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El conflicto de Wirikuta y la contaminación y daño en el río Sonora permiten analizar los conflictos socio-ambientales desde la perspectiva de la justicia ambiental y la ecología política. En ambos casos, diversos actores se confrontan por un territorio frente a intereses empresariales o de Estado, en donde es sintomática la falta de equidad procedimental, geográfica y social en las concesiones otorgadas a las industrias mineras.
Introducción
En la década de 1990, la industria minera global experimentó una expansión sin precedentes, su presencia se hizo sentir en países que nunca antes habían mostrado una historia comercial minera, particularmente en el Sur global. Entre 1990 y 1993, se tenía registro de 105 países con actividad minera; para 1994 esa cifra se incrementó a 151. América Latina se convirtió en el destino más importante de las inversiones de capital minero (Chalmen, 1999; 2000). Esta expansión fue resultado del aumento de precios de los minerales en respuesta a la creciente demanda promovida por las instituciones financieras internacionales, las cuales favorecieron la privatización y permitieron el ingreso de inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales, antes inaccesibles.
Este auge ha impue sto altos costos sociales y ambientales a las comunidades del Sur global al poner en jaque la subsistencia de economías locales. Consecuentemente, los conflictos entre las compañías mineras y las comunidades se han extendido al ritmo de crecimiento de la propia industria. Esta situación impone importantes retos a las comunidades, que regularmente no poseen los conocimientos ni las herramientas que se necesitan para enfrentar el conflicto de manera adecuada y constructiva.
Bajo este tenor, las comunidades han empezado a desarrollar un número de estrategias para asegurar el control sobre la actividad minera. En algunos casos, han impedido desarrollar los proyectos mineros en su territorio, argumentando la incompatibilidad del proyecto con su desarrollo local, así como los daños ambientales y sociales que los proyectos ocasionan a sus comunidades. Una constante en estos casos es la participación activa de varias Organizaciones no Gubernamentales (ong).
Este artículo examina los impactos mineros a nivel social y ambiental. Para ello, indaga en la correlación del movimiento de justicia ambiental y la ecología ambiental y muestra la importancia que adquiere la llamada ecología de los pobres frente al auge de la...