EL PROYECTO DEL ESCUADRÓN DE MILICIAS DE CERRO LARGO Y EL AVANCE DE LA OCUPACIÓN HISPANOCRIOLLA EN LA BANDA ORIENTAL (1801-1804)

Abstract

Aquest esquadró formava part d'un pla més ampli per fundar diversos partits politicomilitars dins la «ban-da oriental» i crear nous cossos milicians amb l'objectiu de mobilitzar la pobla-ció local no enquadrada militarment. Abstract: This article analyzes the project to create a cavalry militia squadron in Cerro Largo at the beginning of the 19th century. [...]its scope was very limited, since it had limited resources and faced op-position from both local residents and the main corporations in the region, which refused to fnance it. El reclutamiento y la movilización de recursos humanos locales fue-ron de especial importancia, ya que con las tropas veteranas regulares era impo-sible proteger los puntos más amenazados en la costa, resguardar la frontera con los dominios portugueses y mantener el orden en las tierras interiores. El grueso documental de este proyecto aparece en una copia del expedien-te que contiene la transcripción de cartas e informes elaborados a principios de 1801, en la antesala de la guerra de las Naranjas, que enfrentó a España con Portugal.2 Si bien aún no se cuenta con sufciente información para hacer un es-tudio pormenorizado de la puesta en marcha del escuadrón de milicias, hay indicios de cómo fue la misma y, sobre todo, se ha encontrado abundante do-cumentación en relación con sus antecedentes, que permite su análisis en el marco del proceso en que se inscribía y una mayor comprensión del mismo. Estos datan de comienzos de la década de 1780, cuando las Milicias de Ca-ballería de Montevideo dirigieron la organización de escuadrones, algo posible gracias al fuerte aumento de la población rural en la campaña oriental, en su ma-yoría, personas sin encuadrar militarmente. De este modo, este trabajo se propone contribuir al estudio de la política de-fensiva de la Corona en los espacios fronterizos de América en el contexto de apli-cación de las reformas borbónicas, poniendo el foco en estos espacios margi-nales de reciente incorporación al sistema productivo, como fue el de las tierras interiores de la Banda Oriental.3 En ese sentido, se apunta a aplicar un enfoque regional que trascienda la fragmentación de las historiografías nacionales tradi-cionales y conciba el espacio rioplatense como un conjunto integrado que iba desde el sur de Brasil hasta la frontera bonaerense e incluye las provincias li-torales (Corrientes, Entre Ríos, Misiones) y el actual territorio uruguayo.4 Un es-pacio que fue especialmente sensible a las políticas borbónicas destinadas a fortalecer su control sobre sus territorios americanos, pero también, por su con-dición de limes imperial, al devenir de los confictos europeos y las confgura-ciones de alianzas geopolíticas derivadas de los mismos. 2. Pero el interior del territorio aún se mantenía en gran medida fuera del control hispanolusitano, y estaba poblado eminentemente por un puñado de parcialidades indígenas nó-madas o seminómadas. Y controlar lo que ocurría en esos espacios era uno de los grandes objetivos de la política reformista borbónica.5 Para mediados del siglo xviii, en el territorio comprendido entre el océano At-lántico y los ríos Paraná, Ibicuí y Jacuí, existían un puñado de plazas y puestos militares establecidos por las autoridades lusoespañolas (desde donde ejercían un control muy limitado del mismo), a los que se sumaban un conjunto hetero-géneo de «tolderías» habitadas por distintas parcialidades no sometidas que en la práctica representaban el poder preeminente en ese espacio de fronteras. Ante la falta de una unidad política que ejerciera control sobre estas tierras, los focos de civilización europea apenas estaban conectados por unas pocas rutas frágiles y peligrosas, cuando los «puntos ciegos» a la autoridad imperial eran in-numerables, y la posesión de una plaza no garantizaba la del territorio adyacen-te, ni su acceso al mismo.6 En consecuencia, más allá de la existencia de al-gunos asentamientos coloniales marginales, en la

Headnote

Resumen: Este artículo analiza el proyecto de creación del escuadrón de mili-cias de caballería de Cerro Largo a comienzos del siglo xix, que formaba parte de un plan más amplio de fundación de varios partidos político-militares en el interior de la Banda Oriental, y la creación de nuevos cuerpos milicianos en que se movilizaría a la población local no encuadrada militarmente. No obstante, sus alcances fueron muy limitados, ya que se contó con pocos recursos y se enfren-tó a la oposición tanto de los pobladores locales como de las principales cor-poraciones de la región, que se negaron a fnanciarlo.

Palabras clave: frontera, Banda Oriental, Cerro Largo, milicias, reformas borbó-nicas, colonización, Río de la Plata.

Resum: Aquest article analitza el projecte de creació, a l'inici del segle xix, de l'esquadró de milícies de cavalleria de Cerro Largo. Aquest esquadró formava part d'un pla més ampli per fundar diversos partits politicomilitars dins la «ban-da oriental» i crear nous cossos milicians amb l'objectiu de mobilitzar la pobla-ció local no enquadrada militarment. Els seus èxits van ser molt limitats, atès que disposava de pocs recursos, i, a més, desencadenà l'oposició dels pobla-dors locals i de les principals corporacions de la regió, que es van negar a fnan-çar-lo.

Paraules clau: frontera, Banda Oriental, Cerro Largo, milícies, reformes borbò-niques, colonització, Río de la Plata.

Abstract: This article analyzes the project to create a cavalry militia squadron in Cerro Largo at the beginning of the 19th century. This was part of a broader plan based on the creation of several political-military districts and new militia bod-ies with the local population that was not yet militarily involved, with the aim of consolidating the Spanish colonization of the Eastern side, or Banda Oriental. However, its scope was very limited, since it had limited resources and faced op-position from both local residents and the main corporations in the region, which refused to fnance it.

Keywords: frontier, Banda Oriental, Cerro Largo, militias, Bourbon reforms, col-onization, Rio de la Plata.

1. Introducción

Este artículo se propone analizar el proyecto de creación de un escuadrón de milicias en el partido de Cerro Largo, en la «banda oriental» del virreinato del Río de la Plata, durante los primeros años del siglo xix.1 El mismo formaba parte de un proceso mucho más amplio (en desarrollo desde el siglo xvii y muy especial-mente desde mediados del siglo xviii) de colonización y ocupación del territorio en el litoral rioplatense. Este se daba en el marco de una doble problemática: por un lado, la presencia de las poblaciones indígenas no sometidas (los «indios infeles») que ya habitaban ese espacio; por el otro, la presión de la avanzada lusobrasileña, que expresaba las pretensiones expansionistas de Portugal en el Río de la Plata. Asimismo, la amenaza cada vez más tangible e inminente de un ataque británico en la región hizo que los recursos militares que podían desti-narse a ese propósito (limitados de por sí) tuvieran que emplearse de forma mu-cho más dispersa, con el fn de garantizar la defensa de múltiples posiciones estratégicas. El reclutamiento y la movilización de recursos humanos locales fue-ron de especial importancia, ya que con las tropas veteranas regulares era impo-sible proteger los puntos más amenazados en la costa, resguardar la frontera con los dominios portugueses y mantener el orden en las tierras interiores.

Dicho proyecto buscaba solucionar esta problemática en un espacio donde la población había aumentado considerablemente a fnales del siglo xviii, al tiem-po que se estaban reestructurando las jurisdicciones políticas y militares para pre-servar el territorio «oriental». En este sentido, este plan surgió a la par de otros intentos por mejorar la seguridad de las tierras interiores: el más importante fue la creación del Regimiento de Blandengues de la Frontera de Montevideo, en 1797. Y aunque al principio había tenido bastante éxito, el advenimiento de una nueva guerra con Portugal en 1801 y el avance en los proyectos sobre el arre-glo de los campos en la banda oriental del río Uruguay impulsaron nuevos mo-delos de organización político-militar para la región, así como la constitución de nuevos cuerpos destinados a su vigilancia y defensa.

El grueso documental de este proyecto aparece en una copia del expedien-te que contiene la transcripción de cartas e informes elaborados a principios de 1801, en la antesala de la guerra de las Naranjas, que enfrentó a España con Portugal.2 Si bien aún no se cuenta con sufciente información para hacer un es-tudio pormenorizado de la puesta en marcha del escuadrón de milicias, hay indicios de cómo fue la misma y, sobre todo, se ha encontrado abundante do-cumentación en relación con sus antecedentes, que permite su análisis en el marco del proceso en que se inscribía y una mayor comprensión del mismo. Estos datan de comienzos de la década de 1780, cuando las Milicias de Ca-ballería de Montevideo dirigieron la organización de escuadrones, algo posible gracias al fuerte aumento de la población rural en la campaña oriental, en su ma-yoría, personas sin encuadrar militarmente.

Esta alternativa que comenzaba a ensayarse en la Banda Oriental todavía no ha sido analizada por la historiografía uruguaya ni por la argentina, y ha pasado in-advertida hasta la actualidad. No obstante, su estudio resulta de gran interés, pues permite visibilizar cómo las autoridades coloniales buscaron «echar mano» de esas nuevas poblaciones situadas cada vez más al interior del territorio y que parecía que permitían proyectar su encuadre en compañías de milicias sueltas, organiza-das por pagos o partidos militares. Esas compañías, una vez creadas, pasarían a estar al mando de una ofcialidad de extracción local, pero bajo supervisión de un ofcial veterano en cada partido, y estos últimos serían los responsables del adies-tramiento de los nuevos milicianos. Por lo tanto, constituía una adaptación local al régimen de milicias disciplinadas impulsado por las reformas borbónicas, que tuvo que ajustarse a las condiciones locales para poder funcionar y, en consecuencia, también debió mantener ciertas características del servicio miliciano tradicional. De este modo, este trabajo se propone contribuir al estudio de la política de-fensiva de la Corona en los espacios fronterizos de América en el contexto de apli-cación de las reformas borbónicas, poniendo el foco en estos espacios margi-nales de reciente incorporación al sistema productivo, como fue el de las tierras interiores de la Banda Oriental.3 En ese sentido, se apunta a aplicar un enfoque regional que trascienda la fragmentación de las historiografías nacionales tradi-cionales y conciba el espacio rioplatense como un conjunto integrado que iba desde el sur de Brasil hasta la frontera bonaerense e incluye las provincias li-torales (Corrientes, Entre Ríos, Misiones) y el actual territorio uruguayo.4 Un es-pacio que fue especialmente sensible a las políticas borbónicas destinadas a fortalecer su control sobre sus territorios americanos, pero también, por su con-dición de limes imperial, al devenir de los confictos europeos y las confgura-ciones de alianzas geopolíticas derivadas de los mismos.

2. Contexto general

El vertiginoso desarrollo de las tierras costeras del litoral rioplatense en el si-glo xviii tuvo como consecuencia la necesidad de la Corona española y de las autoridades de expandir la frontera productiva y ocupar efectivamente dicho te-rritorio, en detrimento de aquellas poblaciones que habían subsistido al margen de la conquista y la colonización. En aquella región, la infuencia europea había avanzado a través del río Paraná con las fundaciones de Santa Fe y Corrientes (en 1573 y 1587, respectivamente) y la segunda fundación de Buenos Aires (en 1580). El imperio portugués, por su parte, había erigido establecimientos cerca-nos al Atlántico, como Colonia, en 1680, y Montevideo, en 1723 (aunque pasó a manos españolas al año siguiente), ambas en el Río de la Plata, o como en la del Río Grande (1737). El cuadro «civilizatorio» se completaba con una trein-tena de pueblos, en los que a lo largo del siglo xvii la Compañía de Jesús había establecido sus misiones para los indios guaraníes en torno a los ríos Paraná y Uruguay, que hicieron de antemural entre ambos imperios. Pero el interior del territorio aún se mantenía en gran medida fuera del control hispanolusitano, y estaba poblado eminentemente por un puñado de parcialidades indígenas nó-madas o seminómadas. Y controlar lo que ocurría en esos espacios era uno de los grandes objetivos de la política reformista borbónica.5

Para mediados del siglo xviii, en el territorio comprendido entre el océano At-lántico y los ríos Paraná, Ibicuí y Jacuí, existían un puñado de plazas y puestos militares establecidos por las autoridades lusoespañolas (desde donde ejercían un control muy limitado del mismo), a los que se sumaban un conjunto hetero-géneo de «tolderías» habitadas por distintas parcialidades no sometidas que en la práctica representaban el poder preeminente en ese espacio de fronteras. Ante la falta de una unidad política que ejerciera control sobre estas tierras, los focos de civilización europea apenas estaban conectados por unas pocas rutas frágiles y peligrosas, cuando los «puntos ciegos» a la autoridad imperial eran in-numerables, y la posesión de una plaza no garantizaba la del territorio adyacen-te, ni su acceso al mismo.6 En consecuencia, más allá de la existencia de al-gunos asentamientos coloniales marginales, en la campaña «oriental» había un vasto territorio sin grandes obstáculos naturales en el que nadie lograba ejercer pleno control, y donde interactuaban indígenas nómadas y semisedentarios, es-pañoles, portugueses, mestizos y, aunque en menor medida, individuos de otrasprocedencias.7

Gracias al apoyo de las autoridades coloniales castellanas y de algunas par-cialidades indígenas, durante la década de 1620 los jesuitas exploraron y se es-tablecieron exitosamente en el territorio ocupado por los indios guaraníes, po-niéndolo en contacto con Buenos Aires.8 Para ello, se apoyaron en la expansión ganadera rioplatense, lo que implicó avanzar sobre el área de infuencia de los indios charrúas y enfrentar su resistencia, que fue activa y violenta. Por con-siguiente, los jesuitas organizaron milicias que fueron capaces de oponerse a ellos y someterlos temporalmente, y cuyos servicios fueron solicitados en varias oportunidades por los gobernadores de Buenos Aires.9 De hecho, fueron la principal fuerza de choque en los confictos territoriales con los portugueses en la Banda Oriental entre fnales del siglo xvii y la primera mitad del xviii, y hasta que el proyecto jesuítico-guaraní entró en decadencia llegaron a representar hasta el 80% de los contingentes que combatieron las avanzadas lusobrasileñas en la región.10

Gracias estos progresos, la presencia colonial en los bordes del territorio ocu-pado por las parcialidades no sometidas ganó cierta estabilidad, y en aquel es-pacio rodeado por españoles, portugueses y jesuitas se propició un rápido pro-ceso de difusión del ganado que fue clave para el desarrollo de la región. En aquel contexto, las relaciones establecidas por la sociedad española con las parcialidades indígenas fueron muy variadas y se articularon en un amplio es-pectro que contemplaba la negociación y el combate, repitiendo un patrón ya observado en otros espacios de frontera.11 Asimismo, estos también fueron ac-tores clave en la vigilancia y el control de la avanzada de otras potencias sobre el territorio adjudicado por la Corona española, en particular tras la ruptura de la Unión Ibérica en 1640.12 De este modo, en el litoral rioplatense los pueblos originarios se convirtieron en agentes intermedios clave en las relaciones entre ambos imperios en el espacio rioplatense, puesto que su posicionamiento como aliados, amigos o enemigos resultaba decisivo para mantener un equilibrio entre las dos potencias o inclinar la balanza hacia una de ellas, en favor de sus propios intereses.13

Asimismo, la presencia de las tolderías no solo permitía a las parcialidades nómadas que las colocaban arbitrar los viajes en la región y entre unas plazas fuertes y otras, ocupando puntos y pasos estratégicos, sino que también res-tringía la ubicación de los establecimientos hispanoportugueses al perímetro del Río de la Plata y la jurisdicción efectiva de los mismos a un área limitada. En consecuencia, las fundaciones españolas y portuguesas en la región constituían más bien un archipiélago de enclaves relativamente aislados y autónomos, co-nectados por estrechos corredores que atravesaban las tierras de los nativos. Por lo tanto, los administradores coloniales se vieron obligados a estrechar la-zos con las tolderías como medio para declarar la posesión territorial, reforzan-do aún más el poder de las parcialidades indígenas, que establecieron tratados de amistad con los nuevos emplazamientos como un modo de fortalecer sus redes de autoridad de gran alcance.14 Así, la frontera se fue constituyendo como un espacio «políticamente concertado», donde la gobernabilidad era intrínseca a las relaciones interétnicas.15

Sin embargo, el afán de las autoridades españolas y portuguesas por mate-rializar la frontera y controlar lo que ocurría en «su» lado del territorio, visible en los numerosos fuertes y pueblos fundados entre 1750 y 1790, generó un quie-bre en las relaciones con las parcialidades indígenas. Este fue el inicio de un au-téntico esfuerzo por adquirir la posesión exclusiva de las tierras interiores para transformarlas en espacios gobernables y lucrativos.16 Por ello, la Corona bus-có implantarse en las áreas marginales de su imperio con el fn de imponer una nueva lógica de organización territorial que permitiera alcanzar un control polí-tico y social efectivo del espacio. Así, se buscaba fjar límites y lograr que fue-ran respetados, acompañados de la ubicación permanente de españoles en las fronteras para evitar el establecimiento de otras potencias, las sublevaciones in-dígenas, las intromisiones de los misioneros y la expansión del comercio ilegal. Este fue un reto de dimensiones insospechadas, que incrementó sustancialmen-te la presión militar sobre la región.17 Sería el inicio de un largo proceso, que con-tinuaría durante el siglo xix, de desarticulación de la frontera indígena.18

Para ese entonces, el proceso de difusión de vacunos y equinos en la región, además de haber sido esencial para el sustento de los pueblos misioneros, su-puso un estímulo adicional para los propósitos expansionistas de los portugue-ses. Para los españoles, en cambio, constituyó un problema antes que un be-nefcio, porque las reses aportaron independencia alimentaria a los nómadas y los caballos ampliaron y aumentaron la movilidad de estos. Al mismo tiempo, el escaso poder real de las autoridades coloniales sobre la campaña facilitó que en ella se refugiaran una gran cantidad de individuos de diverso origen, que fue-ron los protagonistas de la gestación de la ruta terrestre a través de la cual tras-ladaron el stock ganadero hacia Brasil. Esto les proporcionó a los nómadas in-dígenas la posibilidad de vivir alternando entre el amparo de un imperio y el del otro, y por lo tanto desafando la legalidad (y la territorialidad) que estos querían imponer.19

Mientras tanto, los portugueses seguían arriando el ganado de forma sis-temática hacia su área de infuencia, desde la cual desarrollaron una política de atracción que buscó compensar su debilidad demográfca.20 Esto marcó un quiebre con respecto a la política española, que había dejado de ver y tratar a las tolderías como vecinos con los que podían alcanzar acuerdos. Así, desde la administración hispana se comenzó a descalifcar y combatir a las parcialidades no sometidas, mientras que del lado portugués se buscó estrechar lazos con las mismas. El resultado fue que en los años posteriores los portugueses acorda-ron numerosos pactos de mutua ayuda y defensa con los caciques de la región, en atención al aumento de la militarización en la Banda Oriental.21

Esta combinación de factores favoreció que la frontera (inconclusa todavía a fnales del ciclo colonial) siempre se mantuviera porosa, que su localización no fuera exacta sino cambiante, de acuerdo con el contexto, y que los límites «of-ciales» coexistieran con otras «fronteras de hecho» entre las tolderías y las pla-zas desperdigadas por la región. En ese sentido, el espacio rioplatense se con-fguró como una región de «fronteras múltiples», que se ajustaban a la interacción entre distintos actores sociales antes que al formato de «espacios de exclusión» proyectado desde los centros de poder.22 Este fue más bien un concepto dis-cursivo y legal que dirigió la actividad imperial del siglo xviii, y que a su vez des-pertó distintas respuestas por parte de los actores locales. De este modo, la frontera creó nuevas oportunidades para aquellos que tenían la capacidad de sacar ventaja de ella, y todas las respuestas que esa circunstancia generó refor-zaron su existencia, aunque bajo esta apariencia porosa, móvil e indefnida que impedía generar la exclusividad a que aspiraban aquellos que la habían pro-yectado.23

3. Los movimientos fronterizos en la Banda Oriental y la reorganización de las jurisdicciones político-administrativas

Fue especialmente después de las fundaciones de Montevideo y Rio Grande cuando la presión española y portuguesa hacia el interior del territorio «oriental» se vio intensifcada. Este proceso no fue uniforme y estuvo sujeto a los avatares de la política europea.24 Asimismo, modifcó el radio de acción de las parciali-dades no sometidas, que continuaron operando en las (cada vez más reducidas) tierras sin colonizar. Desde allí fomentaron la incorporación de individuos y gru-pos marginales, al igual que la hostilidad contra las poblaciones hispanocriollas que les estrechaban cada vez más el cerco. Ante esta situación, las poblacio-nes españolas establecidas en la Banda Oriental intensifcaron los recursos para combatirlos, que siempre parecieron ser insufcientes para un nuevo escenario de fronteras que incluía múltiples desafíos.25

Esa presión de la sociedad hispanocriolla sobre los «infeles» se notó con ma-yor notoriedad aún en el último tercio del siglo xviii, cuando el establecimiento de guardias y la fundación de pueblos contribuyó a aumentar el control colonial sobre el territorio. La creación del virreinato del Río de la Plata, en 1776, y los sucesos asociados directamente a la misma favorecieron esa expansión, que se tradujo en un importante salto demográfco y material. En todo caso, las quejas de los estancieros fue lo que tuvo más repercusión, pues el ganado «alzado» (en teoría, propiedad de la Corona) que se criaba en aquel espacio donde habían f-jado sus establecimientos era el que extraían los portugueses con ayuda de los charrúas, los minuanes y de los changadores.26

Estos comerciantes-hacendados, que hasta entonces habían utilizado las tierras que ocupaban apenas como un lugar de faena del ganado que penetra-ba en la misma y que no habían tenido intención de colonizarlas, fueron pro-tagonistas de diversas polémicas con las autoridades virreinales, y resolver su problema implicaba no solo la movilización de recursos económicos y materia-les cada vez más importantes, sino también la regularización de la propiedad de la tierra y su eventual poblamiento efectivo.27 Si bien el tema del «arreglo de los campos» excede el alcance de este artículo, es importante mencionarlo porque fue clave en el contexto en que se desarrollaron los distintos proyectos y planes de avanzada sobre las tierras interiores del territorio «oriental».28

Ese aumento de la presión hispanocriolla sobre el espacio de frontera se vio refejado en un rápido proceso fundacional que incorporó vastos territorios a una suerte de dominio precario, lo que generó nuevos problemas militares es-pecífcos. De este modo, los españoles se establecieron entre los ríos Paraná y Uruguay, y se impulsaron nuevas fundaciones desde las cercanías de Colonia y desde Montevideo, que continuamente extendió hacia el noreste el territorio efectivamente controlado Desde los nuevos establecimientos se alternaron la ne-gociación, la represión y la contención ante los «infeles», buscando erigir guar-dias que acotaran territorialmente el problema.29

Para ese momento, en la Banda Oriental ya coexistían tres jurisdicciones ad-ministrativas: la de Buenos Aires, que abarcaba Colonia y Soriano; la de Montevideo, que se extendía entre Maldonado y Brasil; y la de las Misiones, que comprendía las estancias al sur de los llamados Siete Pueblos «orientales» (véa-se la fgura 1). Esta división había surgido tras la expulsión de los portugueses de Colonia en 1777, aunque fue cambiando y estuvo siempre defnida vaga-mente. Asimismo, las facciones enfrentadas de Buenos Aires y Montevideo se disputaban el control sobre aquellos territorios, el comercio legal e ilegal que en ellos se desarrollaba, y el ganado que proveía los cada vez más valiosos cueros. Lo novedoso en la primera década del siglo xix es que las autoridades montevi-deanas, sobre todo su cabildo, tenían la voluntad de extender su área de infuen-cia a toda la Banda Oriental, para abarcar también la parte correspondiente al gobierno de las Misiones.30

No obstante, para comienzos del siglo xix se podían distinguir al menos tres áreas: una avanzada colonial emprendida desde Buenos Aires que ascendía a través del curso del río Uruguay; otra impulsada desde Montevideo que tenía la clara intención de superar el límite del río Negro; y un espacio donde el con-trol de las autoridades coloniales se diluía, entre ambos afuentes y hasta las misiones orientales. Esta esquematización general no va en desmedro de los múltiples «puntos ciegos» que subsistían a la colonización hispana, que seguía presentando el aspecto de un puñado de plazas, fuertes y establecimientos desperdigados por un espacio débilmente comunicado y cuyas vías de contac-to eran transitadas por un amplio espectro étnico y cultural. Los portugueses, por su parte, habían consolidado sus posiciones en Rio Grande, en Viamont y en el territorio misionero, y esperaban su oportunidad para avanzar sobre la Banda Oriental, a la que continuaban accediendo gracias a su alianza con un grupo heterogéneo que se movía al margen de la ley e incluía indios, gauchos y españoles/criollos que eran perseguidos por la ley.

Ese territorio, que se disputaba cada vez más abiertamente a medida que avanzaba el proceso de colonización, era el epicentro de esa expansión gana-dera sin precedentes que invirtió la orientación comercial del litoral rioplatense de Potosí hacia el Atlántico. La misma se insertaba en el marco de un proceso más amplio de desarrollo del capitalismo agrario en el Río de la Plata decimo-nónico. Esto suponía una ampliación territorial inédita de los espacios fronteri-zos, que favoreció el desarrollo de actividades extensivas agrícolas y ganaderas que no requerían una mano de obra cualifcada y dependiente. Y estaba acom-pañada de una estructuración de la tenencia de la tierra en la que la pequeña y la mediana producción/propiedad rural coexistían con las grandes extensiones, resultante de las decisiones políticas que se tomaron desde el Estado. De este modo, la presión demográfca, cada vez más evidente, fue propiciando un co-rrimiento desde las tierras de viejo asentamiento hacia los nuevos espacios ga-nados en la frontera, abriendo oportunidades a los emprendedores y a las nue-vas generaciones.31

Si bien hasta ese momento no se había establecido una línea o estructura militar en la banda oriental del río Uruguay, sí se había confgurado un «área fron-teriza» imprecisa y difusa al norte del río Negro.32 En ese sentido, dicho territorio era una suerte de «gran estancia», sin un centro de autoridad defnido ni autori-dades lo sufcientemente «atentas» que impusieran orden y evitaran las faenas clandestinas, el contrabando o las arreadas de ganado.33 Destacaba la presen-cia de pequeños y medianos productores rurales, complementaria a la gran pro-piedad, como en la campaña de Buenos Aires, y el resto del litoral rioplatense. En todo caso, la expansión del hinterland agrario se venía produciendo en eta-pas y alternaba el impulso colonizador ofcial con el poblamiento espontáneo, que fue concomitante o incluso previo, e incluyó la llegada de corrientes migra-torias provenientes de las provincias interiores o de otros puntos de la campa-ña. No es casualidad que en 1780 el virrey Juan José de Vértiz ordenara que las familias sin arraigo en la campaña poblaran las nuevas tierras y defendieran el territorio incorporado, mediante la formación de centros poblados protegidos por un asentamiento militar, dejando en evidencia el doble patrón de ocupación: mi-litar y productiva.34

En ese contexto surgieron los nuevos proyectos de poblamiento y estableci-miento de guardias en la campaña oriental, que se sucedieron hasta los últimos años del régimen colonial, y se formaron diversas partidas destinadas a su vigi-lancia. Aquel espacio hasta entonces había estado protegido por un puñado de guardias a cargo de piquetes de tropa reglada (Dragones y Blandengues de Buenos Aires), mientras que la campaña era «batida» por esas mismas fuerzas o, en su defecto, por partidas de milicias a ración y sin sueldo de Montevideo y de los pueblos desperdigados por el interior del territorio. El fracaso de esta es-trategia quedó confrmado por la creación de un cuerpo de blandengues espe-cífco para la zona en 1797, el Regimiento de Blandengues de la Frontera de Montevideo.35 Esta medida, reclamada sobre todo por los hacendados monte-videanos, era un claro refejo de las necesidades militares del medio rural, que exigía un cuerpo hábil en las corridas del campo, preferentemente integrado por sujetos provenientes de los mismos segmentos sociales que se buscaba repri-mir, aunque con algunos límites precisos para la incorporación, como los deli-tos de sangre.36

Sin embargo, el advenimiento de una nueva guerra con Portugal en 1801 y el avance en los proyectos sobre el arreglo de los campos motivaron nuevos in-tentos de organización militar para la campaña oriental, así como la erección de nuevos cuerpos destinados a su vigilancia y defensa. Fue en ese contexto don-de emergió el proyecto de crear un escuadrón de milicias de caballería en el par-tido de Cerro Largo, que en realidad se insertaba en el marco de un propósito más amplio consistente en crear una línea de partidos militares, con milicias organizadas por pagos, encuadrando en las mismas a la creciente población que habitaba el medio rural en aquellos espacios.

4. Primeros antecedentes del proyecto

Los primeros precedentes de este propósito datan de la década de 1780, cuando las Milicias de Caballería de Montevideo se organizaron en escuadrones. Ya por entonces, las autoridades se habían percatado de que el «considerable núme-ro» de gente en la campaña «efectiva en las seis compañías de Milicias de Ca-ballería de esta plaza y su jurisdicción [hacía muy conveniente] el aumento de otras seis compañías para el completo» (con lo que quedaba un total de doce) y la formación de cuatro escuadrones: dos serían de vecinos, y dos, de foraste-ros, con una previsión de 570 y 670 hombres, respectivamente.37 Se preveía que estos escuadrones tendrían su plana mayor, conformada por un comandante, un sargento mayor y su ayudante mayor, dos ayudantes y cuatro portaestandartes.38

Lo interesante en este punto es que el aumento de la población en la juris-dicción de Montevideo parecía prometer un aumento sustancial de las fuerzas de campaña.39 De hecho, en un estado de fuerza de octubre de 1781 se aclara que la diferencia visible de fuerzas entre las compañías «es por estar arregladas por pagos», asignados a un capitán «para que todo individuo que se establez-ca en los de su mando lo aumente a la fuerza de su Compañía».40 De ello se des-prende que el incremento poblacional estaba dando paso a la formación de com-pañías sueltas por pagos o partidos, y que los capitanes eran al mismo tiempo los reclutadores de esas fuerzas, algo que se confrmó en la segunda mitad de la década de 1790, cuando volvieron a ampliarse las fuerzas milicianas que operaban en Montevideo, su frontera y su campaña, hasta sumar un total de 3.411 milicianos previstos en las guardias de la campaña.41

La creación de la mayor parte de estas compañías databa del año anterior, cuando comenzaron a divisarse movimientos sospechosos en la frontera lu-sobrasileña, y su planifcación fue simultánea (y complementaria) a la del Regi-miento de Blandengues de la Frontera de Montevideo.42 Esto refuerza la idea de que estas fuerzas en realidad se complementaban en el marco de una «articula-ción defensiva»: los blandengues, a sueldo y de servicio permanente, cumplían funciones de vigilancia en la frontera, mientras que las milicias (a ración y sin sueldo, de servicio intermitente) eran movilizadas en caso de ataque o amena-za y para expediciones «tierra adentro».43

En ese contexto, el gobernador Antonio Olaguer Feliú manifestó al virrey Pe-dro Melo de Portugal que, con el fn de aumentar estas fuerzas y lograr que es-tuvieran en las inmediaciones de los parajes que se querían reforzar, era conve-niente disponer que en los territorios más poblados que por su lejanía no habían quedado afectados por el reclutamiento para el Regimiento de Milicias de Ca-ballería «se denominen cuatro partidos [...] enviando a cada uno de ellos un of-cial encargado de alistar su gente y de dividirla por compañías de cien hombres cada una, eligiendo los sujetos más acomodados y aptos para ofciales».44 Es decir, que estarían al mando de una ofcialidad de extracción local, pero bajo su-pervisión de un ofcial veterano en cada partido, aunque se cuidaría que dichos nombramientos no estuviesen a disposición directa de estos últimos y que el vi-rrey tuviera la decisión fnal.45 Feliú estimaba que entre los cuatro partidos se podría juntar a más de tres mil hombres, y que muchos de ellos tenían armas de fuego; y para los que no las poseían previó necesario fabricar chuzas o lanzas «para armarlos de algún modo».46

Junto con estas consideraciones, el gobernador adjuntó una relación sobre la conformación de los partidos «que se componen en los parajes en que hay mucha población».47 Es decir, reaparecía la idea de que existía una considera-ble cantidad de población rural factible de ser movilizada militarmente y que aún no se encontraba encuadrada en las unidades milicianas que existían desde la década anterior en la jurisdicción de Montevideo. Esos partidos serían: 1) Pan-do y Solís Grande; 2) Tala, Santa Lucía y Vejiga; 3) Minas y el territorio adya-cente; 4) Yi, Río Negro y Cordobés. Asimismo, Feliú señaló que en la guardia de Melo (adyacente a Cerro Largo) y sus inmediaciones había «mucha gente que podría alistarse, y arreglarse por compañías»: se refería a la población que cua-tro años más tarde se buscaría encuadrar en el Escuadrón de Milicias de Caba-llería de Cerro Largo.48

Consta que la propuesta de Feliú contó con la aprobación del virrey Melo, y un año más tarde las nuevas compañías ya habían sido alistadas.49 Al frente de los nuevos partidos fueron designados como ofciales, para el primero, Juan An-tonio Martínez, capitán del Regimiento de Infantería de Montevideo; para el se-gundo, Manuel Álvarez, teniente del de Dragones; y para el tercero y cuarto par-tidos, Juan Bautista Rondeau y Francisco Alagón, teniente y alférez del mismo cuerpo, respectivamente.50 No obstante, el partido de Tala, Santa Lucía y Vejiga sería separado pocos días más tarde, ya que en realidad correspondía al Regi-miento de Milicias de Caballería de Montevideo. De este modo los partidos que-daron reducidos a tres, aunque se decidió que los completara el de Cerro Largo, y se encomendó a Agustín de la Rosa el alistamiento correspondiente una vez que el virrey dio el visto bueno.51

Las instrucciones del gobernador a los responsables de la organización de las nuevas compañías eran muy concretas: formar todas las compañías de ca-ballería que permitiera el número de los habitantes, desde los 15 años y con la «robustez necesaria para el servicio», cada una con cien hombres «con las ar-mas de fuego que cada uno tenga» o, en su defecto, con las lanzas y chuzas que proveería el gobernador. Al frente de cada una estarían un capitán, un te-niente y un alférez «de los sujetos de más respeto, y que sean más aptos y aco-modados al intento».52 No obstante, el adiestramiento de los nuevos milicianos dependería de los ofciales veteranos colocados al frente de cada partido; y este debería verifcarse en muy poco tiempo, ajustándose a las posibilidades de los reclutas, y se limitaría a los movimientos indispensables.53

Esta información es importante, pues el proyecto que se elaboró a comien-zos de 1801 para crear un Escuadrón de Milicias de Caballería de Cerro Largo aparece como una parte y una profundización de este proceso. En ese sentido, debe recordarse que la primera orden de formar nuevas compañías de milicias en aquel pago se dio precisamente en noviembre de 1796, cuando se procedió a la erección de los nuevos partidos y fnalmente se decidió que Cerro Largo fue-ra uno de ellos. De este modo, se encargó a Agustín de la Roza que alistara a todos los hombres útiles en aquella zona, con la fnalidad de formar un cuerpo «en los mismos términos que en los cuatro partidos» que había propuesto Feliú.54 Al año siguiente ya existía una compañía de Milicias de Caballería en aquel punto, y casi cuatro años más tarde se retomaron estos proyectos y, en consecuencia, se elaboró el expediente sobre el que se hablaba al inicio de este apartado.

5. Contenido del proyecto

El proyecto de 1801 consta en la transcripción de diversas cartas e informes que el subinspector general de la tropa, Rafael de Sobremonte, intercambió con al-gunos comandantes que habían llevado a cabo acciones militares en la campa-ña oriental: Bernardo Suárez, Francisco Rodríguez, Francisco Alagón y Agustín de la Roza. Estas comunicaciones fueron entabladas en los primeros meses del año, y comenzaron cuando el virrey Miguel de Avilés y del Fierro ordenó la crea-ción de las compañías de milicias que permitiera el estado de las poblaciones de Cerro Largo «y frontera de esta banda», guardando el orden de escuadro-nes, aunque se presumía que solo se podría formar uno si el padrón de habitan-tes estables no permitía mayor número. A tal fn, solicitó a Suárez un informe so-bre el estado de aquellos territorios, en el que se le describió la situación de las jurisdicciones de Montevideo, Buenos Aires y las Misiones y se distinguieron dos espacios dentro de la primera: el comprendido entre los ríos Negro, Cebo-llati y Yaguarón y el arroyo Cordobés, cuyo centro era la villa de Cerro Largo; y el que quedaba entre los ríos Negro y Yi y el arroyo Cordobés, cuyo centro era el arroyo Maestre de Campo. El nuevo escuadrón pasaría a apostarse en la prime-ra de esas zonas delimitadas (véase la fgura 2).55

Cabe recordar que hasta ese momento el Cerro Largo había estado custodia-do por una partida de doscientos blandengues de Buenos Aires y por la compa-ñía suelta de Milicias de Caballería que había formado Agustín de la Roza.56 De hecho, para 1800 casi la mitad de los blandengues de Buenos Aires prestaban servicio en la campaña oriental, lo que aumentaba signifcativamente su deser-ción. Esto explicaría la necesidad de reemplazarlos con un fuerte incremento de las milicias locales, evitando en los hombres la resistencia al traslado y a mante-nerse alejados de sus casas, familias y actividades económicas.57 Al respecto, Suárez explicaba que en Cerro Largo no había baquianos, lo que impedía realizar un empadronamiento que mostrara el estado efectivo de aquellas poblaciones para la organización de las nuevas unidades. No obstante, consideraba que solo se podrían formar dos compañías, porque ya existía una, y que de lo contrario los partidos quedarían desproporcionados poblacionalmente. Algo similar era lo que refería Agustín de la Roza en su territorio: su reporte señala la formación de una compañía de 118 hombres con los vecinos del pueblo y la guardia de Cerro Largo, aunque en 1801 desconocía el estado actual de aquella población.58

Lo cierto es que el 12 de febrero de 1801 se encargó a Suárez la erección de dos nuevas unidades de milicias, además de reforzar la que ya existía en Cerro Largo: con estas fuerzas se esperaba formar el escuadrón tras verifcarse el nú-mero de habitantes existentes en la región. El objetivo era confgurar cinco par-tidos políticos y tres partidos militares, con igual número de compañías, cuyo centro estaría en el arroyo Salsipuedes. Estos últimos serían: Tacuarembó, Aceguá y Olimar, con una compañía adscrita a cada uno. Asimismo, Suárez brindó información sobre las distancias existentes entre diferentes puntos de referen-cia (apuntando a una equidistancia entre las compañías) y un recuento estimativo de las tropas disponibles en la región, que arroja un cálculo de 326 hombres.59 En todo caso, cabe destacar que se repetía el patrón de organización en escua-drones, al igual que la formación de compañías por pagos o partidos al mando de ofciales veteranos, lo cual era posible gracias al considerable aumento de la población rural.

El incremento de habitantes en estos parajes fue corroborado por el obispo Benito Lué y Riega, durante la visita pastoral que desarrolló entre 1803 y 1805 por toda la diócesis de Buenos Aires: al pasar por la capilla de Nuestra Señora del Pilar «de la guardia de Cerro Largo en la Villa de Melo», Lué concluyó que en aquella zona había población sufciente para erigir una nueva parroquia, tan-to para fnanciar la obra de su construcción como trabajar en la misma.60 Lla-ma la atención que el obispo remarcara que la nueva iglesia permitiría a «los feligreses paisanos que no gozan del fuero Castrense [evitarse] las competen-cias bastante frecuentes entre los Capellanes de las Guardias y Curas territoriales», lo que parece confrmar que una parte importante de aquella población permanecía fuera de la organización militar o al menos no contaba con este tipo de fuero.61

De hecho, la observación del recorrido completo de la visita y su cotejo con el plano de las parroquias, capillas y pueblos de indios del obispado de Buenos Aires (véanse las fguras 3 y 4) es muy signifcativo, pues refeja el incipien-te avance poblacional en la campaña oriental y la creación de las nuevas po-blaciones de frontera, en particular en la zona ubicada entre los ríos Yi y Negro y próxima a la frontera con Portugal. En todo caso, estos núcleos poblaciona-les aparecen dispersos y distantes entre sí, y nunca se ubican al norte del río Negro, lo que revela los limitados alcances del control hispanocriollo sobre el territorio «oriental». En otras palabras: la empresa episcopal reproducía esa misma imagen frágil y fragmentada, sin una unidad como tal, pese a que esta existía en la normativa.62 Es decir, algo muy similar a lo que ocurría con las fuer-zas militares y milicianas que se desperdigaban por el interior de aquel terri-torio.

6. La aplicación

Este cuadro de situación parecía expresar que el regimiento de Blandengues de Montevideo no había supuesto una solución completa para las necesidades de la frontera y que no había sustituido a las milicias, especialmente en ese con-texto en que había aumentado la presión bélica con Portugal.63 Esto estaba im-pulsando a las autoridades a encuadrar a la población rural en nuevas compa-ñías milicianas, al igual que a poner las que ya existían «al sueldo», reforzando una distinción ya visible entre las milicias de campaña y las de frontera.64 De todos modos, lo proyectado se puso en marcha y en mayo de ese año Sobremon-te confrmó al virrey Avilés que resultaba viable la formación de tres compañías numerosas. No obstante, el subinspector aclaraba que, aunque sabía que mu-chos de los alistados no tenían «estabilidad», era indispensable contar con ellos «aun cuando los de fja residencia se regulen por la mitad».65 Por tanto, recono-cía abiertamente no solo que había una brecha insalvable entre la fuerza alista-da y la fuerza efectiva, sino también que era imposible completar estos cuerpos sin acudir a sujetos de escasa permanencia.

Con respecto a los ofciales designados para estas nuevas compañías, So-bremonte refería en sus comunicaciones que se habían aprobado sus propues-tas: el capitán Joaquín de Paz, el teniente Bartolomé Neira y el alférez José Núñez para la compañía de Tacuarí; el capitán Andrés Freire, el teniente Pablo Riera y el teniente Diego Zenande para la de Aceguá; y el capitán Eugenio Leal, el teniente Juan Alonso y el alférez Vicente Maguma para la de Olimar. La desig-nación de los sargentos y cabos quedaba a elección de los capitanes.66 Asi-mismo, Sobremonte elevó a Avilés un estado general actualizado de las fuerzas efectivas, aunque este solo contemplaba las fuerzas veteranas «de esta provin-cia», sin mayores especifcaciones al respecto, y las milicias que estaban a suel-do (véase tabla 1).67 Por lo tanto, la información que ofrece es parcial y condicio-nada al contexto de la guerra con Portugal, aunque permite inferir una reducción de las fuerzas. En ese sentido, tampoco parece casual que a mediados del año siguiente el virrey Joaquín del Pino solicitara informes actualizados sobre la in-sufciencia de las fuerzas militares para cubrir los puestos de guarnición.68

En todo caso, queda claro que estas fuerzas no eran sufcientes para aten-der todos los menesteres de la frontera, por lo que era imperativo encuadrar mi-litarmente a la población rural que aún no había sido reclutada y ni siquiera se encontraba censada, pero cuya colaboración se había vuelto determinante en contextos complejos, como el de 1801. Esta decisión no se limitaba a la creación de nuevas unidades milicianas, sino que incluía el asentamiento de las tropas en partidos político-militares estratégicamente ubicados en las zonas fronteri-zas. En efecto, la necesidad de afrmación del control sobre las tierras interiores exigía la presencia de una fuerza armada más o menos regular en la frontera, y la movilización militar de la población campesina era el único modo disponi-ble de sostener los avances sobre la misma.69 Esto respondía a la necesidad de crear un cuerpo de caballería que, aunque estuviera desperdigado, fuera capaz de reunirse rápidamente donde las circunstancias lo demandaran.

Con todo, los alcances de estos proyectos deben ser relativizados. Por ejem-plo, en marzo de 1805 el comandante militar de Minas informaba sobre el esta-do de indefensión que experimentaban por la falta de armas y de soldados «en el caso que se reúnan» y que «podrían formarse una, o más compañías de ur-banos con el solo objeto de ordenarlos, y darles alguna instrucción para la de-fensa de sus propios hogares».70 Su diagnóstico era claro: en Minas solo había cuatro hombres y un cabo para las atenciones del servicio. El comandante del Cerro Largo, por su parte, aparecía solicitando armas para los cien hombres que se habían puesto recientemente a sueldo, y para otro centenar que lo habían he-cho anteriormente, lo que confrma que aquellas milicias eran movilizadas inter-mitentemente y aún no existía una guarnición permanente en aquellos parajes.71 Poco después, este comandante informó al gobernador de Montevideo de que, tras «haberse corrido toda aquella jurisdicción», no había podido juntar los hombres sufcientes para poner a sueldo otra compañía al completo, ya que solo ha-bía reunido un sargento, tres cabos y 46 soldados del mismo cuerpo.72

La explicación a esa situación parecía encontrarse en las exigencias de las actividades agrícolas desarrolladas por los pobladores rurales. Así, en abril de 1804 los vecinos y labradores de aquella jurisdicción elevaron un expediente al Cabildo de Montevideo, quejándose por la pérdida de las cosechas de trigo a causa de las citaciones para las milicias de campaña.73 Mientras tanto, como contrapartida, el Gremio de Hacendados reclamaba protección a las autorida-des y solicitaba el establecimiento de guardias y la disposición de fuerzas que contuvieran a los «infeles» y a los portugueses.74 Del contenido de estos (y otros) documentos se desprende que aquellas milicias que habían sido impulsadas en la campaña oriental seguían existiendo casi exclusivamente en el papel, o en las proyecciones de las autoridades coloniales.

Ante la imagen que devuelven las fuentes, no parece casual que en aquel contexto el subinspector Sobremonte hubiera intentado aplicar un nuevo regla-mento para las milicias disciplinadas de infantería y caballería del virreinato del Río de la Plata en 1801. Cabe destacar que la nueva estructura que se impulsa-ba intentaba robustecer las fuerzas de caballería y el peso que en ellas debían tener las milicias.75 Pero Sobremonte se encontró con la resistencia de los po-deres locales, en especial del Cabildo y del Gremio de Hacendados de Montevideo, que buscaron eludir o evitar contribuir con alguno de sus ramos a la f-nanciación de los nuevos cuerpos disciplinados que se planteaba arreglar. La única alternativa parecía ser el Ramo de Guerra, pero pese a los intentos de ajuste el proyecto acabó naufragando, pues la Real Hacienda concluyó que no podía asumir aquellos gastos.76

Se evidenciaba así una clara contradicción entre las necesidades de la polí-tica defensiva imperial y los intereses de los principales agentes productivos de la región, que se había agudizado en la coyuntura de guerra de principios del si-glo xix. Esto supuso un obstáculo más a la materialización de estos proyectos, que no lograron tener la sufciente fuerza para su concreción efectiva. De hecho, en 1805 hubo un nuevo intento por encauzar la aplicación del Reglamento de 1801, con el mismo nulo resultado.77 De este modo, así como la reforma milicia-na aún permanecía en sus comienzos para 1806, y la ampliación de aquellas fuerzas fnalmente se haría siguiendo el modelo de milicias «urbanas», los pla-nes de formar unas fuerzas de campaña relativamente estables, donde se en-cuadrara la creciente población rural a fn de sostener y consolidar los avances de la sociedad colonial hacia el interior de la Banda Oriental, también presenta-ban el mismo panorama inconcreto, inestable y rodeado de resistencias.78

7. Conclusiones

El proyecto de formar un Escuadrón de Milicias en Cerro Largo fue parte de un proceso que ya estaba en marcha al menos desde la década de 1780 y que ha-bía alcanzado un nuevo impulso a principios del siglo xix. El mismo respondía a la necesidad de la Corona de ocupar militarmente las tierras que se estaban in-corporando al sistema productivo con el desarrollo de la ganadería extensiva, garantizando de este modo los avances de la colonización española en las tierras interiores. Esa extensión de la frontera productiva se enfrentó con la resis-tencia de las poblaciones nómadas y seminómadas no sometidas que habita-ban aquel espacio, al igual que con la amenaza de la avanzada lusobrasileña sobre la Banda Oriental. Si bien estas problemáticas no eran nuevas, habían propiciado la aparición de nuevos desafíos cuando en la segunda mitad del siglo xviii las misiones jesuíticas dejaron de contener o amortiguar sus efectos y no pudieron continuar proveyendo los importantes contingentes de milicias guaraníes auxiliares a la Corona, que habían sido una fuerza de choque clave hasta ese momento.

El fuerte crecimiento poblacional experimentado en aquellas tierras en el úl-timo tramo del siglo xviii parecía estar poniendo a disposición de las autorida-des coloniales un potencial contingente de hombres aptos para el servicio mi-liciano, los cuales todavía permanecían sin encuadrar militarmente y en líneas generales ni siquiera se encontraban censados; y su reclutamiento y moviliza-ción aparentemente prometía dar solución a la falta de tropas veteranas, a la de-serción que experimentaban las compañías de blandengues que prestaban ser-vicio en el territorio «oriental» y a la movilización intermitente e incompleta de los cuerpos de milicias teóricamente ya existentes. En otras palabras: encuadrar a la población campesina en compañías de milicias sueltas parecía ser el único modo de compensar la pérdida del antemural misionero y de los contingen-tes de guaraníes, en un contexto en el que la Corona estaba reduciendo cada vez más su participación directa en la defensa de sus colonias americanas, tanto en lo respectivo al envío de contingentes de tropas veteranas desde la península como en lo que concierne al mantenimiento de regimientos fjos en América.

Ese fuerte aumento poblacional en el interior de la campaña «oriental» apa-rentemente ofrecía las condiciones para la conformación de nuevas compañías de milicias organizadas por pagos o partidos. En ese sentido, el proyecto pro-ponía crear nuevos partidos militares en aquellos espacios fronterizos próximos al río Negro donde se observaba una cierta concentración de población que to-davía no había sido encuadrada en los cuerpos de milicias de caballería que se habían conformado hasta ese momento. Los ofciales-reclutadores serían de ex-tracción local, y debían ser seleccionados de entre los sujetos que presentaran las mayores «aptitudes» sociales, aunque estos se encontrarían bajo la supervi-sión directa de un ofcial veterano que sería designado al frente de cada uno de los partidos y sería el principal responsable del adiestramiento de los nuevos milicianos. En todo caso, los entrenamientos no serían realizados del modo tra-dicional (una vez por semana), sino que su régimen se adaptaría a la disponibi-lidad de los reclutas, condicionada por las demandas del ciclo agrícola.

No obstante, la movilización de los pobladores de la campaña «oriental» en-frentó una serie de difcultades que repercutieron directamente en la materiali-zación de este proyecto. Además de la resistencia de los pobladores a descui-dar sus cosechas, resultaba difícil encontrar sujetos con la debida permanencia en el territorio para completar los cuerpos, que en los hechos parecían existir más en el papel que en la realidad. Eso impedía que estas compañías cumplie-ran la función de guarnición permanente que en teoría les estaba asignada. En el mejor de los casos, las nuevas compañías tenían mucha menos tropa de la prevista, estaban desarmadas y eran movilizadas intermitentemente, situación que el Reglamento de 1801 había intentado remediar, sin éxito.

La resistencia de los hacendados y el Cabildo de Montevideo a fnanciar los cuerpos destinados a brindar la protección que exigían las autoridades colonia-les también determinó los escasos alcances reales de estos intentos. Todo esto dejaba en evidencia la contradicción entre las necesidades defensivas imperia-les y los intereses de los principales agentes productivos, que se había agudi-zado en el contexto bélico de comienzos del siglo xix.

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Footnote

1 El término "banda oriental" hace referencia a la banda oriental del río Uruguay. Si bien hay do-cumentos de la época que también emplean la expresión incluyendo al territorio situado al oriente del río Paraná, en este artículo solo se aplica en relación a la primera interpretación.

2 Copia del expediente de la formación del Escuadrón de Milicias de Caballería de Cerro Largo, Estancia del Fraile Muerto, 10/4/1801, en Archivo General de la Nación Argentina (en adelante, AGNA), IX-2-9-6, f. s/d.

3 Este campo de estudio ha avanzado considerablemente en las últimas décadas. Véanse Ale-mano, 2017; Aguirre, 2014; Torres y Néspolo, 2015; Néspolo, 2012; 2006; Alemano y Carlón, 2009; Carlón, 2008; Canedo, 2006.

4 Aguirre, 2014: 7-9.

5 Lucena, 1996: 268.

6 Erbig, 2016: 446-457.

7 Bracco, 2004: 15.

8 Ibidem: 60-63.

9 Avellaneda y Quarleri, 2007: 121.

10 Birolo, 2015: 35-55.

11 Néspolo, 2006.

12 Bracco, 2004: 68, 93-95. La Unión Ibérica refere al período en que Portugal estuvo bajo la Casa de Austria (1540-1680) y unida dinásticamente a España.

13 Erbig, 2016: 446-447.

14 Ibidem: 455-457.

15 Néspolo, 2006.

16 Erbig, 2016: 461-465.

17 Lucena, 1996: 269-270.

18 Tamagnini, 2022: 53.

19 Bracco, 2004: 94, 119-120.

20 Ibidem: 264.

21 Erbig, 2016: 466-467.

22 Aguirre, 2014: 23.

23 Erbig, 2016: 473.

24 Cherubini, 2021: 246-249.

25 Bracco, 2004: 264-271.

26 Ibidem: 315-318.

27 Pivel Devoto, 1952: passim.

28 El mejor estudio al respecto hasta el momento es Moraes, 2015.

29 Bracco, 2004: 342-343.

30 Prado, 2015: 96-97.

31 Banzato y Lanteri, 2007: 435-436.

32 Tamagnini, 2022: 51-52.

33 Pivel Devoto, 1952: 28-29.

34 Banzato y Lanteri, 2007: 438, 447.

35 Fradkin, 2009: 21.

36 Rodríguez Otheguy y Dellepiane, 1997: 61-64, 72-75.

37 Carta de Joaquín del Pino a José de Gálvez, Montevideo, 23/12/1781, en Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Buenos Aires, 141.

38 "Estado que manifesta la fuerza en que quedan las doce compañías de milicias de caballe-ría de vecinos y forasteros de esta jurisdicción en virtud del aumento hecho de orden del Exmo. Se-ñor Virrey de estas Provincias en el día 9 de octubre de este año", Montevideo, 12/12/1781, en AGI, Buenos Aires, 141.

39 Sobre el incremento poblacional de la jurisdicción de Montevideo, véase Pollero, 2014.

40 Veáse nota 38.

41 Relación de la fuerza con que se halla esta provincia, destinada en esta plaza de Montevideo, su frontera y guardias de la campaña, Montevideo, 17/7/1707, en AGNA, IX-2-9-1, f. 570.

42 Que ambas cosas respondían a una misma planifcación relacionada con la defensa de la frontera hispanoportuguesa se desprende de distintas comunicaciones entre las autoridades. Véa-se, por ejemplo: Carta de Antonio Olaguer Feliú a Pedro Melo de Portugal, Montevideo, 30/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, ff. 529-530. En el mismo legajo hay más documentación.

43 Alemano y Carlón, 2009: 40-41.

44 Según Alemano, fueron "las constantes disputas por el poder local y la resistencia de la po-blación a ser comandada por elementos exógenos a sus comunidades" los que hicieron que la of-cialidad miliciana de extracción local predominara por sobre los efectivos regulares destinados a la frontera. En consecuencia, las milicias se convertían en una extensión de los intereses mercantiles locales; Alemano, 2017: 50.

45 Idem.

46 Carta de Antonio Olaguer Feliú a Pedro Melo de Portugal, Montevideo, 11/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, ff. 380-382. Carta de Antonio Olaguer Feliú a Pedro Melo de Portugal, Montevideo, 21/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, f. 473.

47 "Relación de los cuatro partidos que se componen de los parajes en que hay mucha pobla-ción, y no concurren a la formación del Regimiento de Milicias de Caballería de Montevideo", Montevideo, 11/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, f. 383.

48 Idem.

49 Carta de Antonio Olaguer Feliú a Pedro Melo de Portugal, Buenos Aires, 15/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, f. 384.

50 Carta de Antonio Olaguer Feliú a Pedro Melo de Portugal, Montevideo, 14/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, f. 388.

51 Carta de Antonio Olaguer Feliú a Pedro Melo de Portugal, Montevideo, 21/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, ff. 471-473.

52 Copia de las instrucciones de Antonio Olaguer Feliú a Juan Antonio Martínez, noviembre de 1796, en AGNA, IX-2-8-8, ff. 389-390.

53 Idem. Se preveía que este entrenamiento se desarrollaría en aproximadamente ocho días, en sesiones de no más de una hora, y en un horario que se fjaría de acuerdo con la conveniencia de "los interesados"; una vez completada esta instrucción básica, esta seguiría solo los domingos por la mañana o por la tarde, también a elección de los milicianos.

54 Carta de Antonio Olaguer Feliú a Agustín de la Roza (copia), Montevideo, 22/11/1796, en AGNA, IX-2-8-8, ff. 511-512.

55 Copia del expediente de la formación del Escuadrón de Milicias de Caballería de Cerro Largo, Estancia del Fraile Muerto, 10/4/1801, en AGNA, IX-2-9-6, f. s/d.

56 Beverina, 1992: 395-397.

57 Fradkin, 2012: 222-223.

58 Copia del expediente de la formación del Escuadrón de Milicias de Caballería de Cerro Largo, Estancia del Fraile Muerto, 10/4/1801, en AGNA, IX-2-9-6, f. s/d.

59 Idem.

60 Barral, 2021: 112-113.

61 Idem.

62 Ibidem: 34.

63 Idea que ya ha sido desarrollada para otros espacios bonaerenses por Alemano y Carlón, 2009, y Néspolo, 2012.

64 Fradkin, 2012: 228. Esta situación fue claramente señalada por Sobremonte en una carta di-rigida al virrey Avilés en marzo de 1801. Carta del marqués de Sobremonte al marqués de Avilés, Montevideo, 4/3/1801, en AGNA, IX-2-9-6, ff. 300-301.

65 Carta del marqués de Sobremonte al marqués de Avilés, Montevideo, 6/5/1801, en AGNA, IX-2-9-6, ff. 528-529.

66 Idem.

67 Carta del marqués de Sobremonte a Joaquín del Pino, Montevideo, 27/5/1801, en AGNA, IX-2-9-6, f. 580.

68 Carta de Joaquín del Pino a Rafael de Sobremonte, Buenos Aires, 7/5/1802, en Archivo General de la Nación de Uruguay (en adelante, AGNU), Ex AGA, caja 265, carpeta 7, doc. 91.

69 Garavaglia, 2007: 267-268.

70 Carta de Pascual Ruiz Huidobro al marqués de Sobremonte, Montevideo, 12/3/1805, en AGNA, IX-2-10-6, f. s/d.

71 Idem.

72 Carta de Pascual Ruiz Huidobro al marqués de Sobremonte, Montevideo, 3/4/1805, en AGNA, IX-2-10-6, f. s/d.

73 Ofcio del Cabildo de Montevideo al gobernador Ruiz Huidobro (borrador), Montevideo, 10/4/1804, en AGNU, caja 280, carpeta 1, doc. 58.

74 "Solicitud de los apoderados del Gremio de Hacendados de Montevideo", Montevideo, 12/3/1805, en AGNA, IX-2-10-6, f. s/d.

75 Fradkin, 2014: 141.

76 Caletti, 2016: 210-215.

77 Idem.

78 Fradkin, 2009: 36-37.