ELEMENTOS DISTINTIVOS DEL CONTRATO DE ALIMENTOS: EL PECULIAR ALEA Y SU ACUSADO CARÁCTER INTUITU PERSONAE/DISTINCTIVE ELEMENTS OF THE SUPPORT CONTRACT: THE PECULIAR ALEA AND THEIR SPECIAL CHARACTER INTUITU PERSONAE

Abstract

In this European society, there is an ongoing debate regarding the comprehensive care of the needs of a large sector of the population, constituted, not only for the elderly, but also for those who attend persistent degenerative diseases of, children with disabilities intellectual prescribed eg, Down syndrome, autism, spina bifida, or so-called «rare» diseases. The state, despite many legislative rush welfare policy has not crystallized a transversal and efficient system that responds to social demands in this area; While it is true that the legislature has set up, in all its aspects, valid protection such as protected heritage instruments other figures such as support contract with a wider range of recipients, they have been left at the mercy of a tax regulation highly burdensome that curtails their potential versatility. These and other reasons of scale, ranks first turn our attention to the support contract as a solution to our extraordinarily valid understand, to respond contractually care needs of especially vulnerable deserve protection. This work focused on the specific characteristics of the contract that allow distinguish them from other aid figures.

Headnote

Resumen: En la sociedad europea contemporánea, existe un permanente debate en relación con la asistencia integral de las necesidades de un numeroso sector poblacional, constituido, no solo por las personas mayores, sino también por aquellas otras que conviven con enfermedades persistentes de carácter degenerativo, menores con discapacidad intelectual prescrita v.gr., síndrome de Down, autismo, espina bífida, o las denominadas enfermedades «raras».

El Estado, a pesar de la profusa política legislativa acometida en materia de bienestar, no ha cristalizado un sistema transversal y eficiente que responda a la demanda social en esta materia; si bien es cierto que el legislador ha configurado, en todas sus vertientes, instrumentos válidos de protección, tales como el patrimonio protegido, otras figuras como el contrato de alimentos, con un mayor espectro de destinatarios, se han quedado al albur de una regulación fiscal al1Quiero tamente gravosa que coarta su potencial versatilidad. Estas, y otras razones de envergadura, concitan nuestra atención en el contrato de alimentos, como solución, a nuestro entender extraordinariamente válida, para responder contractualmente a las necesidades asistenciales de personas vulnerables especialmente merecedoras de protección. Centramos este trabajo en los caracteres específicos del contrato que permitan distinguirlos de otras figuras asistenciales.

Abstract: In this European society, there is an ongoing debate regarding the comprehensive care of the needs of a large sector of the population, constituted, not only for the elderly, but also for those who attend persistent degenerative diseases of, children with disabilities intellectual prescribed eg, Down syndrome, autism, spina bifida, or so-called «rare» diseases.

The state, despite many legislative rush welfare policy has not crystallized a transversal and efficient system that responds to social demands in this area; While it is true that the legislature has set up, in all its aspects, valid protection such as protected heritage instruments other figures such as support contract with a wider range of recipients, they have been left at the mercy of a tax regulation highly burdensome that curtails their potential versatility. These and other reasons of scale, ranks first turn our attention to the support contract as a solution to our extraordinarily valid understand, to respond contractually care needs of especially vulnerable deserve protection. This work focused on the specific characteristics of the contract that allow distinguish them from other aid figures.

Palabras clave: Personas vulnerables. El contrato de alimentos. Caracteres.

Keywords: Vulnerable. Support contract. Distinctions.

Recepción original: 05/10/2016.

Aceptación original: 10/10/2016.

Sumario: I. Planteamiento general: el contrato de alimentos y su realidad como cesión de bienes a cambio de asistencia; II. Caracteres: la esencia de los presupuestos del contrato de alimentos: 1. Típico y nominado: legislación aplicable y la inveterada costumbre de su denominación como vitalicio aún siendo típicamente «contrato de alimentos»; 2. Autonomía y tipificación social previa a su tipificación jurídica: el contrato de alimentos como relación obligatoria de «mantenimiento» y el contrato típico de renta vitalicia; 3. Consensual: la naturaleza bifronte de las prestaciones y la entrega como una de las obligaciones que incumbe al alimentista no como elemento perfeccionador del contrato; 4. Esencia de la bilateralidad: reciprocidad de obligaciones y posibilidad de resolución; 5. Oneroso: la cesión de bienes o derechos como contraprestación a la obligación de alimentos. Diferencias con la donación modal; 6. La doble o cualificada aleatoriedad del contrato de alimentos: su duración incierta y la variable prestación alimenticia; 7. Intuitu personae: la obligación de alimentos se transmite ipso iure a los herederos del alimentante; 8. De tracto continuo y sucesivo: el contrato de alimentos se prolonga a lo largo de la vida del alimentista; 9. Vitalicio: la única causa de extinción es la muerte del alimentista; III. Reflexiones conclusivas. IV. Bibliografía.

I. PLANTEAMIENTO GENERAL: EL CONTRATO DE ALIMENTOS Y SU REALIDAD COMO CESIÓN DE BIENES A CAMBIO DE ASISTENCIA

En el contexto social español confluyen, de una parte, el acuciante problema del envejecimiento progresivo de la población2, y de otra, una insuficiencia de recursos estatales de tal magnitud que, según previsiones actualizadas del Ministerio de Empleo, en el año 2023 el sistema público español carecerá de recursos para afrontar el pago de las pensiones. Las soluciones públicas asistenciales se limitan a las residencias de ancianos o geriátricos, gestionadas a través de los Departamentos de Asuntos Sociales, estatales, autonómicos y o locales, insuficientes para responder a la demanda existente3, y si bien se ofertan otras de carácter mixto concertadas, o exclusivamente privadas, el pago de sus servicios exige un flujo monetario constante alejado de las posibilidades económicas de muchas familias4.

Si bien es incuestionable que, para el mayor, en situación de dependencia o discapacidad, la red de protección más segura y natural es su propia familia, a través del conocido como «apoyo informal»; no lo es menos que la realidad actual camina por otros derroteros que nos obligan a repensar otro sistema de cuidados al que descansa única y exclusivamente en la solidaridad familiar. De entrada, la tradicional encargada del hogar familiar, la mujer, se ha ido incorporando al mercado laboral, pero además, concurren otros factores, como la disminución del número de miembros en el hogar, la dispersión y fragmentación familiar, las separaciones y crisis de pareja, el desempleo y otros condicionantes sociales que desembocan en un deterioro palpable en la atención a las personas vulnerables.

Una interpretación conjunta e integradora de la abundante normativa estatal en materia de protección y bienestar, permite concluir que el legislador ha priorizado la inversión del patrimonio privado de los particulares como medio complementario de subvención de las necesidades asistenciales individuales5, pero lo cierto es que, transcu5La rrida más de una década desde la citada pléyade legislativa, lejos haber complementado la normativa civil con otra fiscal, en cumplimiento del deber de defensa y desarrollo de la vida de la ciudadanía, el régimen aplicado al contrato de alimentos genera una doble, y en ocasiones múltiple tributación6, de tal modo que la invocación a la reforma tributaria se ha quedado en una mera declaración de intenciones.

Este contexto, encadenado a las deficitarias ayudas sociales públicas, evidencia el severo problema asistencial que afecta a los mayores y otras personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, desencadenando una importante merma de su calidad de vida, demandando una valoración crítica de las ventajas de una alternativa asistencial de carácter privado. Ese sería el espacio del contrato de alimentos, máxime en el supuesto de aquellas personas mayores acreedoras de cuidados de larga duración. Es de todo punto insostenible que en un Estado calificado de bienestar, el colectivo más necesitado de protección se encuentre desamparado moral y materialmente, abocado a una vida en soledad, cuando dispone de recursos privados inmovilizados pero susceptibles de invertirse en su asistencia personal, lograr un trato humano y los cuidados cercanos que bien merece su dignidad, en suma, una asistencia «a medida» a la que el contrato de alimentos puede responder.

Los argumentos esbozados son, a nuestro juicio, de tal sobrada seriedad como para explorar alternativas privadas a la protección pública, centrando nuestra atención en el contrato de alimentos, regulado a propósito de la LPPD como fórmula idónea para la asistencia integral del mayor, en situación de dependencia y/o discapacidad. El contrato presenta el indudable beneficio obtenido por todas las partes contratantes: en primer término el cedente, que materializa y pone en circulación su patrimonio para asegurarse un estado de bienestar y protección privado más allá del dispensado por el Estado, y en segundo lugar, el cesionario alimentante, al procurarse unos bienes, habitualmente una vivienda, a la que de otro modo, tal vez, no podría acceder por lo limitado de su situación financiera.

Atendiendo a la nítida definición del Profesor Lasarte Alvarez7 entendemos por contrato de alimentos, aquel contrato autónomo cuyo contenido consiste en la prestación de alimentos, a cambio de la entrega de unos bienes, durante la vida del acreedor de dichos alimentos o de tercera o tercera personas.

La figura contractual que nos ocupa ha sido tardíamente introducida en el Código Civil8, en virtud de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad9 (en adelante LPPD), encontrando su desarrollo actual10 en los documentos -habitualmente escrituras públicas- que pretenden dar respuesta a las necesidades asistenciales de personas de avanzada edad, o padres de hijos con discapacidades severas, que se encuentran sin familiares próximos a quien confiar su cuidado o que, desasistidos por éstos, gestionan tales atenciones con personas ajenas al círculo estrictamente familiar.

Consideramos que este contrato tiene vocación, consistencia y mimbres suficientes para satisfacer las necesidades asistenciales de un amplio sector poblacional11, y sin perjuicio de reconocer la proble7 mática de su desarrollo, al incidir en aspectos privados y sensibles de la vida humana, germen de abundantes resoluciones jurisprudenciales, trataremos de descifrar las ventajas que ofrece respecto de otras soluciones asistenciales, mediante el estudio de sus caracteres diferenciadores.

II. CARACTERES: LA ESENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL CONTRATO DE ALIMENTOS

De la definición proporcionada por el Código Civil, al señalar, en su artículo 1.791, que el contrato de alimentos es aquel por el que una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos, extraemos la conformación de sus elementos, presupuestos o características básicas.

1.Típico y nominado: legislación aplicable y la inveterada costumbre de su denominación como vitalicio aún siendo típicamente «contrato de alimentos»

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, da carta de naturaleza al contrato de alimentos, dotando de contenido en el Código Civil a los artículos 1.791 a 1.797, proporcionando de tipicidad legal a un contrato de amplia tradición social, reconocido sin ambages por la doctrina y jurisprudencia al amparo del principio de autonomía de la voluntad ex art. 1.255 CC12.

Respecto de las controversias judiciales y la doctrina jurisprudencial, el Tribunal Supremo ya en la vetusta Sentencia del 190813 reconoció su autonomía frente a la renta vitalicia. Posteriormente, la soberbia Sentencia también de nuestro Tribunal Supremo, de 28 de mayo de 196514, configuró atinadamente esta figura, acotando sus caracteres y proporcionándole su inveterada nominación, dictaminando que al amparo de la libertad contractual, las partes pueden pactar que una de ellas se obligue con respecto a la otra a prestarle alimentos, en la extensión, amplitud y término que convengan mediante la contraprestación que fijen, dando lugar al denominado vitalicio.

Esta normativa estatal fue precedida15 por la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho civil de Galicia, actualmente derogada, a su vez, por la Ley 2/2006, de 14 de junio, regulando una «institución viva en la realidad social gallega» que tendremos oportunidad de estudiar más adelante.

Hasta su regulación ex novo por la LPPD, la denominación del contrato ha sido tan diversa, como múltiple y compleja es la prestación alimenticia esencia del contrato; por antonomasia, es conocido como «contrato de vitalicio» o simplemente «vitalicio», término comúnmente aceptado por la Jurisprudencia en todas sus instancias, la propia DGRN16 y la costumbre social. En los formularios notariales es frecuente encontrar la denominación de «pensión alimentaria», «alimentos vitalicios», «cesión de bienes a cambio de alimentos» o «cesión de bienes a cambio de asistencia» que, en nuestra opinión, es la que mejor responde a la practicidad del contrato; asimismo también hemos visto, aunque en menor medida, la denominación de contrato de «manutención plena» que recoge el haz de derechos y obligaciones integradores de la prestación alimentista.

El legislador ha adoptado finalmente el nomen iuris de «contrato de alimentos», en el que prescinde deliberadamente del adjetivo vitalicio, a nuestro entender por dos razones, de una parte para dar sustento legal a aquellos contratos -ciertamente infrecuentes-, suscritos por un tiempo inferior a la vida del alimentista17, ya sea para la aten15 ción de una necesidad concreta como la asistencia específica en una enfermedad, para un período temporal concreto; y, a fin de procurar, por otra parte, que en la denominación contractual prevalezca lo sustantivo, en este caso los alimentos, sobre lo adjetivo, en este caso, la duración del contrato18.

Así pues, en atención a la finalidad u objetivo asistencial que está llamado a cumplir el contrato, el legislador ha dado prioridad al vocablo «alimentos» frente al tradicional «vitalicio»19 finalmente sacrificado de la dicción normativa. Naturalmente, la doctrina no es unánime en este punto; así el Profesor Cobacho Gómez20 estima que hubiera sido preferible que el legislador mantuviese la denominación de contrato vitalicio para los surgidos al amparo de la nueva regulación ex art. 1.791 y siguientes del Código Civil, reservando la denominación de contrato de alimentos para aquellos otros pactos concertados con arreglo al art. 153 CC21, con duración inferior a la vida del alimentista. Por su parte Berenguer Albaladejo22, después de barajar la denominación de «contrato de mantenimiento» por ser un término más amplio que albergaría, a priori, todo tipo de asistencia, material y personal, dando mayor cabida a la autonomía sin perjuicio de su entidad patrimonial, concluye su reflexión afirmando que, dado que en términos coloquiales, se emplea la acepción de mantenimiento para otro tipo de contratos, el término escogido por el legislador se acerca más al contrato objeto de estas líneas.

Finalmente la costumbre se impone con tenacidad a formulismos y fórmulas ajenas, de modo que la realidad social trascurrida más de una década desde la regulación del contrato, invoca la inveterada denominación de vitalicio, tan arraigada en doctrina, práctica jurisprudencial y notarial, que ha mantenido su uso frente al bautizado por el poder legislativo como contrato de alimentos.

2.Autonomía y tipificación social previa a su tipificación jurídica: el contrato de alimentos como relación obligatoria de «mantenimiento» y el contrato típico de renta vitalicia

Pudiera parecer que profundizar actualmente en el tema de la autonomía del contrato de alimentos, carece de sentido, a menos que justifiquemos que, con anterioridad a la ordenación legal, fue objeto de abundantes y fértiles debates doctrinales que, lejos de resolverse de manera pacífica en los Tribunales, originaron, a su vez, líneas interpretativas contrapuestas.

Si nos detenemos mínimamente en el Derecho comparado, podemos contrastar cómo ya Laurent23 distinguió el contrato de renta vitalicia de aquellos otros contratos de mantenimiento, en función del diverso modo de cumplimiento de obligación del acreedor, enfatizando que, en el segundo contrato, el que tiene derecho a que le mantengan, recibe los alimentos in natura.

En nuestro país partimos de un status quo donde Maestros de la altura de BeltrÁn de Heredia24 se plantearon la existencia en sí, del llamado contrato de alimentos, distinguiendo nítidamente dos supuestos contractuales; uno típico, llamado contrato de renta vitalicia, en el que habitualmente la renta se destina a satisfacer la necesidad o la alimentación del acreedor, si bien esta pretensión subyace en su esfera íntima y personal; de aquel otro tipo contractual, ciertamente innominado, pero propio, y por tanto autónomo, en el que la prestación de alimentos se eleva a la categoría de elemento determinante del contrato, el cual debe regirse por lo pactado, por las normas del Código Civil relativas a los alimentos y, por último, por los principios generales de la contratación.

Si bien la doctrina más autorizada25 se postuló en pro de la autonomía del contrato de vitalicio, dicho criterio no fue en absoluto unánime, de modo que otro sector doctrinal26 llegó a expresarse en términos tales como el inventado contrato de vitalicio argumentando su dependencia de la figura de la renta vitalicia, en atención a que ambos comparten idéntica finalidad contractual, la asistencial. A raíz de lo cual sostienen que el contrato de alimentos no constituye en realidad una figura contractual distinta, otorgándole sencillamente la naturaleza de cláusula adicional que matiza la ejecución contractual, sustituyendo el pago de una renta monetaria por una prestación in natura.

El trasfondo de todo este debate doctrinal estriba en el régimen jurídico del contrato de alimentos e implica, de modo trascendental, a su resolución, pues para los defensores de su autonomía contractual sería de aplicación el art. 1.124 CC con la posibilidad de que el alimentista recupere los bienes, mientras que para el sector doctrinal contrario la solución apuntada resulta inviable por el juego del art. 1.805 CC27 que impide expresamente tal recuperación.

La Jurisprudencia mayoritaria, con aisladas excepciones, se decantó por la naturaleza autónoma del contrato de vitalicio, siendo pionera, en tal línea, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de mayo de 189 728 armada de argumentos atendido el modo de cumplimiento de las obligaciones alimenticias según deban su origen, en el caso sometido a juicio, a un pacto inserto en una escritura de capitulaciones matrimoniales, o bien nazcan ex lege; en el mismo sentido que la anterior las Sentencias del Alto Tribunal de 16 de diciembre de 193 029 y la de 28 de mayo de 196530 que reputaron el contrato de vitalicio como distinto al de renta vitalicia.

Por nuestra parte entendemos que el contrato de alimentos, antes de vitalicio, siempre ha sido autónomo, como así lo evidencian no solo aquellos supuestos conflictivos que suscitaron contienda ante los Tribunales de Justicia, sino aquellos otros abundantes que constan documentados en los protocolos notariales31; el contrato que nos ocupa tiene especialidades propias y disímiles al contrato de renta vitalicia, y aunque ciertamente ambos comparten una finalidad asistencial, en el contrato de alimentos tal fin constituye su causa, mientras que en el contrato de renta vitalicia, con mucho, puede formar parte de las razones puramente íntimas del acreedor, pero carecen, dichos motivos, de la entidad suficiente para erigirse en causa del contrato, siendo por lo demás absolutamente indiferentes para el deudor.

Otro componente distintivo, a nuestro entender nada desdeñable, se halla en los elementos personales de ambos contratos; en este sentido es de destacar la estrecha relación inter partes que se genera en el contrato de alimentos, donde el carácter intuitu personae está tan presente a lo largo de todo el iter contractual, que la fragilidad de dicha relación puede poner en serio riesgo su perdurabilidad; no es así en el contrato de renta vitalicia, donde las partes no solo carecen de tal vinculación personal, sino que además resulta intrascendente para su buen fin.

En nuestra opinión, por lo demás, la autonomía del contrato de vitalicio ya vio la luz en el propio Código Civil que, en materia de alimentos entre parientes, estableció, en su artículo 153 que las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos en que... por pacto se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado... en cuya virtud la aplicación supletoria de las reglas que rigen para el contrato de renta vitalicia carecían, a nuestro juicio, de verdadero y completo sustento legal.

En cualquier caso, desde la entrada en vigor de la Ley 41/2003, toda la controversia generada acerca del carácter autónomo de esta figura contractual ha quedado zanjada, por disponer de una regulación propia y específica, sucinta pero suficiente, en palabras del legislador, nítidamente diferenciada no solo de la renta vitalicia, sino también de la obligación legal de alimentos.

3.Consensual: la naturaleza bifronte de las prestaciones y la entrega como una de las obligaciones que incumbe al alimentista no como elemento perfeccionador del contrato

Si bien es clásica la distinción doctrinal entre contratos consensuales, reales y formales, en realidad todos ellos son consensuales, siendo como es el consentimiento32 un requisito sine qua non para la perfección del contrato, ex art. 1.258 CC33, de modo que las restantes categorías se caracterizan por una exigencia adicional y complementaria, consistente en la entrega de la cosa para los contratos reales - mutuo, comodato, depósito y prenda- y la concurrencia de documento público, para los contratos formales o ad solemnitatem, señalados en los arts. 1.280 y ss., del CC.

Por otra parte, tal y como afirma el Profesor Fernández de BujÁn34, una vez superada la etapa clásica del Derecho romano, y con ella el cumplimiento de las formalidades que debían observarse en la perfección de los negocios, las necesidades del tráfico comercial dieron paso a la protección de otros pactos -propios del ius gentiumsuponiendo un reforzamiento de la autonomía privada y de la liber32 tad négociai, de modo que su génesis y desarrollo se habría producido, entre otros factores, en el marco de la consensualidad.

Martínez Aguirre Aldaz35 sostiene con determinación que la tradicional clasificación ha sido ampliamente superada, y que en la actualidad no existen contratos reales. Si bien convenimos en su excepcionalidad, tampoco podemos negar en términos absolutos su existencia a la vista de su específica regulación. De modo que, teniendo presente su carácter extraordinario, lo cierto es que se impone su aplicación taxativa en los supuestos típicos. Por tanto, no podemos caer en la tentación de exigir la entrega y, por tanto, formular interpretaciones extensivas a otros contratos, nominados o innominados, ni aun por razones de semejanza o analogía.

Anteriormente a la tipificación estatal del contrato de alimentos, a raíz de la predicada -por parte de la doctrina- falta de autonomía, aquel sector que sostuvo el carácter real del contrato de renta vitalicia, atribuyó coherentemente, idéntico presupuesto al vitalicio. Según esta corriente, el contrato de renta vitalicia exige la entrega simultánea de la cosa, entre otros argumentos, por la expresión literal desde luego empleada por el art. 1.802 CC36. Con todo, la doctrina mayoritaria37 defiende su naturaleza consensual, siendo por lo demás conveniente traer aquí a colación la matización del Profesor Albaladejo38 respecto de la distinta función que cumple la entrega en los contratos; así en los contratos consensuales la entrega sirve para cumplir el contrato (solvendi causa) situándose en la fase de ejecución, mientras que, por lo contrario, en los contratos reales, si falta la entrega, el contrato no se ha perfeccionado, perteneciendo pues, a su fase de constitución o formación.

Respecto del vitalicio en el ordenamiento gallego, el Profesor Lete del Río39 sostuvo su carácter real al señalar que la obligación de prestar alimentos no nace hasta la cesión o entrega de bienes por el alimentista. Tras la regulación estatal, autores como Padial AlbÁs40 mantienen el carácter real del contrato, argumentando que la obligación principal del alimentante, en caso de resolución a instancia del alimentista, es la de restitución del capital ex arts. 1.795 y 1.796 CC, y, por tanto, ha debido haber entrega del bien o transmisión del derecho con anterioridad.

Por nuestra parte, estimamos que el especial empeño en ordenar tal restitución obedece, por una parte a la intentio legis de despejar cualquier duda generada en torno a la perniciosa aplicación supletoria del régimen de incumplimiento del contrato de renta vitalicia, así como al afán de proteger los intereses del alimentista, que perdería un bien esencial de su patrimonio, quedando absolutamente desprotegido.

En buena lógica, sostenemos que el contrato de alimentos es indiscutiblemente consensual: y ya no solo porque los contratos reales son excepcionales, no constando en la regulación ex lege requisito adicional alguno que nos induzca a pensar que su nacimiento exija la entrega o cesión de capital, sino porque a mayor abundamiento, en la propia construcción normativa de la relación obligatoria se introduce intencionadamente el verbo se obliga, que, siendo muy propia de los contratos consensuales, generalmente es interpretada como que, efectivamente, existe obligación de entrega. En otro caso sería un contrato sin prestación equivalente, si bien esta entrega no tiene que ser anterior, ni simultánea, ni inmediata al cumplimiento de la prestación de alimentos.

En idéntica línea se caracteriza como propia una de las peculiaridades de la figura contractual que nos ocupa; se halla en la naturaleza bifronte de la ejecución de las prestaciones; en este sentido, por regla general, la obligación del acreedor-cedente, se ejecuta uno actu, de una sola vez, en tanto que la prestación alimenticia que incumbe al alimentante es, por esencia, de tracto sucesivo, de ejecución continuada, durante todo el tiempo que abarque la necesidad del alimentista. La incidencia de que la principal obligación del alimentista, circunscrita grosso modo a la entrega del «capital», se cumpla de inicio, no presupone que siempre, y en todo caso, dicha entrega haya de ser anterior o simultánea al cumplimiento de la prestación de cuidados, o que se haga depender el comienzo de las atenciones asistenciales a la previa entrega, pues aun cuando en la generalidad de los supuestos así suceda, es perfectamente legítimo, y hasta aconsejable, por elemental prudencia, que dicha entrega se postergue a un plazo posterior, como bien pudiera ser el propio fallecimiento del alimentista, atendida la finalidad tuitiva con que ha sido regulado el contrato de alimentos.

En este punto, la Jurisprudencia mayoritaria sea del TS como de las Audiencias, así lo atestigua; como botón de muestra, la SAP de Tarragona, de 2 de julio de 200841, a favor de la naturaleza consensual del contrato de alimentos declarando que «se perfecciona por el mero consentimiento, y basta ese acuerdo de las partes para que surja a la vida jurídica, originando las obligaciones recíprocas para las partes contratantes: para el alimentante la de realizar las prestaciones de alimentos pactadas, y para el alimentista la de transmitir los bienes o derechos, obligaciones recíprocas e interdependientes, pues la obligación de cada parte tiene su razón de ser o causa en la contraprestación de la otra».

4.Esencia de la bilateralidad: reciprocidad de obligaciones y posibilidad de resolución

Si entendemos, con Alonso Pérez42, que la esencia de los contratos bilaterales reside en la correlación e interdependencia de las obligaciones que surgen del contrato, no cabe duda que el contrato de alimentos es indiscutiblemente bilateral. En virtud de la celebración del contrato surgen obligaciones recíprocas para las partes implicadas, de este modo el cedente está obligado a transmitir el dominio, derecho real limitado, o la simple facultad de uso y disfrute de sus bienes o derechos y, en justa contrapartida, el alimentante queda obligado a la prestación de alimentos convenida.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo reiteradamente, en sus Sentencias como la de 9 de julio de 200243 o la de 1 de julio de 200344, enfatizando el carácter sinalagmático bilateral del contrato de vitalicio.

A resultas de la indicada bilateralidad, tanto el alimentante, como el alimentista se exponen a la tesitura de ver insatisfecha su pretensión, consecuencia del incumplimiento de su obligación por la otra parte, en cuyo caso corresponderá, igualmente a ambos, la facultad de resolver el contrato. No obstante lo dicho, la indicada naturaleza bifronte de las prestaciones que incumben a cada parte, ha pesado sobremanera en el régimen general de resolución por incumplimiento ex art. 1.124 del CC provocando una quiebra en beneficio del alimentista, entendemos que a causa de la vocación eminentemente proteccionista que ocupa esta parte en el contrato.

Los defensores de la naturaleza real del contrato de alimentos45, se pronuncian, correlativamente en pro de su unilateralidad, a cuya sazón, el alimentista, una vez perfeccionada la entrega, ya habría cumplido con su obligación, de modo que tan solo quedaría pendiente de cumplimiento la prestación exigible al alimentante; si así fuera resultaría inaplicable la facultad resolutoria, viendo el alimentista circunscritas sus posibilidades de defensa al único recurso de exigir el cumplimiento, lo cual se nos antoja verdaderamente complejo en un contrato de perfiles tan nítidamente personales como el que nos ocupa.

Con anterioridad a su tipificación, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de octubre de 199246, de forma singular, calificó como unilateral el contrato antes vitalicio, al deducir que solo genera obligaciones para el demandado, en este caso el alimentista, comprometido a alimentar, por lo que en buena lógica decae la posibilidad de resolución por la vía del reiterado art. 1.124 CC.

5.Oneroso: la cesión de bienes o derechos como contraprestación a la obligación de alimentos. Diferencias con la donación modal

Sabido es que el art. 1.274 CC. proporciona una clasificación de los contratos, atendiendo a su causa, en virtud de lo cual son onerosos aquellos contratos en los que la causa es, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte.

No cabe duda, con la doctrina mayoritaria, que el contrato de alimentos es oneroso, ya que ambas partes realizan prestaciones recíprocas en las que, cada una de ellas, encuentra su causa y fundamento en la otra, de modo que la entrega de capital por el alimentista tiene su reflejo en la prestación alimenticia equivalente del alimentante. Como sabemos, la estructura típica del contrato está conformada por dos partes, cedente y cesionario, pero ello no es óbice para que se modifique por la sub-entrada de otras personas, dándose una pluralidad de partes en el lado activo, de modo que dos o más transmiten bienes, a cambio de que tan solo uno de ellos, o todos ellos, o un tercero distinto a ellos, reciba asistencia, siendo además común que el alimentista perceptor de los cuidados no coincida con el cedente del capital, en cuyo caso nos encontraríamos ante una estipulación en favor de un tercero, o un contrato en favor de un tercero, supuesto éste expresamente contemplado en la Exposición de Motivos de la Ley 41/2003, al señalar que la utilidad de este contrato resulta especialmente patente en el caso de que sean los padres de una persona con discapacidad quienes transmitan al alimentante el capital en bie46STS, nes muebles o inmuebles en beneficio de su hijo con discapacidad». Pues bien, en este contexto contractual, existe una doble relación jurídica, la del cedente-cesionario/alimentante, de carácter siempre oneroso, y la cedente/alimentante-alimentista, que puede estar sustentada en una causa donandi, credendi o solvendi.

En cuanto a la eventualidad de constituir el contrato con carácter gratuito, y sin perjuicio de admitir que las partes puedan así configurarlo al amparo del principio de libertad de contratación, lo cierto es que se desdibuja la naturaleza ex lege del contrato de alimentos. En su virtud, la jurisprudencia mayoritaria y la doctrina más autorizada han rechazado la fórmula del contrato de vitalicio con causa gratuita, toda vez que se aproxima a la figura de la donación onerosa, situándose la carga en la prestación alimenticia.

Un sector doctrinal admite esta gratuidad, limitada, en el contrato de alimentos, el ánimo de liberalidad de alguna de las partes, siempre y cuando prevalezca la causa onerosa. Caso distinto podría tratarse de una donación. A estos efectos conviene precisar que la nota distintiva del contrato que nos ocupa, respecto de la donación remuneratoria, reside en la cesión de los bienes o derechos como contraprestación de la prestación alimenticia a recibir. En cuanto a la donación modal, la causa de la cesión no se halla en la mera liberalidad, con la carga del deber de cuidados o alimentos, sino en la obtención de cuidados y asistencia necesaria.

Lógica consecuencia del carácter oneroso del contrato de alimentos, es que la transmisión no podrá ser impugnada por perjudicar las expectativas de los herederos forzosos del alimentista, puesto que toda persona, tenga o no legitimarios, puede disponer inter vivos de sus bienes a título oneroso47. Ahora bien, declarado este principio irrenunciable, tampoco podemos desconocer la problemática que encierra la posible impugnación del contrato, o bien por inexistencia de causa, cuando se utiliza fraudulentamente para frustrar las aspiraciones de los legitimarios, o bien cuando existe una buscada y notoria desproporción de las contraprestaciones.

Tal y como señalamos anteriormente, la equivalencia intrínseca de los contratos aleatorios se ciñe a la relación subjetiva entre las prestaciones, y no debe interpretarse en el sentido de exigir que sean equivalentes en términos economicistas porque la onerosidad no supone per se una equivalencia económica exacta; no obstante lo dicho, en un contrato de alimentos es imprescindible que concurra un cierto equilibrio entre las recíprocas prestaciones, pues si el alimentista entrega el capital y dispensa al cesionario de las obligaciones de la prestación, entraríamos de pleno en un negocio simulado, arrastrando la nulidad del contrato por falta de causa, o causa ilícita, y su conversión, entendiendo cumplidos los requisitos de forma, en una donación, que cuanto menos sería colacionable, y sujeta a las reglas de la reducción por inoficiosidad.

Una de las principales complicaciones que abordan las partes al formalizar el contrato es concordar el valor consignado a efectos fiscales; y si el correspondiente el capital que entrega el alimentista no ofrece mayor dificultad, la valoración de la prestación alimenticia resulta sumamente compleja ya que depende de las múltiples variables que pueden acontecer a lo largo del iter contractual, de tal modo que solo al finalizar el contrato, podrá saberse la correcta valoración. Si bien, tal como apropiadamente señala el Profesor Lasarte Álvarez48 mediante un contrato oneroso se trata de conseguir algo mediante la transferencia a la otra parte de un «valor equivalente», que será objeto de una «valoración subjetiva» por parte de los contratantes, y que se llevará a cabo, en ocasiones, con absoluto alejamiento del valor del mercado u objetivo de la prestación contractual, en el contrato que nos ocupa la valoración es un tema especialmente delicado, y ya no solo por la posible impugnación de legitimarios, si los hay, sino mayormente por el hostigamiento fiscal a que está condenado al imponer una igualdad cuantitativa plena y exacta de las prestaciones que, unido a la sumisión de la prestación alimenticia a un criterio de valoración meramente economicista, concita su depreciación y acarrea, a mayores, una presunción de simulación a todas luces injusta como criterio general.

6.La doble o cualificada aleatoriedad del contrato de alimentos: su duración incierta y la variable prestación alimenticia

Uno de los caracteres esenciales del contrato de alimentos es su predicada aleatoriedad, no en vano el legislador lo ha incluido en el Título XII De los contratos aleatorio o de suerte. A tenor del art. 1.790 CC49 son aquellos en los que, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha ocurrir en tiempo indeterminado.

De lo literalmente transcrito se infiere una ulterior clasificación, a saber, son contratos aleatorios aquellos en que las partes hacen depender sus prestaciones de un acontecimiento incierto en su propia existencia y en el tiempo en que devendrá, y también lo son aquellos otros en que las prestaciones dependen de un acontecimiento cierto en su existencia, pero incierto en el tiempo en que tendrá lugar.

La presencia del aleas en el contrato de alimentos es de tal envergadura y trascendencia que la duda de su existencia puede provocar su nulidad, razón ésta que nos invita a explorar, siquiera sucintamente, los rasgos primordiales del aleas que permitan diferenciarlo del «riesgo» de otros tipos o categorías contractuales.

Los defensores de la tesis tradicional50 sitúan la esencia y singularidad específica de los contratos aleatorios en la incertidumbre acerca de resultado terminante del contrato, en la imposibilidad de las partes de conocer, al tiempo de su celebración, si su conclusion final arrojará un resultado propicio y/o desventajoso, distinguiéndose así de los contratos conmutativos donde las partes -salvo acontecimientos externoscomprometen el resultado, y precisamente en su atención, suscriben y acuerdan sus recíprocas prestaciones.

Esta tesis fue contradicha por otro sector doctrinal51 al subrayar que la incertidumbre del resultado también se presenta en aquellos contratos conmutativos en los que la indeterminación o alteración del resultado previsto por las partes proviene de factores externos, como no haber tenido en cuenta algún aspecto concreto, o bien por la irrupción de otros extremos, como inesperados acontecimientos políticos o económicos. Con arreglo a esta postura, la mencionada incertidumbre del resultado no es bastante por sí, situando la peculiaridad específica y distintiva de los contratos aleatorios en el carácter preponderante del aleas en la relación, elevándolo a la categoría de elemento esencial, que no meramente accidental, del contrato.

Recapitulando, para que un contrato merezca ser calificado de aleatorio, no es suficiente con una alteración del resultado concebido, consecuencia de factores externos al contrato, pues tal aleas -calificado como normal por la doctrina- puede concurrir en otros tipos, siendo exigible un alea reforzado, radicado en el factor o evento incierto, que ha de concurrir siempre, toda vez que son las partes quienes, voluntariamente, han pactado que la extensión y concreción de las prestaciones debidas dependan del referido evento.

Centrándonos ahora en el contrato de alimentos, el aleas se exterioriza en dos factores, uno de ellos es la duración incierta del contrato puesto que habitualmente se pacta de modo vitalicio, y por tanto se extiende a la vida, nunca eterna, del alimentista; y el segundo se evidencia en la prestación alimenticia, esencialmente variable, pues como sabemos está sujeta a las necesidades del alimentista, las cuales, a su vez, discurren paralelas a su estado de salud y otros condicionante, oscilando a lo largo de toda su vida. En atención a la confluencia de estas circunstancias, la doctrina califica de doble o cualificado el aleas del contrato de alimentos, y se diferencia del contrato de renta vitalicia donde que el aleas se ciñe y limita a la incertidumbre de la duración del contrato. Algunos autores52 introducen un tercer factor adicional, cuál es la alteración del valor de la moneda de pago, que, junto con la longevidad del alimentista y la variabilidad de las necesidades del mismo determinaría la triple aleatoriedad del contrato de alimentos.

Por otra parte, el alea específico de estos tipos contractuales requiere que sean comunes y recíprocas, para las partes, las posibilidades de pérdida o ganancia, de manera que, tanto el cedente alimentista, como el cesionario alimentante se vean supeditados al riesgo, por lo que la ganancia de uno conlleve la pérdida patrimonial del otro. Y si bien es cierto que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo en el que el alimentista suele realizar, ab initio, el desplazamiento patrimonial, podría pensarse que en una primera fase del iter contractual se da un desequilibrio en perjuicio del mismo, en realidad habrá que estar al término del contrato para calcular cuál es el efectivo resultado, obteniéndolo de la diferencia entre el valor del capital entregado por el alimentista, y los desembolsos efectuados por el alimentante para preservar la salud y la calidad de vida del alimentista, todo ello sin perjuicio de lo extraordinariamente difícil que resultará tal cuantificación, habida cuenta de la compleja valoración de las atenciones de tipo personal.

En definitiva, tan solo hasta finalizar el contrato, no se alcanzará a determinar cuál de las partes, cedente o cesionario, ha obtenido una mayor ventaja en términos económicos, pues aun partiendo del perfil del alimentista que ordinariamente responde al de una persona anciana, dependiente o con discapacidad, resulta imposible conocer de antemano la exacta duración del contrato, pues por una parte la mejora en las condiciones asistenciales favorece afortunadamente el incremento en la esperanza de vida53, y por otra, tampoco puede descartarse que al alimentista de edad, pero sano y con buenos hábitos, le sobrevenga una larga y penosa enfermedad que exija tratamientos específicos y excepcionalmente costosos, que no se hallen cubiertos por la Seguridad Social, o por su seguro privado.

Entendemos, con la doctrina mayoritaria, que la falta de aleatoriedad en el contrato acarrea irremediablemente su nulidad y, habida cuenta de la certeza del hecho de la muerte, y el desconocimiento de su momento exacto, tal vez el quiz de la cuestión radique en si se tenía noticia previamente de la enfermedad del alimentista y su gravedad; el criterio jurisprudencial sostenido en esta materia se puede sintetizar en dos sentencias, por una parte, la del de 28 de julio de 199854 en la que el conocimiento por parte de los cesionarios de la seguridad e inminencia de la muerte de la cesionaria, determina la desaparición de la aleatoriedad, elemento esencial del contrato, estableciendo pues como imprescindible, esencial, que exista incertidumbre sobre la duración de la vida del alimentista, pues, en caso de que exista seguridad e inminencia de la muerte, no existirá el vitalicio. Y por el reverso, la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 15 de septiembre de 199955 en la que, si bien cuando se otorgó el contrato, el cedente se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales, al cabo de dos años se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, no pudiendo por tanto los cesionarios, prever en qué momento tendría lugar el fallecimiento del cedente.

7.Intuitu personae: la obligación de alimentos se transmite ipso iure a los herederos del alimentante

Tradicionalmente se ha afirma el carácter personalísimo del contrato, antes conocido por «vitalicio» atendido que, en la selección de los contratantes, alimentista y alimentante, es trascendental tener en cuenta las cualidades personales, de modo que se trata de un contrato basado en la mutua confianza.

Por regla general el alimentista demanda una persona o familia que reúna un estándar básico o mínimo de cualidades que puedan procurarle lo necesario para satisfacer sus necesidades materiales, personales e incluso morales. En principio se decanta por aquella persona que tenga un patrimonio suficiente, al menos una vivienda (en el supuesto de pactarse la convivencia) y que pueda disponer, no solo de su propio capital, sino de otros que auguren un porvenir desahogado. Por otra parte, tendrá en consideración su modo de vida, sus costumbres, su carácter e incluso las de aquellas personas que conviven en el hogar familiar; siendo, por último, un factor ponderable, el ambiente social en el que se desenvuelva, en definitiva la ciudad, el barrio y su círculo de amistades, y ello porque suele preferir y es además aconsejable que permanezca en su entorno habitual56.

Tampoco al alimentante le resulta indiferente la persona del alimentista, pues sus circunstancias de edad y estado de salud determinan la medida de sus necesidades, y configurarán a posteriori la extensión de la prestación alimenticia57. Es conveniente, además, reflexionar que si se pretende integrar al alimentista en el hogar familiar, resultará de vital importancia cerciorase acerca de su personalidad y hábitos de conducta, pues no debemos olvidar que, por encima del rendimiento económico esperado, una persona de carácter agrio, quejumbroso o intolerante puede acarrear un grave problema de convivencia, causa de modificación de la forma de cumplimiento del contrato regulada específicamente en el artículo 1.792 CC58.

Una vez constatado el carácter intuitu personae del contrato, y teniendo en cuenta que la prestación alimenticia engloba obligaciones de dar y hacer, podríamos sencillamente afirmar que en el contrato de alimentos concurre el personalismo implícito en las obligaciones consistentes en un facere, resultando pues que las cualidades de las partes son esenciales y sus respectivas posiciones jurídicas intransmisibles.

Respecto de la posición jurídica del alimentista, debemos cuestionarnos si sería lícito transmitir, a un tercero, los derechos derivados del contrato suscrito; y no obstante la amplitud de los términos del art. 1.112 CC59, la especial naturaleza del contrato de alimentos, y en concreto, su acusado carácter intuitu personae, hace decaer la norma genérica en favor de una interpretación restrictiva acorde con la ins56 titución que nos ocupa. En este sentido habrá que recurrir a los principios generales para sostener que los derechos han de ejercitarse conforme a los límites de la buena fe, y resultando acreditado que el alimentante también escoge a la persona del alimentista no resulta factible la sustitución o transmisión inter vivos de un acreedor por otro, sin el consentimiento expreso del deudor60.

En cuanto a la transmisión mortis causa entendemos que no es posible; siendo como es habitual que se pacte la duración vitalicia del contrato, se extinguirá al fallecimiento del alimentista, o del último que sobreviva, de ser varios, por lo que, en el hipotético supuesto de que se hubiera pactado una transmisión a los herederos, estaríamos, en realidad, en presencia de otra figura jurídica, recibiendo éstos los alimentos no por su cualidad de sucesores del alimentista, sino como beneficiarios de una estipulación en favor de tercero.

Desde la perspectiva del alimentante, negar la transmisibilidad mortis causa de su posición jurídica conllevaría la frustración de la finalidad asistencial perseguida, en tanto que el alimentista se habría desprendido de sus bienes, y formarían parte, primero del patrimonio del alimentante, y luego de su haber hereditario (transmisible a sus herederos) mientras que la contrapartida asistencia vitalicia resultaría intransmisible (por personalísima) a los herederos del alimentante, extinguiéndose el contrato en claro perjuicio para el alimentista. Esta indeseable consecuencia obliga a analizar, con más profundidad, el carácter personalísimo de este contrato, si afecta a ambas partes por igual, tan solo al alimentante, y si existe o no posibilidad de satisfacción para el alimentista mediante el pago de un tercero ex art. 1.161 CC61 (en este caso los herederos).

Tanto en la legislación gallega62 como en la común63 se contempla expresamente la circunstancia sobrevenida de la muerte del alimen60 tante, y, salvo pacto en contrario (inadmisible para parte de la doctrina) la obligación de alimentos se transmite ipso iure a los herederos del alimentante, sin perjuicio de la posible modificación en cuanto a la forma de cumplimiento como anteriormente se ha dicho. El legislador ha tenido muy presente la finalidad asistencial de este contrato y la atención a la parte más necesitada, para configurar el contrato como intuitu personae respecto de las partes, adoptando aquella solución más práctica y ventajosa para el mantenimiento de las obligaciones asistenciales (ya contemplada en la práctica habitual de los contratos de vitalicio) y que consiste en el cumplimiento de la obligación por los herederos del alimentante, si este premuere al alimentista.

Por otra parte, el carácter personalísimo del contrato de alimentos concita que, usualmente, sea suscrito entre personas físicas, unidas por relaciones de parentesco, o con vínculos previos de vecindad o amistad. Sin embargo, pese a lo dicho, no hay impedimento legal alguno para que una persona jurídica64, léase una residencia, centro o institución similar que persiga fines lícitos de asistencia, asuma la posición jurídica de alimentante65. Este centro deberá contar entre sus fines primordiales con la prestación de asistencia, y ha de estar dotado de infraestructura sanitaria material y personal específicamente habilitada para la atención tanto de aquellas personas que se hallen física o psíquicamente imposibilitadas para su autogobierno ordinario, como para aquellas otras cuya subsistencia dependa de cuidados especiales, y también de otras que, siendo autosuficientes, hayan tomado la decisión de vivir en compañía de otros residentes.

Sin embargo, esta eventualidad no es, en absoluto pacífica doctrinalmente y así, respecto del Vitalicio gallego, el Profesor Rebolledo Varela66 se declara decididamente en contra de su admisión, no solo por el tenor literal del art. 147 a «una o varias personas» frente al «deudor» del art. 1.805 CC, sino sobre todo por el contenido y finalidad del contrato de vitalicio enfocado tradicional y legalmente, incluso en aplicación del Código Civil, entre personas físicas.

Naturalmente, en los contratos con personas jurídicas, la relación de confianza entre las partes se traslada del plano personal al profesional, cediendo el carácter intuitu personae -propio del contrato de alimentos- en pro de la profesionalización del alimentante, sin que por ello haya de decaer forzosamente, ya que el cedente igualmente seleccionará aquel centro que mejor satisfaga sus necesidades físicosanitarias, al tiempo que la institución cesionaria contratará con aquellos alimentistas cuyas características en cuanto a edad, salud física y psíquica, esté en condiciones de atender.

8.De tracto continuo y sucesivo: el contrato de alimentos se prolonga a lo largo de la vida del alimentista

Atendida la definición del Profesor Lasarte Álvarez67, que encuadra en la categoría de duraderos aquellos contratos que implican cierta continuidad temporal en su vigencia y ejecución, estableciendo un vínculo entre las partes contratantes que se prolonga durante un determinado espacio temporal, no cabe duda que el contrato de alimentos goza de tal característica en la medida en que, su cumplimiento, se prolonga y extiende a lo largo de la vida del alimentista.

La prestación alimenticia, reconocida la función asistencial del contrato de alimentos, exige unas atenciones continuas y prolongadas, constantes en el tiempo, y apropiadas a las concretas necesidades del alimentista, según se vayan manifestando. Por otra parte, en un único contrato de alimentos, confluyen dos prestaciones, la del alimentante, de cumplimiento continuo y duradero, como se ha dicho; y la del alimentista o cedente, consistente en la entrega del capital en bienes o dinero, que se agota uno actu, y que podemos calificar como de ejecución inmediata.

Si bien el contrato de renta vitalicia tradicionalmente se incluye en la categoría de contratos duraderos, existe una notable diferencia en cuanto al modo de ejecución, puesto que, como sabemos, en el de renta vitalicia se va cumpliendo a través de prestaciones periódicas (con la periodicidad pactada entre ambas partes) que no tiene en cuenta la variabilidad de las necesidades del acreedor de la renta. En este punto, se ha señalado por parte de la doctrina68 que nos encontramos ante un contrato único, con un solo vínculo obligacional dividido en prestaciones independientes, siendo una prueba concluyente de tal tesis el distinto régimen de plazos de prescripción, pues si al contrato de renta vitalicia, a tenor de lo dispuesto en el art. 1.964 CC, le corresponde un plazo de quince años, cada pensión dispone de un plazo de prescripción de cinco años con arreglo a lo señalado en el art. 1.966.3.° del propio cuerpo legal.

En el supuesto de conversión de la prestación alimenticia in natura originariamente pactada (contemplada por el CC. en su art. 1.792) en el pago de una pensión dineraria, atendidas la circunstancias concurrentes, el cumplimento y ejecución posterior del contrato sufre una alteración deviniendo en una obligación periódica.

9.Vitalicio: la única causa de extinción es la muerte del alimentista

Un rasgo definitorio del contrato de alimentos es su duración encadenada a la vida del alimentista. La regulación legal de esta figura, en el marco de la Ley 41/2003, ofertando el contrato de alimentos como una alternativa al contrato de renta vitalicia, a fin de atender a las necesidades vitales de las personas, no deja lugar a dudas acerca del carácter vitalicio de este contrato. Ante una situación en la que el alimentista hubiera transmitido la totalidad o una parte importante de su patrimonio, la posible extinción del contrato, en vida del mismo, atentaría a su propia subsistencia; llegado el término del contrato sus necesidades se habrían agravado por el paso del tiempo, quedando al amparo de los recursos estatales o de una exigua pensión, o en su caso, reclamando alimentos de sus parientes, cuando precisamente la finalidad del contrato es la atención integral del alimentista hasta el fin de sus días.

Queda patente, por otra parte, en la propia definición proporcionada por el art. 1.791 del cuerpo legal, a pesar de haber prescindo del término «vitalicio», se conecta su extensión temporal a la duración de la vida de la persona-alimentista reforzándose tal elemento en el art. 1.794 al señalar como única causa legal de extinción, a diferencia de los alimentos legales, el fallecimiento del alimentista, y teniendo su corolario en el art. 1.796 al imponer que para el caso de resolución del contrato, será imprescindible que reste un superávit suficiente para que el alimentista pueda constituir otra pensión por el tiempo que le quede de vida.

Respecto del vitalicio regulado en la Ley de Derecho Civil de Galicia del año 199569 si bien inicialmente se introdujo la posibilidad de pactar en contra de la duración vitalicia del contrato, fueron de tal proporción los problemas interpretativos que en la actual regulación se impone tajantemente la duración vitalicia70.

Otro argumento de peso para mantener la duración vitalicia del contrato de alimentos, es su marcado carácter aleatorio, el cual se vería tajantemente constreñido, sino eliminado, si la duración estuviera predeterminada a un plazo concreto71, ya que, tal como se ha defendido anteriormente, el aleas reforzado del contrato de alimentos descansa sobre dos pilares, por una parte la cantidad y calidad, es decir el quantum indeterminable de las necesidades del alimentista, y por otra parte en la imposibilidad de establecer a priori su extensión temporal.

Respecto de esta cuestión, con anterioridad a la regulación legal de este contrato, un sector doctrinal se cuestionó si la duración vitalicia del contrato era un elemento natural o esencial del mismo, invocando el principio general de la autonomía de la voluntad en favor de la limitación temporal del contrato de alimentos por no ser contrario tal pacto a la ley, la moral o el orden público72; reforzándose tal postu69 ra, tras el reconocimiento legislativo del contrato de alimentos, atendida la circunstancia de haber eliminado el vocablo de «vitalicio» de la denominación tradicional del contrato.

Sin embargo, a pesar de reconocer tal posibilidad, una cláusula en tal sentido desvirtuaría el contrato de alimentos, aproximándose quizás a una especie de arrendamiento de servicios en el que el precio se satisface mediante la entrega de capital en bienes o dinero. En buena lógica, desestimamos como viable la inclusión de una cláusula del mencionado contenido.

III. REFLEXIONES CONCLUSIVAS

Primera

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, introdujo en el Código Civil el contrato de alimentos, dotando de regulación legal a una figura jurídica de reconocida tipicidad social, doctrinal y jurisprudencial. Su tipificación jurídica se enmarca en un conjunto de normas presididas por una finalidad proteccionista de sectores poblacionales especialmente vulnerables, bien sea por razón de edad o discapacidad.

Si bien en la práctica notarial se constata que los usuarios habituales del contrato de alimentos, son las personas mayores que carecen de la red familiar adecuada para asistirlos, ello no es óbice para que pueda concertarse, con idéntico fin asistencial, entre personas que libre, consciente y voluntariamente opten por este modelo jurídico como fórmula relacional, inclusive puede con alguna institución entre cuyos fines se encuentre la atención a las necesidades asistenciales.

En ningún precepto se imponen cortapisas, ni se prescriben requisitos que hayan de concurrir en los contratantes, desaprovechándose, a nuestro parecer, la oportunidad de profesionalizar la figura del alimentante, dotándole de una instrucción básica para atender la demanda del alimentista que demande atenciones específicas.

Segunda

En todo caso, valoramos positivamente la regulación del contrato de alimentos, en atención a que la ausencia de norma legal al respecto, generó dudas e incertidumbres acerca de cuál fuera el régimen aplicable al llamado vitalicio, basculando las opiniones doctrinales, y las resoluciones judiciales, entre el contrato de renta vitalicia, la obligación legal de alimentos entre parientes, y las normas generales de las obligaciones y contratos.

En este sentido, es de justicia reconocer al legislador, la introducción expresa de la posibilidad de revocar el contrato, ante el incumplimiento contractual, en consonancia con su carácter real y bilateral, ahuyentando la aplicación analógica de la fórmula prevista para tal caso en la renta vitalicia, que anteriormente provocó severos perjuicios fundamentalmente para la parte más débil del contrato, el alimentista que se veía privado de la posibilidad de recuperar el bien cedido, quedando al albur de las exiguas pensiones estatales, la reclamación de alimentos legales a familiares en mala disposición, o incluso en la más absoluta indigencia.

No desconocemos la ardua tarea de resolver los conflictos que pueden surgir en el iter del contrato de alimentos, donde su carácter intuitu personae tiene tantas implicaciones en la relación personal, máxime en la convivencia, en atención a lo cual invocamos, en este sentido, la obra del Profesor Fernandez de BujÁn73, ya que, entre los supuestos probables de iurisdictio voluntaria de Derecho romano, se encuadraría la transacción de alimentos, proponiendo por tal razón, soluciones amigables basadas en la buena voluntad, distanciadas de la jurisdicción contenciosa, capaces de atender al beneficio de ambas partes, tales como el procedimiento de mediación que conlleva un desembolso dinerario menor, y soslaya el desgaste emocional ínsito en cualquier diferencia personal.

Tercera

El carácter palmariamente oneroso del contrato de alimentos constituye una garantía para las partes; en primer término para el alimentista, que puede disponer del patrimonio forjado con el esfuerzo de toda su vida, para asegurarse una atención personal íntegra y digna, sin tener que recurrir al auxilio de aquellos familiares con los que tal vez no mantenga buenas relaciones, o simplemente no estén en disposición de atenderle por las razones que fuera; desde la perspectiva del alimentante la onerosidad del contrato le salvaguarda de futuras reclamaciones de parientes con expectativas hereditarias.

Atendiendo al contexto social en que se regula el contrato de alimentos, a la finalidad asistencial del mismo, así como al importante ahorro que implica para las arcas estatales la autofinanciación de la necesidades particulares de los ciudadanos, hemos de criticar abiertamente que, transcurrida más de una década, desde la tipificación del contrato que nos ocupa, no se le haya dotado de una regulación transversal que entre otros, otorgue beneficios fiscales al estilo de otras figuras, como el patrimonio protegido, el seguro de dependencia o la hipoteca inversa, limitando sorprendentemente la efectiva implantación social del contrato.

Footnote

2 De conformidad a los estudios demográficos y la proyección del INE, en 2061 habrá más de 16 millones de personas de edad mayor o igual a 65 años (38,7% del total). Vid., en este sentido, las Estadísticas desagregadas y por sectores en http:// www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm (fecha de consulta abril de 2016).

3 Según datos extraídos, a fecha 15 de abril de 2016, de la página web del CSI «Envejecimiento en red» en la Provincia de A Coruña, de un total de 82 se computan 19 residencias públicas comunitarias. Sumando las plazas públicas y las privadas la media sería de 3,06 por cada cien mayores, alejadas de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

4 Sobre la materia, vid., entre los capítulos de la obra colectiva Moretón Sanz, «Las residencias de personas mayores como servicio exigible en el marco de los derechos subjetivos de ciudadanía: consecuencias jurídicas de su inclusión en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia», en Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores en situación de dependencia, Lasarte Álvarez y Moretón Sanz (Dirs.), editorial Colex, Madrid, 2010, págs. 111 a 150.

5 La Exposición de Motivos de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre de Protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esa finalidad, informa que uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas es la existencia de medios económicos a su disposición suficientes para atender sus específicas necesidades vitales, concreta que, aunque gran parte de tales medios sean proporcionados por los poderes públicos, otra parte importante puede proceder de la propia persona afectada o de su familia, regulando ex novo el contrato de alimentos -tradicionalmente conocido por vitalicio- en los artículos 1.791 a 1.797 del Código Civil. En parecidos términos la Exposición de Motivos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, calificar de complementario el gasto público destinado a sufragar los gastos derivados de la adopción de las medidas de adecuación del ambiente físico y social a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, para facilitar su accesibilidad, y la participación en la vida social en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Del mismo modo, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, pone de manifiesto en su Exposición de Motivos que la atención a este colectivo de población es un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. En atención a ello implementa un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, estableciendo un nivel mínimo de protección, garantizado financieramente por la Administración General del Estado, al tiempo que contempla la posibilidad de desarrollo de segundos y terceros niveles de protección, para garantizar la igualdad real de todos los ciudadanos, y en aplicación de los principios de equidad y de sostenibilidad del sistema, impone que los beneficiarios deberán contribuir económicamente a la financiación de los servicios prestados, de forma progresiva y en función de su capacidad económica y del tipo de servicio. En la Disposición Adicional Séptima se insta al Gobierno a promover las modificaciones legislativas que procedan para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia, y que, con el fin de facilitar la cofinanciación por los beneficiarios, se promoverá la regulación del tratamiento fiscal de dichos instrumentos privados de cobertura.

6Vid., Calaza López, C.A., «El contrato de alimentos. Revisión a la luz de la experiencia notarial: la selección del alimentista, la forma del acuerdo y su fiscalidad: propuestas de lege ferenda», Actualidad Civil, 7-8, Julio-Agosto 2016.

7 Álvarez, C., Principios de Derecho Civil, Marcial Pons, Madrid, t. 3, 2014, 15.a ed.

8 Esta Ley introduce el contrato de alimentos en el Título XII del Libro IV del Código civil, que regula los contratos aleatorios, para lo que ha aprovechado los artículos 1.791 a 1.797, sin contenido desde la reforma de la Ley 50/1980, de 8 de octubre.

9 Modificada por Ley 1/2009 de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad. También la Ley 15/2015 de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria afecta a la misma por cuanto los arts. 56, 57 y 58 están dedicados a la protección del patrimonio de las personas con discapacidad. Afectando estas modificaciones a los expedientes cuyo objeto sean actuaciones judiciales previstas en la propia Ley 41/2003, del tutor, curador o de los progenitores, sobre constitución del patrimonio protegido.

10 En este sentido se manifiesta Díez Fernández, M., «Los protocolos notariales: fuentes para el estudio de la historia contemporánea (s. XIX)», Quinto Centenario, núm. 4, Ed. Universidad Complutense, Madrid, 1982, págs. 231 a 244 y Raposo Arceo, J. J., «El vitalicio», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 8, 2004, págs. 653 a 682, sobre el vitalicio gallego.

11 Respecto de los potenciales usuarios del contrato de alimentos, el hecho de haberse tipificado a propósito de la citada Ley no supone, per se, y a diferencia de figuras tales como el patrimonio protegido, que nos encontremos ante un contrato destinado única y exclusivamente a personas con discapacidad; el legislador ha introducido el contrato de alimentos por una razón de política económica, para abaratar los crecientes costes sociales generados por la atención a nuestros mayores, empleando la fórmula de movilizar el patrimonio privado forjado por los propios mayores, en mecanismos dirigidos a atender a su subsistencia. La propia Exposición de Motivos de la Ley indica que el contrato de alimentos amplía las posibilidades que actualmente ofrece el contrato de renta vitalicia para atender a las necesidades económicas de las personas con discapacidad, y, en general, de las personas con dependencia, como los ancianos.

12 Proclama el art. 1.255 CC que Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.

13 STS, de 14 de noviembre de 1908 (JC 1908 n.° 72).

14 STS, de 28 de mayo de 1965 (RJ 1965/3172).

15 Con anterioridad, en el año 1972, se celebró en A Coruña el Primer Congreso de Derecho Gallego, donde el prestigioso Jurista Losada Díaz, presentó una comunicación relativa a la necesidad de la regulación normativa del contrato de vitalicio arraigado en nuestro Derecho consuetudinario en nuestra tierra era frecuente la existencia de contratos en los que los ancianos que carecen de herederos forzosos asocien al cultivo de sus tierras al que habrá de heredarle, concertando pactos que bautizan con el nombre de compraventa, puntualizando que dicha denominación de compraventa y no la de vitalicio se debía a que dentro del cuadro de los contratos que el Código Civil recogía no se encontraba ninguno que atendiera correctamente a las concretas necesidades que este contrato cubre.

16 Vid., al respecto, RRDGRN de 16 de octubre de 1989 (Ar. 7048) y 26 de abril de 1991 (Ar. 3169).

17 Parece respaldar, con esta decisión, la teoría sustentada por parte de la doctrina que defendió, con carácter previo a su regulación, el carácter natural, que no esencial, de la duración vitalicia del contrato, admitiendo la posibilidad de pactar convencionalmente una duración inferior, aspecto del que nos ocuparemos más adelante.

18 Vid., en este sentido, Echevarría de Rada, T., «El nuevo contrato de alimentos: estudio crítico de sus caracteres», Boletín de Información del Ministerio de Justicia, n.° 2019-2020, año 2006, págs. 3.461 y sigs.

19 Para Calvo Antón, M., el legislador siempre utiliza para denominar un contrato la palabra que se corresponda, sea en sentido vulgar o en sentido científico, con la idea definitoria de la relación. Lo que mejor define la relación contractual es la palabra «alimentos» porque recoge la idea central de la relación y porque tiene un significado técnico jurídico con unas características especiales, como la variabilidad de la cuantía de la prestación del obligado según las necesidades del acreedor, o como el carácter mixto de esta prestación, de dar y hacer en «El contrato de alimentos como figura contractual independiente», RGLJ, 1989, págs. 641 y s.

20 Cobacho Gómez, J. A., «Acerca del contrato de alimentos», en Libro homenaje al profesor Lluís Puig Ferriol, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 922, donde señala que el matiz distintivo de este contrato es la duración, de tal modo que si la obligación que contrae el adquirente de los bienes es proporcionar alimentos al transmitente mientras éste viva, no hay duda de que la denominación más acorde es la de contrato de vitalicio, pero si se está de acuerdo con la posibilidad de que en la relación jurídica se pueda limitar en el tiempo la duración de la prestación alimenticia del adquirente, lo que es perfectamente posible en virtud del principio de libertad contractual, la denominación más adecuada es la de contrato de alimentos.

21 Señala el art. 153, con el que se concluye el régimen jurídico de los alimentos legales en el Código Civil que Las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos en que por este Código, por testamento o por pacto se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate.

22 Berenguer Albaladejo, C., El contrato de Alimentos, Dykinson. 2012

23 Laurent, F., Principes de Droit Civil, T 27, Bruxeles, 1877 págs. 300 y sigs.

24 Para un exhaustivo análisis del Derecho comparado, vid., BeltrÁn de Heredia, J., La renta vitalicia. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1963, págs. 130 y ss.

25 Comparten, entre otros, la tesis de la autonomía del contrato de vitalicio el Profesor Lasarte Álvarez, en Principios de Derecho Civil, Marcial Pons, Madrid, T. 3. Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho Civil, II, 10 ed. 2012 y CastÁn Tobeñas. Derecho Civil Español, Común y Foral IV, 1977, pág. 702.

26 Carrasco Perera, A., afirma que la construcción jurisprudencial del contrato vitalicio no ha sido más que un expediente original para evitar la prohibición del artículo 1.805 y posibilitar el acceso al artículo 1.124 CC a través de la atipicidad de este contrato oneroso autónomo, en «Comentario a la STS de 3 de noviembre de 1988», CCJC, 18, págs. 986 y 991. En el mismo sentido Ragel Sánchez, L.F., en Estudio legislativo y jurisprudencial del Derecho Civil: Obligaciones y contratos, Madrid, 2000, págs. 1.022 y s. En contra de la autonomía del contrato se pronuncia Quiñoneros Cervantes, E., en La situación jurídica de la renta vitalicia, Murcia 1979, quien sostiene que la posibilidad de fijar un techo a la cuantía de la prestación aproxima el llamado vitalicio a la renta vitalicia.

27 Preceptúa el art. 1805 CC que La falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital ni a volver a entrar en la posesión del predio enajenado; sólo tendrá derecho a reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras. Entendemos, no obstante, que las partes pueden, al amparo del principio de libertad de contratación, estipular un contrato de renta vitalicia pactando expresamente la inobservancia del referido artículo, dado que no vulnera norma imperativa, ni es contrario a la moral o al orden público.

28 STS, de 12 de mayo de 1897 (JC, 1897, núm. 76).

29 STS, de 16 de diciembre de 1930 (JC, 1930, núm. 118).

30 STS, de 28 de mayo de 1965 (RJ 1965/3172) a la que siguieron otras numerosas ad ex STS, de diciembre de 1973 (R.A, 4164/1973) y STS, de 9 de julio de 2002 (RJ 2002/5904).

31 Vid., Méndez Serrano, M.a M., «El contrato de alimentos vitalicio», Protección del Patrimonio Familiar, Sánchez Calero, F. J. y García Pérez, R., (Coords.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

32 En concordancia con la antigua redacción del artículo 1.263 CC conforme al cual No pueden prestar consentimiento. 1.° Los menores no emancipados 2.° Los incapacitados.» Para un análisis exhaustivo de la capacidad se remite al lector a la obra de la Profesora Calaza López, M. S., en Los procesos sobre la capacidad de las personas. Ed. Iustel, Madrid, 2007 y Procesos de Familia y División de Patrimonios, Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2015.

33 Prescribe el art. 1.258 CC que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

34 Para un estudio detenido nos remitimos a la excelsa obra del Profesor Fernández de BujÁn, A. Derecho Privado Romano, Iustel, Madrid, 2014, 7.a ed.

35 Martínez Aguirre Aldaz, C., considera que la categoría de contratos reales es una reliquia histórica cuyos orígenes deben encontrarse en el Derecho romano que en sus fases iniciales no admitía la eficacia jurídica del simple acuerdo de voluntades y que actualmente es dudoso que existan, limitando la clasificación a los contratos consensuales y formales, en Curso de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones, de AA. VV., Ed. Colex, Madrid 2000, pág. 322.

36 Se muestran partidarios del carácter real de la renta vitalicia, entre otros, Castan Tobeñas, J., en Derecho civil español, común y foral, T. IV, Derecho de obligaciones. Las particulares relaciones obligatorias, 1993, 15.a ed., y Jordano Barea, J. A., en La categoría de los contratos reales, Barcelona. 1958. En sentido contrario, GomÁ Salcedo, J. E., en Instituciones de Derecho civil común y foral, T.II Bosch. Barcelona. 2005.

37 Para un mejor entendimiento del debate doctrinal generado acerca de la naturaleza real o consensual del contrato de renta vitalicia vid., Cobacho Gómez, José Antonio, La deuda alimenticia, Montecorvo, Madrid, 1990.

38 Albaladejo García, M., en Derecho civil, II, Derecho de Obligaciones. Barcelona 2011, pág. 427. Por su parte, Corbal Fernández, J. E., sostiene que la entrega del capital corresponde al aspecto de consumación del contrato -sinalagma funcional- y no al de la perfección -sinalagma genético- del contrato de alimentos, en Comentario del Código Civil, Coord. por Sierra Gil de la Cuesta, Tomo 8, Bosch, Barcelona, 2006, pág. 635, 2.a ed.

39 Así, Lete del Rio. J. M., al decir, sin embargo, ello no impide la posibilidad de celebrar un contrato consensual de vitalicio o promesa de constituirlo (...) En este caso, la promesa de futuro contrato será bilateral, puesto que daría lugar a obligaciones recíprocas: la de cesión o entrega de bienes y la de prestar alimentos, si bien esta última obligación no tendrá efectividad en tanto no se haya realizado la de cesión o entrega de los bienes, en «El vitalicio», Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXXII Vol.1, Revista de Derecho Privado 1997, pág. 656. Partidarios del carácter consensual del Contrato Vitalicio, el Profesor Rebolledo Varela, A. L., «El contrato de vitalicio (especial consideración de su regulación en la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia)», AC, 1996, págs. 851 y ss.

40 Padial Albas, A., «La regulación del contrato de alimentos en el Código civil», RDP, septiembre-octubre 2004, págs. 153 y ss. El contrato de alimentos se fragua, en primer lugar, como un convenio real, a pesar de que la definición del artículo 1.791 CC induzca a pensar lo contrario; no estamos en presencia de un acuerdo meramente consensual, ya que, desde un punto de vista positivo, el cumplimiento de la obligación de alimentos está basada y nace precisamente desde la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos; y sobre todo, en un sentido negativo, en la medida que el incumplimiento de esa misma deuda genera, principalmente, la obligación de restitución del mismo, como se induce de los artículos 1.795 y 1.796 CC. Por tanto, el contrato se perfecciona desde que se produce la efectiva transmisión de los bienes o derechos convenidos.

41SAP de Tarragona, de 2 de julio de 2008 (JUR 2008/354534). En el mismo sentido, en el ámbito del vitalicio regulado por la Ley de Derecho Civil de Galicia, la sentencia del TSupJ, de Galicia, de 29 de abril de 2004 (RJ 2006/1877).

42 Alonso Pérez, M., Sobre la esencia del contrato bilateral, Salamanca 1967.

43 STS, de 9 de julio de 2002 (RJ 2002/5904).

44 STS, de 1 de julio de 2003 (RJ 2003/4321).

45 Vid., en este sentido, Padial Albas, A. «La regulación del contrato... op. cit., págs. 153 y ss. El argumento se sostiene por la referencia que hace el artículo 1.795.1 CC, para el caso de incumplimiento de la obligación de alimentos, a las reglas generales de las obligaciones recíprocas, puesto que, para esta opinión doctrinal solo se entendería calificando el contrato de alimentos como unilateral.

46 STS, de 21 de octubre de 1992 (RJ 1992/8592). Dicha resolución obedece, según Cobacho Gómez, J. A., «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1992», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 30, págs. 935 y ss., a evitar la aplicación del art. 1.124 al supuesto concreto en el que el sujeto pasivo había desembolsado considerables sumas durante un tiempo, no oponiéndose, cuando menos, de modo tajante y absoluto al cumplimiento de su obligación.

47Sin ánimo de contaminar el tema que nos ocupa, tachamos de excesiva la constricción legal establecida en el art. 636 CC para las transmisiones inter vivos en cuya virtud ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento, a resultas del cual la libertad de disposición se circunscribe a tercio del patrimonio. Aun cuando no sea objeto del tema que nos ocupa, nos decantamos en favor de la reducción de la legítima configurada en el Código Civil, sustrayendo, cuando menos, el llamado tercio de mejora; en el siglo XXI es de elemental equidad social que las personas gocen de una mayor libertad de disposición del patrimonio consolidado con el propio el esfuerzo a lo largo de toda su trayectoria vital. El sólido, pero excesivamente garantista, inflexible y encorsetado, sistema de legítimas establecido por el Código Civil responde a las necesidades sociales de etapas ya superadas; en la actualidad, estando al alcance de todos, los recursos sociales que garantizan la libertad de oportunidades, en realidad el sistema legitimario no solo coarta la libre voluntad, sino que, a mayores, desincentiva el progreso social, en atención a lo cual reivindicamos la responsabilidad individual en la consecución de logros personales dignos y suficientes, soslayando el derecho expectante a la herencia como modo de asegurar el bienestar personal y consolidación social. La realidad cotidiana nos invita a presenciar relaciones sociales en las que las personas mayores en situación de dependencia son ayudadas, incluso atendidas, altruistamente por amigos o vecinos, en definitiva por personas extrañas al contexto familiar y que asumen sin vínculo jurídico alguno, aquellas obligaciones a las que están llamadas los hijos e hijas, en virtud del principio de solidaridad familiar. Echamos en falta, en este sentido, en nuestro sistema legislativo, alguna disposición que, condescendiendo a romper la rigidez del sistema, regule alguna figura contractual inter vivos o de última voluntad para que, con su libre albedrío, pueda recompensar a quien, fehacientemente, le asista, o haya dedicado, generosamente su esfuerzo y tiempo por razones puramente humanitarias.

48Lasarte Álvarez, C., Principios de Derecho Civil.. op.cit

49 Este artículo ha sido objeto de severas críticas por la doctrina mayoritaria, que reprocha al legislador no haber proporcionado una definición prescriptiva, sino meramente descriptiva de la categoría general de los contratos aleatorios, carente de un criterio integrador de los distintos supuestos que trata de albergar, dando lugar, por otra parte, a cierta confusión con los contratos condicionales.

50 Manresa y Navarro, J. M., Comentarios al Código Civil Español, t. I (3.a), Instituto Editorial Reus, Madrid, 1907. Comentarios al Código civil español, t. XII. 5.a ed., Instituto Editorial Reus, Madrid, 1951. Tesis seguida en la STS, de 14 de noviembre de 1911.

51En este sentido GomÁ Salcedo, J. E., «Principales problemas del contrato de renta vitalicia», en Revista de Derecho Notarial, 1960-4 (Julio-Diciembre) pág. 312. Vid., asimismo, Lacruz Berdejo, J. L. Elementos de Derecho Civil II, vol. 2, 2.a ed., Bosch, Barcelona. 1986, pág. 450.

52 Núñez Zorrilla, M.a C., «Comentario a los artículos 1791 a 1797 del Código Civil sobre el contrato de alimentos vitalicio», RGLJ año 152, n.° 3. 2005, págs. 401 a 415.

53 Se puede constatar en la práctica, la evolución favorable de los alimentistas, en especial las personas mayores que, de vivir en soledad y desasistidas, pasan a integrarse en un hogar, donde además de compañía y afecto, reciben con la regularidad pautada el tratamiento médico-farmacéutico prescrito, logrando superar estados de completa dependencia, y alcanzando ciertas cotas de autonomía, recuperando en ocasiones funciones físicas deterioradas.

54 Vid., las STS, de 28 de julio de 1998 (RJ 1998/6449) y, en el mismo sentido, la de 26 de mayo de 1997 (RJ 1997/4234) relativa ésta a un supuesto en que el alimentista es un anciano de 91 años y con una afección crónica mental.

55 SAP, de Castellón, de 15 de septiembre de 1999 (AC 1999/ 1853). Vid., con idéntico criterio STSJ de Baleares, de 16 de junio de 2005 (RJ 2005/4953) confirmando la concurrencia de aleas aun cuando el alimentista estaba diagnosticado con enfermedad cancerígena, por cuanto que logró sobrevivir más tiempo que el que la experiencia médica prevé para la citada enfermedad.

56 Vid., GonzÁlvez Vicente, J. L., «Consideraciones sobre la pensión compensatoria y su continuidad tras el fallecimiento del deudor: la pervivencia de la deuda y los herederos como deudores», RCDI, 758.

57 Vid., Calaza López, C.A., «El contrato de alimentos como garantía de bienestar: análisis y propuestas de lege ferenda», Diario La Ley, 8.777, 7 de junio de 2016.

58 Vid., STS de 9 de julio de 2002 (RJ 2002/ 5904) «no se puede obligar a quien no quiere en una relación como la que nos ocupa, donde, por encima de lo establecido, de ámbito económico o patrimonial, incide el necesario ajuste de dos o más personas en carácter, costumbres y aficiones para lograr la convivencia, es decir, en lo que denomina congeniar».

59 Señala el artículo 1.112 CC que Los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.

60 Vid., Moretón Sanz, M.a F., «Examen crítico de los fundamentos dogmáticos y jurisprudenciales de la expromisión y del artículo 1.205 del Código civil español (La vicenda modificativa, la sucesión singular de las deudas, el programa de la prestación y l aplicabilidad de ciertos principios contractuales»), Anuario de Derecho Civil, tomo LXI, fas. II, 2008, págs. 619 a 719.

61 Proclama el art. 1.161 del CC. En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancia de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.

62 Señala el art. 151 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia «La obligación de prestar alimentos durará hasta el fallecimiento del alimentista y se transmitirá, salvo pacto en contrario, a los sucesores del obligado a prestarlos».

63 El artículo 1.792 CC deja entrever que en el caso de muerte del obligado a prestar alimentos el contrato continúe, sin perjuicio de la posibilidad que concede a ambas partes de solicitar la modificación en cuanto a la forma de realizar la prestación.

64 Si bien es innegable que toda la regulación del contrato de alimentos en el Código Civil está pensada para las personas físicas, ofertándose como alternativa a los geriátricos, estamos en el convencimiento de que existen realidades diversas a las que el derecho debe responder. Por tal razón, debemos criticar la ausencia de regulación al respecto, máxime ante el amplio espectro de alimentistas con necesidades especiales, de difícil, tal vez imposible atención en el hogar familiar.

65 Toral Lara, E., «El contrato de alimentos y los mayores. Especial referencia a la pluralidad de partes», Protección jurídica de los mayores, Ed. La Ley, Madrid, 2004, distingue con claridad el contrato que nos ocupa de aquellos otros en los que cesan la prestación de la institución por falta de pago de las aportaciones dinerarias. Y López PelÁez, P., «La cesión de un inmueble a cambio de asistencia: el contrato de alimentos» en la obra colectiva La protección de las personas mayores, Lasarte Álvarez, C. (Dir.), Tecnos, Madrid, 2007, señala que los contratos celebrados con residencias en las que los mayores se obligan a entregarles la pensión, o ciertas sumas de dinero con periodicidad, cesando los servicios cuando desaparezcan dichas entregas, el contrato se asemeja más al arrendamiento de servicios que al vitalicio.

66 Rebolledo Varela, A.L., «El contrato de Vitalicio. Especial Consideración de su regulación en la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia», op. cit., págs. 859 y 860.

67 Lasarte Álvarez, C., Principios de Derecho Civil, III, op. cit.

68 Berenguer Albaladejo, C., «El contrato de alimentos», op.cit., Zurita Martín, I., «Contratos Vitalicios», Ed. Pons, Barcelona, 2001. pág. 102.

69 Art. 97 de la LDCG «La obligación de prestar alimentos subsistirá hasta el fallecimiento del alimentista, salvo que se acuerde otra cosa, y será transmisible a los herederos o legatarios del obligado a satisfacerlos». Actual 151 «La obligación de prestar alimentos durará hasta el fallecimiento del alimentista y se transmitirá, salvo pacto en contrario, a los sucesores del obligado a prestarlos».

70 Resulta especialmente interesante la interpretación dada por la Profesora Rovira Sueiro, M.E., Disposiciones en previsión de una discapacidad. Relevancia de la voluntad de las personas para afrontar su propia discapacidad (Enero 2005) Id. V Lex: VLEX-330156 http://vlex.com/vid/330156

71 La STS, de 3 de noviembre de 1988 (RJ 1988/8407) señala que el contrato de vitalicio se rige por las cláusulas, pactos y condiciones que se incorporen al contrato en cuanto no sean contrarias a las leyes, a la moral o al orden público, y que tiene su causa, para una de las partes, la transmisión que la otra hace de un capital o de unos bienes, y para esta, el alojamiento, la manutención y toda clase de asistencia y de cuidados durante su vida...

72 En este sentido Llamas Pombo, E., «La tipificación del Contrato de Alimentos» en La protección jurídica de los mayores, pág. 200, para quien debe interpretarse la frase del CC «durante su vida» como de Derecho dispositivo, en defecto de pacto especial sobre la duración del contrato. Rodríguez López, F., «La cesión de bienes a cambio de alimentos: el contrato de vitalicio», op. cit. pág. 727. El vitalicio sujeto a un plazo no perdería su denominación por cuanto que, va a continuar incardinado a la vida o existencia del perceptor, y mantiene, en todo caso, intacta su finalidad de dar satisfacción a necesidades vitales.

73Fernández de BujÁn, A., vid., entre sus numerosas publicaciones, las siguientes, «Jurisdicción voluntaria», Ed. Civitas, Madrid, 2001.; «Jurisdicción voluntaria: naturaleza jurídica y diferencias de procedimiento con la jurisdicción contenciosa», Actualidad Civil, n.° 36, 2001.; «La Jurisdicción voluntaria. El anteproyecto de junio de 2006, El Notario del siglo XXI, n.° 8, Revista del Colegio Notarial de Madrid, 2006.; «Observaciones al Proyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria de octubre de 2006 (I)», RJE La Ley, n.° 6599, 27 de noviembre de 2006.; «Observaciones al Proyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria de octubre de 2006 (II)», RJE La Ley, n.° 6600, 28 de noviembre de 2006.; «Hacia una Teoría General de la Jurisdicción voluntaria I», Ed. IUSTEL, Madrid, 2007.; «Hacia una Teoría General de la Jurisdicción voluntaria II», Ed. IUSTEL, Madrid, 2008.; «La Jurisdicción voluntaria: En busca del tiempo perdido», Revista Jurídica Registradores, Madrid, enero de 2008.; «Jurisdicción voluntaria: rectificar es de sabios», en El Notario del siglo XXI, n.° 31, mayo-junio 2010.; «Reflexiones y propuestas a propósito de la futura Ley de Jurisdicción voluntaria», Revista Jurídica del Notariado, n. 79, julio-septiembre 2011.; «La ley de Jurisdicción voluntaria en el horizonte: confluencia de planos, perspectivas, actores y operadores», Diario La Ley, 25 de mayo de 2012.; «A propósito del Anteproyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria», Actualidad Jurídica Aranzadi n.° 883, 2014.; «Luces y sombras del Anteproyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria de 31 de octubre de 2013», Diario La Ley n.° 8273, 2014.; «La reforma de la Jurisdicción Voluntaria», Ed. Dykinson, Madrid, 2015; «El régimen jurídico de la oposición en los procedimientos de Jurisdicción Voluntaria», La Ley, 9 de marzo de 2015.

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