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Colombia tiene una historia de violencia sociopolítica, desde su propio nacimiento como Estado Nación; la violencia liberal conservadora de los años cuarentas y cincuentas, generó un masivo desplazamiento a las ciudades y el costo en vidas fue muy alto. El surgimiento en los sesentas de las guerrillas de izquierda planteó una posibilidad de cambio en el gobierno y de superación de esta violencia; sin embargo, en los años ochenta vino otro componente a complejizar el panorama del conflicto armado: el narcotráfico.
En los 90 se consolida el paramilitarismo y el país vive el conflicto armado desde la barbarie y el aniquilamiento. La Constitución de 1991 se constituyó en un acuerdo político que reconoce los derechos humanos, la pluralidad y la multietnia, con mecanismos de protección, favoreciendo la institucionalidad; sin embargo, esto no fue suficiente para contener y superar el conflicto armado.
A principios de la década del 2000 hubo la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares, proceso que causó sospechas por su falta de claridad y la impunidad acompañada del mismo; a pesar de esta desmovilización, la violencia continúa en el país, con altos costos sociales, económicos y políticos.
En las últimas 6 décadas el país ha vivido múltiples violencias, con diferentes causas y formas de actuar; los actores centrales han sido la guerrilla, los paramilitares (narcotraficantes) y los delincuentes. Se incrementó la práctica de asesinatos masivos –masacres- y la lógica de la confrontación desde la disputa territorial, generó un desplazamiento de más de 3 millones de colombianos en los últimos 20 años.
El departamento de Antioquia, por sus condiciones geopolíticas, sociales, económicas y ambientales, ha ocupado un lugar destacado en la historia de la 15 violencia en Colombia. Con una industria manufacturera, con una posición importante en el capital financiero internacional, con tierras ricas en cultivos diversos, con ganadería y explotación de minas de oro y carbón, ha contado con la presencia de actores armados ilegales –FARC, ELN y paramilitares-, sostenidos por el narcotráfico, -con capos como Pablo Escobar, los Hermanos Castaño, entre otros-, lo que ha propiciado un panorama de violencia política y despojo de tierras a los campesinos.
Aunque se dispone de muchos estudios sobre el conflicto armado en Colombia, en general, y en Antioquia, en particular, desde sus causas, consecuencias, actores y escenarios, esta investigación analizó el tema de la violencia politica desde la conformación del Estado Nación, los vacíos de presencia del Estado en la geografía nacional y la modernidad acompañada de la imposibilidad de ascenso social de comunidades enteras, la exclusión y los intereses-más económicos que politicos- de los actores armados ilegales.
De otro lado, el propósito central de este estudio fue analizar el impacto del conflicto armado en la escuela antioqueña, en el período comprendido entre 1985 y 2005. Muchas escuelas han sido ocupadas como cuarteles, lugares de tortura, centros de proselitismo y reclutamiento; los actores armados ilegales vieron la profesión docente como peligrosa y muchos maestros fueron amenazados, perseguidos y asesinados.
Para el análisis de este tema, se utilizaron las categorías propuestas por el Derecho Internacional Humanitario, de protección a los bienes civiles -la escuela- y a la población civil en este caso la comunidad educativa-. EI DIH se aplica en situaciones de conflicto armado y está compuesto por los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos I y II, adicionales. El Protocolo I se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos internacionales; el Protocolo II trata de las víctimas de los conflictos armados internos.