Comunicación, ciudadanía y transparencia: Acceso a la información pública como herramienta de participación ciudadana en la gestión administrativa

Abstract

Abstract: The present paper is intended to establish citizens' knowledge about topics related to transparency in public information. The role of communication in processes of citizens' participation and transparency, and the relationship between such processes and the reduction of corruption, considering the fact that to more transparency, less corruption. The study focuses on the significance of citizens aware of their role in the construction of a transparent culture, through access to wide, functional, truthful, valid and efficient information; and, at the same time, empowered to effectively claim their rights to participate, as a more functional mechanism to construct transparent public policies. Keywords: transparency; institutional communication; public information; citizen participation; democracy; corruption. 1.Introducción El factor común de la historia de América Latina y varios países del mundo en subdesarrollo es la corrupción, un mal que aqueja a muchas sociedades y que ha plantado sus raíces en los sistemas políticos y administrativos.

Headnote

Resumen: El presente trabajo establece el grado de conocimiento de la ciudadanía, sobre los temas relacionados con transparencia de la información pública. Realiza un acercamiento al vínculo existente entre los conceptos de transparencia, participación ciudadana, democracia y acceso a la información como un derecho fundamental reconocido por el Estado ecuatoriano y varios organismos internacionales. Se intenta realizar un acercamiento al rol de la comunicación en los procesos de participación ciudadana y transparencia, y a la relación que existe entre estos procesos y la reducción de la corrupción, partiendo de la premisa que establece que a mayor transparencia menor corrupción. El estudio se centra en la importancia de que la ciudadanía conozca su rol en la construcción de una cultura transparente, a través del acceso a una información amplia, funcional, verídica y eficiente; y ejerza efectivamente su derecho a la participación como el mecanismo más funcional de construcción de políticas públicas transparentes.

Palabras clave: transparencia; comunicación institucional; información pública; participación ciudadana; democracia; corrupción.

Abstract: The present paper is intended to establish citizens' knowledge about topics related to transparency in public information. It approaches the existing link among the concepts of transparency, citizen participation and access to information as fundamental rights guaranteed by the Ecuadorian state and by various international organizations. The role of communication in processes of citizens' participation and transparency, and the relationship between such processes and the reduction of corruption, considering the fact that to more transparency, less corruption. The study focuses on the significance of citizens aware of their role in the construction of a transparent culture, through access to wide, functional, truthful, valid and efficient information; and, at the same time, empowered to effectively claim their rights to participate, as a more functional mechanism to construct transparent public policies.

Keywords: transparency; institutional communication; public information; citizen participation; democracy; corruption.

1.Introducción

El factor común de la historia de América Latina y varios países del mundo en subdesarrollo es la corrupción, un mal que aqueja a muchas sociedades y que ha plantado sus raíces en los sistemas políticos y administrativos. Mauro (1997: 1) entiende la corrupción como "aquellas prácticas ilegales que afectan la eficiencia del gobierno".

Pese a la concepción de mecanismos legales que garantizan el derecho a la información y, en teoría, facilitan los procesos de transparencia, la corrupción sigue primando en las sociedades subdesarrolladas e, incluso, en algunas desarrolladas, ya que no encuentran un camino y un método eficaz para combatir esta traba histórica.

En Ecuador, la Constitución, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), la Ley de Participación Ciudadana y los instrumentos internacionales de derechos humanos garantizan el acceso a la información pública sin restricción. El firme objetivo es que la ciudadanía sea copartícipe de las decisiones y tenga incidencia real en las políticas públicas del país. Sin embargo, este proceso no se cumple por varios factores que inciden en la participación de los ciudadanos como veedores y fiscalizadores de las autoridades y las instituciones que los sirven.

La Constitución de la República de Ecuador (2008) establece la transparencia de la información pública como un requisito para el desarrollo de la participación ciudadana y el libre ejercicio del derecho al acceso a la información pública, sin condiciones (título IV, capítulo quinto "Función de transparencia y control social", sección primera "Naturaleza y funciones", artículo 204). Por otro lado, la Ley Orgánica de Comunicación garantiza el derecho a estar informados como un mecanismo de construcción de la democracia (título II, capítulo 1 "Principios y derechos", artículo 12). Con este marco legal se puede apreciar que en Ecuador se avala el derecho a la información. Ahora bien, esto por sí solo no significa que se cumpla lo establecido.

Para dimensionar la relevancia que tienen los procesos de transparencia se deben entender todos los conceptos como constituyentes de un marco integral del Estado. El concepto de democracia implica una sociedad que investiga, se informa, interviene y decide. La ciudadanía debe conocer sus derechos con el fin de ejercer estos roles. Además, para emitir un criterio formado debe obtener la información adecuada, es decir, información completa, verificada, contrastada y expresada en un lenguaje ciudadano. Esto representa en esencia el derecho a la comunicación y a la información, en la concepción de la democracia ideal, donde se abandona un rol contemplativo y se adopta un papel activo.

Uno de los componentes operadores de la salud de la democracia es la transparencia, un concepto tan amplio y transversal que implica un aparataje legal, constitucional e institucional. Este conjunto se resume en la suma de valores que busca el desarrollo social e integral, sobre la base de un sentido de independencia con respecto a los mandatarios.

En este sentido, Molina, Corcoy y Simelio (2015) explican la importancia de la transparencia:

La transparencia es un primer paso hacia el rendimiento de cuentas de los responsables de las organizaciones, que deben informar a las personas implicadas o interesadas sobre sus proyectos, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, y que deben facilitar formas de participación para fijarlos y desarrollarlos teniendo en cuenta los intereses de todos los sectores y personas implicadas (213).

La transparencia es consustancial a la concepción de democracia, pues esta implica el Estado de derecho y la participación de la ciudadanía, no solo para controlar el poder, sino para compartirlo. Si no se fomenta una democracia integral, aquella que considera tan importante el componente representativo (autoridades elegidas) como el participativo (ciudadanía), se tiene como consecuencia la corrupción. Esta afecta negativamente muchos aspectos de la organización de las sociedades (por ejemplo, agota recursos económicos necesarios para obras y servicios necesarios) y, por consiguiente, se estropean los procesos democráticos.

El problema de la corrupción es una constante en América latina, constituye un factor común de los países en "vías de desarrollo" e, incluso, de muchos países desarrollados. Representa un mal estructural de la sociedad, con respecto al cual cabe preguntarse si, en efecto, se acrecienta cada vez más o si los mecanismos para detectarla son más efectivos. En los últimos años, se ha podido apreciar, en la agenda mediática latinoamericana, una mayor cantidad de casos de corrupción. Paradójicamente, era un tema oculto, no tratado por la ciudadanía, a pesar de que su surgimiento ocurre casi a la par de la organización del Estado.

Se señala que "... los países iberoamericanos presentan algunos de los índices de corrupción más altos del mundo, la corrupción es uno de los principales impedimentos para el desarrollo regional y que ésta se ha multiplicado en los últimos años" (Bautista, 2012:49). El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) elaboró un documento de trabajo en el año 2014 en el que se presenta la magnitud del daño que genera la corrupción en América Latina. Se indican los costos financieros y económicos: entre 1970 y 2008 se gastó $1.8 billones en flujos financieros ilícitos (Gaspar, 2019). Por su parte, el Banco Mundial reportó que se paga $1 billón de dólares en sobornos por año. Las cifras resultan alarmantes si las contrastamos con los males sociales que se pueden combatir con esas cantidades, por ejemplo, la pobreza y la desnutrición.

La lucha contra la corrupción surge en los noventa cuando nacen organizaciones e instancias internacionales que consideran fundamental plantear el debate sobre el fenómeno y sus consecuencias.

De esta manera surge, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), el primer instrumento de su tipo a escala global que buscaba el acuerdo de países para mejorar los mecanismos de prevención y colaboración entre Estados miembro en las Américas. También aparecen otros tratados internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). Además, se crean agencias anticorrupción, se promueve el gobierno electrónico, se crean leyes y mecanismos para mejorar las compras y contrataciones públicas, se exige a funcionarios que declaren sus patrimonios y se mejoran los sistemas de gestión financiera y de compras y de contrataciones públicas, entre muchas otras medidas. Todo esto con el ánimo de disuadir y detectar a los corruptos (Salas, 2016:2).

Con la creación de estas organizaciones, mecanismos y programas se sentó un precedente importante en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, y, por tanto, a la lucha anticorrupción. Con estos mecanismos es posible disponer de detalles sobre los ingresos y egresos de cada institución, y sobre la inversión de los fondos públicos. También se otorga a la ciudadanía la potestad de exigir una rendición de cuentas sobre la gestión de las instituciones y los funcionarios públicos.

En Ecuador se marcó un hito con la Constitución del 2008, ya que implementó una nueva función llamada Transparencia y Control Social. Esta tiene como premisa la participación ciudadana en los procesos de administración del capital de los ecuatorianos, además de promover su rol activo en la construcción de políticas públicas.

Con todo y esta concepción de transparencia, no se logró evitar una serie de casos de corrupción que en la actualidad aún están siendo procesados, entre ellos los sobornos de Odebretch, el caso de arroz verde, Petroecuador, Singue, Petrochina, además de aportes injustificados para las campañas políticas de Alianza País; adicionalmente, varios exfuncionarios han escapado del país sin rendir cuenta de sus administraciones. Con esta larga lista de casos de corrupción, la función de transparencia y control social tiene una deuda con la ciudadanía, pues se ha puesto en evidencia su ineficacia.

2.Marco Teórico

2.1.Comunicación institucional

La comunicación institucional ha evolucionado a lo largo de los años, lo que ha permitido definir su rol y su importancia en la sociedad. Se puede analizar su accionar desde dos perspectivas: la democrática y la instrumental. La visión democrática avala el acceso a la información, mientras que la instrumental establece objetivos comunicacionales que, en ocasiones, pierden de vista a los ciudadanos y sus necesidades y requerimientos. Aranes (1996) define este último enfoque de la siguiente manera:

La actividad de la Administración Pública bascula en torno a dos líneas de fuerza opuestas: la democrática de servicio y la autista instrumental endógena. Ambas se manifiestan a su vez en los planos político y administrativo. De hecho, la comunicación institucional es el resultado de una doble dialéctica que se origina en la intervención del Ejecutivo y la Administración Pública, cada ente con una lógica diferenciada que, internamente, también ha de confrontar los dos impulsos activados: el orientado al autismo y el que se fundamenta en la apertura democrática a la sociedad. En ambos casos habrá de ser una nueva cultura de la política y la administración la que establezca un espacio de servicio y cooperación con la sociedad. (2)

El desarrollo tecnológico actual ofrece oportunidades para llegar más y mejor a una audiencia cada día más ávida de conocimiento. En esta línea, entendemos que las redes sociales, las páginas web y los portales de gobierno electrónico son el campo de batalla en el que siempre debería llevarse a cabo la comunicación institucional.

Para los fines de la presente reflexión, se abordará a la comunicación institucional desde una perspectiva democrática, que permita remitir a la sociedad al concepto más básico de comunicación: hacer común un conocimiento, una información o algún aspecto de la vida social.

2.2.Democracia y transparencia

Se puede definir la transparencia como un paradigma de valores sociales que se establece con la participación social. El sentido de diafanidad "(...) implica poner a disposición y alcance de la ciudadanía toda información que se genere en la actuación de los poderes públicos (...)" (Molina y Medranda, 2018: 145). Una cultura de transparencia y de control social parte de una ciudadanía empoderada de sus derechos, que entiende la relevancia de participar en los procesos que generan políticas públicas y que involucran a todos los actores de un gobierno. Dice Morlinos: "En contextos caracterizados por alta legitimidad, se debe observar también un amplio conjunto de intereses y formas de participación política" (Citado por Peschard, 2009: 8).

La transparencia implica el derecho a exigir mecanismos que permitan evidenciar claramente en qué se están gastando los impuestos. Por otro lado, permite ponerle rostro a la administración pública, es decir, saber quién gestiona los recursos, cuál es su trayectoria política, sus posibles alianzas e intereses y, desde luego, los resultados que ofrece su gestión. Desde esta perspectiva, se abre un abanico de posibilidades para construir democracia. En pocas palabras, transparencia va de la mano y coexiste con democracia, por lo que es importante promocionarla.

Ahora bien, si como se mencionó con anterioridad, el concepto de comunicación está ligado a la democracia, también lo está a la idea de transparencia. Esta es parte fundamental de la comunicación institucional, desde una vertiente legal con respecto a los poderes públicos y una vertiente ética de responsabilidad social acompañada de voluntad política para hacerla efectiva (López y Medranda, 2016: 1006).

De este modo, Manfredi (2010) establece que la transparencia informativa consiste en la puesta a disposición del conjunto de datos, documentos, expedientes y otros archivos que explican y muestran la acción del gobierno, del sistema y de sus actores, instituciones y tradiciones. Este derecho a la información y la comunicación responde a la lógica democrática y, a su vez, hace posible la impostergable e innegablemente necesaria rendición de cuentas, a través de la cual los miembros activos de una sociedad realizan fiscalización ciudadana.

(...) la rendición de cuentas (accountability) es un elemento central en la experiencia de la democracia representativa, se convierte en una verdadera arma para los ciudadanos y para la sociedad civil en general, en la medida que les garantiza un medio efectivo de control sobre sus instituciones políticas. La rendición de cuentas no es otra cosa que la obligación que tienen los líderes políticos electos de responder por sus decisiones políticas cuando les es pedido por los ciudadanos, electores u otros cuerpos constitucionales. (Peschard, 2009:8)

Molina y Medranda (2018) relacionan la transparencia y la rendición de cuentas en tanto elementos fundamentales para la práctica del derecho ciudadano a la participación en asuntos de políticas públicas y el alcance efectivo del conocimiento de los procesos de la administración pública. Por ello se hace necesaria una ley de acceso que permita a los ciudadanos solicitar y utilizar datos sin la necesidad de demostrar los fines para los que los requieren.

La primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada en 1766 en Suecia. En 1789, Francia ratifica el apoyo a la transparencia de la información, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece en su artículo 15 lo siguiente: "La sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo agente público." (Canavaggio 2011: 19).

El proceso en América Latina fue diferente, un poco más lento. Documentos como la Declaración de Chapultepec en 1994 y la Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión del año 2000, más la aprobación de Leyes de Acceso a la Información (LAI) en países como Panamá en el 2002 y Perú en el 2004, dejan ver una tendencia hacia la promoción de la transparencia en la comunicación y, por ende, de la participación ciudadana.

En Ecuador, se aprobó el 18 de mayo de 2004 la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Esta tiene como objetivo garantizar el acceso a la información transparente y sin restricción sobre la forma en que las instituciones del Estado administran los recursos. Según lo establecido en el título segundo, artículo 7, de la LOTAIP (2004), "la información deberá ser publicada, organizándola por temas, ítems, orden secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones".

Alrededor del 70% de las LAI aprobadas en el mundo se han hecho vigentes en los últimos quince años, aunque es evidente que la mayoría ha surgido y opera en países democráticos. También se puede ver como un dato alentador el hecho de que más del 75% de estas fueron aprobadas en países "en desarrollo" latinoamericanos desde el año 1999. Si bien es cierto que organismos internacionales han sido los encargados de establecer las bases en este tópico, cada país ha diseñado sus propias leyes considerando características particulares importantes para su adecuada aplicación.

Esto deja en evidencia que el mundo tiene tendencia hacia la libertad de información, lo cual trae como consecuencia un cambio en las exigencias hacia los gobiernos que se denominen democráticos.

2.3.Participación ciudadana y políticas públicas

En Ecuador, la participación ciudadana es un eje transversal de todos los aspectos de la administración pública. Es un derecho que nace en 2008 con la llamada Constitución de Montecristi, y se institucionaliza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, a su vez, es la base de la función de Transparencia y Control Social.

La participación ciudadana supone uno de los elementos indispensables para hablar de democracia; de hecho, consiste en la potestad que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas en busca de una mejora con respecto a la gobernabilidad. Por otro lado, permite fortalecer las organizaciones sociales y hasta se podría afirmar que es el remedio para la corrupción.

En el marco de la reforma democrática del Estado, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) define a la participación ciudadana como la base de una vida democrática:

La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Una democracia plena, supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social. El fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la participación ciudadana, constituye un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y un derecho ampliamente desarrollado en la Constitución de la República". (2009:5)

El deber del Gobierno es promover la participación ciudadana en procesos de construcción del Estado, entre ellos el de establecer políticas públicas que beneficien a los mandantes. Por su parte, los ciudadanos deben presentar sus demandas a la élite política y exigir que estas se traduzcan en obras, programas, proyectos en los que se evidencie la inversión que el Gobierno hace de sus impuestos.

En un sentido estricto, una política pública no es más que soluciones concretas que se traducen en la elaboración de un programa o proyecto realizado en función de las necesidades de sus beneficiarios. Además, en este proceso se debe incluir el detalle de la ejecución de ese programa o proyecto de forma clara y transparente. Lahera manifiesta que "si las políticas públicas no son enmarcadas en un amplio proceso de participación, ello puede sesgar a los actores públicos" (2004:9). Desde esta perspectiva, se resalta la importancia de fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos de su construcción, debido a su carácter democrático y su sentido inclusivo, principalmente. Las políticas públicas son el espacio propicio para que la ciudadanía incida políticamente, pues es a través de ellas que se establece un mecanismo para solventar determinado requerimiento ciudadano.

Los conceptos de comunicación institucional, democracia, transparencia, políticas públicas y participación ciudadana son fundamentales en el sistema integral que permite hablar de control social. Su aplicación determina la calidad de un gobierno y qué tan transparente es con sus mandantes. Por otro lado, es a través de estas instancias que se establece claramente la lucha contra la corrupción para alcanzar la democracia ideal, en la que se encuentren perfectamente equilibrados los aspectos representativos y participativos.

En Ecuador se ha mantenido un largo historial de inconsistencias en la administración pública, lo que ha producido consecuencias nefastas en el devenir democrático del país. Se han violentado los conceptos de democracia y gobierno del pueblo con fines ajenos a los de una democracia real. El pueblo ecuatoriano ha vivido bochornosos capítulos de corrupción que han calado hondo en la idiosincrasia de un país que vive a la sombra del subdesarrollo, un país que es su propio verdugo si se considera que tiene todos los componentes para mantener un nivel económico, político y social digno.

Se puede hablar de dos grandes problemas nacionales, con respecto a la gobernabilidad y a la calidad de vida de los habitantes: la corrupción y la dependencia económica de los países del norte. Se abordará el primer problema como la antítesis del presente estudio.

La corrupción es un problema de valores, un problema de concepción de la democracia y, desde luego, un inconveniente grave, pero con solución. En el contexto actual de descomposición y deterioro de los valores democráticos, es necesario realizar un análisis de lo que entendemos por transparencia y poner en debate su importancia y sus componentes.

Para que la democracia se convierta en un eje transversal de la organización del Estado se deben cumplir ciertos requisitos que están atados a los conceptos de transparencia y participación ciudadana. Si estos conceptos no son llevados a la práctica no se puede hablar de democracia y, en consecuencia, se utilizará el término con demagogia, lo que conlleva a la corrupción. Las instituciones públicas son concebidas como servicios públicos, por lo tanto, su información pertenece a los ciudadanos. En virtud de esta premisa es importante que estas instituciones rindan cuentas y cumplan con la LOTAIP, pues esto significará un gran paso en la construcción de una sociedad transparente y democrática.

3.Metodología

3.1. Objeto de estudio

El estudio se aborda desde la metodología lógico-deductiva, pues esta permite realizar un análisis pormenorizado respecto al tema de investigación (transparencia de la información pública) y proponer mejoras en el sistema de gobernabilidad en Ecuador. Los objetivos específicos consisten, primero, en determinar el grado de transparencia de los gobiernos locales y, en segundo lugar, generar una explicación que permita precisar los elementos que conforman la participación ciudadana a través de un control social transparente y democrático, al alcance de todas y todos los ecuatorianos, para reducir los actos de corrupción.

Se procede a realizar un análisis de contenido tomando en consideración los indicadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Se complementa el proceso con la información publicada por las webs de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales, en la sección "Transparencia".

Para ello, se analizan las plataformas de los veinticuatro GAD provinciales, empezando por la región Sierra con diez provincias: Pichincha, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotopaxi; seguimos con la región Costa con siete provincias: Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena; la región Oriente con cinco provincias: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; y finalizamos con la región Insular que consta de una provincia: Galápagos.

Se utiliza un cuadro para ubicar todas las categorías, dispuestas en la LOTAIP, a partir de tres indicadores de autoría propia. Después, se ubican cronológicamente los ítems sobre la base del artículo 7 de LOTAIP. De acuerdo con el cumplimiento de la información, se coloca un puntaje que va de 0 a 3; 0 es igual a "No existe información", 1 a "Información incompleta", 2 equivale a "Información completa, pero no está clara" y, por último, el numeral 3 corresponde a "Información completa y clara".

A cada una de las provincias se las identifica con un código numérico, en un rango de 01 a 24. Este código responde al asignado por el registro civil para identificar el lugar de nacimiento de una persona. Es una forma de establecer un orden secuencial para realizar la evaluación de cada una de las plataformas de los GAD provinciales.

4.Resultados

La información pública, la transparencia y la democracia son los puntos fundamentales para una participación ciudadana activa, capacitada, veedora, responsable del bien común, que exija y reclame el cumplimiento de lo planificado, y vele por la administración eficiente y eficaz del gasto público. Todos estos puntos son perentoriamente analizados desde los principios de oportunidad, calidad, tiempo y funcionalidad para la sociedad ecuatoriana, como también en vista de servicios que propicien una mejor calidad de vida.

Una vez abordados los puntos de análisis mencionados, se obtiene que hay concordancia con las opiniones de los autores citados en el marco teórico del presente trabajo, así como con la conclusión de la doctora Narcisa Medranda Morales, expuesta en el capítulo 2, "Aproximaciones teóricas de la transparencia en la información pública local de los GAD municipales del Ecuador", del libro Comunicación, desarrollo y política. La autora menciona que una vez realizado el estudio de transparencia en los sitios web de las municipalidades del país, "(...) no alcanzan el 50% de transparencia en temas de publicación de la información generadas en estas instituciones." (2018: 64).

A pesar de que el Ecuador es uno de los países reconocidos en el mundo por su Constitución y sus leyes conexas, se puede evidenciar que las entidades no formulan una información transparente sobre el servicio público, además de que no la publicitan de manera completa, inteligible y comprensible. Esta falla no permite el control social de la forma en la cual se canalizan los recursos naturales, materiales y de servicios y, por tanto, imposibilita la edificación de una democracia clara. La ciudadanía no cuenta con el insumo para ejecutar su derecho cívico de veedora de los recursos del Estado y participar de la toma de decisiones que faculte la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente y menos corrupta.

El actor principal para solicitar una información pública de calidad y generar un modelo democrático es la ciudadanía. Para ello debe siempre mantenerse interesada en conocer adónde van sus impuestos y demandar que la información sea publicitada de manera sencilla y clara. Es necesario poner calidad y esfuerzo a disposición de los usuarios de manera que puedan hacer uso de las libertades y habilidades para tomar parte de las decisiones del Estado en todo lo que concierne a lo público. La ciudadanía es la base fundamental para la construcción de democracia y transparencia y, más aún, de una evolución cultural con respecto a nociones básicas de respeto, honestidad, responsabilidad y acción social.

En cuanto al cumplimiento estructural definido en el artículo 7 de la LOTAIP, esta investigación se enfocó en procesos de transparencia que de alguna manera permitan difundir información sobre el gasto, gestión y demás acciones que emprende una institución que maneja fondos públicos. Se observa en la Tabla 1 que no existe un cumplimiento total en cuanto a la estructura e información establecida en la norma, en las provincias que conforman el Ecuador.

Las provincias de Los Ríos y Sucumbíos no poseen una página web. Las provincias de Guayas y Napo presentan un nivel de cumplimiento que sobrepasa al 80% de lo establecido en la LOTAIP, y veinte de las veinticuatro provincias, presentan información incompleta y no detallada de acuerdo con lo que la ley establece.

En síntesis (Tabla 2), el 83,33% de las provincias tiene un cumplimiento incompleto, un 8,33 ni siquiera posee información y apenas otro 8.33% de las provincias cumple en el ofrecimiento de información de acuerdo a parámetros establecidos.

Lo anterior significa que la mayoría de las provincias (91.66%) y sus ciudadanos no tienen garantizado por el Estado ecuatoriano lo que se considera y debe ser tratado como un derecho fundamental: acceso a información que permita ejercer de manera efectiva la participación ciudadana. Además, evidencia que no hay rendición de cuentas por parte de los organismos que manejan los recursos. Esto imposibilita participar en la construcción de políticas públicas transparentes para, de esta manera, hacer frente a posibles situaciones de corrupción y promover el avance y desarrollo del país.

Se puede hablar de un cumplimiento incompleto de la LOTAIP, pues si bien la información está en las páginas web de las Prefecturas de Ecuador, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de estar avalada por los organismos y legislaciones respectivas, esta no demuestra un tratamiento adecuado para el ejercicio de fiscalización por parte de la ciudadanía.

5.Conclusiones

De acuerdo con la LOTAIP, el acceso a la información pública es un derecho de la ciudadanía que le permite supervisar y controlar las acciones de los diferentes entes que conforman la estructura estatal. Esa información debe ser especialmente humanizante y, para ello, debe reunir las siguientes características:

* Completa y transparente

* Con memoria y contextualizada

* Contrastada y contrastable

* Periodística, inteligible y comprensible

Estas cualidades son necesarias para realizar una fiscalización de los procesos y de la utilización de los recursos públicos, de manera eficiente y eficaz. Con ello es posible el seguimiento de las planificaciones operativas anuales y supervisión de la calidad del gasto público en bienes y servicios que mejoren las condiciones de vida de las personas. Del mismo modo, se haría realidad un entorno transparente y democrático de las entidades que conforman las funciones del Estado.

Sin embargo, se evidencia que no existen los mecanismos suficientes para el despliegue de una participación ciudadana democrática y aceptable que propicie ambientes de crecimiento y desarrollo social y económico, sostenible y sustentable en el tiempo. Por lo tanto, es necesario capacitar a la sociedad para que ponga en práctica el uso y goce de sus derechos y facultades amparadas en el marco legal ecuatoriano y en la normativa anexa a la carta magna.

Por otro lado, se debe modificar el esquema mental que hace pensar que el Gobierno debe regalar obras, programas, proyectos o cualquier otro servicio. No es así; al contrario, se trata de un intercambio como cualquier otro, es decir, los ciudadanos pagan impuestos y los funcionarios públicos están obligados a presentar resultados transparentes de su gestión. Cuando se logre cambiar esta estructura de pensamiento, que no ha permitido avanzar en materia de transparencia, se alcanzará un cambio real. Los ecuatorianos tienen derechos garantizados por normas jurídicas y políticas públicas que deben cumplir su función. La única forma de que eso ocurra es que se ejerza el papel y deberes inherentes a la condición ciudadana.

Por esta razón, es urgente motivar la participación ciudadana poniendo a disposición información clara, basada en una metodología amigable, accesible, sistematizada y en un lenguaje simple y conciso, lo que permitirá realizar veedurías que fortalezcan el aparataje fiscal y transparenten la labor de los servidores públicos en el país.

De acuerdo a lo expuesto por Bertot, Jaeger y Grimes (2010), la transparencia es un aspecto fundamental para promover la participación ciudadana democrática, mediante la publicación de información precisa, disponible para la ciudadanía. Con ella se genera confianza en los entes gubernamentales y se contribuye con la prevención de la corrupción y, de esta forma, se permite la planificación de políticas que posibiliten el progreso de las entidades involucradas.

Es importante fortalecer la transparencia a través de campañas informativas que evidencien la relevancia de la participación ciudadana en la construcción de soberanía, en un marco normativo legal que dé espacio a la construcción de valores éticos y morales. Así, será posible la realización de una sociedad más justa, más incluyente y menos corrupta, institucionalizada en derechos y vinculación social, dando paso a un cambio cultural que vele por el bien común.

La activación de los ciudadanos es primordial, pero no de cualquier ciudadano, sino de aquel que está informado, que conoce la ley, que entiende que la corrupción y los negociados de los últimos años los paga el pueblo, nadie más. Por ello, desde la comunicación, se debe promover una cultura de fiscalización ciudadana que permita acabar con el sistema de corrupción. Cuando la ciudadanía comprenda que el daño lo pagan quienes menos tienen, logrará empoderarse de la información pública y ejercer su efectivo derecho a estar informada de las actividades políticas, administrativas y económicas de sus mandatarios.

References

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