Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo

Abstract

Merce Vilarrubias (2019): Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo, Barcelona, Ediciones Deusto, 203 pp.

Merce Vilarrubias (2019): Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo, Barcelona, Ediciones Deusto, 203 pp.

La obra que reseñamos pone de manifiesto la escasa atención que se presta a la política lingüística en nuestro país. A pesar de que en España conviven varias lenguas oficiales en un mismo territorio, los políticos no se han centrado en resolver los problemas que esta situación puede causar. De hecho, la autora afirma que los movimientos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia se ven fuertemente determinados por el arraigo a su «lengua propia». Por ello, Merce Vilarrubias, especialista en políticas lingüísticas en países plurilingües, propone desarrollar una Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos con el fin de crear una ley basada en la inclusión lingüística, la equidad y los derechos lingüísticos de todos los hablantes del catalán, el español, el gallego y el vasco.

En el prólogo del libro, Juan Claudio de Ramón expresa con palabras muy acertadas todos los valores e ideas que la autora desea transmitir. En definitiva, se trata de legislar partiendo de tres conceptos clave: «derechos, inclusión y sensatez» (p. 13), ya que es así como se conseguirá resolver muchos conflictos lingüísticos, políticos, sociales y económicos de nuestro país.

Así, el libro, además del prólogo, la introducción y las conclusiones, contiene tres capítulos claramente diferenciados que cumplen una función muy específica: (A) «Cómo no promover una lengua», (B) «Cómo abordar mejor nuestro plurilingüismo» y (C) «Cómo desarrollar una Ley de Lenguas Oficiales».

En el capítulo primero se presentan al lector las consecuencias de promover de forma inadecuada las lenguas. La idea que más desarrolla es que esto puede provocar movimientos nacionalistas, como ya ocurre en España, que defiendan el independentismo de las comunidades y que ponen en riesgo la convivencia social. La autora demuestra que todo este desequilibrio y jerarquización lingüística tiene su origen en la Constitución de 1978, la cual otorga a las comunidades una gran libertad para legislar en todo lo referente a la política lingüística. Así, las comunidades bilingües (Cataluña, Galicia y País Vasco) han establecido en sus estatutos el catalán, el gallego y el vasco respectivamente como «lenguas propias», dejando el español en un segundo plano. El hecho de que, por ejemplo, en Cataluña se denomine lengua propia al catalán y no al español crea una diferencia ya no solo entre las propias lenguas, sino entre sus hablantes nativos, ya que se está diciendo de manera más o menos indirecta que la única lengua realmente válida («de uso normal y preferente», p. 43) en ese territorio es el catalán. En resumen, la autora propone eliminar la asimetría existente entre lo que denominamos lenguas propias y lenguas oficiales. Asimismo, defiende la idea de que la ley no debe centrarse directamente en las lenguas, sino en los hablantes y sus derechos lingüísticos.

En opinión de la autora, otro error en nuestro país es que ninguno de los partidos políticos que optan a gobernar España ha elaborado una propuesta de política lingüística, sino que se centran en otro tipo de problemas para evitar aumentar el conflicto entre el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos. La autora hace un minucioso análisis de las escasas reflexiones que el PSOE, el PP, Ciudadanos y Podemos han hecho al respecto. La conclusión de todo este subapartado es que a los partidos políticos no les interesa poner sobre la mesa las diferentes opiniones de los hablantes del país (tanto de comunidades bilingües como monolingües), por lo que aún queda mucho trabajo por hacer, empezando por el campo de la sociolingüística.

A continuación, en «Cómo abordar mejor nuestro plurilingüismo», Vilarrubias expone las razones por las que es necesaria una Ley de Lenguas. En primer lugar, España es un país plurilingüe que cuenta con cuatro lenguas oficiales (catalán, español, gallego y vasco) y diez lenguas no oficiales cuyo número de hablantes se encuentra por debajo de los 100 000. Por otro lado, el gobierno de nuestro país, de acuerdo con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias creada por el Consejo de Europa, ha elegido comprometerse en alto grado con la aceptación y la promoción de todas las lenguas del territorio; sin embargo, el informe señala constantemente las carencias que posee España en el ámbito de la Justicia, donde predomina exclusivamente el español.

En este mismo capítulo aborda el concepto de «derecho lingüístico», es decir, «los derechos de las personas a usar su lengua en todos los ámbitos públicos» (p. 98). Los tres documentos que regulan estos derechos son la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Carta Europea para las lenguas Regionales o Minoritarias (1992) y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995). A pesar de la existencia de estos documentos, en España no se están respetando los derechos lingüísticos de los hablantes. Por un lado, los nativos de catalán, gallego y vasco se encuentran con que no pueden acceder, por ejemplo, a la administración de su país utilizando su lengua, sino que deben emplear el español. Por otro lado, comunidades como Cataluña han impuesto un sistema de inmersión lingüística en su lengua propia, lo que limita los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Es en este último hecho en el que más se centra Vilarrubias, ya que es un claro ejemplo de desplazamiento de una lengua mayoritaria. Lo que defiende la autora es el respeto por sus hablantes y sus derechos lingüísticos y la equidad entre todas las lenguas oficiales del país, tanto a nivel nacional como autonómico: se debe reflexionar sobre el lugar que ocupan el español dentro de cada una de las comunidades bilingües y el resto de lenguas oficiales dentro del Estado.

Finalmente, en el último capítulo del libro, Merce Vilarrubias se centra ya en cómo implementar su propuesta en nuestro país: la Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos. No obstante, recalca que, antes de imponer algún tipo de ley lingüística, se debe hacer un estudio sociolingüístico en el que una cantidad repre- sentativa de hablantes (de comunidades bilingües y monolingües) aporten su visión acerca del papel que deben desempeñar las diferentes lenguas oficiales del país. De esta manera, se podrán conocer sus deseos y sus necesidades. Asimismo, señala las actitudes que deberían desarrollar los ciudadanos: los habitantes de las comunidades monolingües se deberían mostrar más activos en el debate lingüístico; los habitantes de comunidades bilingües deberían aceptar una mayor presencia del español en sus organismos públicos.

Dentro de este último punto, Vilarrubias (p. 145) se detiene para exponer la principal razón por la que surge todo este debate lingüístico: «el fundamento de los nacionalismos rupturistas en España es lingüístico. El nacionalismo surge en España en aquellas Comunidades donde hay otra lengua distinta del castellano». Además, esos nacionalistas ofrecen un discurso muy sesgado a los hablantes de las lenguas propias, ya que son ellos quienes deben proteger y expandir su uso frente al Estado, el gran enemigo que desea destruirlas.

Debido a esta situación, el organismo encargado de establecer una planificación lingüística adecuada debe ser el Estado, es decir, el gobierno central. Solo así se conseguirán imponer obligaciones lingüísticas a la Administración y no a los ciudadanos. Los hablantes tienen derecho a elegir la lengua en la que desean comunicarse; esta no debe ser impuesta por ningún organismo público. Utiliza el ejemplo de Canadá para explicar cómo se puede gestionar el plurilingüismo de un país en una situación como la que se está viviendo en España.

La Ley de Lenguas Oficiales propuesta por Merce Vilarrubias pretende cumplir con dos objetivos:

1) Conseguir que España sea realmente un estado plurilingüe, promoviendo y visibilizando el catalán, el gallego y el vasco y asegurando su presencia y uso en las instituciones estatales y gubernamentales.

2) Asegurar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos españoles.

Al fin y al cabo, la aplicación de la Ley de Lenguas Oficiales consiste en un cambio de roles: la Administración del Estado adopta la obligatoriedad de incluir todas las lenguas oficiales del país para que los ciudadanos tengan el derecho de elegir aquella en la que se desean comunicar. A esto se añaden otras medidas, como la imposición de que, en los organismos públicos de las comunidades bilingües, la presencia del español no puede ser inferior al 30%, para así evitar las situaciones de inmersión lingüística. En los centros educativos de las comunidades autónomas monolingües se deberá incluir también una asignatura en la que los estudiantes conozcan la diversidad lingüística existente en el país. Asimismo, si fuera posible, sería recomendable modificar el artículo 3 de la Constitución, referido al lugar que ocupan las lenguas en España. En esta reseña hemos mencionado los cambios más importantes que propone la autora, pero en la obra podemos encontrar algunas más y mucho más desarrolladas.

Gracias a este libro y a la claridad y excelente fundamentación de sus ideas, los lectores serán mucho más conscientes de la situación lingüística en la que se encuentra nuestro país, ya que descubrirán la percepción que tienen los hablantes en función del lugar en el que habiten, pues el discurso político y lingüístico se encuentra fuertemente sesgado por los partidos nacionalistas en las comunidades bilingües, mientras que el conocimiento sobre la diversidad lingüística del país es muy escaso en las comunidades monolingües. Así, los ciudadanos españoles comprenderán la necesidad de atender la política lingüística y empatizarán mucho más con la visión de los ciudadanos de otras comunidades.

Ana Martín Ríder

Universidad de Córdoba

Fecha de recepción: 22 de septiembre de 2020

Fecha de aceptación: 24 de septiembre de 2020