Headnote
Resumen
Introducción
Durante el siglo XX, la consolidación del conocimiento estadístico fue crucial para el desarrollo institucional en Colombia. En el Valle del Cauca, los censos poblacionales y las estadísticas agrícolas, comerciales y urbanas permitieron analizar procesos de poblamiento, transformación urbana e industrialización. Sin embargo, el mismo nivel de atención no se dio a los catastros municipales y departamentales, especialmente aquellos anteriores a la centralización catastral impulsada en los años treinta. El Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca de 1919 es un documento poco explorado que puede enriquecer las perspectivas sociodemográficas y fiscales del periodo.
Objetivo
El artículo busca recuperar, contextualizar y describir el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca de 1919. Se pretende integrarlo a los estudios históricos como una fuente que complementa los censos y cartografías existentes, y resaltar su importancia en la construcción de herramientas administrativas para el Valle del Cauca.
Metodología
La investigación se basa en la recuperación documental del catastro de 1919, su contextualización histórica y el análisis de sus variables y toponimias. Se emplea una lectura crítica desde la historia social y administrativa, apoyada en fuentes secundarias y comparativas.
Resultados
El catastro de 1919 contiene datos valiosos sobre la estructura agraria y urbana del Valle del Cauca en sus primeras décadas como entidad departamental. También refleja las limitaciones técnicas e institucionales del levantamiento catastral en ese momento.
Conclusiones
La relectura del catastro de 1919 permite ampliar la comprensión del ordenamiento territorial y la fiscalidad en Colombia, y subraya la necesidad de seguir rescatando archivos ignorados para enriquecer la historia del Estado.
Palabras clave: catastro urbano; catastro rural; tierras públicas; valle del cauca; territorio; historia catastral; ordenamiento territorial; estadística histórica; documentación administrativa; propiedad inmueble; desarrollo institucional; transformación urbana.
Abstract
Introduction
During the 20th century, the consolidation of statistical knowledge was crucial for institutional development in Colombia. In Valle del Cauca, population censuses and agricultural, commercial, and urban statistics made it possible to analyze settlement processes, urban transformation, and industrialization. However, municipal and departmental cadastral records, especially those predating the centralization efforts of the 1930s, did not receive the same attention. The 1919 Urban and Rural Cadastre of Valle del Cauca is a little-known document that can enrich socio-demographic and fiscal perspectives of the period.
Objective
This article aims to recover, contextualize, and describe the 1919 Urban and Rural Cadastre of Valle del Cauca. It seeks to integrate this document into historical studies as a source that complements existing censuses and cartographic materials, and to highlight its importance as an administrative tool for the departmental government.
Methodology
The research is based on the documentary recovery of the 1919 cadastre, its historical contextualization, and the analysis of its variables and toponymy. A critical reading from a social and administrative history perspective is applied, supported by secondary sources and comparative materials.
Results
The 1919 cadastre contains valuable data on the agrarian and urban structure of Valle del Cauca in its early years as a departmental entity. It also reflects the technical and institutional limitations of cadastral surveys at the time.
Conclusions
Reexamining the 1919 cadastre broadens our understanding of land management and fiscal policy in Colombia, emphasizing the importance of rescuing overlooked archival materials to enrich the history of the state.
Keywords: urban cadastre; rural cadastre; public lands; valle del cauca; territory; cadastral history; territorial planning; historical statistics; administrative documentation; real estate property; institutional development; urban transformation.
1. Introducción
Mientras no exista siquiera un mediano servicio de estadística no se podrá determinar de una manera justa la distribución de los impuestos entre los habitantes del país. No se podrá tampoco hacer efectivo el servicio militar obligatorio. Los debates eleccionarios quedarán sujetos a multitud de fraudes contra los cuales encallarán las leyes más eficaces (El Día, 1915b).
En la actualidad, no son pocos los estudios que han logrado dar cuenta de las distintas dinámicas socioeconómicas, demográficas y socioespaciales asociadas a los procesos de poblamiento y configuración urbana en el Valle del Cauca durante la primera mitad del siglo XX, tanto a escala regional como a nivel local. De hecho, gracias al recurrente uso de censos, investigadores como Fernando Urrea (2012) han logrado presentar la distribución de la población según criterios raciales y por sexo para Cali, Jamundí, Palmira, Candelaria, Buenaventura y para el total del departamento del Valle del Cauca, sobre la base del IV Censo de Población en Colombia (1918). Posteriormente, han descrito su comportamiento hasta los albores del siglo XXI a partir de censos posteriores, logrando recrear toda una visión procesual en la larga duración (Urrea, 2012).
Enseguida, sobresalen trabajos que han permitido relacionar esas dinámicas sociodemográficas con las transformaciones de la traza urbana, expresadas en la paulatina ruptura de la forma colonial, fundamentalmente en el caso de Cali y Palmira, siempre entre los siglos XIX y XX, con cálculos y acercamientos a elementos como el número de manzanas y, en menor medida, cuantificaciones aproximadas sobre áreas edificadas según fuentes planimétricas o informes institucionales (Aprile-Gniset, 2010; Vásquez Benítez, 2001; Valencia Llano, 2019; Ruiz López y Mera, 2020; Manrique Flórez, 2020).
Otro grupo de estudios utiliza estadísticas sobre cultivos agrícolas y superficies cultivadas para constatar, por ejemplo, la consolidación, a mediados de siglo XX y a nivel regional, del cultivo de la caña sobre la base de la gran concentración de la tierra, o para entrever el desarrollo industrial, especialmente alrededor de Cali y los municipios articulados con esta ciudad, entre estos Palmira, Candelaria y, por supuesto, Buenaventura (Ocampo, 1986; Vásquez Benítez, 1990). Incluso, en este último grupo se pueden ubicar algunas monografías realizadas por miembros de la Academia Vallecaucana de Historia (Colonia Cardona, 2005; Piedrahita, 1957).
Gracias a todos estos trabajos, tipologías documentales como los censos de población y las estadísticas sobre transporte, importaciones y/o exportaciones se han convertido en lugares comunes en el desarrollo, fundamentalmente, de la historia económica y espacial que atravesó el departamento del Valle del Cauca. Estos documentos emergen, precisamente, a la luz de las simultáneas transformaciones institucionales y tecnológicas que el Estado y sus manifestaciones territoriales administrativas lograron desde la segunda mitad del siglo XX, en función de la incorporación e institucionalización de saberes expertos que se cristalizan en oficinas de estadística, planificación urbana, desarrollo económico y social, entre otros casos.
La mejor muestra de todo ese desarrollo se expresa en la contextualización e interpretación de algunos de los primeros cuerpos de estadísticas que, desde 1917, se publicaron a manera de boletines departamentales y municipales, recogiendo datos sobre el movimiento de población, los gastos de la administración pública e ingresos, censos pecuarios y agrícolas, consumo de ganado, comercio interior y exterior, servicio de policía y telegrafía, entre otros (Portilla Batero, 2016).
Afortunadamente, este tipo de boletines ha sido recientemente salvaguardado y digitalizado por el Archivo Histórico Municipal de Cali, lo que permite complementar el amplio conjunto de anuarios estadísticos, censos de vivienda departamentales y monografías municipales producidos desde la segunda mitad del siglo XX por órganos y dependencias tralizadas, puestos a disposición de los usuarios por parte de la Biblioteca Virtual del DANE. Entre estos documentos pueden citarse los siguientes: Censo General de Población 1938: Valle del Cauca; Censo General de Población 1951: Valle del Cauca; Censo de Edificios y Viviendas 1951: Valle del Cauca; Censo Nacional de Comercio y Servicios 1954: Valle del Cauca; Perfil Estadístico Valle del Cauca-Cali 1978.
Lamentablemente, lo anterior no resulta tan válido para los catastros municipales o departamentales creados durante la primera mitad del siglo XX, como el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919. Las razones que explican este silencio documental van más allá de un simple punto de partida: la reciente labor de sistematización y salvaguarda profesionalizada en instituciones como el Archivo Histórico de Cali, el Archivo Central de la Gobernación del Valle del Cauca y otras dependencias que actualmente custodian estos documentos, como la Secretaría de Vivienda y Hábitat adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, la dependencia de Planeación Municipal у EMCALI3.
A ello se suma el hecho de que documentos como los catastros departamentales y/o municipales creados en las primeras décadas del siglo XX tendieron, desde entonces, a quedar olvidados en los anaqueles o archivos de esas mismas dependencias, puesto que, como remos, al momento en el cual muchos de ellos debieron centralizarse siguiendo una lógica de procedimientos emitida por la Sección Nacional de Catastro, fundamentalmente desde mediados de la década de 1930. Un desafío que, al menos en sus primeras etapas, seguía resultando poco alentador debido, entre otros aspectos, a la ausencia de fuentes confiables que desde los municipios o regiones levantaran la información necesaria. Parte de este problema se refleja en las ideas que Germán Arciniegas retoma tras su entrevista con el ministro de Hacienda, Carlos Alberto Lleras Restrepo, en vísperas de la organización del Instituto Geográfico Catastral (1940). Citemos en extenso un fragmento base de esa entrevista:
No existe -fueron sus palabras- el catastro en Colombia. Nosotros diríamos: mejor sería que no existiera. El catastro debe revisarse íntegramente sobre todo porque lo que está en él, está muy mal. Porque se trabaja con unos avalúos de muchos años; porque no hay datos sobre la división de las propiedades, etc. Pero el asunto no está en decir que no hay catastro, o que el catastro no es sino la herencia de lo que hicieron los caciques del pueblo para castigar a los adversarios políticos. No: se trata de hacer el catastro. De presentar en una forma científica el cuadro de la propiedad gravable, y de reducirlo a una tabla matemática de impuestos. Para este efecto, el gobierno viene adelantando trabajos admirables, como los que hace el instituto geográfico militar, y dentro de algún tiempo, que no es demasiado, podrá e 1 gobierno dar una base ta para efectos impositivos. No menos instructiva es la parte de la conferencia que se refiere a la forma como se hacen los presupuestos departamentales, sobre la base inmoral de la política lugareña. Al departamento hay que darle de verdad lo que corresponde, hay que revisar el origen de sus rentas y hay que sacar de ellas un fruto mejor. Mientras esto no se consiga, todas las campañas de descentralización tendrán algo de teóricas. Los términos finales de la conferencia fueron un programa de acción social, que demuestra de lo que es susceptible la contabilidad del Estado cuando hay un criterio social que la preside. He aquí esas palabras, que recomendamos a nuestros lectores como un índice de lo que el gobierno desea hacer en torno a la reforma fiscal de los departamentos (Arciniegas, 1939, p. 4).
Este artículo constituye una contribución que busca avanzar en esa línea de trabajo mediante la recuperación de un documento hasta ahora desconocido por los estudios referidos páginas atrás, el cual puede enriquecer, a futu- ro, las perspectivas sociodemográficas, económicas y habitacionales. Los siguientes apartes tienen como propósito contextualizar y describir el contenido del Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919, entendiéndolo, junto a los censos y las representaciones cartográficas, como expresiones de la actuación escrita del Estado y en relación con elementos asociados a la historia de los catastros en Colombia.
Posteriormente, el segundo apartado contextualiza el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919 en función de las necesidades administrativas de un nuevo ente territorial que debía orientar su ejercicio de gobierno. Siguiendo a Portilla Batero (2016), enfatizamos aquí que: "Para la toma de decisiones era necesario conocer en números reales la situación social y económica de la reciente circunscripción, tal y como lo proponía la estadística, un saber en boga en la época" (p. 69). Finalmente, se presentan algunas precisiones en torno a las toponimias y al conjunto de variables y elementos que conforman el documento original, con el fin de favorecer su lectura, y se transcribe su contenido.
2. Censos, catastros y representaciones cartográficas
Documentos como los censos, los catastros y las representaciones cartográficas son expresiones del proceso mediante el cual el Estado-nación y sus unidades administrativas han concentrado y desarrollado información sobre el territorio, sus habitantes, la propiedad, los recursos naturales, entre otros aspectos, con el fin de implementar prácticas de gobierno que hacen de la escritura el vehículo para la racionalización de ese mismo Estado. En relación con dichas prácticas de gobierno, estas siguieron en muchos casos una racionalidad política cuyos rasgos remiten a las conceptualizaciones foucaultianas sobre la biopolítica: un entramado de técnicas orientadas al control de la población, que exige su precisa expresión estadística en función de las variables vitales que la constituyen.
Mediante estas técnicas, no se buscaba tanto obtener una obediencia ciega de los súbditos, sino más bien "influir sobre cosas aparentemente alejadas de la población, pero que, según hace saber el cálculo, el análisis y la reflexión, pueden actuar en concreto sobre ella" (Foucault, 2009, p. 95).
Esos mismos censos, catastros y cartografías, al ser hallados y aprehendidos por el científico social de turno, se convierten en documentos desde los cuales se construyen datos o se proponen sucesivas interpretaciones, como, por ejemplo, los perfiles sociodemograficos que siguen la ruta del tiempo, o los análisis socioespaciales que relacionan diacrónicamente los poblamientos y sus impactos en los territorios. Este tipo de documentos suelen enfatizar, como es esperable, sus aspectos más formales y prácticos, dejando de lado las condiciones intelectuales, administrativas e incluso archivísticas que hicieron posible su producción.
Entonces, censos, catastros y cartografías también pueden comprenderse más allá de las consabidas prácticas de gobierno sobre conjuntos poblacionales concretos, y pensarse de manera más internalista, siguiendo el derrotero burocrático e intelectual que los constituye, hasta develar los contornos de una actuación escrita del Estado que se presenta ante nosotros como un documento en construcción.
El punto de partida presupone que censos, catastros y cartografías no solo buscan representar a la sociedad en sus dimensiones económicas, demográficas e incluso territoriales, sino que contienen en sí mismos muchas de sus condiciones de posibilidad, emergencia y producción (Orrego Estrada, 2017). El documento, entonces, es una pieza que se interpreta desde el presente, pero que resulta indescifrable si no se comprende, al menos tangencialmente, el contexto y la forma de la actuación del Estado, con su imposición de rutinas de trabajo, la escenificación de técnicas y la puesta en escena de saberes expertos entre burocracias y jurisdicciones.
Esto, sabiendo que lo novedoso en ciertos mentos no tanto que los actos administrativos se formulen por escrito, sino, más bien, que toda información relevante y decisiva cir- cule en forma escrita. En este sentido, hacemos propias unas palabras de Lutz Raphael (2008): "Esto significaba que la capacidad de rendimiento de la administración dependía de forma muy esencial de la rapidez y fiabilidad con la que producía expedientes y de cómo sabía aprovecharlos para el procedimiento interno de toma de decisiones" (p. 71).
Ahora bien, para el caso colombiano, existen abordajes historiográficos que han hecho un uso interesante de todas estas tipologías documentales, así como otras presentadas a manera de compilaciones muy bien logradas, aunque sigue siendo necesario avanzar hacia la dimensión cultural y, fundamentalmente, heurística de esa actuación escrita del Estado (Muñoz Duque, 2008; Orrego Estrada, 2017; González Eusse et al., 2020; Liévano Jaramillo, 2021). No obstante, ariesgo de incurrir en cierto nacionalismo metodológico, puede afirmarse que todavía se desconoce buena parte del universo de censos, catastros y cartografías que han sido elaborados desde el siglo XVI en adelante para el marco espacial y cultural que, de manera no exenta de ambigüedades у anacronismos, ahora comprendemos como Colombia·.
Y es en ese condicionante donde se inscribe esta iniciativa: la recuperación, más de cien años después, del Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919, cuyo único original identificado reposa en los anaqueles del Archivo Central de la Gobernación del Valle del Cauca (Fondo Ordenanzas, Caja 4225, Carpeta 3, Folios 207-208), lamentablemente no en las mejores condiciones materiales, a pesar del esfuerzo de dicha institución por llevar a cabo procesos de organización y salvaguarda documental conforme a las directrices del Archivo General de la Nación (Figura 1). Esta recuperación se justifica, además, por el avanzado grado de deterioro del documento original, que se encuentra literalmente en pedazos.
En el contexto colombiano, no parecen existir muchos acercamientos a la historia de los catastros. No obstante, los pocos estudios que se han emprendido permiten reconocer un marco de condiciones políticas, económicas y hasta administrativas en el cual se inscribe la emergencia del Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919. Tal como señala Liliana Ramos Rodríguez, los catastros no solo tienen finalidades fiscales y económicas; también pueden ser valiosas fuentes de información para el ordenamiento territorial, así como para la administración de tierras y servicios públicos (Rodríguez Ramos, 2003; Pinzón Bermúdez y Garolera Fonti, 2007).
Ramos (2003) propone que la historia de los catastros en Colombia comienza en una época inicial vinculada al republicanismo decimonónico y las luchas contra el Imperio Español, con fines predominantemente fiscalistas. A lo largo del tiempo, se fueron sucediendo etapas clave, como la Ley 70 de 1866, a través de la cual Tomás Cipriano de Mosquera lideró un catastro de tierras baldías, edificios, minas, muebles y otros bienes de propiedad estatal. Este proceso continuó hasta los albores de la década de 1930, cuando se hizo evidente un proceso de modernización catastral, influenciado por las recomendaciones de la Misión Kemmerer y que culminó en la creación de la Sección Nacional de Catastro (Rodríguez Ramos, 2003; Pinzón Bermúdez y Garolera Fonti, 2007).
En esa temporalidad se inscribe el Catastro bano y del Valle del Cauca, 1919. Parte del trasfondo de esta iniciativa comienza con el cambio de siglo. Inicialmente, el censo de población de Colombia en 1905 exigía información sobre los siguientes aspectos: nombre completo, origen, sexo, edad, estado civil, profesión, religión, número de personas que sabían leer y escribir, y número de enfermos de lepra. Este último dato responde a un momento discursivo y médico en torno a dicha enfermedad, que derivó en la implementación de la Ley 14 de 1907 sobre el régimen organizacional de los lazaretos en Colombia (Orrego Estrada, 2017; Toro Rodríguez, 1999). Lamentablemente, la recolección de datos en el entonces Departamento del Cauca no fue aprobada de forma oportuna por las dependencias centrales en Bogotá, razón por la cual el censo fue finalmente publicado en 1917, hecho que "generó obstáculos de tipo fiscal y electoral para la actividad administrativa y política del país" (Orrego Estrada, 2017, p. 143).
En ese orden de ideas, diversos elementos se entrecruzan y, a la vez, permiten comprender el marco restante de hechos y condiciones administrativas sobre el que toma forma el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919. El censo de población en Colombia de 1912 fue considerado una gesta inscrita en las celebraciones centenaristas; en el plano simbólico, la moderna nación hacía uso de una racionalidad técnica para dar cuenta de un progreso fundido en su creciente demografía. En breve, la Ley п° 4 de 1913 facultó a las Asambleas Departamentales para organizar libremente sus rentas, considerando, por supuesto, el papel de la propiedad raíz, los ejidos y los baldíos. Poco después, mediante la Ley 63 de 1914, las aduanas en los puertos dejaron de ser las únicas entidades encargadas de elaborar periódicamente cuadros sobre el movimiento demográfico (Portilla Batero, 2016). En consecuencia:
A partir de entonces, y gracias a una nueva normativa, se inició un proceso de organización y recaudo de este tipo de información proveniente de las principales ciudades del país. La mencionada ley aprobó la apertura de varias dependencias en las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla), entre cuyas funciones especiales estaba la recolección, sistematización y ordenamiento de las estadísticas municipales y departamentales en todas sus esferas, información que debía ser enviada a la Oficina de Estadística Nacional. Estos datos recolectados debían, en adelante, publicarse en los llamados Boletines Departamentales de Estadística. Este tipo de publicación buscaba la divulgación, en términos cuantitativos, de las diversas dinámicas económicas y sociales de la mayoría de la población (Portilla Batero, 2016, p. 70).
Para el caso del Valle del Cauca, al menos desde enero de 1915, existía una Oficina Departamental de Estadística encargada de desarrollar distintas mediciones, con interlocución directa con funcionarios como Griseldino Carvajal, Ingeniero de Ejidos al servicio del Municipio de Cali, y en esos momentos a la cabeza de las polémicas en torno a las cartas topográficas ejidales y de baldíos a nivel regional. Esta referencia es importante: Griseldino Carvajal fue un temprano representante del nacionalismo gremial de los ingenieros y un pionero publicista a favor de la apertura del Camino de Chamí, con el ánimo de comunicar de manera "directa y fácil" a la provincia de Marmato y la región del suroeste de Antioquia con "el mar Pacífico por el río San Juan y con el mar de las Antillas por el Atrato" (El Día, 1904, p. 2).
La Oficina Departamental de Estadística tuvo sucesivos frutos, entre los cuales estuvieron el Boletín de Estadística Municipal (desde 1917 en adelante), un temprano esbozo de tario y de bienes departamentales, y algunas comunicaciones con la incipiente burocracia a cargo del Boletín de Estadística de Cali, cuya primera impresión salió a la luz en 1923. Por ende, el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919 debe comprenderse como una expresión de orden regional de todas estas transformaciones, aunque aún bajo el prisma de los catastros desarrollados según los modelos ortodoxos de corte económico, centrados en la información que busca inventariar y determinar valores de propiedades, valor de terrenos y tipos de edificaciones (Erba y Piumetto, 2021).
Por ende, el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919 debe comprenderse como una expresión de orden regional de todas estas transformaciones. A propósito, se tiene certeza de que varias Asambleas Departamentales "crearon su propia reglamentación catastral y sistema de avalúo y tasación -incluyendo metodologías y procedimientos", generando, en consecuencia, "un catastro escrito fraccionado y desarticulado" (Rodríguez Ramos, 2003, p. 157). Ante ello, no queda más que preguntarse por la suerte de los rostros materiales de esas iniciativas, que hoy en día no han sido identificados; de seguro, se trata de un conjunto de catastros de orden local y regional que ameritaría un trabajo de exploración y compilación, capaz de promover, desde perspectivas comparativas, la comprensión de la suerte diferenciada de la racionalidad de Estado según cada expresión administrativa regional o local en el caso de Colombia.
3. El Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919
En el caso del Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919, algo de la historia local e institucional que lo atraviesa puede develarse. El 13 de abril de 1920, los asambleístas comisionados Efraín Varela y Manuel Jesús Lucio acusan haber recibido el Proyecto de Ordenanza "por el cual se aprueba el censo departamental de 1918", resultado de su aprobación en un primer debate por "los honorables diputados Lloreda y Borrero B." (Varela et al., 1920). La aprobación definitiva era urgente, puesto que, si esta se dejaba a cargo del Congreso de la República: "de nuevo corremos el riesgo de que ello, no se efectúe o se efectúe demasiado tarde, quedando el departamento sujeto, como hasta hoy, a la situación de referirse en sus actos oficiales al censo de 1905, toda vez que el de 1912 no fue aprobado" (Varela et al., 1920).
La prisa se justificaba en tanto se esperaba contribuir a un proceso de constitución y concentración actualizada de datos que, de no ser llevado a cabo, evidenciaría una gran contradicción en el orden simbólico y administrativo: la posibilidad de que unas cifras adscritas a un momento político anterior a la fundación del departamento del Valle del Cauca (1910) continuaran representando una realidad poblacional y territorial que, con toda seguridad, distaba mucho del orden inicial reflejado en las cifras válidas para 1905. Esto era consecuencia de los primeros efectos del proceso de modernización económica regional, el paulatino desarrollo del capitalismo agroindustrial, la urbanización y los procesos de colonización campesina, que en ocasiones se remontaban incluso a las décadas finales del siglo XIX.
Para los tiempos del Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919, factores como las avanzadas colonizadoras antioqueñas ya habían estimulado en el norte del departamento la emergencia de toda una "importante zona cafetera", fundamentalmente parcelaria, clave para el desarrollo regional, acompañada de extensiones de cultivos de café en Tuluá, Candelaria, Pradera y Yotoco (Vásquez Benítez, 1990). Este hecho indica que había quedado atrás el auge del cultivo del tabaco y la ruta comercial que articulaba a Tuluá con San Pedro, y a Palmira con Candelaria, gracias a la extensión del Ferrocarril de Panamá a mediados de siglo y las mejoras subsecuentes del puerto de Cascajal (Aprile-Gniset, 2012).
Vale la pena decir que, según el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919, para entonces solo se cultivaba tabaco en San Pedro, aunque se desconozcan las cifras concretas. No en vano, en 1915, durante una serie de debates sostenidos en torno a la posibilidad de imponer un impuesto sobre el consumo de tabaco con el fin de controlar el avance de la langosta sobre otros sembrados, el médico y dirigente local Evaristo García aseveraba lo siguiente: "El cultivo y la industria del tabaco ha decaído en el Valle del Cauca, no obstante, que no tiene gravamen alguno. Enantes viajaban del Cauca hacia el departamento de Antioquia bultos que contenían tabaco, cacao, pieles, etc. Hoy, al contrario, se traen bultos de tabaco en arma y manufacturado de Antioquia para el consumo del Valle y del Chocó" (El Día, 1915, p. 2).
Las palabras de Evaristo resonaron con bastante fuerza, entre otros aspectos, porque era una figura intelectual reconocida como legítimo representante de las ciencias bromatológicas y promotor de las dinámicas de abastecimiento de alimentos, según los preceptos del higienismo y de toda una consecuente racionalidad que demandaba, desde modernas plazas de mercado articuladas con dispositivos de policia de salubridad, hasta estadísticas de producción y consumo de alimentos, entre ellos la carne, el arroz y el plátano (Mera, 2018).
Los datos alrededor del número de árboles de café en municipios como Sevilla (1.233.800), Candelaria (322.318), Huasanó (77.832) y Cartago (32.290) contrastan con las cifras escuetas de Versalles (427), la Victoria (250) o Zarzal (469). Anotemos, en último lugar, que las cifras del número de árboles de cacao recuerdan otra dimensión de la agricultura que tiende a ser menospreciada, quizá en parte porque el proceso de extensión de la superficie de áreas cultivadas con caña de azúcar - fundamentalmente en auge desde mediados del siglo XX- funciona como un saber-recuerdohecho histórico encubridor de una rica historia económica y social, con circuitos que articulaban poblamientos nortecaucanos con Cali a través de la ribera del río Cauca (Zape Jordán, 2018).
Evidentemente, para los sectores gobernantes y las burocracias estatales del Valle del Cauca, verse obligados a apelar oficialmente a cifras de tiempos del departamento del Cauca, válidas para el año de 1905, no era la más deseable de las disyuntivas. A una conciencia de los seguros cambios demográficos, habitacionales y económicos que por entonces se vivían, se sumaban los cambios en una discursividad identitaria. Enseguida, razones tributarias y de orden práctico en torno al funcionamiento de la administración regional y municipal demandaban una ruta de trabajo propia, con la certeza que brindaba la estadística: el aspecto fiscal y el simbólico marcharon juntos y pronto las municipalidades fueron creando un primer y tímido cuerpo de encargados del levantamiento de la información, como bien lo muestra un llamado en prensa de Cali, publicado en El Día (1916), para que las personas que no habían sido encontradas cuando se estuvo recogiendo "los datos para hacer los avalúos" acudieran pronto a la oficina de "la calle 12 número 42" y así "hacer de común acuerdo los avalúos" (p. 3).
El Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919 encarna todas esas situaciones, que no fueron ajenas a las demandas en el orden del saber propias de un incipiente sistema tributario. Este requería la cuantificación de aspectos como el número de propietarios, la naturaleza de las tierras (ejidales y baldías), el tipo de edificaciones (su número de pisos y los materiales de construcción), así como los impuestos ane- xos (aseo, alcantarillado). En el caso rural, se incluían además elementos complementarios como el tamaño en plazas, el tipo de terreno, las especies arbóreas (cacao, café, plátano, tabaco), la naturaleza de las aguas y, por supuesto, el avalúo del impuesto territorial al 1%.
Y es que las asignaciones y subastas de ejidos por parte de las distintas municipalidades fueron rasgos comunes de la época, muy importantes para las arcas públicas y la satisfacción de nacientes necesidades urbanas, como los alcantarillados y los alumbrados públicos (Sanclemente Salcedo y Rubio Gallardo, 2012). Las discusiones en torno a esa lenta entrada de tierras al mercado hicieron parte de una intensa agenda de debate público, presente tanto en el republicanismo popular como en el liberalismo de izquierda, en tiempos en que la urbanización se expandía mediante poblamientos populares, barrios para los sectores emergentes de clase media y también para sectores altos (Mera, 2021).
De igual forma, los baldíos fueron utilizados por ambas formas de administración -municipal y departamental- mediante adjudicaciones y subastas, con el propósito de fomentar la expansión de la frontera agrícola, dinamizar el mercado de tierras y fortalecer las finanzas públicas para atender las demandas propias de la modernización urbana (Camacho, 2018). En ambos casos, sin el respaldo técnico y administrativo del catastro, estos procesos habrían resultado sumamente complejos y difíciles de gestionar.
Esa demanda en el orden del saber era compartida por los actores del sector privado. Un buen ejemplo de ello ocurrió a principios de 1919, cuando el presidente de la Cámara de Comercio de Cali se comunicó con la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para informarle que había comenzado a distribuir semillas de algodón a través de los Prefectos, solicitando a su vez datos estadísticos "referentes a la ubicación y extensión de los cultivos, el producto de cada cosecha, número de arbustos, nombre de los cultivadores" (El Valle: Gaceta Departamental, 1919, p. 5). Toda esta información debía ser enviada trimestralmente a la Gobernación y a la Oficina de Estadística. La cuestión crucial, y bastante ambiciosa, era la extensión de los cultivos de algodón, ya que "el restablecimiento de las industrias fabriles en Europa" traería consigo una gran demanda de materia prima, a la que se sumaba el consumo en las fábricas locales (El Valle: Gaceta Departamental, 1919, p. 6).
Una consideración adicional se suma a la cuestión: el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919 se desarrolló de manera paralela a una serie de legislaciones y discusiones de orden departamental que ya buscaban reglamentar el futuro urbano. Un buen ejemplo de esto se encuentra en un proyecto de ordenanza que planteaba que, en adelante, "todos los Distritos Municipales" deberían proceder "a levantar un plano de la capital de Distrito" (Proyecto Ordenanza sobre urbanización, 1920, p. 414), teniendo en cuenta "su desarrollo futuro, calculando ese desarrollo para un lapso de cincuenta años" (Proyecto Ordenanza sobre urbanización, 1920, p. 415). Este plan incluía variaciones en sus líneas para "los edificios públicos que el municipio no tuviese", todo en un plazo de cuatro años y bajo la responsabilidad de los Consejos Municipales (Proyecto Ordenanza sobre urbanización, 1920, p. 416).
De igual forma, en Cali ya se venían dando una serie de discusiones alrededor de la urbanización de sectores como el barrio Obrero, mediante una serie de acuerdos que, entre 1916 y 1919, delimitaban una zona no menor a 30 manzanas cuyos lotes empezaron a ser entregados en arrendamiento a familias de sectores populares. Este proceso de poblamiento pronto comenzó a extenderse hasta los límites impuestos hacia el oriente, es decir, más allá de la Avenida Miguel López Muñoz y la paralela línea del Ferrocarril del Pacífico (Ruíz López y Mera, 2018). Esto sin dejar de lado, al menos desde 1917, la existencia de registros oficiales sobre la propuesta para elaborar un plano denominado "Cali Futuro", que incluyera el trazado de avenidas, calles, edificios públicos, todo en función de la previsión de nuevos barrios y de la adecuación de la ciudad, con la corres- pondiente negociación de predios con distintos propietarios (Rodríguez Caporali, 2022).
4. Transcripciones
Según el Decreto Ejecutivo Nacional no 940 de 1910, mediante el cual se creaba el departamento del Valle del Cauca, este ente administrativo quedaba constituido por 7 provincias, 30 municipios y 110 corregimientos. No obstante, en El Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919 se incluyeron 32 municipios, en el siguiente orden: Cali, Dagua, Yumbo, Vijes, Pavas, Jamundí, Buenaventura, Naya, Palmira, Candelaria, Florida, Pradera, Buga, Cerrito, Guacarí, Yotoco, San Pedro, Tuluá, San Vicente, Bugalagrande, Sevilla, Zarzal, Roldanillo, Bolívar, Huasanó, Riofrío, La Unión, Versalles, Toro, Cartago, La Victoria y Alcalá. Una ausencia resulta notable: no se consideró a Andalucía, que al menos desde 1884 había obtenido su reconocimiento como municipio desligado de Tuluá en el, por entonces, departamento del Cauca. Tampoco fue posible obtener mayores datos sobre el Naya, debido a que un incendio azotó la cabecera del poblado, incinerando las fuentes institucionales de información.
El resto de los silencios -a manera de espacios en blanco- se relaciona más con el ritmo diferenciado o con la ausencia de presencia estatal y de cualquier representación efectiva de ese saber experto cuantificador. Desafortunadamente, para el caso rural, debido a la rotura completa del documento original, se ha perdido toda una columna de información que se ubicaba justo después de aquella que relacionaba el número de árboles de café y los ejidos.
De igual manera, justo después de la variable que, para el caso nacional, liquidaba el impuesto territorial a escala nacional, se ubicaban dos columnas más para las liquidaciones a escala departamental y municipal. Estas se han omitido porque no contenían datos; es decir, para entonces aún no se habían llevado a cabo los cálculos respectivos. El documento concluía con la firma de Rafael Pinto, Oficial de Estadística Departamental.
Finalmente, a la hora de comparar, no hay que olvidar que actualmente el departamento del Valle del cauca consta de 42 municipios, por lo cual, a los previamente registrados en el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919, se deben sumar, por fecha de erección como municipio, los siguientes: Ansermanuevo (1925), Restrepo (1925), Obando (1928), Ulloa (1928), Trujillo (1930), Calima-El Darién (1939), El Cairo (1947) y El Águila (1950). Aunque no existan mayores precisiones sobre sus fechas de erección como municipio, de igual forma se deben agregar: La Cumbre, Jamundí, Bolívar y Caicedonia.
En último lugar, una precisión a favor del cuidado que amerita el carácter histórico de ciertas toponimias: desde 1920, San Vicente deja de llamarse de tal forma para ser entonces reconocido como el municipio de Andalucía y, luego, en 1922, La Cumbre será erigida como un municipio que remplaza el nombre de Pavas debido al traslado de su cabecera. Si bien por 1919 Huasanó era un municipio, esa ya no es su suerte contemporánea, pues actualmente es un corregimiento.
Una última nota editorial: a continuación, se presentan la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4; las tres primeras corresponden a la sección urbana y la última a la sección rural del referido documento. Todas estas claves de lectura pueden resultarles útiles a los lectores de este material.
5. Conclusiones
La construcción de catastros departamentales y municipales entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX no parece haber sido un fenómeno generalizado. Sin embargo, el reconocimiento del Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919, permite, por una parte, enriquecer el conocimiento sobre un conjunto de expresiones mediante las cuales, entre otros aspectos, los nacientes o reformados entes territoriales buscaron avanzar en procesos de institucionalización o de isomorfismo administrativo. Incluso puede inscribirse como parte del conjunto de tareas pendientes asumidas por la naciente administración del departamento del Valle del Cauca. De hecho, tras la elaboración del catastro, la Ordenanza 35 de 1921 (12 de abril) señalaba que la pronta finalización del muelle de Buenaventura debía ir acompañada de una nueva delimitación de los distritos con "cuestiones de límites pendientes" y del levantamiento definitivo de "la carta geográfica del Departamento".
Una última desiderata, con sello de conclusión: la emergencia de un conjunto de datos seriados sobre aspectos como el número de habitantes y su nacionalidad, el número de propietarios o el valor de las propiedades urbanas у rurales, entre otros, permite establecer un punto de partida -desde el Catastro Urbano y Rural del Valle del Cauca, 1919- hacia experiencias posteriores como el Censo Nacional de Población de 1938 y, por ejemplo, el capitulo dedicado al Valle del Cauca en el Censo de Edificaciones y Viviendas (1951). Por supuesto, no se trata solo de comparar cifras, sino, más bien, de auscultar la naturaleza de las categorías mismas para identificar transformaciones en las edificaciones, asociadas a cambios en los materiales predominantes, la morfología y dimensiones de las viviendas, las condiciones habitacionales y otros aspectos relevantes.
Contribuciones de los autores
Hansel Mera: conceptualización, curación de datos, investigación, escritura (preparación del borrador original) y escritura (revisión y edición).
José Fernando Sánchez Salcedo: conceptualización, curación de datos, investigación, escritura (preparación del borrador original) y escritura (revisión y edición).
Financiación
Los autores declaran que esta investigación no contó con ninguna financiación.
Conflictos de interés
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés en la escritura ni publicación de este artículo.
Implicaciones éticas
Por tratarse de una investigación histórica, no hay implicaciones éticas.
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References
Referencias
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