Introducción
Desde sus inicios, las universidades han sido instituciones clave en el desarrollo de la sociedad. Por medio de la formación de personas y de la generación de nuevo conocimiento, entregan un aporte crucial para el desarrollo y la cohesión social de la ciudadanía. Además, este resulta ser muy significativo en las comunidades en las cuales germina. Por eso, es fundamental que las universidades trabajen en aumentar las oportunidades y en disminuir las barreras de acceso a la educación superior para facilitar la participación plena y en condiciones de equidad de todos los miembros de la comunidad universitaria. También, es importante destacar, de manera especial, la riqueza que aportan la inclusión, la diversidad y la equidad —como valores que fundamentan nuestro quehacer institucional— al objetivo de ampliar las oportunidades para todos los estudiantes.
El sistema educativo es uno de los principales factores de movilidad social; sin embargo, si este no es inclusivo, puede perpetuar las brechas sociales existentes. Por esto, invitamos a los estudiantes y a sus familias a postularse para que sean admitidos a la universidad. A recibir acompañamiento a lo largo de la trayectoria académica para que se gradúen y logren una titulación oportuna. Sin embargo, si bien en este proceso las universidades pueden apoyar de manera significativa para lograr estos objetivos, se requiere que este trabajo y esfuerzo se realicen entre el estudiante, su familia y la institución en conjunto. Por esto, la premisa ha sido que una universidad más inclusiva y diversa es una mejor institución al servicio del país, pues reúne a estudiantes que provienen de diferentes orígenes, tienen diferentes historias y sus realidades van a enriquecer la experiencia universitaria que se vive en comunidad. En suma, el encuentro de las diferencias es un valor esencial de la vida universitaria (Unesco 2020).
Al presentar en este trabajo el concepto de ampliar oportunidades, se consideran de manera especial las barreras socioeconómicas, culturales, físicas, neurocognitivas o del entorno social, entre otras. Sin duda, y es necesario hacerlo explícito en este artículo, el acceso a la educación superior dependerá de la capacidad que cada país tenga de poder proporcionar el apoyo económico necesario para solventar los costos relacionados con la educación, el cual puede provenir de fondos públicos o privados dependiendo de cada uno de los países. Por otra parte, los aspectos culturales (presencia de diferentes etnias y pueblos originarios, proporción y situación de la población migrante, acceso equitativo de género en la educación superior, etc.), también dependerán de la realidad en cada uno de los diversos países de América Latina (OECD 2019).
Por ejemplo, en Chile, existe un financiamiento mixto, compuesto por aportes estatales (gratuidad para el 60% más pobre de la población), becas y créditos proporcionados por el Estado (sin diferencias del origen de las instituciones, sino con criterios de calidad) y un financiamiento privado por parte de las familias. Junto a estas barreras económicas, presentes en toda la población, un desafío relevante es recibir y apoyar a más estudiantes provenientes de pueblos originarios (del pueblo mapuche y de otras diez etnias en el país) y que, en la actualidad, están subrepresentadas en las universidades. Además, es necesario resaltar que en los últimos diez años Chile ha tenido un crecimiento muy rápido y significativo de la población migrante (proveniente principalmente de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y otros países), quienes ya están accediendo a las universidades, lo que presenta múltiples y diversos desafíos a enfrentar.
Por otra parte, es importante destacar que una sociedad desarrollada se distingue de manera especial por el cuidado y la preocupación por las personas con diferentes tipos y grados de discapacidad. Del mismo modo, una universidad es más inclusiva y acogedoraen la medida en que reconoce la diversidad de sus estudiantes y garantiza que se cumplan sus objetivos de aprendizaje. En los últimos años, lainclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior se ha convertido en un tema central de la agenda académica internacional. Es conocido que la proporción de estudiantes con discapacidad en la educación superior varía ampliamente. Por ejemplo, en países de altos ingresos como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se sitúa entre el 7% y el 14%. En contraste, en países de ingresos medios y bajos, el porcentaje de estudiantes matriculados suele ser inferior al 2%, debido, principalmente, a las barreras de acceso, tanto socioeconómicas como culturales (Moriña 2017).
En forma global, y de acuerdo con la Unesco (2020), menos del 40% de los jóvenes de sectores vulnerables de la región de Latinoamérica logra acceder a la universidad, en contraste con más del 80% de quienes provienen de contextos con mayores ingresos. Estas cifras evidencian que las inequidades en el sistema educativo se inician tempranamente, en la infancia, y muestran la urgencia de fortalecer la educación preescolar y la educación escolar pública destinando mayores recursos y mejorando la calidad de la educación para superar estas brechas que se manifiestan temprano en la vida para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a la educación superior.
Por lo descrito anteriormente, es muy relevante poder reflexionar sobre cómo las políticas públicas de los diferentes países y de las universidades pueden promover la inclusión en los distintos ámbitos en los que aún existen brechas, por ejemplo, de tipo socioeconómico; aquellas relacionadas con los diferentes tipos de discapacidad que puede presentar un estudiante; con su género o su orientación sexual; o con su etnicidad u origen intercultural (Cinda 2019; Moriña 2017; OECD 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este artículo es actualizar los conceptos vinculados a la presencia de oportunidades, a la inclusión y, en especial, a la acogida por parte de la comunidad de estudiantes universitarios. Para esto, junto a una revisión del tema, presento mi experiencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) a lo largo de varias décadas de trabajo como rector y profesor para eliminar diferentes barreras y ampliar nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes (Cinda 2019).
Las oportunidades que se deben estimular
Inclusión económica
Sin duda, y en particular en Latinoamérica, la dimensión económica es una de las barreras más determinantes para el acceso a la educación superior y para el adecuado desempeño de los estudiantes a lo largo de su trayectoria universitaria. Por esto, la presencia de estudiantes provenientes de contextos de vulnerabilidad socioeconómica en instituciones de educación superior es significativamente menor que la de los estudiantes provenientes de contextos más acomodados. Los costos de la matrícula, de las cuotas mensuales de la vivienda y de los diversos costos de vida, como los materiales académicos, el transporte y la alimentación, van a limitar de manera significativa las posibilidades de acceso a la educación superior, así como de progreso en el programa académico que los estudiantes de sectores más empobrecidos y vulnerables hayan elegido. Si bien es cierto que en las últimas décadas en Latinoamérica se ha dado una significativa masificación de la educación superior, y que esto ha incrementado la inscripción de estudiantes por los nuevos costos de las matrículas, esto no necesariamente se traduce en condiciones de equidad. Las profundas brechas socioeconómicas persisten y se traducen en desigualdad de oportunidades para los estudiantes, evidentes al interior de las entidades de educación superior de gran parte del continente (Bowen y Bok 2016; Salmi y Bassett 2014).
De esta manera, los mecanismos de financiamiento que están disponibles —becas, créditos y otros beneficios económicos— han buscado paliar de diferentes formas estas desigualdades. No obstante, la literatura disponible advierte que estas políticas resultan insuficientes si no se complementan con robustos programas de tutoría académica, apoyo psicosocial a los estudiantes, mentorías y orientación vocacional a cargo de personal especializado. Por esto, y debido a la relevancia del tema, en especial en nuestro continente, se reitera que la inclusión económica no debe limitarse solo al acceso; es necesario garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación superior por medio del acompañamiento y seguimiento a sus procesos académicos a medida que avanzan hacia la graduación. Esto requiere un esfuerzo compartido para poder cumplir a cabalidad, y con la excelencia requerida, los requisitos académicos declarados por cada institución universitaria.
Inclusión intercultural
La interculturalidad en nuestros países nos presenta desafíos muy relevantes que debemos comprender y enfrentar. Esto será sin duda diferente según las características de la población de cada país. En este aspecto, la inclusión intercultural no se debe limitar a permitir el acceso de los estudiantes de diversos orígenes, sino que requiere un significativo proceso de actualización y transformación de los currículos, las metodologías y las prácticas institucionales para garantizar el adecuado desarrollo y pertinencia académica de los programas y, así, asegurar la permanencia y aprendizaje de los estudiantes. Implica, también, repensar las dinámicas y estrategias pedagógicas, fomentando el diálogo entre los diferentes saberes y culturas. En este sentido, es importante promocionar y facilitar la presencia de estudiantes de pueblos originarios de cada país y de los hijos de la población migrante que se hayan instalado en nuestros países, a quienes las universidades deberían poder acoger (García et al. 2024; Gillborn 2006).
En el caso de Chile, cerca del 12% de la población general proviene de pueblos originarios (mapuches, quechuas y otras etnias) y un 8% de la población migrante (que ha crecido en forma exponencial en los últimos años y que proviene principalmente de los países mencionados antes). Así pues, es muy notorio que hay una significativa subrepresentación de estos sectores en la comunidad estudiantil de nuestras universidades, lo que evidencia segregación y menos oportunidades de desarrollo integral para dichos estudiantes, lo que sin duda condiciona su potencial de desarrollo futuro.
En las instituciones universitarias, es importante destacar que la falta de representación de académicos de diversas procedencias culturales refuerza las desigualdades, ya que no existe de manera significativa un ejemplo del par, una persona que comparta su cultura y trayectoria y que se convierta en un referente para estos estudiantes. Es necesario insistir en que la inclusión cultural debe entenderse como un proceso que transforma de manera profunda y permanente la universidad en un espacio plural, en el que la diversidad es un motor de innovación y de crecimiento, no un obstáculo permanente. En suma, hay muchos desafíos por superar en cada una de las realidades de los diferentes países; la situación actual de exclusión cultural y racial sigue reproduciéndose en los currículos y planes de estudio; en la representación académica; en las tasas de matriculación y de graduación; y en las oportunidades futuras de inserción laboral de los egresados de los diferentes programas (Khumalo 2019).
Inclusión de estudiantes con discapacidad
La inclusión de personas con discapacidad en la educación superior debe ser entendida, al igual que las demás dimensiones, como una responsabilidad ética y social del país y de las propias instituciones. Esto supone asegurar la flexibilidad pedagógica, la accesibilidad universal y los espacios de interacción entre estudiantes universitarios con y sin discapacidad, fortaleciendo la inclusión social y también académica. Así, se busca no solo garantizar la integración plena de los estudiantes con discapacidad, sino también enriquecer la comunidad universitaria en su totalidad con el valioso testimonio y talento de estos estudiantes (Burgstahler 2015; NCES 2022).
Se ha sido establecido que la inclusión de estudiantes con discapacidad en sus diferentes presentaciones en la universidad constituye un derecho humano, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006). Sin embargo, la realidad en los diferentes países e instituciones muestra que persisten múltiples barreras, dentro de las que se destacan las arquitectónicas, tecnológicas, pedagógicas y actitudinales, las cuales limitan la incorporación y el desarrollo de los estudiantes. Entre ellas, resaltan la falta de accesibilidad en los campus, la escasa formación docente en educación inclusiva y la ausencia de adaptaciones requeridas, factores que dificultan la participación plena de estos estudiantes. Y, por supuesto, al mismo tiempo que se describe la participación en la universidad, se debe tener en cuenta el seguimiento a estos estudiantes, es decir, a su desempeño académico y al futuro de su desarrollo profesional (Al-Azawei et al. 2016; Hehir y Katzman 2016; Moses Center for Accessibility and Inclusive Culture s.f.; Williams et al. 2017).
La discapacidad neurocognitiva abarca retos en los procesos de atención, memoria, lenguaje y resolución de problemas y habilidades sociales, e incluye condiciones como el espectro autista, la dislexia, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Las estrategias de adaptación pedagógica pueden incluir tiempo adicional para dichos estudiantes durante las evaluaciones (lo que aplica también para aquellos con discapacidad sensorial y motora); materiales de apoyo accesibles y tutorías especializadas, entre otros. También incluyen adaptaciones curriculares, mentoría entre pares y programas de autocuidado y vida independiente. Es importante destacar que existen casos de estudiantes con discapacidad múltiple —dentro de las que se incluye la discapacidad motora y cognitiva—, lo que demanda un esfuerzo más significativo por parte de las instituciones para implementar las estrategias de apoyo interdisciplinario y personalizado para garantizar una inclusión efectiva de estos estudiantes en la vida universitaria.
En la actualidad, la educación inclusiva en una universidad se basa en principios que tienen diferentes dimensiones como la flexibilidad pedagógica, la accesibilidad universal y la interacción entre estudiantes con y sin discapacidad. Esto no solo fortalece la integración plena de los estudiantes con requerimientos de apoyo, sino que también enriquece y estimula a toda la comunidad universitaria, al reconocer el valor de la diversidad como un verdadero motor de aprendizaje y de transformación social. Es indudable, y también muy significativo, el aporte que estos estudiantes le entregan a la comunidad universitaria a través de su ejemplo, su trayectoria de vida y, en especial, por medio de hacer realidad el “encuentro de los diferentes” que se produce cuando los estudiantes diversos —y que provienen de diferentes sectores y condiciones de la sociedad— se pertenecen una comunidad plural (Rose y Dalton 2009; Shakespeare 2014).
Trayectoria y realidad de la Universidad Católica de Chile
El trabajo por la inclusión en la UC tiene una larga trayectoria de desarrollo y mejora continua. Se inició hace ya casi cuarenta años, con el ingreso de los estudiantes de contextos vulnerables, los cuales no contaban con los recursos económicos por parte de sus familias para financiar sus estudios. Desde mediados de la primera década del siglo XXI, este proceso ha crecido de manera sostenida, sumándose otros programas como la admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales (1995), el cupo Beca de Excelencia Académica (BEA 2006), Talento Inclusión (2010), el cupo PACE (2017), la vía intercultural (2018) y, más recientemente, las iniciativas de apoyo a la equidad de género en diferentes carreras.
En este sentido, las acciones implementadas por la universidad desde hace décadas han buscado eliminar las barreras de ingreso vinculadas a inequidades de tipo socio- económicas o relacionadas con discapacidad física o cognitiva, de género o por interculturalidad, entre otras. En este marco, programas como PACE, Penta UC y Talento e Inclusión han permitido atraer a estudiantes talentosos que, debido a la falta de oportunidades y a una educación escolar deficiente, requieren métodos de detección de talentos diferentes a las pruebas estandarizadas de selección universitaria que se aplican a nivel nacional en mi país. Estos estudiantes cuentan con planes de nivelación académica previos a entrar a la universidad y con iniciativas de acompañamiento durante el transcurso de la carrera, que han demostrado ser cruciales para el logro de los objetivos propuestos. Estas iniciativas y los trabajos que están orientados a aumentar la inclusión han permitido aumentar, en cerca de una década, de un 32% a un 50% el porcentaje de estudiantes provenientes del sector público (liceos municipales y particulares subvencionados), lo que, considerando el incremento en el número absoluto de estudiantes en estos años (aumento de un 50% en este periodo) es un aporte muy significativo a la educación superior inclusiva y de calidad del país.
Por otra parte, las cifras oficiales muestran que en Chile, el 17% de la población de 2 años y más presenta algún grado de discapacidad (Rozas Assael et al. 2022); sin embargo, en la actualidad, solo el 7% de los jóvenes con necesidades educativas especiales accede a la universidad y un porcentaje aún menor logra titularse. No es posible que los estudiantes que han nacido o que han adquirido condiciones de discapacidad se tengan que enfrentar a entornos educativos que mantengan estos niveles de inequidad y de falta de oportunidades. Es conocido que con un adecuado apoyo, estas situaciones pueden dejar de afectar las oportunidades de un mejor futuro para estos estudiantes.
La universidad también debe ser un espacio que promueva la formación y el desarrollo pleno de las mujeres en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, en Chile, hoy solo una de cada cuatro estudiantes en las áreas de ciencia y tecnología es mujer, una situación que se replica a nivel internacional, pues menos del 30% de los investigadores son mujeres (Unesco 2020). Sin embargo, en la Escuela de Ingeniería de la UC se da cuenta de otra realidad: más del 32% de los matriculados en los programas son mujeres, lo que ha significado un crecimiento importante en la última década. Para revertir la tendencia en el área de las ciencias y colaborar en políticas públicas de equidad, en la UC se implementó una vía especial de ingreso dirigida a mujeres en Física, Matemáticas y Teología. En sentido inverso, se estableció también un mecanismo similar para hombres interesados en Educación de Párvulos, carrera en la que su representación es muy escasa. Así, desde hace años, la actual Dirección de Equidad de Género de la Vicerrectoría Académica desarrolla políticas que están orientadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fortaleciendo así un proyecto educativo integral y equitativo (Bruce et al. 2002; Getzel y Thomas 2008; Moswela y Mukhopadhyay 2011; Tinklin et al. 2004).
Por otra parte, al considerar la interculturalidad, en Chile, más del 12% de la población se identifica como miembro de algún pueblo originario y alrededor de un 8% corresponde a población migrante. Teniendo en cuenta esta realidad, en la universidad se creó el Programa de Interculturalidad UC, en el que por medio de un trabajo transversal e interdisciplinario, se impulsan políticas de admisión intercultural, sistemas de tutorías y acompañamiento académico, junto a la atracción de talentos e inserción de académicos. Así, también, se estimula el fortalecimiento de programas de doctorado y se instaura una política de mayor acogida institucional, entre otros beneficios. Estas iniciativas complementan la vía de admisión intercultural ya existente, destinada a estudiantes pertenecientes a pueblos originarios y comunidades migrantes, la que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años, incrementando de manera significativa la presencia y el aporte de estos estudiantes en la UC.
En suma, es necesario considerar que si bien el acceso a la educación superior tiene gran relevancia, no garantiza la permanencia ni el éxito académico. Las tasas de deserción son especialmente altas entre estudiantes con discapacidad intelectual y cognitiva, mientras que aquellos con discapacidad motora o sensorial suelen beneficiarse de tecnologías de apoyo que facilitan su rendimiento. Sin embargo, los estudiantes con discapacidad en sus diferentes formas y presentaciones continúan enfrentando desafíos relevantes, como discriminación, estigmatización y, en algunas universidades, falta de apoyos académicos y dificultad para acceder a recursos tecnológicos. Otro tema que considerar es que la vida universitaria va más allá de lo académico y, muchas veces, actividades desarrolladas por la institución o por los estudiantes, no tienen un diseño inclusivo que asegure la posibilidad de que ellos y ellas puedan participar de manera amplia en diferentes actividades universitarias (Getzel y Wehman 2005).
Tipos de discapacidad
El análisis conceptual de la discapacidad ha evolucionado desde visiones centradas en la deficiencia hacia un marco integral que reconoce la interacción entre la persona y su entorno comunitario. De esta manera, en el contexto universitario, el factor social es muy relevante y es así como resulta vital comprender las distintas manifestaciones de la discapacidad —motora, sensorial y neurocognitiva— para diseñar estrategias inclusivas que aseguren la plena participación de los estudiantes.
En primer término, la discapacidad motora comprende limitaciones en movilidad, fuerza o coordinación, derivadas de condiciones congénitas, lesiones o enfermedades degenerativas. Sus principales desafíos incluyen la accesibilidad a infraestructura, transporte, laboratorios, bibliotecas y aulas, además del acceso a tecnologías de apoyo. En relación con la discapacidad sensorial, esta incluye deficiencias visuales, auditivas y aquellas que afectan el equilibrio. En la discapacidad visual, se requieren materiales accesibles (braille, textos digitales compatibles con lectores de pantalla) y entornos virtuales compatibles con tecnologías de asistencia. En el caso de la discapacidad auditiva, se hacen necesarios intérpretes de lengua de señas, tomadores de apuntes, sistemas de transcripción simultánea y ajustes en clases para facilitar la comunicación efectiva y promocionar el aprendizaje (Marschark y Hauser 2012; Sengupta et al. 2019).
La discapacidad neurocognitiva abarca dificultades en procesos de atención, memoria, lenguaje, resolución de problemas y habilidades sociales. Incluye condiciones como el espectro autista, la dislexia, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y las lesiones cerebrales adquiridas. Las adaptaciones pedagógicas deben incluir tiempo adicional en evaluaciones (lo que aplica también para discapacidad sensorial y motora), materiales de apoyo accesibles y tutorías especializadas, entre otros (Denhart 2008; Rojewski et al. 2012).
Barreras por superar
Este es un trabajo muy centrado en el proyecto de la UC, el cual se ha comenzado a coordinar con más interés a partir de 2014, con la creación de la Dirección de Inclusión, dependiente de la Vicerrectoría Académica. Su misión ha sido ampliar las oportunidades y disminuir las barreras para la participación plena y en condiciones de equidad de los estudiantes, mediante la implementación de estrategias focalizadas, y el reconocimiento y valoración de la riqueza que significa la diversidad en la universidad. Desde 2023 en la UC se cuenta con la actualización y oficialización de la “Política de Inclusión UC”, estructurada en torno a cuatro ejes estratégicos: una comunidad diversa y accesible; el acceso diverso y equitativo; el proceso formativo y la experiencia universitaria; y la gestión y recursos para la inclusión. Esta mirada amplia y global ha sido muy importante en su redacción, pues cuenta con una mayor participación, socialización e implementación, lo que ha permitido atender de mejor forma los requerimientos integrales de los estudiantes.
Las barreras que limitan la plena inclusión pueden clasificarse en distintas dimensiones. Existen barreras físicas y ambientales, como edificios sin rampas, aulas inadecuadas, bibliotecas y laboratorios no accesibles. También pedagógicas, que incluyen metodologías rígidas, evaluaciones estandarizadas sin adaptaciones y ausencia de materiales accesibles. A ello se suman barreras tecnológicas, relacionadas con plataformas digitales o software educativo incompatible con lectores de pantalla o sistemas de subtitulación. Finalmente, se encuentran las barreras actitudinales, asociadas a prejuicios, estigmatización y falta de conciencia al interior de la comunidad respecto de las necesidades de los estudiantes con discapacidad (Getzel 2008).
En la UC, el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales (PIANE UC) se ha ido consolidando en los últimos veinte años a partir de la revisión y recopilación de experiencias estudiantiles, con el propósito de promover la inclusión de quienes tienen una condición de discapacidad. Su objetivo central desde sus inicios ha sido poder garantizar un ambiente de equidad e igualdad de oportunidades a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidad sensorial, motora y neurocognitiva. Sus ámbitos de acción incluyen el apoyo académico y tecnológico, la asesoría a docentes para adaptar contenidos, metodologías, estrategias pedagógicas y evaluaciones, y también la capacitación en el uso de recursos tecnológicos. De igual manera, se desarrollan actividades de sensibilización a la comunidad y se impulsa la investigación colaborativa en el área de inclusión.En los últimos quince años, el programa ha tenido un crecimiento exponencial. Para describir este cambio podemos indicar que si en 2010 se atendían a 40 estudiantes —principalmente con problemas sensoriales y motores—, en 2024 el programa acompañó a más de 1350 estudiantes, distribuidos en cerca de 160 programas (130 de pregrado, 23 de posgrado y 6 de postítulo) con diferentes tipos de discapacidad, como motora, sensorial o neurocognitiva, entre otras, lo que hoy posiciona a este programa como pionero y líder en Chile, reconocido ampliamente a nivel internacional por su integralidad, amplitud y calidad.
Por medio de la implementación de vías de admisión especial para todas las carreras, basadas en un reglamento que ya está publicado, y que es transparente y conocido, se ha podido aumentar la inclusión y la diversidad en la institución y también en las diversas carreras. Esto requiere una dedicación especial, ya que la diversidad no se presenta de manera espontánea en las diversas carreras de la universidad. De esta forma, las diferentes vías de Admisión Equidad son la expresión concreta del compromiso institucional con la inclusión y la diversidad. Estoy convencido de que el proyecto educativo UC se enriquece con la pluralidad de experiencias, perspectivas y talentos que constituyen un valioso aporte a un proyecto universitario inclusivo, de calidad y, en especial, profundamente conectado con la realidad del país.
Estrategia y acciones por seguir
Uno de los debates más recurrentes en torno a la inclusión universitaria es la supuesta tensión que tradicionalmente se ha planteado entre equidad y excelencia. Algunos críticos sostienen que las políticas de inclusión, como los cupos especiales o la flexibilización curricular, podrían reducir los estándares académicos. Esta realidad también se vivió al interior de la UC cuando se estaban implementando las primeras medidas de inclusión: había una desconfianza transversal en relación con el posible deterioro en la calidad de la enseñanza. Sin embargo, investigaciones recientes muestran lo contrario; se plantea que la diversidad en el aula enriquece los procesos de aprendizaje, fomenta el pensamiento crítico y prepara mejor a los estudiantes para su desempeño futuro. La excelencia, entendida de manera amplia, no se opone a la equidad, sino que la integra. El verdadero reto y desafío consiste en redefinir la excelencia académica, no solo como producción de investigación de alto impacto o de formación de élites, sino como la capacidad de la universidad para contribuir al desarrollo integral y a la cohesión social de la comunidad nacional (Getzel 2088; Manrique y Moreira 2018).
En la actualidad, en la mayoría de los países de Latinoamérica, las oportunidades efectivas de ingreso a las universidades —y en especial a las carreras más demandadas en las universidades más selectivas— siguen siendo limitadas, en gran medida por la diferencia en la formación y preparación de cada estudiante, el cual está sujeto a marcadas diferencias en la educación básica y secundaria que ofrecen los establecimientos educacionales. Estas desigualdades se reflejan en los resultados de las pruebas estandarizadas a nivel nacional de admisión a las universidades, cuyos resultados varían significativamente de acuerdo con el origen socioeconómico de los estudiantes. De esta realidad es que surgió en mi país la necesidad de implementar diferentes vías de equidad en las universidades, lo que en la actualidad puede representar hasta un 20% del ingreso correspondiente a la admisión regular, acorde al sistema único de admisión oficial del país.
De la misma manera se ha abordado la inclusión e incorporación de estudiantes provenientes de pueblos originarios y de la población migrante. Ambos grupos han desempeñado un papel fundamental en la construcción de la cultura nacional, aunque su representación en la educación superior sea más bien escasa. En relación con la población migrante, se han incorporado en plenitud y su aporte —cada vez mayor— ya se percibe en el desarrollo científico, económico y cultural de los países (Manrique y Moreira 2018).
De acuerdo con lo que hemos descrito, la implementación de nuevas metodologías inclusivas es esencial para garantizar la participación plena de los estudiantes con discapacidad en la educación superior, lo que se enmarca en el paradigma del diseño universal para el aprendizaje. Estas metodologías combinan adaptaciones pedagógicas, tecnologías de asistencia y estrategias de apoyo personalizadas que responden a la diversidad funcional de los estudiantes. Estas tecnologías de apoyo y asistencia se han consolidado como un componente clave de la educación inclusiva. En discapacidad visual, por ejemplo, se utilizan lectores de pantalla, software de ampliación, dispositivos con braille electrónicos y aplicaciones de reconocimiento de texto a voz, entre otros avances. Para la discapacidad auditiva, se recurre a intérpretes de lengua de señas, sistemas de subtitulación en tiempo real, aplicaciones de transcripción y dispositivos de amplificación de sonido. La discapacidad motora se apoya en teclados adaptados, software de control por voz y sillas de ruedas motorizadas. En el caso de la discapacidad cognitiva e intelectual, se recurre a programas de organización de tareas, diversas herramientas de lectura simplificada y a novedosas aplicaciones para la gestión del tiempo y, en especial, de la memoria (Dirección de Inclusión 2023; Warnock 1978).
Junto a estas herramientas, destacan estrategias como el aprendizaje cooperativo y la mentoría entre pares, que fortalecen la interacción social, promueven el apoyo académico mutuo y mejoran la retención. Asimismo, las evaluaciones diversificadas —que incluyen pruebas orales, trabajos escritos, presentaciones multimedia y portafolios— permiten medir competencias de manera más equitativa y sin discriminación. Además, con el objeto de lograr un apoyo más integral y transversal, se han creado oficinas de servicios para estudiantes con discapacidad, presentes en un número creciente de universidades, las cuales se encargan de identificar necesidades, coordinar recursos y brindar apoyo integral. Sin embargo, es importante destacar también que el papel de estos centros debe ser de apoyo en la promoción de la inclusión en toda la comunidad educativa, la que debe estar informada y con la voluntad de aportar al proyecto inclusivo. La inclusión debe estar en el corazón de la persona y, sin duda, es tarea de todos los miembros de una comunidad universitaria. Es importante que no se relegue o no solo se deje descansar en oficinas o centros de apoyo específicos. La inclusión debe estar en el centro de la institución (Dirección de Inclusión 2023).
Seguimiento
Estudios recientes confirman que la combinación de estrategias pedagógicas inclusivas y de apoyo personalizado mejora la permanencia, el rendimiento académico y la satisfacción estudiantil. Además, se observa un impacto positivo en la cultura institucional, cuando se promueven entornos más equitativos y se reduce el estigma asociado a la discapacidad. En variadas experiencias internacionales se identifican elementos comunes que configuran buenas prácticas en inclusión universitaria. Entre ellas, se destaca el enfoque centrado en el estudiante, las políticas institucionales claras que asumen la inclusión como un derecho fundamental, la formación docente y sensibilización comunitaria, y la evaluación y mejora continua de los resultados académicos y sociales, para ajustar las estrategias. Por lo descrito, es clave contar con una cultura institucional que sea transparente, conocida y comprometida.
Con respecto a la infraestructura persisten brechas significativas que varían entre las diferentes universidades. Estas incluyen aulas, bibliotecas y laboratorios inaccesibles para estudiantes con movilidad reducida; deficiencias en señalética e información; y carencia de recursos suficientes para responder a las necesidades de estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Otro ámbito crítico corresponde a las dificultades sociales y del entorno, que incluyen estigmatización y prejuicios por parte de docentes y estudiantes, las dificultades para evaluar la diversidad funcional y las necesidades específicas de los estudiantes, y la falta de oportunidades de participación plena en la vida extracurricular y en espacios de liderazgo estudiantil (Álvarez et al. 2017).
Desarrollo, crecimiento e investigación
La investigación y generación de nuevo conocimiento en esta área han tenido un crecimiento muy significativo. En especial, durante los últimos años, el impacto de la inteligencia artificial ha marcado la pauta y el ritmo del desarrollo. La realidad virtual ofrece oportunidades mediante simulaciones para las prácticas experimentales, los laboratorios virtuales y las interacciones motoras y sociales dirigidas a estudiantes con movilidad reducida. Se pueden agregar a estos, los seguimientos personalizados, con énfasis en logros académicos, por medio de la implementación de mentorías académicas y el establecimiento de apoyos continuos. Es importante destacar que una de las líneas de investigación prioritarias corresponde al estudio de medidas que inciden en las políticas universitarias, así como al análisis del impacto de la inclusión en los planes curriculares y en la formación docente inclusiva (Disabled Students UK 2024).
En estos años, las líneas emergentes se han centrado en la integración tecnológica, el análisis de experiencias estudiantiles, la efectividad de las políticas inclusivas y el impacto de las nuevas metodologías docentes. Los avances en la digitalización de la educación han abierto un campo de investigación importante en torno a cómo las nuevas tecnologías pueden favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad en diferentes ámbitos (Florian 2014).
Un tema muy relevante es que investigaciones recientes destacan la necesidad e importancia de abordar la discapacidad en relación con otros factores que pueden presentarse al mismo tiempo en un estudiante determinado, dentro de los que destacan ser de género femenino, pertenecer a alguna comunidad étnica entre los pueblos originarios y provenir de un entorno de vulnerabilidad socioeconómica. Se ha demostrado que las mujeres con discapacidad, por ejemplo, suelen enfrentar barreras adicionales en el acceso y permanencia universitaria. Del mismo modo, la discapacidad combinada con pertenecer a una minoría étnica o provenir de un contexto de bajos recursos económicos tiende a amplificar la exclusión, lo que exige políticas integrales y culturalmente adaptadas.
Acciones por implementar en el presente
La diversidad de la comunidad estudiantil es un desafío que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y eleva, por ende, la calidad del proyecto educativo. Sin embargo, como se ha descrito, esta condición presenta importantes desafíos por enfrentar al interior de la universidad. Para avanzar en este camino, una de las estrategias más importantes es potenciar los sistemas de admisión especial, fortalecer los programas de inclusión impulsados por diferentes universidades en Chile (y también en Latinoamérica) y por el Estado a través del Ministerio de Educación. Estas iniciativas permiten consolidar los mecanismos de apoyo que van a permitir a los estudiantes adquirir las competencias necesarias para mantenerse y progresar académicamente en las instituciones de educación superior del país.
Según lo descrito, con el objetivo de avanzar en la implementación de estas políticas, resulta esencial definir las líneas de acción a implementar, hacer campañas de difusión y de capacitación en la comunidad universitaria y asignar los recursos necesarios para las adecuaciones de infraestructura. Además, desde el punto de vista académico, se requiere programar la malla curricular y extracurricular con criterios de accesibilidad, organizar todos los recursos humanos y tecnológicos para que se puedan ajustar a cada tipo de discapacidad e implementar un sistema de seguimiento a egresados que considere su inserción laboral y otros aspectos de su inserción profesional. Durante el desarrollo de los procesos de acreditación, se ha demostrado que un elemento clave es, además, establecer vínculos sólidos y duraderos con los futuros empleadores para fomentar así entornos de trabajo inclusivos y de larga evolución en el tiempo (Kolb 2015).
La integración exitosa a la vida universitaria en su globalidad de quienes ingresan por vías de inclusión, depende en gran medida del apoyo académico que se les brinde para disminuir las brechas académicas de origen. Así también los propios estudiantes y la comunidad universitaria juegan un papel muy importante. En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, existen aún barreras de infraestructura, pedagógicas, comunicacionales y de acogida de la comunidad que obstaculizan tanto el ingreso como la progresión académica. Es preciso acompañar a estos estudiantes con apoyos académicos y tecnológicos, y, al mismo tiempo, asesorar a los docentes en la entrega de contenidos, evaluaciones y en el uso de recursos tecnológicos. Sin embargo, como se ha expresado previamente, la verdadera inclusión está en el corazón de cada miembro de la comunidad universitaria. Es una decisión personal, que debe estimularse por medio de las políticas de inclusión de la propia institución.
Elfuturo
Con miras al futuro, se requieren evaluaciones de manera continua de las medidas implementadas para potenciar la inclusión. Estas deberían estar basadas en diversos indicadores, tales como la permanencia, el rendimiento y la satisfacción de los estudiantes que pertenecen a un programa de educación superior. Dichas mediciones permitirán retroalimentar de manera más completa la actualización y mejora de las políticas y prácticas educativas. A ello se suma la necesidad de hacer evaluaciones de impacto a largo plazo mediante la implementación de estudios longitudinales que analicen la trayectoria académica, la inserción laboral y la calidad de vida de los graduados. En este sentido, los nuevos avances en inteligencia artificial, así como el aprendizaje adaptativo, van a aportar diversos sistemas capaces de ajustar contenidos, actividades y evaluaciones a las necesidades de cada estudiante, lo que favorecerá la personalización del aprendizaje.
Si bien los avances hacia la inclusión en la educación superior han sido notables en los últimos años, el futuro nos plantea nuevos retos para avanzar hacia una educación más equitativa, accesible, justa y centrada en el estudiante. Es clave estimular el apoyo a través de la implementación de políticas públicas que contribuyan de mejor manera a promover la inclusión de los estudiantes beneficiados con estas políticas. Se requiere una articulación entre los diferentes niveles educativos, en especial, entre la enseñanza media escolar y la educación superior. Es conocido que, actualmente, un número significativo de estudiantes con discapacidad que están cursando la educación secundaria no están accediendo de manera equitativa a los espacios de aprendizaje y eso repercute en sus posibilidades de desarrollo y éxito, al momento de querer ingresar a un programa de educación superior (Burgstahler 2015).
Por otra parte, es importante destacar algunos ejemplos de apoyo que incluyen la posibilidad de otorgar financiamiento basal para la instalación de centros de apoyo a la inclusión; la implementación de un sistema de selección universitaria más equitativo; la posibilidad de apoyos tecnológicos; la creación de nuevas becas; considerar criterios más específicos de inclusión en los procesos regulares de acreditación y de aseguramiento de la calidad, entre otros. Para esto, será clave combinar la innovación pedagógica, nuevas políticas inclusivas y una creciente mirada externa, que implique potenciar la colaboración internacional.
Ideas y conclusiones para reflexionar
Una comunidad universitaria más diversa e inclusiva enriquece y potencia el proyecto educativo. De esta manera, las diferentes miradas aportan a la construcción de un proyecto universitario más inclusivo, más profundo, de mayor calidad y, en especial, mejor conectado con la realidad del país. En última instancia, todas las medidas de inclusión solo alcanzarán su propósito si logran arraigarse en el corazón de cada miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo y profesionales). Solo así se podrá construir un ambiente educacional genuinamente inclusivo. Para que lo anterior sea posible, las instituciones deben tener una mirada y acciones explícitas, acordes con la inclusión y equidad en el proyecto universitario.
Para ser coherentes con lo anterior, el gran desafío de las universidades consiste en responder con eficiencia a la heterogeneidad de sus estudiantes.La educación superior inclusiva para estudiantes con discapacidad constituye un desafío complejo que requiere articular políticas, metodologías pedagógicas, tecnologías accesibles y una cultura institucional comprometida. Se ha demostrado que los estudiantes con discapacidad motora, sensorial, cognitiva e intelectual enfrentan necesidades diferenciadas, que demandan estrategias personalizadas y flexibles. Más aún cuando algunas de estas necesidades se presentan de manera combinada.
En la implementación de un proyecto universitario inclusivo, se requiere un enfoque integral que combine políticas públicas y universitarias, innovación pedagógica, tecnología accesible y un compromiso social con la diversidad. La evidencia científica indica que estas medidas no solo benefician directamente a los estudiantes con discapacidad, sino que además contribuyen a construir entornos académicos más equitativos, enriquecedores y socialmente responsables. Sin duda, es la comunidad en su globalidad la que se beneficia de estas medidas que propician la inclusión.
Por lo tanto, ampliar oportunidades y la inclusión en la educación superior debe entenderse como un proceso multidimensional que exige transfo rmar las estructuras, las prácticas y la cultura de cada institución universitaria. Abordar las dimensiones económicas, culturales, étnicas y de discapacidad supone reconocer que la universidad no es un espacio neutral, sino un agente de transformación para superar las inequidades.
En suma, el camino hacia universidades más inclusivas requiere de voluntad política, de un compromiso institucional decidido y un cambio cultural profundo que reconozca de manera muy explícita la inclusión y la diversidad como un verdadero motor de innovación, justicia y que es central en la misión educativa. De este modo, las universidades se fortalecen al implementar políticas de inclusión para avanzar con equidad y con calidad, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más justa e integrada. En este camino, las universidades latinoamericanas deben hacer sinergia para unir sus esfuerzos en esta causa que está en la misión fundacional de nuestras instituciones: apoyar el desarrollo de los jóvenes y el crecimiento integral del país.
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Ignacio Sánchez Díaz
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) entre 2010 y 2025. Profesor titular de la Facultad de Medicina de la UC. Su trabajo académico y de investigación se ha enfocado en dos campos: en el estudio de la fibrosis quística, asma y función pulmonar en niños; y en el área de Educación Superior, en la que se ha centrado en la gestión universitaria y en el análisis de temas relevantes.
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