«De pequeños principios resultan grandes fines». Las economías municipales: pilares del Imperio en el Río de la Plata

Abstract

Resumen: El objetivo del presente artículo es destacar la importancia de las rentas municipales en el contexto de la administración colonial española durante los siglos XVI al XVII. A lo largo de la historia del imperio español, las rentas municipales desempeñaron un papel fundamental en la estructura económica y política de las colonias, contribuyendo significativamente a la financiación no solo de la administración local y de las infraestructuras urbanas, sino también al mantenimiento del imperio. El propósito es examinar cómo estas rentas permitieron el desarrollo de las ciudades coloniales, utilizando como objeto principal de análisis el circuito urbano rioplatense, antes y después de constituirse como virreinato. Para ello, nos valemos de una selección de la variada tipología documental que resulta Util para este fin, conservada en diferentes repositorios de carácter nacional, provincial e institucional de distintos países, como Argentina, España y Bolivia.

Alternate abstract:

The aim of this article is to highlight the importance of municipal revenues in the context of Spanish colonial administration during the | 6th to 18th centuries. Throughout the history of the Spanish Empire, municipal revenues played a fundamental role in the economic and political structure of the colonies, significantly contributing to the financing not only of local administration and urban infrastructure, but also to the maintenance and preservation of the empire as a whole. The purpose is to thoroughly examine how these revenues facilitated the development and management of colonial cities, as well as their relationship with central authority in the metropolis. The urban circuit of the Río de la Plata region is used as the main object of analysis, both before and after its establishment as a viceroyalty. To achieve this, we draw upon a selection of diverse documentary sources useful for this purpose, preserved in various national, provincial, and institutional repositories in different countries, such as Argentina, Spain, and Bolivia.

Headnote

Resumen: El objetivo del presente artículo es destacar la importancia de las rentas municipales en el contexto de la administración colonial española durante los siglos XVI al XVII. A lo largo de la historia del imperio español, las rentas municipales desempeñaron un papel fundamental en la estructura económica y política de las colonias, contribuyendo significativamente a la financiación no solo de la administración local y de las infraestructuras urbanas, sino también al mantenimiento del imperio. El propósito es examinar cómo estas rentas permitieron el desarrollo de las ciudades coloniales, utilizando como objeto principal de análisis el circuito urbano rioplatense, antes y después de constituirse como virreinato. Para ello, nos valemos de una selección de la variada tipología documental que resulta Util para este fin, conservada en diferentes repositorios de carácter nacional, provincial e institucional de distintos países, como Argentina, España y Bolivia.

Palabras clave: Municipio. Cabildo. Propios y Arbitrios. Colonial. Río de la Plata

Abstract: The aim of this article is to highlight the importance of municipal revenues in the context of Spanish colonial administration during the | 6th to 18th centuries. Throughout the history of the Spanish Empire, municipal revenues played a fundamental role in the economic and political structure of the colonies, significantly contributing to the financing not only of local administration and urban infrastructure, but also to the maintenance and preservation of the empire as a whole. The purpose is to thoroughly examine how these revenues facilitated the development and management of colonial cities, as well as their relationship with central authority in the metropolis. The urban circuit of the Río de la Plata region is used as the main object of analysis, both before and after its establishment as a viceroyalty. To achieve this, we draw upon a selection of diverse documentary sources useful for this purpose, preserved in various national, provincial, and institutional repositories in different countries, such as Argentina, Spain, and Bolivia.

Keywords: Municipality. Town council. Municipal revenues and taxes. Spanish Empire. Rio de la Plata

INTRODUCCION

Los cabildos del imperio espanol estuvieron sujetos a una serie de condicionantes de carácter institucional, politico, económico y social que definieron su funcionamiento y limitaciones. Desde su origen castellano, la legislación y directrices impuestas por la Corona española moldearon su alcance, aunque también se vieron afectados por los intereses particulares y comunitarios de cada lugar. Estos derivaban de las realidades económicas y sociales que experimentaban, determinadas por factores como la demografía, la estructura social, la ubicación geográfica o los recursos disponibles, lo que resultó en una diversidad de formas de gobierno local en toda la América española, incluido el Río de la Plata1.

Por esa razón, se hace imprescindible conocer el acontecer de todos los ayuntamientos de la América española, lo que permitiría analizar comparativamente sus particularidades y su forma de inserción en el imperio. Es decir, superar las conclusiones alcanzadas por autores clásicos que afirmaron que añadir más datos de otros cabildos sería redundante2. De hecho, queda mucho por descubrir, especialmente considerando que la mayoría de los concejos coloniales apenas han sido estudiados en profundidad. Además, gran parte de la investigación existente se ha centrado en fuentes locales o regionales y, principalmente, en ciudades prominentes, lo que distorsiona la comprensión de realidades marginales y fronterizas3. Una falta de información que se traslada con mayor gravedad a la historia económica, cuando se comprueba que era la riqueza del medio físico, su explotación y las posibilidades de financiación las que determinaban, esencialmente, la composición de los cabildos y sus políticas4. Sirvan de ejemplo varios casos analizados sobre la importancia del desarrollo económico regional como determinante de la política y de la configuración de los poderes municipales, como lo fueron Córdoba, Mendoza, Asunción y Santa Cruz de la Sierra. En este último caso, hasta el punto de verse fusionada con la ciudad de San Lorenzo de la Frontera5.

A poco que se indague, es fácil concluir que la investigación histórica sobre la hacienda y la fiscalidad municipal en la América española ha sido muy escasa. En cambio, mejor suerte ha corrido su estudio en la metrópoli durante la Edad Moderna6. No obstante, entre los especialistas ha crecido el interés por el estudio de las rentas locales, por su decisivo rol en la administración y conservación del imperio, así como en la conformación institucional de las nuevas repúblicas una vez conseguida la independencia, incluidas las del Río de la Plata7. Un tibio avance que en parte resuelven obras de reciente publicación como las de Sánchez de Tagle, Sánchez Santiró, Celaya Nández y Parrilla Albuerne, entre otras. Textos que sirven de referencia y que se añaden a aquellos algo más antiguos como los de Jauregui8. Por nuestra parte, hemos dedicado alguna atención al análisis de la hacienda municipal en la ciudad de Guanajuato durante el siglo XVIII, demostrando similitudes y particularidades con respecto a lo que acaecía en otras localidades americanas de su tiempo9. Unos trabajos que sirven de modelo para el estudio de lo que ocurría en el Río de la Plata, región cuya capital virreinal cuenta ya con el precursor trabajo que Ensinck dedicó a sus propios y arbitrios10.

La carencia de estudios es tal que, todavía hoy, no está bien aclarada historiográficamente la diferencia entre propios y arbitrios, debido a la dificultad de encontrar una definición exacta que se adecúe a la práctica llevada a cabo en el amplio universo de municipios indianos. Es cierto que existía una dimensión jurídica a este respecto, estableciendo los propios como los generados a partir del patrimonio de las ciudades (tierras, montes, pastos, aguas ...) y su condición de inviolabilidad por parte de la Corona. Mientras que los arbitrios eran impuestos temporales destinados a resolver los problemas económicos puntuales derivados de algún acontecimiento de carácter local.

En este sentido, González Beltrán intentó establecer unas pautas a partir de distintos textos legales y tratados de eruditos del derecho, tanto medievales como coetáneos al imperio, llegando a la conclusión de que existía una multiplicidad de «haciendas municipales»11. Ese intento, además de nuestra afirmación en otros trabajos sobre el desorden de tal división en las colonias americanas, nos permite aseverar que tal clasificación solo es posible en cada caso partiendo de su casuística12. Sea como fuere, habitualmente se han considerado como propios los ingresos obtenidos de la explotacion de los bienes muebles e inmuebles de los ayuntamientos, mientras que los arbitrios serian los derivados de los impuestos municipales y de los que la Corona delegaba temporal o permanentemente. Mientras no se resuelva este problema metodológico, la forma de definirlos queda a elección de cada historiador, en función de lo observable en las fuentes disponibles y de su conveniencia para la explicación. Una definición particular que, debe advertirse, puede distorsionar la unidad de información, toda vez que las diferentes instituciones podían considerar unas mismas partidas de distinta manera y con diferente finalidad13.

Por tanto, nos proponemos aquí avanzar en el conocimiento de esta compleja temática, aportando una necesaria visión general sobre la relevancia de la hacienda municipal en el contexto de la América colonial, a partir de la cual puedan seguirse después estudios sobre poblaciones concretas. Para lograrlo utilizaremos la región del Río de la Plata, antes y después de las rupturistas reformas borbónicas. Además, señalaremos la importancia de la administración económica en la articulación política de los gobiernos locales, así como su relación particular con la centralización del Estado. Y es que los poderes municipales indianos deben entenderse como formas de gobierno de un territorio que, aunque respondían a unas normas comunes dictadas desde la Península, acababan adaptándose a sus propias realidades. Ciertamente, reconocían la autoridad de jerarquías superiores, pero también obtuvieron privilegios específicos para gobernarse a sí mismos. Entre ellos, la posibilidad de poseer propios y recaudar arbitrios municipales, así como de decidir su uso. Normalmente, esta gestión se regulaba a través de las ordenanzas municipales, por los reglamentos generales de la Corona y, en última instancia, por los específicos de propios y arbitrios elaborados por cada localidad, como los tempranamente redactados en La Paz14. Otras, como Salta, recibieron sus ordenanzas por parte de superioridad tras su fundación y, en su caso, aunque se le señaló un ejido e indios mitayos para las obras públicas, no se le concedieron arbitrios ni el derecho sobre las penas impuestas, a excepción de la tercera parte en algunas de ellas para ser destinadas a la cárcel y obra de las casas reales. De todas formas, ya en el siglo XVII disfrutaba de ingresos y a fines del XVIII, incluso, se le instaba a que utilizara parte de sus excedentes a la mejora de los caminos, creación de ventas y mesones en ellos, así como mantener médico, cirujano, abogado y capellán de cárcel a sueldo del consistorio15. Sea como fuere, la lista de ciudades rioplatenses que contaban con sus reglamentos de propios y arbitrios a fines del siglo XVIII era ya larga, como Buenos Aires, Santa Fe, Asunción, Cordoba, San Juan, Mendoza, Salta, Potosi, Tarija, Puno, La Plata, Cochabamba, е incluso algunos pueblos de indios16. Las de San Miguel de Tucumán de 1792 y de 1798, por ejemplo, regulaban y fiscalizaban la actividad productiva y mercantil en la ciudad, además de fijar precios para una gran variedad de productos de consumo habitual17.

Muchos municipios, no todos, obtuvieron así facultades para definir un erario, es decir, recaudar impuestos y ejercer un gasto acorde a sus atribuciones políticas y a las demandas de sus habitantes. Esta capacidad de autogestión financiera fue fundamental para el buen funcionamiento de las comunidades locales, además de que pudieron diseñar sus propios mecanismos y estrategias para obtener recursos y administrarlos en función de sus circunstancias diferenciales. Por tanto, podría afirmarse que existía una relativa independencia económica de los cabildos a partir de sus haciendas municipales, incluyendo los recursos extraordinarios que pudieran obtener con o sin la autorización de la superioridad. Esta autonomía se reflejaba también en la limitada vigilancia ejercida por las autoridades virreinales sobre las finanzas municipales, al menos hasta mediados del siglo XVIII, debido a que los propios se consideraban legítimos de los cabildos y porque no contribuían directamente al erario de la Corona18. Extremos que quedaban claramente reflejados en actas de fundación como la de Asunción del Paraguay, considerada «madre de ciudades» en la región:

considerando que la dicha ciudad tenía necesidad de tener algún propio para las obras públicas, y que al presente no hay en que la heredar, para que tengan renta con que lo poder suplir en que en los reinos e España muchas ciudades tienen merced de Su Majestad por propios para sus necesidades, acordaron e mandaron que las penas de las ordenanzas que en esta ciudad se hiciesen por la justicia e regimiento sean para los propios e obras públicas de ella19.

No obstante, hubo interacciones entre la fiscalidad municipal y la regia, como se evidencia en los encabezamientos donde los cabildos asumían la recaudación de tributos de la Corona. Un ejemplo de ello fue la alcabala, cedida a veces a los ayuntamientos para su cobro, a cambio del pago de una cantidad fija señalada. En cualquier caso, debemos recordar que, llegados a las últimas décadas del siglo XVIII, las profundas transformaciones experimentadas en la monarquía hispánica se reflejaron también en las jurisdicciones locales. Virreyes, intendentes, tribunales de cuentas y toda la maraña de nuevos empleados públicos destinados a conseguir un incremento y una mejor codificación de la recaudación pública, se afanaban en controlar, evaluar y optimizar las cuentas locales. Intentos que, en ocasiones, chocaron con la autonomía y la complejidad del ordenamiento de los cabildos, resultado de muchas décadas de adaptación y que ahora dificultaban su ejecución. Las Reales Ordenanzas de Intendentes, iniciadas para América en la isla de Cuba en 1764 y finalizadas en Nueva España en 1786 -sin contar el fallido intento de reforma de 1803-, llegaron al Río de la Plata en 1782, dos años antes que a Perú. Este renovado ordenamiento, ya bien comparado para los distintos virreinatos por Morazzani, otorgó amplias atribuciones a los funcionarios reales, algunos de los cuales eran de nueva creación para regular los ingresos y gastos municipales20.

De hecho, es frecuente en estos reglamentos la menciôn a los propios y arbitrios de las ciudades, creando Juntas y Tribunales de Cuentas específicos para su control y buscando establecer una regla general para todos. Esto tuvo un impacto significativo en los municipios, eliminando de derecho y no tanto de hecho, su autonomía financiera y sometiéndolos a la supervisión de intendentes y virreyes. El objetivo de fondo era el incremento de la recaudación, la reducción de los gastos y la reorganizaron las finanzas municipales, priorizando las necesidades del reino sobre las locales. Así, en principio, los cabildos requerían de una autorización explícita para disponer de los bienes de propios, cobrar arbitrios y realizar cambios en el presupuesto municipal, aun cuando la ordenanza reconocía la jurisdicción de la hacienda municipal21. Así, la instauración de oficinas y tribunales contables específicos para supervisar las finanzas locales generó lógicas tensiones entre las ciudades y la superioridad. Sirva de ejemplo la orden de liberalización del pago de alcabalas, que impactó fuertemente en las finanzas municipales. Y ello cuando ya se habían experimentado en el siglo XVI revueltas de algunas ciudades andinas debido a la modificación de los derechos de este y de otros impuestos, cedidos como privilegio a aquellas localidades desde su fundacion22.

Por otra parte, el esfuerzo reformador también incentivó que en el Río de la Plata, y en pleno siglo XVIII, se siguieran fundando, recuperando o mejorando poblaciones como forma de optimizar la explotación del territorio. Una circunstancia que tampoco fue ajena al siglo XVII, como lo atestigua la refundación de San Miguel de Tucumán en 168023. Así nacieron Nueva Oran, San Juan del Valle de Londres o la villa de Nuestra Señora de la Concepción, con derecho a propios y arbitrios, aunque otras no conseguirían ese privilegio hasta años más tarde de su creación, como Maldonado24. Por su parte, Luján fue elevada a la categoría de villa, bastándose con el arbitrio del pontazgo para prosperar y construir sus propias casas reales25. En cualquier caso, es importante señalar que con la ordenanza de intendentes también se dio opción a los ayuntamientos para solicitar arbitrios extraordinarios, siempre que justificaran la escasez de recursos y su necesidad perentoria.

En definitiva, con este trabajo únicamente queremos enfatizar la necesidad de estudiar más detenidamente y de forma relacionada la economía municipal a partir varios ejes de análisis. Estos son la diversidad en los ordenamientos, la trayectoria institucional, las formas de interacción con otras jurisdicciones de gobierno, el rol desempeñado por los intereses de las élites locales en su administración, la base gravable en relación con los recursos disponibles, la capacidad recaudatoria y las necesidades de gasto de los municipios. Y para conseguirlo se cuenta con una importante diversidad de fuentes disponibles que lo permiten26.

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA

Las rentas municipales indianas, como componentes fundamentales de la estructura financiera del sistema administrativo español, surgieron en un contexto histórico complejo, marcado por la expansión del imperio y la voluntad de establecer un sistema de gobierno no solo autosuficiente en los nuevos territorios, sino generador de excedentes para la metrópoli. Su diseño se puede entender en relación con varios factores, considerando que la Corona intentó establecer un sistema centralizado con amplios poderes a sus autoridades nombradas directamente desde la Península. Estos altos cargos tenían la tarea de facilitar el surgimiento de poblaciones que garantizaran la expansión y la vertebración territorial a través de instituciones locales que gestionaran los asuntos cotidianos. Por tanto, los cabildos desempeñaron un papel crucial, administrando los bienes concedidos como propios, la recaudación de impuestos y la gestión de los recursos, de cuyas cuentas debían informar al Consejo de Indias. En este contexto, las rentas municipales surgieron como una forma de costear las actividades administrativas y los servicios públicos locales, garantizando su funcionamiento y el bienestar de la población. Ejemplos de ello fueron la construcción y mantenimiento de infraestructuras urbanas y vías de comunicación, la provisión de alimentos y agua potable, así como garantizar a nivel local el buen gobierno, la seguridad ciudadana y la administración de la justicia, por citar solo algunas. Para costear todo en tantas poblaciones y en tan vastas áreas, la Corona impuso una serie de tributos, normalmente sobre los recursos disponibles y los artículos de consumo más habituales, vinculándose estrechamente a la realidad medioambiental, económica, social y urbanística de cada localidad. Es decir, cargas sobre la producción agroganadera, artesana y minera, sobre el trabajo indígena y el comercio, además de la recaudación de impuestos sobre la propiedad y las licencias municipales al tráfico fico y consumo de mercancías e inmuebles. Aunque lo primero que se les asignó a los concejos tras la conquista fueron las tierras y solares considerados comunales y, en algunos casos, la recaudación y uso municipal de ciertos derechos como las penas de cámara27.

Las rentas municipales fueron aumentando su importancia y su cuantía a medida que las colonias fueron creciendo en tamaño y complejidad. Una realidad que llevó a las autoridades centrales a exigir mayor responsabilidad y transparencia vertical para garantizar su correcta utilización en beneficio de la comunidad. Y es que estos caudales también fueron objeto de abusos, debido a funcionarios locales que aprovechaban la confusa línea que entonces separaba lo público de lo privado para desviar fondos en beneficio propio, como hacía el fiel ejecutor de Jujuy a fines del siglo XVIII28. Consecuentemente, se puede hablar de una evolución en la configuración de los propios y arbitrios municipales a lo largo de los tres siglos de colonización. Una evolución que reflejaba los cambios en la estructura administrativa y económica de las colonias como efecto de las distintas estrategias implementadas por la Corona para garantizar un flujo constante de ingresos y mantener el control sobre sus territorios.

Esta evolución se puede dividir en varias etapas, cada una de las cuales presenta sus propias características y desafíos. En los primeros años de la colonización y en los lugares donde les fueron concedidas, las rentas municipales fue- ron modestas y bastante simples, destinadas principalmente a financiar la administracion local, infraestructuras esenciales y servicios basicos. Con el tiempo, la Corona fue legislando para aumentar los ingresos locales, que incluyeron la instauración de nuevos tributos, así como la concesión de monopolios comerciales y más licencias municipales. Sin embargo, su fuerte crecimiento en el siglo XVIII derivó en un aumento de la corrupción capitular y del desvío dineros, como sucedió por ejemplo en Buenos Aires29. Esto llevó a la Corona, añadido al resto de reformas de racionalización de la administración pública, a tomar medidas destinadas a mejorar la eficacia y la pulcritud en el manejo de las rentas locales. Lograr esas transformaciones requirió de más dinero, de más poder y de más personas que administraran ambos, justo lo que se requería para aumentar el interés de los sujetos para ocupar las plazas concejiles y aumentar su grado de autonomía30.

Una de las reformas más importantes se consumó con el sistema de intendencias, pasando a mano de estos altos cargos la supervisión de la Real Hacienda, con autoridad para auditar las cuentas municipales y garantizar el buen uso de los fondos. Para facilitar ese trabajo se crearon las Juntas Municipales de Propios y Arbitrios en distintas ciudades o, en su defecto, se nombraron fiscales defensores de la Real Hacienda y Rentas de Provincia, como en Salta. Aunque lo cierto es que, en algunos casos, pocos años más tarde de ser nombrados se comenzó a quitarles ciertas competencias devolviéndoselas a los Cabildos. Fue lo que ocurrió en Santa Fe en 1789, aunque, eso sí, con obligación elevarlas a la Audiencia y que esta enviara los extractos al virrey31. En definitiva, como afirma Marchionni para el caso de las ciudades del norte argentino, la autonomía que llegaron a conseguir las ciudades con respecto a la autoridad de los intendentes dependió de cada caso32.

2. FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LAS RENTAS MUNICIPALES INDIANAS

Las funciones de las rentas municipales abarcaban multiples aspectos de la vida cotidiana, tanto en el ambito urbano como en sus vastas jurisdicciones. Desde luego, la principal era el funcionamiento de la administracién local, encargada de mantener el ordenamiento castellano. Por ello, se hace necesario saber las necesidades habituales de aquellas poblaciones, ya que si no disfrutaban de ingresos era la Corona o los mismos capitulares quienes debian sufragarlas. Desde luego, gastos generaban todas las localidades en mayor o menor medida y la insuficiencia de recursos para cubrirlos podia derivar en la insostenibilidad de la urbe. Una inviabilidad nada excepcional a lo largo de los tres siglos de colonizacion, pues la sufrieron un número importante de poblaciones. En la region que nos ocupa fue el caso de la varias veces fundada ciudad de Esteco o el de Concepción, desaparecida en 1632 debido a las dificultades de navegación desde Corrientes hasta Salta a través del río Bermejo33. También en 1680 se hizo traslado de la ciudad de San Miguel de Tucumán a otro paraje más benigno solicitando, ahora sí, tener propios derivados de las pulperías y de la producción de madera con los que sostener la ciudad, «por ser efectos y frutos propios de esta ciudad como otras ciudades de esta provincia lo tienen en otros géneros y frutos propios». Rentas que obtuvo y que más tarde aumentó con la asignación de mitayos, el remate de carnicería, cobros a solares y chacras, recepción anual de un número de caballos por vecino34.

2.1. Gastos

Una parte importante de los ingresos de las ciudades se destinaba a los gastos operativos de la administración local, incluyendo los salarios y el decoro de los funcionarios públicos. También al mantenimiento de los edificios municipales y al pago de servicios, suministros y materiales. Ejemplo de gasto operativo fue el acatamiento que hizo el ayuntamiento de Santa Fe en 1806 de la orden de la Audiencia para que todos los pliegos que se remitieran fueran a costa de los propios de la ciudad35. Aparte, cabe recordar que en algunos ayuntamientos ciertos oficios capitulares eran considerados honorarios o incluso obligados a costear los gastos de su ejercicio. Otros puestos, en cambio, disfrutaban de salarios o de las ganancias generadas por su desempeño, como las multas de alguaciles, los pagos por medición de los fielatos. En el caso de los escribanos y letrados de los cabildos las ganancias solían ser bastante cuantiosas, gracias a las tasas fijadas por escritura, como los cuatro pesos por cada registro de entrada y salida de mercancías en Asunción en el siglo XVI, los 250 pesos anuales que cobraba el escribano capitular de Oruro o los 1500 pesos que recibia el asesor letrado de Montevideo36. Precisamente, ciudades como Asunción y Montevideo pagaron también con los propios municipales los viajes de sus procuradores y representantes en Madrid, en el siglo XVI la primera y en los primeros años del siglo XIX la segunda37.

Otro capítulo que consumía gran parte de los recursos fue la infraestructura urbana y rural. Era habitual el gasto en construcción de nuevas calles, plazas, caminos, puentes, acueductos, casas edilicias, alzamientos defensivos, etc. En este aspecto, algunas ciudades se veían imposibilitadas para construir y mantener este tipo de instalaciones debido a la cortedad de sus ingresos, como San Salvador de Jujuy. Esta población únicamente percibía los 40 pesos de renta anual de dos pulperías, lo que resultaba claramente insuficiente38. En cualquier caso, también es cierto que algunas ciudades consiguieron mejorar sus servicios a partir de la iniciativa privada o de la captación de recursos de otras instituciones imperiales. Fue el caso de Córdoba para la culminación del acueducto a fines del siglo XVIII o el reintegro al cabildo de Buenos Aires del gasto para las representaciones públicas del virrey en 1777 y 178339.

Tampoco eran escasas las cantidades destinadas al sostén de las instalaciones, personal y servicios de las instituciones religiosas. Es decir, se ayudaba a costear la construcción y mantenimiento de iglesias, conventos, hospitales y colegios religiosos, a la par que se pagaban capellanías, misas, liturgias, ceremonias, festividades, etc. Algo lógico, si se tiene en cuenta que las actividades de la Iglesia eran consideradas de utilidad pública. Tanto es así que el Cabildo de La Plata llegó a escribir al rey en 1793 informando del dinero destinado a la mejora del hospital, que administraba junto a su Hermandad titular, y aseverando que no hacían más debido a su escasez de rentas. También La Paz, un siglo antes, solicitaba al Consejo parte de los novenos para terminar la Iglesia y la venta de cuatro regidurías para ayuda del hospital. Pero, sin duda, los gastos más frecuentes fueron los dedicados a las festividades religiosas anuales, como el Corpus Christi, en las que se liberaban grandes sumas de dinero como las dedicadas en Cérdoba en 1806 para la iluminación de las vías públicas40.

Consideración aparte tendría otra de las grandes partidas de dinero recibida por la Iglesia desde los ayuntamientos, procedente del pago de intereses de los numerosos préstamos que las instituciones religiosas hicieron a los consistorios. Arquetipo de ello fue el cabildo de Buenos Aires, habitual solicitante de crédito. En 1786, por ejemplo, reconocía una deuda hipotecaria de casi 32 000 pesos, de los que 19 000 correspondían a las temporalidades de los expulsados jesuitas y por lo que pagaba 950 pesos anuales. También Córdoba pagaba los intereses de un préstamo de 5000 pesos solicitado en 1791 para concluir las obras del cabildo y cárcel, que se sumaba a otros anteriores41.

Los caudales municipales también eran utilizados para la promoción del desarrollo económico local. Esto se conseguía a través de la financiación de proyectos de infraestructura como muelles, almacenes, mercados, alhóndigas, locales comerciales o la promoción de ciertas actividades mercantiles, como mercadillos, ferias, fiestas, etc. Además, garantizaban el suministro de productos básicos, como grano, carne y sal, entre otros. Normalmente, los encargados de velar por el cumplimiento de los concesionarios del abasto de distintos productos, por evitar fraudes en los precios y medidas, así como el buen funcionamiento de mercados y alhóndigas eran los fieles ejecutores. El de La Paz en 1803 exponía la necesidad que tenía de tenientes para poder ser eficaz en su labor de «vigilar y celar por el arreglo de precios de las medidas y productos evitando fraudes y monopolios de revendedores y vivanderos y lograr precios comodos en los productos de primera necesidad»42.

Como es lógico, otra parte fundamental del objeto del dinero municipal era el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, a través del pago de salarios a alguaciles y alcaldes, así como para la construcción y mantenimiento de cuarteles, cárceles y la adquisición de equipos y armamento para las fuerzas del orden. Estas fuerzas incluían a los subalternos de los titulares de los cargos, como tenientes de alcaldes de Hermandad, alguaciles receptores, alguaciles ejecutores, etc. Es cierto que en muchas localidades el coste de los salarios y armas de los funcionarios provenía del derecho sobre las cantidades obtenidas a través de las multas y penas, pero en otras contaban con salario establecido. El primero de los supuestos, por ejemplo, era lo que permitia al Consejo elucubrar que se podrian obtener alrededor de 16 000 pesos en la venta del alguacilazgo de Potosí cuando este se separó del de La Plata a fines del siglo XVI. Unas cantidades que distaban mucho de las pagadas en otras ciudades por sus posibilidades de recaudación, como en Jujuy, donde se vendió el alguacilazgo por 1500 pesos en 1618 o en Tomina y Villa Rica donde el coste de sus alcaldías de Hermandad en 1675 y 1775 alcanzaron los 2000 y 1015 pesos, respectivamente. Por otro lado, en Buenos Aires debían asumir el salario de los alguaciles ejecutores del ayuntamiento, а 150 pesos de salario anual43.

Por último, las partidas habituales se completaban con la prestación de servicios públicos relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el saneamiento de vías, la provisión de agua potable, además de aspectos que se presentaban con carácter extraordinario. Ejemplos de este último tipo son el donativo realizado en 1807 por el ayuntamiento de Salta para la formación de una escuadra que defendiera las costas del Pacífico o el estipendio derivado del envío especial de un representante del ayuntamiento de Santa Fe a Buenos Aires aquel mismo año. En el caso santafecino, para poder cubrir el coste de la estancia el cabildo acordó aumentar sus arbitrios, sumando nuevos cobros al paso de carretas, recuas y embarcaciones, así como cargas al comercio de vino, yerba, materiales de construcción, madera, cueros, sebo, lana, curtidurías y cabezas de ganado. Aparte, solicitó tener derechos sobre las 26 pulperías de la ciudad y recibir 2000 pesos de los arbitrios que la Real Hacienda cobraba en la ciudad44.

2.2. Ingresos

No obstante, aunque hemos señalado algunos lineamientos generales en cuanto a la frecuencia en los gastos de los ayuntamientos coloniales, debe recordarse que el destino y el monto de las distintas partidas podía variar sustancialmente de unas localidades a otras en función de sus condicionantes e intereses. Del mismo modo, también la generación de dichos recursos dependía de la suerte o impedimentos derivados de su ubicación geográfica, medio ambiente, recursos disponibles, interés de la Corona y tamaño de la población, permanente o flotante, que determinaba la capacidad de produccion, de consumo y del valor recaudatorio por via de impuestos. Ahora bien, la relación entre las posibilidades de generar recursos y de las necesidades o directrices de gasto, no significaban automáticamente la capacidad presupuestaria de los concejos coloniales. Y es que estos veían limitada sus posibilidades en función de los intereses de quienes tenían el poder para gestionarlos, así como de los privilegios y obligaciones otorgados por la Corona a cada municipio. Por tanto, la óptima utilización de los recursos municipales dependía, finalmente, de muchos factores, que habría que analizar de manera individualizada para cada localidad.

Un acontecimiento que ayuda a entender el fondo de lo afirmado fue la decisión del Consejo de Indias a mediados del siglo XVI de adjudicarle a Potosí la calidad de villa, separada de La Plata, con licencia para propios engrosados con correduría, pregonería y fiel ejecutoría a cambio del pago de 79 000 pesos. Una orden dada tras la petición expresa del Cabildo de Potosí para conseguir unas rentas municipales suficientes para una ciudad que crecía ostensiblemente en un desierto de altura, al único calor de la producción argentifera. Para ello, la Corona aprobó que tales competencias fueran escindidas de la vecina ciudad de La Plata, perjudicada en sus ingresos y en las posibilidades de mejora de sus élites capitulares. Además, entre otras rentas, sabemos que con el tiempo la villa minera fue adquiriendo mayores derechos de recaudación, como el 2 % del valor de todo el vino que se vendía, el quinto de las perlas y joyas y derechos sobre el valor o las ventajas de algunos oficios capitulares, como el de Provincial de la Santa Hermandad de la villa45. Por otro lado, en Asunción, la documentación refleja la voluntad del rey de limitar los caudales del ayuntamiento en favor del poder del gobernador, de manera que recursos habitualmente gestionados por los concejos, como el reparto de solares, pasaron a ser competencia compartida. Tampoco se dictó en las primeras décadas una licencia para propios y arbitrios, más allá de declarar de uso público los ríos y lagunas y la obligación de construir cabildo, cárcel, carnicería y pescadería. No obstante, el cabildo muy pronto solicitó poseer ejidos en los que ubicar los «ganados concejiles» que ya tenía herrados en el siglo XVI. Para el siglo XVII la ciudad paraguaya tenía establecidos impuestos como el 2,5 % de almojarifazgo, 4 % de alcabala, la sisa y un arbitrio para mantener la milicia46.

Dado el caso de analizar particularmente cada municipio, podria empezarse por el estudio de la geografía de su jurisdicción, puesto que normalmente se trataba del principal factor de generación de riqueza. Sirvan de ejemplo para las limitadas posibilidades de supervivencia las ciudades de San Lorenzo de la Frontera y Santa Cruz de la Sierra. Los vecinos de la primera aseguraban a mediados del siglo XVII que «los gobernadores no se quedan mucho tiempo, debido al mal temple de la zona». A ello añadían que la única riqueza eran los indios, que producían algo de azúcar y maiz, y que al haberse ido la mayoría la ciudad dificilmente podía sobrevivir. Incluían en su informe que, debido a la lejanía y dificultades de comunicación, los bastimentos y cualquier producto llegaban a precios imposibles y concluían asegurando que llegaban al extremo de viajar a la sierra a comprar maíz para comer. Por su parte, según certificaba el contador de Santa Cruz de la Sierra en 1640, allí no existían más rentas que los dos novenos de los diezmos que correspondían al rey, siendo en los dos últimos años solo 340 pesos, con lo que la situación era prácticamente insostenible para el mantenimiento de la población47.

Teniendo en cuenta que, en general, el sector agropecuario seguía siendo la principal fuente de recursos para la economía, se debería relacionar cada población con la cantidad y tipo de géneros que producía, su valor estratégico y de mercado, así como el dominio conseguido en su comercio, transporte, almacenamiento, procesamiento y fiscalización. Algo similar podría decirse para aquellas localidades que se sustentaban con otros recursos, como las de carácter minero, portuarias, ubicadas en los caminos reales o las sostenidas con fondos de la Corona por su carácter estratégico. Ejemplo arquetípico fue Paraguay durante el siglo XVII, una provincia fuertemente condicionada por una precaria base económica, dependiente del puerto fluvial de Asunción y parapeto frente a la expansión portuguesa y la resistencia indígena48. Por tanto, la generación de riqueza podía llegar a definir la capacidad de negociación de estas ciudades con los poderes centrales y su grado de autonomía con respecto a la Corona.

Unas diferencias que se hacían extensivas a la legislación municipal, creada en cada localidad de forma específica para dar respuesta a sus circunstancias. Es decir, aunque se establecieron pautas legales y prácticas de actuación para ordenar los ingresos y gastos de los ayuntamientos, lo cierto es que raramente se aplicaron sistemáticamente en todas las poblaciones, adaptándose las normas a la casuística. En consecuencia, la realidad resultó dispar, existiendo desde ciudades con un complejo sistema de propios y arbitrios y fuertemente fiscalizadas hasta otras que carecian por completo de ingresos para su ayuntamiento, bien por la ausencia de recursos, bien por no haber conseguido el privilegio de la Corona. Como ejemplos de ambos extremos podemos acudir a los casos de Buenos Aires, Asunción, Santa Fe, Corrientes y Montevideo, puesto que las tres primeras recaudaban a través de diferentes partidas, entre ellos los impuestos aduaneros de sus puertos, mientras que las dos últimas todavía en el siglo XVIII luchaban por conseguir la potestad de cobrar tributos similares para sostener sus desembolsos. Gastos que en ambos casos incluían la construcción de casas reales, la defensa de las fronteras frente a indios y portugueses y los altos costes de las exequias y celebraciones reales49.

En Corrientes, población exenta del pago de alcabalas por su raquitismo comercial, sus élites sufrían la fuerte competencia económica de la orden jesuita, de forma que el ayuntamiento parece que Únicamente obtenía la parte del diezmo correspondiente a las vaquerías y un tercio del valor de las mercaderías que llegaban, y todo ello a partir de 162250. Por su parte, Montevideo era una ciudad endeudada, por lo que solicitaba la concesión de 4 reales por cada tienda de la ciudad, a lo que se opuso el gobernador por considerarlo suyo. A cambio, propuso la concesión de las alcabalas, la sisa y un proceso de composición de tiendas, sobre lo que la Contaduría del Consejo mostró sus dudas ya que decía perjudicar a Buenos Aires. Finalmente, el espectacular desarrollo que estaba experimentando la ciudad hizo inevitable la concesión a Montevideo del derecho a propios еп 1786, que a la postre resultaron decisivos, además, para costear, hasta la ruina municipal, la reconquista de Buenos Aires a los ingleses en 180651.

Este era el diverso panorama local de carácter económico en el que convivían ciudades que generaban excedentes con otras que no tenían recursos. Y aún podemos identificar tres tipos más, como aquellas con ingresos ajustados a sus gastos, las que se endeudaban y las pensionadas por las arcas reales. Las endeudadas eran las que, teniendo propios у arbitrios, los utilizaban como aval. Por su parte, aquellas que por razones estratégicas eran mantenidas por la Corona raramente contaban con propios, entre otras razones por la carencia de recursos o la imposibilidad de explotarlos. Este fue el caso de las poblaciones patagónicas, aun cuando se intentó ubicarlas en parajes amables para la sostenibilidad52.

Un modelo de ciudad con sistema de rentas municipales complejo pero escasos ingresos era Salta. Una de sus principales entradas de caudales era la sisa, razón por la que defendió siempre su control. La vecina Jujuy tampoco cedía fácilmente frente a las autoridades superiores, llegando a denunciar al subdelegado en 1793 para defender sus rentas53. Este tipo de poblaciones con dificultades financieras eran las habituales, a las que podemos sumar San Juan y Córdoba, que en 1785 estudiaba el modo de aumentar sus propios. También a Mendoza, que en 1746 aseguraba recaudar solo 32 pesos anuales de las pulperías y solicitaba retomar el real de botija. De hecho, esas tres ciudades juntas no superaban los 2000 pesos, como el intendente cordobés reconocía amargamente en 1787 afirmando que el descuento del 4 % ordenado hacer por la Junta de Hacienda allí constituía una cantidad irrisoria, costando más enviarlo a Buenos Aires. Una situación justo contraria a la que se encontraba la capital porteña, que por ese 4% entregó 652 pesos del trienio 1784-1786. Es decir, gozaba de unas rentas superiores a 16 000 pesos54.

Todo ello en un sistema que constantemente fue evolucionando desde el siglo XVI, con nuevas leyes, adaptando las existentes o sujetas a la arbitrariedad de las autoridades centrales a la hora de conceder a las ciudades el dominio de ciertos recursos. Ejemplo paradigmático fue Buenos Aires, cuyo ayuntamiento elevó informes al Consejo en 1683 y 169% sobre los propios que poseía y los que necesitaba. Ya en 1610, los gastos municipales se mantenían con las penas de cámara, que tenía concedidas y solicitaban prorrogar. Lo cierto es que con esas remesas el concejo veía imposible en 1622 construir el cabildo, cuyo presupuesto ascendía a 70 000 pesos, por lo que pidió cobrar 4 reales por cada cuero negociado. Más tarde, la ciudad conseguiría la explotación de la correduría de lonja, en la que cobraba 4 reales por cada compraventa, además de la mojonería y la pregonería. También el 1,5 % de cuanto se remataba en subastas, el derecho de la romana de 8 reales por cada 180 arrobas de mercancia, un real por cada botija de vino, 8 reales por pipa, 2 reales por cada sello de pipas, un real por el peso y medida, medio real del sello de medidores y los 2 reales por cada visita a tiendas y tabernas, que se hacian tres veces al ano. A pesar de todo, hasta esas fechas, el Unico arrendamiento conseguido de las rentas municipales se hizo por 300 pesos durante tres años, no habiendo postores en el resto de ocasiones. Y eso que el consistorio añadía el alquiler de dos aposentos junto al cabildo por 4 pesos al mes, más los 20 pesos por cada una de las cuatro pulperías licenciadas de la ciudad. En definitiva, según el ayuntamiento todo no llegaba a los 500 pesos a fines del siglo XVI, mientras que presentaban gastos que oscilaban entre 7000 y 15 000 pesos, de los que eran gastos fijos 6860 pesos en salarios de trabajadores, fiestas votivas y hospital. Una situación insostenible que le llevó a pedir varios arbitrios, como los tributos de indios de Santa Cruz de Quilmes, las penas de cámara, el valor de las composiciones de las pulperías, la venta de leña a los navíos de permiso, el derecho de astillero, la fábrica y explotación de dos barracas de almacenaje obligado en el puerto, derecho a 20 toneladas en barcos de registro y un patache de permiso de 200 toneladas durante 20 años. Unas expectativas que el fiscal del Consejo no tardó en rebajar, pues según sus cuentas los gastos podían optimizarse con una gestión más eficiente y austera55.

Este tipo de adaptaciones fiscales a veces adquiría tintes muy creativos en las distintas ciudades, lo que generó con el tiempo un mayor alejamiento de la realidad municipal indiana con respecto a la castellana. No solo por la distancia entre lo legislado y lo practicado, sino también en las mercedes y regulaciones específicas concedidas a los ayuntamientos americanos. Ni siquiera llegaron a parecerse cuando se constituyeron las intendencias en ambas orillas del Atlántico. Y es que las ordenanzas de intendentes de fines del siglo XVIII se vieron limitadas a nivel municipal por su título XIII, que les prohibía explícitamente intervenir en las cuentas municipales, así como por las normas que regulaban un importante número de artículos de consumo sometidos al estanco de la Corona.

Estas diferencias generaron desigualdades y conflictos de intereses, entre unas ciudades y otras y entre quienes ejercían los cargos municipales en ellas. Queda en evidencia al analizar la situación de las depositarías, alguacilazgos, fielatos, alcaldías de Santa Hermandad o escribanías de cabildo, oficios con derecho al cobro y manejo de fondos públicos, como los provenientes de causas judiciales, bienes de difuntos, sanciones, elaboración de escrituras, etc. Por citar algún ejemplo, los escribanos públicos mostraban mayor o menor interés por ejercer sus oficios en distintos municipios en función de las posibilidades que ofrecían. Así, el Gobernador de Tucumán certificaba en 1775 que en la ciudad sede de la gobernación había solo un escribano, en Salta dos y en Córdoba tres, uno de cabildo, otro del número y otro de hacienda. En cambio, en Jujuy no había ninguno, por ser sede de la Caja Real y negarse los oficiales reales a que lo hubiera para tener ellos la exclusiva de las escrituras. Tampoco había ninguno en La Rioja, Catamarca ni Santiago del Estero, por la cortedad de esas ciudades56.

Es decir, los vecinos interesados en ocupar estos cargos estudiaban muy bien las posibilidades de enriquecimiento que esos puestos ofrecían y la relación que podían establecer con las autoridades y ordenanzas locales. De hecho, en una ciudad como Santiago del Estero con arbitrios como la sisa, el mayordomo del cabildo recibía el 2 % del monto de lo recaudado57. Una realidad fuertemente diversa que complejiza el análisis de las tensiones y equilibrios establecidos entre las distintas poblaciones indianas y de éstas con respecto a la Corona. Buen ejemplo lo constituye el Cabildo de La Plata, que carecía de propios a principios del siglo XVII, lo que no obstaba el interés de los vecinos por ocupar los puestos capitulares, como la fiel ejecutoria que ofrecia fuertes rendimientos. Asi, cuando en 1609 la Audiencia decidió vender ese cargo el ayuntamiento ordenó a su procurador en Madrid que denunciara ese hecho que atentaba contra las preeminencias del consistorio. Además, aun careciendo de rentas, el municipio se ofreció a pagar los 10 500 pesos del valor del oficio para mantener su control. Lo cierto es que lo regidores aprovechaban su situación en beneficio propio, como denunciaba el corregidor de la ciudad en 1640. Este aducía que las rentas concedidas de las 23 pulperías no redundaban en la ciudad y que los capitulares se concertaban para vender vinos, pan y otros artículos que ellos producían en sus haciendas58.

En consecuencia, vista la importancia de esclarecer los ingresos que cada localidad fue capaz de captar, cabe hacer una relación de aquellos que fueron más habituales. Como premisa, aceptaremos la generalización que define los propios como las rentas obtenidas a partir de las propiedades de los ayuntamientos y arbitrios las rentas recibidas a partir de gravámenes ordinarios y extraordinarios. Pero tampoco hay que olvidar que una fuente importante que utilizaron los ayuntamientos indianos para financiar actuaciones urgentes o especialmente onerosas fueron las derramas y las penas extraordinarias. Fue el caso de Mendoza, que pagó parte de su cabildo a principios del siglo XVII imponiendo cargos al tráfico de carretas y bueyes, a indios y al comercio de vino, así como multas a los regidores que no asistieran a las reuniones capitulares59.

Sea como fuere, los asientos podrían clasificarse, grosso modo, de la manera siguiente. Una de las partidas comunes y que más ingresos generaba eran las obligaciones sobre la propiedad, que gravaban la cesión del terreno, licencia para construir, el traspaso de bienes raíces o el usufructo de inmuebles municipales. Estos impuestos normalmente se calculaban sobre la base del valor de mercado la propiedad. Todo ello teniendo en cuenta los intereses del municipio a la hora de garantizar un ingreso mínimo, la disponibilidad del servicio rentado o el abasto de algún producto concreto. Un ramo que concentraba también los ingresos recaudados a partir de concesiones de recursos naturales, como minas, bosques, pastos y aguas, explotados por particulares o compañías. En el siglo XVIII, por ejemplo, Mendoza explotaba la llegada de agua a través de su acequia municipal, arrendando a un particular la distribución del recurso y el cobro de los derechos del riego y las hijuelas60. En 1619 el virrey privilegió a La Paz con 30 fanegas de tierras baldías como propios, especificando que el beneficio debía ser para las casas reales y que esa merced debía ser refrendada por el Consejo de Indias. En realidad, esta concesión fue para compensar la retirada de las rentas de arrendamiento de los tambos que disfrutó la ciudad desde 1565, que en 1613 les fueron devueltos a las comunidades indígenas, a pesar de las protestas del ayuntamiento61.

Otra fuente de caudales para los cabildos eran los impuestos a la producción, distribución y venta de productos, como las bebidas alcohólicas, la sal, la yerba o el tabaco. En algunos municipios fronterizos, esta era prácticamente la Unica presencia fiscal que se hacía notar, como era el caso de Villa Rica. Asunción también solicitó esta merced al Consejo en 1695. Desde 1557 esta ciudad disfrutaba de la recaudación de la romana y del mojón, relacionados con el uso de las instalaciones portuarias, a razon de medio real el primero y de un real el segundo sobre todos los géneros que pasaban. Ambos generaban unos 800 pesos anuales, con la obligación de renovar el derecho cada cierto tiempo, por lo que aprovechó también para pedirlos a perpetuidad. Pero, al igual que se le había concedido a Santa Fe en 1638, solicitaba también la concesión del impuesto de medio real por cada quintal de yerba, un real por botija de vino y cuatro reales a los pulperos, bajo la justificación del enorme gasto que suponía la ayuda a los conventos, a los pobres, la construcción de edificios y sobre todo la defensa del territorio frente a los indios y portugueses63.

Por otro lado, se encontraban los tributos sobre la producción y distribución de artículos agropecuarios, esencialmente granos y carne. El abasto de maíz, trigo o yerba, por ejemplo, habitualmente se controlaba a través del sistema de alhóndigas municipales. En el caso del abasto de la carne, solía garantizarse por medio del arriendo de la licencia por uno o varios años a un concesionario. A lo anterior se sumaban los derechos de aduana y de comercio, que muchas poblaciones cobraban a la entrada y salida de la ciudad, bien como impuestos locales y, en algunas ciudades portuarias, como cargas a la importación y exportación a otras regiones o países. Su enorme importancia queda en evidencia en ciudades como Santa Fe, de la gue podemos establecer la diferencia en el total de sus ingresos por arbitrios a partir del disfrute del cobro como puerto preciso del Paraná antes de 1780, y lo obtenido después tras perder ese privilegio. En el quinquenio anterior a 1780 los ingresos por sisa y otros arbitrios fueron 113 963 pesos, en el posterior 39 816 pesos. La pérdida por quinquenio fueron 74 147 pesos, casi dos tercios de la recaudación64.

Menos habituales se presentaban los impuestos sobre la producción y el comercio artesanal, es decir, a talleres y tiendas de productos manufacturados. Así, en Mendoza fue el ayuntamiento el encargado de regular los gremios artesanos a través del reconocimiento de oficiales y las licencias de apertura, además de imponer multas a aquellos que ejercieran una actividad sin el consentimiento municipal. Acciones sobre las que gravaba cantidades establecidas y que debían reportar buenas cantidades de dinero en función de la prosperidad que disfrutaba la jurisdicción y la fuerte carga fiscal que soportaba65.

3. LAS ECONOMIAS MUNICIPALES: PILARES DEL IMPERIO

La literatura científica sobre el impacto económico de las rentas municipales en la financiación de la administración colonial española es escasa, a pesar de que se trató de un imperio configurado a través de ciudades. Se hace imposible comprender la estructura política, económica y social de los virreinatos sin las economías locales, toda vez que desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento no solo de la administración e infraestructuras locales, sino también en la protección y en el fomento socioeconómico de las colonias. Ejemplo de sostén local de las defensas imperiales fue la solicitud que hizo al Consejo de Indias el Cabildo de Buenos Aires en 1808 para recibir durante seis años una quinta parte de todas las rentas de los municipios rioplatenses para socorrer sus murallas y guarniciones. También las rentas municipales de Santa Fe costearon durante más de dos centurias la defensa del territorio fronterizo frente a los indios del Chaco y contra los portugueses, desembolsando lo necesario para mantener los presidios, salarios y pensiones de viudas de los oficiales del Regimiento de Blandengues. Las rentas santafecinas también sirvieron para la puesta en marcha de todas las postas de correos hasta Paraguay. Con todo, el síndico procurador de la ciudad en 1805 todavía declaraba en la sala capitular que el recaudador había conseguido un excedente de más de 3000 pesos". En el caso contrario, se comprueba la dificultad para conservar el territorio y la población cuando éstas carecían de recursos propios, como en Villa Real de la Concepción en el Alto Paraguay67.

De un modo similar, eran las rentas municipales de las ciudades de Cuyo las que, mancomunadamente, satisfacían los gastos de los presidios de aquella frontera, razón por la que habían conseguido el privilegio de tener propios en 1683 y confirmados por el Consejo de Indias en 1783 reconociendo que esos ingresos eran insuficientes. Estas partidas administradas en Mendoza, bajo la supervisión de la Caja de Santiago de Chile hasta 1754, eran el cobro de un real por botija de vino que se despachaba a Buenos Aires; el 2 % de alcabala de esa ciudad y de San Juan; medio real por cabeza de ganado mayor vendido en San Juan y Mendoza; medio real por cabalgadura; 4 reales por carreta cargada y un real por cada tercio de yerba de Paraguay consumida68. No obstante, sabemos que en esos anos la ciudad también ingresaba por otros conceptos, como derecho de carcelaje, carnicería, romana, licencia de pulpería, alquiler de cuartos y de canchas. Así, el consistorio recaudaba entre 300 y 500 pesos anuales, que podrían haber sido más a tenor de la representación que el procurador hizo al cabildo en 1781 asegurando que eran una «garganta del comercio y paso preciso» del tráfico rioplatense con Santiago de Chile69.

También corrieron a cargo de los ingresos locales gran parte de la poderosa red de infraestructuras urbanas y rurales, que aseguraban servicios básicos a la par que evitaban hambrunas, enfermedades y calamidades. Es decir, la habitabilidad que ofrecían caminos, calles, plazas, puentes, presas, acueductos, fuentes, abrevaderos, alumbrado, edificios de administración pública, alhóndigas, mercados, cuarteles, cárceles, iglesias, universidades, conventos, hospitales, entre otros muchos tipos de instalaciones que permitieron el desarrollo económico de las ciudades y, por ende, del imperio en su conjunto. Por ejemplificar alguna de esas utilidades, quizá de las menos estudiadas, fue la contratación de maestros y creación de escuelas de primeras letras por los ayuntamientos, como el de nos Buenos Aires70.

CONCLUSIÓN

La historia de los ayuntamientos en la América española se revela como decisiva a la hora de entender el mantenimiento del poder y las formas adoptadas para el ejercicio de la administración imperial en todos sus territorios. Los recursos económicos de los que dispusieron los distintos municipios resultaron cruciales en la conformación final de cada uno, producto de la adaptación a sus propias circunstancias geoeconómicas y sociales, así como de la voluntad de la Corona de imponer con mayor o menor rigor sus políticas. Como otras partes del imperio, la región rioplatense se vio inmersa en ese fenómeno de creación, adaptación y evolución de sus municipios, verdadero sistema vertebrador del ordenamiento colonial español.

A lo largo de los tres siglos de colonización, los órganos locales se constituyeron como el pilar básico de la administración, la economía y la sociedad de las distintas provincias americanas, actuando a la vez como representantes de los intereses locales y como intermediarios con la autoridad central. Una aplicación de políticas y defensa de intereses que alcanzaban mayor o menor fuerza en función de la capacidad financiera para sustentarlas. Encargados de la recaudación de una buena parte de los impuestos, de la administracion de justicia y del mantenimiento de la infraestructura local, los concejos coloniales fueron los responsables últimos de garantizar el ordenamiento, la seguridad, la defensa territorial y el bienestar de los habitantes de sus jurisdicciones.

Desde cabildos como el de Buenos Aires, que llegó a solicitar una quinta parte de todas las rentas municipales de los municipios rioplatenses para costear sus gastos de defensa, hasta la creatividad, complejidad e impulso del sistema tributario municipal del caso santafecino, asunceño o salteño, pasando por las constantes demandas de ayuda de muchas de las localidades más pequeñas, alejadas y fronterizas, todas ilustran como los ayuntamientos asumieron responsabilidades fundamentales en la defensa del imperio, en el desarrollo de infraestructuras y en el progreso económico y social de las ciudades. Algunos ejemplos como Santa Fe, Mendoza, La Plata y Montevideo muestran cómo con el tiempo todas esas ciudades experimentaron un fortalecimiento de sus poderes locales, pero por motivos diferentes, como lo fueron el aprovechamiento de la lejanía y las dificultades de comunicación, por un lado, y los intereses estratégicos de la Corona, por otro. Otras en cambio, como Córdoba, Asunción, Salta o Buenos Aires lograron mantener o aumentar su estatus aprovechando sus ventajas comparativas, tanto políticas como económicas. Por último, se encontraban ciudades con escasos recursos económicos que difícilmente sobrevivían debido a la carencia o escasez de sus rentas municipales. Este fue el caso de ciudades como Corrientes, Villa Rica y Jujuy, entre otras. Una realidad que refleja la diversidad de experiencias en los ayuntamientos coloniales.

En definitiva, al igual que en el resto del imperio, los ayuntamientos coloniales rioplatenses desempeñaron un papel fundamental en la vertebración, mantenimiento, financiación, administración y defensa de las colonias españolas en América. Un rol que, en cada caso, pudo desempeñarse con mayor o menor éxito e intensidad en función de los recursos económicos disponibles, así como de las competencias conseguidas para su cobro y fiscalización.

Esta investigacion se ha realizado en el marco del proyecto «La fiscalidad municipal en Salta durante la colonia: ¿autonomía o autarquía?», aprobado dentro la Convocatoria de Investigación Científica 2023 del Plan Estratégico 2020-2024 de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), Argentina, Resolución Rectoral núm. 531/2020.

Footnote

1 Fradkin y Caravaglia, 2009, рр. 133-152, Caño Ortigosa, 2009, Tau Anzoátegui y Agiiero, 2013.

2 Bayle, 1952, p. 9, Muro Orejón, 1960, Douglas Howell, 1967, Alemparte, 1966, pp. 39-40, Molina Martínez, 1996, pp. 31-34, Ortiz Núñez, 2007.

3 Caño Ortigosa, 2019.

4 Moore, 1966, pp. 66-87 y 106-119, Morner, 1983.

5 González Rodríguez, 1988, Zuluaga, 1964, Martínez Constanzo, 1961, Sanjurjo de Driollet, 1995, Acevedo, 1996, García Recio, 1988.

6 Redondo Veintemillas, 1977, Ruiz Martín, 1978, Bernal, 1978, Pardos Marunez, 1984, Ferrero Migó, 1987, Hoz García, 1988, Quintana Toret, 1989, Salas Ausens, 1992, Bernardo Ares, 1993, Giménez Chornet, 1995, López Nevot, 1995, García García, 1996, Ladero Quesada, 1997, Gutiérrez Alonso 1997, Martínez Ruiz, 1992 y 2000, Mateos Royo, 2003.

7 Ramos Mejía, 1915, Rosa, 1958, Hernández Sánchez Barba, 1981, Lobos, 1989, Caño Ortigosa, 2022.

8 Jáuregui, 1999, Sánchez de Tagle, 2014 y 2010, Sanchez Santiró 2013, Bertrand 2018, Celaya Nández 2018, Suárez Grimón, 2005, Celaya Nández y Parrilla Albuerne, 2021, Parrilla Albuerne, 2021.

9 Caño Ortigosa 2011, 2021a y 2021b.

10 Ensinck, 1990.

11 González Beltrán, 1999, pp. 192-194.

12 Caño Ortigosa, 2021b, p. 25.

13 Celaya Nändez, 2017, Pozas Poveda, 2011, pp. 83-256, Bläzquez Garbajosa, 1983.

14 Copia de las ordenanzas municipales de La Paz vistas en el Consejo, 1613, AGI, Charcas, 32.

15 Solá, 1936, pp. 49-103.

16 Nota de los expedientes existentes en la escribanía mayor de Gálvez, 1787, AGN, Hacienda, leg. 43, exp. 1116; Secretaría de la Gobernación y Gobernación de Intendencia. Cabildo de Indios. Propios y Arbitrios y bienes comunes de los pueblos de indios del Virreinato, 1784-1794, AGN, s9-2030.

17 Tío Vallejo, 2007, Meyer, 2010, pp. 91-95 y 101-103.

18 La legislación de los siglos XVI y XVII sobre propios de las ciudades indianas fue parte de la recopilada en las leyes de Indias de 1642, Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, libro III, título XIII.

19 Historia edilicia, 1967, pp. 36-38, Peña Villamil, 1969, Apéndice documental.

20 Morazzani, 1972, San Martino de Dromi, 1989, caps. Vil y VIII.

21 Celaya Nández, 2016 y 2017.

22 O'Phelan Godoy, 1984.

23 Lizondo Borda, 1944, pp. 15-96.

24 Sobre fundación de la Nueva Orán en el Valle de Centa, 5 de septiembre de 1795, AGI, Estado, 80, N. 23; Decreto del Consejo para la fundación de Nueva Orán, 8 de octubre de 1796, AGI, Buenos Aires, 10; Expediente de la mudanza de la ciudad de San Juan del Valle de Londres a Catamarca, 1679-1681, AGI, Charcas, 23, R. 7, N 71; Decreto del Consejo de Indias, | de diciembre de 1796, AGI, Buenos Aires, 10; Sobre la necesidad de propios en el Cabildo de Maldonado, 1786. AGN, Hacienda, 59-2862, exp. 920; Expediente obrado sobre propios de la ciudad de San Fernando de Maldonado, 1789, AGN, Hacienda, $9-2877, exp. 1292.

25 Torre Revello, 1942, pp. 18-19.

26 Caño Ortigosa, 2019 y 2020a.

27 Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, libro I, título XII, leyes I, VI y IX.

28 El alcalde de primer voto de Jujuy sobre la recepción del regidor Fiel Ejecutor de aquel Cabildo, deudor de 2000 pesos a los propios de la ciudad, 1786-1787, AGN, Hacienda, 59-2863, exp. 936.

29 El Procurador síndico general da cuenta del mal uso que hace el Cabildo de Buenos Aires de los propios de la ciudad y la necesidad de acudir a su remedio y tomarse aquella cuenta, 1778, AGN, Hacienda, 59-2832, exp. 178.

30 Alfaro Ramírez, 2006, pp. 14-16.

31 Expediente sobre dotación anual del fiscal defensor de Real Hacienda y Rentas de la Provincia de Salta en el Tucumán. Junta Superior de Real Hacienda (1789-1791), AGN, Hacienda, leg. 29, exp. 734; Acta de Cabildo, Santa Fe, 26 de febrero de 1789, AGPSF, Actas de Cabildo, tomo XV, fol. 341v-345.

32 Marchionni, 2019, pp. 170-171.

33 Revello, 1943, р. 153. Morresi, 1971, р. 99, Maeder, 2012, pp. 65-69, Caño Ortigosa, 2020b, p. 153.

34 Actas de Cabildo, Tucumán, 31 de octubre de 1684, 23 de julio de 1686, 6 de septiembre de 1687 y 4 de julio de 1690, Archivo Histórico de Tucumán, Actas Capitulares, vol. 1, fol. 138-141v, 178-178v, 209-209v y 302-303.

35 Acta de Cabildo, Santa Fe, 14 de marzo de 1806, AGPSF, Actas de Cabildo, tomo XVII, fol. 284-288v.

36 Acta de Cabildo, Asunción, 4 de abril de 1595, Archivo Nacional de Asunción (ANA), SNE, v. 381, fol. 57; Informe del contador general del Consejo, Madrid 8 de agosto de 1806, AGI, Buenos Aires, 9.

37 Cabildo abierto de Asunción otorgando carta de obligación a procurador, Asunción, 25 de enero de 1545, ANA, SNE, v. 302, fol. 21; Acta de Cabildo, Asunción, 29 de marzo de 1573, ANA, SH, v. 44, d.l, fol. 114; Informe de la Contaduría General del Consejo de Indias, Madrid, 16 de marzo de 1811, AGI, Buenos Aires, 344.

38 Carta del gobernador de Tucumán al Consejo de Indias, Tucumán, 12 de enero de 1714, AGI, Buenos Aires, 344.

39 Consulta del Consejo de Indias, 18 de diciembre de 1793 y Decreto del Consejo de Indias, 10 de abril de 1794, AGI, Buenos Aires, 10; Información de la Junta Superior de Hacienda de Buenos Aires al rey, 26 de febrero de 1810, AGI, Buenos Aires, 157.

40 Carta del cabildo de La Plata (Charcas) al rey, 28 de enero de 1793, AGI, Buenos Aires, 157; Carta del cabildo de La Paz al Consejo, 1690, AGI, Charcas, 32; El Cabildo de Córdoba sobre los gastos causados en el festejo del Corpus Cristi con motivo de la iluminación, 1806, AGN, Hacienda, 59-2964, exp. 3289.

41 Informe del Consejo sobre el préstamo de la ciudad de Córdoba, Madrid 26 de junio de 180, AGI, Buenos Aires, 344; Ensinck, 1990, p. 231.

42 Informe del Contador general del Consejo, Madrid 24 de octubre de 1803, AGI, Buenos Aires, 9.

43 Carta de los oficiales reales de Potosí al rey, Potosí, 10 de febrero de 1580, AGI, Charcas, 35; Título y remate del cargo de alguacil mayor de la ciudad de San Salvador de Jujuy, 18 de diciembre de 1638, AGI, Charcas, 36; Solicitud de confirmación de oficio de José Miguel Duarte, vecino de Villa Rica, en Paraguay, junio de 1781 y Real Cédula, Madrid 28 de octubre de 1675, AGI, Buenos Aires, 9; Informe del fiscal del Consejo sobre petición del cabildo de Buenos Aires de 8 de julio de 1695, Madrid, I de agosto de 1696, AGI, Charcas, 33.

44 Acta de Cabildo, Santa Fe, 6 de agosto de 1810, AGPSF, Actas de Cabildo, 1810, fol. 58-61; El Cabildo de Santa Fe pide a la superioridad apruebe y obtenga de Su Majestad la confirmación de la gratificación de los cueros para el consumo de la tropa, 1799, AGN, Hacienda, S9-2927, exp. 2450; Justiniano y Anachuri, 2024, pp. 14-15.

45 Auto de la Justicia Mayor de Potosí, 21 de octubre de 1632, AGI, Charcas, 32; Carta de los oficiales reales de Potosí al rey, Potosí, 6 de marzo de 1564, AGI, Charcas, 35; Capitulación de la villa imperial de Potosí, Lima 21 de noviembre de 156,. Archivo Histórico Casa Nacional de Moneda, Bolivia (CNM-AH), CR26, fol. 348v355v.

46 Lista de documentos que entrega al Cabildo el procurador Martín de Orue, Asunción, 25 de abril de 1556, Acta de Cabildo, Asunción, 31 de julio de 1535, ANA, SNE, у. 319, fol. 33, ANA, SH, у. 12, 9.1, fol. 13; Monte de López-Moreira, 2011, p. 87.

47 Expediente de la ciudad de San Lorenzo de la Frontera, 1633. Certificado del contador oficial real de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, 21 de enero de 1640, AGI, Charcas, 32.

48 Mora Mérida, 1973, pp. 69-140 y 293-328, Whigham y Cooney, 2006, pp. 11-12.

49 Informe de los Oficiales Reales de Buenos Aires sobre las cuentas de propios de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, Buenos Aires, 4 de diciembre de 1705, AGI, Buenos Aires, 344; Informe del Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de la ciudad de Santa Fe al Consejo de Indias, 11 de julio de 1690, AGI, Charcas, 39; Acta del Cabildo de Buenos Aires, 14 de enero de 1614. Orden del rey al gobernador de Buenos Aires para permitir el cobro de la romana en Santa Fe, Madrid, 15 de septiembre de 1679. Solicitud del apoderado de la ciudad de Asunción al Consejo de Indias, Madrid, 5 de septiembre de 1695, AGI, Charcas, 33, Nota suelta, s/f e Informes de la Contaduría General del Consejo, Madrid, 19 de enero de 1769, 30 de abril de 1807 y 25 de enero de 1808, AGI, Buenos Aires, 344; Cabildo de varias intendencias. Propios. Arbitrios. 1784-1802, AGN, S9-950; Expediente sobre las cuentas de propios y arbitrios del Cabildo de la ciudad de Asunción del Paraguay del 1769 a 1776 y 1777-1791. Instancia del oficial real de Santa Fe sobre la asignación de salario a dos guardas para que cuiden que no se defraude a la Real Hacienda por la extracción clandestina, Santa Fe, 23 de julio de 1776, AGN, Hacienda, leg. 9.

50 Cañedo-Argüelles, 1988, pp. 172-173, Vara, 2013, pp. 163-227.

51 Cabildo de Montevideo. Junta Municipal de Propios. 1786-1793 y 1794-1802, AGN, S9-129 y 130; Anónimo, 2002.

52 Gorla, 1984, pp. 83-84.

53 El regidor y fiel ejecutor de Salta sobre que la diputación apruebe su elección por el Cabildo para que defienda los derechos del ramo de sisas de la ciudad, 1793, AGN, Hacienda, $9-2894, exp. 1811; Sumario del Cabildo de Jujuy contra el Subdelegado Juan Ville, 1793, Hacienda, 59-2898, exp. 1877.

54 Expediente sobre la aplicación del 4 % que se ha de deducir de los valores de los propios y arbitrios, 1787, AGN, Hacienda, leg. 43, exps. 1103 y 1107; Junta del Cabildo de la ciudad de Córdoba sobre proporcionar el aumento de propios y arbitrios, 1785, AGN, Hacienda, 59-2859, exp. 842; «Representación del cabildo», 1963.

55 Carta del cabildo de Buenos Aires al rey, 5 de julio de 1610. Acta de Cabildo de Buenos Aires, 14 de enero de 1614. Real Cédula al cabildo de Buenos Aires, Madrid, 28 de enero de 1722. Testimonio e informe del Cabildo de Buenos Aires al Consejo sobre sus propios y los que necesita, 15 de abril de 1683. Informe del fiscal del Consejo sobre petición del Cabildo de Buenos Aires de 8 de julio de 1695, Madrid, 1 de agosto de 1696, AGI, Charcas, 33.

56 Informe del gobernador de Tucumán sobre el estado de las escribanias de su jurisdicción, 3 de octubre de 1775, AGI, Buenos Aires, 9.

57 Arteaga Zumaran, 1982, pp. 42-43 y 69-72.

58 Denuncia del procurador de La Plata en Madrid, 15 de diciembre de 1609, AGI, Charcas, 31; Cartas del Corregidor de La Plata al Consejo, 10 y 12 de marzo de 1640, AGI, Charcas, 32.

59 Actas de Cabildo, Mendoza, 30 de diciembre de 1602, 7 de febrero de 1603 y 2 de enero de 1607, Actas Capitulares de Mendoza. I, 1945, pp. 258-259, 267-269 y 375-376.

60 Sanjurjo de Driollet, 1995, р. 109.

61 Expediente sobre la concesión de 30 fanegas de tierra para los propios de la ciudad de La Paz, 1624. Copia de la merced del virrey concediendo los tambos y rentas a la ciudad de La Paz, Ciudad de los Reyes, 4 de noviembre de 1565. Carta del procurador general de La Paz en Madrid, 10 de abril de 1613, AGI, Charcas, 32.

62 El procurador del cabildo de Villa Rica del Espíritu Santo del Paraguay, D. Antonio Mutis, sobre que las cosechas de tabaco se recolectan por cuenta de la renta, 1792, AGN, Hacienda, 59-2893, exp. 1791.

63 Solicitud al Consejo del apoderado del cabildo de Asunción, visto en el Consejo el 5 de septiembre de 1695, AGI, Charcas, 33; Thomas de Krueger, 1996, р. 131, Tejerina, 2018, pp. 27-29.

64 Expediente promovido por el procurador sindico general de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz sobre extinción del puerto preciso y rebaja de derechos en el ramo de Arbitrios, AGN, Hacienda, leg. 29, exp. 743.

65 Sanjurjo de Driollet, 1995, pp. 110-111, Martínez Perea, 1996, pp. 127-151.

66 Informe del Consejo de Indias, Madrid 26 de febrero de 1808, Informe de la Contaduría General del Consejo, Madrid, 26 de abril de 1799, Informe de la Contaduría General del Consejo de Indias, Madrid, 28 de enero de 1801, AGI, Buenos Aires, 344; Acta de cabildo, Santa Fe, 23 de diciembre de 1805, AGPSF, Actas Capitulares, tomo XVII, fol. 246-249v; Serrera Contreras, Vila Vilar y Hernández-Díaz, 1996, р. 137.

67 Ferrer, 2008, pp. 87-88.

68 Informe de la Contaduría General del Consejo de Indias, Madrid, 24 de diciembre de 1783, AGI, Buenos Aires, 344.

69 Martínez Constanzo, 1961, pp. 190-200 y 351.

70 Zuretti, 1984, pp. 9-128.

References

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, Edberto Óscar, La Intendencia del Paraguay en el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1996.

Actas Capitulares de Mendoza. Tomo 1. Años 1566 a 1609, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1945.

Alemparte, Julio, El cabildo de Chile colonial: orígenes municipales de las repúblicas hispanoamericanas, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1966.

Alfaro Ramírez, Gustavo Rafael, Administración y poder oligárquico en la Puebla borbónica, 1690-1786, México, UNAM, 2006.

Anónimo, Noticias sobre el Río de la Plata: Montevideo en el siglo XVII, ed. Nelson Martínez Díaz, Madrid, Dastin, 2002.

Arteaga Zumarán, Juan José et al., Estudios sobre el Cabildo de Santiago del Estero, siglo XVIII, Montevideo, DIESHA, 1982.

Bayle, Constantino, Los cabildos seculares en la América española, Madrid, Sapientia, 1952.

Bentancur, Arturo Ariel, La primera burocracia montevideana, 1724-1814, Montevideo, Ediciones Quinto Centenario/Universidad de la República, 1992.

Bernal, Antonio Miguel, «Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad económica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)», Hacienda Pública Española, 55, 1978, pp. 285-312.

Bernardo Ares, José Manuel de, Corrupción política y centralización administrativa: la hacienda de propios en la Córdoba de Carlos II, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1993.

Bertrand, Michel, «Endeudamiento y poder municipal al fin del periodo colonial: el caso de Puebla» en Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, ed. Michel Bertrand y Zacarías Moutoukias, Madrid, Casa Velázquez, 2018, pp. 141-156.

Blázquez Garbajosa, Adrian, «Ensayo de clasificación metodológica de los bienes de propios», Actas de las «il Jornadas de metodología y didáctica de la Historia. Historia Moderna, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1983, pp. 147-157

Cañedo-Arguelles, Teresa, Un modelo de colonización en el Alto Paraná. La provincia de Corrientes en los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1988.

Caño Ortigosa, José Luis, Los cabildos en Indias. Un estudio comparado. Corrientes, Moglia, 2009.

Caño Ortigosa, José Luis, Cabildo y círculos de poder en Guanajuato (1656-1741), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011.

Caño Ortigosa, José Luis, «Los cabildos indianos. Estado de la cuestión, fuentes y archivos para un necesario avance historiográfico», Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, 10, 2019, pp. 15-37.

Caño Ortigosa, José Luis, «Fuentes primarias para el estudio de las rentas de propios y arbitrios de los municipios indianos», Naveg@mérica, 25, 2020a, pp. 1-39.

Caño Ortigosa, José Luis, «Apuntes sobre el cabildo colonial de Corrientes (1588-1776)», en América. Singularidad versus Universalidad, ed. Manuel Chust y Cristina Fonseca, Castellón de la Plana, Universidad Jaume 1, 2020b, pp. 147-168.

Caño Ortigosa, José Luis, «Apuntes sobre la gestión de rentas municipales de Guanajuato antes de las Reformas Borbónicas», en Rompiendo el nudo gordiano. Régimen municipal y fiscalidad. Guatemala y México, 1760-1850, coord. Ana María Parrilla Albuerne, Madrid, Sílex, 202 la, pp. 259-288.

Caño Ortigosa, José Luis, «Economía municipal en el Guanajuato de las reformas borbónicas: instantánea de un quinquenio (1788-1792)», Revista de Humanidades, 43, 202 1b, pp. 21-47.

Caño Ortigosa, José Luis, «Las economías locales tardocoloniales: ¿acicates para la revolución?», en 200 años después: Los Andes en la encrucijada de las Independencias. Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y España, coord. Juan Marchena Fernández y Justo Cuño Bonito, Santiago de Chile, Ariadna, 2022, pp. 73-104.

Caño Ortigosa, José Luis y José Luis Lara Valdés, «La construcción intelectual del paisaje. El bajío antes del Grito de Dolores», Intelléctus, 19, 1, 2020, pp. 63-89.

Celaya Nández, Yovana, «Las finanzas de las ciudades novohispanas ante el reformismo borbónico. Una propuesta historiográfica», Mélanges de la Casa de Velázquez, 46, 1, 2016, pp. 89-97.

Celaya Nández, Yovana, «El gobierno de la fiscalidad local, el virrey y la Audiencia en la defensa de sus facultades en materia de propios y arbitrios en el siglo XVIII», en El gobierno de la virtud: política y moral en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII), coord. Juan Francisco Pardo Molero, México, FCE, 2017, pp. 375-397.

Celaya Nández, Yovana, «La reforma borbónica en la construcción de la fiscalidad local. Los ayuntamientos novohispanos de Orizaba y Querétaro», en Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, ed. Michel Bertrand y Zacarías Moutoukias, Madrid, Casa Velázquez, 2018, pp. 157-173.

Celaya Nández, Yovana y Ana María Parrilla Albuerne (coords.), La fiscalidad del municipio: instituciones, impuestos y jurisdicciones en México, siglos XVII-XX, México, Unicach, 2021.

Chiaramonte, José Carlos, Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la nación argentina (1800-1846), Buenos Aires, Espasa Calpe, 1997.

Ensinck, Óscar Luis, Propios y arbitrios del Cabildo de Buenos Aires, 1580-1821, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1990.

Ferrer, Renée, Un siglo de expansión colonizadora. Núcleo poblacional establecido en torno a la Villa Real de la Concepción. Origen y desarrollo socioeconómico, Asunción, CEADUC, 2008.

Ferrero Migó, Remedios, La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de Carlos v, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1987.

Fradkin, Raúl Osvaldo y Juan Carlos Caravaglia, La Argentina colonial, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Garcia Garcia, Carmen, La crisis de las haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996.

García Recio, José María, Análisis de una sociedad de frontera. Santa Cruz de la Sierra en los siglos XVI y XVII, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1988.

Giménez Chornet, Vicent, «Política economica i hisenda municipal de la ciutat de Valencia en el segle XVIII», Estudis. Revista de Historia Moderna, 21, 1995, pp. 243-248.

González Beltrán, Jesús Manuel, «Haciendas municipales en la Edad Moderna. Funciones y usos», en La administración municipal en la Edad Moderna. II, coord. José Manuel de Bernardo Ares y Jesús Manuel González Beltrán, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, pp. 191-216.

González Rodríguez, Adolfo, «El cabildo de Córdoba durante el siglo XVI: encomenderos, propietarios de tierras, tratantes de negros y comerciantes. Análisis de un grupo de poder», Estudios de Historia Social y Económica de América, 3-4, 1988, pp. 29-45.

Gorla, Carlos María, Los establecimientos españoles en la Patagonia: estudio institucional, Sevilla, CSIC, 1984.

Gutiérrez Alonso, «Ciudades y monarquía. Las finanzas de los municipios castellanos en los siglos XVI y XVII», en Ciudad y mundo urbano en la época moderna, dir. Luis Antonio Ribot y Luigi De Rosa, Madrid, Actas Editorial, 1997, pp. 187-211.

Hernández Sánchez Barba, Mario, «Provincialismo, regionalismo, nacionalismo: una mentalidad acumulativa en la crisis de la Independencia Hispanoamericana», Quinto Centenario, 1, 1981, pp. 53-75.

Historia edilicia de la ciudad de Asunción, Asunción, Departamento de Cultura y Arte, 1967.

Howell, Ellen Douglas, «Continuity or Charge. A Comparative Study of the Composition of the Cabildo of Seville, Tenerife and Lima», The Americas, 24, |, 1967, pp. 33-45.

Hoz Garcia, Carlos de la, «Las reformas de la hacienda madrileña en la época de Carlos Ill», en Carlos III, Madrid y la llustración. Contradicciones de un proyecto reformista, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 77-101.

Jáuregui, Luis, La Real Hacienda de Nueva España. Su administración en la época de los intendentes, 1786-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

Justiniano, María F. y Marcelo Gabriel Anachuri, «Transformaciones del ramo de los donativos en los virreinatos americanos entre los siglos XVI al XIX, con énfasis en el caso de Salta en el tránsito de intendencia virreinal a jurisdicción de las Provincias Unidas de Sudamérica», América Latina en la Historia Económica, 31, 2, 2024, pp. 1-20.

Ladero Quesada, M.A., «Las haciendas concejiles en la Corona de Castilla (una visión de conjunto)», en Finanzas y Fiscalidad Municipa. V Congreso de Estudios Medievalesl, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 7-71.

Lizondo Borda, Manuel, Documentos coloniales. Serie II. Volumen I. Actas capitulares relativas al traslado de la ciudad de San Miguel de Tucumán en su lugar actual. Siglo XVI, Tucumán, Junta Conservadora del Archivo Histórico de Tucumán, 1944.

Lobos, Héctor Ramón, «Los cabildos y la dinámica revolucionaria en el Río de la Plata. Un esfuerzo de comprensión a partir del caso cordobés», Anuario de Estudios Americanos, 46, 1989, pp. 383-407.

López Nevot, José Antonio, «La hacienda municipal de Granada (1492-1600)», Anuario de Historia del Derecho Español, 65, 1995, pp. 749-805.

Maeder, Ernesto J. A., Historia del Chaco, Corrientes, Contexto, 2012.

Marchionni, Marcelo Daniel, Política y sociedad en Salta y el norte argentino, Salta, Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, 2019.

Martinez Constanzo, Pedro Santos, Historia económica de Mendoza durante el virreinato, 1776-1810, Madrid, Universidad Nacional de Cuyo, 1961.

Martínez Perea, María Esther, Mendoza, siglos XVIII y XIX. Un modelo de regionalización en el Pacifico Sur, Mendoza, Junta de Estudios Históricos de Mendoza, 1996.

Martínez Ruiz, José Ignacio, Finanzas municipales y crédito público en la España Moderna la hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, Sevilla, Ayuntamiento, 1992.

Martínez Ruiz, José Ignacio, «Crédito público y deudas municipales en España (siglos XV-XVIII)», en Dinero, moneda y crédito en la monarquía hispánica, coord. Antonio Miguel Bernal Rodríguez, Marcial Pons, 2000, pp. 863-877.

Mateos Royo, José Antonio, «Propios, arbitrios y comunales: la Hacienda municipal en el Reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII», Revista de Historia Economica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, 21, 1, 2003, pp. 51-77.

Meyer, Liliana, San Miguel de Tucumán en la época colonial (1685-1810), Tucumán, Archivo Histórico, 2010.

Molina Martínez, Miguel, El municipio en América. Aproximación a su desarrollo histórico, Granada, CEMCI, 1996.

Monte de López Moreira, Mary, Historia del Paraguay, Asunción, Universidad Nacional, 2011.

Moore, John Preston, The cabildo in Perú under the Bourbons: a study in the decline and resurgence of local government in the Audiencia of Lima 1700-1824, Durham, Duke University Press, 1966.

Mora Mérida, José Luis, Historia social del Paraguay, Sevilla, CSIC, 1973.

Morazzani de Pérez Enciso, Gisela, Las ordenanzas de Intendentes de Indias, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1972.

Môrner, Magnus, «Economic Factors and Stratification in Colonial Spanish America with Special Regards to Elites», Hispanic American Historical Review, 63, 2, 1983, pp. 335-369.

Morresi, Eldo, Las Ruinas del km. 75 y Concepción del Bermejo - Primera etapa de una investigación de arqueología histórica regional, Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, 1971.

Mouchet, Carlos, «Sarmiento y sus ideas sobre el municipio indiano y patrio», Revista del Instituto de Historia del Derecho, 4, 1952, pp. 29-59.

Muro Orejón, Antonio, «El ayuntamiento de Sevilla, modelo de los municipios indianos», en Anales de la Universidad Hispalense, 20, 1, 1960, pp. 69-85.

O'Phelan Godoy, Sacrlett, «Hacia una tipología y un enfoque alternativo de las revueltas y rebeliones del Perú colonial (siglo XVIII)», Jahrbuch fiir Geschichte Lateinamerikas, 21, 1, 1984, pp. 127-153.

Ortiz Núñez, Dantes, «Origen de los cabildos en América», CLIO, 173, 2007, pp. 15-25.

Pardos Marunez, Julio A., «Hacienda municipal y constitución de rentas: "censos" y deuda del concejo en Burgos, 1476-1510», Anuario de Historia del Derecho Español, 54, 1984, pp. 599-612.

Parrilla Albuerne, Ana María (coord.), Rompiendo el nudo gordiano. Régimen municipal y fiscalidad. Guatemala y México, 1760-1850, Madrid, Silex, 2021.

Peña Villamil, Manuel, La fundación del Cabildo de Asunción, Asunción, El Gráfico, 1969.

Pozas Poveda, Lázaro, Ciudades castellanas y monarquía hispánica, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2011.

Quintana Toret, Francisco Javier, «Endeudamiento municipal, mercado financiero y tesoros en Andalucía. Los censalistas del concejo malagueño (siglos XVI y XVII)», Chronica Nova, 17, 1989, pp. 281-305.

Ramos Mejia, Francisco, El federalismo argentino (fragmentos de la historia de la evolución argentina), Buenos Aires, $. pp. 1915.

Recopilacién de las leyes de los reinos de las Indias, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales y Boletin Oficial del Estado, 1998, 3 vols.

Redondo Veintemillas, Guillermo, «El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal», Estudios, 6, 1977, pp. 108-140.

«Representación del cabildo. Firmada por Mayorga y Pascual de Videla. Mendoza 7 de mayo de 1746» Revista de Historia Americana y Argentina, 7-8, 1963, pp. 238-241.

Revello, José Torre, Esteco y Concepción del Bermejo, dos ciudades desaparecidas, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 1943.

Rosa, José María, Del municipio indiano a la provincia argentina (1580-1852), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958.

Ruiz Martín, Felipe, «Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos fiscales en las ciudades castellanas durante los siglos XVI y XVII: el caso de Valladolid», en Dinero y crédito (siglos xvi al XIX), ed. Alfoso Otazu, Madrid, Moneda y Crédito, 1978, pp. 37-47.

Salas Ausens, José Antonio, «Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII, de la euforia a la quiebra», en Poder político e instituciones en la España Moderna, ed. José Antonio Salas Ausens et al., Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1992, pp. 9-66.

San Martino de Dromi, Laura, La Real Ordenanza de Intendencia de Carlos III y los orígenes del federalismo argentino, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1989.

Sánchez de Tagle, Esteban, «Las reformas del siglo XVIII al gobierno; la ciudad, su hacienda, su policía, su ejército», en Las reformas borbónicas, 1750-1808, ed. Clara García Ayluardo, México, FCE, 2010, pp. 164-224.

Sánchez de Tagle, Esteban, Del gobierno y su tutela. La reforma a las haciendas locales del siglo XVIII y el cabildo de México, México, INAH, 2014.

Sánchez Santiró, Ernest, La Real Hacienda de Nueva España y el primer reformismo fiscal de los Borbones (1720- 1755). Alcances y contradicciones, México, Instituto Mora, 2013.

Sanjurjo de Driollet, Inés Elena, Muy Ilustre cabildo, justicia y regimiento. El cabildo de Mendoza en el siglo XVIII. Estudio Institucional, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1995.

Serrera Contreras, Ramón Maria, Luisa Vila Vilar y Concepción Hernández-Díaz, El aragonés Cosme Bueno у la Descripción geográfica del Río de la Plata (1768-1776), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996

Solá, Miguel, Erección y abolición del Cabildo de Salta. Un digesto municipal de 1784, Buenos Aires, Sociedad de Historia Argentina, 1936.

Suárez Grimôn, Vicente J., La reforma de la hacienda municipal en Canarias en el siglo XVIII: el conflicto en torno al establecimiento de la contaduría de propios y arbitrios, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2005.

Tau Anzoátegui, Víctor y Alejandro Agiiero, El derecho local en la periferia de la Monarquía Hispana. Río de la Plata, Tucumán y Cuyo. Siglos XVI-XVIII, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2013.

Tejerina, Marcela V., Frontera urbana, frontera colonial. Historia de la región platina durante el dominio de las Coronas ibéricas (siglos XVI al XIX), Rosario, Prohistoria, 2018.

Thomas de Krueger, Hildegard, El Cabildo de Asunción, Asunción, Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, 1996.

Tío Vallejo, Gabriela, «Presencias y ausencias del cabildo en la construcción del orden provincial: el caso de Tucumán, 1770-1830», Araucaria, 18, 2007, pp. 236-265.

Torre Revello, José, La Casa Cabildo de la Villa de Luján, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas,

Vara, Alfredo, Los ricos y los pobres. Una historia económica y social de los correntinos (1588-1810), Corrientes, Moglia, 2013.

Whigham, Thomas L. y Jerry W. Cooney, Campo у frontera. El Paraguay a fin de la era colonial, Asunción, Servilibro, 2006.

Zuluaga, Rosa Mercedes, El cabildo de la ciudad de Mendoza: su primer medio siglo de existencia, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1964.

Zuretti, Juan Carlos, La enseñanza y el cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, FECIC, 1984.