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Nick Burns (*) - Americas Quarterly
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, es una rareza en América Latina: un gobernante popular que parece ir camino a la reelección este año. Con cerca del 70 % de aprobación y una ventaja de unos 25 puntos sobre su competidor más próximo en las encuestas, ¿cuál es su secreto? Algunas razones están bastante claras. Abinader, de 56 años, asumió el cargo en agosto de 2020, justo a tiempo para el auge económico liderado por los turistas extranjeros que consideraban (y siguen considerando) a las playas dominicanas una escapada ideal tras la pandemia. Luego de contraerse un 7 % en 2020, la economía dominicana repuntó hasta un crecimiento del 12 % en 2021, un 5 % en 2022 y un 2,4 % en 2023. El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasificó recientemente a República Dominicana como el país de América Latina donde el nivel de vida aumenta más rápidamente. Exejecutivo de la industria turística, Abinader atribuye su éxito a un enfoque equilibrado en una región caracterizada por la división izquierda-derecha. "Tenemos la fórmula de ser proempresa, pero también somos fuertes en programas sociales y de transparencia", declaró a Americas Quarterly (AQ) en una entrevista durante un reciente viaje a Washington. Los dominicanos consideran que la estabilidad económica es el logro estrella del mandato de Abinader, según una encuesta realizada en octubre por Gallup y RCC Media. Su postura cada vez más dura en las relaciones con Haití, país en crisis con el que la República Dominicana comparte frontera, también le ha granjeado un considerable apoyo público en el país, a la vez que críticas de organizaciones de derechos humanos. Pero la principal razón por la que Abinader ganó la presidencia es por un tema en el que algunos críticos dicen que todavía tiene trabajo por hacer: la lucha contra la corrupción. Problema de vieja data Los predecesores de Abinader se vieron sacudidos por numerosos escándalos de corrupción, incluido uno en el que estaba implicada la constructora brasileña Odebrecht. Las protestas masivas contra la corrupción estallaron en 2017, creando una especie de marca con un antes y un después en la política dominicana. En temas de corrupción pública, "ha habido un despertar de la sociedad civil... hay más participación organizada", dijo Claudia de Windt, abogada internacional de República Dominicana. Abinader hizo de la lucha contra la corrupción un elemento central de su campaña y, una vez en el cargo, nombró fiscal general a una respetada exmagistrada del Tribunal Supremo, Miriam Germán Brito. Ella ha supervisado extensas investigaciones de corrupción con nombres llamativos que recuerdan a los de otras partes de la región, como Operación Antipulpo, Operación Calamar, Caso Coral y Caso 5G. Los resultados no se han hecho esperar. Gracias a las pesquisas, las autoridades han atrapado a varios altos funcionarios de la administración de Danilo Medina (2012-2020), entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exprocurador general Jean Alain Rodríguez. Guerrero fue acusado de orquestar una trama de pagos irregulares por terrenos expropiados mediante expropiación forzosa. Rodríguez fue acusado de haber desviado fondos de la Fiscalía para financiar a un grupo que apoyaba sus propias ambiciones presidenciales. Tanto Guerrero como Rodríguez han negado los cargos que se les imputan. Así mismo, el propio expresidente Medina no ha sido acusado en dichas investigaciones. Esos procesos y otros han reavivado los recuerdos del movimiento anticorrupción que recorrió gran parte de América Latina a partir del 2010, pero que perdió fuerza a finales de la década debido a las acusaciones de aplicación desigual de la justicia, lawfare o mala praxis de la Fiscalía en lugares como Brasil y Colombia. Si Abinader puede ir más allá de estas acusaciones y generar una mejora duradera en el Estado de derecho en un segundo mandato, es, probablemente, la mayor incógnita a la que se enfrenta su presidencia hoy en día. Lucha anticorrupción En cierto modo, el impulso de Abinader parece haber tenido en cuenta las lecciones de anteriores iniciativas anticorrupción en América Latina. Algunas reformas parecen diseñadas para dotar a los fiscales de más herramientas, en lugar de centrarse simplemente en investigaciones espectaculares que acaparen titulares. Por ejemplo, la aprobación de una ley de confiscación civil en 2022, que le permite al Estado recuperar activos robados, fue aplaudida por los expertos anticorrupción y recibió un elogio explícito del Departamento de Estado de EE. UU., que la calificó de "gran logro". La República Dominicana ha mostrado una notable mejora en el Indice de Capacidad para Combatir la Corrupción, una medición de la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción, elaborado por Control Risks y AS/COA (la organización que publica AQ). En 2020 ocupó el antepenúltimo lugar de 15 países medidos, con una puntuación de 3,26. En la edición de 2023, República Dominicana ocupó el quinto lugar, con una puntuación de 5,42. En cuanto a los esfuerzos contra la corrupción, "la diferencia es enorme" bajo el gobierno actual, dijo a AQ Paola Romero, abogada y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, recalcando el nombramiento de oficiales de cumplimiento para supervisar la contratación pública en todos los ministerios del gobierno. "Ha sido un gran paso", agregó. Algunos observadores se han quejado, sin embargo, de la lentitud y desigual aplicación de la justicia. Como en otros países, el recurso a la detención preventiva de los acusados ha sido un punto de discordia. En noviembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias declaró "arbitraria" la detención de Jean Alain Rodríguez y pidió su puesta en libertad. Según la prensa dominicana, el Ministerio Público tardó seis meses en leer las más de 12.000 páginas de pruebas que tenía en su poder en la investigación llamada el Caso Medusa. Donald Guerrero fue liberado de la prisión preventiva en noviembre. La oposición dominicana ha criticado duramente la forma en que se ha llevado a cabo la lucha contra la corrupción bajo el mandato de Abinader, señalando el hecho de que las investigaciones se han centrado en funcionarios de partidos distintos al del presidente, el Partido Revolucionario Moderno (PRM). "Están utilizando la lucha contra la corrupción como arma política", dijo José Dantés, funcionario del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en una entrevista en la televisión dominicana. Es cierto que ningún funcionario importante del gobierno de Abinader ha sido procesado por corrupción, aunque sí han sufrido consecuencias políticas una vez que las acusaciones salen a la luz. En agosto de 2022, el jefe de gabinete de Abinader, Lisandro Macarulla, dimitió después de que su nombre apareció relacionado con la investigación de un supuesto esquema de pagos coordinado por Jean Alain Rodríguez. Macarulla no ha sido acusado formalmente de ningún delito. Y en noviembre de 2023, Hugo Beras, jefe de una entidad gubernamental de transportes, solicitó una licencia sin sueldo tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre presunta corrupción administrativa en un contrato de semáforos (Beras niega haber actuado indebidamente). Algunos analistas coinciden en que para que se produzca un verdadero avance, el presidente también debe mirar hacia dentro de su propio gobierno. "Ahora es el momento de que Abinader lleve su lucha contra la corrupción al siguiente nivel y empiece a mirar hacia dentro", dijo Geovanny Vicente-Romero, estratega político afincado en Washington. Mientras tanto, los esfuerzos por afianzar la independencia de la Fiscalía mediante una enmienda constitucional, uno de los principales objetivos de la administración, se han atascado en el Congreso, donde su partido carece de la supermayoría necesaria. A la pregunta de si la cultura en torno a la corrupción de alto nivel ha cambiado, Abinader respondió: "Creo que ha empezado a cambiar. Siempre existe el riesgo de volver atrás", declaró a AQ. "Por eso quiero que el fiscal general sea independiente sobre una base constitucional". Otros éxitos La elección de Abinader en 2020 encaja perfectamente en varias tendencias regionales: la oleada de votos en contra de los partidos del establecimiento en América Latina. El PLD había gobernado el país durante 16 años seguidos con Leonel Fernández (2004-2012) y luego con Danilo Medina. Fernández también había sido presidente de 1996 al 2000. Por otro lado, Abinader ha sido capaz de preservar el apoyo público y, según los analistas, construir credibilidad en su propia figura, a diferencia de Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), que fueron elegidos en una ola de reacción contra los mismos de siempre en sus países y que han visto erosionar su aprobación. A menudo se considera que el gobierno de Abinader gestionó la pandemia de forma competente, ya que distribuyó las vacunas con rapidez en comparación con sus homólogos. Mientras que otros centros turísticos sufrieron los efectos de la pandemia, la industria dominicana emergió más fuerte que nunca, en parte gracias a un enfoque que daba prioridad a la vacunación nacional y no exigía cuarentena ni prueba de vacunación a los turistas que llegaban tras la pandemia. "Lo que hemos hecho es estar a favor del empleo, aumentado el gasto social", dijo Abinader a AQ. Según el FMI, el gasto de República Dominicana en prestaciones sociales ha pasado del 1,3 % del PIB en 2019 al 1,6 % en 2022, tras un repunte hasta el 4,2 % en 2020. Un tema clave en la política interna ha sido el desbordamiento de la crisis que empeora en Haití y las tensiones en la relación bilateral haitiano-dominicana. El flujo de haitianos hacia República Dominicana, establecido desde hace tiempo, se ha intensificado en medio de la incertidumbre política y la violencia de las bandas. Desde junio de 2023, alrededor de un tercio de los nacimientos en los hospitales dominicanos tienen por madres a mujeres haitianas. En septiembre, la frontera se convirtió en un tema político candente, cuando el gobierno haitiano anunció su apoyo a la construcción de un canal que desviaría el agua del río Masacre, que Haití comparte con la República Dominicana. En la controversia subsiguiente, Abinader adoptó una postura firme, cerrando las fronteras durante casi un mes, con el consiguiente costo para la economía local a ambos lados de la frontera, y suspendiendo la expedición de visados a ciudadanos haitianos. En vísperas de las elecciones presidenciales de mayo (19) de este año, la crisis fronteriza se ha convertido en un punto de controversia política. Fernández, candidato del partido Fuerza del Pueblo, criticó a Abinader por el cierre de la frontera, alegando sus efectos sobre la economía. Abel Martínez, alcalde de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad de la República Dominicana, que es el candidato del PLD, dijo que la política sobre la frontera debería ser dirigida por un comité de expertos del que Abinader debería recusarse para evitar politizar el asunto. Abinader expresó su esperanza de que la misión internacional de apoyo a la seguridad, dirigida por Kenia y autorizada por Naciones Unidas y actualmente bloqueada por un recurso judicial en Kenia, "pueda traer la paz" a Haití. Preguntado por la política de su gobierno respecto a Haití, Abinader declaró a AQ: "Lo que estamos haciendo es organizar la inmigración. Hemos hecho mucho por Haití. Pero no podemos hacer más, porque no somos un país rico". (*) Editor y CMS de AQ.
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