Una historia de dos izquierdas. El MIR y el MAS entre el origen y el colapso de la «democracia pactada» boliviana (1985-2006)

Abstract

En este artículo se estudia la aparición, auge y colapso de la inédita experiencia de democracia liberal partitocrática en Bolivia (1985-2006), a través de la trayectoria de dos movimientos autoidentificados como izquierdistas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (1971), de Jaime Paz Zamora, última y más grande manifestación de la «izquierda patricia» boliviana, y el Movimiento al Socialismo (1997), de Evo Morales, vehículo político de la renacida oposición sindical rural al sistema vigente. También se exploran las causas de su colapso; a saber: el crecimiento de las expectativas y el malestar de los sectores urbanos; la reactivación de la tradición sindical militante, en una versión más dinámica y mejor organizada, y, en el plano de la cultura política, la difusión y generalización del katarismo y sus variaciones indianistas.

Alternate abstract:

In this article, the emergence, rise, and collapse of the unprecedented experience of liberal partocratic democracy in Bolivia (1985-2006) are studied through the trajectory of two self-identified leftist movements, the Revolutionary Left Movement (1971), led by Jaime Paz Zamora, the last and largest manifestation of Bolivian "patrician leftism," and the Movement for Socialism (1997), led by Evo Morales, the political vehicle of the revived rural union opposition to the political establishment. The causes of its collapse are also explored, namely: the growth of expectations and discontent among urban sectors; the reactivation of militant union tradition, in a more dynamic and better organized version, and, in terms of political culture, the diffusion and generalization of Katarism and its Indianist variations.

Headnote

Recibido: 13-02-2024

Aceptado: 24-04-2024

Resumen

En este artículo se estudia la aparición, auge y colapso de la inédita experiencia de democracia liberal partitocrática en Bolivia (1985-2006), a través de la trayectoria de dos movimientos autoidentificados como izquierdistas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (1971), de Jaime Paz Zamora, última y más grande manifestación de la «izquierda patricia» boliviana, y el Movimiento al Socialismo (1997), de Evo Morales, vehículo político de la renacida oposición sindical rural al sistema vigente. También se exploran las causas de su colapso; a saber: el crecimiento de las expectativas y el malestar de los sectores urbanos; la reactivación de la tradición sindical militante, en una versión más dinámica y mejor organizada, y, en el plano de la cultura política, la difusión y generalización del katarismo y sus variaciones indianistas.

Palabras-clave: Bolivia, Movimiento al Socialismo, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Jaime Paz Zamora, Evo Morales.

Abstract

In this article, the emergence, rise, and collapse of the unprecedented experience of liberal partocratic democracy in Bolivia (1985-2006) are studied through the trajectory of two self-identified leftist movements, the Revolutionary Left Movement (1971), led by Jaime Paz Zamora, the last and largest manifestation of Bolivian "patrician leftism," and the Movement for Socialism (1997), led by Evo Morales, the political vehicle of the revived rural union opposition to the political establishment. The causes of its collapse are also explored, namely: the growth of expectations and discontent among urban sectors; the reactivation of militant union tradition, in a more dynamic and better organized version, and, in terms of political culture, the diffusion and generalization of Katarism and its Indianist variations.

Keywords: Bolivia, Movement for Socialism, Revolutionary Left Movement, Jaime Paz Zamora, Evo Morales.

1. Introducción: «Italia no es Bolivia» y el permanente «embrollo boliviano»

En octubre de 1994, Mario Vargas Llosa publicó en el diario español El País un artículo que llevaba el título sugerente de «Italia no es Bolivia». Se refería a las declaraciones del portavoz del gobierno italiano, Giuliano Ferrara, que, ante una alegación periodística sobre posibles violaciones a la constitución del entonces primer ministro Sergio Berlusconi, afirmó: «¿En qué país cree usted que vivimos? ¿En Bolivia?» (Vargas Llosa 2001:52).

Aquí Ferrara apelaba a los lugares comunes respecto de la política sudamericana como espacio arquetípico de desorden, en la estela de visiones europeas del siglo XIX como la de Edgar Quinet, para quien las repúblicas sudamericanas habían nacido con las «arrugas de Bizancio».

Vargas Llosa, por su parte, realizó en ese artículo una de las mayores apologías a la Bolivia posterior a las reformas económicas del tercer gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989):

Hasta hace tres lustros, Bolivia era, en efecto, hablando en términos políticos, la pura barbarie (...). Lo notable, aún más todavía que el radicalismo de estas reformas, es que ellas se hicieran en democracia, respetando la libertad de prensa y los derechos de una oposición política y sindical, y que, en gran parte, gracias al prestigio y el poder de persuasión de Paz Estenssoro, el pueblo boliviano las respaldara y que surgiera en torno de este modelo un consenso que le ha dado una estabilidad que dura ya casi diez años (2001: 55-56).

El pronóstico del escritor peruano para la nación andina no podía ser más halagüeño: «[l]uego de siglos de inmovilismo en la behetría política y de sistemático empobrecimiento, Bolivia es en nuestros días un país sin inflación, de presupuesto equilibrado, una democracia genuina, de instituciones más o menos sólidas, que parece bien encaminado para dar la batalla contra el subdesarrollo» (2001: 57).

El artículo concluía con una comparación entre las clases políticas italiana y boliviana, favorable largamente a esta última y una ironía final: «el distraído dottore Giuliano Ferrara tenía toda la razón: Italia no es Bolivia, por fortuna para los bolivianos» (2001: 57).

Pero también había vaticinios menos entusiastas. El sociólogo francés Jean-Pierre Lavaud finalizaba su clásico El embrollo boliviano. Turbulencias sociales y desplazamientos políticos (1952-1982) con una recapitulación de sus tesis principales -a saber, la existencia de ejes conflictivos crónicos nacidos de una «sociedad pretorian&acaron; de masas», en términos de Huntington, donde todos los sectores ejercen mecanismos de violencia en distintos grados, , describiendo el «tercer tiempo» del triunfo de lo que denomina la «neooligarquía» a partir de la década de 1980, encarnado en el «gobierno más notable durante este período de apertura democrática: el de Paz Estenssoro» (1998: 384). El rasgo sociológico más significativo de este triunfo sería una transformación en la índole de los «hombres políticos relevantes», que ya no son políticos tradicionales, sino «representantes directos de los intereses privados, propietarios o accionistas de importantes negocios o asociaciones patronales» (1998: 384).

El «tercer tiempo» comienza con el triunfo electoral indiscutible de las derechas en 1985. La revisión de Lavaud llega hasta diciembre de 1989 con el éxito del populismo andinista relativamente apolítico de CONDEPA de Carlos Palenque en las elecciones municipales, y con la reactivación de la agitación sindical, particularmente la larga huelga magisterial de aquel año.

Y aunque para 1989 y gran parte de la década siguiente, el nuevo consenso democrático y de relativo laissez faire económico parecían relativamente sólidos, Lavaud se atreve a señalar una aporia fundamental: la consolidación de la nueva política económica «se hace cada vez más problemática. En efecto, a largo plazo, la orientación neoliberal necesita un gobierno unido y fuerte» ante la oposición callejera. Y «si, a pesar de todo, el gobierno mantiene ese rumbo, se verá sin duda obligado a multiplicar las medidas de excepción, poniendo en peligro el régimen constitucional» y si intenta incorporar a la oposición sindical al gobierno, tendría que abandonar la nueva política económica, lo que provocaría que «tanto el futuro económico como el político» se tornasen inciertos (1998: 389).

Asimismo, la aparición de líderes populistas despertaba cierta alarma en Lavaud:

Finalmente, en lo que al porvenir democrático del país concierne, la reaparición de hombres providenciales con clientela no es un buen augurio. Pues, a pesar del sorpresivo y espectacular retorno a las formas constitucionales de gobierno, el débil tejido industrial del país está prácticamente destrozado, la cocaína gangrena el país, la red educativa se encuentra perturbada; en suma, el terreno social boliviano parece poco propicio para el florecimiento de las virtudes democráticas caras a Montesquieu y Tocqueville (1998: 389).

La siguiente década le daría la razón a Lavaud y revelaría que los pronósticos de Vargas Llosa no correspondían más que a un wishful thinking «neoliberal»: Bolivia estaba lejos de haber alcanzado el «fin de la historia». Lo que no pudo imaginar Lavaud -que quizás pensaba en las experiencias de Alberto Fujimori en el Perú o del efímero Abdalá Bucaram en Ecuador como posibles modelos para derivas autoritarias por obra de caudillos populistas como el animador televisivo Carlos Palenque de CONDEPA o el magnate Max Fernández Rojas de la Unión Cívica de Solidaridad- era que el «hombre providencial» que marcaría la transformación de la débil democracia liberal boliviana en un régimen híbrido vendría de la reconstituida oposición sindical rural y llevaría a la izquierda al gobierno en Bolivia por casi trece años.

2. Auge y ocaso de la izquierda patricia en los tiempos de la «democracia pactada» (1985-2000)

Definir en qué consistía ser de izquierda durante el turbulento siglo XX boliviano resulta un ejercicio bastante complejo.

En primer lugar, cualquier reflexión sobre la política boliviana durante todo el periodo republicano hasta el 2006 tiene que pensar en su carácter patricio. Aliñe Helg señala que, en 1826, la flamante república bolivariana, basada en la soberanía popular, contaba solo con un 3 % de ciudadanos (2012: 34). Es en el espacio de la antigua respublica hispaniorum, del orden jurídico que englobaba a los españoles y las castas, ya sin el contrapeso de la Corona, donde se originaron las nuevas instituciones y prácticas republicanas. Desde la perspectiva del sujeto criollo, se abría la posibilidad de crear poder político a través de un aparato estatal burocrático y de la práctica del llamado «colonialismo interno» sobre un ámbito rural que era visto como vacío y lleno de riquezas no explotadas. El «español americano», el inmigrante europeo, el mestizo e incluso el indígena desindianizado de las ciudades pasaban a adquirir la capacidad de ejercer un poder desproporcionado a su insignificancia demográfica respecto de un ámbito rural aislado e impotente, sea a través de la praxis parlamentaria, casi siempre accidentada, del acceso a los ámbitos periodísticos, universitarios, judiciales y militares que conformaban la incipiente burocracia estatal o de la conspiración cuartelaria y la poblada callejera que, en la segunda mitad del siglo XX, podía llegar a adoptar retóricas o máscaras ideológicas izquierdistas.

En este punto conviene recordar una característica que Helg considera como fundamental en el proyecto político del político criollo arquetípico, Simón Bolívar, luego de la guerra de independencia: la idea de la república como baluarte contra la tiranía de la mayoría (2012). Algo semejante podría decirse de los proyectos revolucionarios de la izquierda boliviana durante buena parte del siglo XX, pero en este caso la revolución sería el baluarte contra la tiranía de las masas. Una vez asumido el dogma de gran parte de la intelligentsia occidental del siglo XX -la inevitabilidad del socialismo-, el único camino era, igual que durante las guerras de independencia en el siglo anterior, asumir la conducción de ese proceso en cuanto clase ilustrada. Ese sería el secreto de algunos de los mecanismos psíquicos, muchos de ellos no totalmente conscientes, que condicionarían la acción de lo que podríamos llamar la «izquierda patricia» en Bolivia, comprometida teóricamente con la revolución, pero, a la larga, orientada hacia la conservación del orden de cosas familiar y tradicional de la vieja ciudad criolla2.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la flexibilidad con la que los actores políticos se denominaban a sí mismos como izquierdistas y/o socialistas, adhiriéndose a un orden conceptual occidental contemporáneo, en donde las causas estatistas, proletario-campesinas y utopistas en distinto grado asumían esa etiqueta. Como no podía ser extraño en Bolivia, el uso de etiquetas y adscripciones radicales fue bastante profuso desde muy temprano.

Sin embargo, aquí entra la primera complejidad local: socialista fue el nombre de la facción del Partido Republicano del presidente Bautista Saavedra (1920-1925), gobierno caracterizado por contar con el apoyo de la plebe urbana y por una tímida legislación social, en algo semejante a experiencias contemporáneas de países vecinos como el leguiísmo peruano y el alessandrismo chileno. Socialista también fue el socialismo militar de David Toro y Germán Busch en la década de 1930, surgido de la traumática experiencia de la Guerra del Chaco, y que pondrían en acto uno de los loci communes de la política boliviana: la nacionalización de los recursos naturales al expropiar a la Standard Oil. No hay que olvidar a la Falange Socialista Boliviana, fundada por Óscar Unzaga de la Vega en 1938 como un partido nacionalista y que se transformaría en un movimiento heteroclito y aluvional de oposición mesocrática y terrateniente al gobierno del MNR a partir de 1952. Gualberto Villarroel, el vituperado presidente «nazi-fascista» entre 1943 y 1946, no vaciló en confesarse también socialista (Chabes 1946: 97). Finalmente, el vehículo crepuscular de la oligarquía boliviana, que ganaría de la mano de Enrique Hertzog3 las reñidas elecciones de 1947, era el Partido de la Unión Republicana Socialista. Queda claro entonces que el término «socialismo» pasó a representar en el léxico político boliviano un concepto amplio donde la preocupación por lo «social» se hermanaba con el nacionalismo retórico.

Como no podía ser de otra manera, en la tipificación y clasificación de la izquierda boliviana habría que incluir no solo a los autoproclamados socialistas, sino también a los actores explícitamente marxistas-leninistas. En este punto destaca el carácter tardío y relativamente independiente de Moscú del marxismo-leninismo boliviano, atribuible antes que nada a la relativa indiferencia del Komintern (Schelchkov 2016). Asimismo, a diferencia de los avatares de la izquierda marxista en países vecinos como Chile y Perú, las luchas por la ortodoxia y la proliferación de partidos de todos los tintes y obediencias marxista no se daría de una manera tan exuberante. Más allá de los pequeños cenáculos intelectuales, el primer partido más o menos orgánico en asumir el marxismo-leninismo en Bolivia sería el Partido Obrero Revolucionario (1935), de linca trotskista, de Sergio Aguirre Gainsborg y Tristan Marof. Pero el grupo que acabaría por alcanzar más influencia en aquellos años sería el Partido de Izquierda Revolucionaria (1940), fundado por José Antonio Arze en base a comités provinciales previos. Este partido, básicamente universitario y urbano, se convertiría en la imagen quintaesencia! de la izquierda patricia pro-oligárquica de aquel periodo. El PIR reivindicaba explícitamente la ideología marxista-leninista y defendía denodadamente a la URSS de Stalin. Combatía al reformismo nacionalista del MNR, al que, siguiendo la consigna del Departamento de Estado de Roosevelt y Traman, motejaba de «nazi-fascista», y estuvo detrás de las grandes asonadas contra el gobierno de Gualberto Villarroel (1946). Arze llegó a pedir una intervención militar estadounidense en Bolivia para derrocar a este régimen (Baptista 1998: 147). Su principal interés político parecía ser explícitamente la consolidación del capitalismo en Bolivia y el fortalecimiento de la burguesía (Chabes 1946: 156). No podía ser sorprendente, entonces, que su apoyo tanto entre los sectores populares como estudiantiles fuera desapareciendo ante alternativas más dinámicas y combativas4. De sus restos emergería el tardío Partido Comunista Boliviano en la década de 1950. Recién después de la revolución cubana de 1959 y de fenómenos como el Concilio Vaticano II (1962-1965), la izquierda marxista-leninista boliviana iría sofisticándose ideológicamente y engrosando sus cuadros, aunque nunca al nivel de otras experiencias latinoamericanas. Curiosamente, mientras el PIR de Arze y el PSOB de Tristan Marof (escisión más personal que ideológica del POR) ocupaban puestos parlamentarios durante la década de 1940 y, hasta cierto punto, colaboraban con la oligarquía, el POR trotskista organizaba sindicatos mineros y rurales y se prestaba a una colaboración relativa con el MNR.

Un tercer criterio para discernir la condición izquierdista de los actores políticos en Bolivia sería la oposición a la llamada «rosca oligárquica», es decir, a la alianza entre los llamados «barones del estaño» Patino, Aramayo y Hochschild, los terratenientes y la alta burocracia militar. En este punto, la única fuerza política considerable antirros quista, más allá de las efusiones retóricas, era el Movimiento Nacionalista Revolucionario (1942), de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Augusto Céspedes, entre otros. Aunque nunca faltaron algunos marxistas en su seno, los líderes del MNR buscaban inspiración en otras experiencias totalitarias europeas, para sorpresa de intelectuales extranjeros como Eric Hobsbawm:

Y, sin embargo, ¡cuán diferentes de sus modelos europeos fueron las actividades y los logros políticos de unos hombres que reconocían abiertamente su deuda intelectual para con Mussolini y Hitler! Todavía recuerdo la conmoción que sentí cuando el presidente de la Bolivia revolucionaria lo admitió sin la menor vacilación en una conversación privada. En Bolivia, unos soldados y políticos que se inspiraban en Alemania organizaron la revolución de 1952, que nacionalizó las minas de estaño y dio al campesinado indio una reforma agraria radical (Hobsbawm 1998: 140).

Así, podía darse en Bolivia el caso paradójico de simpatizantes de Hitler que, según este tercer criterio, serían izquierdistas, antiimperialistas y revolucionarios, y marxistas-leninistas estalinianos que, por su parte, serían derechistas, contrarrevolucionarios y proestadounidenses. Paradojas solo aparentes de un lugar en donde todos los conceptos políticos revolucionarios de la modernidad filosófica europea se funden, se descomponen y se difuminan.

Es menester, sin embargo, referirse al partido político, originalmente de izquierda que, durante las dos últimas décadas del siglo XX alcanzó dos veces el poder supremo, reflejando tanto el mayor auge como el canto del cisne de la izquierda patricia boliviana. Se trata del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fundado por exiliados en el Chile de Allende en 1971.

El entramado político del MIR se nucleaba en torno a la juventud universitaria radicalizada de varios partidos tradicionales:

Poco tiempo después nació el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ya en el periodo de Ovando, la escisión de la Democracia Cristiana de Benjamín Miguel dio por resultado la formación de un radicalizado Partido Demócrata Cristiano Revolucionario (PDCR), que, en reunión con el grupo "Espartaco", que evolucionó desde la juventud universitaria del MNR y desde grupos de estudiantes marxistas independientes, resolvió la organización del MIR. Sus primeros dirigentes fueron Pablo Ramos, Jorge Ríos Dalenz, Antonio Araníbar, René Zabaleta, Jaime Paz Zamora, Oscar Eid, Adalberto Kuajara y otros (Baptista 1998: 295-296).

Jaime Paz Zamora (n. 1939) provenía de una familia tradicional cochabambina. Seminarista durante largos años, la radicalización de los sectores católicos luego del aggiornamento de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II lo llevó al marxismo. Su hermano, Néstor Paz Zamora, iría algo más lejos: junto con otros jóvenes disidentes del Partido Demócrata Cristiano, iniciaría el malogrado foco guerrillero de Teoponte, que sería desactivado rápidamente por el ejército en 1970.

El MIR auroral, durante el septenato de Hugo Bánzer, «se caracterizó por la «clandestinidad y el exilio, para formar una alternativa a la "vieja" izquierda boliviana, caracterizándose por su repudio al caudillismo y su adhesión enfervorizada al socialismo, adoptando en sus pancartas el retrato del Che Guevara. Se trataba de conformar el Estado nacional junto al proletariado» (Baptista 1998: 313-314).

Sin embargo, pronto destacó el liderazgo de Jaime Paz Zamora. En los últimos instantes del gobierno de Bánzer el MIR ya se había posicionado como el partido de los intelectuales y de la clase opinadora. Es así como para las elecciones de 1978,1979 y 1980, el MIR accede a aliarse con el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I) de Hernán Siles Suazo y formar la Unidad Democrática y Popular (UDP). Esta alianza se nutrió de la iniciativa de Paz Zamora, quien, desde muy temprano, destacó por su capacidad de negociación, su dinamismo y su flexibilidad estratégica.

Entre 1980 y 1982, el MIR padece acoso y persecución de parte de sectores de las fuerzas de seguridad, aun antes del golpe de estado de Luis García Meza. En plena campaña electoral, un sospechoso accidente aéreo trató de descabezar a la UDP. Paz Zamora fue el único sobreviviente, aunque sufrió lesiones considerables. Luego, ya durante el periodo de la efímera narcodictadura, sus militantes serían víctimas de una de las atrocidades más significativas del régimen: la masacre de la calle Harrington (15 de enero de 1981).

Pero la desaparición temporal de la izquierda boliviana -que no consiguió la diarquía de García Meza y Arce Gómez- la acabaría provocando la propia UDP cuando pudo definitivamente llegar al poder en 1982, con Hernán Siles Suazo como presidente, y Jaime Paz Zamora como vicepresidente. Este periodo coincidió con la crisis de la deuda latinoamericana, y la descomunal emisión monetaria, así como el gasto público descontrolado ocasionaron el hundimiento de la economía boliviana y la fractura de la alianza. Asimismo, la Central Obrera Boliviana desató una de las mayores oposiciones sistemáticas sindicales a algún gobierno de las que se tiene noticia. Aunque la política económica estaba a cargo del MIR, pronto, la creciente impopularidad del gobierno y la sensación de caos que se apoderaba del país llevaron a los ministros miristas a romper con él, supuestamente en protesta por los intentos de Siles Suazo, tardíos e ineficaces, de moderarla hacia posiciones más ortodoxas.

Si bien ambos líderes pertenecían al mismo universo cultural y social de la política patricia, Siles Suazo representaba el viejo arquetipo tribunicio, que ya se anunciaba como caduco, mientras que Paz Zamora, cuyo ethos era más juvenil y horizontal, se acercaba más al dinamismo tecnocrático que primaría universalmente en las décadas finales del siglo XX.

Las elecciones de 1985 significaron el colapso electoral total de la izquierda boliviana. De tener casi el 50% del electorado en 1980 (combinando el 38. 74% de la UDP con el 8.71% del Partido Socialista 1 de Marcelo Quiroga y los porcentajes de otras fuerzas menores) pasó al 10% del MIR de Jaime Paz Zamora. Más sorprendente aun fue el triunfo en el voto popular del general Hugo Bánzcr y su ADN, con un 32.83%. Incluso en bastiones de la izquierda como La Paz, Cochabamba y Oruro, el triunfo de la derecha era patente. Le seguía cl MNR de Víctor Paz Estenssoro con 30.36% y recién, en el tercer lugar, venía la modesta decena mirista. Cabe señalar que para este momento el MIR había sufrido la escisión de su ala más radical, el MIR-Bolivia Libre, de Antonio Araníbar5.

Fue en el contexto de la elección parlamentaria del presidente -dado que ningún candidato había superado el tercio-, en que Paz Zamora mencionó los «ríos de sangre» que lo separaban de Bánzer y endosó, sin mayor negociación, sus votos al MNR. Paz Estenssoro, elegido gracias al MIR, gobernó más bien con el apoyo de la ADN en su programa de estabilización económica, largamente exitoso. Así se iniciarían casi 20 años de consenso en torno a lo que pasó a denominarse «democracia pactada», un consenso institucional entre partidos más o menos formales y los poderes económicos, en torno a una suerte de incipiente tecnocracia defensora del libre mercado y la continuidad constitucional.

Pero las paradojas no terminarían ahí. En las elecciones de 1989, el factótum de la nueva política económica del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada alcanzó el primer lugar en el voto popular con 25.65%, seguido de cerca por el general Hugo Bánzer con 25.24%. En tercer lugar, se encontraba Jaime Paz Zamora con el MIR, alcanzando su tope histórico de votos de 21.83%. Y en medio del entrampamiento, Bánzer decidió cruzar el río de sangre y dar sus votos a Paz Zamora:

Los enemigos de Paz Zamora y Bánzer señalaron que tuvieron que cruzar «un río de sangre» antes de darse la mano, aludiendo a la persecución constante que había sufrido el MIR en los años de gobierno del general. Sin necesidad de firmar ningún documento, ambos alegaron que bastaba la palabra empeñada para formar el nuevo gobierno, al que dividieron, como una torta, en dos pedazos iguales, desde el gabinete y las subsecretarías hasta las demás dependencias. Los guasones afirmaron que la virgen de Urkupiña, que ha desplazado a las demás en el fervor popular, había atendido solícitamente el pedido de los tres candidatos, pues a Sánchez de Lozada le hizo ganar las elecciones, a Bánzer le dio el poder y a Paz Zamora la presidencia. Visto objetivamente, este acuerdo y el Pacto por la Democracia, que firmara el jefe de la ADN con Paz Estenssoro, permitieron la continuidad sin sobresaltos del proceso democrático y la ejecución de las medidas económicas que detuvieron la hiperinfláción y lograron la recuperación financiera del país, avances debidos a la renuncia, por segunda que hizo Bánzer de sus propias aspiraciones (Baptista 1998: 358).

El gobierno del llamado Acuerdo Patriótico mantuvo las lincas macrocconómicas fundamentales de la nueva política económica de Paz Estenssoro, aunque no profundizó en las reformas ni continuó con las privatizaciones. En el caso de una concesión minera en el departamento de Potosí, llegó incluso a incumplir un contrato con una empresa privada ante la amenaza de violencia callejera por parte del comité cívico de aquella ciudad. Era una manifestación de las habilidades políticas de un Jaime Paz Zamora que, aun cuando ya estaba totalmente convencido de las bondades del llamado «consenso de Washington», todavía conservaba, al menos en el plano discursivo, una capacidad de negociación, una cierta flexibilidad y una hypokritiké de gestos populistas que haría luego mucha falta a Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 durante la llamada «primera guerra del gas». Estas características suyas se revelaron especialmente cuando, en gesto audaz, salió al encuentro, junto a sus ministros, de una protesta indígena en los Yungas en agosto de 1990. Sea lo que fuere, la polémica respecto a si la falta de profundización de las reformas en esa primera etapa de la «democracia pactada» acabaría generando consecuencias que pagarían gobiernos ulteriores o si más bien fue la falta de flexibilidad política a la hora de imponerlas por parte de los últimos gobiernos de este periodo la que facilitó la llegada al poder del MAS todavía continúa.

Los éxitos más notorios del gobierno de Jaime Paz Zamora fueron en el campo diplomático. Tanto en los países vecinos como en Estados Unidos y Europa, la imagen de la Bolivia caótica de menos de diez años atrás abría paso a la de una joven democracia vista con sorpresa y agrado por la comunidad internacional, como una muestra de que, en los tiempos inmediatamente posteriores al final de la Guerra Fría, las periferias podían acceder, secundum quid, a los beneficios del nuevo orden liberal global. Los logros más significativos fueron la concesión de un enclave comercial y turístico en la costa del departamento de Moquegua en el Perú, gracias a un acuerdo con Alberto Fujimori (1992) y la condonación de la deuda con Argentina, negociada con Carlos Saúl Menem.

Cabe señalar, sin embargo, que, durante aquellos años, se desencadenó de manera impresionante el gran problema que desde hacía varias décadas había ido adquiriendo proporciones monumentales y que se constituía en el gran astro oscuro de la política boliviana, nunca visto ni aceptado por nadie, pero cuyas perturbaciones podían constatarse en todas sus dimensiones: el cultivo ilegal de coca y el narcotráfico, su causa y consecuencia necesaria.

Aunque Paz Zamora no abandonó en líneas generales las consignas impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos respecto de la lucha antidrogas, sí se manifestó más abierto a posiciones divergentes respecto al uso tradicional de la coca y a la defensa moderada de los campesinos cocaleros. Sin embargo, su gobierno no estuvo ajeno a las sospechas de connivencias de distinto tipo con el poder del narcotráfico: en 1994, Oscar Eid, la mano derecha del presidente, llegó a purgar cuatro años de prisión por su vinculación con Isaac Chavarria, el Oso. conocido líder de una organización criminal.

Ulteriormente, la guerra contra las drogas y el énfasis en la erradicación masiva de los cultivos de hoja de coca desdibujarían la relación entre Estados Unidos y Bolivia, otrora cordial. Recuérdese que, contrariamente a la frialdad hostil hacia el gobierno de Villaroel (1943-1946), Estados Unidos apoyó masivamente a la Bolivia del MNR y del barrientismo a partir de 1952, mientras contemporáneamente hundía experiencias reformistas como las de la Guatemala de Arbenz (1954) y la República Dominicana de Bosch (1965).

El balance del gobierno del Acuerdo Patriótico, sin embargo, sería valorado positivamente por la historiografía boliviana de aquel momento, escarmentada del caos militarista y revolucionario de casi todo el siglo XX:

La eficacia del régimen del Acuerdo Patriótico se probó, en cambio, en su capacidad de concertación y diálogo para la modernización del aparato del Estado y para el progreso de la sociedad civil, mediante los acuerdos con los partidos grandes y pequeños, en febrero de 1991 y julio de 1992; para la reforma del sistema judicial y el perfeccionamiento del sistema electoral; para las leyes de necesidad de la reforma constitucional y la descentralización política y administrativa del país, y para la reforma educativa, que facilitaron el camino a los cambios introducidos por el siguiente gobierno (Baptista 1998: 363)

Para las elecciones de 1993, la alianza entre ADN y el MIR que postulaba a Hugo Bánzer a la presidencia alcanzó el segundo lugar con 21%, casi quince puntos por debajo del triunfante MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada con 35.5%. Este hecho no significó más que la confirmación de la transformación del MIR en un partido indistinguible doctrinalmente de las otras dos fuerzas que le sucedieron en el gobierno de Bolivia en el periodo.

El MIR había sido el más exitoso y a la larga el más coherente y fructífero de los vehículos de la tradicional izquierda patricia boliviana. Fructífero puesto que, aun no siendo mayoritario nunca, no solo alcanzó el poder, sino que lo mantuvo. Coherente porque colaboró con fuerzas de derecha, pero abandonando retóricas radicales e incluso la misma doctrina marxista; a diferencia de la vieja experiencia pirista que, más bien acrecentaba sus efusiones radicales en cada instante de colaboración intensa con la extinta «rosca» oligárquica.

Antes de abordar el colapso de la democracia pactada (2000-2005), conviene más bien señalar las razones de su aún más sorprendente aparición.

Para Jean-Pierre Lavaud, el agotamiento político de las Fuerzas Armadas y de los sindicatos mineros entre 1982 y 1985 habría abierto las puertas al retomo a los gobiernos y partidos de la derecha (1998: 385). Asimismo, como se vio, el sociólogo francés señalaba tempranamente como una de las características resaltantes de este periodo, al que considera como neo-oligárquico, el hecho de que, a diferencia de durante gran parte de la historia boliviana, ahora la «mayoría de los hombres políticos relevantes no son hombres políticos tradicionales sino, más bien, representantes directos de los intereses privados, propietarios o accionistas de importantes negocios o responsables de asociaciones patronales» (1998: 384).

Más allá de los prejuicios ideológicos -que en algunas disciplinas pueden llegar a ser una suerte de fundamentos epistemológicos-, queda claro que la representación y/о ejecución política por manos de quienes ejercen también cierto liderazgo en las fuerzas productivas y económicas reales, proceso representado en Bolivia por la relativa tecnocratización de su clase política en el periodo, puede ser provechosa, especialmente teniendo en consideración los antecedentes predatorios de la clase legista patricia que azotó Bolivia desde sus orígenes. Ya Baptista Saavedra en 1921 en La democracia en nuestra historia señalaba lo siguiente: «Toda nuestra historia no es sino el testimonio de ese desequilibrio psicológico, de esa fractura intema dentro de la cual solo triunfa la astucia criolla, el expediente curialesco, el ardid abogadil, sobre el imperativo moral y noble» (Saavedra 1921, citado por Lavaud 1998: 346).

Así, esta tecnocratización y relativa despolitización de los gobiernos durante el periodo, sería un verdadero giro copernicano respecto de la historia boliviana previa, en dimensiones casi tan significativas como las del proceso revolucionario del MAS (2006-...), cuyo camino la democracia pactada, aun sin quererlo, prepararía.

3. El colapso de la «democracia pactada» y el camino del MAS al poder (2000-2006)

¿Qué fue lo que llevó al desfondamiento de aquel periodo de supuesta estabilidad liberal que parecía, según Vargas Llosa, encaminar de manera satisfactoria a Bolivia al desarrollo? Podemos señalar tres principales causas: el crecimiento de las expectativas y el malestar de los sectores urbanos; la reactivación de la tradición sindical militante, en una versión más dinámica y mej or organizada; y, en el plano de la cultura política, la difusión y generalización del katarismo y sus variaciones indianistas.

En primer lugar, hay que señalar que, durante todo el periodo, siempre existió una oposición antisistema para nada desdeñable. Luego del fracaso de la Marcha por la Vida en 1986, canto del cisne del sindicalismo minero, que ocasionó la declaratoria del estado de sitio por parte del gobierno de Paz Estenssoro, todos los gobiernos que le sucedieron debieron recurrir al mismo expediente, sea contra los sindicatos magisteriales liderados por el veterano trotskista del POR Guillermo Lora, sea contra colectivos campesinos, mineros, indígenas y cívicos varios. No faltaron, tampoco, los experimentos con la lucha armada por parte de la Comisión Néstor Paz Zamora y el Ejército Guerrillero Túpak Katari, rápidamente desmantelados por el ejército. Sin embargo, ninguna de las asonadas callejeras logró poner en jaque a alguno de los gobiernos de turno ni tampoco ninguna de las fuerzas asociadas a ellas pudo conseguir un correlato político medianamente exitoso.

Pero ¿qué es entonces lo que provocó que la izquierda antisistema pase de la práctica inexistencia en 1997 (la alianza Ш-ASP obtuvo poco más del 3 %), a ser la segunda fuerza electoral en 2002 con 20.94 %, de la mano del MAS-IPSP de Evo Morales, a solo escasas cifras porcentuales del triunfador, Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR?

En primer lugar, la relativa estabilidad y el limitado crecimiento económico de las casi dos décadas de democracia pactada había generado una dinamización de los sectores urbanos inédita en la historia de Bolivia. La mayor integración vial y tecnológica del país permitía la formación y cohesión de nuevas maneras de expresar y entender la política, mucho menos ideologizadas y corporativas que otrora, pero no por eso menos vinculadas a reivindicaciones más inmediatas. Por otro lado, la crisis económica global de 1998 pondría en aprietos a las economías emergentes de la región andina y provocaría, en la tecnocracia gobernante, un mayor énfasis en acelerar las reformas liberales faltantes para incentivar la inversión privada, complacer a los organismos multilaterales y alejar el fantasma recesivo6.

En este contexto se enmarca la llamada «guerra del agua» en Cochabamba en 2000 en contra de Aguas del Tunari, del grupo Bechtel, la privatizada empresa de agua, en donde, por primera vez en décadas, una protesta social logró inmovilizar al gobierno.

Como señala Pablo Stefanoni:

Pero, aún más importante que eso, la inesperada "guerra del agua" marcó un punto de inflexión, acabando con década y media de derrotas populares y con la ilusión -promovida por los intelectuales neoliberales- del fin de la política de las calles y del triunfo de la democracia representativa (liberal) como el único espacio de la acción política. Poco a poco, un nuevo sentido común nacional-popular, y la revalorización de la acción directa como forma de lucha, recuperaron parte de la legitimidad perdida (Stefanoni 2009: 18).

Un problema tarifario de servicios públicos urbanos, que enajenó incluso a las clases medias cochabambinas del apoyo al gobierno de la ADN, fue el catalizador del malestar contenido contra el establishment político de 1985. La memoria del caos y de la hiperinfláción parecía evaporarse ante reclamos aun todavía despolitizados, pero no por eso menos intensos. Los sectores populares urbanos, que antes se inclinaban por el populismo andinista moderado de CONDEPA o de la UCS, se volcaron hacia un voto de protesta más radical. Si a esto se le añade la reactivación de organizaciones aymaras muy minoritarias pero radicalizadas en torno a El Alto y el departamento de La Paz, lideradas por Felipe Quispc, el Maliku, y la lenta pero constante erosión del gobierno de la ADN por obra del sindicalismo cocalero de Evo Morales y sus bloqueos de carreteras, el escenario se preparaba para el desfondamiento de las clases dirigentes tradicionales en el Occidente boliviano, fenómeno que facilitaría la hegemonía posterior de casi dos décadas por obra del MAS. No sería infrecuente encontrar a personajes de la clase media o incluso del empresariado que, ya en la coyuntura de 2003 y 2005, no solo estaban dispuestos a tolerar sino activamente buscaban la llegada al poder del MAS-IPSP de Evo Morales, una fuerza antisistema mucho menos extremista que la del Movimiento Indio Pachacutik de Felipe Quispe, con tal de ver el final de la práctica paralización del país por los bloqueos de carreteras casi permanentes.

Evo Morales Ayma (n. 1959) no era ni un viejo líder sindical politizado ni tampoco un ideólogo o ćuraka indianista obsesionado con dogmas identitarios; mucho menos, claro está, un intérprete patricio de los intereses populares, como sería el caso de Alvaro García Linera, futuro vicepresidente suyo. Aunque de origen aymara, había crecido y alcanzado la adultez en los valles tropicales del departamento de Cochabamba, lugar de migración y poblamiento reciente y en el que las viejas identidades comunitarias de aymaras, quechuas y mestizos se difuminaban y mezclaban. Sus primeras pasiones fueron el fútbol y la música y estuvo tentado de estudiar periodismo. Era, por tanto, una figura representativa del nuevo cholo que emergía en una sociedad crecientemente desindianizada y dinámica. Su gremio, los cocaleros del Chapare, no era tampoco ajeno a la modernización ni a la capitalización económica. La carrera como dirigente sindical de Evo Morales estuvo marcada por un activismo intenso y disruptivo y su consecuente judicialización permanente por parte del Estado. A mediados de la década de 1990, en pleno auge de la democracia pactada, los sindicalistas consideraron, no sin cierto debate, que no bastaba la lucha sindical: había que crear un instrumento político propio, la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, luego transformada en el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, que haría uso, ulteriormente, de la estructura de un viejo cascarón político escindido de la Falange Socialista Boliviana: el Movimiento al Socialismo-Unzaguista. Como puede verse, los eslóganes en ese momento no eran las viejas consignas revolucionarias marxistas, sino la soberanía comunitaria y nacional, en el estilo del léxico político del incipiente movimiento antiglobalista de la década de 1990. Tampoco pretendía ser un partido más en una partitocracia signada por el quid pro quo, sino un gremio, una corporación, con una existencia real en la sociedad real y que pretendía, a lo sumo, utilizar a la política como instrumento de representación y transformación social del país legal. En ese sentido (y de manera paradójicamente similar a la tecnocracia «neo-oligárquica» de la democracia pactada), se distinguía de la vieja política patricia con partidos legales con pretensión de totalidad política e incluso ideológica, pero con incierto correlato social antes de su acceso al poder, que caracterizaron a Bolivia en el siglo XX. Ya no eran políticos patricios, doctrinarios o en algo poetas como Tristán Marof o Guillermo Lora, creando gremios ideológicos a partir del barro indistinto del sindicalismo combativo o hábiles estrategas como Paz Estenssoro o Barrientos, estableciendo relaciones de reciprocidad o colonizándolos desde el poder estatal, sino eran los mismos sindicalistas que creaban un instrumento político encabezado por un caudillo salido de sus propias filas.

En las elecciones de 1997, de la mano la alianza Izquierda UnidaAsamblea por la Soberanía de los Pueblos, Morales logró ser elegido diputado. Su desafuero del parlamento por «violentista», auspiciado por el gobierno de Jorge Quiroga, en 2001, lo posicionó como el proverbial candidato antisistema, circunstancia que lo llevó a quedar en segundo lugar en las elecciones del 2002 con casi un quinto de los votos. Pero sería otro fenómeno de insurrección social el que llevaría al MAS de la segunda minoría a la hegemonía casi absoluta.

Las llamadas «guerras del gas» (2003-2005) y la subsecuente reforma nacionalizante de la explotación de hidrocarburos por parte del MAS (2006) se enmarcan en un proceso hasta cierto punto cíclico en su historia: la incapacidad por parte de los políticos bolivianos de administrar no solo el aparato público sino los recursos naturales del país. En todos los casos tenemos a un país accidentado y relativamente despoblado, descapitalizado tanto humana como tecnológica y económicamente, signado, en muchas ocasiones, por la anarquía. En esa coyuntura, cuando algún caudillo o camarilla de políticos logra establecer una estabilidad mínima, se realizan toda suerte de esfuerzos por atraer inversiones que puedan explotar los recursos naturales. Esas inversiones acuden y el país empieza a crecer y a integrarse mediante el desarrollo de economías de escala, y la caja fiscal -y por tanto el aparato público y los políticos- empieza a capitalizarse. Apenas se produce este fenómeno, los políticos, en algún descanso en medio de la ardua labor de disputarse el poder de maneras legales o extralegales, descubren la necesidad imperiosa de «rescatar los recursos naturales». Lo hacen reafirmando orgullosamente la «soberanía nacional». Bastante pronto la anarquía retorna -o la catástrofe absoluta - y empieza de nuevo el ciclo. Así sucedió con Hilarión Daza en 1878 y el salitre, con el socialismo militar de Toro y Busch en la década de 1930 y la Standard Oil, con Ovando y la Gulf Oil en 1969-1970, etc.

El estallido de estas «guerras» tuvo como pretexto el deseo de los gobiernos de Quiroga y luego de Sánchez de Lozada de explotar prontamente las reservas de gas natural de la mano de la empresa privada y la posibilidad de hacerlo por puertos chilenos, contra la opinión del MAS que buscaba su nacionalización y, contra la de ciertos sectores de la opinión pública que consideraban como casi una traición que el país vecino, con el que se mantenía importantes disputas de origen histórico, se beneficiase de alguna manera de los recursos naturales bolivianos. Sin embargo, todavía no existía una decisión firme por parte del gobierno para actuar en algún sentido. Pero la insurrección popular, inicialmente encabezada por organizaciones radicales indígenas muy minoritarias -sin el apoyo directo del MAS- pero bastante experimentadas en la práctica de los bloqueos de carreteras, logró provocar la usual respuesta represiva militar-policial del gobierno. Es en ese momento en que los sectores urbanos manifestaron su descontento y cansancio con la «democracia pactada», y el apoyo que podía tener el gobierno del MNR en cuanto garante del orden se diluyó rápidamente.

Luego de la renuncia de Sánchez de Lozada (2003), asumió el gobierno su vicepresidente Carlos Mesa, quien, carente de base social alguna y ante una oposición social y callejera envalentonada, dio tumbos entre apoyar la vieja institucionalidad y ceder a las demandas de un MAS que, de manera ya desembozada, buscaba su derrocamiento y la toma del poder a través de la práctica paralización del país y de su vida económica. La «segunda guerra del gas» terminó con la renuncia de Mesa (2005) y una apresurada convocatoria a elecciones en las que el MAS acabaría alcanzado el 53.74% de los votos, un récord histórico para Bolivia (2006). Para este momento, Evo Morales ya se había convertido en una de las figuras más importantes del eje bolivariano en Sudamérica y en un aliado y habitual huésped de Fidel Castro y Muammar Al Gaddafi y de otros estados de marcado signo antioccidental como Irán o Siria, fenómeno absolutamente singular para un político boliviano.

Cabe señalar que ya desde inicios de la década de 2000, Hugo Chávez consideraba a Bolivia como el primer campo de ensayo de la expansión del socialismo del siglo XXI y Evo Morales y los cuadros del MAS recibieron apoyo técnico y material de forma masiva de parte de la Venezuela bolivariana y, en menor grado, de Cuba, durante todo el proceso de toma del poder. El enfeudamiento sucesivo de la política exterior del gobierno del MAS a estos estados sería patente.

Se ha señalado ya dos factores, más o menos objetivos, detrás del colapso de la «democracia pactada»; a saber, la reaparición de la oposición sindical, en una versión más dinámica y organizada, de la mano del movimiento cocalero, y el paradójico crecimiento de expectativas y el malestar contra el modelo político y económico de los sectores urbanos, surgido como consecuencia de los años de relativa estabilidad y crecimiento de la «democracia pactada», que alejó el fantasma de la hiperinfláción y del caos previo y que, además, generó el espacio propicio para conflictos sociales inicialmcnte despolitizados y vinculados a demandas locales.

Sin embargo, el factor subjetivo que no solo contribuiría a galvanizar la oposición sindical cocalera y darle un sentido político de transformación, sino incluso a enajenar a sectores urbanos en proceso de desindianización de la defensa del modelo liberal, pertenece al campo de la cultura política. Se trata de la aparición y difusión del indianismo katarista en sus distintas variedades; una ideología y, en algunos casos, una cosmovisión casi religiosa que significó quizás el único aporte original boliviano a la reflexión política universal7.

Los orígenes del katarismo pueden rastrearse al activo mundo del sindicalismo rural en el periodo posterior al pacto militar-campesino del gobierno de René Barrientos. Aunque se origina en el seno del sindicalismo «oficial», pronto acabaría aglutinando a las fuerzas más combativas del campesinado organizado. Como sostiene Lavaud, «[1]a principal particularidad de esta corriente es que pone en escena una serie de reivindicación [sic] de orden cultural: la oficialización del aymara y el quechua como idiomas nacionales, programas de radio en idiomas vernáculos, cooperativas campesinas modeladas en la organización indígena comunitaria, etcétera» (1998: 258).

La figura detrás de la aparición de esta corriente sindical era Genaro Flores, quien representaba un nuevo tipo de dirigente campesino, «cuyas características principales son el origen cultural aymara, la juventud y el nivel de instrucción relativamente elevado» (Lavaud 1998: 259).

Durante los primeros años de la dictadura de Hugo Bánzer, las organizaciones kataristas emiten el llamado Manifiesto de Tiwanacu (1973), donde, luego de enlazar históricamente las luchas campesinas contemporáneas con la resistencia de Túpaj Katari y Túpaj Amaru contra la Corona española en el siglo XVIII y con el alzamiento de Pablo Zarate Willka en 1899, reivindican la tradición comunitaria y las virtudes de religiosidad, nobleza, justicia, sobriedad y laboriosidad de los indígenas. También se denuncia la opresión cultural, política y económica del campesinado. Pero el verdadero núcleo del manifiesto se encuentra en el principio «según el cual el indispensable desarrollo del campo boliviano no puede hacerse sino únicamente por intermedio de un movimiento político indígena autónomo que se base en valores indígenas» (Lavaud 1998: 260). Este principio se constituiría en una suerte de parteaguas histórico en la historia sindical y política de Bolivia: la admisión de la posibilidad de crear nuevas formas y nuevos espacios políticos, sin la necesaria intermediación, participación o liderazgo de personajes o estructuras asociados a la política patricia tradicional.

La fuente doctrinal del katarismo debe rastrearse a los años formativos de Genaro Flores y algunos de los líderes del katarismo, que contaban con estudios superiores y se habían formado leyendo la obra de Fausto Reinaga (1906-1994).

Reinaga, escritor de origen quechua, pasó del marxismo indigenista, al nacionalismo revolucionario del MNR y de ahí a un pensamiento indianista que denominaría amáutico. No se trata del viejo indigenismo, lugar común de la política patricia boliviana del siglo XX en un sentido transversal a las izquierdas y derechas, y que, en la praxis política, acaba reducido a una retórica nacionalista y a veces folklórica, sino a una cosmovisión con afán totalizante que se precia de ser elaborada por indígenas y para indígenas. El sujeto criollo elaboraba estéticas y retóricas indigenistas; el indígena, por el contrario, deberá ser indianista y esa posición le permitirá independizarse mentalmente y abandonar su sujeción a modelos q 'ara o exógenos como el marxismo.

El estilo de Reinaga se corresponde a la perfección con el carácter intuitivo antes que sistemático de su pensamiento: apotegmas y dicta categóricos, con una fuerza retórica considerable. Su visión de la cultura india se centra en la oposición radical de esta a la cultura occidental «helénico-cristiana» -así la denomina el mismo Reinaga- y a la modernidad revolucionaria occidental, sea en su dimensión liberal o marxista. El cosmocentrismo pachamámico y el espíritu comunitario del indio son la respuesta adecuada al nihilismo y podredumbre del antropocentrismo individualista occidental. El camino de los indios, por tanto, deberá pasar por liberarse de esta cultura tan exogena como perniciosa y ese será el primer paso en su promoción y elevación en los planos sociales y económicos (Reinaga 2018).

Queda bastante claro que la apuesta sindical katarista por la primacía de la liberación cultural a través de la reivindicación de lo indio en todos los planos se fundamenta en la doctrina de Fausto Reinaga. Y aunque el Amanta, como sería denominado por sus discípulos, fundó en 1962 un minúsculo y fracasado Partido Indio de Bolivia, y su acción política ulterior estaría signada por relaciones bastante conflictivas con las principales figuras y facciones del katarismo, así como por vaivenes que lo acercaban peligrosamente a aquella colaboración con los opresores q 'ara que siempre denostaba -como su apoyo a la dictadura derechista de Luis García Meza8-, la influencia de su pensamiento superó largamente la de sus iniciativas políticas y a su misma vida, a través del katarismo y, luego, en la creación del estado plurinacional de Bolivia (2009).

El carácter peculiarmente boliviano del sindicalismo katarista se revela contrastándolo con el sindicalismo campesino peruano. La Confederación Campesina del Perú estaba controlada en la década de 1970 por tendencias marxistas-leninistas de signo maoista o guevarista y nunca los incipientes núcleos indigenistas o protoindianistas pudieron ejercer alguna influencia de peso. Quizás se deba a la mayor penetración en ese país de la cultura política ilustrada de la modernidad occidental, puesto que, como señala Carlos Iván Degregori, hasta los senderistas, el movimiento subversivo maoista que desarrolló una guerra contra el Estado peruano inicialmente rural, podían ser considerados como los «últimos hijos de la Ilustración, que doscientos años después y aislados en los Andes, terminaron convirtiendo la ciencia en religión» y así no sorprende que en sus documentos oficiales ignoren «la dimensión étnica» y rechacen «de antemano la revalorización cultural andina como folclor o manipulación burguesa» (Degregori 2015: 345). Mientras que, en Bolivia, cuya cultura política en el siglo XX no solo conoció la difusión del marxismo sino también de otras tradiciones totalitarias europeas, como las del nacionalismo revolucionario alemán, visiones más völkisch podían permear a los sectores intelectuales indígenas, aun de manera semiiconsciente.

Más allá de lo ideológico, ¿cuáles serían los factores que permitieron la aparición y difusión del katarismo?

Jean-Pierre Lavaud lo enmarca en el contexto de aculturación política del campesinado aymara y de la experiencia posterior a 1952 en que adquiere experiencia en el juego político e interioriza nuevos derechos. El sociólogo francés enfatiza, particularmente, el contexto social y cultural en el que aparece este movimiento:

Surge también en un contexto social y cultural de mezcla e intercambio, favorecido por la urbanización y las migraciones rurales-urbanas crecientes, la mejora de la red de comunicaciones, el desarrollo de los medios de comunicación y la extensión de la red educativa. Es decir, en un contexto en el que las diferencias entre el campo y ciudad se hacen cada vez más visibles para los campesinos. Estas diferencias se hacen tanto más insoportables cuando una nueva élite campesina -o, mejor dicho, una élite surgida del campo- es capaz de formular y ofrecer una explicación de esos hechos, y proponer consignas para un combate sindical y político (1998: 261).

La emergencia del katarismo, entonces, correspondería a un contexto de dinamización y modernización del campesinado. Curiosamente esta sofisticación conlleva un gran cambio en la manera indígena tradicional de hacer política que, aunque milenaria, se expresa en el periodo republicano en fenómenos como la alianza del caudillo aymara Pablo Zarate Willka con los liberales a fines del siglo XIX, la alianza campesina con el MNR a partir de 1952 y el pacto militar-campesino de René Barrientos en la década de I960. La actuación política comunitaria de los indígenas se estructuraba en torno a una reciprocidad despolitizada entre determinadas comunidades y un caudillo o movimiento proveniente del mundo criollo-mestizo. Este conjunto de prácticas ha sido llamado «pongueaje político» (Rivera Cusicanqui 2018: 496). Pero en la eclosión katarista tenemos a líderes indígenas que, expuestos ya suficientemente al universo político occidental, buscan la primacía de lo doctrinal, de la elaboración y/о redescubrimiento de una cosmo visión propia, antes que la vieja practicidad comunitaria.

Un fenómeno muy semejante se vería años más tarde, en la época de la «democracia pactada», pero ya no con figuras vinculadas al sindicalismo campesino, sino con migrantes e hijos de migrantes indígenas en las ciudades en un contexto de mejoras aún mayores en las comunicaciones, educación y economía. En ese contexto, parte del sentido común político que el katarismo empezaba a difundir en la opinión pública -centrado en la revalorización de la cultura indígena por parte de los indígenas y en la posibilidad de alternativas políticas propias- es asumido por el movimiento populista CONDEPA, dirigido por el conductor de televisión Carlos Palenque y que alcanzaría éxito entre los aymaras de La Paz en la primera mitad de la década de 1990. Cabe preguntarse qué habría pasado si Palenque no hubiera fallecido prematuramente en 1997. ¿Podría un candidato populista q 'ara canalizar el malestar de ciertos sectores populares con la democracia pactada, reformándola desde dentro, evitando así su colapso? Sea lo que fuere, la estabilidad y la mayor integración que este periodo histórico produce en Bolivia, confronta a los descendientes urbanos de los comuneros con dilemas identitarios inéditos y genera un crecimiento de expectativas, ya no solo vinculadas a meras demandas económicas o sociales, sino al plano de lo simbólico.

Durante aquellos años, desde los márgenes de la política, emerge la figura de Felipe Quispe, el Maliku, veterano del insurgente Ejército Guerrillero Túpak Katari, efímero avatar en armas del katarismo, quien, luego de su salida de la cárcel, dirigiría los núcleos más radicalizados del sindicalismo campesino en el departamento de La Paz. Aunque siempre minoritaria, su organización pudo potenciar su acción con bloqueos de carretera estratégicos en torno a la capital, especialmente durante la «primera guerra del gas» (2003). En las elecciones del año anterior, Quispe y su Movimiento Indio Pachakuti habían alcanzado el quinto lugar con 6%. A la larga, serían el MAS y Evo Morales, a quien Quispe criticaría siempre de manera acre, quienes cosecharían los frutos tanto de la agitación destructiva del Maliku contra el antiguo régimen partitocrático, como del temor que suscitaba en algunos sectores de la opinión pública.

La democracia pactada contribuyó también de manera significativa a la difusión del katarismo como «sentido común» político y cultural en Bolivia. Gonzalo Sánchez de Lozada en las elecciones de 1993 eligió a Víctor Hugo Cárdenas, un dirigente katarista, como compañero de fórmula. El gobierno del MNR reformaría la constitución para reconocer el carácter pluricultural y multiétnico de Bolivia. El camino hacia el estado plurinacional de Bolivia quedaba así abierto. De forma semejante a la interpretación tocquevilleana del antiguo régimen como preparación para la revolución, la democracia pactada preparó también en este aspecto su propia destrucción y superación por parte del llamado «corporativismo plebeyo» del MAS que, según Pablo Stefanoni, reemplazaría parcialmente a la democracia liberal (2020: 122).

De esta manera indirecta, el MIR de Jaime Paz Zamora, aun llevando al paroxismo la tendencia moderadora y, según algunos, claudicante, de la izquierda patricia boliviana, aliándose con todas las fuerzas políticas, incluso las más opuestas a su ideología original, habría generado de manera involuntaria el surgimiento de la hegemonía del MAS, al apuntalar significativamente la «democracia pactada», antecedente histórico, también involuntario, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los retos que surgirán a partir de la llegada al poder de Evo Morales (2006) corresponden a un orden de cosas en gran parte inédito en la historia boliviana: la refundación institucional a través de la Constitución de 2009, la emergencia de la plebe urbana y rural como el principal actor político y la lenta transformación de sus sectores más dinámicos en una burguesía y una burocracia despojadas de los lazos sociales y simbólicos con las élites anteriores, así como la exacerbación de la tensión regional entre el Occidente andino y la Media Luna oriental. La coyuntura presente (2023-2024) de enfrentamiento entre Luis Arce, el actual presidente, y Evo Morales, el caudillo fundador, trae reminiscencias de la fractura del MNR y el fin de su hegemonía entre 1960 y 1964. Y quizás esto muestre también que la hegemonía masista que, exceptuando el breve interregno de 2019-2020, ha durado ya cerca de veinte años, está criando en su seno los actores políticos y sociales que acabarán por desmontarla.

Footnote

1 ([email protected]). Doctor en Humanidades, Bachiller y Magister en Filosofía y Licenciado en Literatura y lingüística. Enseña diversas materias humanísticas en Arequipa (Perú). Ha investigado sobre escolástica virreinal, filosofía y estudios latinoamericanos. Un resumen de sus publicaciones puede verse aquí: https://scholar.google.com/citations?user=so8QBcQAAAAJ&hl=es

2 Sobre el concepto de «izquierda patricia», cfr. mi estudio inédito «De la "democracia genuina" al "corporativismo plebeyo": una visión heterodoxa de la Bolivia contemporánea a través de dos izquierdas gobernantes (1989-2023)».

3 Gustavo Adolfo Navarro, alias Tristán Marof, escritor y antiguo revolucionario marxistoide de la década de 1920 así como fundador del POR y del PSOB, sería secretario personal de Enrique Hertzog durante su accidentada gestión presidencial (Baptista 1998: 166).

4 No resulta tan sorprendente entonces que los restos del PIR terminasen absorbidos dentro de la ADN derechista del general Hugo Bánzer: «Es así que se constituye la Acción Democrática Nacionalista (ADN) del general Bánzer, partido de derecha que surge a fines de los años 70 y principios de los 80, oficialmente creado en 1979, y que agrupa a grupos provenientes de prácticamente todo el espectro político -del PIR, MNR, FSB, principalmente» (Lavaud 1998: 162).

5 Aunque entonces marxista ortodoxo, Araníbar acabaría, junto con su partido Bolivia Libre, como tantos en la izquierda patricia, aliado con la derecha, en este caso con el MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada en las elecciones de 2002. Sería uno de los últimos cancilleres de la «democracia pactada».

6 Procesos semejantes se darían las repúblicas andinas vecinas como Ecuador entre 1997 y 2007 y en el Perú en 2000 con la caída de Alberto Fujimori, y los primeros y agitados años del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Argentina, por su parte, también vivió el déluge de su clase política en 2001.

7 Originalidad secundum quid y, principalmente, en el plano del imaginario cultural, puesto que una influencia fundamental en el pensamiento de Fausto Reinaga, sería el criollo de ancestros irlandeses Guillermo Carnero Hoke, nacido en la costa norte del Perú y antiguo militante aprista. Asimismo, el texto fundamental del katarismo, el Manifiesto de Tiwanacu (1973), habría sido redactado por el padre Gregorio Iriarte OMI, según Portugal y Macusaya (2016: 553). La influencia de actores cristianos extranjeros en la elaboración de una alternativa sindical y política en el mundo indígena que supere al marxismo con una cierta primacía de lo «espiritual/cultural/tradicional» sería fundamental en la aparición y desarrollo del katarismo. Como señala Lavaud, otra de las causas de la aparición del katarismo sería «los estímulos y ayudas que, desde el exterior, fomentan y nutren la arremetida indigenista, sin los cuales ésta no habría logrado el alcance que finalmente tuvo. En primer lugar, los de la iglesia católica y de ciertas iglesias protestantes, los metodistas, sobre todo. En segundo lugar, los del conjunto de ONGs ligadas a las iglesias» (Lavaud 1998:262).

8 Sería al inicio de la llamada «narcodictadura» de Luis García Meza, en un libro titulado Bolivia y la revolución de las Fuerzas Armadas (1981), donde Fausto Reinaga emitiría su famoso dictum·. «La Revolución del 17 de julio de 1980 tiene el imperativo categórico: sacar del cerebro de Bolivia a Cristo y Marx» (Portugal y Macusaya 2016: 514). Por el contrario, Genaro Flores, fundador del sindicalismo katarista, primera y fundamental articulación real de la ideología de Reinaga, sufriría distintas persecuciones, amenazas y atentados durante el periodo. Como curiosidad histórica cabe señalar que, en su apoyo a García Meza, el pensador boliviano coincidiría con otros etnicistas defensores de culturas ancestrales igualmente opuestos a Marx, al liberalismo y al cristianismo como Klaus Barbie y Stefano Della Chiaie.

References

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