LA MORAL PÚBLICA Y EL ESTADO EN PARAGUAY A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Abstract

Abstract: In this article, we discuss the character of the Paraguayan State in the mid-19th century, tracing its administrative and socio-cultural policies through State regulations, court cases and demographic data. High numbers of illegitimate children and female-headed households do not, on the other hand, contradict the patriarchal character of Paraguayan family structures and society. Keywords: Paraguay, State, Church, gender, family, public morals. 1. La independencia empezó, como las de las otras repúblicas sudamericanas, con la invasión napoleónica de la penín-sula ibérica y la deposición del rey Fernando VII, que indujeron a la instalación de una Junta Gobernativa en la península ibérica, y de otra en la capital del virreina-to del Río de la Plata en Buenos Aires.

Headnote

Resumen: En este artículo, debatimos el carácter del Estado paraguayo a me-diados del siglo xix bajo la perspectiva de su política administrativa y sociocul-tural a partir de regulaciones estatales, pleitos judiciales y datos demográfcos. Analizamos la voluntad del presidente Carlos Antonio López de reconstruir el poder de la Iglesia y de hacer de esta un agente importante en su objetivo de fortalecer el Estado patriarcal. Su intento de mejorar la «moral pública» y el com-portamiento sexual de la población no tuvo, sin embargo, mucho éxito. No obs-tante, los altos números de hijos ilegítimos y de mujeres cabeza de familia no desmienten el carácter patriarcal de las estructuras familiares y de la sociedad paraguaya.

Palabras clave: Paraguay, Estado, Iglesia, género, familia, moral pública.

Resum: En aquest article es debat el caràcter de l'Estat paraguaià a mitjan se-gle xix sota la perspectiva de la política administrativa i sociocultural a partir de regulacions estatals, plets judicials i dades demogràfques. S'analitza l'intent del president Carlos Antonio López de reconstruir el poder de l'Església i conver-tir-la en un agent important en les seves intencions d'enfortir l'Estat patriarcal. El seu intent de millorar la «moral pública» i el comportament sexual de la po-blació no va tenir, malgrat tot, gaire èxit. Una gran quantitat de flls il·legítims i dones cap de llar no desmenteixen, per altra banda, el caràcter patriarcal de les estructures familiars i de la societat del Paraguai.

Paraules clau: Paraguai, Estat, Església, gènere, família, moral pública.

Abstract: In this article, we discuss the character of the Paraguayan State in the mid-19th century, tracing its administrative and socio-cultural policies through State regulations, court cases and demographic data. We analyse President Carlos Antonio Lopez's attempt to rebuild the power of the Church and make it an important agent of his intentions to strengthen the patriarchal state. His objective of improving the "public morals" and sexual behaviour of the population was not, however, very successful. High numbers of illegitimate children and female-headed households do not, on the other hand, contradict the patriarchal character of Paraguayan family structures and society.

Keywords: Paraguay, State, Church, gender, family, public morals.

1. Introducción

Carlos Antonio López, obrero máximo: labor administrativa y constructiva es el título de una obra de casi setecientas páginas, publicada en Asunción del Paraguay en 1948.2 Este libro marcó por mucho tiempo la historiografía sobre el go-bierno del segundo mandatario paraguayo tras la Independencia. El subtítulo da a entender que este gobierno emprendió un trabajo fundamental de formación del Estado, después del gobierno anterior, que aseguró la independencia nacio-nal, pero no construyó un aparato estatal republicano. Por eso, en la historia pa-raguaya del siglo xix Carlos Antonio López fgura como el presidente que inicióun proceso de institucionalización y modernización del Estado paraguayo. Sin embargo, López es caracterizado -al igual que su antecesor, José Gaspar Ro-dríguez de Francia, conocido como Dr. Francia- como un gobernante autocrá-tico. Esta característica política se proyecta además al posterior desarrollo del Estado paraguayo. La historiografía sobre los gobiernos de los primeros dos mandatarios está infuida por una guerra devastadora que estalló bajo el man-dato del tercer gobernante del país, Francisco Solano López, hijo de Carlos Antonio, que fue aún más autoritario que su padre. Y las dictaduras del siglo xx, sobre todo la larga dictadura de Alfredo Stroessner, dan lugar a discusiones so-bre una continuidad de gobiernos autoritarios desde inicios de la independen-cia del país. Es decir, en la historiográfca predomina, desde hace décadas, la discusión acerca de aspectos políticos y la pregunta de cómo califcar la forma de gobierno de estos primeros gobernantes paraguayos. En el pasado, parti cipé en esta discusión abordando los catecismos políticos y el concepto «ciudadanía».3 Es este artículo, me acercaré al Estado paraguayo de mediados del siglo xix desde una perspectiva distinta y poco analizada: se discutirá la política de re-construcción del poder de la Iglesia nacional respecto a su impacto en el siste-ma social y la familia, y lo que se llamó en la época la «moral pública». En inves-tigaciones anteriores, analicé el impacto de esta política en las relaciones de género y sexualidad,4 sin profundizar la cuestión del rol del Estado y de la Igle-sia. Ahora se discutirá la política de la «moral pública» respecto a su función dentro del sistema de gobierno dialogando con fuentes de diversa índole. Por un lado, se describe la política lopista sociorreligiosa mediante sus decretos y disposiciones, contrastándolos con fuentes cuantitativas y cualitativas. Las al-tas tasas de nacimientos «ilegítimos» y las bajas tasas de matrimonios revelan en lo macro que las costumbres populares discreparon de los mandamientos tradicionales católicos, a pesar del aumento durante el gobierno de Carlos Antonio López del personal judicial eclesiástico y secular que las debían controlar. Por otro lado, una disputa pública entre los diferentes jueces en un pueblo pa-raguayo sobre el decreto para mejorar la «moral pública» y documentos sobre confictos matrimoniales informan sobre los efectos que tuvo la medida en lo micro.

Para contextualizar los procesos y documentos concretos, este artículo em-pieza con un resumen de la política paraguaya después de la independencia (1811) hasta la década de 1860, y el rol de la Iglesia y el Estado respecto a te-mas de moral y género. Es este contexto se discuten también las posiciones historiográfcas más importantes. En un segundo paso, se analiza la política de Carlos Antonio López (1840/1844-1862) respecto a la Iglesia, la familia y el gé-nero. Las discusiones se basan fundamentalmente en mis investigaciones an-teriores sobre mujeres, familia y género en Paraguay en el siglo xix, pero se ins-piran en un trabajo importante en este contexto, publicado mientras tanto, de Michael Huner, sobre Iglesia y religión en Paraguay. Este autor analiza las dinámicas sociopolíticas de la formación del Estado bajo lo gobiernos de Carlos Antonio López y Francisco Solano López, y señala que, tras ser marginados du-rante el gobierno de Rodríguez de Francia, los López convirtieron la Iglesia y el clero en agentes importantes del Estado, que volvieron a ocuparse de las rela-ciones familiares y morales. Dada la forma de gobierno patriarcal de ambos Ló-pez, bajo su mandato, lo familiar y lo político quedaron entrelazados y enreda-dos completamente.5 Este enredo se verá también en el decreto de Carlos Antonio López y su discusión en el ámbito local, que está en el centro de este artículo. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que, pese al fortalecimiento de la Iglesia y sus facultades, y de la jurisdicción secular, la brecha entre la po-lítica ofcial y las costumbres populares se mantuvo durante el gobierno de Carlos Antonio López.

2. El Estado paraguayo en la primera mitad del siglo xix

La época entre 1810 y 1870, que abarcó la llamada primera república, se distingue fundamentalmente del Paraguay de fnales del siglo xix e inicios del siglo xx en lo que se refere a estabilidad política. Sin duda, su historia contrasta de forma notable con la de otras repúblicas sudamericanas y los problemas de forma-ción del Estado-nación que tuvieron, en particular la vecina Argentina. La política de las primeras cinco décadas de vida independiente paraguaya fue impregna-da por solo tres personajes políticos: José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López. La independencia empezó, como las de las otras repúblicas sudamericanas, con la invasión napoleónica de la penín-sula ibérica y la deposición del rey Fernando VII, que indujeron a la instalación de una Junta Gobernativa en la península ibérica, y de otra en la capital del virreina-to del Río de la Plata en Buenos Aires. Estos acontecimientos tuvieron su reper-cusión en Asunción, donde la clase dominante se dividió en tres grupos: los es-pañolistas, los porteñistas y los patriotas. El 24 de julio de 1810, un cabildo abierto decidió reconocer a la Junta de Cádiz y, al mismo tiempo, mantener bue-nas relaciones con Buenos Aires.6

Poco después, el 14 de mayo de 1811, otro cabildo abierto derribó al gober-nador español y creó una junta gubernativa, de la cual fue miembro el Dr. Fran-cia, aunque se retiró varias veces por disputas con sus colegas. En septiembre de 1813, un congreso instauró la República del Paraguay, con lo que el país se independizó defnitivamente, aunque sin declaración formal, tanto de Buenos Aires como de España. Con el visto bueno del Congreso General, se instaló un gobierno consular, basado en el modelo romano, primero con dos cónsules, y luego, a instancias de la Asamblea Constituyente de 1814, con solo un cónsul, que ahora se tituló «dictador de la República», por cinco años.7 El Dr. Francia seconvirtió en el primero de los gobernantes paraguayos y decidió sobre el destino del país hasta su muerte, en 1840.8

Rodríguez Francia implementó una serie de medidas político-económicas y policiales que llevaron a una estabilidad económica y política, dentro de una si-tuación muy convulsa en el Río de la Plata. Al mismo tiempo, el dictador se de-dicó a hacer inexpugnable su poder político. Con miras a un nuevo congreso en 1816, desarrolló una campaña de propaganda en la que sus partidarios argu-mentaban que solo el dictador Francia, provisto de todos los poderes, podría preservar la soberanía nacional, y que el lapso de cinco años era insufciente para implantar las reformas necesarias. A pesar de la oposición de algunos di-putados, José Gaspar Rodríguez de Francia fue elegido dictador vitalicio. El Congreso se despojó de todos los poderes políticos al dejar al criterio del go-bernante la convocatoria de asambleas posteriores, nunca más convocadas du-rante la vida de Francia.9 El objetivo permanente y supremo de la política del dic-tador fue la conservación de la independencia de la nación. Para lograrlo, rechazó toda participación en los confictos de los Estados vecinos, y cuando el comercio exterior se mostró vulnerable por causa del control bonaerense de la desembocadura del Plata, lo suspendió y solo permitió un trueque de merca-derías reducido a lo estrictamente necesario a través de la frontera con Brasil.10 Estas medidas, junto con otras regulaciones, destruyeron el poder de la oligar-quía comercial, en gran parte de origen español o porteño, y, en consecuencia, la oposición política más importante.11 Otra medida de su política, relacionada con lo anterior y más importante para nuestro tema, fue la marginalización y na-cionalización de la Iglesia católica: Rodríguez Francia cortó las relaciones con el Vaticano y obligó a los párrocos a jurar fdelidad al Estado y cerró el semina-rio religioso para la formación de un nuevo clero, por lo que apenas se ordena-ron unos pocos sacerdotes nuevos. Con la muerte de los viejos párrocos, mu-chas feligresías quedaron sin cura y la institución (junto con sus iglesias) se fue derrumbando paulatinamente.12 Y con esto, los elementos de ordenamiento eclesiástico que, como el matrimonio, regulaban la vida social y moral, perdie-ron importancia.

Con la independencia de Paraguay, los organismos estatales coloniales ca-yeron en desuso, y el Dr. Francia solo creó un nuevo aparato estatal extrema-mente rudimentario y se ocupó en persona de la mayoría de los asuntos del Es-tado y de la justicia. Esta política, centrada en su fgura, tampoco permitió el surgimiento de una nueva clase política, de manera que, cuando murió, el dic-tador dejó un vacío que fue llenado provisonalmente por una junta de tres per-sonas, hasta que en 1841 se reunió un nuevo Congreso General que instauró, en 1813, un gobierno de dos cónsules: Mariano Roque Alonso -proveniente del

Ejército- y Carlos Antonio López -abogado-. Finalmente, López se impuso al otro cónsul, tal como lo había hecho Francia treinta años antes, y gobernó el país durante las siguientes dos décadas (1844-1862). Su gobierno se ha carac-terizado como autoritario y patrimonial, aunque respetó y recreó las institucio-nes republicanas y religiosas, convirtiéndolas en sus agentes de formación de Estado. En 1844, el Congreso lo nombró presidente por diez años. En 1854, su mandato fue prolongado por otros tres años y, en 1857, por diez más. En el Con-greso de 1844, se promulgaron las normas constitucionales, las primeras de la República del Paraguay, que otorgaron poderes extensivos al Ejecutivo y esta-blecieron el Patronato sobre la Iglesia nacional, siguiendo el reglamento colo-nial.13

Observadores diplomáticos extranjeros califcaron el mandato de Carlos Antonio López como autoritario y le adscribieron un poder casi ilimitado,14 pero in-vestigaciones recientes que tomaron en cuenta las dinámicas políticas locales llegaron a otras conclusiones. Escribe Michael Huner:

Por mucho tiempo, los historiadores han situado la historia política paraguaya del siglo xix ex-clusivamente en las acciones de poderosos déspotas que supuestamente dominaban el con-junto monolítico de la sociedad paraguaya desde Asunción. Pocos han considerado las limita-ciones de su poder o las fisuras internas de la sociedad paraguaya. Sin embargo, al igual que los gobernadores coloniales que los precedieron, autócratas como Carlos Antonio López de-pendían de una red difusa de funcionarios subordinados en los pueblos y aldeas del campo pa-raguayo para proyectar el poder del Estado sobre una sociedad fronteriza.15

López emprendió una política de modernización sociopolítica gradual y de superación del aislamiento. En lo interno mantuvo el monopolio económico, pero abrió el país al comercio internacional, lo que fue posible gracias al reco-nocimiento del Estado paraguayo por parte de Argentina y a la apertura de las vías fuviales rioplatenses, después de la caída de Juan Manuel de Rosas. Para modernizar la sociedad e insertarla en el mundo, cada vez más globalizado, en-vió a estudiantes paraguayos a Europa y atrajo al país a técnicos extranjeros mediante contratos. Aquellos construyeron, entre otras cosas, una fundición de hierro, un astillero y uno de los primeros ferrocarriles de Sudamérica, mientras que un arquitecto italiano se ocupó del «embellecimiento» de la capital, y un pe-dagogo español se encargó de la creación de institutos superiores de enseñan-za y de la publicación de un periódico.16 «Todo indicaba que Paraguay se con-vertiría, o ya lo era, en un punto de referencia en la economía de los países americanos».17 A la muerte de Carlos Antonio, tras una breve disputa en el Con-greso, se nombró a su hijo mayor, Francisco Solano López, como nuevo presidente de la República. El famante presidente propuso un nuevo programa na-cional que implicaba el reconocimiento de la República como un poder importante en la región.18 Sin embargo, con solo dos años en el poder, una gue-rra empezó a trastornar la tranquilidad sociopolítica paraguaya. La guerra de la Triple Alianza (así llamada por los paraguayos), o guerra del Paraguay (por los aliados), estalló en 1864, y se convirtió rápidamente en una contienda que invo-lucraba a los Estados del Río de la Plata y Brasil, por un lado, y a Paraguay, por el otro. El conficto, que se prolongó hasta 1870, es considerado uno de los más cruentos en América Latina y, ciertamente, fue el más sangriento del mundo para el período 1815-1914.19 A más de cien años de distancia, sus causas aún no han sido defnitivamente aclaradas.20

Al fnal de la guerra, que terminó con la muerte de Francisco Solano López, en 1870, el país quedó en ruinas, tanto material como sociopolíticamente. Alre-dedor de la mitad de su población estaba muerta, y la mayoría de los supervi-vientes eran mujeres y niños.21 El país perdió gran parte de su territorio. Con esto, terminó también la Primera República paraguaya, que, según muchos ob-servadores, tuvo sus años dorados bajo del gobierno de Carlos Antonio López.

3. Iglesia y sociedad en Paraguay durante la primera mitad del siglo xix

¿Cuál fue, entonces, la situación social y moral en Paraguay, cuando Carlos Antonio López emprendió su proyecto de modernización del Estado y de la socie-dad paraguaya? Como se ha mencionado arriba, la nacionalización de la Iglesia bajo el gobierno del Dr. Francia había llevado a su declive; y cuando murió el dictador, en 1840, cerca de la mitad de las parroquias estaban sin párroco, y muchos de los clérigos que quedaban eran viejos o estaban enfermos y a me-nudo se habían alejado de las normas de conducta moral vigentes para su con-dición.22 Esto difcultó la administración de los sacramentos, entre ellos, el ma-trimonio. Por este y otros motivos, algunos autores han sostenido que el Dr. Francia «destruyó» la institución del matrimonio. El dictador ciertamente había prohibido el casamiento de hombres de origen europeo con mujeres europeas o criollas, y solo se admitía el matrimonio de este grupo de personas con indígenas o de castas.23 Sin entrar en el debate sobre la intención de este decreto,24 queremos destacar que esta prohibición ciertamente afectaba a las familias de la élite y ayudó a marginarlos económica y políticamente. No obstante, se tra-taba de un grupo pequeño. En la mayoría de la población paraguaya, la institu-ción del matrimonio nunca había sido muy difundida, y durante el gobierno del Dr. Francia, por las medidas contra la Iglesia mencionadas, había quedado casi en desuso. Al mismo tiempo, el número de hijos ilegítimos, que en Paraguay siempre había sido elevado, aumentó bastante: en la ciudades, los nacimientos registrados fuera del matrimonio se incrementaron hasta alcanzar entre la mitad y los tres cuartos del total, mientras que en el campo supuso entre un tercio y la mitad.25 Estas cifras no signifcan necesariamente que estos niños ilegítimos o, en el término de las fuentes, «naturales», fueran fruto de relaciones sexuales pasajeras, pero es cierto que muchos crecieron en hogares dirigidos por muje-res solteras o abandonadas.26 La falta de control moral por parte de la Iglesia y la ausencia de otras instituciones estatales que se ocupasen de la moral sexual de la población condujeron a una actitud bastante relajada hacia la sexualidad fuera de matrimonio. Esta circunstancia llamó la atención de los (pocos) viaje-ros que visitaron el país durante el gobierno del Dr. Francia.27 Unos años des-pués de la muerte del dictador, un viajero británico resumió sus experiencias y el discurso europeo sobre el gobierno de Francia respecto a la moral pública de la siguiente manera: «La moral pública no es la mejor, y se dice que Francia obli-gó a la observancia de todos los mandamientos excepto el sexto (anglicaniza-do, el séptimo)».28

En este ambiente sociocultural, Carlos Antonio López asumió el poder, y una de las metas importantes de su gobierno fue la vuelta a los valores tradiciona-les, católicos y patriarcales. Al igual que el Dr. Francia, López había estudiado teología en Córdoba y después ejerció algunos años de abogado en Asunción. Además, enseñó en el Colegio Seminario hasta la clausura de esta institución por parte de Francia. Se casó con Juana Carrillo, descendiente de una de las más tradicionales familias criollas del país. Este anclaje en el mundo católico y en la élite rural paraguaya por la parte de su esposa se refejó más tarde en sugobierno.29

Apenas en el poder, Carlos Antonio López empezó a recomponer el Estado según sus ideales políticos y personales. De inmediato, en 1842, promulgó un Estatuto Provisorio para la Administración de Justicia, en el que se estableció con precisión la competencia de los diferentes tribunales;30 a este le siguió un

Reglamento de Policía, que dictaba reglas sobre los acontecimientos de orden público.31 Al mismo tiempo, el nuevo obispo, Basilio López, hermano del presi-dente, comenzó a reordenar la Iglesia paraguaya. En poco tiempo, se formaron nuevos sacerdotes nacionales mediante la reapertura del Seminario y, paulati-namente, el número de clérigos que podían administrar las parroquias aumentó. Para facilitar y controlar este proceso, se aclaró la competencia de los tribuna-les eclesiásticos, se reclamó esmero en las anotaciones de los libros eclesiásti-cos y se establecieron las formalidades relacionadas con el sacramento del ma-trimonio. Además, López ordenó a los sacerdotes, al igual que a los jueces de paz, que elevaran cada tres meses un informe sobre todas sus actividades como jueces.32 Estos reglamentos generales fueron complementados con una serie de decretos presidenciales que regulaban problemas específcos: el porte de armas, el cambio de domicilio o el consumo público de alcohol, así como te-ner una vaca lechera o pedir limosna, fueron regulados y requerían de una au-torización del Gobierno.33 En lo material, López ordenó la reconstrucción de igle-sias y los caminos deteriorados.

4. La administración de la «moral pública»

La reforma judicial arriba mencionada sirvió, entre otras cosas, para asegurar la presencia del Estado en las zonas rurales. López en persona nombró a coman-dantes y celadores para la administración de la justicia criminal y civil en los pueblos. Otro pilar importante fue el fortalecimiento de las facultades y del personal eclesiástico. Como mencionamos arriba, los sacerdotes debían informar con re-gularidad sobre su administración al arzobispo, pero también al Estado. Lo mis-mo debían hacer los jueces de paz, lo que en cierta medida causó una estructu-ra doble y en ocasiones, como veremos adelante, también rivalidades y disputas en relación con la competencia entre los agentes estatales y eclesiásticos.

Al parecer, el viejo lema colonial «Se obedece, pero no se cumple» también formaba parte de este Estado patrimonial de López. Como señala Michael Hu-ner, muchos sacerdotes y jueces de paz aparentemente no reportaron todas las actividades locales, ya sea por negligencia, ya sea porque no querían que el pre-sidente tuviera noticia de ciertas disputas.34

En un principio, los informes de los jueces de paz fueron bastante detallados, sobre todo respecto a asuntos matrimoniales, lo que parece haber sido la con-secuencia de una fuerte presión política de implementar los nuevos reglamen-tos. Pero el esfuerzo de reportar fue disminuyendo de forma creciente, y el pro-blema de los amancebados pronto fue cubierto por una formulación verbal genérica, casi una frase estandarizada, que afrmaba que en el distrito reinaban la paz y el orden: los intrusos habían sido expulsados, los campos estaban ocu-pados y no existían haraganes, vagos ni amancebados. El informe del juez de paz de Acahay de diciembre de 1852 constituye un ejemplo típico de estos do-cumentos. Escribe el juez:

En el Supremo Decreto de V.E. fecha 27 de Junio 1842 se nos ordena pasemos al Supremo Go-bierno una cuenta informada con arreglo de los puntos de la inserta nota á dicho espediente. En cuyo cumplimiento, con el debido acatamiento, elevo al Supremo conocimiento de V.E.: pri-meramente haberme portado en cumplimiento delas ordenes del Supremo Gobierno con la po-sible vigilancia por mi mismo, y por medio delos Sargentos, cabos y zeladores de mi Distrito en la intolerancia y persecusion de los intrusos, vagos, amancebados públicos, ladrones y todo mal entretenido de ambos sexos, haciéndose retirar á los intrusos á sus partidos con noticia de sus respectivos Jueces.35

El juez se refere aquí a un decreto que promulgó López, apenas llegado al poder, en 1842. Esto se inserta en una política general de los Estados latinoame-ricanos de la época que pretendía terminar con los «vagos y malentretenidos», en-tre otras cosas para resolver el problema de la falta de mano de obra y de solda-dos. Pero López añadió otra categoría: los «amancebados públicos». Jueces de paz y párrocos deberían amonestar a los que vivían «escandalosamente» sin es-tar casados, y presionarlos para que se casaran o se separaran, así como intentar reunir a las parejas casadas que se habían separado.36 Como mencionamos arriba, con el curso de los años, el tema de los amancebados perdió interés para las autoridades locales. Al inicio, no obstante, el decreto había sido muy discutido en varios lugares de la república. En estas discusiones se vislumbran no solo dispu-tas sobre el comportamiento moral y sexual,37 sino también las rivalidades e inse-guridades de los diferentes agentes del Estado. Así ocurrió en San Juan de los Arroyos, durante una reunión de las autoridades del pueblo en la cual del juez de paz daba a conocer la orden y deliberaba sobre su implementación:

[...] levantó osadamente la vos Juan Crisostomo Campos, y profirio las palabras sigientes «mire Usted, Señor, que hay muchos mosos honrados, y servidores de la Patria, no quiera Usted no mas por dicho de los Zeladorcillos ignorantes proceder contra estos, pueda que no entiendan cuales sean los amancebados publicos, y muy bien pueden por pasion denunciar».38

A este desafío de la autoridad del Estado y la desconfanza en su imparciali-dad, el juez de paz, según su relato, respondió que eso era asunto suyo y que él era sufcientemente competente. Ordenó disolver la asamblea, pero los sar-gentos, celadores y cabos seguían comentando este decreto, en su entendi-miento, de carácter extraño. El juez escuchaba frases como: «Estos Cavos son muy tontos, [...] se nos prohíbe tratar con mujeres; pero es peor, que nos denun-cien de haber tratado con bacas».39 Estos y otros comentarios similares provo-caron una risa general, y el juez interpretó las murmuraciones como escandalo-sas y sediciosas. Pero no todo eran bromas acerca de tales medidas. Juan de Dios Enciso estaba preocupado porque «si [los zeladores] tienen orden de de-nunciar nos han de acabar de fundir».40 Después los hombres debatían qué se entendía propiamente por «amancebados públicos». No interesa en este con-texto la pregunta sobre el signifcado del amancebamiento en Paraguay, la he-mos considerado en otro trabajo.41 Lo que queremos señalar aquí es que la dis-cusión entre las autoridades locales muestra que este intento de reconstrucción del poder del Estado y de la moral pública en los pueblos causó desconfanza en las mismas autoridades. Los agentes subalternos del Estado cuestionaron los criterios para juzgar a los cabos, los celadores fueron califcados de ignoran-tes y la autoridad del juez de paz no alcanzó a calmar los ánimos.

En este momento, la reconstrucción de la Iglesia no había avanzado sufcien-temente para involucrar a los párrocos, quienes debían vigilar el comportamien-to moral de sus feligreses, pero podemos suponer que una de las causas de que Carlos Antonio López fortaleciera las facultades del clero y aumentara sus ta-reas tiene su raíz en estas difcultades para implementar sus órdenes mediante las autoridades estatales en zonas aisladas de la capital.

Otra de las causas puede ser que López se daba cuenta de que el efecto de todas estas medidas sería más bien limitado, por lo menos en lo que se refere al comportamiento sexual de los paraguayos. Ciertas costumbres y valores morales respecto a las relaciones de género se habían arraigado profundamente en el pueblo, y se habían fortalecido durante el gobierno del Dr. Francia. Y no cam-biaron con las medidas de Carlos Antonio López, si tomamos el desarrollo del número de celebraciones matrimoniales y de hijos nacidos fuera de matrimonio como indicadores de esto.42

Los datos de las celebraciones matrimoniales en algunas parroquias cons-tatan que los números de contratación de matrimonios aumentaron considera-blemente solo en Asunción y en Villa Rica, en los años en los que se promulgó el decreto que aquí interesa. En Santa Rosa, una antigua misión jesuita, se nota una variación poco signifcativa, y en la ciudad de Concepción, ninguna digna de mención. En la década de 1850 se confrma en todas partes un aumento de los casamientos, desarrollo que probablemente esté relacionado con la para en-tonces de nuevo más intensa presencia de la Iglesia, el crecimiento general de la población y, quizás, con el período de prosperidad económica bajo Carlos Antonio López.43 Pero el aumento a corto plazo de las celebraciones matrimonia-les en la primera mitad de los años cuarenta indica también que otro factor es-tuvo aquí en juego: precisamente en esas dos ciudades vivía la élite antigua, que buscaba la autorización para casarse y, tras la muerte de Francia, pudo aban-donar su actitud reservada. Esta élite representa solo una pequeña minoría; sin embargo, considerando que el número de celebraciones matrimoniales ya fue de por sí escaso, creemos que es posible que el incremento refeje la «deman-da acumulada» de la élite debido a las restricciones matrimoniales del Dr. Fran-cia.44 Aun así, el escaso número y las lagunas de las fuentes exhortan a ser pru-dentes en la interpretación de los resultados.

No obstante, la evolución de los bautismos ofrece un cuadro tan claro que ni siquiera los defectos de las fuentes pueden hacer dudar de los resultados. A pe-sar de algunas fuctuaciones, se constata un ascenso continuo y empinado de los nacimientos ilegítimos y un descenso, al mismo tiempo, de los legítimos en los cuatro distritos parroquiales investigados. Las dimensiones del fenómeno son, sin duda, diferentes, pero la tendencia es unívoca.45 En el antiguo pueblo misionero de Santa Rosa, el porcentaje de hijos ilegítimos rondaba del 30% a comienzos del gobierno de Carlos Antonio López; después creció constante-mente hasta que superó el 50% a fnales del mandato de López. En los distritos rurales, como Horqueta -un pueblo cercano a Concepción, en el norte del país- y Villa Rica -el centro agrario en el este-, el porcentaje de hijos ilegítimos ascendía al 50% y el 54%, respectivamente, a comienzos del gobierno de López, y alcanzó el 55% y el 64%, respectivamente, al fnal. En la capital, por el contrario, al menos la mitad de los hijos nacieron ilegítimos ya en 1818 y a fna-les del período de gobierno de López el porcentaje había superado el 80%.

Estas cifras concuerdan con los datos del censo de 1846, en el cual se re-gistraron las casas y sus integrantes, según los cuales los hogares encabeza-dos por mujeres solas con hijos eran el 64% en una parroquia central de Asun-ción, el 57% en la ciudad de Villa Rica, y alrededor del 30% en los distritos rurales. Dicho de otro modo, apenas la mitad de los hogares analizados fueron dirigidos por una pareja, ya fuera casada o no, y casi un tercio de los hogares era conducido por una mujer sola, y el 15%, por una viuda.46

Refexiones fnales

Estos datos estadísticos indican claramente que los intentos de Carlos Antonio López de «moralizar» a la sociedad paraguaya y ajustarla a las concepciones europeo-cristianas sobre sexualidad y familia fueron poco exitosas. Al contra-rio, la evolución de los números de los nacimientos ilegítimos sugiere un fraca-so evidente. Lo interesante es que este fallo se ve sobre todo en las parroquias urbanas, no tanto en las rurales. De esto se puede deducir que la política de Ló-pez de controlar la vida privada de los paraguayos mediante una vigilancia mayor y reglas más claras para la administración de la justicia y la administración de los sacramentos y de disposiciones eclesiásticas tuvo más efecto en el cam-po, donde el presidente había instalado a nuevos agentes del Estado, del que tuvo en las zonas urbanas, más difíciles de controlar.

No obstante, si se considera que el objetivo fundamental de López fue el mantenimiento de una sociedad y un Estado patriarcal, se puede constatar que este fue logrado sobradamente, por lo menos en el ámbito familiar. Así lo mues-tran varios pleitos judiciales. En los informes trimestrales de los jueces eclesiás-ticos se encuentran repetidamente casos en los que los hombres justifcan su comportamiento violento contra la consorte o excusan su abandono del hogar por la «insubordinación», el «genio altanero» de la mujer, o acusaciones seme-jantes. Las esposas, a su vez, eran exhortadas por los jueces de paz a subordi-narse en el futuro a sus respectivos esposos, para así evitar confictos y maltra-tos.47 Por su parte, las mujeres se querellaban por «abusos, malos tratos y celos infundados» y por el hecho de que el marido gastaba su dinero con una mance-ba o en juegos y bebidas.48

Incluso cuando los pleitos apuntan a un cierto margen de contestación de parte de las mujeres, las fuentes dejan claro el carácter fundamentalmente pa-triarcal de la sociedad paraguaya a mediados del siglo xix, tanto en el ámbitofamiliar como en el sociopolítico. Sin embargo, las fuentes analizadas, sobre todo las de carácter micro, demuestran que esta sociedad patriarcal paraguaya tenía rasgos propios. En todas sociedades latinoamericanas -no solo del si-glo xix- existía una diferencia entre el discurso político y religioso, y el compor-tamiento popular, pero en el caso paraguayo esta brecha, representada en el al-tísimo número de nacimientos fuera de matrimonio y de hogares encabezados por mujeres solas con hijos, parece notablemente más profunda.

Y más importante para un análisis histórico es tal vez el intento de parte del Estado bajo Carlos Antonio López de cambiar modelos de comportamiento social arraigados profundamente en la cultura popular. Pero ni la reforma judicial ni el fortalecimiento de la Iglesia y el empoderamiento de sus agentes, los sa-cerdotes, para administrar la «moral pública» fueron capaces de iniciar un cam-bio en relación con la moral sexual y el comportamiento social. Esto reafrma la tesis de que las relaciones de género y de familia son hábitos sociales de larga duración, que no se modifcan con leyes y decretos, pues son efectos de cam-bios sociales fundamentales.

Las fuentes aquí analizadas nos indican, además, que el carácter patriarcal-autoritario de un gobierno como el de Carlos Antonio López no es absoluto, y que dentro del sistema patriarcal caben confictos sobre la interpretación de los órde-nes superiores y hasta dudas acerca de la autoridad y competencia de los agen-tes del Estado, como se vio en la discusión en el pueblo de San Juan de los Arroyos respecto al decreto contra los «amancebados públicos». Más allá del caso paraguayo, estas refexiones pueden ayudar a diferenciar y ampliar el concepto de una sociedad o un sistema de gobierno «patriarcal».

Footnote

1. Una versión ligeramente modifcada de este texto aparecerá en un libro sobre el Estado en el Paraguay decimonónico, editado por Ignacio Telesca y publicado por la editorial Sb (Buenos Aires).

2. Pérez Acosta, 1948.

3. Potthast, 2013a: 107-123; Potthast, 2013b. El primero de ellos fue presentado en el contexto de los seminarios organizados por Pilar García Jordán en la Universidad de Barcelona.

4. Potthast, 2022a; 1994; Potthast-Jutkeit, 1991.

5. Huner, 2011: 163; 2016; 2019.

6. Potthast y Telesca, 2012: 538-555.

7. Idem.

8. Véase una discusión de la historiografía sobre el tema en Potthast, 2009: 202-206; Areces, 2007: 37-51; y Potthast y Telesca, 2012: 570-576.

9. Williams, 1979; Kahle, 2005.

10. Pastore, 1994: 539-595.

11. Véase con más detalle en Potthast, 2009.

12. Cooney, 1984: 238-258; Heyn Schupp, 1991.

13. Huner, 2011: 106-108.

14. Washburn a Seward, Asunción, 28/8/1862, en National Archives Washington 128, Roll 1. Henderson a Clarendon, 31/1/1856, en Public Record Offce, Foreign, 59/13.

15. Huner, 2011: 53.

16. Plá, 1976; Williams, 1977. Sobre los educadores, véanse Centurión, 1987-1990, i: 91-101, y Pérez Acosta, 1948: 525-528, 531-532.

17. Areces, 2014: 185.

18. Ibidem: 186.

19. Además, se la puede califcar como la primera guerra total. Véase Capdevila, 2010; Cooney, 2004.

20. Para una breve discusión de las obras y posiciones más importantes, véase Areces, 2014: 196-197.

22. Véase Cooney, 1984: 239; Heyn Schupp, 1991: 23, 147. Un jesuita que practicaba en Paraguay después de que la orden fue readmitida por López, incluso escribió que solo había 28 clérigos en el país y que cada párroco tenía cuatro o cinco parroquias que atender. Carta del padre Parés a la Societas, Montevideo, 18/12/1846, en Archivum Curia Generalizia Romanum Societas Iesu, Roma. Argentino-Chilensis 1001, f. 25. Para un ejemplo de un párroco viejo y relajado en sus costumbres, véase Huner, 2011: 61-77.

23. Decreto del 1 de marzo de 1814, Baez, "Las leyes de extranjería", 397.

24. Para esto, véase Potthast, 2022b; 2022a: 66-75.

25. Potthast, 2022a: 74.

26. Potthast, 2015: 157-192.

27. Potthast, 2022a: 179-180; Mulhall, 1864: 108.

28. Mulhall, 1864: 108.

29. Chaves, 1955; Cardozo, 2010: 83-172; Williams, 1979: 102-127, 177-193.

30. Estatuto Provisorio, 1842, en Archivo Nacional, Asunción. Sección Historia (en adelante, ANA-SH), 252. Los delitos políticos continuaron siendo competencia exclusiva del presidente. En 1851 le siguieron reglamentos sobre los tribunales de apelación, disposiciones a los jueces del interior (Decreto sobre atribuciones de jueces, Decreto que autoriza a los curas de campaña a desem-peñar el cargo de jueces conciliadores en sus feligresías, Decreto que modifca un artículo del Re-glamento sobre Juzgados Eclesiásticos, Decreto que autoriza a los jueces de paz de campaña a nombrar curadores, Decreto de establecimiento de un arancel para tribunales y juzgados, Instruccio-nes del obispo del Paraguay relativas al Decreto sobre Jueces de Conciliación Eclesiásticos, 1851, ANA-SH 296), así como una serie de medidas y reglamentos menores (Decreto sobre Disposiciones para Juzgados, 1851, ANA-SH 271).

31. Reglamento del Departamento de Policía. Asunción, 8/3/1843, en ANA-SH 256.

32. Cooney, 1984; Pérez Acosta, 1948: 604-637; Heyn Schupp, 1991: 176-180; Huner, 2019: 8. Instrucciones a los Vicarios Foráneos, 1844, ANA-SH 267; Circular sobre el Entierro de Suicidas, Asunción, 14/8/1845, en ANA-SH 272, y la disposición según la cual los jueces eclesiásticos debe-rían en adelante informar cada trimestre sobre sus actividades: Decreto sobre las atribuciones del obispo del Paraguay, Basilio López, Asunción, 17/4/1845. Designación interina del teniente cura de la Catedral y el cura sustituto de San Roque en juzgados eclesiásticos de conciliación y primera in-stancia, Asunción, 21/4/1845, en ANA-SH 272.

33. Listas de los que en Asunción habían recibido una licencia para mendigar, y una lista del mismo año de los que poseían permiso para criar una vaca lechera, 1850, en ANA-SH 297. Comp. también ANA-SH 296, donde se conserva una petición de una mujer de San Roque, que pide una licencia semejante.

34. Huner, 2011: 141; 2019.

35. Se ha mantiene la ortografía original. Sigue el informe: "que ningun vecino se há mudado a otro partido á su arbitrio, ni de otros á éste, solo en virtud del Supremo Decreto de V.E. fecha 19 de Julio de año pp° he permitido se translade [!] á éste [...] Maria Concepcion Coronel con su familia [continúa un informe sobre las personas que cambiaron el lugar de domicilio] al 4° articulo digo: que un profugo llamado Roque Pereyra ha sido capturado [y será presentado en la oportunidad más pró-xima al juez de su localidad]. Al 5° y ultimo articulo digo: que los sembrados y plantíos de la agricul-tura estan dando abundantes frutos, observando siempre que los vecinos se dedican generalmente á ellos con todo esmero, segun me consta de vista, y razon que siempre estoy tomando por medio de los Sargentos y Zeladores de mi Distrito. Todo lo que tengo el honor de elevar al Supremo cono-cimiento, en cumplimiento de las Supremas Ordenes de V.E. Dios guarde a V.E. muchos años", In-forme del Juez de Paz, Acaay, 30/12/1852, en Archivo Nacional, Asunción. Sección Judicial y Criminal (en adelante, ANA-SJC) 1750.

36. No hemos encontrado el original del decreto, pero sí una orden para ponerlo en vigor. Ade-más, gracias a las reacciones de varios jueces conocemos el contenido del decreto, en ANA-SH

251, 252, 256, 257, y en el volumen 414 se encuentran los informes de los jueces en el asunto para el mismo año.

37. Véase mi análisis en Potthast-Jutkeit, 1991, y Potthast, 1994.

38. Proceso contra Juan Crisóstomo Campos y otros, Asunción, 1842, en ANA-SJC 1444.

39. Idem.

40. Idem. Los implicados fueron declarados libres por López el 4 de noviembre de 1842.

41. Potthast-Jutkeit, 1991; Potthast, 1994.

42. Una discusión sobre la problemática de este tipo de fuentes en Paraguay decimonónico se encuentra en Potthast, 2022a: 86.

43. En su mensaje al Congreso en 1857, C. A. López pudo referir que la mayor parte de las 84 parroquias del país estaban nuevamente ocupadas y que el obispo había ordenado en los últimos años 57 sacerdotes, tres diáconos y seis subdiáconos. López, 1931: 131. Comp. también Cooney, 1984; Pérez Acosta, 1948: 604-637.

45. Ibidem: 405, cuadro 5.

46. Ibidem: 409-414, cuadros 8 y 9, gráfcos 4a-f.

47. Informes de los años 1844-1852, 1853-1855, 1856-1859, 1856-1860, en el Archivo de la Curia, Arzobispado del Paraguay Asunción, Juzgado Eclesiástico.

48. Para más detalles, véase Potthast, 2022a: 160-163.

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