OPAREÍ. LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN EN PARAGUAY/Opareí: Transitional Justice in Paraguay

Abstract

The purpose of this paper is to analyze, after giving a synthetic reconstruction of the Stroessner's regime, the complex dynamics of transitional justice in Paraguay. Special attention is devoted to the discovery in 1992 of the Archivos del Terror (The Horror Files) and the establishment and operation of the Commission for Truth and Justice that was created in October 2003 by President Nicanor Duarte Frutos. It also reflects about the reactions of politicians and the judiciary to the recommendations and remedial measures suggested by the final report of the Commission. [PUBLICATION ABSTRACT]

Headnote

RESUMEN: El propósito del artículo es analizar, después de haber ofrecido una reconstrucción sintética del régimen de Stroessner, las complejas dinámicas de la justicia de transición en Paraguay. Especial atención se dedica al descubrimiento, en 1992, de los «Archivos del terror» y a la constitución y funcionamiento de la Comisión de Verdad y justicia creada, en octubre 2003, por el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. también se reflexiona sobre las reacciones de los políticos y del Poder judicial a las recomendaciones y medidas de reparación sugeridas del informe final de dicha Comisión.

Palabras clave: Paraguay, transición política, justicia de transición, políticas de la memoria, Comisión de Verdad y justicia.

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze, after giving a synthetic reconstruction of the Stroessner's regime, the complex dynamics of transitional justice in Paraguay. Special attention is devoted to the discovery in 1992 of the Archivos del Terror (The Horror Files) and the establishment and operation of the Commission for Truth and Justice that was created in October 2003 by President Nicanor Duarte Frutos. It also reflects about the reactions of politicians and the judiciary to the recommendations and remedial measures suggested by the final report of the Commission.

Key words: Paraguay, political transition, transitional justice, policies of memory, Commission for Truth and Justice.

I. INTRODUCCIÓN1

Opareí. Los paraguayos utilizan esta palabra para indicar algo que termina en la nada, algo que pasa en la indiferencia colectiva sin tener alguna consecuencia. El vocabulario de Leni Pane dice que hace referencia, generalmente, a «una causa judicial, una denuncia que concluye por caducidad y sin consecuencia alguna» (Pane 2005).

La historia de Paraguay, olvidada, marginalizada, subevaluada, casi nada conocida en el extranjero, ha generado en sus ciudadanos la idea de que nada puede efectivamente cambiar a pesar de las aparentes transformaciones. Nadie, después del 2 y el 3 de febrero de 1989, cuando un golpe militar puso término a los 35 años del régimen de Alfredo Stroessner y abrió la etapa de la transición política hacia el Estado de Derecho, pensaba que pudiera llegar el momento de la democracia y de la justicia. Pocas personas lo pensaban en 1992, después del descubrimiento de los «Archivos del terror». En realidad, el desenvolvimiento de los hechos en los primeros quince años de la transición llevaba a pensar que, una vez más, la indiferencia y la nada iban a triunfar. Pero en los últimos años parece que las cosas están cambiando, que existen grupos más amplios de personas que cotidianamente luchan contra el olvido y la necesidad de realizar la justicia a pesar de que los responsables de las violaciones de los derechos humanos, durante y después del régimen de Stroessner, no pagaron y no pagan su deuda con la justicia penal.

Como es bien conocido, Paraguay no fue el único país que, finalizando el siglo xx, vivió en América Latina un proceso de cambio de régimen político. Pero las caracteristicas de su transición, fuertemente relacionadas con su historia y las circustancias que permitieron su desarrollo, difíciles y llenas de muchos elementos de continuidad con el régimen stronista previo, son difícilmente comparables a lo que pasó en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, sólo para nombrar algunas de las transiciones del Cono Sur americano. Igualmente, la justicia transicional, o sea el conjunto de medidas que incluye verdad, justicia penal, políticas de memoria, de reparación y reformas institucionales y sociales, muestra, a lo largo de los últimos veintitrés años, complejidades y límites distintos a los de otros países. Sobre todo, la «soledad» en que el país vive el proceso y la sustancial falta de interés de la opinión pública internacional otorgan una singularidad especial a su experiencia.

En este artículo, después de recordar de forma sintética algunos hitos de su historia, se trata de reconstruir y comprender el largo camino, obstaculizado, hacia la realización del Estado de Derecho. Especial atención se otorga a los esfuerzos para revelar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y las políticas de reparaciones que el gobierno de Lugo trató de realizar.

II. EL CONtExtO

Para comprender las heridas que concurrieron a moldear el modo de ser de los paraguayos no es suficiente hacer referencia a los treinta y cinco años del régimen autoritario de Stroessner. Es importante también recordar tres hitos de su pasado más remoto: la guerra de la triple Alianza (1865-1870), que provocó la ruina del país; faltó muy poco para que el Paraguay quedara exterminado totalmente. La población que superaba el millón trescientos mil habitantes antes de la conflagración, quedó reducida a doscientos mil de los cuales aproximadamente el 10% eran hombres, en su mayoría niños, ancianos y extranjeros. Por otra parte, Paraguay debió ceder la región de Misiones y el territorio situado al norte del río Apa a Brasil, así como una parte del Chaco a Argentina. La situación creada derivó en un estancamiento económico que se prolongó hasta la mitad del siguiente siglo. De la nación floreciente de la época de los López sólo quedaron ruinas y escasos sobrevivientes. Destruida la riqueza pública y privada, desaparecidos los organismos jurídicos y culturales, reducida la población a su mínima expresión.

A partir de 1912, se sucedieron períodos de estabilidad política y de revueltas. La frontera con Bolivia, en la región del Chaco, engendró numerosos conflictos, en particular a causa de la presencia de petróleo. Así, en 1928, la guerra del Chaco estalló seguida de la invasión de la región por Bolivia. Después del armisticio de 1935, Paraguay recibió alrededor de tres cuartos de la región disputada, pero no prospera mucho más en lo económico.

Durante el gobierno de facto del general Higinio Morínigo, en 1947, el país enfrentó una guerra civil que dejó treinta mil muertos, y finalmente, en 1954, llegó al poder por medio de un enésimo golpe de Estado el general Alfredo Stroessner que, en agosto del mismo año, fue elegido Presidente de la República en un proceso electoral con él como único candidato (Cabello Sarubbi 1999: 66-88).

Instauró así la más larga dictadura que América Latina haya conocido, uno de los más fuertes baluartes del anticomunismo que tranquilizó a Estados Unidos por largo tiempo. Moldeó un gobierno «neocesarista» (Bellini 1988: 50-52) o, como afirma Fiorani (1992: 115-119), una combinación de dictadura personal ejercida a través de una dura represión, con un manejo de gobierno que previó la compenetración entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado. Un régimen pretoriano que utilizó la estructura partidaria para distribuir prebendas y fortalecer sus clientelas. La afiliación al partido de gobierno era obligatoria para todos los militares y los ciudadanos que quisieran incorporarse a la administación pública. La subalternidad del Poder judicial fue absoluta.

Muy rapidamente eliminó o neutralizó toda oposición: los liberales, los febreristas, los católicos, los colorados disidentes, los hombres de negocios que se opusieron a las medidas del gobierno, los campesinos, los trabajadores que protestaban por el alto costo de la vida y la escasez de la comida. Para la militarización del poder político y de los espacios privados de los ciudadanos utilizó primero al Ejercito y después a las fuerzas policiales (Lewis 1980: 1-11; González Delvalle 1998: 32).

Stroessner articuló y modernizó todo el aparato de información, control y represión. En la década de 1970 entregó la jefatura del Departamento de Investigaciones al temible Pastor Milciades Coronel, que administró, controló, organizó y participó de las sesiones de tortura de los presos políticos. Al interior del Departamento de Investigaciones se constituyó la Dirección de Política y Afines, organizada por secciones: la sección política se preocupó de perseguir a los etiquetados como comunistas y los subversivos en general; la obrera controló la actividad de los sindicatos y de los trabajadores al interior de los establecimientos; la de control, monitoreó puertos, aeropuertos y las líneas de transportes de tierra. Nada quedó fuera del control del régimen. El stronismo marcó la sociedad paraguaya con el terror. Detenciones arbitrarias, torturas, se - cuestros, desapariciones, homicidios y abusos de todo tipo caracterizaron la forma de gobierno de Stroessner, que se vanagloriaba públicamente de haber establecido el orden y de haber hecho del país la nación más anticomunista del mundo (Boccia Paz et al. 1994: 36-46 y 99-112). El exilio, para quien lo logró, se volvió el único camino para escapar de la represión. también muchos curas católicos fueron detenidos, torturados o alejados del país. Era tal el clima de terror que el cura Ramón juste anotó: «El sólo intento de decir o escibir algo que pueda ser interpretado como critíca al sistema es ya síntoma de gran audacia y, a veces, de temerariedad suicida» (juste 1974: 21-24).

La eficiencia represiva vigente en Paraguay hizo de este país el corazón del Plan Cóndor o, mejor dicho, del Sistema Cóndor, la «internacional del terror». Impulsado por el dictador chileno, el general Augusto Pinochet, con la CIA involucrada a partir del 1974, los servicios de inteligencia de casi todos los países de América del Sur colaboraron intensamente para perseguir a los opositores de los respectivos países refugiados en los otros. El primer paso fue la constitución de un archivo central para custodiar las fichas de las personas encartadas, de los grupos subversivos y de todas las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos. El segundo paso fue la creación de una red y de códigos de comunicación secreta llamada Cóndortel; finalmente, el tercer paso fue la coordinación de operaciones conjuntas contra «objetivos terroristas », o sea, secuestros, torturas, desapariciones en todo el territorio de los países involucrados en el sistema, llevados a cabo en colaboración con las fuerzas militares o policiales de los países de origen de los perseguidos. El archivo del Plan Cóndor se encontraba en Paraguay. Al centro de esta red transnacional, el país se volvió meta y refugio de muchos representantes de la extrema derecha internacional, desde exdictadores como Anastasio Somoza hasta personas involucradas en actividades criminales perseguidas por las leyes de sus respectivos países (Dinges 2004).

La comunidad internacional, a pesar de las denuncias de grupos y personalidades de la oposición en el exilio, no prestó mucha atención a la tragedia del pueblo paraguayo. No hay duda de que Stroessner era muy hábil en crear general desinterés. La astuta construcción de una fachada de legalidad y el respeto de algunas formalidades aparentemente constitucionales protegió al régimen, por lo menos en sus primeros veinte años, de los ataques y de las críticas internacionales. Se promulgó una Constitución cuyo perfil era democrático y pluralista; las elecciones legislativas y presidenciales se de - sarrollaban regularmente según el calendario constitucional; existía una oposición legal en el Legislativo, es decir, reconocida y tolerada por el partido de gobierno. Sólo dos partidos, el Liberal Radical y el Febrerista, ambos grupos escisionistas del originario Partido Liberal, fueron admitidos a participar en el Congreso, pero su participación era más bien testimonial: el régimen se garantizaba la legalidad constitucional y los dos partidos contribuían a la victoria electoral de Stroessner con el compromiso de no presentar candidatos propios y/o favoreciendo de distintas maneras los votos al Partido Colorado, gozaron de ventajas económicas y de privilegios políticos. Este simulacro de pluralismo que tranquilizó a la opinión pública internacional «[fue] la llave para abrir nuevas líneas de crédito, esto es, recibir dólares frescos de afuera» (Miranda 2002: 69).

Entonces, por un lado, había una Constitución, leyes y reglamentos y, por el otro, los códigos de comportamientos no escritos, las prácticas consolidadas de las relaciones de poder impuestas por las autoridades: «La ley del 'mbareté, del más fuerte, de la prepotencia del poder, una palabra tomada del idioma guaraní que significa poder superior a todos los demás, de categoría superior a la de cualquiera otra ley del derecho positivo » (Simón 1991: 112).

Por lo que se refiere a la política económica, Stroessner favoreció sistemáticamente la inversión extranjera, especialmente la estadounidense y la brasileña. Los sectores clave de la economía estuvieron bajo el control norteamericano, británico y de los vecinos más potentes, Argentina y Brasil (Cabello Sarubbi 1999: 95-102). En la década de 1960 se aventuró en una espectacular iniciativa: el proyecto de Itaipú, en el alto río Paraná, la gran obra hidroeléctrica binacional Paraguay-Brasil. Las condiciones económicas del país registraron crecimientos muy positivos, pero sólo para un grupo restringido de la población: para los que ya eran ricos y que podían invertir en las obras públicas, pero sobre todo para los colorados amigos del gobierno. Ellos ganaron también con el tráfico de droga, otros productos ilegales y el contrabando, bajo la protección de las autoridades que recibían su parte y al mismo tiempo denunciaban a los contrabandistas que trabajaban por su cuenta, ofreciendo una imagen de sí mismos que no reflejaba la realidad. La longevidad de la dictadura se debió también a las oportunidades que ofreció a sus fieles de acumular grandes fortunas (González Delvalle 1998: 185-187).

A partir más o menos de la mitad de la década de 1970, algo comenzó a cambiar. A pesar de la represión, las denuncias por parte de la oposición civil adquirieron mayor fuerza, la posición crítica de las Iglesias cristianas se multiplicaron y la voz de los exiliados fue recogida no solamente por la opinión pública internacional, sino también por las organizaciones internacionales y supranacionales como la ONU. La prensa clandestina difundió información sobre la corrupción y los crímenes del régimen; los sectores populares, los estudiantes, los campesinos, los movimientos de derechos humanos se organizaron y coordinaron, sufriendo detenciones, torturas y desapariciones.

En junio de 1976 la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia Católica Romana crearon el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), una institución ecuménica sin fines de lucro, de defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales. El CIPAE, con el apoyo de varios organismos internacionales, desarrolló un sistemático proceso de registro y documentación de los hechos de violencia en el país. Veinticuatro años después comenzó a publicar el material recogido en una serie de cuatro volúmenes con el título Paraguay: Nunca más. La investigación da cuenta de la detención de 360.000 personas sobre una base de tres millones de habitantes y de un millón y medio de paraguayos exiliados. Demuestra también el importante apoyo de Estados Unidos al régimen (CIPAE 1990, vol. I: 212).

Otro trabajo de documentación de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Stroessner lo produjo la Iglesia Católica de Misiones, con el título Ko'anga Roñe'eta (Ahora hablaremos). Testimonio campesino de la represión en Misiones, 1976-1978. En él se expone la brutalidad policial y militar contra cientos de activistas de las Ligas Agrarias Cristianas y de la juventud Agraria Cristiana, entre otras organizaciones de base. Igualmente se explica cómo los torturadores actuaban y cómo había especialistas en cada tipo de tortura. Además de describir muchos casos de asesinatos de dirigentes campesinos, el libro intenta identificar a cientos de personas que colaboraron con la represión, como jueces, alcaldes, intendentes, entre otros (CDE 1993).

En 1988 Stroessner se aseguró su séptima reelección con el 88% de votos a su favor. Pero esta vez la prensa extranjera, el Parlamento europeo y el Departamento de Estado norteamericano denunciaron el fraude electoral (Simón 1992: 167-180). Ordenó un último y violento intento represivo, pero por primera vez se encontró frente a una oposición organizada, amplia y extendida al extranjero. La coyuntura internacional no fue la más favorable: los países vecinos -Argentina, Brasil, Chile, Uruguay- habían vivido procesos de transición política, la Unión Soviética estaba en una etapa de descomposición, Estados Unidos experimentaba un cambio de rumbo en su política exterior y no tenía ningún interés en mantener buenas relaciones con el régimen (keylor 2007: 285-308). Este cuadro agudizó las contradicciones surgidas dentro del partido de gobierno y de las Fuerzas Armadas. El sistema colapsó.

Un golpe de Estado, llevado a cabo en la noche entre el 2 y el 3 de febrero de 1989 por el general Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner, destituyó al dictador, sorprendido e impreparado al contraataque. El general golpista gozó del apoyo de los grupos de colorados que en los años anteriores habían tomado distancia de las políticas del gobierno, de la Iglesia Católica, de las demás cristianas que habían apoyado la lucha contra la dictadura y sobre todo de Washington. Según la periodista argentina Stella Calloni la destitución de Stroessner y su sucesiva «fuga» a Brasil fue preparada por Estados Unidos que «habían decidido cambiar algo para que nada pudiera cambiar» (2006).

A propósito de la fuga, definirla así es mentira. Después del golpe el dictador fue detenido pero a pocos días fue enviado exiliado a Brasil, donde ingresó con asilo político. Lo que los paraguayos vieron en televisión es una personalidad que, escoltada al aeropuerto de Asunción, subió al avión después de una ceremonia que le tributó todos los honores. Pareciera asistir a la salida de una autoridad del Estado para una misión al extranjero antes que al exilio de un dictador.

III. LOS «ARCHIVOS DEL tERROR» y LA BúSqUEDA DE jUStICIA

Lo que se ha expuesto anteriormente explica por qué el Estado de Derecho que se trata de establecer en Paraguay es, utilizando las palabras de Rouquié, «una democracia que empieza mal» (2010: 256). De hecho, el único que logró destituir a Stroessner después de treinta y cinco años seguidos en el poder fue su consuegro, miembro del Partido Colorado, involucrado, según la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en las actividades ilícitas que regularmente los miembros corruptos del gobierno anterior desarrollaban y era considerado uno de los jefes del narcotráfico latinoamericano, una especie de Noriega de Paraguay (Miranda 2002: 263-266).

Contra cualquier expectativa, Rodríguez trató de normalizar la situación y convocó elecciones presidenciales y legislativas para mayo del mismo año y, como candidato del Partido Colorado, resultó elegido con el 77 por ciento de los votos, mientras que su partido ganó la mayoría en el Congreso. A pesar de que una de sus primeras iniciativas fue volver a proponer, para el nuevo gobierno, el binomio Fuerzas Armadas-Partido Colorado que había funcionado en el país en los últimos 35 años, declaró su compromiso para que fuera efectiva la defensa de los derechos humanos. Respetó las libertades civiles, autorizó el libre desarrollo de las actividades políticas de todos los movimientos y partidos, incluso el comunista, dialogó con los sindicatos, autorizó el regreso de los exiliados y prometió democratizar el Estado.

A pesar de la persistencia de un sentimiento de miedo, justificado por la presencia en la escena política de muchos actores del pasado régimen, lentamente una parte siempre más amplia de paraguayos cambió de actitud: de una pacífica y sumisa pasó a la del reclamo, a la de defender sus derechos, a fortalecer sus organizaciones debilitadas y hasta inexistentes. Apoyó el pedido de las organizaciones de los derechos humanos, organizadas en la Mesa coordinadora por la recuperación de la memoria histórica, para la formación de una Comision de la Verdad y la justicia que -como en otros países que sufrieron regímenes autoritarios- investigara las violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes estatales y paraestatales en el período de la dictadura (Becker 1999). Ni el Congreso ni el Ejecutivo acogieron el pedido que se concretaría solamente quince años después.

Uno de los eventos de mayor envergadura en esta primera etapa de transición fue la convocatoria, a comienzos de 1992, de las elecciones para la formación de una Asamblea Constituyente con la tarea de estudiar la reforma de la Constitución de 1967, todavía vigente. Los constituyentes iniciaron el estudio de los anteproyectos presentados al Congreso en el mes de marzo de 1992, y luego de tres meses de trabajo intenso, se promulgó una nueva Constitución nacional en junio de ese mismo año.

Una de las innovaciones sustanciales establecidas es el artículo 135 del capítulo que se refiere a las garantías constitucionales y que establece el hábeas data por el cual:

toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos2.

Ejerciendo este derecho, numerosos paraguayos y personas de los países limítrofes solicitaron en los juzgados información sobre sí mismos o sobre sus familiares muertos o desaparecidos.

Una de las víctimas, prisonero político y activo defensor de los derechos humanos, conocido a nivel internacional, Martín Almada3, con el patrocinio del Comité de Iglesias, presentó en septiembre de 1992 un mandato de hábeas data al juzgado criminal que, a su vez, solicitó a la jefatura de la Policía de la capital un informe sobre su prontuario policial, en particular lo referente a su detención, tortura y causales de la misma. No se obtuvo ningún resultado. A través de sus propias investigaciones y una carta anónima, Almada se enteró de que algunos documentos relacionados con su caso podían encontrarse en la comisaría de Lambaré, suburbio a 4 kilómetros de Asunción. Pasó esta información al juez josé Agustín Fernández, que ordenó el registro.

Cuando el 22 de diciembre de 1992, Fernández y Almada, en compañía de periodistas, entraron en la comisaría de Lambaré, descubrieron que se trataba del archivo del Departamento de Investigaciones y encontraron una montaña desordenada de papeles, archivos, cartas y registros que describían las actividades de la policía y de la inteligencia militar durante la derrocada dictadura. Superada la sorpresa, el juez Fernández, de acuerdo con Luis María Benítez Riera, juez en lo criminal, ordenó el traslado de las aproximadamente dos toneladas de documentos al juzgado de turno en el local del Palacio de justicia. Esta tarea se realizó con el apoyo de muchos voluntarios, periodistas y simples ciudadanos. Una cadena humana participó en esta tarea que se extendió por un plazo de cerca de doce horas. En esta ocasión, el juzgado procedió también a desenterrar documentos que habían sido ocultados bajo tierra en el patio de la misma comisaría.

Gracias a informaciones reservadas, el 24 de diciembre, el juez Luis María Benítez Riera, con el objeto específico de realizar una inspección ocular y verificar los documentos allí custodiados, allanó la Dirección Nacional de Asuntos técnicos del Ministerio del Interior, más conocida como «La técnica», en pleno centro de Asunción. Esta dirección fue creada a fines de la década de 1950 con el objetivo de reprimir a los militantes comunistas. Los documentos secuestrados en esa oportunidad datan de los años 1958 hasta aproximadamente 1965. Además de importantes documentos referentes a la Liga Mundial Anticomunista, se encontraron fichas de detenidos políticos, documentos personales del director de la misma, Antonio Campos Allum, y una colección de cerca de setecientos libros considerados subversivos que habían estado secuestrados. Este material se trasladó al Palacio de justicia y se incorporó a lo incautado los días anteriores.

En el mes de enero de 1993 se realizaron dos allanamientos más. El primero, al Departamento judicial de la Policía y el segundo, a la Comisaría tercera. De dichos lugares se secuestraron documentos referidos a la Ligas Agrarias Cristianas, documentos, libros y fichas no solamente de detenidos políticos, sino también una gran cantidad de documentos y fichas que hacían referencia a detenidos comunes. todo este material se incorporó a lo anteriormente encontrado.

Estos hallazgos se volvieron en uno de los acontecimientos más relevantes no sólo de la transición paraguaya, sino de toda América Latina. En ningún otro país de la región se descubrieron tanta cantidad de documentos oficiales, producidos por las instituciones del Estado en un largo lapso de tiempo y en los cuales se pueden identificar víctimas y victimarios. El valor jurídico, histórico y sociológico es inmenso.

En el mes de enero de 1993 se iniciaron los trabajos de inventario de los materiales requisados. El equipo de trabajo estuvo conformado por funcionarios de la Corte Suprema de justicia, fiscales, asistentes del Ministerio Público, miembros de ONG, como CIPAE y del Centro de Documentación y Estudios (CDE), víctimas y familiares. Por disposición de la Corte Suprema de justicia, se habilitaron espacios en el Palacio de justicia destinados al depósito de los documentos incautados. En febrero, siempre la Corte Suprema, junto con el Ministerio Público, firmó un convenio con la Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los Estados Unidos (USAID) destinado al trabajo de inventariación y custodia del material.

El 26 de marzo de 1993 por Resolución n.o 81 de la Corte Suprema se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos (CdyA), el cual, según la citada resolución, estaba «destinado a la preservación de los documentos y su contenido, en vista del valor jurídico, procesal e histórico mediante la aplicación de procedimientos modernos de control y manejo automatizado». El 31 de diciembre de 1993 se culminaron los trabajos en el marco del Convenio firmado con la USAID y se entregó el Informe Final (Palau 1993).

La cantidad de documentación contenida en el CdyA es impresionante. Básicamente el material puede dividirse en dos partes: el llamado archivo prestronista con documentos que datan de la década de 1930, y el archivo stronista propiamente dicho, que abarca en su mayoría el período comprendido entre 1954 y 1989.

En el informe final presentado por Rosa Palau, la consistencia es de 700.000 documentos que cubren 35 años (1954-1989); 740 cuadernos clasificados alfanuméricamente; 115 volúmenes de diarios de la policía; 181 armarios de archivo; 204 cajas de fichas con informes y documentos de diverso origen; 574 carpetas con informes sobre uniones y partidos políticos; 8.369 fichas con datos de detenidos; 1.888 pasaportes y tarjetas de identidad; al menos 10.000 fotografías de detenidos, encuentros sociales y políticos y reuniones familiares; biblioteca de 1.500 libros y revistas embargados por la policía; 543 casetes con grabaciones de encuentros, conferencias, discursos y programas de radio. Los documentos referentes al período prestronista están constituidos por 28 libros (registros de nombres, antecedentes, prontuarios policiales, listas de dirigentes obreros, libros de entrada policiales, etc.) y cerca de cuatro mil fichas de registro. A toda esta documentación se agregan carpetas, libros y contenedores clasificados como delitos comunes4.

Es muy interesante hacer referencia a los objetivos del CdyA porque no se limitan simplemente a los de custodia y consulta de la documentación, sino que abarcan una más amplia variedad de tareas como las siguientes:

Construir un Banco de Datos permanente para atender las solicitudes emanadas de los recursos de Hábeas Data, apoyar a los procesos de Violación de los Derechos Humanos abiertos, brindando toda la información requerida por los jueces.

Permitir la difusión de los Documentos disponibles toda vez que los mismos no afecten la privacidad de los involucrados de una u otra forma en los Documentos hallados.

Preservar los Documentos incautados a través de los diversos operativos realizados y de otros que se pudieran agregar en el futuro.

Convertir el Centro de Documentación y Archivo en un Centro-Museo que Recuerde a todos los paraguayos una época de sufrimiento y de lucha al que puedan acceder no sólo víctimas o familiares de los torturados, muertos o desaparecidos sino también a los jóvenes para que conozcan la parte oscura de nuestra historia que nunca debió existir.

Investigar multidisciplinariamente el fenómeno del terrorismo de Estado, a partir de los materiales contenidos en el Archivo, para evaluar la magnitud del Fenómeno y las consecuencias que las violaciones sistemáticas tuvieron en las personas, en las instituciones democráticas (Congreso, Universidades, Partidos Políticos, Sindicatos...), y facilitar a los decisores oficiales, políticos, sociales y privados, las medidas conducentes para ayudar a las víctimas más carenciadas.

Difundir y esclarecer ante la opinión pública nacionales e internacional, los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y los principales instrumentos de protección internacional, vinculándolos con la Constitución Nacional de la República del Paraguay, y con los testimonios de las violaciones de lesa humanidad cometidos en el pasado régimen dictatorial documentados en el Archivo, para evitar la impunidad y promover la convivencia democrática.

Generar en la Opinión Pública nacional e internacional, la conciencia sobre la urgente necesidad de proteger el Archivo, como prueba histórica irrefutable de las graves violaciones cometidas al amparo del gobierno Policial/Militar de Stroessner, con implicaciones Nefastas para todo el cono Sur.

Desarrollar actividades de animación sociocultural y producir materiales pedagógicos cuyos contenidos fundamentales estén orientados a la promoción de valores culturales centrados en el respeto a la dignidad de las personas, el derecho a la libre determinación y desarrollo de los pueblos, en la consolidación del Estado de Derecho y la profundización de los procesos democráticos, como estrategias de lucha contra el autoritarismo5.

El Centro se encuentra abierto para magistrados, profesionales, periodistas, estudiantes y público en general, nacional e internacional, para realizar tareas de investigación y consulta.

Los «Archivos del terror», tal como son conocidos, se han convertido en una clave para descifrar no sólo la historia reciente de Paraguay, sino también de América Latina y de las actividades de los grupos de extrema derecha europeos cuyos líderes visitaban a menudo el país. Detallan el destino de cientos, quizá miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de la década de 1970. Ofrecen en cantidad un esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del Sistema Cóndor que confirma la existencia de una conspiración sanguinaria entre los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para rastrear y eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. En un documento escrito en 1976 por Pastor Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones, se puede leer:

... ya no es un secreto la internacionalización de la delincuencia y violencia con fines políticos, que aparecen estrechamente ligadas, y obliga a pensar también en la internacionalización de los métodos de defensa que la Constitución y las leyes ponen en nuestras manos (Boccia et al. 1994: 252-263).

también se conocía desde antes la cercanía de Estados Unidos a la policía secreta de Stroessner. Los exprisioneros del régimen declararon varias veces que oficiales estadounidenses los habían interrogado en Paraguay. Los «Archivos del terror» ofrecen muchas pruebas concretas sobre su presencia en el país y su involucración en el sistema Cóndor.

todos los procesos contra algunos de los mayores responsables de las violaciones de los derechos humanos, abiertos antes del descubrimiento de los Archivos con base en testimonios de víctimas o familiares, toman un cierto impulso. Los documentos contenidos en los archivos aportan desde pruebas hasta presunciones. Generan también órdenes de detención contra primeras figuras del régimen de Stroessner, además de oficiales militares de Argentina y Uruguay. El exjefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel, al igual que el jefe de Estado Mayor y titular de la Inteligencia militar, general Benito Guanes Serrano, fueron condenados, y el jefe de la Policía técnica, Antonio Campos Allum, fue citado por los tribunales. Centenares de hábeas data fueron presentados por expresos políticos o por sus familiares.

Desde enero de 1993 se abrieron varios procesos también contra el exdictador Stroessner y se decretó el embargo sobre sus bienes (Boccia Paz et al. 1994: 30). En 1997 fue condenado en contumacia por crímenes contra la humanidad. A partir de 1995, la Fiscalía de Paraguay solicitó a Brasil su extradición, pero los resultados fueron infructuosos.

A pesar de que la justicia de transición logró tener algunos resultados, las estructuras administrativas, policiales y jurídicas en Paraguay permanecieron inalterables. La herencia stronista se mantiene: los enormes poderes del presidente, la falta de independencia del Poder judicial en su conjunto, con pocas excepciones antes recordadas, la presencia masiva de personal de la dictadura en los altos cargos del Estado, la inercia en los organismos de fiscalización, la negación de justicia a muchas familias de las víctimas son algunos ejemplos de la profunda continuidad con el período anterior. De los cientos de casos denunciados, sólo pocos merecen la atención de la justicia penal, que abre procesos de investigación que continúan con mucha lentitud.

Incluso, debido a que los archivos plantean una amenaza a los hombres que organizaron y llevaron a cabo la represión en la región, casi inmediatamente después de su descubrimiento y contemporáneamente al trabajo de catalogación y preservación, se realizaron esfuerzos para eliminarlos o depositarlos en manos «seguras». Algunos de los documentos desaparecieron y existieron sutiles maniobras para sustraer a los restantes del control legal y periodístico (Becker 1999: 85-104).

IV. COMISIóN DE VERDAD y jUStICIA

Si bien es cierto que el descubrimiento de los archivos antes mencionados aporta pruebas incontrovertibles sobre los traumas del pasado, el pedido de la sociedad civil de una inicativa del Estado para enmarcar dichas pruebas y verdades y ofrecer la oportunidad a las víctimas de hacer sentir su voz continuó vigente. Finalmente, a invitacion de la Comision Interamericana de los Derechos Humanos y en concomitancia con el Año de la Memoria, el 6 de octubre de 2003, el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, del Partido Colorado, anunció la voluntad de instituir una Comisión de Verdad y justicia a pocos días de tomar posesión6.

El recorrido para llegar a su constitución fue muy accidentado. Como se mencionó en las páginas anteriores, una propuesta de ley fue presentada por la Coordinación de las asociaciones para los derechos humanos, apoyada por varios diputados en 1992. Encallada por cerca de tres años, fue aprobada con muchos cambios en noviembre de 1995. juan Carlos Wasmosy, presidente de la República desde 1993 a 1998, intervino para suspender su aplicación (Decreto Presidencial n.o 13.422 de 1996) y recurrió por inconstitucionalidad a la Corte Suprema de justicia. La ley entró en vigencia, sin autorización del Ejecutivo, para ser luego bloqueada por la Corte Suprema en julio de 1998. tras un ulterior cambio, fue ratificada en 2002 y, contextualmente, se reconoció a 260 víctimas de violaciones de los derechos humanos el derecho de indemnización. Sin embargo, el Ejecutivo encaminó una serie de acciones judiciales aptas para anular la resolución del Congreso (Gauto et al. 2002 y 2003).

Inmediatamente despues de su designación como ministro de Relaciones Exteriores, el 24 de agosto 2003, Leila Rachid definió la cuestión de la verdad y la justicia como materia pendiente del proceso democratico y lanzó un llamado para la reconstrucción de la memoria histórica de Paraguay, ya que:

... reconciliándonos con nuestro pasado, seremos capaces de mirar al futuro con esperanza y de reconstruir una nación, donde no pasará más lo acontecido en 35 años de dictadura; una nación donde jamás los paraguayos serán el uno enemigo del otro y donde la diferencia será parte de la normalidad y no causa desencadenante de trincheras7.

En la reformulación de la ley participaron, aun cuando como simples fuerzas externas a las que se da entrada, la Mesa Iniciativa Memoria y Archivo de la Represión, el CIPAE, la Coordinación para los Derechos Humanos (CODEHUPy), el Movimiento Nacional de las Víctimas de la Dictadura, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, el tribunal Ético contra la Impunidad, el Sindicato de los Periodistas del Paraguay (SPP), la Fundación Celestina Pérez de Almada, la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» y el Centro de Documentación y Archivo para los Derechos Humanos del Poder judiciario.

La propuesta de ley dio mandato a la Comisión de investigar «todos aquellos hechos que constituyen o podrían constituir violación de los derechos humanos», cometidos por agentes estatales y paraestatales, entre mayo de 1954 y su fecha de promulgación. Recomendó la indicación de políticas y estrategias concretas para «evitar que las vivencias del pasado se repitan y para la consolidación del Estado de derecho, respetuoso de los Derechos Humanos y promotor de una cultura de paz, solidaridad y concordia entre los paraguayos».

El texto aprobado por el Congreso difirió poco de lo propuesto por las organizaciones mencionadas: se redujo el número de los comisionados de doce a nueve, mientras que quedaron sin cambios el mandato y el marco cronológico a investigarse, o sea 1954-20038.

La Comisión paraguaya se presentó como una excepción con respecto a las otras comisiones que la precedieron a nivel mundial. Antes de todo, fue excepcional el pe - ríodo a investigarse: treinta y cinco años de régimen stronista más catorce de transición política: un total de cuarenta y nueve años. En segundo lugar, la tipología de los comisionados. Como justamente observa Valiente (2003), la regla general es de una presencia prioritariamente estatal, mientras que la experiencia paraguaya fue marcadamente «civil».

De hecho, la ley estableció la representación de los comisionados, pero no sus nombres. Deben integrarla: un representante del Poder Ejecutivo; un representante del Poder Legislativo, elegido por ambas Cámaras; cuatro personas designadas por las víctimas de la dictadura; tres personas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron su constitución. Siempre de acuerdo con el texto de la ley, los nueve comisionados debían ser personas de ciudadanía paraguaya, de reconocido prestigio, legitimidad social y «rectitud ética», así como identificarse con la defensa de la democracia y los principios constitucionales. De acuerdo con la propia ley, ésta debía ser presidida por uno de los siete representantes de la sociedad civil.

El mandato de la Comisión establecía:

a) analizar e investigar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como las conductas que han llevado las instituciones estatales y otras organizaciones a contribuir a las graves violaciones de los derechos humanos; b) colaborar con los órganos pertinentes para aclarar las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales y paraestatales; c) preservar la memoria y el testimonio de las víctimas, reconstruyendo las situaciones que han determinado las violaciones e identificando a las propias víctimas; d) recolectar y guardar las pruebas de las violaciones ocurridas; e) dar todos los elementos probatorios al Poder judicial para que éste pueda defender los derechos de las víctimas y evitar que los culpables queden impunes; f) contribuir a establecer una verdad oficial, atribuyendo las responsabilidades morales y políticas del Estado; g) contribuir a aclarar las vinculaciones existentes entre las violaciones de los derechos humanos y la política de las autoridades estatales, nacionales e internacionales; h) proponer acciones y reformas institucionales, legales, educacionales y de otro tipo como garantía de prevención, que deberán ser vinculantes para las instituciones propuestas a su implementación; i) elaborar propuestas de reparación a favor de las víctimas; l) elaborar un informe conclusivo oficial de todas las investigaciones y propuestas realizadas durante el período de vigencia de la Comisión.

Es importante destacar que la Comisión tenía la obligación de entregar todos los elementos probatorios recolectados al Poder judicial, que a su vez se haría cargo de tutelar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad de los culpables. Por lo tanto, aun no implicando la determinación de las responsabilidades individuales, su naturaleza extrajudicial resultó muy suavizada.

En lo que se refiere al ámbito de la investigación, debió averiguar todas las violaciones de los derechos humanos con atención especial a: desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales; torturas y otras lesiones graves; exilio y otras violaciones graves de los derechos humanos. Pero, además, la ley encomendó la investigación de «otras graves violaciones» sin especificación explícita, dejando a cargo de la Comisión la determinación de las mismas.

Además, a la Comisión le correspondían las siguientes atribuciones: entrevistar a todas las personas que hayan tenido parte en causa en el período objeto de investigación; hacer inspecciones; recolectar materiales, informaciones y elementos necesarios al perseguimiento de sus objetivos; establecer las modalidades para contar con la participación de la ciudadanía; subscribir acuerdos de cooperación nacional e internacional con organismos de defensa de los derechos humanos; seleccionar y contactar técnicos, funcionarios y personal administrativo necesarios a su funcionamiento; redactar un reglamento y organizar la estructura organizativa más adecuada.

La ley estableció además que las instituciones públicas estaban obligadas a colaborar con la Comisión en todo lo que atañe a dichas atribuciones. Esto quiere decir que podía citar a funcionarios del Estado y todas las personas involucradas en los hechos investigados para que entregaran informaciones y podía solicitar la intervención del Poder judicial y policial cuando los testigos convocados se rehusasen a colaborar sin una adecuada justificación.

El mandato originario tenía una duración de dieciocho meses. En lo que se refiere a la financiación, la ley estableció que los recursos procederían del Estado paraguayo, de la cooperación internacional y de donaciones públicas y particulares, nacionales e internacionales. Para el cumplimiento de su mandato el gobierno aprobó un presupuesto total de 901.000 dólares hasta diciembre de 2006.

El 15 de marzo de 2004 se designó como comisionados a monseñor Mario Melanio Medina Salinas, responsable de las Misiones de ñeembucu; Miguel Ángel Aquino Britos, abogado; Luis Casabianca Rodríguez, abogado; judith Rolón jacquet, abogado en representación de las víctimas; mientras que los tres representantes de las organizaciones civiles fueron Margarita Durán Estragó, historiadora; jorge Rolón Luna, abogado, y juan Enrique Díaz Bordenave, periodista. La Comisión se terminó de integrar con la incorporación de Leila Rachid en representación del Poder Ejecutivo y de juan Manuel Benítez Florentín del Legislativo. Monseñor Mario Melanio Medina fue nombrado presidente. Estos nombramientos se oficializaron a través de un Decreto del Ejecutivo el 2 de julio de 2004.

Los comisionados comenzaron sus labores de inmediato: establecieron una sede en Asunción y cuatro sedes regionales para facilitar la recolección de testimonios. Los documentos contenidos en los «Archivos del terror» y la documentación de las asociaciones de los derechos humanos representaron sus puntos de partida. Según la encomienda de la ley, ampliaron la lista de las violaciones a investigar. Éstas comprendieron: la violación de los derechos de las mujeres y los niños; la apropiación de tierras por agentes estatales y paraestatales; la violación de los derechos de los pueblos indígenas; las leyes represivas de las así llamadas actividades comunistas; la incumplida tutela de los derechos judiciales; la abolición de la libertad de expresión, del derecho de asociación, reunión y manifestación, y la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (Benítez Florentín 2006).

El envío de sesenta casos de imputación por violaciones a los derechos humanos al general Stroessner, exiliado en Brasil, causó mucha sensación dentro del país el 7 de noviembre de 2005. La mencionada comunicación, enviada a través del Ministerio de justicia de Brasil, llegó a Stroessner el 15 de diciembre de 2005. El documento afirmaba textualmente:

Objeto: informaciones testimoniales y documentales recogidas por la Comisión de Verdad y justicia sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el período 1954-1989. La Comisión acusa a Alfredo Stroessner Matiauda, de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratamientos crueles e inhumanos y otras violaciones confirmadas por los testimonios de las víctimas, y por el trámite de documentos contenidos en los Archivos existentes en el país... en calidad de Presidente de la República y de Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, durante el período citado, lo reconoce autor de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su gobierno9.

A fin de recoger cuantas más informaciones posibles sobre detenidos, desaparecidos y torturados, y también para solicitar y sensibilizar a la población, la Comisión se comprometió en una campaña de comunicación cuyo título en guaraní fue: Orama ña ñe'êvo («Rompamos el silencio»). Carlos Portillo, coordinador de la unidad sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de la CVj, declaró que el objetivo de la campaña era romper la capa de silencio e impunidad que desde 17 años atrás escondía las culpas y los culpables de la dictadura.

Bajo el lema «quien olvida, repite», la Comisión organizó varias audiencias públicas nacionales e internacionales, temáticas y generales como espacios de sensibilización, información y recuperación de la memoria colectiva. La primera audiencia se celebró en Asunción el 19 de agosto de 2005, 16 años después de la caída de la dictadura stronista, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, para escuchar el testimonio de las víctimas de la represión, la tortura y desaparición forzada de personas. La segunda se realizó en San juan Bautista de las Misiones el 28 de octubre de 2005, con el propósito de escuchar los testimonios de la represión contra las Ligas Agrarias Campesinas ocurrida en esa región. La tercera se organizó en la ciudad de Caaguazú el 19 de mayo de 2006, sobre campesinado y tierras mal habidas. La cuarta audiencia se realizó el 30 de mayo de 2006 en Buenos Aires, capital del exilio paraguayo, en el Congreso de la Nación Argentina, donde rindieron su testimonio no sólo los paraguayos exiliados, sino también los argentinos, uruguayos y chilenos perseguidos por el Operativo Cóndor. La quinta audiencia se celebró el 4 y 5 de diciembre de 2006 en Asunción, sobre educación y dictadura, y la sexta en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina, el 19 de octubre de 2007, sobre el exilio paraguayo en la frontera con Argentina. La séptima audiencia se celebró el 24 de julio de 2007 sobre violaciones de mujeres, niñas y niños (CVj 2008, vol. I: 25).

El 23 de mayo del mismo año, la Comisión denunció a los expolicías Eusebio torres y juan Martínez por el crimen de tortura y daño de prisioneros políticos durante la dictadura. La denuncia fue soportada por el testimonio de por lo menos diez personas, que detallaron el tipo de torturas sufridas. Expresó además la intención de crear un banco de datos genéticos para el reconocimiento de los cuerpos encontrados en las fosas comunes, pero, a mediados del año, las labores se tornaron muy difíciles de llevar a cabo. Dificultades y obstáculos de orden político, pero sobre todo financiero, frenaron su puesta en marcha. El Ejecutivo rechazó el pedido de fondos adicionales y la derecha fiel a Stroessner dio inicio a una campaña para su regreso a la patria.

V. EL FANtASMA DEL DICtADOR

Apenas tres meses antes de que Stroessner muriera, el 16 de agosto de 2006, Gabriele Carchella denunció el intento, por parte de la junta de Gobierno, de hacer volver al país al General. Los protagonistas de la propuesta fueron los miembros del Movimiento de Reconstrucción Nacional, en cuyas filas milita el nieto del general en el exilio, Gustavo «Goli» Stroessner. En un país normal -ésta es la tesis de Carchella- todo eso no sería pensable, pero en Paraguay sí, porque el Paraguay es la tierra «donde las semillas envenenadas dejadas en herencia por la dictadura han preparado el suelo para una fiesta en auge de la derecha reaccionaria»10. La desigualdad social, con el 60% de la población por debajo de la línea de pobreza, y la nostalgia del pasado favorecen semejante proyecto. Los resultados de una encuesta de Latinobarómetro de final de 2006 sobre lo que piensan los paraguayos de la situación política llaman la atención: sólo el 32% de la población considera a la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, y el 31% se declara indispuesto a apoyar un nuevo régimen militar. El 68% de las personas entrevistadas piensa que la política es demasiado complicada para que se la pueda entender. Cualquier derivación autoritaria encontraría entonces al país listo para aceptarla, sobre todo porque Paraguay no dispone del antídoto, con el que por el contrario cuentan países como Argentina y Uruguay: una sociedad civil fuerte y organizada, lista para denunciar los crímenes y recuperar la memoria de los años de la dictadura11.

Con la muerte de Stroessner obviamente la cuestión se planteó de manera distinta, es decir, si permitir o no que entrara al país el cuerpo del dictador muerto, con 93 años, en el hospital Santa Luzia de Brasilia, ciudad en la que vivía desde hace 17 años para escaparse de la justicia. Un «exilio dorado», como lo han definido muchos, ya que gozaba de amplia libertad de movimiento, logrando «guiar» desde afuera la política de su país y recibiendo, como general del Ejército, la jubilación otorgada por el Estado paraguayo.

En el momento mismo en que viene dado el anuncio de su muerte, al interior del Senado la mayoría en el poder -todavía ampliamente fiel a su exlíder- propuso el en - tierro en su tierra natal, con todos los honores del caso. Al día siguiente, frente a la negativa del presidente de la República, quien afirmó no poder negar a la familia traer de vuelta al país el cuerpo del General, pero sin ningún tributo oficial, ya que sobre el expresidente gravitaban varios procesos judiciales, los senadores colorados se reunieron media hora antes de la sesión ordinaria para una celebración oficiosa en honor de Stroessner.

Las Fuerzas Armadas, en la persona de su vocero, el coronel Elio Flores, se declararon unánimemente de acuerdo en pedir la tributación de los honores militares. El coronel Flores afirmó que «al ex jefe de Estado general Stroessner le corresponde la guardia de honor durante el velorio y la escolta militar al lugar del entierro, además de una tropa militar para la marcha fúnebre y la carga a salve en signo de honor»12.

Volviendo al Congreso, más tormentosa que la discusión en el Senado fue la que se dio en la Cámara de Diputados en la que juan Lorenzo Ramírez, diputado del Partido Colorado, propuso un minuto de silencio. Frente a semejante propuesta la oposición, en masa, abandonó la sala. Eduardo Nery Huerta, líder de Patria querida, afirmó alejándose de su asiento: «No estamos de acuerdo, más bien correspondería homenajear a las miles de víctimas y desaparecidos». Un artículo aparecido en La Nación con fecha 18 de agosto de 2006 presentó los argumentos de las fuerzas de la derecha y de la oposición13.

Finalmente, gracias a la movilización de las fuerzas democráticas y a la determinación del presidente de la República, quien se rehusó otorgar los honores pedidos por sus partidarios, el cuerpo de Stroessner fue sepultado el 17 de agosto en el Campamento de la Paz en Brasilia, con una ceremonia privada a la que asistieron solamente familiares y amigos.

Su muerte coincidió con la inauguración, en Paraguay, del Museo de la Memoria de la Dictadura y de los Derechos Humanos, que quiere ser también una «escuela de democracia y una ayuda a los ciudadanos a superar el miedo a la represión»14. El miedo, en realidad, sigue estando vigente. ¿Miedo a quién? ¿y de qué? De esa derecha cuyas caras no han cambiado, y que está ampliamente presente en el Estado de Derecho. De esos oficiales y paramilitares que han cambiado uniforme y nombre, pero no su actitud. En Paraguay la tortura sigue siendo una realidad. Pero tambien miedo de las «viejas» amistades del general y exdictador, que no conocía enemigos, porque los había eliminado a todos o los había «convertido». «Lo que se vive es el stronismo sin Stroessner», comenta George Landau, exembajador de Estados Unidos en Paraguay. «No me refiero a las libertades civiles, más bien a la corrupción» (Schemo 2006).

ya en 2004 el informe anual de Amnesty International no sólo señalaba continuos episodios de tortura y maltratos a cargo de sospechosos criminales y «soldados de quinta », sino también un endémico estado de corrupción. Debido a la votación contraria del Congreso se quedaron sin éxito los intentos de llevar a juicio a Luis Ángel González Macchi, presidente de la República (1999-2003), acusado de corrupción. En abril, 2004, el exvicepresidente Ángel Roberto Seifart y otras dieciocho personas fueron absueltos de la acusación de haber estado involucrados en el asesinato de siete estudiantes durante las manifestaciones antigubernamentales de marzo de 1999. En octubre de 2004 habían sido archivadas, por vencimiento de los términos de prescripción, las acusaciones en contra de sesenta y ocho miembros de las Fuerzas Armadas acusados de haber estado involucrados en el asesinato de marzo de 1999, y de un intento de golpe de Estado en mayo de 2000 (Amnesty International 2004).

En 2006 la situación no presentó ninguna mejora: permanecieron las expropiaciones forzadas en contra de campesinos y las amenazas a los defensores de los derechos humanos y civiles. Se observan varios episodios de abusos de menores y de reclutamiento forzoso de niños-soldados. En las cárceles, sobrepobladas, impera la violencia. El 40% de la población rural vive todavía por debajo de la línea de pobreza. tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Cecilia Cubas, hija del anterior presidente de la República, quien había sido raptada en 2004, algunos miembros del Partido Colorado hablaron en el Congreso de la necesidad de introducir la pena de muerte (Amnistía International 2006).

VI. EL INFORME FINAL DE LA COMISIóN

El 20 abril de 2008 Fernando Lugo, exobispo de la diócesis de San Pedro, que el Vaticano suspendió a divinis por su compromiso político, candidato por la coalición de partidos de centro-izquierda Alianza Patriótica para el Cambio (APC), fue electo como nuevo presidente de la República de Paraguay. Su elección, después de más de sesenta años de poder ininterrumpido del Partido Colorado, pareció finalmente cerrar la larga transición paraguaya y abrir el camino a la democracia.

El nuevo aire que se respira en el país, por cierto, ayudó a la conclusión de los trabajos de la Comisión de Verdad y justicia. De hecho, pese a las dificultades antes mencionadas y a un presupuesto financiero estatal insuficiente, la CVj pudo finalizar su mandato gracias al respaldo de varias instituciones del Estado, de las Iglesias, de las Universidades de Paraguay, de los organismos nacionales de derechos humanos y de la cooperación internacional15. Celebró su última audiencia pública, la octava, en Asunción el 16 y 17 de julio de 2008, sobre Pueblos Indígenas y Dictadura.

Finalmente, durante una solemne ceremonia que se llevó a cabo en el teatro Municipal de la capital, entregó el 28 de agosto de 2008 su informe final al presidente de la República, quien lo recibió y en su discurso pidió varias veces perdón en nombre del Estado por todo el sufrimiento al cual fueron sometidos los ciudadanos.

El informe, cuyo título en guaraní es Anive haguä oiko, cubre el período entre 1954 y 2004, año de constitución de la Comisión y está organizado en ocho tomos. En el primero se presenta el trabajo desarrollado, sus conclusiones y las recomendaciones para que el pasado no se repita. En él también se encuentra una reconstrucción de las características del régimen stronista. El segundo analiza las principales violaciones de los derechos humanos; el tercero está dedicado a las violaciones de los derechos de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. El cuarto tomo hace referencia a las tierras mal habidas; el quinto señala las secuelas de las violaciones en la experiencia de las víctimas. El sexto ilustra con detalles las responsabilidades institucionales y personales de las violaciones, mientras que el séptimo analiza algunos casos paradigmáticos de represión. Finalmente, el octavo tomo comprende documentos suplementarios, un listado de víctimas, fichas de desaparecidos, esquema de casos colectivos, cuadros estadísticos y documentos fotográficos (CVj 2008).

El núcleo de la investigación, que aprovecha el enorme material de documentación de los «Archivos del terror» y de las organizaciones de los derechos humanos nacionales e internacionales, comprende, entonces, los grandes hechos de violación de los derechos humanos: desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, exilio y otros casos, así como la situación de los derechos humanos de los niños, los indígenas, de las mujeres, y el tema de las tierras rurales mal habidas.

El informe recopila más de dos mil testimonios, catorce mil documentos, da cuenta del registro de 9.923 víctimas directas, según sus bases de datos, y de la organización de ocho audiciencias públicas. también hace referencia a una serie de iniciativas realizadas en el marco de la investigación entre las que aparecen el inicio de la búsqueda de los desaparecidos, la instalación de un Centro de información pública, de un banco de datos genéticos para el reconocimiento de los cuerpos de los desaparecidos y de una unidad de Salud Integral dedicada a la asistencia psicológica a las víctimas, testigos y a los propios funcionarios de la CVj. Otra tarea importante de la unidad resulta haber sido la elaboración de informes médicos de las secuelas de la tortura e informes psiquiátricos para las víctimas interesadas en solicitar la indemnización en las instancias judiciales.

Es interesante subrayar cómo varias actividades que son consideradas parte del paquete de la justicia de transición han sido impulsadas por la CVj durante el desarrollo de su trabajo. En materia de educación, se señala la incorporación de la materia Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay como parte del programa de estudios del Ministerio de Educación y Cultura para los alumnos del tercer ciclo de la educación escolar básica. Para garantizar una buena estrategia de enseñanza de esta cátedra se han realizado varios talleres de consulta con representantes del Ministerio de Educación. La organización de asambleas populares y talleres de capacitación y sensibilización para los líderes locales ha contribuido a la formación pedagógica de las comunidades visitadas, así como la elaboración de una estrategia comunicacional destinada a generar conciencia sobre la importancia del esclarecimiento histórico (CVj 2008, tomo I: 23-28).

En las conclusiones del informe la CVj estableció la responsabilidad plena de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial, de las Fuerzas Armadas y policial, de todos los organismos estatales y de la administración pública, en las violaciones de los derechos humanos señalados. Pero, a pesar de su carácter extrajudicial, no se limitó, como occurre con otras Comisiones de la Verdad latinoamericanas, a señalar las responsabilidades institucionales, sino que indicó aquellas personales, en primer lugar la del exdictador. Siguen las de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, desde el comandante hasta el último perpetrador; la responsabilidad personal, política y moral de los ministros, de los parlamentarios, de los jueces y de los funcionarios públicos.

Pero no es sólo el Estado el responsable de las violaciones de los derechos humanos. La Comisión denunció también las responsabilidades de muchas de las instituciones de la sociedad civil, desde el Partido Colorado a las empresas, a los sindicatos, a los medios de prensa y a algunos sectores de las Iglesias Católica y cristianas que, según su visión, contribuyeron, con un apoyo activo o con el silencio y la autocensura, al drama del país por más de los treinta y cinco años de dictadura.

Señala además que la responsabilidad en el apoyo al sistema dictatorial corresponde a ciertos gobiernos extranjeros en ciertas y determinadas épocas del régimen stronista. Nombra a algunas de las administraciones gubernamentales de los Estados Unidos así como los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile que dieron históricamente su apoyo a Stroessner y que, una vez en dictadura, también ellos armaron el Plan Cóndor. Espera consecuentemente que los gobiernos democráticos de estos países reconozcan su responsabilidad de manera pública y soliciten excusas, disculpas o perdón a la sociedad paraguaya por la lamentable política seguida por sus anteriores gobiernos autoritarios. De igual manera, sugiere que el Estado paraguayo ofrezca disculpas a las sociedades de los países extranjeros que sufrieron violaciones de derechos humanos perpetradas en Paraguay o fuera del país con apoyo del régimen stronista.

La Comisión de Verdad y justicia tenía por mandato procurar determinar e identificar en la medida de lo posible a los victimarios. En tal sentido, tanto en el informe como en los respectivos anexos se citan con nombre y apellido las personas señaladas como autores de las violaciones en los testimonios de las víctimas. Considera, además, que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación con posterioridad a la caída del régimen stronista no han sido asumidos por el Estado de manera apropiada.

A propósito de las recomendaciones, las organiza en recomendaciones en materia de satisfacción, restitución, rehabilitación y no repetición. La lista es muy larga (CVj 2008, tomo I: 92-120). Recordamos algunas dirigidas a la revelación pública y completa de la verdad en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos; a la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas; la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. Algunas recomendaciones se refieren a la importancia de declaraciones oficiales que restablezcan la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas estrechamente vinculadas a ellas; otras tienen como finalidad la obtención de disculpas públicas que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; a la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; a la realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas.

A lo largo de su trabajo, la CVj produjo un archivo. El Centro de Información de la Comisión sistematiza, almacena y resguarda la documentación que sirve como base para el inicio y término de las investigaciones, para lo cual se organizan y digitalizan los documentos obtenidos y se crea una base de datos. Además de la base de datos propia, se elabora otra base de datos destinada a registrar la información procedente de diferentes instituciones (Fuerzas Armadas, «Archivos del terror», de la Policía Nacional, Cancillería, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación, etc.). Se cuenta además con un archivo de los formularios y audios de los testimonios. Se creó una biblioteca virtual que permite acceder al texto de entrevistas transcritas (desgrabadas), a libros especializados o documentos digitalizados de manera rápida, fácil y mediante palabras clave.

El 20 de enero de 2009, en el marco de una reunión, el presidente de la República Fernando Lugo acordó con el expresidente de la CVj, Mons. Mario Melanio Medina, la necesidad de crear y establecer un programa para la protección y reparación de los derechos humanos, con independencia de gestión, a fin de continuar la labor iniciada por la Comisión.

El 23 de enero la Defensoría del Pueblo creó la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación (DGVjR), en virtud de la necesidad de resguardar la integridad de los documentos y la infraestructura, asegurar los trabajos inherentes a la difusión del Informe final y la implementación de las recomendaciones formuladas. Son funciones de la DGVjR:

a) Proponer al Defensor del Pueblo medidas para impulsar ante los órganos competentes del Estado, las Organizaciones no Gubernamentales y los Organismos Nacionales e Internaciones de Derechos Humanos, la implementación de las recomendaciones formuladas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y justicia dándole el seguimiento necesario para su concreción, manteniendo informada de ello a la sociedad paraguaya;

b) Organizar y preservar los archivos y bases de datos en todas sus formas producidos durante la investigación de la Comisión de Verdad y justicia, incrementando su fondo documental con nueva documentación de archivos públicos y privados, en la medida de lo posible, y poniendo los mismos a disposición de los habitantes de esta República;

c) Continuar con la investigación y la búsqueda de desaparecidos y ejecutados extrajudiciales durante la dictadura stronista, y en función a ello, conformar un equipo de antropología forense e implementar la creación de un banco de datos genéticos para dicho cometido, coordinando todas las acciones necesarias;

d) Proponer la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos, las instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean competentes en derechos humanos;

e) Impulsar la colaboración en la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la investigación en derechos humanos;

f) Coordinar con las demás oficinas de la Defensoría del Pueblo el fomento del conocimiento de los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación, sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante la divulgación por todos los medios a su alcance.

El 23 de abril, la Presidencia de la República declaró que la divulgación del Informe de la Comisión de Verdad y justicia y la implementación de las recomendaciones allí formuladas son de interés nacional16.

VII. CONCLUSIONES

Las dinámicas de la transición política de Paraguay, que en sus líneas esenciales se acaban de presentar, ofrecen a la reflexión aspectos casi paradójicos.

Por un lado, se observa un escenario político marcado por una profunda continuidad con el pasado stronista que se expresa en los nombres, las caras, los comportamientos de una parte de los actuales grupos dirigentes, confrontados por una exigua minoría de «hombres nuevos», democráticos, que luchan por el respeto de los derechos humanos. Se detecta también una sociedad que registra graves índices de pobreza, inseguridad, violencia y extendida corrupción. Una sociedad estancada y sin ilusión que no puede confiar más en la política, desilusionada también por un presidente de la República -Fernando Lugo- que parecía, recién elegido, prometer cambios profundos.

Por otro lado, hay el descubrimiento de una inmensa cantidad de documentos oficiales que constituyen los «Archivos de terror», hecho que no encuentra la misma dimensión en los países limítrofes, aparentemente más consolidados en sus logros democráticos. Hay también el informe final de la Comisión de Verdad y justicia que se enfrentó con el desafío de la amplitud del período de investigación y del tipo de violaciones averiguadas. Ambos, los «Archivos del terror» y el Informe de la Comisión, representan uno de los más extraordinarios «monumentos» a la verdad sobre violaciones de los derechos humanos construidos en la región latinoamericana. Pero la sensación es que el derecho a la Verdad, la lucha contra el ocultamiento y el olvido no son suficientes en sí mismos para construir una sociedad y una convivencia basadas en una cultura de respeto irrestricto al Estado de Derecho y a la justicia social. La justicia penal, a pesar de algunos logros, es muy lenta, la impunidad rampante, las reformas institucionales, legales y económicas insuficientes, y las reparaciones a las víctimas se logran no sin pocos problemas.

Para Esteban Cuya la justicia transicional, para que sea eficaz, debe aplicarse integralmente, con todos sus elementos, es decir, verdad, justicia, medidas de reparación y reformas institucionales. Dejar de aplicar alguno de sus componentes puede significar maniobras para sustraer al país del control supranacional en materia de derechos humanos, y, por cierto, puede significar el riesgo de seguir reproduciendo situaciones de violencia interna masiva y perpetuarla aun en el período de la transición. Las estructuras organizadas de poder militar y policial, protegidas por la ausencia de castigo para los que actúan al margen de la ley, consolidan su ideología y accionar durante las siguientes generaciones.

Cuya recuerda también las afirmaciones de Paul Seils, vicepresidente del International Center for Transitional Justice de Nueva york:

El reto último y principal de la justicia transicional es la reconstrucción de las relaciones de confianza entre el Estado y sus ciudadanos. Esto sólo será factible a través de una adecuada atención a las cuatro ramas mencionadas: justicia, verdad, reforma y reparación (Cuya 2011).

La situación actual del país no deja mucho espacio a una perspectiva optimista acerca de las relaciones de confianza entre el Estado y los ciudadanos. La percepción es que el peso del pasado, remoto y próximo, de las formas históricas del Estado paraguayo, tienen más fuerza y poder del «deber ser» que de principios y valores democráticos que permitan cambiar el presente. Pero también la historia se construye por muchos pequeños pasos, a menudo inciertos, y los historiadores se complacen en valorar, incluso, una sola e imperceptible señal de cambio en el difícil camino de la verdad y de la justicia.

Footnote

1. La autora agradece los comentarios de los evaluadores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.

2. República de Paraguay. Constitución Política de 1992. http://pdba.georgetown.edu/constitutions/ paraguay/para1992.html.

3. Martín Almada, un conocido profesor y figura política, se puso bajo la mira de la policía secreta de Stroessner en 1974, cuando publicó un discurso doctoral crítico sobre la educación en Paraguay. Fue detenido y acusado de «terrorismo» y vinculación con los comunistas paraguayos. Fue torturado antes de pasar los siguientes tres años en el campo de concentración Emboscada. Su esposa de 33 años murió de un ataque al corazón tras recibir una llamada telefónica en la que los torturadores habían reproducido sus gritos. tras su liberación, en 1977, se marchó al exilio, pero después de la caída de Stroessner volvió a Paraguay e inició los procedimientos legales contra sus perseguidores (M. ALMADA 1993).

4. Centro de documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos. Corte Suprema de justicia de Paraguay. Informe elaborado por Rosa Palau con la colaboración del Equipo de Trabajo, diciembre 1993. Consultar también: http://www.unesco.org/webworld/paraguay/index.html. y A. BOCCIA et al. (1994: 445-446).

5. http://www.unesco.org/webworld/paraguay/objectivos.html.

6. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, oea/Ser./l/vii.110 Doc. 52, 9 marzo 2001. http://www.cidh.org/ countryrep/Paraguay01sp/indice.htm. En octubre de 2002 las organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la Mesa Iniciativa Memoria y Archivo de la Represión, declarando el 2003 « Año de la Memoria » y volvieron a pedir la formación de una Comisión de la Verdad.

7. Es posible consultar el discurso en: http://www.mre.gov.py/discursos/listado.asp?codigo=68.

8. La Ley 2.225 se presentó oficialmente el 3 de febrero de 2004 durante una ceremonia pública en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El texto completo: http://www.derechos.org/nizkor/paraguay/ doc/cvpry1.html.

9. Diarios La Nación y Última Hora. Asunción, 8 de noviembre de 2006. La noticia fue difundida también por el periodista Nemesio Barreto Monzón: http:// www.desaparecidos.org./bbs/archives/ 002089.html.

10. G. CARCHELLA. Paraguay, la destra in divisa progetta il suo ritorno. Il Riformista, 16 de mayo de 2006. también en: http:// www.lettera22.it/showart.php?id=4882&rubrica=139.

11. Informe Latinobarómetro 2006. www.latinobarometro.org/.

12. La Nación, 17 de agosto de 2006. http://www.lanacion.com.py/noticias.php?not=139848.

13. Muerte de Stroessner generó duelo verbal entre colorados y opositores. La Nación, 18 de agosto de 2006. http://www.lanacion.com.py/noticias.php?not=139921.

14. Martín Almada, citado en O. BRAS. Stroessner est mort en toute impunité. Courrier International, 18 de agosto de 2006. http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=65324.

15. Vale la pena destacar los aportes de la Acción Ecuménica Sueca (DIAkONIA); de las embajadas de Alemania, Argentina y Suiza; del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones y de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina; del Ministerio del Interior de Chile, la Universidad Roma tre, Italia; de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; del Sistema de las Naciones Unidas del Paraguay a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

16. http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/antecedentes.html.

References

VIII. BIBLIOGRAFíA

ACUñA, Edith. El precio de la paz. Asunción: CEPAG, 1991.

ALMADA, Martín. Paraguay, la cárcel olvidada, el país exiliado. Asunción: Intercontinental Editora, 1993.

AMERICASWAtCH COMMIttEE. Rule by fear: Paraguay after thirty years under Stroessner. New york: Americas Watch Committee, 1985.

AMERICASWAtCH COMMIttEE. Paraguay. Latin America's Oldest Dictatorship Under Pressure. New york: Americas Watch Committee, 1986.

AMERICASWAtCH COMMIttEE. Paraguay: repression in the countryside. New york: Americas Watch Committee, 1988.

AMNIStíA INtERNACIONAL. Paraguay: obstáculos a las investigaciones sobre la era Stroessner. Madrid: EDAI, 1991.

AMNIStíA INtERNACIONAL. Relación Annual, 2004. http://www.paraguay.it/paraguayamnesty.html.

AMNIStíA INtERNACIONAL. Relación Anual, 2006. http://www.amnesty.it/pressroom/ra2006/paraguay. html?page=ra2006.

BARREIRO, Line et al. Alquimistas: Documentos para otra historia de las mujeres. Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1993.

BARREIRO, Line et al. El Costo de la libertad. Asesinato y heridas en el marzo paraguayo. Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1999.

BECkER, Gustavo M. Dictadura-Democracia-transición. El proceso de transformación en Paraguay. En POttHASt, Barbara et al. (eds.). El espacio interior de América del Sur. Vervuert: Frankfurt/Main-Madrid, 1999: 85-104.

BELLINI, Noberto. I contadini paraguayani: storia di un popolo dimenticato. Venezia: CIPA-At, 1988.

BENítEZ FLORENtíN, juan M. Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay y la lucha antiterrorista. Ponencia presentada en el seminario organizado por la Comisión Internacional de juristas y CELS. Buenos Aires, 31 de octubre de 2006. Disponible en: ejp.icj.org/IMG/BenitezFlorentin. pdf.

BLANCH, josé María et al. El Precio de la Paz. Asunción: Centro de Estudios Paraguayos «Antonio Guasch» (CEPAG), 1991.

BOCCIA PAZ, Alfredo; GONZÁLEZ, Myrian y PALAU AGUILAR, Rosa. Es mi Informe. Los Archivos Secretos de la Policía de Stroessner. Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1994.

BOCCIA PAZ, Alfredo et al. En los sótanos de los generales: Los documentos ocultos del Operativo Cóndor. Asunción: Expolibro/Servilibro, 2002.

BOSELLI, Cristina (ed.). La constitución de 1992. Diez años después. Asunción: CIDSEP/IPDC, 2002.

BOUVIER, Virginia M. Decline of the dictator: Paraguay at a Crossroads. Asunción:Washington Office on Latin America, 1988.

CABALLERO AqUINO, Olga. Por orden superior. Asunción: Intercontinental Editora, 1989.

CABELLO SARUBBI, Oscar. Storia del Paraguay. Manziana: Vecchierelli Editore, 1999.

CALLONI, Stella. Estados Unidos busca ocultar que fue cómplice de Stroessner. La Jornada, México, D.F., 23 de febrero de 1993.

CALLONI, Stella. Operación Cóndor: los años del lobo. Buenos Aires: Ediciones Continente, 1999.

CALLONI, Stella. Impune y en un dorado exilio en Brasilia, muere Stroessner, ex dictator paraguayo. La Jornada, México, D.F., 17 de agosto de 2006. http://www.jornada.unam.mx/2006/ 08/17/037n1mun.php.

CENtRO DE DOCUMENtACIóN y EStUDIO. La represión de las ligas agrarias de San Pedro, Caaguazú y Paraguari: memorias, testimonios y comentarios. Asunción: CDE, 1993.

CENtRO DE DOCUMENtACIóN y EStUDIO. La represión de las ligas agrarias campesinas de Misiones: memorias, testimonios y comentarios. Asunción: CDE, 1993.

CEPAG. Ko'anga roñe'eta (Ahora hablaremos). Testimonio campesino de la represión en Misiones (1876-1978). Asunción: CEPAG, 1990.

COMISIóN INtERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Washington: OEA/Ser.L/II. 110 Doc. 52, 2001.

COMItÉ DE IGLESIAS. Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay. 2003. Asunción: Comité de Iglesias, 2003.

COMItÉ DE IGLESIAS PARA AyUDAS DE EMERGENCIAS. Testimonio contra el olvido. Reseña de la Infamia y el Terror. Paraguay 1954-1989. Asunción: CIPAE, 1999.

COMISIóN DE VERDAD y jUStICIA. Informe final. Anive haguä oiko, tomos I-VIII. Asunción: Print Servis, 2008.

CUyA, Esteban. Las Comisiones de la Verdad en América Latina, 1996. www.derechos.org/koaga/ iii/cuya.html.

CUyA, Esteban. La Justicia transicional en América Latina. Desarrollo, aplicación y desafíos, 2011. http://www.menschenrechte.org/lang/de/strafgerichtsbarkeit/justicia-transicional#anker10.

DINGES, john. The Condors years. How Pinochet and his allies brought terrorism to three continents. New york: the New Press, 2004.

FERREIRA, María Luisa. Las víctimas del régimen stronista. Asunción: Intercontinental, 1990.

FIORANI, Flavio. I paesi del Rio de la Plata. Argentina, Uruguay e Paraguay in età contemporanea (1870-1990). Firenze: Giunti Editore, 1992.

GARCíA, Rogelio. El Paraguay de Stroessner. Buenos Aires: Ediciones B, Colección Reporteros, 1989.

GAUtO, Dionisio; GARCíA RAMíREZ, Nelson y tALAVERA, Raquel. No existe voluntad política para indemnizar. En Derechos Humanos en Paraguay. Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2002.

GONZÁLEZ DELVALLE, Alcibíades. Contra el olvido. La vida cotidiana en los tiempos de Stroessner. Asunción: Intercontinental Editora, 1998.

GUENA, Marcia. Archivio do Horror: documentos secretos das ditaduras de Paraguai (1960-1980). São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1996.

HAyNER, Priscilla. Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity. New york: Routlegde, 2010.

jOINEt, Louis. Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.

jUStE, Ramón. Editorial. Acción. Revista de Reflexión y Diálogo de los Jesuitas del Paraguay, 1974, octubre.

kEyLOR, William R. Un mondo di nazioni. L'ordine internazionale dopo il 1945. Milano: Guerini Scientifica, 2007.

LAMBERt, Peter. Ideology and opportunism in the regime of Alfredo Stroessner. En FOWLER, Will (ed.). Ideologues and Ideology in Latin America. Westport: Greenwood Press, 1997.

LEWIS, Paul H. Paraguay under Stroessner. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980.

MCSHERRy, Patrice. Predatory States: Operation Condor and covert war in Latin America. Lanhan: Rowman & Littlefield Publishers, 2005.

MEILINGER DE SANNEMAN, Gladys. Paraguay y el Operativo Cóndor en los archivos del Terror. Asunción: CDE, 1994.

MIRANDA, Aníbal. Partido Colorado, la máxima organización mafiosa. Asunción: Miranda & Asociados, 2002.

PALAU, Rosa. De «Archivo del Horror» a Centro de Documentación para defensa de los derechos humanos. Asunción: CDA, Corte Suprema de justicia, Fiscalía General del Estado, 1993.

PANE, Lane. Los Paraguayismos. El español en el habla cotidiana de los paraguayos. Asunción: Arandurã Editorial, 2005.

PELLI, Aldo. Oportunidad para la Democracia en Paraguay: Implementación y Funcionamiento de la Comisión de Verdad y justicia. En Derechos Humanos en Paraguay. Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2003.

ROUqUIÉ, Alain. À l'ombre des dictatures. La democratie en Amérique Latine. París: Albin Michel, 2010.

SCHEMO, Diana j. Alfredo Stroessner, paraguayan exdictator, dies. New York Times, 17 de agosto de 2006.

SIMóN, josé Luis. La dictadura de Stroessner y los Derechos Humanos. Asunción: Comité de Iglesias, Serie Nunca Más, vol. 1, 1992.

VALIENtE, Hugo. Comisión de Verdad y justicia en Paraguay: confrontando el pasado autoritario. Revista de Estudios Políticos Contemporáneos, 2003, 5. Disponible en: http://novapolis. pyglobal.com/05/verdadjusticia.php.