EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIALES A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO

Abstract

Regarding the effects on well-being, the results revealed a significant effect for the judicial process (denunciation), but not for the implementation of protection and assistance orders, nor for the interaction between the judicial process and the implementation of protection and assistance orders. The effects of the judicial process factor were positive (improvement), significant and of a large magnitude (d > 0.80) in Somatization, ObsessiveCompulsive, Inlet personal Sensitivity, Depression, Generalized Anxiety, Phobic Anxiety, and Paranoid Ideation; and with a moderate to large effect size (0.50 < d < 0.80) in the Hostility and Psychoticism dimensions. Conclusions: The implications of the lack of effect of the implementation of protective and welfare measures on psychological well-being are discussed, as well as the positive effects of the judicial process (reporting, confrontation with the abuser) on the well-being of complainant-victims. De cualquier modo, se han encontrado que la victimizacion por violencia de genero se asocia con danos en la salud mental de tipologia depresiva (Beydoun et al., 2012; Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023; World Health Organization, 2013), ansiosa (Reyes et al., 2023; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023), ideacion e intentos suicidas (McManus et al., 2022; White et al., 2023), consume de alcohol (World Health Organization, 2013) y, con una menor prevalencia y magnitud de dano, en otros tipos de trastornos psicologicos (Reyes et al., 2023; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023).

Headnote

Resumen

Antecedentes/objetivo: Legalmente se ha proporcionado a los juzgados, como herramienta para evitar la revictimizacion en casos de violencia de genero, la adopcion de medidas de proteccion y asistenciales a victimas. Sin embargo, los estudios acerca de su eficacia son inconcluyentes, encontrandose efectos no significativos o de tamano pequeno. Ahora bien, los efectos sobre los danos psicologicos (victimizacion) no han sido igualmente estudiados. Se diseno un estudio de campo para conocer los efectos de estas medidas judiciales, asi como de la propia denuncia judicial en el bienestar psicologico de las victimas. Metodo: Participaron 136 mujeres residentes en Ecuador, que habian concluido un proceso judicial por violencia de genero y que respondieron a un listado sobre la aplicacion de 17 medidas de proteccion y asistenciales recogidas en el ordenamiento jurldico ecuatoriano. Ademas, se les administro el SCL 90-R para conocer el bienestar psicologico en dos condiciones temporales: medida pre- y post-proceso judicial. Resultados: Los resultados advirtieron que solo seis de las nueve medidas de proteccion se aplicaron de forma productiva, en tanto que las medidas asistenciales solo se implementaron de modo trivial (insignificante). Sobre los efectos en el bienestar, los resultados revelaron un efecto significative para el proceso judicial (denuncia), pero no asi para la implementation de medidas de proteccion, asistenciales, ni para la interaction entre el proceso judicial y la implementation de medidas de proteccion y asistenciales. Los efectos del factor proceso judicial fueron positives (mejoria), significativos y de una magnitud grande (d > 0.80) en Somatization, Obsesivo-Compulsivo, Sensibilidad Inlet personal, Depresion, Ansiedad Generalizada, Ansiedad Fobica e Ideation Paranoide, y con un tamano del efecto entre moderado y grande (0.50 < d < 0.80) en las dimensiones Hostilidad y Psicoticismo. Conclusiones: Se discuten las implicaciones de la falta de efecto de la implementation de medidas de proteccion y asistenciales en el bienestar psicologico, asi como los efectos positives del proceso judicial (denuncia, confrontation con el maltratador) en el bienestar de las denunciantes-victimas.

Palabras clave: Justicia Terapeutica; Denuncia judicial; Victimization; Toma de decisiones judiciales; Sentencia judicial.

Abstract

Background/Aim: As a tool in order to avoid re-victimization in cases of gender-based violence, the courts have been legally provided with the adoption of protective and assistance orders for victims. Nevertheless, studies about its effectiveness are inconclusive, finding non-significant or small effects. Even so, effects on psychological harm (victimization) have not been equally studied. A field study was designed to find out the effects of these judicial measures, as well as of the judicial complaint itself, about the psychological well-being of the victims. Method: 136 women residing in Ecuador whose had completed a judicial process for gender violence and who responded to a list on the application of 17 protection and assistance orders included in the Ecuadorian legal system participated in the study. In addition, they were administered the SCL 90-R to ascertain their psychological well-being in two temporary conditions: pre- and post-court proceedings. Results: The results showed that only six of the nine protection measures were implemented productively, while welfare measures were implemented only trivially (insignificantly). Regarding the effects on well-being, the results revealed a significant effect for the judicial process (denunciation), but not for the implementation of protection and assistance orders, nor for the interaction between the judicial process and the implementation of protection and assistance orders. The effects of the judicial process factor were positive (improvement), significant and of a large magnitude (d > 0.80) in Somatization, ObsessiveCompulsive, Inlet personal Sensitivity, Depression, Generalized Anxiety, Phobic Anxiety, and Paranoid Ideation; and with a moderate to large effect size (0.50 < d < 0.80) in the Hostility and Psychoticism dimensions. Conclusions: The implications of the lack of effect of the implementation of protective and welfare measures on psychological well-being are discussed, as well as the positive effects of the judicial process (reporting, confrontation with the abuser) on the well-being of complainant-victims.

Keywords: Therapeutic Jurisprudence; Legal complaint; Victimization; Judicial decision making; Judicial sentence.

Introduccion

Naciones Unidas (United Nations, 1993) define la violencia de genero como todo acto de violencia contra la mujer basado en la pertenencia al sexo femenino que se produzca tanto en la vida publica como la privada. Sin embargo, en Ecuador este fenomeno estaba considerado, en aquel momento, como un problema de indole privada hasta la promulgation de la Ley N° 103/1995 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia (1995), impulsada por la declaration de Naciones Unidas, que supuso por primera vez la posibilidad de acceder a la justicia y recibir medidas de proteccion a las mujeres victimas de violencia de genero. De hecho, el anterior Codigo de Procedimiento Penal (1983) de Ecuador prohibia expresamente la denuncia al conyuge y familiares ascendentes y descendientes, impidiendo a las victimas de violencia en la familia acceder a la justicia y dejandolas en una situacion de total vulnerabilidad y desamparo.

Actualmente, Ecuador cuenta con la Ley Organica Integral para la Prevencion y Erradicacion de la Violencia contra la Mujer (2018), la cual tiene como objetivo general garantizar la integridad y seguridad de las mujeres victimas de violencia, asi como de las victimas indirectas. Esta Ley recoge diferentes medidas destinadas a la proteccion de las victimas, como las Acciones Urgentes, que son aplicadas directamente por la Policia Nacional, y las Medidas Inmediatas de Proteccion, que son solicitadas y aplicadas por las Juntas de Cantonales de Proteccion de Derechos y Tenencias Politicas, las cuales tienen un caracter inmediato y provisional y tienen por objeto evitar o cesar la amenaza o vulneracion de la vida e integridad de las mujeres. Del mismo modo, el Codigo Organico Integral Penal (2014), incluye 12 medidas de proteccion de aplicacion general a victimas de diferentes delitos, de las cuales algunas de ellas tienen aplicacion especifica en casos de violencia contra la mujer. Por otro lado, la Fiscalia General del Estado de Ecuador dispone del Sistema Nacional de Proteccion y Asistencia de Victimas, Testigos y Otros Participantes. Un servicio encargado de gestionar tanto la proteccion como la asistencia a las victimas de violencia de genero, cuando el juez asi lo determine.

Las Ordenes de Proteccion (OPs) se dirigen a garantizar la integridad y seguridad de las mujeres denunciantes, en tanto las medidas asistenciales (MAs) tienen por objeto prestar apoyo y promover la salud de las victimas. No obstante, los estudios dirigidos a comprobar la efectividad de las OPs mostraron resultados inconsistentes (Brame et al., 2015). Por un lado, las revisiones que estudiaron el efecto de las OPs y MAs en la reincidencia o revictimizacion, no encontraron efectos significativos en comparacion a cuando no se aplicaron OPs (Brame et al, 2015; Cordier et al., 2021), o bien un efecto de magnitud pequena (Dowling et al., 2018). Si bien, estudios realizados por Sullivan et al. (2021) revelaron que aquellas OPs mas restrictivas lograban una reduccion de la victimizacion significativamente mayor; no controlaron el efecto de la no aplicacion de OPs, por lo que sus resultados son limitados para establecer su efectividad. En todo caso, la literatura coincide en que las OPs no eliminan la revictimizacion o reincidencia, cifrandose entre el 20-58% de los casos (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan y Walker, 2009; Sullivan et al., 2021; Wright y Johnson, 2012). En lo referido a los efectos de las MAs, la literatura ha informado de una reduccion significativa de sintomatologia del Trastorno de Estres Postraumatico (TEPT; Sullivan et al., 2021; Wright y Johnson, 2012) y depresiva (Sullivan et al., 2021), aunque estos resultados no son generalizables inter-estudios. Asi, otros estudios no hallaron que las MAs mejoraran significativamente la salud mental y bienestar psicologico (Brame et al., 2015; Calton y Cattaneo, 2014).

De cualquier modo, se han encontrado que la victimizacion por violencia de genero se asocia con danos en la salud mental de tipologia depresiva (Beydoun et al., 2012; Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023; World Health Organization, 2013), ansiosa (Reyes et al., 2023; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023), ideacion e intentos suicidas (McManus et al., 2022; White et al., 2023), consume de alcohol (World Health Organization, 2013) y, con una menor prevalencia y magnitud de dano, en otros tipos de trastornos psicologicos (Reyes et al., 2023; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023). Ademas, la severidad de esta sintomatologia psicologica es elevada, clasificandose un 30% de las mujeres como casos clinicos (Vilarino et al., 2018). Entre estas consecuencias, tienen especial relevancia en el ambito judicial los 'Trastornos relacionados con traumas y factores de estres (i.e., Trastorno de Estres Postraumatico, Trastorno Adaptativo y Trastorno de Estres Agudo; APA, 2013); tanto por relacionarse con la victimizacion por violencia de genero (Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Spencer, Stith y Cafferky, 2019; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023), como por suponer la unica evidencia valida de dano psicologico en el ambito legal, al ser el unico trastorno que se define en base a su causa y que permite establecer la relacion causaefecto entre los actos delictivos y el dano (Vilarino et al., 2009).

Por otro lado, estudios de campo han confirmado efectos de la victimizacion por violencia de genero en compor- tamientos negatives, como el aumento de la liostilidad e ira (Clements et al., 2022; Spencer, Stith y Cafferky, 2019; Vilarino et al., 2018). Estas reacciones han servido para explicar las conductas agresivas que muestran algunas mujeres victimas hacia sus hijos pequenos o en respuesta a sus agresores como un contagio de la conducta hostil de sus maltratadores (Juarros-Basterretxea et al., 2022). Mas alia aun, la investigation a nivel forense constato que dichos incrementos en la liostilidad e ira derivan en el maltrato a los hijos menores, concluyendo que, por ser consecuencia de la victimization al ser dos sintomas del TEPT, exime a las mujeres victimas de violencia de responsabilidad penal (Arce et al., 2009; Bonilla-Algovia y Rivas-Ribero, 2022).

A su vez, se ha corroborado que la participation en el proceso judicial puede tener efectos en la salud psicologica de las victimas, tai y como establece la Justicia Terapeutica (Therapeutic Jurisprudence, TJ). Este termino, propuesto por Wexler y Winick (1996), establece que la ley y la participation en el sistema legal puede tener tanto un papel terapeutico o contraterapeutico, de modo que dependera de las leyes, procedimientos y actores juridicos el efecto que la participation en el proceso judicial pueda tener sobre el bienestar de las personas. La TJ tiene como fin ultimo potenciar los efectos terapeuticos y minimizar los contraterapeuticos (Stolle et al., 1997), tratando de humanizar tanto la ley como su aplicacion (Novo et al., 2022). El marco de actuation no se reduce a un conjunto de normas escritas, sino que incluye los procedimientos legales y los profesionales que forman parte del proceso (Farina, 2022). Para ello, la TJ se nutre del conocimiento de las ciencias sociales, juridicas y del comportamiento, preservando las garantias del proceso legal (Perlin, 2020). La finalidad es el incremento del conocimiento y evidencia cientifica sobre el proceso legal y, especificamente, sobre la experiencia judicial de las victimas de violencia de genero y el impacto del sistema legal en su bienestar (Sullivan et al., 2022).

Con base en lo expuesto, se diseno un estudio de campo con el objetivo de conocer y cuantificar los efectos sobre el bienestar psicologico de las denunciantes-victimas de violencia de genero durante el proceso judicial de las ordenes de protection y las ordenes asistenciales previstas en el ordenamiento juridico del Ecuador.

Metodo

Participan tes

En el estudio participaron un total de 136 mujeres residentes en Ecuador (97.1 % de nacionalidad ecuatoriana) con edades comprendidas entre los 18 y los 72 anos {M= 37.14, DT = 10.87) que habian iniciado un proceso judicial por violencia de genero. En cuanto a su estado civil, el 33.8 % de las mujeres (n = 46) eran solteras, el 30.9 % (n = 42) divorciadas y el 25.7 % (n = 35) casadas. La mayoria de las mujeres, 96.3 % (n = 131), informaron tener hijos, de las que el 83.2 % (n = 109) lo tenian con el denunciado. Por nivel de estudios, el 22.8 % no habia completado los estudios basicos, el 12.5% habia cursado estudios basicos, el 14.0 % secundaria, el 31.6 % estudios de grado universitario y el 2.2 % estudios de postgrado.

En cuanto a la relation con el acusado, en el 51.4 % (n = 70) de los casos era el ex-marido/marido y en el 48.6 % (n = 66) la pareja/conviviente actual o anterior. Por antecedentes judiciales, el 30.9% de las mujeres (n = 42) habian denunciado previamente al acusado por violencia de genero, y el 30.9 % (n = 42) tenian abierto otro proceso judicial en el ambito civil (e.g., divorcio, pension de alimentos).

Diseno yprocedimiento

La sensibilidad del diseno para un contraste de la probabilidad observada de productividad de las medidas judiciales con una constante (.05, efecto trivial) para una muestra de 136 sujetos y un tamano del efecto moderado (7z = 0.50) fue del 86.9 %. En relation con los analisis multivariados (MANOVA), la probabilidad de detection de diferencias significativas (a < .05) para un tamano muestral de 136 sujetos y un tamano del efecto moderado (g?=0.50) es del 97.8%.

Las participantes fueron recabadas a traves de los servicios y asociaciones de atencion a victimas de violencia de genero del Ecuador. Un total de 136 mujeres del Canton de Cuenca (Ecuador) participaron voluntariamente en el estudio y prestaron consentimiento informado. Todas las entrevistas fueron realizadas por profesionales con entrenamiento previo y formacion especifica en Justicia Terapeutica y violencia de genero. Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de diciembre de 2021 y mayo de 2022, el 39 % (n = 53) de forma presencial y el restante 61 % (n = 83) por medios telematicos (Zoom, video Hamada, WhatsApp). Ademas, se recogieron datos sociodemograficos y descriptivos del proceso judicial.

Instrumentos de medida

La evaluacion de las medidas judiciales aplicadas al caso se obtuvo por medio de una entrevista a las mujeres con un listado de las 17 Ordenes de Proteccion y las Medidas Asistenciales previstas Codigo Organico Integral Penal (COIP, 2014) y la Ley Organica Integral para la Prevencion y Erradicacion de la Violencia contra la Mujer (Ley 175/2018). Dado que las medidas tienen por objeto fines diferentes de proteccion y asistenciales de las victimas, tai y como establece el Sistema Nacional de Proteccion y Asistencia de Victimas, Testigos y Otros Participantes, pero que en la legislacion no estan clasificadas como tales, procedimos a ello. Asi, definimos las medidas de proteccion como aquellas dirigidas a mitigar el riesgo de reagresion y las medidas asistenciales como aquellas dirigidas a prestar apoyo y promover la salud de las victimas. Sobre la base de estas definiciones, un grupo de investigadores evaluo cada medida, siguiendo el procedimiento Thurstone, en una escala de 11 puntos desde medida judicial totalmente protectora (1) a medida totalmente asistencial (1), con un punto medio (6), ni protectora, ni asistencial o ambas a la vez. Ademas, los investigadores motivaron la evaluacion. Se calculo la concordancia en la codificacion como protectora o asistencial mediante el indice de concordancia verdadera (ICV; Arce et al., 2000) inter-evaluadores, resultando perfecta (ICV = 1).

Para evaluar el bienestar psicologico se aplico la adaptacion espanola del Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R; Derogatis, 2002). Este instrumento se diseno como una medida de sintomatologia psicologica que incluye 90 sintomas distribuidos en nueve dimensiones: Somatization (SOM), Obsesivo-Compulsivo (OBS), Susceptibilidad Interpersonal (INT), Depresion (DEP), Ansiedad (ANS), Hostilidad (HOS), Ansiedad Jobica (FOB), Ideation paranoide (PAR) y Psicoticismo (PSI). El instrumento tiene un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos en el que el avaluado informa el nivel de molestia causado por el problema: Nada en absoluto (0); Un Poco (1); Moderadamente (2); Bastante (3); Mucho o extremadamente (4).

Para el proposito del estudio, se administro a las participantes el SCL 90-R con instrucciones de dos mementos temporales: una medida pre-proceso judicial en la que se situo mentalmente a las entrevistadas en como se encontraban antes de iniciar el proceso judicial; y una medida post-proceso judicial, en el que se las instruyo para que respondieran sobre los sintomas en el momenta de la evaluacion, esto es, tras los efectos del proceso judicial.

Analisis de datos

La productividad de las medidas judiciales se calculo obteniendo la puntuacion Z para el contraste entre la prevalencia observada con una prevalencia trivial (.05; Gancedo et al., 2021). El tamano del efecto con h de Cohen (1988), siendo pequeno th = 0.20), moderado th = 0.50), grande th = 0.80) y mas que grande th = 1.20) (Fandino et al., 2015). Para el estudio de los efectos de la aplicacion de medidas protectoras, de medidas asistenciales y del proceso judicial en las dimensiones sintomaticas, se ejecuto un MANOVA 2X2X2 con un modelo mixto (efectos inter- e intra-sujetos). El analisis multivariado de varianza es robusto cuando se comparan grupos de tamano igual o aproximadamente iguales, pero puede conllevar desviaciones en la significatividad con grupos de tamanos desiguales, Ngrande/Npequena >1.5 (Stevens, 1986). No obstante, a nivel multivariado, la traza de Pillai-Barlett es robusto ante la violacion del supuesto de homogeneidad/esfericidad (Olson, 1976). Los tamanos de efecto de los analisis multivariantes se estimaron con eta cuadrado parcial (rjp), siendo el tamano pequeno cuando r]p = .010, medio cuando r]p = .059 y grande cuando r]p = .138 (Cohen, 1988). Observada falta de homogeneidad multivariada, si los resultados univariados eran significativos (p < .05) se cotejaba el cumplimiento de tres criterios para su validacion (Mayorga et al., 2020): (a) que la F teorica (F= 3.912) fuera menor que el valor empirico de F; (b) que la razon entre el falso rechazo de la hipotesis nula y la falsa aceptacion de la hipotesis nula (p/a) sea > 1; y (c) que la magnitud del tamano del efecto estuviera en linea con la aceptacion hipotesis alternativa, esto es, d > 0.20. En todos los resultados univariados significativos se cumplieron estos tres criterios. El tamano del efecto univariado para medidas repetidas se obtuvo con d de Cohen aplicando la formula de Lipsey y Wilson (2001) y la formula de intervalo de confianza Hedges y Olkin's (1985). El tamano del efecto se interpreto categoricamente como pequeno (d = 0.20), moderado (d = 0.50) y grande (d = 0.80) y se cuantifico la magnitud de la reduction de los sintomas clinicos con r (Arias et al., 2020).

Resultados

Estudio de la productividad de las medidas judiciales

Los resultados de la prevalencia en la implementation de medidas (ver Tabla 1) pusieron de manifiesto una prevalencia significativa y con un tamano del efecto mas que grande de la prohibition al acusado/condenado de concurrir a determinados lugares o reuniones; prohibition de acercarse a la victima; prohibition de realizar actos de persecution o de intimidation a la victima; y extension de una boleta de auxilio (salvoconducto) a favor de la vlctima o su entorno. Tambien se observe una prevalencia significativa y con un tamano del efecto moderado en la medida judicial orden de abandono al acusado/condenado de la vivienda o morada y la instalacion de dispositivos electronicos. Todas ellas de proteccion de la victima. Por el contrario, las medidas asistenciales se han implementado con una prevalencia trivial o nula.

Estudio de los efectos de las medidas judiciales

Se ejecuto un MANOVA con un diseno mixto 2 (efecto intra-sujeto: proceso judicial) X 2 (efectos inter-sujetos: implementation de medidas de proteccion) X 2 (efecto inter-sujetos: implementation de medidas asistenciales), con un modelo personalizado (efectos principals para los factores proceso judicial -denuncia, confrontation con el agresor-, implementation de medidas judiciales de proteccion, e implementation de medias judiciales asistenciales; y la interaction del factor proceso judicial con los factores implementation de medidas judiciales de proteccion e implementation de medidas judiciales asistenciales). Los resultados informaron de un efecto multivariado significative, F(9, 125) = 3.37, p = .001, del factor proceso judicial (intra-sujeto), con una potencia observada del 98.1%, 1-P = .981, y un tamano del efecto grande (r]p = .195). Por su parte, los factores inter-sujetos aplicacion

de medidas de proteccion (si vs. no), F(9, 125) =1.01, p = .453, y asistenciales (si vs. no), F(9, 125) = 0.99,p = .453, no evidenciaron tener un efecto significative en el ajuste psicologico. Asimismo, la interaccion entre proceso judicial (efectos intra-sujeto) y la aplicacion de medidas de proteccion (efectos inter-sujetos), F(9,125) = 1.45,/? = .173, y la aplicacion de medidas asistenciales a la victima, F(9, 125) = 1.37,p = .211, tampoco resultaron significativas. Es decir, la aplicacion de medidas de proteccion y asistenciales a la victima son independientes del efecto del proceso judicial.

Los efectos univariados (ver Tabla 2) para factor proceso judicial mostraron un efecto clinico positive (mejora clinica) y significative y con un tamano del efecto grande (d> 0.80) en Somatization, Obsesivo-Compulsivo, Sensibilidad Interpersonal, Depresion, Ansiedad (ansiedad generalizada), AnsiedadFobica e Ideation Paranoide', y con un tamano del efecto entre moderado y grande (0.50 < d < 0.80) en las dimensiones Hostilidad y Psicoticismo. En terminos terapeuticos, estos efectos suponen una mejora (disminucion de sintomas) del 41.4 % (r = .414) en Somatization, del 44.4 % (r = .444) en Obsesivo-Compulsivo, del 38.7 % (r = .387) en SensibilidadInterpersonal, del 45.4 % (r = .454) en Depresion, del 47.5 % (r = .475) en Ansiedad, del 30.0% (r=.300) en Hostilidad, del 38.3% (r=.383) en Ansiedad Fobica, del 42.5% (r = .425) en Ideation Paranoide, y del 32.6 % (r = .326) en Psicoticismo.

Discusion

En primer lugar, el estudio permite confirmar el efecto reparador y terapeutico sobre las mujeres denunciantes de violencia de genero de hacer frente al agresor por medio del proceso judicial, produciendose una mejora significativa y de magnitud grande en su bienestar. Este efecto se produce tanto a nivel global de salud mental, con una magnitud grande, como en todas las escalas de sintomatologia estudiadas, con tamanos del efecto entre moderados y grandes; especialmente en las dimensiones de sintomatologia depresiva, ansiosa y obsesivo-compulsiva, las cuales incluyen sintomas del TEPT (e.g., reexperimentacion, alteraciones cognitivas negativas, alteraciones del estado de animo, aumento de la activacion; APA, 2013). La psicologia forense identifica el dano psicologico por medio del TEPT (Arce et al., 2015), caracterizado por la recurrencia e intensificacion con el tiempo de su sintomatologia, con tendencia a cronificarse como respuesta a recuerdos al trauma original o nuevos estresores; por lo que todos aquellos factores que supongan una reduccion de la sintomatologia y que contribuyan a superar la experiencia traumatica seran de especial relevancia. Estos resultados concuerdan con estudios previos que concluyen acerca de la mejora del estado de salud y calidad de vida (Cattaneo y Goodman, 2010) de las mujeres tras acudir al sistema judicial, especialmente cuando los operadores juridicos actuan con enfoque de TJ. Ademas, se constata una reduccion de magnitud moderada y mayor al 38% de la dimension de hostilidad, en linea con lo encontrado en investigaciones previas (Clements et al., 2022; Vilarino et al., 2018). Asi, la victimizacion de violencia de genero puede incrementar las conductas hostiles y agresivas de las mujeres, que pueden dirigirse a los hijos menores o al agresor; lo cual explicaria la frecuencia de maltrato a los hijos durante el proceso de victimizacion (Arce et al., 2009; Bonilla-Algovia y Rivas-Ribero, 2022), pero que ciertamente ocurre como una consecuencia de su victimizacion.

En segundo lugar, se concluye que la aplicacion de Ordenes de Proteccion no tiene un efecto significative en la salud y bienestar de las victimas de violencia de genero. Este resultado contribuye a arrojar luz sobre los resultados contradictories existentes acerca de las OP, que concluian en linea con la falta de efectos significativos o efectos de tamano pequeno, en comparacion con cuando no se aplicaban (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Calton y Cattaneo, 2014). Una explicacion posible a los resultados obtenidos por Sullivan et al. (2021), es que en sus estudios se dirigen a la comparacion de diferentes niveles de restriccion, pero no tienen en cuenta la comparacion con la no aplicacion de las OPs, ni controlan los efectos del propio proceso judicial, a diferencia del presente estudio. Por otra parte, es posible que las OPs se relacionen con otras variables del proceso como la experiencia subjetiva, la capacidad de eleccion, la percepcion de justicia o el empoderamiento (Calton y Cattaneo, 2014; Cattaneo y Goodman, 2010; Holmes et al., 2021; Sullivan et al., 2022).

Por lo tanto, los resultados revelan la importancia de la experiencia de las mujeres que denuncian violencia de genero durante el proceso judicial, en relacion con su bienestar y a fomentar una experiencia positiva donde se potencien sus efectos terapeuticos (Arce et al., 2023). Esta finalidad es la que persigue la Justicia Terapeutica (TJ), la cual destaca que este efecto terapeutico o contraterapeutico del proceso judicial recaera no solo en las leyes, sino en como se aplican los procedimientos y en como actuan los profesionales del sistema legal (Farina, 2022; Wexler y Winick, 1996). Un proceso judicial en el cual se actua con enfoque de TJ, permitira un mejor afrontamiento por parte de la victima, un menor abandono, por lo que sera probable que se produzcan beneficios significativos en las victimas (Cattaneo y Godman, 2010). Del mismo modo, debe mencionarse el papel que pueda tener el empoderamiento (Rappaport, 1984), definido como el proceso por el cual las personas adquieren control de sus vidas. La literatura informa que el empoderamiento es un factor mediador entre la calidad de vida de las victimas y la finalizacion del proceso judicial (Cattaneo y Godman, 2010). De este modo, una actuacion en contexto judicial que de voz a las mujeres (Anderson et al., 2015) y fomente la participacion activa, dandoles capacidad de eleccion durante el proceso, en linea con la suvirvor-defined practice (Goodman et al., 2016), podrian fomentar los efectos terapeuticos del mismo.

En tercer lugar, los resultados acerca de la aplicacion de OP definidas en la jurisprudencia de Ecuador (COIP, 2014; Ley 175/2018); permiten concluir que unicamente 6 de las 17 OP se aplican de forma significativa, con tama- nos del efecto entre moderado y mas que grandes. Todas las medidas significativas corresponden a la categorla de medidas de proteccion, es decir, aquellas aplicadas para mitigar el riesgo de reagresion. Sin embargo, no se constato la aplicacion significativa de ninguna medida asistencial, es decir aquellas dirigidas a restituir el dano recibido y facilitar el sustento de las denunciantes. Esto supone que la aplicacion de las OP en Ecuador se esta dirigiendo de forma exclusiva a aquellas medidas que tratan de evitar la reincidencia y nuevos episodios de violencia, pese a que las investigaciones informan que son incapaces de mitigar por complete la reincidencia y revictimizacion (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan y Walker, 2009). A este respecto, se ha destacado (Blonde et al., 2023) que una aplicacion inadecuada de OP puede poner en riesgo a las mujeres, propiciando el abandono del proceso judicial, exponiendolas a riesgo de revictimizacion en futuras experiencias traumaticas y, con ello, impidiendo un adecuado afrontamiento de la situacion.

Dentro de las medidas asistenciales, unicamente una de ellas (fijacion de una pension) tiene un proposito economico directo y dos de ellas (inventario de los bienes muebles o inmuebles y disposicion de flexibilidad o reduccion del horario laboral) tienen implicaciones en el sustento economico de las denunciantes, no aplicandose de forma significativa ninguna de ellas. Esto resulta especialmente relevante ya que la independencia economica se ha resaltado como un aspecto fundamental para la erradicacion de la violencia hacia la mujer, mencionandose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (UnitedNations, 2015). Este tipo de medidas, encuadradas en medidas asistenciales, podrian facilitar la toma acciones legales y reducir el abandono durante el proceso, tai y como establece la teoria de la dependencia marital (Kalmuss y Straus, 1982), segun la cual aquellas situaciones donde existe dependencia economica hacia el conyuge o pareja impiden a las victimas el abandonar la relacion y, por lo tanto, perpetua su victimizacion. Estos supuestos son apoyados por el metaanalisis llevado a cabo por Eggers y Steinert (2022), en el que se concluye que las mujeres empoderadas economicamente tienen una menor victimizacion de violencia de genero tanto emocional, como sexual y fisico. En consecuencia, el desarrollo de medidas asistenciales de tipo economico y que permitan el empoderamiento y la autonomia de las mujeres, coadyuva al abandono de la relacion de dependencia y a poder participar en el proceso judicial sin perder el sustento economico.

No obstante, deben tenerse en cuenta las limitaciones con las que cuenta este estudio. En primer lugar, la evaluacion del estado psicologico previo al proceso judicial se realize reinstaurando mentalmente a la entrevistada en ese momenta temporal, lo que puede afectar a los resultados. Por otro lado, las comparaciones se hacen entre grupos generados de manera natural, en base a la aplicacion o no aplicacion de las medidas de proteccion, por lo que no se comparan grupos equivalentes, aunque se ha tratado de controlar el efecto de la posible ausencia de esfericidad sobre los resultados. Asimismo, el efecto de alguna de las medidas de proteccion, aunque pudieran ser relevantes, no pudo ser evaluado por la baja frecuencia de aplicacion de esta medida, que no supera la presencia trivial. Por ultimo, debe tenerse en cuenta que el trabajo se realiza en el contexto social y legal de Ecuador, por lo que los resultados obtenidos se refieren unicamente a las medidas incluidas en su legislacion.

Financiamiento'. Esta investigacion fue financiada en parte por el proyecto "Desarrollo y bienestar de las mujeres victimas de violencia de genero desde la Justicia Terapeutica". Proyectos de investigacion en materia de cooperacion para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Cooperacion Gallega. Xunta de Galicia (Codigo: PR815A2021/13); por una ayuda a Alvaro Montes del Ministerio de Universidades en el programa "Formacion de Profesorado Universitario" (Codigo: FPU20/02169); y por una ayuda a Blanca Cea del Ministerio de Ciencia e Innovacion (Codigo PRE2021-100192).

Const jo de Revision Institutional'. Este estudio fue aprobado por el Comite de Bioetica de la Universidade de Santiago de Compostela (Codigo: USC-20/2020).

Consentimiento informado'. Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes incluidos en el estudio.

Declaration de disponibilidad de datos'. El acceso a la fuente de datos de este estudio esta restringida a la aprobacion judicial.

Conjlicto de Intereses'. Los autores declaran que no hay conflicto de intereses.

EXTENDED SUMMARY

Introduction

Currently, Ecuador lias the Comprehensive Organic Law for the Prevention and Eradication of Violence against Women (2018), which has the general aim of guaranteeing the integrity and safety of women victims of violence, as well as indirect victims. Similarly, the Comprehensive Organic Criminal Code (2014) includes 12 protective orders of general application to victims of different crimes, some of which have specific application in cases of violence against women. On the other hand, the Attorney General's Office of Ecuador has the National System for the Protective and Assistance of Victims, Witnesses and Other Participants. A service in charge of managing both protective and assistance to victims of intimate partner violence when the judge so determines.

Protective Orders (POs) aim to guarantee the integrity and safety of women complainants, while Assistance Orders (AOs) aim to support and promote the victims health. Nevertheless, studies aimed at testing the effectiveness of POs showed inconsistent results (Brame et al., 2015). In any case, literature agrees that POs do not eliminate revictimization or recidivism, ranging from 20-58% of cases (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan & Walker, 2009; Sullivan et al., 2021; Wright & Johnson, 2012). In terms of the effects of AOs, the literature has reported a significant reduction in PostTraumatic Stress Disorder (PTSD; Sullivan et al., 2021; Wright & Johnson, 2012) and depressive symptomatology (Sullivan et al., 2021), although these results are not generalisable across studies.

Intimate partner violence victimization has been found to be associated with mental health harms of depressive (Beydoun et al., 2012; Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023; World Health Organization, 2013), anxious (Reyes et al., 2023; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023), suicidal ideation and attempts (McManus et al., 2022; White et al., 2023), alcohol use (World Health Organization, 2013) and, with lower prevalence and magnitude of harm, in other types of psychological disorders (Reyes et al., 2023; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023). Furthermore, severity of this psychological symptomatology is high, with 30% of women being classified as clinical cases (Vilarino et al., 2018). Among these consequences, 'Trauma-related disorders and stressors (i.e., Post-Traumatic Stress Disorder, Adaptive Disorder and Acute Stress Disorder; APA, 2013) are of special relevance in the judicial field; both for being related to intimate partner violence victimization (Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Spencer, Stith, & Cafferky, 2019; Vilarino et al., 2018; White et al., 2023), and as the only one valid evidence of psychological harm in the legal setting (Vilarino et al., 2009).

On the other hand, field studies have confirmed effects of intimate partner violence victimization on negative behaviours, such as increased hostility and anger (Clements et al., 2022; Spencer, Stith, & Cafferky, 2019; Vilarino et al., 2018). These reactions have been used in order to explain the aggressive behaviours displayed by some female victims towards their young children or in response to their abusers as a contagion of the hostile behaviour of their abusers (Juarros-Basterretxea et al., 2022). In addition, forensic research has found that such increases in hostility and anger lead to child abuse, concluding that, as a consequence of victimization as two symptoms of PTSD, it exempts women victims of violence from criminal liability (Arce et al., 2009; Bonilla-Algovia & RivasRibero, 2022).

In turn, it has been corroborated that participation in the judicial process may have effects on the psychological health of victims, as established by Therapeutic Jurisprudence (TJ). TJ ultimately aims to enhance therapeutic effects and minimise counter-therapeutic effects (Stolle et al., 1997), seeking to humanise both the law and its application (Novo et al., 2022). The framework with regard to action is not reduced to a set of written rules but includes the legal procedures and the professionals who are part of the process (Farina, 2022). For this purpose, TJ draws on knowledge from the social, legal and behavioural sciences, while preserving the guarantees of the legal process (Perlin, 2020). The aim is to increase knowledge and scientific evidence within the legal process and, specifically, on the judicial experience of victims of intimate partner violence and the impact of the legal system on their well-being (Sullivan et al., 2022).

Based on the above, a field study was designed with the aim of finding out and quantifying the effects on the psychological well-being of complainants-victims of intimate partner violence during the judicial process of protective orders and assistance orders provided for in Ecuador's legal system.

Method

Participan ts

A total of 136 women living in Ecuador (97.1 % of Ecuadorian nationality) aged between 18 and 72 years (M= 37.14, SD = 10.87) who had initiated legal proceedings for intimate partner violence participated in the study. Regarding the relationship with the accused, in 51.4% (n = 70) of the cases it was the ex-husband/husband and in 48.6 % (n = 66) the current or former partner/cohabitant.

In terms of relationship to the accused, in 51.4 % (n = 70) of the cases it was the ex-husband/husband and in 48.6 % (n = 66) the current or former partner/cohabitant. In terms of judicial history, 30.9% of the women (n = 42) had previously reported the defendant for intimate partner violence, and 30.9 % (n = 42) had other civil court proceedings open (e.g., divorce, alimony).

Design and Procedure

The sensitivity of the design for a contrast of the observed probability of productivity of the judicial measures with a constant (.05, trivial effect) for a sample size of 136 participants and a moderate effect size (A = 0.50) was 86.9 %. In case of multivariate analyses (MANOVA), the probability of detecting significant differences (a < .05) for a sample size of 136 participants and a moderate effect size {d = 0.50) is 97.8 %.

Participants were recruited through services and associations for victims of intimate partner violence in Ecuador. A total of 136 women from the Canton of Cuenca (Ecuador) voluntarily participated in the study and gave informed consent. All interviews were conducted by professionals with previous training and specific training in Therapeutic Jurisprudence and intimate partner violence.

Measurement Instruments

The evaluation of the judicial measures applied to the case was obtained by interviewing the women with a list of the 17 Protective Orders and Assistance Orders provided for in the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP, 2014) and the Comprehensive Organic Law for the Prevention and Eradication of Violence against Women (Law 175/2018). Given that the orders are intended for different purposes of protective and assistance to victims, as established by the National System for the Protective and Assistance of Victims, Witnesses and Other Participants, but are not classified as such in the legislation, we proceed accordingly. Thus, protective orders are defined as those aimed at mitigating the risk of reoffending and assistance orders as those aimed at supporting and promoting the health of victims.

Based on these definitions, a group of researchers evaluated each measure, following the Thurstone procedure, on an 11-point scale from fully protective judicial measure (1) to fully assistive measure (1), with a midpoint (6), neither protective nor assistive or both at the same time. In addition, the researchers motivated the evaluation. Concordance in coding as protective or welfare was calculated using the true concordance index (ICV ; Arce et al., 2000) inter-evaluators, resulting in perfect UCV = 1).

In order to assess psychological well-being, the Spanish adaptation of Symptom Checklist-90-R (SCL-90R; Derogatis, 2002). This scale was designed as a measure of psychological symptomatology that includes 90 symptoms distributed in nine dimensions: Somatization (SOM), Obsessive-Compulsive (OBS), Interpersonal Sensitivity (INT), Depression (DEP), Anxiety (ANS), Hostility (HOS), Phobic Anxiety (FOB), Paranoid Ideation (PAR) and Psychoticism (PSI). The measure has a 5-point Likerttype response format in which the respondent reports the level of discomfort caused by the problem: Not at all (0); A little (1); Moderately (2); Quite a lot (3); Extremely (4).

For the aim of the study, participants were administered the SCL 90-R with instructions for two time points: a pre-trial measure in which respondents were mentally situated as they were before the start of the trial; and a post-trial measure, in which they were instructed to answer about symptoms at the time of the assessment, i.e., after the effects of the trial.

Data Analysis

The productivity of the judicial measures was calculated by obtaining the Z-score for the contrast between the observed prevalence with a trivial prevalence (.05; Gancedo et al., 2021). The effect size was estimated with Cohen's (1988) h, being small (h = 0.20), moderate (h = 0.50), large (h = 0.80) and larger (h = 1.20; Fandino et al., 2015). For the study of the application effects of protective orders, welfare measures and the judicial process on the symptomatic dimensions, a 2 X 2 X 2 mixed model (between- and within-subjects effects) MANOVA

was carried out. The effect sizes of the multivariate analyses were estimated with partial eta squared (rip), being small when rjp = .010, medium when rjp = .059 and large when rjp = .138 (Cohen, 1988). Observed multivariate heterogeneity, if univariate effects were significant (p < .05), 3 criteria were checked for validation (Mayorga et al., 2020): (a) that theoretical F (F= 3.912) was lower than empirical F; (b) that the ratio between the false rejection of the null hypothesis and the false acceptation of the null hypothesis (p/a) was sea > 1; and (c) that the magnitude of the effect size was in line with the acceptation of the alternaite hypothesis i.e., d > 0.20. All significant univariate results met these 3 criteria. Univariate effect size for repeated measures was obtained with Cohen's d using Lipsey and Wilson's (2001) formula and Hedges and Olkin's (1985) confidence interval formula. Effect size was categorically interpreted as small (d = 0.20), moderate (d = 0.50) and large (d = 0.80) and the magnitude of clinical symptom reduction was quantified with r (Arias et al., 2020).

Results

Study on the Productivity of Judicial Measures

The results of the prevalence of the implementation of orders (see Table 1) showed a significant prevalence with a larger effect size of prohibiting the accused/convicted person from attending certain places or meetings; prohibiting approaching the victim; prohibiting acts of persecution or intimidation of the victim; and the issuing of a restraining order (safe conduct) in favour of the victim or the victim's entourage. A significant prevalence with a moderate effect size was also observed for the judicial order ordering the accused/convicted person to leave the home or dwelling and the installation of electronic devices. All of them are victim protective orders. Unlike, welfare measures have been implemented with a trivial or null prevalence.

Study of the Effects of Judicial Measures

A MANOVA with a mixed design 2 (within-subject effect: judicial process) X 2 (between-subject effects: implementation of protective orders) X 2 (between-subject effect: implementation of assistance orders) was run, with a customised model (main effects for the factors judicial process -denunciation, confrontation with the aggressor-, implementation of judicial protective orders, and implementation of judicial assistance orders; and the interaction of the judicial process factor with the factors implementation of judicial protective orders and implementation of judicial assistance orders) was carried out.

The results reported a significant multivariate effect, F(9, 125) = 3.37, p = .001, of the judicial process factor (within-subject), with an observed power of 98.1 %, 1P P .981, and a large effect size (77^ = .195). The inter-subject factors application of protective orders (yes vs. no), F(9, 125) = 1.01,p = .453, and assistance (yes vs. no), (9, 125) = 0.99,p = .453, did not show a significant effect on psychological adjustment. Likewise, the interaction between judicial process (within-subjects effects) and the application of protective orders (between-subjects effects), F(9, 125) = 1.45,p = .173, and the application of assistance orders to the victim, F(9, 125) = 1.37,p = .211, were not significant either. The application of protective and assistance orders for the victim are independent of the effect of the judicial process.

The univariate effects (see Table 2) for the judicial process factor showed a positive clinical effect (clinical improvement) and significant and large effect size (d > 0.80) in somatization, obsessive-compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety (generalised anxiety), phobic anxiety and paranoid ideation; and moderate to large effect size (0.50 < d < 0.80) in the dimensions hostility and psychoticism. In therapeutic terms, these effects represent an improvement (decrease in symptoms) of 41.4 % (r = .414) in somatization, 44.4 % (r = .444) in obsessive-compulsive, 38.7% (r = .387) in interpersonal sensitivity, 45.4% (r = .454) for depression, 47.5% (r = .475) for anxiety, 30.0% (r = .300) for hostility, 38.3 % (r = .383) for phobic anxiety, 42.5 % (r = .425) for paranoid ideation, and 32.6 % (r = .326) for psychoticism.

Discussion

First of all, the study confirms the restorative and therapeutic effect on women who report intimate partner violence of confronting the aggressor through the judicial process, producing a significant and large magnitude improvement in their well-being. This effect occurs both at the global level of mental health, with a large magnitude, and in all the symptomatology scales studied, with effect sizes between moderate and large; especially in the dimensions of depressive, anxious and obsessive-compulsive symptomatology, which include PTSD symptoms (e.g., re-experiencing, negative cognitive alterations, mood alterations, increased arousal; APA, 2013). Forensic psychology identifies psychological harm through PTSD (Arce et al., 2015), characterised by the recurrence and intensification over time of its symptoms, with a tendency to become chronic in response to memories of the original trauma or new stressors; therefore, all factors that reduce symptoms and contribute to overcoming the traumatic experience are of particular relevance. These results are consistent with previous studies that conclude about the improvement in the state of health and quality of life (Cattaneo and Goodman, 2010) of women after turning to the justice system, especially when legal operators act with an FT approach. In addition, there is a moderate reduction of more than 38% in the hostility dimension, in line with previous research (Clements et al., 2022; Vilarino et al., 2018).

In a second term, it is concluded that the implementation of Protective Orders does not have a significant effect on the health and well-being of victims of intimate partner violence. This result contributes to shed light on the existing contradictory results about POs, which concluded in line with the lack of significant effects or small effect sizes compared to when they were not applied (Brame et al., 2015; Calton & Cattaneo, 2014; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018). One possible explanation for the results obtained by Sullivan et al. (2021), is that their studies address the comparison of different levels of restraint, but do not take into account the comparison with the nonapplication of POs, nor do they control for the effects of the judicial process itself, unlike the present study. Hence, the results reveal the relevance of the experience of women who report intimate partner violence during the judicial process, in relation to their well-being and to fostering a positive experience where its therapeutic effects are enhanced (Arce et al., 2023). This is the aim pursued by Therapeutic Jurisprudence (TJ), which point out that this therapeutic or counter-therapeutic effect of the judicial process will not only lie in the laws, but also in how the procedures are applied and how the professionals of the legal system act (Farina, 2022; Wexler & Winick, 1996). A judicial process in which a TJ approach is used will allow for better coping on the part of the victim, less abandonment, and is therefore likely to produce significant benefits for victims (Cattaneo & Godman, 2010).

In a third term, the results regarding the application of OPs defined in Ecuadorian jurisprudence (COIP, 2014; Law 175/2018); allow us to conclude that only 6 of the 17 POs are applied in a significant way, with effect sizes between moderate and more than large. All significant orders fall into the category of protective orders, i.e., those applied to mitigate the risk of re-offending. Notwithstanding, no significant application of some assistance orders, i.e. those aimed at restoring the harm received and facilitating the complainants' livelihood, was found. This implies that the application of POs in Ecuador is being directed exclusively at those orders that seek to prevent reoffending and further violence, despite research reporting that they are unable to fully mitigate re-offending and revictimisation (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan and Walker, 2009).

Within the assistance orders, only one of them (fixing a pension) has a direct economic purpose and two of them (inventory of movable or immovable property and provision for flexibility or reduction of working hours) have implications for the economic support of the complainants, none of them being applied to any significant extent. These types of orders, framed as assistance orders, could facilitate legal action, and reduce abandonment during the process, as established by the theory of marital dependency (Kalmuss & Straus, 1982). Consequently, the development of economic assistance orders that enable the empowerment and autonomy of women contributes to the abandonment of the dependency relationship and to being able to participate in the legal process without losing economic support.

The limitations of this study should be taken into account. Firstly, the assessment of the psychological state prior to the judicial process was carried out by mentally reinstating the interviewer at that moment in time, which may affect the results. On the other hand, comparisons are made between naturally generated groups, based on the application or non-application of protective orders. Likewise, the effect of some of the protective orders, although they could be relevant, could not be evaluated due to the low frequency of application of this order. Finally, it should be borne in mind that the research is carried out in the social and legal context of Ecuador, so the results obtained refer only to the orders included in its legislation.

Sidebar

Como referenciar este artlculo/How to reference this article:

Acurio, G., Montes, A., Cea, B. y Novo, M. (2023). Efectos de las medidas de proteccion y asistenciales a victimas de violencia de genero sobre el bienestar psicologico [Effects of Protective and Assistance Orders to Victims of Intimate Partner Violence on Psychological Well-Being]. Action Psicologico., 20(2), 71-88. https://doi.org/10.5944/ap.20-2.39358

Correspondence address [Direccion para correspondencia]: Mercedes Novo. Facultade de Psicoloxia. Universidade de Santiago de Compostela, Espana. Email: [email protected]

ORCID: Gabriela Acurio (https://orcid.org/0009-0002-8115-1697), Alvaro Montes (https://orcid.org/0000-0003-43704465), Blanca Cea (https://orcid.Org/0000-0001-9905-2780) y Mercedes Novo (https://orcid.Org/0000-0002-0942-1501).

Recibido: 1 de noviembre de 2023.

Aceptado: 23 de noviembre de 2023.

References

Referencias

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual cf Mental Disorders (5a ed.). Autor.

Anderson, K. L. (2015). Victims' Voices and Victims' Choices in Three IPV Courts. Violence against Women, 21((), 105-124. https://doi.org/10.1177/10778Q1214564166

Arce, R., Farina, F., Carballal, A. y Novo, M. (2009). Creacion y validacion de un protocolo de evaluacion forense de las secuelas psicologicas de la violencia de genero [Creation and Validation of a Forensic Protocol to Assess Psychological Harm in Battered Women]. Psicothema, 21(2), 241-247. http://www.psicothema.eom/pdf/3 621 .pdf

Arce, R., Farina, F. y Fraga, A. (2000). Genero y formacion de juicios en un caso de violacion [Gender and Juror Judgment Making in a Case of Rape]. Psicothema, 12(A), 623-628. http://www.psicothema.eom/pdf/3 81 .pdf

Arce, R., Farina, F., Novo, Seijo, D., M., Cardenas, D. y Acurio, G. (2023). Aplicacion de la Justicia Terapeutica en Ecuador: Vision de las victimas de violencia de genero. Revista Iberoamericana de Justicia Terapeutica, 6, IJ-IV-XCII-260. https ://ar.ij editores.com/pop.plip?option-articLilo &Hash=68d9acc28445db90c22dl51e45el03c2

Arce, R., Farina, F. y Vilarino, M. (2015). Dano psicologico en casos de victimas de violencia de genero: Estudio comparative de las evaluaciones forenses [Psychological Injury in intimate Partner Violence Cases: A Contrastive Analysis of Forensic Measures]. Revista Iberoamericana de Psicologla y Salud, 6(2), 72-80. https://doi.Org/10.1016/j.rips.2015.04.002

Arias, E., Arce, R., Vazquez, M. J. y Marcos, V. (2020). Treatment Efficacy on the Cognitive Competence of Convicted Intimate Partner Violence Offenders. Anales de Psicologla/Annals cf Psychology, 36(3), 427-435. https://doi.org/10.6018/analesps.428771

Beydoun, H. A., Beydoun, M. A., Kaufman, J. S., Lo, B. y Zonderman, A. B. (2012). Intimate Partner Violence Against Adult Women and its Association with Major Depressive Disorder, Depressive Symptoms, and Postpartum Depression: A Systematic Review an Meta-Analysis. Social Science & Medicine, 75(6), 959-975. https://doi.Org/10.1016/j.socscimed.2012.04.025

Blonde, A., Altan, L., Boychenko, O. y Van Den Heuvel, L. (2023). Safe Justice for Victims cf Crime: Discussion Paper. Justice Programme of the European Union.

Bonilla-Algovia, E. y Rivas-Rivero, E. (2022). Papel del sexismo, los mitos romanticos y los eventos vitales adversos en la violencia de genero: Un estudio con agresores de pareja [Traditional Schemes of Sexual Gender Roles, Power in Relationships and Dating Violence], RevistaIberoamericana de Psicologla v Salud, 13(2), 112-119. https://doi.Org/10.23923/j.rips.2022.02.05

Brame, R., Kaukinen, C., Gover, A. R. y Lattimore, P. K. (2015). No-contact Orders, Victim Safety, and Offender Recidivism in Cases of Misdemeanor Criminal Domestic Violence: A Randomized Experiment. American Journal cf Criminal Justice, 40(2), 225-249. https://doi.org/10.1007/sl21Q3014-9242-x

Calton, J. y Cattaneo, L. B. (2014). Tire effects of Procedural and Distributive Justice on Intimate Partner Violence Victims' Mental Health and Likelihood of Future Help-Seeking. American Journal cf Orthopsvchiativ, 84(A), 329-340. http://dx.doi.org/10.1037/li0099841

Cattaneo, L. B. y Goodman, L. A. (2010). Through the Lens of Therapeutic Jurisprudence: The Relationship between Empowerment in the Court System and Well-Being for Intimate Partner Violence Victims. Journal cf Intel personal Violence, 25(3), 481-502. https://doi.org/10.1177/08862605Q9334282

Clements, C. M., Moore, B. C., Laajala-Lozano, A. y Casanave, K. (2022). Victim and Perpetrator Acknowledgement of Intimate Partner Violence and Victim Psychopathology. Journal of Interpersonal Violence, 37(19-20), 1-23. https://doi.Org/10.l 177/08862605211028289

Codigo Organico Integral Penal. (2014, Febrero 10). Registro Cficial, 10(Sup. 180). https ://biblioteca.defensoria. gob.ec/bitstream/3 700 0/3427/l/C%c3%b3digo%200rg%c3%alnico%20 Integral%20Penal.pdf

Cohen, J. B. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2a ed.). LEA.

Cordier, R., Chung, D., Wilkes-Gillan, S. y Speyer, R. (2021). The Effectiveness of Protection Orders in Reducing Recidivism in Domestic Violence: A Systematic Review and Meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 22(4), 804-828. https://doi.org/10.1177/1524838019882361

Derogatis, L. R. (2002). SCL-90-R. Manual. TEA.

Dowling, C., Morgan, A., Hulme, S., Manning, M. y Wong, G. (2018). Protection Orders for Domestic Violence: A Systematic Review. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, 551, 1-19. https ://www. aic. gov. au/publications/tandi/tandi5 5 1

Eggers, I. y Steinert, J. I. (2022). The Effect of Female Economic Empowerment Interventions on the Risk of Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 23(3), 810-826. https://doi.org/10.1177/1524838020976088

Fandino, R., Basanta, J., Sanmarco, J., Arce, R. y Farina, F. (2021). Evaluation of the Executive Functioning and Psychological Adjustment of Child to Parent Offenders: Epidemiology and Quantification of Harm. Frontiers in Psychology, 12, Articulo 616855. https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.202L616855

Farina, F. (2022). Justicia terapeutica: Humanizando la justicia, de la teoria a la practica. En E. Vazquez y L. Garcia Villaluenga (eds.), Habilidades y procedimientos de la mediation (pp. 419-448). Thomson Reuters Aranzadi.

Gancedo, Y., Farina, F., Seijo, D., Vilarino, M. y Arce, R. (2021). Reality Monitoring: A Meta-Analytical Review for Forensic Practice. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 13(2), 99110. https://doi.org/10.5093/ejpalc2021alQ

Goodman, L. A., Thomas, K., Cattaneo, L. B., Heimel, D., Woulfe, J. y Chong, S. K. (2016). SurvivorDefined Practice in domestic Violence Work: Measure Development and Preliminary Evidence of Link to Empowerment. Journal of Interpersonal Violence, 31(1), 163-185. https://doi.org/10.1177/0886260514555131

Hedges, L. V. y Olkin, I. (1985). Statistical Methods for Meta-Analysis. Academic Press.

Holmes, S. C., Maxwell, C. D., Cattaneo, L. B., Bellucci, B. A. y Sullivan, T. P. (2021). Criminal Protection Orders among Women Victims of Intimate Partner Violence: Women's Experiences of Court Decisions, Processes, and their Willingness to Engage with the System in the Future. Journal of Inter personal Violence, 37(17-18), 16253-16276. https://doi.Org/10.l 177/08862605211021965

Juarros-Basterretxea, J., Ocampo, N. Y., Herrero, J. y Rodriguez-Diaz, F. J. (2022). Dyadic Analysis of Emotional Intimate Partner Violence: An Estimation of Dyadic Patterns and Influencing Individual, Relational, and Couple Factor. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 14(2), ' 105-111. https://doi.org/10.5093/ejpalc2022al0

Kalmuss, D. S. y Straus, M. A. (1982). Wife's Marital Dependency and Wife Abuse. Journal cf Marriage and the Family, 44(2), 277-286. https://doi.org/10.23Q7/351538

Ley N° 103/1995 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. (1995, Diciembre 11). Registro Cficial, No. 839.<https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit accion files/ley> l 03-1995.pdf

Ley Organica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2018, Febrero 5). Registro Cficial, Suplemento No. 175. https ://www. asambleanacional.gob. ec/sites/default /files/private/asambleanacional/filesasambleanacio nalnameuid-29/Leyes%202013-2017/361 -erradviolencia-contra-muj eres-18-08-2017/ro-contra-violencia-muj er .pdf

Lipsey, M. W. y Wilson, D. B. (2001). Practical Metaanalysis. Sage.

Logan, T. K. y Walker, R. (2009). Civil Protective Order Outcomes: Violations and Perceptions of Effectiveness. Journal cf Inter personal Violence, 24(4), 675-692. https://doi.org/10.1177/08862605Q8317186

Mayorga, E. G., Novo, M., Farina, F. y Arce, R. (2020). Destrezas cognitivas en menores infractores, de proteccion y normalizados: Un estudio de contraste [Cognitive Skills in Juvenile Offenders, Protection Normalized Youngsters: A Contrastive Study]. Revista Latinoamericana de Psicologla, 52, 160- 168. https://doi.org/10.14349/rlp.2020.v52.16

McManus, S., Walby, S., Barbosa, E. C., Appleby, L., Brugha, T., Bebbington, P. E., Cook, E. A. y Knipe, D. (2022). Intimate Partner Violence, Suicidality, and self-Harm: A Probability Sample Survey of the General Population in England. Lancet Psychiatry, 9(1), 574-583. https://doi.org/10.lQ16/S2215-0366(22)00151-1

Novo, M., Alonso, M. y Farina, F. (2022). Percepcion de justicia y empoderamiento en mujeres victimas de violencia de genero. En I. Loinaz, J. Sanmarco, y V. Marcos (eds.), XIV Congreso (Inter)Nacional de Psicologla Juridica y Forense. Libro de Aetas (pp. 343-346). Sociedad Espanola de Psicologla Juridica y Forense. http://sepjf.org/wp-content/uploads/2019/03/libro-de-actas xiv-congreso-internacional-de-psicologia-juridica-y-forense.pdf

Olson, C. L. (1976). On Choosing a Test Statistic In Multivariate Analysis of Variance. Psychological Bulletin, 83(4), 579-586. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.83.4.579

Perlin, M. L. (2020). ^Has visto a la dignidad?: La historia del desarrollo de la Justicia Terapeutica. En D. B. Wexler, M. S. Oyhamburu y F. Farina (eds.), Justicia Terapeutica: Un nuevo paradigma legal (pp. 25-57). Wolters Kluwer.

Rappaport, J. (1984). Studies of Empowerment: Introduction to the Issue. Prevention in Human Issue, 3(2-3), 1-7. https://doi.org/10.1300/J293vQ3n02 02

Reyes, M., Simpson, L., Sullivan, T., Contractor, A. y Weiss, N. (2023). Intimate Partner Violence and Mental Health Outcomes among Hispanic Women in the United States: A Scoping Review. Trauma, Violence & Abuse, 24(2), 809-827. https://doi.org/10.1177/15248380211043815

Spencer, C., Mallory, A. B., Cafferky, B. M., Kimmes, J. G„ Beck, A. R. y Stith, S. M. (2019). Mental Health Factors and Intimate Partner Violence Perpetration and Victimization: A Meta-analysis. Psychology cf Violence, 9(1), 1-17. https://doi.org/10.1037/vioQ000156

Spencer, C., Stith, S. M. y Cafferky, B. (2019). Risk Markers for Physical Intimate Partner Violence Victimization: A Meta-Analysis. Aggression and

Violent Behavior, 44, 8-17. https://doi.Org/10.1016/j.avb.2018.10.009

Stevens, J. (1986). Applied Multivariate Statistics for Social Sciences. LEA.

Stolle, D. P., Wexler, D. B., Winick, B. J. y Dauer, E. A. (1997). Integrating Preventive Law and Therapeutic Jurisprudence: A Law and Psychology Based Approach to Lawyering. California Western Law Review, 34(1), 15-51.<https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwlr/vol3 4/issl/3

Sullivan, T. P., Weiss, N. H., Woerner, J., Wyatt, J. y Carey, C. (2021). Criminal Orders of Protection for domestic violence: Associated Revictimization, Mental Health, and Well-Being Among Victims. Journal cf Interpersonal Violence, 36(21-22), 10198-10219. https://doi.org/10.1177/088626Q519883865

Sullivan, T. P., Weiss, N. H., Woerner, J. y Belliveau, D. (2022). Criminal Protection Orders: Implications of Requested versus Issued Orders on Domestic Violence Revictimization and Mental Health among Women. Journal cfInter personal Violence, 37(19-20), 18445-18464. https://doi.Org/10.l 177/08862605211035875

United Nations. (1993). Declaration on the Elimination cf Violence Against Women. Autor. https://www.ohclir.org/sites/default/files/eliminati onvaw.pdf

United Nations. (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Autor. https://sdgs.un.org/2Q30agenda

Vilarino, M., Farina, F. y Arce, R. (2009). Discriminating Real Victims from Feigners of Psychological Injury in Gender Violence: Validating a Protocol for Forensic Setting. European Journal cf Psychology Applied to Legal Context, 7(2), 221-243. http://sepjf. webs, uvigo.es/index. php?option=com docman&task-doc download&gid-l9&Itemid-l IQ&lang-es

Vilarino, M., Vazquez, M. J., Gonzalez Amado, B. y Arce, R. (2018). Psychological Harm in Women Victims of Intimate Partner Violence: Epidemiology and Quantification of Injury in Mental Health Markers. Psychosocial Intervention, 27(3), 145-152. https://doLorg/10.5093/pi2018a23

Wexler, D. y Winick, B. J. (1996). Law in a Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence. Carolina Academic Press.

White, S., Sin, J., Sweeney, A., Salisbury, T., Wahlich, C., Camila-Margarita, M., Gillard, S., Brett, E., Allwright, L., Iqbal, N., Khan, A., Perot, C., Marks, J. y Mantovani, N. (2023). Global Prevalence and Mental Health Outcomes of Intimate Partner Violence Among Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 25(1), 494-511. https://doi.Org/10.l 177/15248380231155529

World Health Organization. (2013). Global and Regional Estimates cf Violence Against Women: Prevalence and Health Impacts cf Intimate PartnerViolence and Non-Partner Sexual Violence. Autor. https://iris.who.int/bitstream/liandle/10665/85239/ 9789241564625 eng.pdf?sequence=l

Wright, C. V. y Johnson, D. M. (2012). Encouraging Legal Help Seeking for Victims of intimate Partner Violence: The Therapeutic Effects of the Civil Protection Order. Journal cf Traumatic Stress, 25(6), 675-681. https://doi.org/10.1002/jts.21754