El proceso constituyente boliviano como escenario de disputas por la economía

Abstract

Este artículo analiza el reciente proceso constituyente boliviano como un escenario de disputas sociales y políticas por el tipo de economía por plasmar en la Nueva Constitución. En la primera parte se hace referencia al entramado monocultural, colonial y excluyente que ha sostenido una forma de entender la economía, la cual ha estado respaldada por la Constitución en favor de un bloque específico de poder. En la segunda parte, el escenario constituyente se analiza como oportunidad histórica para debatir el sentido de la economía. Como resultado de esa disputa, surge el modelo económico nacional productivo dentro del texto constitucional.

Este artigo analisa o recente processo constituinte boliviano como um cenário de disputas sociais e políticas pelo tipo de economia por plasmar na Nova Constituição. Na primeira parte é feita referência à redede monocultura, colonial e excludente que tem sustentado uma forma de entender a economia, a qual tem estado respaldada pela Constituição em favor de um bloco específico de poder. Na segunda parte, o cenário constituinte é analisado como oportunidade histórica para debater o sentido da economia. Como resultado dessa disputa, surge o modelo econômico nacional produtivo dentro do texto constitucional.

The recent constituent Bolivian process is analyzed in the first section as the scene of social and political debate about the economic model to be embodied in the New Constitution. The first part refers to the monocultural, colonial and excluding framework that has maintained a form of understanding economy which has been supported by the Constitution, favoring a distinct power bloc. It is followed by the analysis of the constituent scene as a historical opportunity to debate the reason of the economy. this debate results in the productive economic national model declared in the text of the Constitution.

Introducción

Bolivia constituye, hoy por hoy, una de las realidades más complejas e interesantes por las profundas transformaciones que los movimientos sociales e indígenas han impulsado dentro de la sociedad y la política. Si bien las condiciones de posibilidad de estas transformaciones habían sido truncadas y aplazadas históricamente, en los últimos años han tenido a su favor una dinámica política en la cual los actores de estos movimientos sociales han entrado a participar. Una de las transformaciones propuestas, tal vez la más neurálgica, es la apuesta por una economía plural, entendida como la transición de un modelo económico basado en el capital, hacia un modelo de desarrollo económico y social basado en el vivir bien, que integra las "otras formas económicas" y devuelve al Estado su función reguladora. La propuesta de una economía plural es el resultado del proceso histórico de movilización social e indígena que logró incorporar esta transformación en el texto de la Constitución Política de Bolivia a partir de 2009, con lo cual se constituyó no sólo un programa de gobierno o una iniciativa popular coyuntural, sino también el núcleo fundamental de esta Constitución que hace de Bolivia un Estado pluricultural, plurinacional, plurilingüe y pluriorganizativo.

En este sentido, la economía plural puede ser entendida como una construcción social y política de los excluidos históricamente de los debates económicos, que transformaron el campo jurídico constitucional durante la Asamblea Nacional Constituyente. Esta economía plural puso en debate cuestiones que antes eran impensables: el lugar y el papel del Estado en la economía, la participación real de la economía popular en la economía nacional, las posibilidades concretas de la integración de los subsistemas económicos y su reconocimiento constitucional, la importancia de la filosofía del vivir bien practicada por los pueblos indígenas y campesinos en las cadenas económicas, la riqueza de la naturaleza y su protección. Dichas discusiones implicaron una reestructuración del escenario de relacionamiento entre el derecho, la economía y la sociedad boliviana: a partir de las demandas sociales e indígenas por la redefinición de una economía basada en el vivir bien, se reformó la Constitución con la inclusión de la economía plural como modelo económico para el país.

En este entramado se puede evidenciar la interrelación de tres esferas que constituyen la realidad boliviana: el derecho, la economía y la sociedad. Antes de la reforma constitucional, el modelo económico hegemónico liberal se impuso durante gran parte de la historia republicana contando con la legitimación de las constituciones modernas, en las cuales no hubo un lugar significativo para las demandas de los movimientos sociales e indígenas. Con la nueva Constitución, se impulsa un modelo económico y social plural basado en la economía del vivir bien que ha existido siempre en las prácticas económicas indígenas y en los sectores de la economía popular, pero que sólo como producto de las disputas en el campo jurídico de la reforma constitucional, hoy hace parte del texto constitucional. Este entramado y sus relacionamientos están inmersos en una lucha permanente por el poder, un campo de disputa entre los bloques históricos que tensionan el contenido de cada esfera, al punto de plantear la redefinición de la economía, el derecho y la sociedad en el escenario de la reforma constitucional.

Del entramado monocultural, colonialista y excluyente a la emancipación social e indígena

Durante el último proceso de reforma constitucional en Bolivia (2006-2009) se consolidó un escenario de emancipación social liderado por los movimientos sociales e indígenas, que entró en disputa con las posturas más tradicionales y conservadoras de la sociedad boliviana. El resultado de esta confrontación fue la resignificación de la economía y el derecho; dicha resignificación implicó una nueva estructura estatal con poderes, instituciones y normas que incluía la diversidad étnico-cultural y la pluralidad civilizatoria de los regímenes simbólico y técnico-procesual de la organización del mundo colectivo, es decir, un Estado multinacional y multicivilizatorio (Gutiérrezet ál., 2002).

Este proceso de disputa abarcó un cuestionamiento profundo de las raíces de la sociedad boliviana. Si bien, el entramado social, cultural, económico y jurídico que hasta 2006 sostenía al sistema económico hegemónico se fundamentó en la herencia de una estructura social colonial basada en la exclusión étnica¹, dicho entramado fue, además, legitimado por un marco político-jurídico de tipo liberal². Esto significa, en primer lugar, que la economía en Bolivia ha estado inserta en un ordenamiento social excluyente de larga duración (Rivera, 1984); en segundo lugar, que las constituciones políticas han jugado un papel de facilitación y legitimación de dicha exclusión, incluso como un enraizamiento moral y cultural sobre la economía que tendió a naturalizarse y, por ende, a hacerse inapelable (González, 1996); en tercer lugar, el modelo económico se ha definido bajo el criterio hegemónico capitalista, dejando de lado otras concepciones y otras formas económicas presentes en la heterogeneidad social boliviana (Patzi, 2009).

En el inicio republicano se fundan los cimientos de este entramado excluyente, a partir de la consolidación de los Estados modernos, que se valen de la constitución y las leyes para sostener esta aparente institucionalidad civilizadora:

[...] desde que la asamblea deliberante de 1825 y la constitución de 1826 otorgan derechos políticos y jurídicos a quienes posean una elevada renta, una profesión, sepan leer y escribir y no se hallen en relación de servidumbre, es claro quiénes han de ser interpelados como ciudadanos por el naciente Estado y quiénes no (García, 2008: 136).

En ese sentido, Beatriz González Stephan plantea que la función jurídico-política de las constituciones "apunta a la invención de la ciudadanía, en el sentido de un campo de identidad que debía construirse como espacio de elementos homogenizados para su gobierno más viable" (1996: 28), con lo cual se garantiza un ordenamiento social y de clase a partir de la producción de una norma que será el soporte de la economía.

Durante el siglo XX, el proyecto moderno de exclusión intensificó sus estrategias para sostener este entramado:

El auge de la economía boliviana se extendió hasta 1929, año de la explosión de la gran crisis económica internacional. Ese progreso excluyente y señorial, con una democracia restringida sólo a los alfabetos (16% de la población), fue administrado por los liberales y republicanos. El partido liberal administró el país los primeros veinte años, facilitando un creciente comercio exterior que ubicó al país en el noveno lugar del comercio por habitante de América en 1910. Los republicanos gobernaron la tercera década, ensayando algunos cambios mediante la presión fiscal, pero mantuvieron la esencia del liberalismo (Luna, 2002: 20).

Si hay algo que se torna constante en la historia boliviana, es que los pueblos indígenas han sido sometidos por un Estado republicano monocultural, colonialista y excluyente (Núñez, 2009: 89) que desconoce abiertamente la existencia de los indígenas, sobre todo de los aymaras, como otro pueblo, como otra nación:

[...] el indio sigue siendo el Otro, la otredad de la conquista, pero también de la Colonia; sólo que su figura ya no es tan abstracta, ambigua y borrosa. El indio es el Otro, sólo que dentro de las redes del sistema, dentro de los diagramas de fuerza colonial [...] El indio está en todas partes de las tierras conquistadas, es la aplastante población mayoritaria [...] El indio es el sustrato demográfico de las clases subalternas, incluso es el substrato social de la mestización, que se extiende a lo ancho del campo social, atravesando todos los estratos sociales (Gutiérrez et ál., 2000: 119).

Tanto la pervivencia histórica de las formas de exclusión colonial (Stefanoni, 2006), como la legitimación brindad a por un marco constitucional a una racionalidad económica instrumental, son condiciones que suscitan la negación y el ocultamiento de la diversidad boliviana, como característica esencial de lo que Zavaleta Mercado define como una formación social abigarrada³. Y es en este contexto abigarrado en el que emergen los pueblos indígenas junto con los movimientos sociales, para la construcción y la exigencia de una agenda de transformaciones cuya finalidad es la creación de otros futuros posibles que trasgredan el orden del derecho, la economía y la sociedad (De Souza, 2009). Esta agenda encuentra su punto de inflexión en la fuerza de los pueblos indígenas y en "las demandas y la capacidad de movilización socio-política de los movimientos sociales" (García, 2008: 15) que en 2000 y hasta 2005 encuentran una oportunidad política para visibilizarse en el escenario nacional.

Con la intensificación de protestas y movilizaciones, especialmente en El Alto, Cochabamba y el Chapare, por la exigibilidad de los derechos vinculados con las necesidades esenciales y la defensa de los recursos naturales, los movimientos sociales e indígenas se consolidaron en una multitud⁴ capaz de tejer redes de movilización colectiva al punto de disputar el poder con las clases tradicionales. De esta multitud participaron tanto las fuerzas sociales más tradicionales concentradas en el sector sindical (la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia) como los nuevos/antiguos⁵ actores de la escena política (la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Federación de Juntas Vecinales El Alto, la Coordinadora del Agua y el Gas, la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba), quienes impusieron gran parte del liderazgo y a partir de los cuales surgieron las propuestas de transformación, entre estas las concernientes a la economía plural con raíces profundas en la cosmovisión indígena:

[...] no había pasado eso desde 1899, en época de la guerra federal. Los indios nunca habían tenido tanta posibilidad de presión y de contra-poder como lo estamos viendo hoy [...] En Bolivia, es por demás evidente que pese a los profundos procesos de mestizaje cultural, aún no se ha podido construir la realidad de una comunidad nacional [...] es por demás claro que Bolivia es en rigor una coexistencia de varias nacionalidades y culturas regionales sobrepuestas o moderadamente articuladas (Prada et ál., 2005: 157).

Esta movilización de las estructuras sociales y políticas más antiguas en el país, con identidad campesina e indígena simultáneamente, donde lo indígena no sólo tiene una connotación étnico-cultural sino también nacional, indica que se está moviendo otra sociedad más que simplemente una parte de la sociedad (Gutiérrez, 2002); es el punto de encuentro y articulación donde surge la Asamblea⁶ Nacional Constituyente⁷ como escenario de debate y refundación de Bolivia, y como oportunidad para diseñar una forma de cogobierno multicultural. Esta movilización de la otra sociedad es una de las manifestaciones en donde lo social explotó a raíz de una crisis orgánica que produjo un desplazamiento entre sus diferentes niveles estructurales, incluido el sistema legal, con lo cual se convirtió en una posibilidad de cambio radical en la organización política y jurídica de la sociedad (Gramsci, 1931) que se llevaría a cabo con la reforma de la Constitución.

La explosión de lo social está vinculada directamente con la manifestación de la crisis orgánica en otros ámbitos, por ejemplo, con los nefastos resultados ocasionados por el orden económico: la economía boliviana optó por la implementación acelerada del modelo neoliberal en cabeza del bloque liberal conformado por cuatro grandes sectores: el sector petrolero controlado por la inversión extranjera⁸; el sector de la agroindustria dedicado a la producción de soja; el sector de la minería mediana con explotaciones en Potosí, La Paz y Oruro; y el sector de la banca privada (Banco de Crédito, Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil). Entre 1985 y 2003, el bloque neoliberal de poder administraba anualmente 1.366 millones de dólares que representaban el 16% del flujo monetario anual (Vicepresidencia, 2008). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1998 la población en estado de pobreza alcanzaba 5 millones de personas, que representaban al 62% de la población total, 5 años después, la población empobrecida ya era de 5,8 millones de personas, y el porcentaje de pobreza era del 64,3%. La Cepal registró para 2002 las siguientes cifras:

Bolivia creció un 2,7% durante 2002, en un marco de limitado crecimiento de la demanda de los hogares, incertidumbre política y desaceleración de las exportaciones. Dicho crecimiento fue superior al de 2001 (1,6%), pero se mantuvo por debajo del 5% registrado en 1997 y 1998. En el primer trimestre de 2003, el PIB sólo creció 1,4%, lo que se atribuye al estancamiento del consumo de los hogares y a los disturbios sociales de febrero. Con el crecimiento observado se prolonga el período de cuatro años consecutivos sin mejoras en el PIB por habitante (Cepal, 2003: 151).

Es así como la crisis y sus manifestaciones en los diversos ámbitos tienen una vinculación estrecha con los pedidos sociales de reforma de la Constitución, lo cual coincide con la idea de Elster, quien señala que "casi siempre se escriben las nuevas constituciones después de una crisis o de circunstancias excepcionales de algún tipo [...]. Por mucho [...] el vínculo entre crisis y creación constitucional es muy fuerte" (1994: 370). Tanto las acciones políticas en las calles como el ejercicio electoral⁹ fueron estrategias definitivas para que los movimientos sociales e indígenas avivaran el desbordamiento democrático de la sociedad sobre las instituciones de exclusión y predominio prevalecientes, impulsando contundentemente la reforma de la Constitución de 1967 y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente¹⁰ refuerza y consolida el espacio de deliberación que ya se había instalado. Su objetivo fundamental fue la reforma total de la Constitución y, de paso, consolidar la agenda debatida por los movimientos sociales e indígenas como el núcleo común intercultural sobre el que se refundaría el Estado, la economía y la sociedad. En concordancia con este mandato, la Asamblea Constituyente fue más que un acierto:

[...] ha sido concebida y convocada para crear un orden institucional que corresponda a la realidad de lo que somos. Hasta ahora, cada una de nuestras 17 o 18 constituciones solo ha tratado de imitar la última moda institucional -francesa, norteamericana, o europea-. Era evidente que no nos convenían, porque estas constituciones corresponden a otras sociedades. Somos indígenas y no indígenas, liberales y comunales, somos una sociedad profundamente diversa en lo regional e hibrida en términos de clases sociales. Así que tenemos que tener instituciones que nos permitan reconocer este pluralismo (Carlsen, 2007: 4).

Esta Asamblea contó con la legitimación electoral y popular más alta en la historia del país: el 84,51% de votantes (3.133.602 ciudadanos), razón por la cual se consolidó como uno de los hechos más importantes en la definición de la disputa por un Estado en transición que posibilitó un escenario propicio para el debate de alternativas que fueron incluidas en la Nueva Constitución de 2009, entre estas un nuevo modelo económico y social: la economía plural.

Disputa por el modelo económico: los bloques de poder y los resultados

La aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, mediante el mecanismo democrático del referendo popular en agosto de 2008, conjuró la pugna política y el clima de inestabilidad que rodeó a Bolivia durante ese periodo, demarcando un punto de bifurcación en la historia del país. Fue a partir de hechos electorales, hechos de fuerza social y hechos de consenso que se consolidó un "nuevo" sistema político y un "nuevo" orden simbólico estatal (García, 2008). En esa dirección, se hizo imprescindible una reforma económica que estuviera acorde con dichos cambios, y es así como el nuevo modelo económico nacional productivo se consolidó como la apuesta del país para iniciar un ciclo económico distinto.

En el proceso constituyente, la fuerza de la acción colectiva produjo las bases para la reconstitución de la política (Chávez y Mokrani, 2007), y de la política con la economía y la sociedad. De esta reconstitución surge el modelo económico nacional productivo, basado en cinco pilares fundamentales: la expansión del Estado nacional productor, la industrialización de los recursos naturales, la modernización y tecnificación de la mediana y pequeña producción urbana y rural, la satisfacción del mercado interno y las exportaciones y la redistribución de la riqueza (Vicepresidencia, 2008). Si bien este conjunto de principios está orientado hacia el objetivo común de "mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos" (artículo 306), es importante señalar que estos fundamentos corresponden a posturas e intereses contrapuestos de los actores sociales y políticos que confluyeron en la Asamblea Constituyente con la intención de que sus planteamientos sobre la forma de entender la economía quedaran incluidos dentro de la Nueva Constitución.

La discusión sobre el tipo de economía que orientaría al país fue abordada de manera transversal en toda la Asamblea Constituyente, sin embargo, la Comisión XIX¹¹ de Desarrollo Económico y Finanzas (Repac y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2008) concentró los debates en torno a la modificación del contenido del régimen económico de la Constitución de 1967 y la elaboración del texto sobre la estructura y organización económica del Estado que haría parte de la Nueva Constitución (Comisión XIX, 2007). En la conformación de la Comisión XIX¹², si bien existía una representación de todos los sectores sociales¹³ como lo planteaba la ley, el debate se polarizó en dos bloques que proponían dos visiones sobre la economía, inicialmente irreconciliables. La novedad de esta coyuntura fue que el bloque social de poder nacional, conformado por los sectores sociales e indígenas en cabeza del Movimiento al Socialismo (MAS), contó con una ventaja comparativa al poder definir los marcos legales, políticos y de poder, los cuales históricamente habían favorecido al bloque neoliberal de poder.A continuación se presentan los puntos de vista fundamentales de cada uno de los bloques¹⁴, se trata de un análisis sobre las implicaciones de discutir la economía en el campo jurídico y los resultados que quedaron plasmados en el texto constitucional.

El bloque de poder liberal-neoliberal

Si bien este bloque había contado con un conjunto de prerrogativas basadas en el entramado monocultural, colonial y excluyente que estructuró las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales en Bolivia durante toda la República, en la Asamblea Constituyente y, en particular, en la Comisión XIX, ocupó el lugar de minoría frente al bloque social de poder.

Para el bloque liberal, el modelo económico adecuado para Bolivia estaba basado en una serie de principios que sostenían tanto la visión liberal tradicional con la garantía y protección de las libertades individuales y una marcada ausencia del Estado, como la inclusión de rasgos más vinculados con el pluralismo y lo social; esta variedad de principios refleja un cambio importante en las estrategias del liberalismo para acomodarse al nuevo escenario político latinoamericano. Tanto los principios tradicionales como los más contemporáneos conformaban la propuesta con la que este bloque quiso ocupar un lugar dentro de la Constitución y, con ello, mantener su lugar político; por tal razón, en el Informe de Minorías (Comisión XIX, 2007) se sintetizó de manera armonizada esa intención al plantear principios como:

• Una lógica pluralista como orientadora del orden económico "que consiste en el reconocimiento de diversas formas de propiedad individual y colectiva y diferentes formas de organización económica" (artículo 1).
• La concepción de desarrollo para mejorar la calidad de vida "a través de la industrialización para superar la dependencia de la exportación de materias primas y para lograr una economía de base ancha que permita el fortalecimiento del sistema democrático, la cohesión social y la consolidación del Estado Nacional" (artículo 2).
• Los objetivos prioritarios del modelo son:
[...] generación de riqueza, eliminación de la pobreza y la desigualdad, reducción de las desigualdades regionales, pleno empleo y trabajo digno para hombres y mujeres, impulso integral a los sectores productivos, sin discriminación de género, defensa de la consumidora y del consumidor, conservación del medio ambiente, Desarrollo Nacional Sostenible, exportación de productos terminados, prioridad a la productora y al productor nacional (artículo 3).
• El reconocimiento de las libertades económicas básicas: "[...] al trabajo digno de mujeres y hombres, a la iniciativa privada y libertad de empresa, a la asociación lícita para fines económicos, a la investigación e innovación" (artículo 4).
• La prohibición de monopolios "incluyendo la acumulación privada de poder económico que afecte la normal organización y funcionamiento del sistema democrático de la República" (artículo 5).
• El fomento de la libre competencia en la que "los medios de comunicación social, y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueda ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares" (artículo 6).
• La garantía de la deuda pública está en la cabeza del Estado que debe ser constitucional (artículo 7).
• La organización y funcionamiento de los medios institucionales en las que "podrán contar con la participación de representantes de los distintos actores económicos y sociales" (artículo 8).

Si bien, el bloque liberal podría ser un defensor a ultranza de la Constitución de la República de Bolivia (1967)¹⁵por considerar que hasta ahora había garantizado el cumplimiento de sus objetivos dentro de un marco legal e institucional, su actitud dentro del proceso constituyente fue estratégica en dos sentidos: por un lado, retomó los puntos esenciales del pensamiento liberal económico incluido en la Constitución de 1967¹⁶, tales como laindependencia y el desarrollo "mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano"¹⁷ (artículo 133), y laprohibición de monopolios privados (artículo 134). En ese sentido, propuso un reajuste de los principios clásicos en una idea minuciosa y detallada sobre el ordenamiento económico, organizada en treinta y dos artículos en los que se incluyen temas fundamentales: las funciones del Estado en la economía; el sistema de planificación e inversión; las políticas fiscal, financiera, monetaria y de control; toda esta propuesta con la clara orientación hacia una actuación acotada o nula del Estado como garantía de un funcionamiento eficaz de la economía.

Por otro lado, el bloque liberal tuvo un desempeño estratégico al plantear su postura sobre uno de los puntos neurálgicos propuestos por el bloque opositor acerca de la disyuntiva entre economía de mercado o economía social comunitaria; para este bloque dicha disyuntiva resulta ser un situación menor al catalogarla como de falsa o aparente disyuntiva, la cual fue solucionada en un acotado apartado en el que se explica que, debido a los grandes avances de la democracia, hoy existen todas las garantías de participación igualitaria hasta en los escenarios económicos, por lo que no es necesario tener una diferenciación entre los tipos de economías existentes. Adicionalmente, este bloque indica que al tener los destacados resultados en materias como crecimiento, eficiencia y desarrollo, el país debe fortalecer y apoyar más la economía que ha funcionado. En respuesta a esta forma de comprender la economía, el bloque social de poder¹⁸ propone una modificación radical de esta postura.

El bloque de poder social-comunitarista

El (re)surgimiento y consolidación del bloque social en Bolivia fue producto de la capacidad de emancipación social e indígena para incidir en las estructuras modernas y liberales del Estado, la Constitución y la Economía (De Souza, 2009). Este bloque de poder social, liderado por el MAS¹⁹, encontró en la Asamblea Constituyente las condiciones político-jurídicas²⁰ para poner en el debate la propuesta de la economía social comunitaria como alternativa posible a los modelos económicos tradicionales. Es así como el nacionalismo indigenista del MAS fue una síntesis tanto de las visiones y propuestas de los movimientos sociales e indígenas nacionales, como de las propuestas de refundación del país que implicaban una nueva constitución y la reversión del neoliberalismo (Grebe, 2009).

En esta dirección, la economía social comunitaria propuso cuatro grandes planteamientos²¹ que invitan a repensar el lugar de la economía en el desarrollo del país, y la importancia de la Constitución en relación con los temas económicos. Estos planteamientos se refieren a: 1) la economía social comunitaria como base de la organización económica del Estado, 2) la orientación del sector privado y el monopolio hacia el beneficio social, 3) el retorno a una función reguladora del Estado en la economía y 4) la fuerza creadora y ordenadora de la economía del vivir bien como trasfondo filosófico de la propuesta. De manera sintética, a continuación se describe cada uno.

En primer lugar, la economía social comunitaria como la base de la organización económica del Estado propone la inclusión formal de cuatro formas económicas dentro del sistema económico boliviano: la empresa pública; la empresa privada (pequeña, mediana y grande); las unidades y organizaciones económicas de producción, comercio y servicios, urbanas y rurales que funcionan con visión comunitaria; y las empresas de economía social (cooperativas). Si bien este aspecto es menor para el bloque liberal, para el bloque social es el punto central en el debate, ya que durante siglos el entramado colonial excluyente hegemonizó la economía alrededor del capitalismo, ocasionando una invisibilización de las otras economías²², tales como la doméstica, la campesina, la indígena, la informal, que habían existido en el plano real pero no habían logrado una formalización constitucional²³. En este sentido, se pueden identificar dos logros importantes, por un lado, haber instalado el debate sobre las otras formas de la economía y su valor real en la economía del país en pleno proceso de reforma constitucional, y, por otro, preparar el escenario de debate sobre la formulación de políticas públicas destinadas a fortalecer estas formas productivas en la dinámica del sistema productivo nacional.

En segundo lugar, la empresa privada es reconocida como parte de la economía del país y, por tal razón, su actividad estará enmarcada en una serie de condiciones que orienten su labor; por un lado, el aporte al desarrollo económico y social del país y al fortalecimiento de la independencia económica, y, por otra, la obligación de proteger el medio ambiente y generar trabajo digno. En ese mismo sentido, la prohibición de monopolio incluye una variación particular, la prohibición del acuerdo entre empresas "que perjudiquen al pequeño productor y al consumidor" (artículo 5) como una condición para evitar la competencia desleal. Tanto el papel de la empresa privada como la prohibición del monopolio, sufren un giro con respecto a su función tradicional (Goitia, 2006): ahora no son principios retóricos, tienen una intencionalidad política en medio de la correlación de fuerzas, relacionada con limitar la acción del capital, no para frenar el desarrollo, sino para incentivar una economía que estimule el funcionamiento dinámico de la economía pública en función de la economía del capital, y de éstas con la economía social comunitaria.

En tercer lugar, el rol regulador del Estado en la economía retoma un lugar central en la discusión, ya que el bloque de poder social cada vez tiene más argumentos, luego de los efectos de la última crisis financiera, para justificar la importancia de esta función en cada etapa del proceso productivo: en la planificación, con la creación de espacios de participación y consulta ciudadana; en la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales; en la regulación que protege el medio ambiente; en el control de los sectores estratégicos de la economía; en la promoción de la integración de los sectores económicos; en la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables; en la promoción de políticas contra las desigualdades y otras formas de exclusión social y económica para erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. Si bien esta es una de las funciones más contradictorias y a la vez definitivas para orientar el tipo de relaciones entre economía, Estado y sociedad, en Bolivia fue y sigue siendo uno de los temas vitales en las discusiones entre los bloques de poder, debido a lo que está en juego: el tipo de modelo económico. Si bien la economía boliviana ha estado en modelos similares como es el caso del nacionalismo de la década del cincuenta²⁴, esta propuesta intenta incrementar drásticamente los ingresos fiscales a partir de la recaudación de recursos provenientes de los hidrocarburos y de la minería²⁵, para sostener y consolidar las políticas sociales de redistribución iniciadas por el presidente Morales en 2006²⁶.

Finalmente, la economía del vvir bien (sumaq qamaña)²⁷ es uno de los aportes más significativos de los pueblos indígenas bolivianos en el proceso constituyente, ya que propone una reflexión crítica sobre el lugar de la economía en la estructuración de las relaciones sociales y de poder. Si bien el vivir bien es un principio de la cosmovisión indígena que ha sido utilizado a lo largo de la historia en todo tipo de prácticas económicas, no era conocido ni usado por la población mestiza o blanca, debido a las explicaciones modernas que negaron de tajo el valor del saber indígena. Por tal razón, esta forma de entender la economía implica la reconstrucción de la identidad cultural y de la herencia ancestral milenaria con la recuperación de los conocimientos y saberes antiguos, así mismo, implica una política de soberanía y dignidad nacional, una apertura a nuevas formas de relaciones de vida (ya no individualistas sino comunitarias), la recuperación del derecho de relación con la madre tierra y la sustitución de la acumulación ilimitada individual de capital por la recuperación integral del equilibrio y la armonía con la naturaleza (Huanacuni, 2010). En este sentido, la economía del vivir bien es una apuesta epistemológica y política del Sur (De Souza, 2010) basada en el pensamiento indígena y campesino, que incluye todas las formas de organización económica, con la importante misión de orientar la economía hacia la vida. Esta coexistencia de formas económicas es una manifestación del pluralismo económico, que constituye uno de los rasgos novedosos de los procesos constituyentes contemporáneos²⁸ en Latinoamérica.

El resultado de la disputa: un modelo económico nacional productivo

Hacia el final del mandato de la Asamblea y en vísperas de la aprobación del texto constitucional, Bolivia estuvo sumergida en un clima de violencia generalizada, manifestaciones en contra de los asambleístas, una masacre de campesinos en Pando, actos de desestabilización en contra del gobierno de Morales, cierre de las principales vías de acceso a las ciudades, incendios y destrucción de oficinas estatales²⁹. Éstos, entre otros hechos, avivaron las discusiones entre los dos bloques de poder ya no sólo dentro del recinto de la Asamblea Constituyente, sino en las calles (Prada, 2008). Y es en medio de esta alta conflictividad social y política que se logró llegar a un acuerdo sobre el texto de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), y en este, sobre las bases del modelo económico nacional para los próximos años. Este "acuerdo" entre los bloques de poder social implicó tres posibles escenarios: el consenso definitivo, la articulación de propuestas o la imposición de una postura sobre las demás. El contenido del acuerdo entre bloques de poder expresado en el texto constitucional contiene las siguientes características:

• El modelo económico boliviano es plural, se orienta al mejoramiento de la calidad de vida y el vivir bien, donde el Estado tiene como valor máximo "al ser humano" y "el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo" (artículo 306).
• La organización económica comunitaria es entendida como "sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos" (artículo 307).
• La iniciativa privada, de la cual se espera que "contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país" (artículo 308).
• La economía estatal como otra forma de organización tiene objetivos: la administración de los recursos naturales y los servicios básicos de agua potable, la producción directa de bienes y servicios, la promoción de la democracia económica y la soberanía alimentaria y la garantía de la participación y el control social (artículo 309).
• El reconocimiento y protección de la forma cooperativa (artículo 310).
• La igualdad jurídica de las formas económicas (artículo 311, I).
• La economía plural en los siguientes aspectos: la dirección integral del desarrollo económico y la planificación en cabeza del Estado, la propiedad del pueblo de los recursos naturales administrados por el Estado, la garantía de la propiedad individual y colectiva sobre la tierra, la industrialización de los recursos naturales, la intervención del Estado en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica, la promoción de la economía comunitaria como alternativa solidaria en el área rural y urbana (artículo 311, II).
• El fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la generación de trabajo digno y la protección del ambientecomo obligaciones de toda actividad económica (artículo 312).
• Los propósitos de la organización económica boliviana:
1) Generación del producto social. 2) La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos. 3) La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 4) La reducción de las desigualdades regionales. 5) El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales. 6) La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo (artículo 313).
• La prohibición del monopolio y el oligopolio (artículo 314).
• El reconocimiento de la propiedad de las personas jurídicas (artículo 315).

Es importante señalar que el texto completo de la Nueva Constitución fue refrendado con la realización del referéndum constitucional dirimitorio³⁰ en enero 25 de 2009, el cual contó con la participación del 61,63% del padrón electoral. Si bien podría catalogarse como excesiva la legitimación por la vía electoral democrática del trabajo de la Asamblea Constituyente, ya que el texto gozaba de un estatus importante al ser producido durante el mandato legal, fue una jugada política del gobierno de Morales llamar a las urnas para relegitimar el trabajo de la Asamblea en vista de las grandes fragmentaciones y polarizaciones de la sociedad boliviana, y como estrategia para medir de nuevo las fuerzas sociales luego de ese espinoso proceso constitucional.

A manera de conclusión

En clave histórica, se puede plantear que la Constitución de 1967 cerró el periodo nacionalista caracterizado por un marcado constitucionalismo social y un capitalismo de Estado (Rivera, 2005), que sumado a la consolidación y crisis del modelo neoliberal, impulsó una alta movilización social (de élite y popular) para reformar la Constitución en función de los cambios económicos. En este sentido, los cuatros principios estipulados en la Constitución de 1967 resultaron insuficientes para responder a la dinámica desarrollada en cuatro décadas, lo que implicó una necesaria ampliación en los principios económicos: la definición del modelo económico, así como su finalidad y objetivos, el reconocimiento del subsistema comunitario/popular como complemento de los subsistemas estatal y de capital. Adicionalmente, otro cambio importante en esta trayectoria fue el paso de lo económico como régimen especial a la economía como parte fundamental de la Constitución, resaltando la centralidad y el liderazgo que ésta imprime sobre las demás dimensiones de la realidad.

Las posturas de los bloques sociales de poder en confrontación están claramente definidas. Por un lado, con un giro a la izquierda, el bloque social de poder está orientado a la reivindicación de un modelo económico comunitarista desarrollado en pocos artículos, que requiere de un marco ideológico indígena y popular para ser comprendido; si bien la propuesta de la economía social comunitaria se mantiene dentro de los lineamientos modernos del derecho constitucional como una garantía para ser discutida dentro del campo jurídico, los contenidos de la propuesta son fisuras por donde se encara la ruptura de los clivajes liberales modernos que han legitimado un solo modelo económico. De otra parte, el bloque de poder liberal, en su posición como minoría, propone un marco muy interesante, ya que conjuga planteamientos innovadores como el pluralismo, el mejoramiento de la calidad de vida, la eliminación de la pobreza y la desigualdad, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los consumidores, temas muy acordes con las demandas sociales actuales, pero que tienen la pretensión de dar un giro más humano al capitalismo; para tal fin, promueve y defiende la democracia y la institucionalidad como medios para lograr su objetivo.

Entre la Constitución de 1967 y la Constitución de 2009 se puede dibujar un recorrido de larga duración por el conjunto de cambios propuestos como un marco de pensamiento y acción que está acorde con las características de este tiempo de transiciones; en este sentido, la Nueva Constitución de Bolivia se constituye en un producto social que responde a las transiciones que le impone la historia nacional y global. Grandes retos como la pluridiversidad, la plurinacionalidad, el vivir bien, el pluralismo hacen parte de las características del nuevo constitucionalismo latinoamericano, las cuales requerirán de un diseño institucional adecuado, a través de políticas públicas, para cumplir con su finalidad.

Notas

1 Bolivia es un país mayoritariamente indígena, en el que existen 37 culturas distintas: tres grandes y 34 pequeñas. Los mestizos constituyen el 38%; los aymaras, el 25%; los quechuas, el 30%; y los pueblos indígenas del Oriente y Chaco, el 7%. (INE, Censo 2001).

2 La primera Constitución de Bolivia data de 1826, durante este siglo aparecen nueve constituciones más (1831, 1834, 1839, 1843, 1851, 1861, 1868, 1871 y 1878). A partir de la Constitución de 1890, se inicia un periodo de estabilidad, ya que esta Constitución se muestra como el eje de la organización política boliviana, la cual ha sido modificada parcialmente pero mantiene su estructura básica (1938, 1945, 1947 y 1961).

3 "La formación social abigarrada se caracteriza, entonces, por contener tiempos históricos diversos, de lo cual una expresión más particular es la coexistencia de varios modos de producción; la existencia de formas políticas de matriz diversa o heterogénea, que se expresa en la existencia de un conjunto de estructuras locales de autoridad diversas entre sí y un Estado más o menos moderno y nacional, pero que no mantiene relaciones de organicidad con las anteriores y, en consecuencia, es un Estado más o menos aparente" (Tapia, 2002: 10).

4 "Creo que el gran desafío del laboratorioboliviano es crear una multitud capaz de tomar decisiones políticas como un actor autónomo, el de inventar una forma de gobernar en la que la multitud tenga el poder de su autodeterminación y el de crear un proceso constituyente multitudinario. Ese es el ambicioso papel de Bolivia en el mundo hoy" (Hardt, 2010: 74).

5 Si bien el accionar político de los pueblos indígenas, así como el de las organizaciones de vecinos, es presentado en Bolivia como novedoso debido al impacto cultural y mediático que han logrado tener, en especial durante el proceso constituyente, es necesario notar que en realidad se trata de fuerzas sociales de una larga historia y trayectoria. Al respecto, véase Rivera (1984).

6 Según Barragán (2006) en la historia de Bolivia, del conjunto de asambleas para el siglo XIX, doce fueron constituyentes: tres congresos constituyentes (1834, 1839 y 1848), tres convenciones nacionales (1843, 1851, 1880-1881) y seis asambleas constituyentes (1826, 1831, 1861, 1868, 1872, 1877-1878). Mientras que en el siglo XX se tuvieron cinco convenciones nacionales (1900, 1920-1921, 1938, 1944, 1945) y dos asambleas constituyentes (1956-1957, 1966-1967).

7 En 2004, el Parlamento Nacional sancionó la "Ley No. 2631 de Reforma Constitucional con el fin de derogar la Constitución de 1967" y convocar la Asamblea Constituyente.

8 El sector petrolero estaba controlado por Repsol YPF, BG Group, Petrobras, YPFB Chaco S.A. El sector sojero fue conformado por las industrias de aceite FINO S.A., ADM SAO S.A., así como medianos y grandes productores nacionales y extranjeros.

9 Para el vicepresidente de Bolivia, el ascenso electoral de las izquierdas nacional-indígenas (Movimiento Indígena Pachakuti) y popular-mestizas (Movimientos al Socialismo) se convirtieron en el capital de movilización de los sindicatos y comunidades, en capital político electoral de autorepresentación indígena, como efecto diferido de la renovación democrática de los espacios, los discursos, las instituciones, los capitales y los sujetos de la política en la Bolivia actual.

10 Apenas en 2004 la Asamblea Nacional Constituyente fue reconocida como mecanismo legal para la reforma de la Constitución en Bolivia, ya que anteriormente era la declaración de necesidad de la reforma ante las cámaras y se diera trámite de ley ordinaria (Constitución de 1967, artículo 230).

11 La Comisión XIX está integrada por quince miembros: Teodora Tapia Aruni (presidenta), Emilio Gutiérrez Colque (vicepresidente), Angélica Siles Parrado (1ra Subcomisión), Franz Choque Ulloa (2da Subcomisión), Andrés Zeballos Chocomani (3ra Subcomisión), Enrique Quiroz Escobar, Wilder Vaca Cuellar, Nilda Copa Condori, Simona Garzón de Antezana, Guisel Zárate Gumiel, Dora Arteaga Alanoca, Ana Núñez Durán, Samuel Doria Medina, Juan Carlos Aranda Crespo, Miguel Ojopi Sosa.

12 De la composición total de la Asamblea Constituyente (255 miembros), 137 (53%) pertenecen al Movimiento al Socialismo MAS (partido del gobierno) y 60 (23%) pertenecen a Podemos (partido de la oposición). Esta proporción fue mantenida en las comisiones.

13 Aunque la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, No. 3364 de marzo 6 de 2006 intentó proponer una participación amplia e incluyente como el reconocimiento de la equidad de género, fue muy cuestionada por mantener los criterios de las normas electorales tradicionales, basados en los partidos electorales, las circunscripciones y el sufragio.

14 El Reglamento General de la Asamblea Constituyente (2006) prevé varias fases de debate dentro de cada comisión y en las audiencias generales; para la discusión en dichos escenarios se prevén dos informes: el de mayorías y el de minorías, los cuales son sometidos al debate y posterior votación. En caso de que no haya consenso, se convoca un comité de concordancia y redacción final del texto (artículos 25 y 26).

15 El texto de la Constitución promulgada el 2 de febrero de 1967 durante la presidencia de René Barrientos Ortuño mantuvo, en términos generales, el contenido de la Constitución de 1961; una de las reformas más significativas fue la inclusión del artículo 133 sobre la independencia nacional (Goitia, 2006: 252).

16 Gargarella (2005) en su estudio sobre el constitucionalismo menciona que los planteamientos liberales con estas características han estado presentes a lo largo de las constituciones postindependentistas de América Latina, por ejemplo, en Perú, con José Simeón Tejada; en Bolivia, con el general Linares; en Argentina, con Alberdi.

17 Para autores como Asbun Rojas (citado por Ciro Félix Trigo) existe una disyuntiva sobre el carácter del Estado y su relación con la economía. Si bien este artículo, de influencia nacional socialista, antepone la soberanía del Estado al bienestar de la ciudadanía, está fuera de contexto y apunta en dirección contraria al principio de la Justicia social. Estado de derecho versus Estado social y democrático de derecho.

18 Es interesante anotar que entre los proyectos de minorías y mayorías, varios temas fueron aprobados por consenso: "Integración económica, turismo, micro y pequeñas unidades productivas, fomento a la producción nacional, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, Bolivia productiva e industrial, reconocimiento al trabajador del hogar, promoción de formas asociativas y empresas mixtas" (Comisión XIX, 2006: 4).

19 Dentro de la dinámica social organizativa en Bolivia, el MAS rebasó el concepto tradicional de partido político, al ser considerado un instrumento político que se encargaría de visibilizar en la arena electoral las pretensiones del movimiento social e indígena.

20 De los quince integrantes de la Comisión XIX, este proyecto de informe fue avalado por nueve miembros del MAS.

21 Esta síntesis está basada en el Informe de Mayorías presentado en la Comisión XIX. Los artículos citados corresponden a la numeración interna del informe presentado.

22 Sobre la definición teórica de las otraseconomías, existen diversas posturas al respecto, tanto en Europa como en América Latina: economía social y del trabajo (Coraggio), economía social y solidaria (Defourny), economía solidaria (Singer).

23 Polanyi plantea una crítica sobre la visión moderna de la economía centrada en el mercado, la cual es propia del siglo XVIII: ha generalizado la idea de economización como la definición formal e institucional de la economía, dejando fuera toda la economía real (Polanyi, 2007).

24 Durante la Presidencia de Víctor Paz Estenssor se profundiza el constitucionalismo social con medidas como la redistribución de la tierra a través del a reforma agraria, la nacionalización de la minería, la regulación de la explotación de los recursos naturales, la reforma educativa y el régimen de seguridad social (Goitia, 2006).

25 Las reservas internacionales han aumentado desde 1.000 millones de dólares en 2003 a 7.700 millones de dólares a fines de 2008.

26 Entre los programas sociales de este gobierno se destacan: la Renta Dignidad para la tercera edad, por un monto anual de 340 dólares para cada beneficiario; el Bono Juancito Pinto para los niños en edad escolar, por un monto de 29 dólares al año; y el Bono Madre Niño Niña para las mujeres embarazadas y sus hijos menores de dos años, por un monto de 257 dólares pagadero en un lapso de dos años y nueve meses.

27 El vivir bien es considerado uno de los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo: "La concepción del vivir bien es propio de las culturas originarias o indígenas del país. El vivir bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la diversidad e identidad cultural. Significa 'vivir bien entre nosotros', es una convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder, 'no se puede vivir bien si los demás viven mal'. Se trata de vivir como parte de la comunidad con protección de ésta, en armonía con la naturaleza, 'vivir en equilibrio con lo que nos rodea', también significa 'vivir bien contigo y conmigo', que es diferente del 'vivir mejor' occidental, que es individual, separado de los demás e inclusive a espaldas de los demás y separado de la naturaleza" (Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" 2006-2010).

28 En ese sentido, Viciano y Martínez (2010) encuentran que los rasgos del nuevo constitucionalismo están vinculados con el real control del poder ciudadano y la pregunta por la desigualdad social.

29 La alianza cívico-prefectural realizó acciones de oposición en todo el territorio de la Media Luna por el tema de las autonomías. Las juventudes cruceñistas lideraron acciones como protestas en las calles, incendios de instalaciones oficiales, insultos públicos contra los miembros del MAS. En El Porvenir (Pando) se registró una masacre de aproximadamente veinte campesinos, la cual presenta claros indicios de ser una acción fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales (Unasur, 2008).

30 El referéndum contenía dos preguntas. La relacionada con la Constitución interrogaba: "¿Usted está de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional por los Prefectos y Representantes Municipales sobre autonomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano?"

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