Las políticas de reorganización, consolidación y cierre de escuelas públicas en Puerto Rico durante el periodo 2013-2020: implicaciones para el trabajo social escolar

Abstract

Entre los años 2013 al 2020 se cerraron 623 escuelas públicas en Puerto Rico, una reducción de 42% de las 1,466 activas, según información provista por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Seis (6) cartas circulares y la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018 fueron las políticas públicas que establecieron los criterios, las condiciones y los procesos para la reorganización, consolidación y cierre de escuelas. Las justificaciones para estos cambios fueron: la reducción en la matrícula, el bajo aprovechamiento académico y hacer mejor uso de los recursos durante la crisis fiscal en Puerto Rico.

Esta investigación incluyó una revisión y análisis crítico de las políticas públicas relacionadas con los procesos de reorganización, consolidación y cierre de escuelas en Puerto Rico durante el periodo de 2013 al 2020. Además, se describieron y contrastaron las narrativas de profesionales del trabajo social escolar que pasaron por la experiencia del cierre de escuelas. También se entrevistaron personas expertas en posiciones gerenciales que tuvieron injerencia en la toma de decisiones y ejecución de las políticas públicas. El acercamiento teórico conceptual fue desde las teorías de administración pública y teorías críticas, dado que el Departamento de Educación es una de las agencias públicas más grandes y complejas en Puerto Rico y la toma de decisiones impacta directamente a muchas personas.

Se utilizó un enfoque cualitativo, desde el paradigma naturalista con un diseño de estudio de caso, con varias fuentes de información. Esta metodología permitió conocer y describir este evento histórico desde múltiples contextos: histórico, demográfico, político y socioeconómico. Se indagó cómo sucedió, qué justificaciones hubo y cuáles fueron las implicaciones para el trabajo social escolar en la Región Educativa de Ponce. En esa parte sur-central de la isla se cerraron 119 planteles, de los cuales 61 (55%) estaban ubicadas en la zona rural.

Aunque los objetivos oficiales estaban claros, la implementación de estas políticas no siempre fue neutral. En el proceso se obviaron criterios y directrices, lo que abonó a generar una percepción de desorganización y arbitrariedad. Aun cuando las justificaciones para estas reorganizaciones, consolidaciones y cierres parecieran razonables, el impacto en las personas y en las comunidades fue generalmente negativo. La selección de las escuelas no siempre fue transparente y faltó la inclusión de las propias comunidades escolares. La reubicación del personal escolar y el estudiantado no siempre tomó en consideración sus derechos y necesidades, afectando el sentido de pertenencia y familiaridad desarrollado por años. La disposición de equipos y expedientes con información confidencial también reflejó desorganización. Algunas de las estructuras en desuso se convirtieron en riesgos de salud y seguridad para las comunidades.

El contexto económico, político y demográfico en que se tomaron estas decisiones no ha cambiado mucho y es probable que nuevamente se tengan que reorganizar, consolidar y cerrar escuelas. Los planteamientos y recomendaciones de las personas que participaron de esta investigación son vitales para mejorar el proceso y asegurar el bienestar del estudiantado, sus familias, el personal escolar y las comunidades geográficas donde se cierra una escuela.

Alternate abstract:

Between 2013 and 2020, Puerto Rico experienced the closure of 623 public schools, representing a 42% reduction from the 1,466 schools originally in operation—according to data from the Puerto Rico Department of Education. These closures were guided by six policy circulars and Law No. 85, enacted on March 29, 2018, which established the official criteria, conditions, and procedures for school reorganization, consolidation, and closure. The primary justifications cited included declining student enrollment, low academic performance, and the need to optimize resources amidst the island’s ongoing fiscal crisis.

This research undertook a critical review and analysis of the public policies that governed these processes from 2013 to 2020. It also explored and contrasted the personal narratives of school social workers who lived through the experience of school closures. In addition, interviews were conducted with experts in managerial positions who had direct influence on policy implementation and decision-making.

The theoretical framework integrated perspectives from public administration and critical theories, acknowledging that the Department of Education is one of the largest and most complex public agencies in Puerto Rico. Decisions made within this system have far-reaching effects on individuals, families, and communities.

A qualitative methodology was employed, using a case study design within the naturalistic paradigm and drawing on multiple sources of data. This approach allowed for a nuanced understanding of the school’s closures from historical, political, demographic, and socioeconomic standpoints. The study examined how the closures unfolded, what justifications were presented, and what their implications were for school social work in the Ponce Educational Region. In this south-central area of the island, 119 schools were closed, of which 61 (55%) were in rural zones.

While the official objectives were clearly articulated, the implementation process often fell short of these standards. Key criteria and guidelines were sometimes overlooked, fostering perceptions of disorganization and arbitrariness. Even when the stated reasons for school closures seemed plausible, their real-life impact on affected communities was predominantly negative. The selection process lacked transparency and failed to meaningfully include input from school communities. Student and staff relocations frequently disregarded their needs and rights, disrupting long-established ties and eroding a sense of belonging. Inadequate handling of equipment and confidential records further reflected systemic disarray, and several abandoned buildings became safety and health hazards in their neighborhoods.

The socioeconomic and political conditions that prompted these decisions remain largely unchanged, making future school reorganizations, consolidations, or closures likely. Therefore, the insights and recommendations gathered from this study’s participants are essential for improving the process moving forward and safeguarding the well-being of students, families, educational personnel, and the communities affected by school closures.