EL DERECHO A LA REPUTACIÓN O BUEN NOMBRE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: Notas a la STC 79/2014, de 28 de mayo

Abstract

The acknowledgement of the entitlement to honor legal persons has always been a controversial issue by the doctrine and jurisprudence. Proof of this is the extensive case law that attempted to divide a matter of complex and diffuse profiles. With the STC 79/2014 is not only an express acknowledgement of such ownership is done but reopened the debate about the degree of criticism tolerance that must withstand political parties as a criterion weighting conflict between freedom of public communication and the right to honor.

Headnote

TITLE: The right to reputation or good name of political parties. Comment on STC 79/2014

ABSTRACT: The acknowledgement of the entitlement to honor legal persons has always been a controversial issue by the doctrine and jurisprudence. Proof of this is the extensive case law that attempted to divide a matter of complex and diffuse profiles. With the STC 79/2014 is not only an express acknowledgement of such ownership is done but reopened the debate about the degree of criticism tolerance that must withstand political parties as a criterion weighting conflict between freedom of public communication and the right to honor.

RESUMEN: El reconocimiento de la titularidad del derecho al honor de las personas jurídicas siempre ha sido una cuestión controvertida por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Buena prueba de ello es la abundante jurisprudencia que ha tratado de delimitar una cuestión de perfiles complejos y difusos. Con la STC 79/2014 no sólo se realiza un reconocimiento expreso de dicha titularidad sino que se abre de nuevo el debate respecto al grado de tolerancia crítica que deben soportar los partidos políticos como criterio de ponderación en los conflictos entre la libertad de comunicación pública y el derecho al honor.

KEY WORDS: Political parties, honor and political criticism.

PALABRAS CLAVE: Partido político, honor y crítica política.

FECHA DE RECEPCIÓN: 10.12.2014 FECHA DE ACEPTACIÓN: 04.02.2015

SUMARIO

I. Introducción.

II. Consideraciones previas en torno a la tutela judicial del derecho al honor de las personas jurídicas.

III. Reflexiones a propósito de la STC 79/2014, de 28 de mayo.

IV. Del problema perceptivo al requerimiento democrático.

I. INTRODUCCIÓN

Abordar la cuestión relativa al reconocimiento del derecho al honor de los partidos políticos supone enfrentarse a una construcción jurisprudencial cuyos difusos perfiles han sido azotados por una doctrina no del todo afín.

Las secuencias de análisis temporal de la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo (TS) como del Tribunal Constitucional (TC) nos llevan a consignar que entre las dos visiones o propuestas teóricas enfrentadas, se ha ido dibujando progresivamente un desarrollo jurídico favorable a su reconocimiento.

En esta labor la jurisprudencia ha debido gestionar una realidad que le era indeclinablemente impuesta por los hechos. En este sentido, Aragón Reyes ha trazado una evolución de nuestra jurisprudencia de forma que, el TS «(...) partiendo de una primera etapa de reconocimiento sin dudas de la titularidad del derecho al honor por las personas jurídicas (SSTS de 31-3-1930, 25-6-1945, 7-2- 1962, 23-3-1987, 22-10-1987, 24-1-1988, 30-3-1988 y 18-7-1988, entre otras), pasó por una fase intermedia de soluciones contradictorias, en las que unas sentencias negaron aquella titularidad (así, por ejemplo, las SSTS de 24-10-1988, 27-1-1989, 26-2-1989 y 12-5-1989) y otras la afirmaron con serias restricciones (así la STS 5-10-1989), para desembocar en una situación, la actual, en la que salvo alguna excepción, la tesis general es la del reconocimiento de la titularidad (SSTS de 15-2-1992, 9-12-1993 y 26-3-1993, entre otras)»1. De igual modo, continua el citado autor, la jurisprudencia del TC «(...) pasó también por una etapa de ambigüedad o relativa indefinición (STC 107/1988) que no acabó de despejarse hasta fechas recientes, pese a que determinados pronunciamientos (contenidos en el Auto 106/1980, así como en las SSTC 51/1989 y 121/1989) no negaban la titularidad del derecho al honor por las personas jurídicas e incluso otros (STC 214/1991) la reconocían casi expresamente. Esa etapa terminó con la STC 139/1995, verdadero «leading-case» que permite hablar de un antes y un después en la jurisprudencia constitucional»2. Posteriormente, otra sentencia, la STC 183/1995 confirmaba este reconocimiento, de modo que quedaba definitivamente aceptada la doctrina que admite la titularidad del derecho al honor por parte de las personas jurídicas3.

En este contexto de expreso reconocimiento, merece la pena ser destacada la reciente STC 79/2014, de 28 de mayo, ya que de manera incidental pero con rotundidad, reconoce la titularidad del derecho al honor de un tipo concreto de personas jurídicas como son los partidos políticos.

El interés esencial de esta sentencia propuesta no sólo radica en esta confirmación vinculada a la identidad específica de los partidos políticos sino que el propio Tribunal aunque reconoce este derecho a los partidos políticos, lo hace advirtiendo que deben «soportar un grado de tolerancia crítica mayor». Una cuestión controvertida que merece la pena ser destacada por sus evidentes implicaciones prospectivas.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS EN TORNO A LA TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. La discutible titularidad

Con carácter general, y respecto al reconocimiento de las personas jurídicas como titulares de derechos, Cruz Villalón sostiene que en la Constitución española no existe ningún pronunciamiento general sobre la titularidad de los derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 19.3 de la Ley Fundamental de Bonn4. En cambio, sí aparece una mención expresa a las personas jurídicas en la regulación de la legitimación para interponer recurso de amparo por violación de derechos fundamentales (art. 162.1 b CE) siempre y cuando se alegue un «interés legítimo». Una opinión compartida por Gómez Montoro que considera que esta importante distinción entre titularidad y legitimación5, y la inexistencia de un reconocimiento expreso a la titularidad de los derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas (que también Portugal reconoce en el art. 12 de su Constitución), parece quererse solucionar a través de la abundante jurisprudencia que sobre esta materia establece el Tribunal Constitucional6.

Es más, es precisamente a través de la construcción jurisprudencial operada en torno a la legitimación en la defensa de los derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas como se ha ido llegando al análisis y discusión de la titularidad. De manera que, pese al no reconocimiento expreso de la titularidad, se han ido construyendo una serie de aportaciones a mi juicio decisivas. Es el caso de la distinción entre «interés legítimo» (art. 162.1 b) CE) e «interés directo» (art. 46 LOTC). Dos conceptos frecuentemente utilizados como equiparables, pero que tal y como sostiene Lasagabaster obedecen a dos técnicas jurídicas muy diferentes7. Quizá la confusión inicial se deba a que, como señala Díaz Lema, el constituyente se inspiró en la legitimación por interés directo de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa para la configuración de su precepto constitucional, aunque la mayoría de la doctrina e incluso la jurisprudencia8 entendieron que nos hallábamos ante una figura más amplia que la del «interés directo»9. Una situación que, a juicio de Gimeno Sendra, llevó a un importante sector de la doctrina a calificar de «presuntamente inconstitucional» el artículo 46 de la LOTC, aunque finalmente se ha adoptado la posición mayoritaria que considera que «el concepto de «persona directamente afectada», de conformidad con el artículo 162.1. b de la CE, hay que reconducirlo al del «interés legítimo». Así, pues, no sólo tienen legitimación activa para ejercitar el recurso de amparo los titulares de la relación jurídica material que en él ha de discutirse, sino también los portadores de intereses generales, sociales, colectivos y difusos»10. De este modo, según Díaz Lema, la formulación constitucional del «interés legítimo» ha permitido establecer la denominada legitimación por sustitución para preservar sólo los derechos fundamentales para cuya defensa ha sido constituida la persona colectiva11.

Esta idea plantea, a mi juicio, dos inconvenientes. En primer lugar, y tal y como destaca Lasagabaster, la posibilidad de que las personas colectivas defiendan derechos de los que son titulares las personas físicas que lo integran no puede llevar a la «errónea conclusión de que los derechos fundamentales no pueden ser titularizados por personas jurídicas en cuanto tales»12. Y en segundo lugar, se corre el peligro de que, como apunta Díaz Lema, la legitimación en su vertiente objetiva se desvíe hacia la reducción de los posibles derechos que pueden pretender el amparo y sólo se contemplen aquellos que están inmediatamente relacionados con la persona colectiva13.

Por lo tanto, la legitimación propugnada por el artículo 162 de la CE permite el amparo no sólo de su titular, sino también de otras personas colectivas, frente a la violación de los derechos fundamentales a que dio origen la persona colectiva y para cuya defensa actúa. No obstante, si inicialmente afirmábamos que ese «interés legítimo» parecía contemplar una noción más amplia de interés que la de «interés directo», Díaz Lema considera que, debido a su distinta estructura y finalidad [una relación bipolar en el «interés directo» (recurrente/interés sustancial que se deduce en juicio) y una relación triangular en el «interés legítimo » (recurrente/titular del derecho fundamental/derecho de amparo)] esta cuestión resulta hoy en día discutible14.

En este sentido, Garrigou-Lagrange sostiene que con carácter general puede afirmarse que si una asociación ha adquirido personalidad jurídica, puede comparecer en juicio de igual modo que los individuos, pero esto planteará nuevos problemas, no en el plano de la capacidad sino en el del interés. Puesto que, «una acción ante la justicia no es, efectivamente, admisible más que si el interés lesionado es directo y personal; sin embargo, no resulta evidente que esta condición se halle espontáneamente en armonía con la noción de interés colectivo, que es, por lo demás, una realidad delicada de expresar. En efecto puede entenderse de dos maneras diferentes (...) o la agrupación aparece como un mero representante colectivo de los intereses individuales puestos en común, que no hace más que centralizar (...), o bien se concibe como una realidad autónoma, distinta de la personalidad de sus miembros que la componen y se identifica con la colectividad misma que realiza; el interés colectivo queda en este último caso desprendido de todo interés individual, «se hace un interés directo y personal del grupo y desde este momento, si el interés ha sido lesionado, puede actuar ante la justicia sin tener que demostrar que algunos de sus miembros, individualmente considerados, han sido afectados en sus intereses propios». Aquí nos encontramos en presencia de una «acción colectiva», por oposición al «ejercicio colectivo» de acciones individuales del que es exponente la precedente concepción»15.

Esta postura es la que parece adoptar el Tribunal Constitucional en la STC 64/88, de 12 de abril, en la que admite la posible titularidad de derechos de los grupos en los que se integran los individuos, o como denomina Cruz Villalón de los «individuos colectivos», a quienes, con base en un precepto constitucional, el artículo 9.2, parece que se les reconoce una titularidad directa e inmediata sobre ciertos derechos16. No obstante, ese reconocimiento está condicionado a la finalidad y realización de unos intereses o valores concretos que forman el sustrato último del derecho fundamental, por lo que sólo cuando los grupos actúen como agentes o instrumentos que posibilitan el ejercicio de un derecho estarán legitimados para defenderlo17.

Este es el caso de los partidos políticos de cuya titularidad en relación al derecho al honor parece existir ya casi unanimidad en su reconocimiento, siempre y cuando tengamos la precaución de determinar a qué hacemos referencia cuando hablamos de honor. Cuestión que veremos a continuación.

2. La noción del honor

La segunda cuestión que cabe plantearse es si el derecho al honor entraría dentro de la categoría de derechos susceptibles de ser invocados para su defensa por parte de las personas jurídicas. Y en relación a esta materia hay que señalar que las personas jurídicas integran una categoría jurídica bastante heterogénea, de manera que, tal y como consideró la STC 19/83, la cuestión de la titularidad de los derechos fundamentales no puede ser resuelta con carácter general en relación con todos los derechos (artículos 14 a 29 CE) sino que, en función del tipo de persona jurídica ante la cual nos encontremos, podremos analizar si ésta tiene expresamente reconocido o no un derecho fundamental (como por ejemplo los artículos 27 y 28 de la CE). Así, el Tribunal Constitucional, en sentencias como la STC 137/85 o STC 64/88, ha venido introduciendo por vía jurisprudencial el contenido del artículo 19.3 de la Ley Fundamental de Bonn, que condiciona la titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas a su contenido o esencia («ihrwessennach»).

Una determinación que queda reforzada gracias a la STC 139/1995, de 26 de septiembre, que a partir del reconocimiento de la titularidad de derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas, establece varias categorías o niveles que van desde un reconocimiento expreso de la titularidad de derechos (art. 27, 28.1, etc. de la CE), a uno en función de los derechos fundamentales acordes con los fines de la persona jurídica (una declaración claramente inspirada en el art. 19.3 de la Ley Fundamental de Bonn), para por último establecer la posibilidad de la titularidad de los derechos fundamentales instrumentales al cumplimiento de sus fines. Esta última categoría supone una esfera adicional de protección (la propia sentencia los denomina derechos «complementarios») que, como señala Ferrer Riba, coadyuda a la consecución de los fines, en especial en atención a la identidad de la persona jurídica18. No en vano esta sentencia en su FJ. 5° señala que «a través de los fines para los que cada persona jurídica ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor». Por esta vía, el Tribunal Constitucional extiende la categorización como derechos fundamentales de las personas jurídicas a los derechos que sirvan instrumentalmente al cumplimiento de sus fines, aunque no tengan por objeto directo la protección de éstos. Lo que conduce a una situación paradójica e inversa a lo que ocurre en Alemania, donde las personas jurídicas podrán utilizar la vía del recurso de amparo si y sólo en la medida en que sean titulares de derechos fundamentales19.

Por todo ello, y para concretar qué derechos fundamentales pueden ser reconocidos a las personas jurídicas, habrá que analizar derecho a derecho, es más, incluso cabe la posibilidad de que en un mismo derecho haya aspectos que pueden ser propios de una persona jurídica y otros no. A mi juicio, éste es el caso del derecho al honor.

Así, con carácter general, la doctrina mayoritaria ha considerado a los derechos de la personalidad (entre los que cabe incluir el derecho al honor) como derechos únicamente predicables de las personas individualmente consideradas, aunque tal y como sostiene Carrillo, hay que repensar este planteamiento teórico por la vigente superación de las relaciones Estado-individuo20. Ahora bien, una cosa es replantear y reformular un concepto jurídico indeterminado como es el honor, y otra muy distinta admitir sin más que este derecho sea predicable de las personas jurídicas. Al respecto, la doctrina también parece dividida, ya que mientras un determinado sector doctrinal, con base en el artículo 10 de la CE, considera que el honor tiene un carácter personalista y por tanto, no predicable de las personas jurídicas21, otros autores defienden la titularidad de este derecho por parte de aquéllas, por considerar el honor como estima que una persona recibe en la sociedad en la que vive, lo que sin duda sería también atribuible a una persona jurídica22.

Esta última postura parece ser mayoritaria aunque con matices, ya que dentro del reconocimiento del derecho al honor a las personas jurídicas cabría distinguir entre las personas jurídico-públicas y jurídico privadas. De tal modo que, siguiendo a Vidal Marín, aunque estemos ante una cuestión de interpretación23 en la que habrá que atender a la naturaleza jurídica del derecho al honor, no cabe establecer ningún impedimento para proclamar la titularidad del derecho al honor de las personas jurídico-privadas, pero en cuanto a las personas jurídico-públicas la cuestión no queda en absoluto clara, ya que al hacer mención a las personas jurídicas de naturaleza pública, resulta necesario establecer una distinción dependiendo de si éstas actúan en relaciones de Derecho Privado o en relaciones de Derecho Público. Esta distinción obedece al hecho de que en este ámbito está en juego la propia configuración y naturaleza de los derechos fundamentales. Pues bien, afirmado lo anterior, se considera que cuando las personas jurídico-públicas actúan en relaciones de Derecho Privado, éstas ocupan la misma posición que los particulares en la relación jurídica, esto es, cualquier parte de la relación jurídica puede estar en situación de inferioridad con respecto a la otra. Por lo tanto, admitiendo que las personas jurídico-privadas tengan derecho al honor, habría que admitir también que lo posean las personas jurídico-públicas cuando actúan en relaciones de Derecho Privado. Sin embargo, cuando las personas jurídico- públicas actúan en relaciones de Derecho Público (revestidas de imperium) éstas, a juicio de Vidal Marín, no podrán ser titulares del derecho al honor24. Una última cuestión que ha sido muy discutida por la doctrina25.

A mi juicio, y en la línea con lo anteriormente expuesto, únicamente las personas jurídico-privadas26 y las jurídico-públicas que actúan en relaciones de Derecho Privado son titulares del derecho al honor, por lo que no habría inconvenientes para que utilizasen las acciones previstas para la defensa y protección de su honor. Por otra parte también cabría considerar, finalmente, la distinción doctrinal entre el ámbito subjetivo y objetivo del derecho al honor, por cuanto que tratándose de personas jurídicas, parece únicamente defendible ante los tribunales el aspecto objetivo (buena reputación, estima social o fama), y no el subjetivo (propia estimación)27.

Esta última diferenciación, estimo que es la clave que justifica y dota de argumentos para la defensa del derecho al honor por parte de las personas jurídicas, y es que, tal y como señala Carrillo, «en un modelo social y político como el actual, el derecho al honor o lo que resultaría más adecuado denominar (...) como el derecho a la consideración social o reputación, incide sobre ámbitos que superan el reducto individual de la persona para incidir también sobre grupos sociales de naturaleza heterogénea, que son sensibles a la consideración que el entorno social tenga de ellos y, fundamentalmente de la actividad que realizan y de la coherencia de sus presupuestos fundacionales con la práctica cotidiana»28.

III. REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA STC 79/2014, DE 28 DE MAYO

La STC 79/2014, de 28 de mayo, resuelve un recurso de amparo promovido por dos políticos (Joan Puigcercós i Boixassa y Josep LLuís Carod Rovira) y un partido político (Esquerra Republicana de Catalunya) contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2010, que desestimó su demanda de protección del derecho al honor en relación con las opiniones y expresiones proferidas por el periodista Federico Jiménez Losantos en diversos tramos de su programa «La Mañana» de la cadena radiofónica Cope.

Esta sentencia se enmarca dentro del frecuente conflicto entre la genérica libertad de comunicación pública contenida en el artículo 20 CE y el derecho al honor del artículo 18 CE. Y en ella se trata de delimitar los límites admisibles de la crítica en el ámbito de la política desvinculando los juicios de valor y las expresiones hirientes o desabridas de la información transmitida. Estas consideraciones unidas al interés general de las informaciones que tuvieron una constatación fáctica, determinaron que el fallo fuera desfavorable para los recurrentes de amparo.

No obstante, esta sentencia de forma incidental al objeto central de estudio, va a querer asentar su doctrina en torno al reconocimiento de la titularidad del derecho al honor de los partidos políticos. Y lo va a hacer desde la consideración de que en este caso concurre el requisito de la especial trascendencia constitucional29, tal y como establece el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, apreciación que va a permitir perfilar y esclarecer algunos aspectos de la doctrina constitucional en esta materia.

De este modo, las ideas sugerentes que se pueden extraer de su texto se podrían agrupar en torno a dos cuestiones substanciales:

1. La identidad como criterio delimitador de sus fines

Para apreciar si un partido político puede invocar su derecho al honor cuando se ha producido una vulneración del mismo, se suele comenzar por determinar su singular naturaleza jurídica, y con carácter general, la mayoría de la doctrina está de acuerdo en considerar que los partidos políticos «son asociaciones privadas que ejercen funciones de relevancia pública y constitucional, careciendo, por tanto, de la consideración de poderes públicos o de órganos del Estado»30. La cuestión sobre la naturaleza jurídica de los partidos se torna, así, a juicio de Bastida Freijedo, «en la de la naturaleza jurídica de las funciones de los partidos. Sólo tiene sentido preguntarse por aquella primera cuestión cuando, con carácter previo, determinadas funciones de los partidos, por ejemplo las electorales o las de integración política son adoptadas por el legislador como horma de la definición jurídica de partido»31. De esta forma, partiendo de la función trascendental de los partidos políticos como instrumentos que posibilitan la formación de la voluntad política, es conveniente, a mi juicio, que tengan acceso a la defensa de su derecho al honor (en su vertiente objetiva) porque éste constituye un derecho que protege la existencia y la identidad del ente, así como permite de forma indirecta el libre desarrollo de su actividad.

Un partido político que cumple con unos determinados fines (art. 6 de la CE) debe de tener reconocidos los derechos que garanticen el cumplimiento de los mismos, entre los que evidentemente no se encuentra el derecho al honor. No obstante, si al partido político le atribuimos una identidad y existencia precisa para que lleve a cabo sus objetivos concretos, debemos reconocerle el derecho al buen nombre y reputación frente a terceros como garantía de su existencia y del libre desenvolvimiento de sus funciones. Una idea que sostengo, sobre la base de que la credibilidad o la confianza en el partido político por parte del auditorio que le es propio, resulta fundamental para poder desarrollar los fines para los cuales la entidad ha sido creada. Tal y como expone Carrillo, «la asociación implicada a través de sus miembros o de sus órganos de gobierno, en la comisión de un delito de corrupción sigue existiendo como grupo al margen de la difamación; lo que no permanecerá igual es la opinión ajena sobre su respetabilidad. Y es ésta la franja jurídicamente tutelable de forma autónoma como derecho fundamental a la reputación social que, a su vez, es instrumental de otro de la misma naturaleza (el derecho de asociación)»32.

Así lo ha entendido el TC en su STC 79/2014 ya que en su FJ 3° deja claro que: «(...) Resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines, como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, «la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena (art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982)» (STC 139/1995, de 26 de septiembre, FJ 5)».

En consecuencia, este Tribunal estima que no cabe excluir a los partidos políticos de la protección que dimana del derecho al honor frente a aquellas afirmaciones y expresiones que los difamen o los hagan desmerecer en la consideración ajena. Y lo hace también, en atención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acepta que la protección de la reputación y el honor (art. 8 del Convenio europeo de derechos humanos) se predique también respecto de los partidos políticos (SSTEDH caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, etc.).

Con anterioridad, el TC no se había mostrado tan contumaz y los escasos precedentes jurisprudenciales que existían no resultaban especialmente significativos (es el caso del ATC 106/1980, de 26 de noviembre, en el que se planteaba (no directamente y sin entrar al asunto) si un partido político (en este caso «Fuerza Nueva») podía ser titular del derecho al honor33 o algunos casos más respecto a la denominación de los partidos políticos34). La única sentencia reseñable en la materia era la STS de 5 de octubre de 1989, en la que el PSOE reclamó la reparación de su honor, pero que el Supremo rechazó con base en la inconveniencia que suponía otorgar un trato uniforme en la titularidad del honor a todas las personas jurídicas sin distinguir entre aquéllas que tenían un sustrato personalista (universitatespersonarum) y las que tenían un sustrato patrimonial (universitatesbonorum) 35. A juicio de Ferrer Riba, esta sentencia, marcada por la doctrina entonces imperante que atribuía un carácter exclusivamente personalista al derecho al honor, podía haber sido resuelta de modo favorable al partido36. Es más, para Salvador Coderch, en esta sentencia el Tribunal es perfectamente consciente de la falta de fundamentación material y por ello sugiere «la conveniencia de una más específica protección y tutela jurídica de los partidos políticos como instituciones públicas fundamentales en un Estado social y democrático de Derecho (...) todo lo cual acentúa y encarece la necesidad de evitar en los debates políticos y polémicas consiguientes un lenguaje que desmerezca de la cualificada función que tanto a los miembros de los distintos partidos como a los profesionales de la prensa compete en la conveniente y enriquecedora confrontación y críticas políticas, evitando en todo caso expresiones y términos impropios de las mejores y más prestigiosas democracias parlamentarias»37.

Ya entonces, la opinión ampliamente compartida y defendida, entre otros por Carrillo, era la de que no cabía sostener que los partidos políticos como entidad asociativa reclamasen para sí el derecho al honor, pues el libre debate en una democracia representativa y pluralista justificaba que el crédito del partido se solventase en las elecciones38. A mi juicio esta tesis suponía confundir y superponer dos ámbitos de actuación (uno jurídico y otro político) que nada tienen que ver, por cuanto no cabe esperar un juicio político de un problema jurídico. Ciertamente, la percepción del problema ha variado significativamente, y aunque en el ámbito político existe un plus de libertad de comunicación pública, esto no implica que dicha libertad no tenga ningún límite.

La enorme potencia discursiva de los ciudadanos en democracia electoral condiciona la esfera de la opinión pública, por lo que debemos garantizar una tutela jurídica adecuada a los partidos políticos en relación a sus fines vinculados con su propia identidad.

2. La exigencia de una mayor tolerancia crítica

Junto al expreso reconocimiento de la tutela del honor de los partidos políticos, en la STC 79/2014 se determina en su FJ 3° que: «(...) Cuestión distinta será si el grado de tolerancia a la crítica debe ser mayor en el caso de los partidos políticos, en razón del papel fundamental que les asigna la Constitución como instrumento esencial para la participación política y, consecuentemente, para la formación y existencia de una opinión pública libre. Pero tan importante papel debe tener como contrapartida la posibilidad de que los partidos políticos deban soportar que se les valore y se les critique por parte de la opinión pública y los medios de comunicación, lo que supone también una protección constitucional dispensada por el reconocimiento de su derecho al honor, dentro de nuestro sistema democrático».

Esta controvertida noción pone de relevancia una obligación por parte de los partidos políticos, de soportar una mayor intensidad en las críticas que se le formulen pero ¿cuál podría ser el límite de lo tolerable?, ¿hasta qué punto ese mayor grado de tolerancia puede ser contraproducente por socavar las propias instituciones o instrumentos de la democracia?

Su delimitación puede quedar amparada en función de los criterios asociados a la resolución de los conflictos entre las libertades públicas y el derecho al honor (interés general, inexistencia de un derecho al insulto, etc.) pero el juicio de proporcionalidad quedará claramente condicionado por el contexto político del momento.

Esta fuerte indeterminación es puesta de manifiesto por el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, que en su voto particular (al que se adhiere la Magistrada Adela Asua Batarrita) estima que: «(...) deberíamos haber enfatizado esa particular protección del derecho al honor de las instituciones centrales del sistema democrático, precisamente por la función que tienen constitucionalmente encomendada».

Y lo hace bajo la firme convicción de que es posible compatibilizar los dos enfoques planteados en la sentencia (la existencia de una crítica potencialmente más incisiva constitucionalmente amparada y la especial protección frente a meras difamaciones gratuitas, insultos, afrentas o insidias): «(...) Y es que, de lo contrario, el prestigio de esas instituciones puede quedar en el camino comprometido o progresivamente deteriorado. Del reconocimiento constitucional de los partidos políticos (art. 6 CE), en suma, deberíamos derivar una singular tutela frente a la difamación gratuita (art. 6 en relación con el art. 18 CE) y no sólo una mayor potencialidad de la crítica legítima. Las instituciones necesitan ser protegidas, no sólo debida e intensamente criticadas (...)».

A mi juicio, con esta sentencia se abre paso a que la prosecución de una resolución de los conflictos quede afectada de modo indefectible por una realidad política siempre selectiva. Por ello estimo que, la crítica singularmente intensa a la que se ven sometidos los partidos políticos como instituciones centrales de participación política no debiera de dar cauce a una implícita desprotección porque las consecuencias políticas pueden ser especialmente significativas para nuestra democracia.

IV. DEL PROBLEMA PERCEPTIVO AL REQUERIMIENTO DEMOCRÁTICO

Los requerimientos mudables de la sociedad conforman su visión democrática del mundo de manera que hacer mención a la necesidad de tutela y protección del derecho al honor de los partidos políticos supone hacer un ejercicio de exigencia prospectiva.

La percepción de la pérdida de la solidez democrática de nuestras instituciones sólo puede agudizar nuestros problemas que como comunidad política tenemos todos los ciudadanos. Las descalificaciones, insinuaciones o exabruptos desfiguran la libertad de comunicación pública condicionando una opinión pública colaborativa, compartida entre todos. En esta tarea de conformación de la esfera pública discursiva, los hábitos informativos no han cambiado profundamente para buena parte de la sociedad, pero sí el tiempo, la dedicación. Y esta circunstancia de mayor exposición y atención hace mucho más vulnerables a nuestras instituciones, y especialmente a los partidos políticos.

Por ello, una comunidad política cuyo legado no puede ser la aceptación de su destino sino la construcción del mismo, debe de ser consciente de la necesidad de establecer ciertos límites a la tolerancia crítica de sus instituciones.

Sólo a partir de esta percepción podremos construir una narrativa social que las defienda y rehabilite y logre traspasar estas precauciones al ámbito jurídico evitando que las pretensiones de falaz descrédito socaven nuestra frágil democracia.

Footnote

1 Aragón Reyes, M., «El derecho al honor de las personas jurídicas y sus posibles colisiones con el derecho de información», recogido en Vega, P. de, y Morodo, R. (dir.), Estudios de teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú, Tomo III, Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Madrid, 2001, p. 1516.

2 Ibídem.

3 En este sentido cabe destacar entre otras obras: Carrillo, M., «La libertad de expresión, personas jurídicas y derecho al honor», Derecho Privado y Constitución, núm. 10, 1996. Álvarez García, F.J., El derecho al honor y las libertades de información y expresión, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999. Estrada Alonso, E., «El derecho al honor de las personas jurídicas», Poder Judicial, número especial XIII, 1990. Lasagabaster, I., «Derechos fundamentales y personas jurídicas de Derecho Público», Estudios sobre la Constitución española en homenaje al prof. García Enterría, Tomo II, Madrid, 1991. Feliu Rey, M.I., ¿Tienen honor las personas jurídicas?, Tecnos, Madrid, 1990. Ferrer Riba, J., «Sobre la capacidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas y su derecho al honor», Revista Jurídica de Catalunya, 1996. Saraza Jimena, R., «El honor de las personas jurídicas», Actualidad Civil, 1996. Rosado Iglesias, G., La titularidad de derechos fundamentales por la persona jurídica, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004. Rodríguez Guítian, A.M., «El derecho al honor de las personas jurídicas», Anuario de Derecho Civil, 1996. Vera Santos, J.M., Las personas jurídicas privadas como titulares del derecho al honor en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid, 1998. López-Jurado Escribano, F., «La doctrina del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre los derechos fundamentales de las personas jurídico-públicas: su influencia sobre nuestra jurisprudencia constitucional», Revista de Administración Pública, núm. 125, 1991.

4 «Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales, en la medida en que, por la propia naturaleza de éstos, les sean aplicables», recogido en Cruz Villalón, P., «Dos cuestiones de titularidad de derechos: los extranjeros; las personas jurídicas», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 35, mayo-agosto 1992, p. 75.

5 Tal y como ponen de manifiesto, entre otras, SSTC 19/83, de 14 de marzo y 53/83 de 20 de junio.

6 Entre otras ver, SSTC 19/1983, 53/1983, 137/1985, 64/1988, 241/1992, y especialmente la STC 23/1989. Gómez Montoro, A.J., «La titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas: un intento de fundamentación», Revista Española de Derecho Constitucional, año 22, núm. 65, mayo-agosto 2002, pp. 62-64.

7 Lasagabaster, I., «Derechos fundamentales y personas jurídicas de Derecho Público», Estudios sobre la Constitución española en homenaje al prof. García Enterría, Tomo II, Madrid, 1991, p. 655.

8 Entre otras ver STC 60/1982, de 11 de octubre.

9 Díaz Lema, J.M., «¿Tienen derechos fundamentales las personas jurídico-públicas?», en Revista de Administración Pública, núm. 120, septiembre-diciembre 1989, pp. 90-91.

10 Gimeno Sendra, V. y otros, Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional, Colex, Madrid, 2007, pp. 775-776.

11 Díaz Lema, J.M., «¿Tienen derechos...», op. cit., p. 94.

12 Lasagabaster, I., «Derechos fundamentales...», op. cit., p. 656.

13 Díaz Lema, J.M., «¿Tienen derechos...», op. cit., pp. 95-96.

14 Ibídem, p. 99.

15 Otro problema es la admisibilidad de la acción fundada sobre un interés colectivo que, en el derecho judicial privado tiene siempre por fundamento la protección de derechos subjetivos. En Garrigou-Lagrange, J.M., Asociaciones y poderes públicos, traducción de Manuel Gonzalo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974, pp. 75-76.

16 Cruz Villalón, P., «Dos cuestiones de titularidad...», op. cit., p. 76.

17 Un ejemplo en sentido contrario lo encontramos en la STC 141/85, que negaba la titularidad de un derecho a un sindicato por no derivar éste de su propia razón de ser.

18 Ferrer Riba, J., «Sobre la capacidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas y su derecho al honor», en Revista Jurídica de Catalunya, 1996, p. 152.

19 López-Jurado Escribano, F., «La doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los derechos fundamentales de las personas jurídico-públicas: su influencia sobre nuestra jurisprudencia constitucional », en Revista de Administración Pública, núm. 125, 1991, p. 569.

20 Carrillo, M., «La libertad de expresión, personas jurídicas y derecho al honor», en Derecho Privado y Constitución, núm. 10, 1996, p. 92.

21 Entre otros Jaén Vallejo, Estrada Alonso, ÓCallaghan Muñoz, etc.

22 En esta corriente doctrinal, que parte de un concepto objetivo del honor, se sitúan entre otros: Espín Templado, Carrillo, Herrero Tejedor, Feliu Rey, etc. Recogido en Vidal Marín, T., El derecho al honor...op. cit., pp. 91-96.

23 Vidal Marín, T., «Derecho al honor, personas jurídicas y Tribunal Constitucional», Indret, núm. 397, Barcelona, enero 2007, p. 2, y la ponencia que coincide y precede a este artículo: «Derecho al honor, personas jurídicas y Tribunal Constitucional» presentada en el V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en Valencia del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, p. 3.

24 SSTC 107/1988, 51/1989 y 121/1989. En Vidal Marín, T., El derecho al honor..., op. cit., pp. 103-107.

25 Entre otros por Jaén Vallejo, Carmona Salgado, ÓCallaghan Muñoz, etc.

26 Que encuentra también su apoyo, según Vidal Marín, en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación que reconoce en su artículo 1 este derecho tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas que hayan sido objeto de una información que les perjudique. En Vidal Marín, T., «Derecho al honor, personas jurídicas...», op. cit., p. 9.

27 Entre otras: SSTC 135/1995 y 183/1995.

28 Carrillo, M., «Libertad de expresión...», op. cit., p. 98.

29 En este sentido consultar, Tenorio Sánchez, P., El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Perspectivas de reforma, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2014, pp. 95-108.

30 Álvarez Conde, E., El derecho de partidos, Colex, Madrid, 2005, p. 118.

31 Bastida Freijedo, F. J., «La relevancia constitucional de los partidos políticos y sus diferentes significados. La falsa cuestión de la naturaleza jurídica de los partidos», en González Encinar, J. J. (coord.), Derecho de partidos, Espasa-Calpe, Madrid, 1992, p. 70.

32 Carrillo, M., «Libertad de expresión...», op. cit., pp. 113-114.

33 Pulido Quecedo, M., La constitución española con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2001, p. 482.

34 En este sentido ver, entre otras, STC 85/1986, FJ. 4°, STC 69/1986, FJ. 2°, STC 103/1991, FJ. 2°, etc.

35 Distinción que también sostuvo en las SSTS de 9 de diciembre de 1993 y la de 5 de abril de 1994.

36 Ferrer Riba, J., «Sobre la capacidad...», op. cit., p. 158.

37 Salvador Coderch, P., El mercado de..., op. cit., pp. 222-223.

38 Carrillo, M., «Libertad de expresión...», op. cit., p. 116.