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Este trabajo tiene como objetivo destacar la correlación existente entre los diversos lugares y mecanismos de poder que ostentan los estados, las instituciones y las sociedades, y cómo estos definen una lógica en su relación con la naturaleza, produciendo situaciones ambientales, sociales, políticas y culturales que propician la construcción progresiva y selectiva de desastres. Estas responsabilidades se eluden y ocultan a través de discursos de simulación que se materializan en expresiones genéricas y recurrentes como, “desastres naturales” o “cambio climático global”, que ponen un velo frente a las competencias particulares de empresas o agentes locales en la degradación del suelo o de las fuentes de agua por sus actividades productivas; así como, sobre la marginalidad y exclusión social que generan con la implementación de modelos globales que desconocen las capacidades y las necesidades locales. Estos modelos hacen a la población más vulnerable. Lo cual exige, en contraste, una gobernanza del riesgo que reconozca las desigualdades sociales y económicas subyacentes en la sociedad como generadoras de riesgo y potenciales desastres, que incluya y destaque las perspectivas, los intereses y la participación de las comunidades más vulnerables en la búsqueda de alternativas menos agresivas con el entorno y de mayor simetría social, política y económica; en definitiva, una gobernanza del riesgo que promueva justicia ambiental.
