Notas sobre el fraude electoral en México, a propósito del proceso electoral 2020-2021

Abstract

Se sostiene que, como parte de la transición a la democracia en México, se introdujo un conjunto de instituciones (ife-ine, tepjf y Fepade) y candados técnicos (credencial para votar con fotografía, insaculación de funcionarios de casilla y prep, entre otros) cuyo propósito fue eliminar la posibilidad de alteración de los resultados. Sin embargo, también representa un parteaguas en la historia electoral de nuestro país, ya que después de ésta, con el ánimo de generar confianza, se establecieron reglas e instituciones que hasta nuestros días gozan de alta legitimidad entre la sociedad mexicana y un amplio respeto a nivel internacional. Destaca la creación del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral (IFE-INE), como órgano administrativo electoral autónomo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como órgano jurisdiccional electoral, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), como órgano de la Fiscalía General de la República (FGR) especializado en la persecución de delitos electorales. Sin embargo, el proceso de transición a la democracia, que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX, implicó la implementación de diversos cambios constitucionales y legales que suprimieron el fraude en las elecciones, entendido como la alteración de los resultados. La Constitución señalaba que los "ciudadanos formarán las mesas de casilla"; sin embargo, no mencionaba más procedimientos al respecto.

Headnote

En este trabajo se analizan, desde un punto de vista histórico, las denuncias de fraude electoral que se presentaron durante el proceso electoral 2020-2021. Se sostiene que, como parte de la transición a la democracia en México, se introdujo un conjunto de instituciones (ife-ine, tepjf y Fepade) y candados técnicos (credencial para votar con fotografía, insaculación de funcionarios de casilla y prep, entre otros) cuyo propósito fue eliminar la posibilidad de alteración de los resultados. No obstante, estos esfuerzos no limitaron las denuncias y éstas cobraron nuevas modalidades (fraude por violación de principios constitucionales). Finalmente, este estudio muestra que las denuncias de fraude electoral están lejos de erradicarse y que ahora provienen de nuevos actores (el presidente de la República y su partido).

Introducción

En México, la celebración de elecciones históricamente ha dado pie a momentos de alta tensión e inestabilidad política. Durante gran parte del siglo XX, después de cada elección se presentaban protestas y denuncias de fraude por parte de los partidos políticos de oposición. En este contexto, los comicios de 1988 constituyen el ejemplo más álgido de la conflictividad que resulta de la falta de confianza en los resultados electorales. Sin embargo, también representa un parteaguas en la historia electoral de nuestro país, ya que después de ésta, con el ánimo de generar confianza, se establecieron reglas e instituciones que hasta nuestros días gozan de alta legitimidad entre la sociedad mexicana y un amplio respeto a nivel internacional.

Destaca la creación del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral (IFE-INE), como órgano administrativo electoral autónomo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como órgano jurisdiccional electoral, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), como órgano de la Fiscalía General de la República (FGR) especializado en la persecución de delitos electorales. Estas instituciones permitieron un aumento de la competitividad y la pluralidad política en todos los niveles de gobierno. De tal suerte que, una vez lograda la alternancia en el Poder Ejecutivo federal en el año 2000, se pensó que la inestabilidad políticoelectoral derivada de las denuncias de fraude era cosa del pasado. No obstante, la elección presidencial de 2006 acabó con esta idea.

Desde entonces las denuncias de fraude resurgieron, con la diferencia de que ya no se dirigen al gobierno, sino a las instituciones autónomas que organizan las elecciones. Y, desde que Morena accedió al Poder Ejecutivo federal en 2018, éstas no son realizadas por los partidos de oposición apuntando al gobierno, sino que aho- ra provienen del gobierno y se dirigen a las instituciones electorales y a los partidos de oposición.

Este trabajo tiene el objetivo de analizar desde una perspectiva histórica las denuncias de fraude electoral presentadas durante el proceso electoral 2020-2021. Para ello se divide en tres partes. En la primera se describen las reformas más importantes aprobadas con el objetivo de eliminar la posibilidad de fraude en las elecciones, entendido como la alteración de los resultados electorales. La segunda se enfoca en el fraude electoral como violación a los principios constitucionales. Y, finalmente, la tercera se centra en las demandas de fraude durante el proceso electoral 2020-2021.

El fraude electoral como alteración de los resultados y los controles institucionales para suprimirlo

En México, la idea de fraude electoral tiene una larga tradición. El hecho de que desde el siglo XIX se hayan realizado elecciones no significa que los procesos electorales hayan estado exentos de irregularidades. Fenómenos como el "carrusel", el "embarazo" de urnas, el voto de personas fallecidas, padrones "rasurados", entre otros, forman parte de la historia electoral en este país.

Sin embargo, el proceso de transición a la democracia, que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX, implicó la implementación de diversos cambios constitucionales y legales que suprimieron el fraude en las elecciones, entendido como la alteración de los resultados.

En este contexto, la elección presidencial de 1988, donde el candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari, resultó electo, representa un capítulo especial por las denuncias de fraude producto, entre otras cosas, de la interrupción de la información acerca de los resultados electorales y la negativa a revisar y comparar actas electorales (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 212).

Aunado a lo anterior, se sumó la desconfianza hacia el árbitro electoral, la Comisión Federal Electoral (CFE), que era controlada por el gobierno. La CFE estaba encabezada por el secretario de Gobernación y por representantes de partidos con base en su votación en las últimas elecciones. El partido en el gobierno controlaba casi en la totalidad esta comisión. Incluso los funcionarios de las mesas directivas de casilla, personas encargadas de recibir los votos, eran nombradas por los presidentes de los comités distritales electorales, órganos que se integraban con los mismos criterios que la Comisión Federal.

La desconfianza generada dio paso a una serie de reformas con el objetivo de dotar de legitimidad a los futuros procesos electorales y a suprimir, por tanto, la posibilidad de alterar los resultados. Dos años después de la cuestionada elección presidencial de 1988, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), órgano que en adelante se encargaría de organizar los procesos electorales y a la postre la elección del año 2000, que marcó la alternancia política en la Presidencia de la República, después de más de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional.

En una entrevista para el periódico El País, previo a la jornada electoral del 2 de julio del año 2000, el presidente del entonces IFE, José Woldenberg, declaró que era prácticamente imposible un fraude electoral: "Las posibilidades de fraude son absolutamente imposibles, sobre todo si hablamos de un fraude maquinado centralmente. Sí puede haber una irregularidad en una casilla, en dos; eso ocurre en cualquier parte del mundo" (Aznárez, 2000).

Lo anterior gracias a una serie de "cautelas técnicas", como la designación aleatoria de ciudadanos que participarían como funcionarios de casilla, listados nominales con fotografía, credencial de elector, tintas indelebles y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otros.

La creación del IFE constituye un punto de inflexión en el sistema electoral mexicano. Mediante reforma constitucional aprobada en 1990, se declaró que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejercerá a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autónomo en sus decisiones.

El órgano superior de esta institución inició conformado por un presidente (secretario de Gobernación); por 6 consejeros magistrados designados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta del Poder Ejecutivo; por representantes del Poder Legislativo, y por representantes de partidos políticos con registro (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 252). Más tarde, en la reforma de 1994, y posteriormente en la reforma de 1996, el gobierno en turno dejó de tener presencia en el Consejo General del IFE, al ya no contar con el secretario de Gobernación como presidente del Consejo. Esto significó pasar de un modelo de organización electoral administrado por el gobierno a una comisión independiente encargada de la administración electoral (López-Pintor, 2000), cuyos consejeros eran electos por un poder legislativo cada vez más plural.

Dentro de las principales actividades encomendadas se incluyeron las relativas al padrón electoral, la prepa- ración de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de constancias, capacitación electoral, educación cívica, impresión de materiales electorales, así como lo referente a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos.

Asimismo, en esta misma reforma se estableció un sistema de medios de impugnación, cuya competencia recayó en manos de un Tribunal Electoral con plena competencia jurisdiccional a partir de 1996. Y, con el ánimo de disuadir y castigar la violación de las normas en materia electoral, en 1990 se adiciona al Código Penal un catálogo de delitos electorales con penas que incluyen multas y la privación de la libertad.

El ordenamiento secundario en materia electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), creó el IFE como encargado de organizar las elecciones para elegir al Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel federal. Esta misma ley determinó la creación de un servicio civil de carrera que proporcionaría al personal especializado al nuevo IFE y que conformaría la estructura descentralizada de la nueva institución.

Un dato no menor producto de esta reforma fue la nueva selección de los ciudadanos que conformarían las mesas directivas de casilla. La Constitución señalaba que los "ciudadanos formarán las mesas de casilla"; sin embargo, no mencionaba más procedimientos al respecto. Con la ley secundaria se determinó que el mecanismo por el que se elegirían a los ciudadanos sería a través de insaculación, con lo cual "se permitiría determinar aleatoriamente a los ciudadanos encargados de esta delicada tarea, sin sesgos ni dudas que empañaran la confianza en el proceso electoral" (Córdova, 2008: 663).

Esta misma reforma también facultaba al nuevo IFE, entre otras actividades, las "relativas al padrón electoral". No obstante, el segundo artículo transitorio señalaba que los ciudadanos debían inscribirse en los padrones electorales, en tanto no se estableciera el Registro Nacional Ciudadano, el cual no se concretó.

A nivel local, la idea de la posibilidad de fraude también generó cambios para mejorar las condiciones de competencia. Por ejemplo, Baja California, primer estado con alternancia en la gubernatura en 1989, aprobó el 20 de febrero de 1992 un modelo de credencial de elector con la inclusión de fotografía. Después de un par de años de negociación, la nueva credencial incluyó los siguientes datos: "apellidos y nombres completos, domicilio, sexo, fecha de nacimiento, año de registro, número de credencial estatal de elector, clave del elector, fotografía del elector, firma y huella" (Somuano y Flamand, 2010: 262). Y al poco tiempo, en abril de 1992, el Consejo General del IFE aprobó el acuerdo para un nuevo modelo de credencial de elector con la incorporación de la fotografía, previa recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. De esta forma, en las elecciones presidenciales de 1994 los ciudadanos acudieron a votar con su credencial para votar con fotografía por primera vez.

Otro elemento de control producto de las reformas electorales es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Después de la tensión que provocó el cómputo de los resultados en la elección presidencial de 1988, era necesario un mecanismo que agilizara este procedimiento. En consecuencia, el Cofipe de 1990 facultó al director general del IFE para "establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General de los resultados preliminares". Para ello, el IFE creó el Sistema de Información de los Resultados Electorales Preliminares (SIRE), que funcionaba mediante la transmisión de información de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de los 300 consejos distritales a la sede central del IFE, se capturaba la información y era presentada al Consejo General. La elección federal de 1991 fue la primera experiencia de los resultados preliminares.

Con la reforma de 1993 y su legislación secundaria, hubo modificaciones en la captura y transmisión de los resultados electorales preliminares. Para la elección de 1994, el IFE autorizó personal que se encargaría de la recepción de los paquetes electorales en los distritos correspondientes, lectura de los resultados de las actas de escrutinio y cómputo y su posterior suma para informar inmediatamente al Consejo General. Junto con el PREP, aparecieron instrumentos paralelos para dar certeza al cómputo de votos: las encuestas y los conteos rápidos.

Estos fueron los cimientos más importantes de la institución que han permitido la alternancia política en el Poder Ejecutivo federal, en el Congreso de la Unión y, a partir de 2014 en coordinación con los institutos electorales locales, en los estados y en la CDMX.

En suma, el IFE-INE, como órgano autónomo, más los diversos candados en la organización de los procesos electorales, imposibilitan la orquestación de un fraude electoral generalizado, entendido como tergiversación de los resultados. Sin embargo, aún puede tener lugar un fraude en sentido amplio, a partir de las violaciones a los principios constitucionales que deben prevalecer durante todo el proceso electoral.

El fraude electoral como violación de los principios constitucionales

Una vez consolidado un sistema electoral con un alta confiabilidad técnica, en donde los votos son recibidos y contados por ciudadanos insaculados, bajo la observación de los partidos políticos, es prácticamente imposible que algún actor malintencionado altere los resultados; la preocupación pasó hacia los actos previos a emitir el sufragio; es decir, hacia las condiciones de la competencia durante el periodo de campañas electorales.

En un proceso electoral ejemplar, los partidos y candidatos contendientes cuentan con equidad de recursos y respetan las reglas del juego. Asimismo, los diversos actores (gobierno, medios de comunicación, empresarios, iglesias, etc.) tienen una posición neutral, evitando intervenir para beneficiar indebidamente a algún partido o candidato. Sin embargo, esto rara vez se cumple a cabalidad.

En este contexto, la gravedad de los actos contrarios a los principios democráticos que se registren puede desnivelar la cancha del juego a tal grado que sea imposible considerar legítima una elección. Esto, sin que necesariamente se violen normas legales. Desde su creación en 1996, hasta la elección presidencial de 2006, el TEPJF había manifestado una clara preocupación por lo anterior, hecho que lo llevó a anular 17 procesos electorales estatales y municipales (y a considerar hacer lo mismo en otros 12 procesos más), en donde por diversas razones se afectó de manera grave y generalizada alguno o algunos de los principios constitucionales en materia electoral (Ackerman, 2012: 23).

Vale la pena destacar el fallo del Tribunal Electoral respecto a la elección de gobernador en el estado de Tabasco en 2000, pues creó un precedente importante: la jurisprudencia S3ELJ23/2004 "Causal Abstracta de Nulidad", según la cual debe realizarse un examen integral de las condiciones generales bajo las que se desarrolló el proceso electoral, en todas sus etapas, para poder declarar su validez, debiéndose decretar su nulidad cuando no se cumplan los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En el caso de la elección de Tabasco el Tribunal señaló:

La neutralidad gubernamental constituye un factor fundamental en la salvaguarda de la libertad con que debe ejercerse el derecho al sufragio; pero si no existe una actitud en ese sentido, la libertad en el ejercicio del sufragio se ve afectada. Esta afectación es decisiva en una elección cuyos resultados son muy cerrados, como ocurre en la elección de gobernador en el estado de Tabasco, en la que, según el cómputo realizado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tabasco, la diferencia entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar es de apenas 1.8 puntos porcentuales (Ackerman, 2012: 24).

Así, el TEPJF había juzgado de forma estricta las condiciones generales bajo las que se desarrollaban los procesos electorales. Empero, en 2006, al momento de calificar la controvertida elección presidencial, el TEPJF abandonó esta actitud exigente con el cumplimiento de los principios constitucionales y adoptó una posición más permisiva. En el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial, el TEPJF reconoce las múltiples irregularidades registradas; no obstante, considera que ninguna afectó de manera determinante el resultado de la elección, por lo cual declaró su validez. Los hechos que pusieron en riesgo la elección de 2006 fueron los siguientes:

a) Declaraciones públicas del presidente de la República, Vicente Fox, en donde advertía de los riesgos del cambio de rumbo y a favor de la continuidad. Vale la pena citar, como ejemplo, la del 18 de abril de 2006: "Sólo hay que cambiar de jinete, no de caballo, ya que está caminando muy bien", realizada en plena campaña (Pérez, 2008: 119).

b) Declaraciones públicas del expresidente del gobierno español, José María Aznar, realizadas en la sede nacional del PAN en la CDMX, en las que expresó su deseo de que Felipe Calderón fuera el nuevo presidente de México "por el bien de todos los mexicanos", y señaló que se debía elegir "entre la estabilidad y la aventura; entre la serenidad política y la demagogia" (Redacción, 2006).

c) Intromisión de grupos empresariales (Walmart, Jumex, Bimbo, Sabritas, entre otras) y en especial del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en contra del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la empresa de medios IBOPE, solamente en el último mes de campaña el CCE gastó 136,476,555 pesos en la campaña negativa (Pérez, 2008: 119).

d) La estrategia de campaña del candidato del PAN, Felipe Calderón, en contra del candidato del PRD, AMLO, la cual polarizó a la sociedad al caracterizarlo como un peligro para el país y asociarlo con Hugo Chávez y Fidel Castro, y con crisis económicas (Pérez, 2008: 74).

Al evaluar el papel del TEPJF en 2006, lo primero que debe señalarse es que este órgano renunció a la posibilidad de allegarse de más elementos de prueba sobre los hechos, al señalar que la calificación de la validez de la elección no es un juicio, decisión que le impidió solicitar a cualquier persona, institución o autoridad información para la sustentación y resolución de las impugnaciones. En consecuencia, y de forma contraria a como había decidido en anteriores ocasiones, el Tribunal Electoral se limitó a analizar lo establecido en el expediente, renunciando a investigar "para mejor proveer" hechos relevantes para la calificación de la elección que pudieran hallarse fuera de autos o no estar suficientemente probados.

El TEPJF concluyó que los hechos señalados fueron indebidos y en su mayoría ilegales. Además, aceptó que afectaron en alguna medida el resultado final; sin embargo, negó que su influencia haya sido en sí misma definitiva y determinante sobre el resultado. Sus razonamientos fueron los siguientes:

a) Respecto de la intervención del presidente Fox, el Tribunal Electoral señaló que la manera "indirecta y metafórica" en que el Presidente expresaba su mensaje dificulta la comprensión del mismo. Esto, en consideración del "grado de ilustración, experiencia e información de los receptores".

b) Respecto de las declaraciones del expresidente del gobierno español, el Tribunal Electoral sostuvo que el posible "efecto pernicioso" se circunscribió entre quienes "cotidianamente se informan a través de uno o más medios de comunicación, identifican con cierta facilidad la persona de que se trata y tuvieron respeto de la misma".

c) Respecto de la intervención de grupos empresariales, el Tribunal adujo que violaron la ley, específicamente el artículo 48 del Cofipe, el cual señala que "es derecho exclusivo de los partidos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales". Y afirmó que estos actos constituyeron una violación a "los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral" establecidos en la constitución. Y finalmente,

d) Respecto de la estrategia de campaña del candidato del PAN, el Tribunal Electoral sostuvo que la "divulgación de estos spots sin duda genera efectos negativos que atentan en contra del principio de libertad de voto, en tanto que pueden constituir un factor determinante que influya en el ciudadano para orientar su elección electoral en determinado sentido".

Así, el TEPJF reconoce que durante el desarrollo del proceso electoral de 2006 existieron varios factores que "pusieron en riesgo la validez de la elección". Empero, a su parecer ninguno de ellos afectó "de manera determinante" el resultado de la elección.

La valoración de que los hechos señalados no fueron determinantes dependió de que no se probó su influencia. Sin embargo, como señala Pérez Fernández del Castillo, los magistrados no están capacitados para esclarecer "en cuantos votos se traduce una inversión de 100 millones de pesos en una campaña negativa como la que realizó el CCE", por citar un ejemplo. Esto, por el hecho de que un tribunal de pleno derecho no tendría por qué contar con los conocimientos técnicos, sicológicos, mercadológicos, etc., para determinar estas cuestiones. Y si la manera de esclarecer objetivamente el peso e influencia de los hechos indebidos suscitados durante el desarrollo del proceso electoral se encontraba en los dictámenes periciales de expertos, el Tribunal Electoral cerró desde el principio esta posibilidad (Pérez, 2008).

De tal suerte que el máximo tribunal en materia electoral de nuestro país cambió la actitud estricta y exigente con el cumplimiento de los principios constitucionales durante los procesos electorales, que lo habían llevado a anular múltiples elecciones locales, a favor de otra más permisiva.

Después de la elección de 2006, se aprobó una reforma constitucional que pretendió limitar la capacidad de interpretación del TEPJF al momento de calificar los comicios. El 13 de noviembre de 2007, se publicó una modificación al artículo 99 de la Constitución para establecer que "la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes". Ello implica que la "causal abstracta de nulidad" quedaba suprimida "bajo un tipo de derogación tácita", pues sólo procedería la nulidad bajo alguno de los supuestos concretos establecidos en la legislación (Luna, 2008: 518).

Así, en 2007 el Tribunal Electoral desestimó un recurso del PAN (SUP-JRC-487/2007) y uno del PRD (SUPJRC-500/2007), en los que se solicitaba la anulación de comicios a nivel municipal con base en la denominada "causal abstracta" (Astudillo, 2019: 481), inaugurando así una nueva etapa en la calificación de los comicios que podríamos denominar "legalista".

De acuerdo con Astudillo, con esta decisión el Tribunal Electoral "renuncia al carácter de guardián de la constitucionalidad que le ha sido atribuido por los artículos 41 y 99 constitucionales" y cierra "los causes de acceso a una justicia electoral plena" (2019: 487).

Afortunadamente, esta interpretación sólo se mantuvo vigente por cerca de un año. En 2008, al resolver la elección para presidente municipal de Acapulco, Guerrero, el Tribunal Electoral volvió a considerar la nulidad por causa abstracta, refiriéndose a ésta como "nulidad de elecciones por violación de principios constitucionales".

Para justificar la nueva interpretación, el TEPJF subraya el hecho de que la Constitución establece los principios que deben seguirse en los procesos electorales, siendo posible que ocurran ciertos hechos que, a pesar de no estar inscritos en la ley secundaria, choquen con los principios señalados, pudiéndose afectar de manera grave y determinante el proceso electoral hasta volverlo inconstitucional (Astudillo, 2019: 489).

Por consiguiente, al calificar una elección el Tribunal Electoral puede declararla fraudulenta (y anularla) cuando se presentan las causales de nulidad expresamente establecidas en la ley o cuando se presentan una serie de hechos que, sin ser necesariamente ilegales, violan los principios constitucionales en materia electoral.

El fraude electoral durante el proceso electoral 2020-2021

Durante el proceso electoral 2020-2021, se denunciaron múltiples irregularidades. La Fiscalía Electoral informó que inició un total de 241 carpetas de investigación, de las cuales 63 se abrieron durante el fin de semana de la jornada electoral; además, en colaboración con las instituciones policiacas, se realizó la detención de 23 individuos por delitos electorales1. Por su parte, el TEPJF informó que, al 12 de julio de 2021, había recibido 9 mil 800 impugnaciones vinculadas con el proceso electoral y "todavía podrían recibirse hasta 15 mil asuntos adicionales"2.

Acerca de la renovación de gubernaturas, la Sala Superior recibió sólo un juicio de revisión constitucional de la elección para gobernador del estado de Guerrero, promovida por los representantes del PRI y PRD, partidos que compitieron en alianza para esta elección.

Previamente, estos actores impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero los resultados de la elección para gobernador, la constancia de mayoría y la declaración de validez, por violaciones a los principios constitucionales, así como la inelegibilidad de la gobernadora electa, Evelyn Cecia Salgado Pineda, del partido Morena.

Los promoventes acusaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, violó los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda, durante sus conferencias mañaneras realizadas de forma paralela a la campaña electoral para gobernador del estado de Guerrero. Asimismo, acusaron que la entonces candidata, Evelyn Cecia Salgado Pineda, era inelegible por no haber participado en el proceso interno de Morena.

Con el expediente TEE/JIN/047/2021, el tribunal local declaró infundado el juicio de inconformidad y confirmó los resultados del cómputo estatal, la constancia de mayoría y la validez de la elección. La alianza PRI-PRD recurrió a la Sala Superior para interponer un juicio de revisión constitucional para tratar de revertir esta resolución (Molina, 2021). Este recurso aún no se resuelve al momento de escribir este trabajo.

De manera que aún no se cuenta con las resoluciones finales respecto a los cargos en disputa durante la pasada elección, por lo que no es posible realizar un análisis completo sobre el desarrollo del proceso electoral. Empero, aun así, existen elementos que nos permiten realizar algunas aportaciones con relación a las denuncias de fraude electoral.

A lo largo del pasado proceso electoral se repitieron las acusaciones de fraude que se han observado, en mayor o menor medida, desde la controvertida elección presidencial de 2006. Sin embargo, debe apuntarse que las denuncias de los tiempos post-alternancia difieren notablemente de las acusaciones de fraude de la época de partido hegemónico. Cuando el gobierno controlaba la organización de los procesos electorales, las acusaciones de fraude provenían de los partidos de oposición. No obstante, la creación del IFE como órgano constitucional autónomo cambió esta dinámica. En 2006 las acusaciones de fraude se dirigieron al IFE (como responsable del proceso electoral) y provinieron del PRD (partido de oposición). Por su parte, cuando Morena ganó la Presidencia se da otro giro en la dinámica de acusaciones de fraude.

El partido Morena, y en especial AMLO, denunciaron que la "mafia del poder" pretendía hacer un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, después de su triunfo señalaron que la participación masiva de la gente evitó el fraude electoral, situación que no ocurrió en el estado de Puebla, en donde, después de perder la elección, este partido continuó denunciando un presunto fraude electoral, organizando marchas de protesta (Ávila, 2018) y acudiendo al Tribunal Electoral. Desde entonces, Morena, como partido en el poder, ha denunciado en cada oportunidad un presunto fraude electoral para arrebatarle su triunfo.

En su primera gira de trabajo en Puebla como presidente de la República, AMLO pidió a los ciudadanos su apoyo para "que se acabe la práctica de entrega de despensas, el frijol con gorgojo, que no se utilice la pobreza de la gente ni los presupuestos para favorecer a partido o candidato, que se destierre de una vez y para siempre el fraude electoral y que se respete la voluntad del pueblo" (Morales, 2019).

Asimismo, durante las conferencias de prensa matutinas, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que su oposición al fraude electoral es un asunto personal, "quien está ahora de presidente de México fue víctima del fraude electoral; varias veces, me robaron la Presidencia de la República, nos robaron la Presidencia de la República [...] cómo después de que fuimos víctimas del fraude electoral vamos a permitir que se mantenga este sistema antidemocrático. No, sería un acto de traición" (Tapia, 2020).

Y en 2021, año de la pasada elección para renovar la Cámara de Diputados federal y diversos cargos a nivel estatal y municipal, el presidente López Obrador declaró que en México "no hemos tenido un verdadero sistema político democrático" y que "busca dejar como legado el desterrar por completo el fraude electoral y que la democracia comience a ser un hábito en los mexicanos" (Villa y Uayma, 2021). Así, el Presidente envió una carta a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la que les pidió neutralidad en la jornada electoral del 6 de junio, y aseguró que "todos respondieron de que vamos a cerrar filas para lograr esto, que se le va a dejar como herencia, como legado, a las nuevas generaciones; tenemos que establecer el hábito democrático, que se termine esa mala historia de fraudes electorales, que se reconozca a México por su apego a la legalidad y por ser un país auténticamente democrático" (Ortiz, 2021).

Finalmente, el 23 de marzo signó con todos los mandatarios estatales el Acuerdo Nacional por la Democracia, "para que no haya fraude electoral y que se destierren las malas prácticas" (Sáenz, 2021), y en donde los mandatarios se comprometieron a

[...] no apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o "mapaches" electorales; a evitar el "acarreo" y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva3.

Sin embargo, durante el proceso electoral 2020-2021, el asunto del fraude electoral siguió teniendo una relevancia notable. Acusaciones de un posible fraude electoral en esta elección se esparcieron por medio de cadenas de WhatsApp, aduciéndose que cualquiera puede votar con la credencial de otra persona y que los crayones utilizados para marcar las boletas pueden borrarse. En respuesta, los consejeros emitieron una tarjeta informativa en la que desmintieron estos señalamientos y afirmaron que "en México no hay fraude electoral", y pidieron a la ciudadanía "evitar la difusión de noticias falsas" (García, 2021). En la misma tónica, el consejero Ciro Murayama afirmó que "hay tantas posibilidades de que haya fraude como de que Elvis Presley esté vivo; es decir, ninguna. Es un mito al que alimenta la desconfianza y la irresponsabilidad de los actores políticos" (Pérez, 2021). Y el consejero presidente, Lorenzo Córdova, manifestó que "El fraude y sus prácticas son cosas del pasado, son piezas del museo de la deshonra política a donde la ciudadanía las ha enviado gracias a las reglas e instituciones que hemos diseñado, mantenido y fortalecido a lo largo de décadas" (Benítez, 2021).

Asimismo, el presidente López Obrador denunció en su conferencia mañanera al candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PRI y PRD (coalición Va Fuerte por Nuevo León), Adrián de la Garza, por ofrecer tarjetas con apoyos económicos para mujeres, señalando que "tiene la obligación de denunciar cualquier acto de fraude electoral" y que "los mexicanos deben estar pendientes ante cualquier actitudes antidemocráticas [síc] y denunciar cualquier prác- tica de fraude electoral" (Villa y Morales, 2021). Aunado a esto, otros líderes de Morena e incluso el presidente nacional de este partido, Mario Delgado, señalaron que "puede darse un fraude electoral por parte de los partidos de oposición" y que "estos organismos políticos están aliados al ine". Incluso, en un video compartido en sus redes sociales, este partido acusa a los consejeros del INE de haber sido cómplices de fraudes electorales y de "favorecer a la mafia de la corrupción" (Mejía, 2021).

Días después de las acusaciones de AMLO respecto al proceso electoral en Nuevo León, la Fepade abrió carpetas de investigación por "posibles delitos electorales" en contra del candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza (por compra de votos), y de MC, Samuel García (por financiamiento ilegal) (Monroy, 2021), acción que recibió el "respaldo" del presidente López Obrador, quien dijo estar obligado a "denunciar el fraude" (Domínguez, 2021).

La intervención del presidente López Obrador durante el proceso electoral fue denunciada por los partidos políticos y candidatos de oposición. Adrián de la Garza denunció a AMLO ante la OEA por "entrometerse en las elecciones", señalando que "lo que está pasando en México es grave para todos nosotros, atenta contra nuestras libertades" para tener elecciones certeras y democracia en nuestro país (Maldonado, 2021). Y días después acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja "por la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones" (Chávez, 2021).

Asimismo, los partidos MC y AN emularon al candidato Adrián de la Garza y también denunciaron a AMLO ante la OEA por "intromisión en elecciones". Clemente Castañeda, presidente nacional de MC, señaló que "el Presidente hace uso faccioso de las instituciones como la FGR y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para incidir en las elecciones y perseguir a líderes opositores". Mientras que Marko Cortés sostuvo que "hay un gobierno que atosiga, amenaza y persigue a actores políticos" (Redacción, 2021).

Y finalmente, el PRD demandó ante la FGR a AMLO por "delincuencia electoral". El presidente nacional de este partido, Jesús Zambrano, informó que solicitó iniciar un procedimiento penal por peculado (al usar recursos públicos con fines electorales) y la "prisión preventiva contra el Presidente" (Índigo Staff, 2021).

López Obrador también fue denunciado por la difusión de sus acciones de gobierno, por lo que en diversas ocasiones el INE ordenó retirar de las redes sociales y plataformas oficiales del Presidente y del gobierno de México las publicaciones que contuvieran las conferencias, informes o declaraciones en cuestión (Hernández, 2021; Manetto, 2021). Sin embargo, el presidente López Obrador continuó "informando" sobre las acciones de su gobierno, señalando que "debía responder preguntas de reporteros", actitud que motivó la queja de los partidos de oposición y que lo hizo acreedor a un "apercibimiento". El director de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral (UTCE) del INE, Carlos Ferrer, informó que el presidente López Obrador fue notificado de que "debía abstenerse de hablar de los logros del gobierno y la elección", por lo que advirtió que, de continuar con este comportamiento, podría recibir una amonestación pública, una multa (que va de los 50 a los 5 mil días de salario mínimo) e incluso un arresto (hasta por 36 horas) con apoyo de la autoridad competente (Hernández, 2021a).

Por su parte, el Tribunal Electoral confirmó la ilegalidad de la conducta del Presidente. Respecto de sus declaraciones en relación con la elección en Nuevo León, por ejemplo, señaló que con ello "violó la equidad electoral" (Irízar, 2021). Por ello, y en consideración del alcance e impacto que pueden tener sus opiniones, dada su investidura, se concluye que las acusaciones de fraude realizadas por el presidente López Obrador constituyeron en sí mismas una conducta fraudulenta (violatoria de la equidad) al intervenir, desde una posición de poder, en contra de uno de los contendientes.

Estos hechos fueron registrados por los observadores electorales internacionales. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos señaló en su informe haber atestiguado: "un clima de tensión política y una retórica confrontativa y polarizante, que incluyó cuestionamientos a la autoridad electoral", y manifestó su preocupación por el "señalamiento directo e individualizado a las autoridades del Instituto Nacional Electoral, con alegatos de fraude electoral desde altos cargos públicos y figuras partidarias" (OEA, 2021: 4).

Por último, llama la atención el hecho de que quienes denuncian el fraude mantienen convenientemente sus dichos pierdan o ganen la elección. En el primer caso simplemente sostienen que perdieron porque se cometió un fraude, y en el segundo alegan que la participación masiva de la gente evitó que el fraude fuera exitoso (Jiménez, 2020). Este es el contexto electoral que se ha observado durante el gobierno de Morena y no hay evidencia que nos permita sospechar una variación en el futuro.

Conclusión

El fraude electoral sigue siendo una denuncia constante por parte de los actores políticos en México. A más de 30 años de los intentos por erradicar esta práctica, se mantienen constantes en cada proceso electoral; no obstante, las denuncias de hoy poco tienen que ver con las de hace 30 años.

En este trabajo se revisaron los diversos candados que se introdujeron en el sistema electoral con el objetivo de dotar de confianza a los procesos electorales. Como se constató, la elección de 1988 fue el detonador de estos cambios que consistieron, entre otros, en la independencia del órgano encargado de la administración electoral de los procesos electorales a nivel nacional y, posteriormente, en compañía con los institutos electorales estatales, a nivel local.

La introducción de la credencial para votar con fotografía, la insaculación de los funcionarios de casillas y el Programa Electoral de Resultados Electorales, fueron más candados que impedirían un fraude electoral, como se denunció en la elección presidencial de 1988. A su vez, se creó un catálogo de delitos electorales con el ánimo de castigar las violaciones a la normatividad de la materia.

Asimismo, se observó cómo el proceso de transición a la democracia modificó las denuncias de fraude. En un primer momento, éstas fueron dirigidas hacia el gobierno en turno, quien controlaba al órgano encargado de organizar las elecciones. Después de la elección presidencial de 2006, la oposición encabezada por el candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador, centró su atención en los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, a quienes denunció por ser partícipes en el fraude electoral consumado en su contra.

Si bien al comienzo sus reclamos se enfocaron en las alteraciones de los resultados en las casillas con el llamado "voto por voto, casilla por casilla", éstas pasaron a denunciar la violación de los principios democráticos consagrados en la Constitución. La intervención en el proceso electoral de actores como los grupos empresariales, la iglesia, el gobierno en turno, entre otros, desnivelaron la competencia electoral hacia uno de los candidatos, quien finalmente resultó electo. El Tribunal federal confirmó esta "cancha dispareja", pero determinó validar las elecciones; sin embargo, sentó un precedente para las futuras denuncias sobre fraude electoral.

El proceso electoral de 2012 mantuvo esta tónica y el mismo candidato denunció nuevamente a estos órganos por validar una serie de irregularidades cometidas por el candidato ganador, Enrique Peña Nieto, y otros actores, incluidos los grupos empresariales.

Estos son algunos ejemplos de denuncias de fraude electoral que ha vivido la corta democracia mexicana y que han dado pie, la mayoría de ellas, a nuevas reformas electorales para dotar de mayor confianza a los procesos electorales.

La última fue la reforma de 2014, que modificó la autonomía de los institutos electorales locales al transferir algunas de sus atribuciones al órgano nacional, ya que se partió del diagnóstico de que los primeros eran controlados por los partidos políticos y el gobernador en su respectivo estado.

Lo nuevo en las denuncias sobre fraude electoral es que ahora no es la oposición quien enarbola esta bandera, sino el mismo gobierno con el objetivo de presionar a las autoridades electorales. Si el resultado les favorece, matizan sus declaraciones; si no sucede así, mantienen estas denuncias hacia las autoridades electorales, incluso después de la jornada electoral.

En el proceso electoral 2020-2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, denunció en distintas ocasiones la posibilidad de fraude electoral; no obstante, el Tribunal electoral resolvió que fue él mismo quien violó la equidad electoral al hacer señalamientos directos hacia los candidatos, en plenas campañas electorales.

Al momento de escribir estas líneas aún no terminan por resolverse todos los medios de impugnación que se generaron durante el proceso electoral 2020-2021, por lo cual está por verse el alcance final y sus posibles efectos. Por ahora sólo es posible señalar que este proceso electoral siguió nuevas pautas sobre el fraude electoral: las denuncias provienen ahora del gobierno y su partido hacia la oposición y las autoridades electorales. Asimismo, es el propio gobierno quien viola la equidad en la contienda. Desafortunadamente, estas denuncias dejan de lado verdaderas amenazas para la democracia: la participación del crimen organizado, la violencia que acompaña a los procesos electorales y el financiamiento ilícito de las campañas, entre otros.

Footnote

1 Información proporcionada por el titular de la Fepade, José Agustín Ortiz Pinchetti, mediante un video compartido el 7 de junio de 2021 en la cuenta oficial de twitter: @PGRMexico, disponible en <https://youtu. be/txqvnG9oN4M>.

2 Información proporcionada por el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas. Boletín oficial TEPJF, disponible en <https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/4178/0>.

3<https://www.jefaturadegobiemo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ acuerdo-democracia.pdf>.

References

Referencias

Ackerman, J. (2012). Autenticidad y nulidad. Por un derecho electoral al servicio de la democracia. México: unam.

Astudillo, C. (2019). Estudios electorales. México: Tirant lo Blanch

Ávila, E. (2018). "Morenistas acusan fraude electoral". El Universal, México, 13 de agosto.

Aznárez, J. (2000). "Es imposible un fraude electoral en México". El País, México, 15 de junio.

Becerra, R., Salazar, P. y Woldenberg, J. (2000). La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas. México: Cal y Arena.

Benítez, D. (2021). "Fraude electoral es cosa del pasado, asegura Lorenzo Córdova". El Financiero, México, 3 de junio.

Chávez, V. (2021). "Adrián de la Garza denuncia a AMLO ante cndh por injerencia en las elecciones". El Financiero, México, 24 de mayo de 2021.

Córdova, L. (2008). "La reforma electoral y el cambio político en México". En Zovatto, D. y Orozco Henríquez, J. (eds.), Reforma política y electoral en América Latina 19782007 (653-703). México: unam/idea Internacional.

Domínguez, P. (2021). "AMLO apoya decisión de FGR de investigar a Samuel García y Adrián de la Garza". Milenio, México, 11 de mayo.

García, A. (2021). "Desmiente INE cadenas de WhatsApp sobre fraude electoral; acusa intentos de desinformación". El Universal, México, 12 de mayo.

Hernández, E. (2021). "Ordena INE borrar mañanera del 16 de abril". El Norte, México, 19 de abril.

Hernández, E. (2021a). "Multa o arresto si AMLO mantiene desacato a INE". El Norte, México, 23 de abril.

Índigo Staff (2021). "Prisión preventiva contra el presidente AMLO: PRD denuncia al Presidente por peculado e intervención electoral". Reporte Índigo, México, 13 de mayo.

Irízar, G. (2021). "Afectó AMLO equidad en la contienda en NL y SLP". Reforma, México, 1° de julio.

Jiménez, H. (2020). "INE: Hubo fraude electoral en 2006 e intento en el 2018: Ackerman". El Universal, México, 28 de febrero.

López-Pintor, R. (2000). Electoral Management Bodies as Institutions of Governance Bureau. Bureau for Development Policy United Nations Development Programme.

Luna Ramos, J. A. (2008). "Nulidades en materia electoral". En Estudios sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo. México: TEPJF.

Maldonado, O. (2021). "Adrián de la Garza denuncia a AMLO ante la OEA por intervenir en elecciones". Milenio, México, 12 de mayo.

Manetto, F. (2021). "El INE ordena a López Obrador retirar la conferencia matutina del viernes por incumplir veda electoral". El País, México, 19 de abril.

Mejía, X. (2021). "Morena lleva a spots su guerra contra INE; acusa en video golpe a la democracia". Excélsior, México, 15 de mayo.

Molina, J. (2021). "PRI-PRD ahora impugna ante el TEPJF la elección de Guerrero". Quadratín, México, 25 de julio de 2021.

Monroy, J. (2021). "FGR abre investigación contra Adrián de la Garza y Samuel García por delitos electorales". El Economista, México, 10 de mayo de 2021.

Morales, A. (2019). "Pide AMLO en Puebla erradicar el fraude electoral". El Universal, México, 24 de enero.

OEA (2021). Informe preliminar de la misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos para las elecciones federales y locales en México. <www. oas.org>.

Ortiz, A. (2021). "Vamos a cerrar filas con los gobernadores contra el fraude electoral: AMLO". El Universal, México, 13 de marzo.

Pérez, E. (2021). "No hay ninguna posibilidad de fraude en las elecciones: Ciro Murayama". Forbes, México, 26 de mayo.

Pérez, G. (2008). México 2006. Las elecciones que dividieron al país. México: UNAM.

Redacción (2006). "Desea Aznar que gane Calderón, 'por el bien de los mexicanos'". Proceso, México, 22 de febrero.

Redacción (2021). "Movimiento Ciudadano y PAN denuncian a AMLO ante la OEA por intromisión en elecciones; 'tienen derecho a disentir', responde". Animal Político, México, 17 de mayo.

Sáenz, C. (2021). "Firman AMLO y gobernadores Acuerdo Nacional por la Democracia". Capital 21, México, 23 de marzo.

Somuano, F. y Flamand, L. (2010). "De las regiones al centro. La influencia del factor local en las reformas electorales federales (1988-2000)". En El siglo del sufragio. De la no reelección a la alternancia (236-289). fce/ IFE/Conaculta/Conacyt.

Tapia, S. (2020). "Como víctima de fraudes electorales no permitiré eso, dice AMLO". El Universal, México, 23 de julio.

Villa, P. y Morales, A. (2021). "¡Cómo creen que me voy a quedar callado ante la compra de voto!: AMLO". El Universal, México, 6 de mayo.

Villa, P. y Uayma, Y. (2021). "Desterrar el fraude electoral será mi legado, dice AMLO en Yucatán", El Universal, México, 5 de marzo.

<www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx>

<www.te.gob.mx/>

<https://teegro.gob.mx/inicio/>

<https://youtu.be/txqvnG9oN4M>