Honduras. [PUBLICATION ABSTRACT]

Headnote

Resumen: El 28 de junio del año 2009 tras un largo periodo de desacuerdos políticos, Honduras vivió un golpe de Estado cuyas consecuencias principales fueron el posicionamiento de toda la comunidad internacional contra la actitud de los golpistas y la expulsión de Honduras de la OEA. El 29 de noviembre del mismo año, tal y como estaba previsto antes del golpe de Estado se celebraron elecciones presidenciales que dieron la victoria a Porfirio Lobo, candidato de la oposición. A pesar del empeño de la OEA en no reconocer el resultado electoral por considerar que las elecciones se había celebrado en una situación irregular, a pesar de la oposición y condena de la mayor parte de los países del continente, a pesar de la intención de la comunidad internacional de revertir la situación, Zelaya no pudo volver al cargo para el que había resultado electoralmente elegido. Desde entonces Honduras ha dejado de ser portada en los medios de comunicación. Sin embargo la crisis política que hizo temer por la seguridad de la región no ha sido resuelta, y a día de hoy todavía hay países del continente que no han reconocido la legitimidad del nuevo Presidente, Porfirio Lobo, todavía no ha conseguido volver a la OEA.El objetivo de este artículo es describir como se desarrollaron los acontecimientos entre el 28 de junio del 2009 y el 29 de noviembre. Y explicar porque el golpe de estado se ha legitimado, particularizando la situación que se está viviendo en Honduras a día de hoy.

Palabras clave: Elecciones, golpe de estado, OEA.

Abstract: On 28th June 2009, after a long period of political unrest, Honduras witnessed a coup d'état. Its main consequence was the strong negative reaction of the entire international community against the unlawful events in the country followed the expulsion of Honduras from the OAS. On 29th November the same year, previously scheduled presidential elections were held. They were won by the opposition candidate, Porfirio Lobo. In spite of various factors, among which the non-recognition of the election results by OAS on a ground that the elections had lacked a level playing field, the strong standpoint of American states opposing the events in Honduras and the commitment of the international community to restore the status quo ante, the legally elected incumbent (Zelaya) was unable to resume his presidency. Honduras has since lost its share in the media coverage, but the political crisis threatening the safety of the region has not been resolved and today Honduras remains still outside the regional community framework. Most of the states of the continent did not recognize the legitimacy of coming to power of the new President, Porfirio Lobo, and the country has yet a long way to go in order to return to the OAS .The aim of this paper is to describe how events unfolded between 28th June 2009 and 29th November and to explain the patterns of legitimizing the coup given the specific situation in today's Honduras.

Key words: Elections, OAS.

INTRODUCCIÓN

El autoritarismo en Honduras es una de las principales herencias visibles que ha dejado la historia. Un país con una sociedad rural organizada bajo paternalistas caciquismos tradicionales, y que ha sufrido un proceso de urbanización descontrolado que ha contribuido a forjar grandes franjas de pobreza en torno a las principales ciudades. Respondiendo todavía a esas estructuras e influido por años de dirección militar, el sistema político no ha sabido o no ha querido adaptarse a los nuevos tiempos. Los partidos políticos dominantes, el Partido Liberal y el Partido Nacional representantes en buena medida de las mismas oligarquías económicas, tienen muy pocas diferencias programáticas, a pesar de las grandes pasiones que despiertan entre su electorado. Muchos de esos entusiasmos tienen que ver inconscientemente con la ilusión de disfrutar del botín electoral. En un país donde el gobierno, es una de las pocas fuentes estables de trabajo, y en el que incluso muchos puestos que deberían ser independientes de éste, el personal es reclutado en base al partidismo (Barrachina 48-49:2009). El bipartidismo sustentado en el tradicionalismo político y en el pa- trimonio ha contribuido a frustrar cualquier propuesta alternativa tanto en lo político, como en lo económico y lo social. Honduras no ha contado con una oposición que haya puesto en peligro la concepción de la lucha política intra-oligárquica-.

ANTECEDENTES INMEDIATOS DEL GOLPE DE ESTADO

Zelaya llego a la presidencia de la Republica de Honduras, el 27 de enero de 2006, tras derrotar a Michelleti en las primarias de su partido y a Porfirio Lobo en las elecciones de noviembre de 2005.

Procedente de una familia de terratenientes de la oligarquía tradicional hondureña, desde joven integró las filas del Partido Liberal sin contravenir las líneas principales del mismo. Esta actitud le valió, cuando llego a la presidencia, la buena acogida tanto de la elite hondureña como de los EEUU. A pesar de que en los primeros meses de su mandato intentó mantener la disciplina de partido, las circunstancias le obligaron a tomar decisiones que contaron con el rechazo de toda la élite política.

De entre estas decisiones destacan, en política exterior la incorporación a nuevos tratados comerciales internacionales que chocaban con algunos de los firmados con el régimen anterior, específicamente el firmado con la Alianza Bolivariana (ALBA) y la colaboración de Zelaya como coordinador jefe del Consejo Político de Petrocaribe. En su política industrial, el intento de nacionalización de algunas de las empresas de telecomunicación.

Otros acciones muy controvertidos fueron, el proyecto inconcluso presentado en 2008, denominado »Hoy No Circula»1 que comenzó a distanciar su relación con el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti y con la Presidente de la Corte Suprema de Justicia; la intención de Zelaya de modernizar el aeropuerto de Palmerola2 para convertir a Honduras en un país más turístico, y al aeropuerto en una plataforma logística, confluencia de todos los países centroamericanos; el aumento por decreto el salario mínimo a 5,500 Lempiras (291 $ US), para cubrir la canasta básica de alimentos, o el cierre del aeropuerto de Toncontín por un mes debido al accidente de la aerolínea Taca que causó enormes pérdidas en el turismo del país.

En este contexto político Zelaya anunció, en noviembre de 2008 la intención de introducir modificaciones en la Constitución Hondureña vigente, para poder adoptarla a la realidad, poniendo encima de la mesa un tema espinoso: la reforma de los artículos pétreos3.

El detonante: la cuarta urna

El sistema electoral hondureño está diseñado de tal forma que reconoce tan solo tres urnas en el proceso electoral: la del Presidente, la de los Diputados y la de los Alcaldes, a pesar de esto Zelaya decidió en Consejo de Ministros convocar una consulta popular. En mayo de 2009, el Ministerio Público impugnó ante el Juzgado competente el Decreto que aprobaba la consulta alegando que la constitución hondureña en su artículo 5 tan solo reconocía la posibilidad de plantear referenda y plebiscitos (y en ningún caso «consultas populares») ya que dicha competencia la ostentaba únicamente el Tribunal Supremo Electoral.

El Jugado suspendió cautelarmente la eficacia del Decreto hasta la adopción de la sentencia definitiva, anunciando que la decisión era extensiva a todos los actos que viniera a contraer el Ejecutivo relativos al mismo tema. A raíz de esta sentencia tres comunicaciones sa- lieron del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dirigidas al Presidente Zelaya para que diera fe de la suspensión de sus intenciones de convocar la consulta y mandara las medidas adoptadas que así lo confirmaban. Tales comunicaciones no provocaron reacción alguna en Manuel Zelaya, que siguió con su plan inicial, contando en ese momento con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

A pesar de que se interpusieron los recursos pertinentes en favor de la consulta, el sistema judicial se afirmó en su decisión inicial y emitió comunicaciones a todas las instituciones de que participar en la consulta podría suponer un acto de ilegalidad.

La insistente negativa judicial no fue suficiente para frenar las intenciones de Zelaya que el 25 de junio emitió dos decretos: el PCM- 019-2009, que dejaba sin efecto el anterior de 23 de marzo, y el PCM- 020-2009, que amparándose en la Ley de Participación Ciudadana4, aprobaba la consulta para la fecha prevista del 28 de junio.

La crisis era inminente, el poder judicial había prohibido un día antes a las Fuerzas Armadas seguir el mandato presidencial de acompañar el material destinado a la consulta; el acatamiento por parte de las mismas (que un mes antes habían aparecido en los medios de comunicación apoyando la consulta) de esta orden, había supuesto la destitución del Jefe Conjunto del Estado Mayor, Romeo Orlando Vásquez y Velázquez; lo que provocó una reacción de apoyo de las otras instituciones del Estado, supuso la dimisión del Ministro de Defensa y de los otros Jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas e incluso provocó la presentación de un amparo que fue avalado por la Sala del Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de que se dejara sin efecto la decisión de Zelaya de destituir a Vásquez.

Planteada la consulta y a pesar de contar con la oposición de la mayor parte de las instituciones hondureñas y de los grupos más influyentes del país, Zelaya inicio los trámites logísticos para que la misma tuviera lugar el 28 de junio de 2009.

EL GOLPE DE ESTADO: EL 28 DE JUNIO 2009

En la madrugada del día en que se debía celebrar la consulta popular, Zelaya fue sacado a la fuerza de su residencia por un grupo de militares, cumpliendo con lo ordenado por el Consejo Supremo de Justicia del país.

Tras ser detenido y expulsado del país por los golpistas fue conducido vía aérea a Nicaragua donde arribó desde Costa Rica el domingo 29 de Junio por la noche.

Los acontecimientos se desarrollaron con rapidez. En la madrugada del mismo 28 de junio se celebró sesión del Congreso Nacional de Honduras donde se leyó una carta de renuncia fechada el 25 de junio presuntamente redactada por Zelaya, quien desde Costa Rica desmintió haber escrito carta y manifestó que ello demostraba que no se trataba solamente de un golpe militar sino que había contado con la participación de los demás poderes de Honduras.

Horas después, el Congreso volvió a sesionar y resolvió por unanimidad la destitución del presidente Zelaya, por considerar que acciones de gobierno de éste habían violado la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, y designó para sucederlo al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, con el compromiso de que el mismo permanecería en el cargo hasta la terminación del mandato de Zelaya en enero de 2010.

La condena internacional fue unánime. La base del rechazo conjunto se apoyaba en la inadmisibilidad de expulsar por la fuerza a un presidente legítimamente elegido. La intervención violenta del Estado recordó los golpes de estado que vivió Centroamérica durante los años ochenta. Las propias instituciones hondureñas, evitaron dar explicaciones sobre este punto concreto e incluso algunos miembros del poder judicial y de otras instituciones reconocieron lo inapropiado de la fuerza empleada por el ejército.

Ante la reacción de absoluto rechazo de la comunidad internacional, el Poder Judicial con ánimo de justificar la intervención hizo público un expediente iniciado el 25 de junio que ordenaba a las Fuerzas Armadas la detención y la expulsión de Zelaya. En el mismo se requería explícitamente el secreto del documento alegando el estado de las investigaciones.

INTENTOS DE RESOLUCION DEL CONFLICTO

Fase 0: las partes asumen intención negociadora: Hasta el 3 de julio no se apreció ninguna intención conciliadora. Zelaya, que contaba con el apoyo de toda la comunidad internacional solo pensaba en re- cuperar la presidencia y Micheletti, que contaba con el apoyo de todas las instituciones representativas del país tan solo pretendía justificar la sucesión constitucional.

El aislamiento internacional y sus repercusiones políticas y económicas obligaron a los golpistas a proponer a la OEA (de la que habían sido expulsados el 4 de julio) la posibilidad de abrir un dialogo para encontrar una solución.

En esta misma fecha una delegación del gobierno de facto se dirigió a EEUU para dialogar con el Senado, el Congreso y los medios de comunicación y explicar su postura. También Zelaya se reunió en las mismas fechas con Hillary Clinton. Finalmente, y debido a los intereses que EEUU ostenta en la región Hillary Clinton comunicó por separado a ambos líderes hondureños la propuesta de que fuera Oscar Arias el mediador del conflicto.

10 fase mediación de Arias (el mes de julio): Oscar Arias anunció inmediatamente la celebración del primer encuentro para el 9 de julio, con idea de que durara dos días y sondear a las partes para ver los puntos fundamentales.

Primera ronda: De entre lo que se trató en las dos reuniones (Arias se reunió por separado con cada uno de los líderes) fue poco lo que trascendió a los medios de comunicación. Arias sugirió como medida para evitar choque entre Micheletti y Zelaya designar Comisiones Negociadoras, se discutió acerca de la metodología que se seguiría en siguientes reuniones y de la agenda misma.

Micheletti, satisfecho al ser su intención la de retrasar el acuerdo lo más posible se reiteró en que no iba a permitir la vuelta de Zelaya al poder, pero que estaba dispuesto a negociar con respecto a una posible amnistía para el mandatario, previa consulta con las instituciones del país, así como el adelantamiento de las elecciones generales, previstas para noviembre. Incluso en un momento dado llegó a anunciar que estaba dispuesto a abandonar la presidencia en aras de la paz social del país eso sí a una persona distinta de Zelaya.

Zelaya afirmó que si tras la siguiente ronda de negociaciones prevista para el 18 de julio no se llegaba a ningún acuerdo daría por terminadas las negociaciones y estudiaría otras vías para alcanzar la paz social.

Arias, el mediador, también hizo público los puntos negociables y no negociables de su propuesta: La vuelta de Zelaya era el primer punto innegociable de su acuerdo, por medio de un Gobierno de Re- conciliación Nacional, con figuras claves de ambos bandos ocupando las posiciones estratégicas.

Segunda ronda de negociaciones: Unos días antes de que se celebrara la segunda ronda, Oscar Arias presentó un documento que tituló «Es posible alcanzar la reconciliación».

Cuando las partes recibieron este escrito, inmediatamente se consideró fracasado el dialogo: la Delegación que defendía los intereses de Micheletti aseguró que no iba a permitir la vuelta de Zelaya (primer punto del acuerdo de negociación) pero apoyaba la posibilidad de establecer un Gobierno de Reconciliación Nacional, aceptaban incluso que una tercera persona ocupara la presidencia; la Delegación de Zelaya defendía como punto indispensable que le fuera devuelto el poder a Zelaya.

La situación era tan tensa. Zelaya comenzó anunciar no sólo la vuelta del país sino la llamada al pueblo de resistencia interna, en la línea de la desobediencia civil autorizada por la constitución en su artículo 35. EEUU seguía presionando para mantener abierto el dialogo, para ello se reunió con Micheletti y también con Zelaya. Las presiones de la comunidad internacional no surtieron ningún efecto. Zelaya insistía en su vuelta al país por considerar rotas las conversaciones pidiendo, lanzando acusaciones criminales contra los golpistas, mientras que Micheletti declaraba en sus foros que no le asustaban las sanciones económicas y las presiones de EEUU o de la Unión Europea, pero que no iba a permitir la vuelta de Zelaya.

El miedo a que la alternativa al diálogo fuera la guerra civil, impulsó a Arias pidió a las partes un plazo de tres días para reajustar su plan.

Tercera ronda de negociaciones: Consumidas las 72 horas solicitadas por Arias para alcanzar un acuerdo, el mediador presentó el Acuerdo de San José dando un tratamiento más flexible a la anterior incondicionalidad de la vuelta de Zelaya al poder. Por ello en este acuerdo, aunque aparecía como punto a negociar se reflejaba en sexto lugar y no era una condición sine qua non. La intención era avanzar en el diálogo.

La delegación de Zelaya rechazo la pérdida de importancia de la vuelta incondicional a la presidencia del elegido constitucional, mientras que la delegación de Micheletti, rechazó lo propuesto en relación con la vuelta de Zelaya alegando que el retorno no pasaba por una decisión unilateral del ejecutivo, sino por un pacto entre las instituciones haciendo énfasis en que la decisión emitida por el Consejo Supremo de Justicia tras el golpe ya había validado en su día la sucesión presidencial.

La tensión social iba en aumento. Zelaya amenazaba con volver al país y organizar una resistencia interna conminando a la comunidad internacional a que utilizara la fuerza coercitiva para someter a Micheletti, y Micheletti invitaba a Zelaya a que volviera al país donde estarían esperándole para condenarle.

El diálogo estaba muerto.

A finales de julio y por primera vez desde que comenzó la crisis el Ejército apareció en los medios de comunicación apoyando el dialogo y la salida pacífica, aceptando la posibilidad de que Zelaya recuperara el poder si así se pactaba y declarando la subordinación a la autoridad civil competente.

Los últimos días de julio mostraron la debilidad del bando de Micheletti y su predisposición a la negociación. Zelaya poco dispuesto a ceder solo admitía su vuelta pacífica al poder y la promesa de no participar en las elecciones de noviembre.

20 fase mediación de Insulza (mes de agosto, septiembre y octubre):

Cuarta ronda de negociaciones: Primera Misión de Cancilleres: Admitido el fracaso del proceso negociador liderado por Arias, la OEA propuso hacerse cargo de la situación, enviando una misión de cancilleres latinoamericanos. La base de la negociación giraría en torno al documento planteado por Arias. La nueva sede de operaciones sería Tegucigalpa.

El Gobierno de facto declaró que la llegada de la misión pasaba por la no inclusión de Insulza, al que destacaba por su falta de imparcialidad, profesionalidad y objetividad, asegurando que la postura de Insulza había supuesto serios problemas para la democracia en Honduras y había condicionado la expulsión del país de la organización con el informe que este presentó a la Asamblea General. Además consideraban que Insulza respondía en su actitud a su adscripción ideológica (Partido Socialista) y no a la representación de la OEA. Sin embargo, Micheletti acorralado insistía en que la mediación era posible siempre que se sustituyera a Insulza por algún otro miembro, que no perteneciera a ninguno de los países del ALBA.

Finalmente Micheletti cambió de opinión y anunció que aceptaba la llegada de la misión de la OEA liderada por Insulza. La misión llegó a Honduras en septiembre y se reunió con miembros no exiliados del Gobierno de Zelaya, con representantes del gobierno de Micheletti, así como con instituciones del país.

La vuelta a la sede de la OEA en Washington sin haber conseguido un acuerdo entre las partes hizo que nuevamente esta ronda de negociaciones se considerara un fracaso, sin embargo Insulza insistió en que todavía quedaba margen para conseguir una salida negociada a la crisis política. Un margen estrecho teniendo en cuenta que la campaña electoral estaba a punto de empezar. De nuevo la OEA insistió en que había dos puntos que eran innegociables (el retorno de Zelaya a la presidencia y la amnistía política).

Ante esta situación el Gobierno de facto de nuevo mostro su disposición negociadora, entregando a Arias una contrapropuesta alternativa al Acuerdo de San José, que contenía la posibilidad de la dimisión tanto de Zelaya como de Micheletti de sus posiciones de poder y la entrega una tercera persona. Esta contrapropuesta chocaba frontalmente con la única condición que ponía la OEA para liderar la negociación: ña vuelta de Zelaya.

Quinta ronda de negociaciones (septiembre y octubre): Segunda Misión de Cancilleres: Tras el fracaso de la Misión de Cancilleres y la entrada a mitad de septiembre de Zelaya en Honduras, que se alojó en la Embajada de Brasil, el Consejo Permanente publicó una Declaración en la que se exhortaba la firma inmediata del Acuerdo de San José, se exigían garantías para la integridad física de Zelaya y se ofrecía el total respaldo a las gestiones de Insulza para facilitar el diálogo y el restablecimiento del orden constitucional en Honduras.

A los pocos días, la OEA organizó otra nueva Misión de Cancilleres para presenciar la instalación de una mesa de diálogo entre representantes del Presidente Zelaya y el Sr. Micheletti. La delegación sostuvo reuniones con el Presidente Zelaya, el Sr. Micheletti, y los seis candidatos presidenciales. Además, participó como testigo de honor en la primera sesión formal de diálogo entre las comisiones negociadoras del denominado «Diálogo Guaymuras».

A mitad del mes de octubre todos los puntos del Acuerdo de San José se habían debatido y aceptado por amabas delegaciones, todos excepto uno: la retracción de la situación política a la misma la situación al día previo al golpe, con el consiguiente restablecimiento del Presidente Zelaya en su cargo.

Finalmente y tras cuatro meses de desencuentros el 30 de octubre, las comisiones de Zelaya y Micheletti firmaron el «Dialogo Guaymuras- Acuerdo Tegucigalpa/San José». Ese mismo día las comisiones negociadoras hicieron entrega oficial del mismo al Congreso para su consideración. El Acuerdo establecía la conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, la renuncia a convocar una Asamblea Constituyente o reformar la Constitución, la normalización de las relaciones de Honduras con la comunidad internacional y la conformación de una Comisión de Verificación, integrada por dos miembros internacionales y dos hondureños.

Ese mismo día el Secretario General informó al Consejo Permanente acerca del Acuerdo, señalando que esperaba constituir la Comisión Verificadora a la brevedad y recordando que, de cumplirse los acuerdos, era necesario realizar una Asamblea Extraordinaria para terminar con la suspensión de Honduras, requisito indispensable para observar las elecciones. Al mismo tiempo, informó al Consejo que, sin perjuicio de lo anterior, iniciaría las labores previas de una Misión de Observación, para tenerla preparada en caso de que los acuerdos se cumplieran de manera exitosa.

30 Fase:»El sin acuerdo»: la Comisión de Verificación y el gobierno de unidad nacional (noviembre): Según el calendario de cumplimiento del Acuerdo, el 5 de noviembre debía conformarse un gobierno de unidad y reconciliación nacional, este era el primer punto a conseguir por los hondureños y a vigilar por la Comisión. Sin embargo, dos días antes de que se cumpliera el plazo para la formación del gobierno Micheletti hizo el intento de conformar un gabinete de unidad de manera unilateral, contradiciendo el espíritu y la letra del Acuerdo.

Se volvió a dar entonces un rebrote de la crisis política, todos los partidos presentaron sus listas para la conformación del Gobierno de Unidad Nacional, excepto el bloque zelayista que consideró que hasta que no hubiera conclusiones de la Corte acerca de su restitución no tenía sentido puesto que el presidente de ese gobierno debía ser él. Ante la falta de lista el gobierno de Micheletti envió la lista definitiva, sin miembros zelayista en la misma. El acuerdo se había roto.

El eje de la controversia se había trasladado, durante los cuatro meses anteriores todo dependía de la restitución o no de Zelaya, y du- rante el último mes este punto se había aparcado a la espera de que el Congreso Nacional recopilara los informes de todos los órganos que fueron llegando a lo largo del mes de noviembre y todo el conflicto empezó a pivotar sobre la constitución de un gobierno de unidad nacional y los miembros y el liderazgo del mismo.

Finalmente a mitad de noviembre el Congreso Nacional anunció que a mitad de diciembre (concretamente el 2 de diciembre) se decidiría sobre la restitución de Zelaya, con esta maniobra si el gobierno de facto conseguía legitimar las elecciones que se celebraron el 29 de noviembre, se estaba legitimando el golpe. Las Elecciones Generales en Honduras se celebraron el 29 de noviembre de 2009, en medio de una enorme crisis política.

LAS ELECCIONES

El proceso se celebró con relativa a calma a pesar de detalles como la retirada de la candidatura del candidato independiente, Carlos H. Reyes, como muestra de disconformidad con la celebración de las elecciones en ese contexto.

No se pudo determinar con certeza el índice de participación. Los partidos mandaban mensajes contradictorios, mientras que los que apoyaban a Micheletti animaban a la participación, los defensores de Zelaya solicitaban a la población no acudir a las urnas, como símbolo de desacuerdo con la convocatoria de elecciones por un gobierno no legítimo.

Algunos sectores argumentaron que llevar a cabo las elecciones en las condiciones arriba mencionadas equivaldría a legitimar un golpe de Estado y sentaría un precedente que podría ser utilizado en el futuro para destituir a gobiernos democráticamente elegidos.

Otros afirmaron que la voluntad de los votantes hondureños expresada a través de las urnas debería ser suficiente para superar la crisis interna y las diferencias entre el país y la comunidad internacional.

También se identificaron aquellos que sostuvieron que llevar a cabo elecciones creíbles podría constituir un paso adelante para la pacificación de la crisis si las mismas fueran seguidas por un proceso genuino de reconciliación nacional. Esta tercera postura se vio reflejada en buena medida por los esfuerzos nacionales e internacionales de mediación y negociación de las partes, que alcanzaron un éxito parcial con la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José.

El resultado dio la victoria al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo.

Los gobiernos de Costa Rica, Estados Unidos y Perú anunciaron que reconocerían al mandatario electo «si las elecciones se efectúan de una forma transparente y creíble».

A finales de noviembre el gobierno de Colombia también reconoció el resultado de las elecciones. Según el presidente Álvaro Uribe Vélez: «Colombia reconoce al nuevo Gobierno. Se ha dado un proceso democrático en Honduras de alta participación, sin fraude y confiamos que este nuevo Gobierno adelante todos los esfuerzos para superar definitivamente esta situación difícil que se ha presentado en Honduras para consolidar plenamente las instituciones democráticas».

El secretario de la OEA declaró que ni desconocía ni validaba las elecciones, pero que «analizaría la situación» y aseguró «estaba abierto al diálogo con Porfirio Lobo para contribuir a restablecer así al orden democrático en Honduras».

Por orden el proceso de reconocimiento fue como sigue: Estados Unidos, Perú, Colombia, Costa Rica, , Panamá, República Dominicana, Guatemala, Italia, Alemania , Israel, República de China (Taiwán), Japón, Parlamento Centro Americano, etc.

EL PERÍODO POSTELECTORAL

Porfirio Lobo a mitad de enero y consciente de la gravedad política que heredaba anunció que era necesario aprobar una amnistía política para promover la reconciliación nacional y el reconocimiento internacional de su gobierno. Zelaya acuso a Lobo de buscar en esta amnistía la impunidad de los delitos perpetuados durante el golpe de estado.

A final de Enero y con la fecha de la toma de posesión del poder próxima Porfirio Lobo y el presidente de Republica Dominicana, Leonel Fernández, firmaron un Acuerdo para la Reconciliación y fortalecimiento de la democracia, en el que se preveía que Zelaya6 y su familia fueran acogidos en el país con la categoría de huéspedes distinguidos.

Insulza consideró muy buena señal las declaraciones de Lobo acerca de la intención de formar un gobierno de unidad nacional y constituir una Comisión de Reparación tal como estaba previsto en el Acuerdo de San José. Sobre el único punto imposible de cumplir del Acuerdo, el retorno de Zelaya, aseguro que al menos Lobo había mostrado buena voluntad con el ofrecimiento de una solución digna para el presidente depuesto.

La OEA aseguro que iniciaría trámites para que Honduras pudiera volver a la normalidad de la convivencia democrática.

Micheletti se mantuvo al frente del gobierno hasta el 21 de enero de 2010 cuando delegó la administración del mismo a su Consejo de Ministros, aunque no presentó la renuncia, tal y como había prometido. Una de las últimas acciones del mandatario fue la sanción del decreto promulgado por el congreso hondureño en el que se expresaba el retiro del país de la ALBA. Honduras volvía a ocupar la postura política tradicional que había caracterizado toda su historia política.

El 25 de enero se produjo la instalación formal del nuevo Congreso, presidido por Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, y al día siguiente se presentó por un diputado nacional para su debate el proyecto que decidía sobre la amnistía de los delitos políticos y comunes cometidos durante el golpe de Estado, el mismo fue aprobado por 78 votos a favor.

En febrero, el Presidente Porfirio Lobo comenzó las negociaciones para la conformación de la Comisión de la Verdad, prevista en el Acuerdo de Tegucigalpa/San José, encargada de investigar los sucesos que originaron el golpe del Estado militar que derrocó a Manuel Zelaya.

SITUACION ACTUAL

A día de hoy, la polarización que derivó de la crisis sigue siendo una característica clave del contexto político hondureño. Tanto la comunidad internacional, los partidos políticos como la propia población civil no consiguen alcanzar un acuerdo sobre la legitimidad del propio proceso electoral, la legitimidad del golpe de Estado o la propia legitimidad de Zelaya hasta noviembre de 2009.

Desde la toma de poder de Porfirio Lobo empezaron los trámites del propio presidente y de su cancillería exterior representada por Mario Canahuati para volver a normalizar las relaciones hondureños con sus vecinos latinoamericanos, las organizaciones regionales y el resto de actores internacionales.

El trabajo ha sido difícil y aunque ha sido ya admitido en algunos foros como el Sistema de Integración Centroamericana (a pesar de que Nicaragua uno de sus miembros no firmó la reincorporación), todavía no ha sido reconocido por ninguno de los países de UNASUR (excepto por Perú y Colombia) y todavía no ha sido aceptado tampoco su reingreso en la OEA, a pesar de que desde julio de 2010 se vienen realizando maniobras políticas en este sentido, como por ejemplo comisiones que recomiendan.

En junio de 2010 se firmó el Acuerdo de Asociación de la Unión Europeos con los países centroamericanos en Madrid, Lobo no fue invitado al acto oficial en un intento hipócrita de evitar su reconocimiento, pero al día siguiente estuvo presente en la capital española firmando el acuerdo que le permitía ser parte del acuerdo.

En marzo de 2011 la cancillería de exteriores afirmó en un comunicado que »en el plano internacional, más del 90% de nuestras relaciones diplomáticas han sido restablecidas ya, y una parte muy importante de la cooperación internacional se normaliza en sus programas de asistencia técnica y crediticia con el país».

A pesar de ello, todavía a día de hoy los países UNASUR se han opuesto al retorno de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El vicecanciller Alden Rivera afirma: «Aguardamos con paciencia la reinserción de Honduras a la OEA, que podría darse en la Asamblea General de junio».

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se muestra partidario del retorno de Honduras a esa organización, pero advierte que ello está atado a la solución del exilio forzoso del derrocado presidente Manuel Zelaya »Yo soy partidario del retorno de Honduras a la OEA, porque creo que el presidente Porfirio Lobo ha intentado cumplir de buena fe con todo lo que se comprometió y ese esfuerzo debe ser premiado». Sin embargo, advirtió que »está faltando que se solucione el problema del exilio forzoso del presidente que fue derrocado», porque »hay países que no están dispuestos (a aceptar el reintegro de Honduras) mientras no regrese Zelaya».

El regreso de ese país a la Organización, según lo establecido en su normativa debe ser aprobado por dos tercios (24) de los 35 países miembros. A día de hoy varios países sudamericanos, como Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina, siguen sin reconocer al gobierno de Lobo y rechazan su vuelta a la OEA. Algunos países se mantienen a día de hoy firmes en su no reconocimiento al gobierno de Porfirio Lobo, lo que impide a Honduras integrarse nuevamente en la comunidad internacional, por ejemplo Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela cuyas embajadas han sido cerradas recientemente por su negativa a reconocer el Gobierno del actual presidente Porfirio Lobo. Los presidentes de estos cinco países consideran que el ejecutivo es una continuidad del golpe de Estado ocurrido en 2009, y exigen de manera incondicional el retorno con todas las garantías del derrocado Manuel Zelaya, exiliado en la República Dominicana. Son precisamente estos cinco países los que siguen vetando la posibilidad de que Honduras vuelva a la OEA.

Pero está ha sido la única consecuencia que ha derivado del golpe de Estado. Ya nadie se acuerda que hace unos años, apenas dos, las fuerzas armadas de un país con una democracia sólidamente establecida irrumpían en casa de un presidente constitucionalmente electo y le sacaban por la fuerza, de su casa y de su país.

La impunidad de los responsables directos e indirectos del golpe ha sido total. En enero del 2010 se celebró un juicio contra los militares de las Fuerzas Armadas que expulsaron a Zelaya del país. Las pruebas que presentaron llevaron al poder judicial ha considerar que no había indicios suficientes para pensar que hubieran actuado de manera delictiva y todos ellos fueron considerados inocentes. Tampoco las cabezas pensantes han sido juzgadas, ni por supuesto sancionadas.

Y entonces, ¿cuál es el precio que se debe pagar por dar un golpe de estado? Al parecer ninguno.

Footnote

1 Medida introducida por el diputado Juan Ramón Morales con la que se intento reducir la factura petrolera en Honduras. Según la iniciativa, la circulación de vehículos automotores quedaba sujeta a la restricción de no circular un día comprendido entre lunes y viernes de cada semana, conforme a la numeración de la placa de matrícula o mediante una calcomanía inviolable.

2 Palmerola es la ubicación geográfica en donde se encuentra la Base Aérea »José Enrique SOTO CANO» y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, esta segunda es la base militar estadounidense en Honduras. Está localizada en Comayagua, antigua capital de Honduras entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa a 7,5 km de la ciudad Colonial de COMAYAGUA. Palmerola tiene una de las mejores pistas de aterrizaje de Centroamérica. Uno de los tres puntos base, estratégicos de Estados Unidos. Debido a la longitud de su pista de aterrizaje. Palmerola está capacitada para recibir aeronaves de gran tamaño. Dentro de la Base Aérea Coronel »SOTO CANO» se encuentra una misión de militares estadounidenses (Fuerza de Tarea Conjunto Bravo), como una base militar de ese país, operada en forma combinada con los hondureños en donde opera la Fuerza Aérea Hondureña y la Academia Militar de Aviación de Honduras. La Base Aérea Coronel »SOTO CANO» está ubicada a una distancia relativamente corta del aeropuerto Internacional de Toncontin y queda la posibilidad de operar vuelos de enlace para unir ambos aeropuertos o para servir como alternativo en caso de emergencia. El gobierno de Zelaya trabajo para convertir Palmerola en un aeropuerto Internacional de gran envergadura para vuelos comerciales continentales, transatlánticos y transpacíficos, parece ser que el proyecto se ha retomado con el Gobierno de Porfirio Lobo.

3 Artículo 374 Constitución Honduras: No podrán reformarse en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el periodo subsiguiente.

4 En su artículo 5 se prevén los mecanismos de la Iniciativa Ciudadana que permite al ciudadano solicitar a los órganos del Estado que consulten a la ciudadanía en general la opinión sobre problemas colectivos

5 Artículo 3 de la Constitución de Honduras: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.

6 Zelaya llevaba desde septiembre recluido en la embajada de Brasil en Tegucigalpa