Entre la dependencia y la autonomía. El laberinto de la procuración de justicia en la democratización mexicana

Abstract

Desde la publicación del decreto de reforma constitucional en febrero de 2014, comenzó el debate público en México sobre la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) hacia la Fiscalía General de la República (FGR), con dos coyunturas visibles: la remoción del fiscal para perseguir los delitos electorales y, más recientemente, los reclamos públicos por la ofensiva de la PGR en contra de un candidato presidencial de la oposición para la elección de julio de 2018. En ocasiones, sin embargo, en el debate público prevalecen las versiones de los profesionales de la política, así como los ejercicios periodísticos, muchas veces anclados en la actualidad noticiosa. Algunos de los ejemplos que recientemente se han barajado en el debate público: 1) La campaña desde la PGR en 2005 contra Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y aspirante puntero en la carrera por la sucesión presidencial, que concluyó con su desafuero y con el retroceso de la acción penal en su contra (Cárdenas Gracia, 2006). Sumamente visibles, y cuestionables, son también las omisiones de la PGR, por mencionar algunas surgidas en tiempos recientes: 1) Las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por aparentes operaciones para desviar y desaparecer cuantiosos recursos desde secretarías de Estado, como las realizadas entre 2013 y 2015 por la Secretaría de Desarrollo Social. 2) Las investigaciones sobre posibles sobornos recibidos por políticos y funcionarios de parte la constructora brasileña Odebrecht, concluidas según lo dicho por el procurador Raúl Cervantes al momento de presentar su renuncia al cargo el 17 de octubre de 2017, pero sin ningún efecto hasta ahora (marzo de 2018).