De la investigación a la política pública: producción y circulación de conocimiento científico

Abstract

El artículo aborda el funcionamiento de la ciencia en relación con la política pública desde la perspectiva de los investigadores académicos vinculados a la consultoría con organismos gubernamentales. Tres preguntas guían el análisis: ¿cómo piensan y evalúan esta relación?, ¿cómo perciben su lugar en esta relación? y ¿cómo es la circulación del conocimiento entre estos campos? Se concluye que el recurso al conocimiento científico sirve más a la necesidad de legitimar una decisión política tomada, que para ampliar la gama de opciones de decisión o como elemento de sustentación de la política formulada.

O artigo aborda o funcionamento da ciência em relação com a política pública desde a perspectiva dos investigadores acadêmicos vinculados à consultoria com organismos governamentais. Três perguntas guiam a análise: como pensam e avaliam esta relação?, como percebem seu lugar nesta relação? e como é a circulação do conhecimento entre estes campos? Conclui que o recurso ao conhecimento científico serve mais à necessidade de legitimar uma decisão política tomada, que para ampliar a gama de opções de decisão ou como elemento de sustentação da política formulada.

This article explores the workings of science in relation with public policies, from the perspective of scholars engaged in consulting work with governmental organisms. Three questions guide this analysis: how do these scholars think and evaluate this relationship?, how do they perceive their place in this relationship? And, how does knowledge circulate between these two fields? It concludes that appealing to scientific knowledge serves the necessity to justify already taken decisions rather, than to expand the range of options or as an element to support the devised policy.

Una preocupación reciente de la política de desarrollo científico y tecnológico del gobierno brasilero ha sido mejorar la interacción entre científicos y empresas, de manera que pueda incrementarse la transferencia de conocimiento incentivando la innovación y resolviendo algunas de las necesidades de desarrollo del país. Pese a ello, observamos poca iniciativa1 en lo referente a la facilitación del acceso al conocimiento científico por parte de los gestores públicos en la formulación e implementación de políticas públicas. El presente artículo contribuye a pensar esta interacción con base en un estudio hecho con investigadores, técnicos y gestores de dos ministerios: el de Desarrollo Agrario y el de Medio Ambiente. A partir de la necesidad de delimitar un universo de observación, se procedió con la elección de los ministerios mencionados, orientada por nuestro interés de investigación en temas relativos a la interfaz entre agricultura familiar y conservación de la biodiversidad. No obstante, no es nuestra preocupación, de momento, discutir la especificidad de ese campo temático en la conformación de redes de consultorías y de investigación y el modo de analizar la relación entre ciencia y política.

En el contexto de los llamados estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la presente reflexión apunta a profundizar el conocimiento del papel de la ciencia en la formulación de políticas públicas a partir de la mirada de seis investigadores. Buscamos entender la perspectiva de los científicos2 sobre las maneras como se da la circulación del conocimiento entre científicos y gestores durante el proceso de elaboración de políticas públicas. No haremos referencia a ningún caso específico de esa relación. Nuestras reflexiones estarán guiadas por las percepciones de los investigadores sobre sus experiencias personales. Entre los entrevistados, todos con doctorado y posdoctorado, están dos biólogos, uno de ellos ocupó cargos de gestión pública en órganos de control ambiental y ejerció funciones de mediación y asesoría en diversos foros de política ambiental (B1)3. El otro es profesor universitario y coordinador de proyectos de intervención ambiental en áreas particulares bajo el requerimiento de órganos públicos de control ambiental (B2). Entre el resto, se encuentran dos sociólogos y dos economistas. Los sociólogos, una mujer (S1) y un hombre (S2), son profesores universitarios de cursos de pregrado y posgrado con extensa producción académica4 y con experiencia como coordinadores o como participantes de proyectos de investigación en asocio con organismos de gestión pública. Entre los economistas, ambos profesores universitarios también vinculados a programas de posgrado y con extensa producción académica, uno se destaca por tener experiencia como gestor público (E1), el otro por coordinar proyectos de investigación y consultoría requeridos por organismos públicos gubernamentales (E2).

Para desarrollar nuestro objetivo elaboramos tres preguntas orientadoras: ¿cómo piensan y validan los científicos la asesoría a gestores públicos? ¿Cómo perciben los primeros su lugar en esa relación? ¿Cómo se da la circulación de conocimiento entre esos dos campos?

En Brasil, la institucionalización de procedimientos para el uso del conocimiento científico por parte de los gestores públicos es bastante incipiente, con excepción de algunas iniciativas aisladas y heterogéneas de algunos ministerios5. Se observa que, de modo general, no existe una preocupación sistemática en sustentar la formulación de políticas públicas en conocimientos validados científicamente, lo cual no quiere decir que no se recurra a ese tipo de conocimiento, sino que se hace de diferentes modos, sin obedecer a protocolos o procedimientos predefinidos. Se observa igualmente una tendencia a la circulación de conocimiento o de especialistas, luego de que la política ha sido formulada e implementada, o sea, como una manera de evaluación con miras a la mejoría.

Merece atención el Núcleo de Estudios Agrarios y de Desarrollo Rural (NEAD), del Ministerio de Desarrollo Agrario, que mantiene una relación estrecha con instituciones académicas e investigadores que trabajan con temas de interés del Ministerio y con movimientos sociales rurales. Su misión es "contribuir con la evaluación, monitoreo y perfeccionamiento de las políticas de desarrollo rural, promoviendo estudios e investigaciones" sobre temas rurales6. No obstante, pese a que esta institución es bien conocida por especialistas y movimientos sociales rurales, internamente, o al menos entre nuestros entrevistados, no es considerada como un punto de referencia de las necesidades de los gestores en su práctica cotidiana.

El presente artículo está dividido en tres partes, además de la introducción y las consideraciones finales. En la primera aclaramos la perspectiva teórica que fundamentó nuestro análisis, la segunda trata de la percepción de los investigadores sobre la relación entre ciencia y políticas públicas y el lugar en que se insertan en esa relación, la tercera aborda las formas y mecanismos de circulación del conocimiento en ese contexto.

CIENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS COMO COPRODUCIDAS

La literatura internacional es abundante en proporcionar abordajes acerca de la relación entre conocimiento científico y políticas públicas. La perspectiva más recurrente y pragmática es aquella que presenta una caja de herramientas para facilitar el acceso al conocimiento científico por parte de quienes gestionan las políticas públicas (Laurent, 2009; Pullin et al., 2005; Sutherland et al., 2004). Con amplia implementación por los gobiernos de países anglosajones7, la Evidence-Based Policy (EBP) (Laurent, 2009; Pullin et al., 2005; Sutherland et al., 2004) se basa en una determinada concepción de la ciencia vinculada a la idea de un "conocimiento objetivo" que se diferenciaría de otras formas de conocimiento asumidas como cargadas de valores. Por otra parte, subyace a esta perspectiva una percepción de la política y de la ciencia como campos separados, lo que justificaría la búsqueda de instrumentos capaces de tender puentes para superar el abismo que les separa. Se parte del principio, según el cual, al conocimiento científico le corresponde llenar los vacíos de conocimiento inherentes a la formulación de políticas públicas. Así, en cuanto mejor informada sea la política y en cuanto más amplia sea la gama de opciones ofrecidas por la racionalidad científica, mayor será la posibilidad de formulación de políticas más eficaces.

En otra dirección, gana fuerza en todo el mundo un conjunto heterogéneo de investigaciones sobre el papel de la ciencia en la sociedad, las cuales han sido llamadas convencionalmente Science and Technology Studies (STS) oEstudios Sociales de Ciencia y Tecnología. Estos estudios, a partir de varias metodologías, buscan demostrar la interpenetración entre conocimiento, cultura y política, mediante el análisis de los procesos a través de los cuales estos campos se redefinen mutuamente. Así, no cabría percibir ciencia y política como campos (u órdenes sociales) autocontenidos, sino como formas de ordenamiento construidas por medio de un proceso constante de mezcla y separación, de conjunción y distinción (Latour, 2005; Law, 1994).

Acompañando estas perspectivas críticas, buscamos en este artículo hacer un esfuerzo por comprender los procesos de traducción (Latour, 2000) entre ciencia y política pública. Para superar una perspectiva dualista recurrimos al diálogo con el "lenguaje de la coproducción" (Jasanoff, 2004), el cual sugiere que las formas de hacer política de un determinado contexto sociohistórico están íntimamente relacionadas con las formas de ordenamiento legítimas en aquel momento. Esta legitimidad se arraiga en el ambiente cultural de este mismo contexto. Como veremos, los científicos actúan políticamente y la política hace parte de sus prácticas y acciones como científicos, lo que demuestra que esta separación es, por lo menos, incauta.

La injerencia de la ciencia en la política, y específica-mente, en la formulación de políticas públicas, está, por lo tanto, no solamente en la contribución de las informaciones científicas o en la opinión de especialistas externos al aparato estatal, sino también en la propia actuación de científicos y de gestores, además del modo en que se piensa la política. Siguiendo la argumentación de Jasanoff (2004), estamos de acuerdo en que la democracia moderna se basa (dependiendo del país, en mayor o en menor grado) en una cultura de valorización de la racionalidad científica y del pensamiento objetivamente producido. En esa dirección, intentaremos mostrar que gestión pública y práctica científica se aproximan en diferentes momentos y espacios, sea porque comparten instrumentos de legitimación o sea porque combinan actores y conocimiento. Como veremos, determinadas cuestiones que alimentan la práctica científica son fruto de un modo de concebir políticamente la ciencia. Todos esos procesos se arraigan en una determinada cultura que valora la racionalidad, la objetividad y la autonomía como valores centrales, siendo la ciencia y la tecnología agentes políticos incrustados en esa cultura (Jasanoff, 2004).

Entendemos que así como la política, la ciencia no se produce en el vacío a partir de una realidad objetiva por ser descubierta de parte del investigador. El conocimiento en general y el científico en particular en sus diversas materializaciones, son al mismo tiempo productos del trabajo social y elementos constitutivos de la vida en sociedad. Reconocer el proceso de coproducción implica aceptar la injerencia de aspectos sociales, económicos y culturales en ambos campos, lo cual no significa que no se diferencien o que operen del mismo modo.

EL PAPEL QUE LOS CIENTÍFICOS SE ATRIBUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La relación entre ciencia y política pública es discutida en este trabajo a través de las percepciones de los científicos sobre sus dificultades y potencialidades, a partir de la posición que ocupan en la red de circulación de conocimiento. Nuestro propósito aquí es aprehender la manera como la relación entre científicos y gestores8 está pensada, justificada y construida (en términos de espacios e instituciones), considerando sus prácticas profesionales y las interlocuciones con gestores. Este tópico tiene como objetivo identificar lo que para los científicos se muestra relevante en la circulación del conocimiento científico y en la demanda de investigaciones.

En un contexto dominado por el ideal de autonomía y de algún grado de neutralidad o de distanciamiento, la necesidad de la delimitación de un lugar que diferencie investigador y gestor es una constante. Entre los científicos entrevistados esa preocupación se expresa en diferentes justificaciones en cuanto al vínculo de sus trayectorias profesionales y las demandas sociales y políticas (incluyendo allí la relación con el Estado) en la construcción de sus agendas de investigación. Para un sociólogo, ese distanciamiento es fruto de la

[…] cultura de la producción de conocimiento en Brasil […]. Parece que son dos mundos separados y que no se comunican. Las críticas dirigidas [a nosotros] es que somos cerrados y la nuestra es que ellos carecen de teoría. Entonces se debe construir un puente e interfaces (S2).

Sugiere que la Universidad, como institución, podría apelar a la responsabilidad de crear mecanismos de transmisión de conocimiento que alcancen a un público más amplio como el de los gestores.

En otros casos, demandas expresadas por diferentes sectores de la sociedad y del Estado se transforman en motivaciones para investigar, diluyendo las fronteras de la academia (en un proceso que puede calificarse como "militancia", "participación política", o simplemente la función social de la ciencia). Eso no significa que tales investigadores se dediquen exclusivamente a este tipo de interlocución, sus trayectorias están marcadas por la elección de temas de investigación en relación con los problemas de la sociedad y las formas específicas de trabajarlas. Con todo, al contrario de la posición de algunos autores como Hoope (2005), quien reconoce que los científicos deberían también proponer políticas, nuestros investigadores reafirman la distinción del papel de cada uno, de manera que la dimensión más propositiva, o normativa, quede bajo la responsabilidad de los gestores que pueden recurrir, o no, al conocimiento producido.

Interrogada sobre los posibles caminos para solucionar las dificultades de esa relación, una socióloga responde:

Lo encuentro no resuelto y no deseado. Hallo esta tensión saludable, con nuestro tiempo, con nuestra lógica, la encuentro importante… Son dos visiones; nosotros tenemos que generar problemas y no planes de gobierno; las soluciones tienen que ser construidas en el campo de la política. Los formuladores y gestores, abiertos para escuchar nuestros argumentos, reconocían la pertinencia de [nuestras] preguntas, y se confesaban de manos atadas por las presiones cotidianas (S1).

Otro investigador enumera algunos factores por considerar:

Primero, entre la teoría y la política pública, está la política. Yo puedo atender al gestor y él recibir lo que quería y no usarlo. La posibilidad de aceptarlo o no, depende de las circunstancias políticas en que él (el conocimiento) es solicitado y recibido. Usted demanda el conocimiento como parte de la disputa (política) interna. Segundo, el conocimiento es exigido para fortalecer posiciones. Arrojar luz sobre el conocimiento ayuda a separar el grano de la paja, mediante el tamiz social. Tercero, el conocimiento es instrumento de poder. Estas razones impiden la apropiación y transformación del conocimiento en política pública (E1).

Sin embargo, esas observaciones no permiten decir que la relación entre investigaciones científicas y políticas públicas esté marcada por una diferencia irreconciliable, como esferas autónomas, y tampoco podemos negar sus especificidades. Es a partir del ejercicio de esas mediaciones que los investigadores van a discutir los vínculos, los límites y las expectativas de los actores que son parte de esa relación. Tales diferencias exigen un esfuerzo de traducción para que haya un mínimo de inteligibilidad capaz de promover la apropiación y uso de las investigaciones en políticas públicas específicas. En la perspectiva de un economista entrevistado, "el personal del gobierno que debe ejecutar el presupuesto, rellenar formularios" habría tenido disposición a un mayor acercamiento, pero "la lógica de trabajo de los policy makers lo impide", entendiendo por esa "lógica" la dinámica cotidiana de los gestores, verbalizada como timing:

Estas dificultades surgen sobre todo en un timing diferente entre investigación y el día a día de la política; es difícil cruzar efectivamente estas perspectivas porque son dinámicas muy diferentes […] los gestores desean resultados más rápidos […] en cuanto usted [el investigador] viene con resultados que son problemas. Entonces, eso complica un poco más. Creo que la primera dificultad es concatenar, sintonizar el timing del investigador con el del gestor (E2).

Los resultados de las investigaciones pasan por un "filtro" (mediaciones políticas) antes de que sean utilizados, lo que obliga a que tanto investigadores como gestores hagan esfuerzos para facilitar esa comunicación. Esas mediaciones suceden de diversas maneras, no siempre de forma directa y explícita. Se toma como indicio de la existencia de estos filtros: la finalidad dada a la investigación, su uso o descarte en la formulación de políticas públicas e, incluso, la divulgación o no de una investigación encomendada.

La noción de filtro apunta a la flexibilidad inherente al modo como los gestores se apropian del conocimiento científico, que no se lleva a cabo directamente o sin transformación por parte de los gestores e incluso por parte de los investigadores, quienes también son llevados a adaptar su pregunta, formulada con base en una determinada epistemología (la científica), a las preguntas demandadas por la política pública, lo cual resultaría en lo que Hoope (2005) llama boundary work cuando describe las transformaciones necesarias para la coordinación de las acciones de los diferentes actores en un proceso similar.

Las "perspectivas diferentes" puestas en relación, obligan al uso de conceptos y categorías "que no son aquellas manipuladas por el gestor [teniendo que] haber allí un esfuerzo de traducción. Estos elementos no son insuperables, pero ameritan una preocupación", advierte un investigador, economista (E2). Hay una autocrítica hecha por los entrevistados en cuanto a la corresponsabilidad de los científicos en relación con estas dificultades, en la medida en que, según ellos, la práctica de los académicos llevaría al cierre del acceso y dificultaría la circulación, entre los gestores, de las investigaciones y las referencias producidas por esos investigadores, ya que "la definición en la política pública no sería guiada únicamente por la racionalidad científica" (E2).

A pesar de que reconozcan las diferencias existentes entre ellos, los investigadores entrevistados las enfrentan como "diferencias manejables" o de "divergencia contenida". Entre éstas destacan principalmente la percepción de los tiempos de cada uno: el necesario para la ejecución de las investigaciones y de la rutina del gestor. Para los investigadores, la diferencia entre los tiempos dificulta el cruce de perspectivas a causa de las dinámicas de cada lado y de las expectativas sobre los resultados. Sin embargo, si para los gestores ese desajuste está expresado como una "falta de tiempo" para dedicarse a la búsqueda de lecturas de material validado científicamente para fundamentar el proceso de formulación de políticas, para los investigadores lo que existe es una diferencia de cultura. De manera que no se puede esperar del gestor que se informe y amplíe su conocimiento con los mismos instrumentos de la ciencia por medio de artículos científicos como establece la Estructuradora Brasileira de Projetos (EBP) y como ponen en práctica algunos gobiernos y organismos internacionales. Además, también se destacan las diferencias de lenguajes:

La manera como los académicos se comportan es completamente cerrada y difícil de comprender por los gestores; en nuestro campo creo que hay pocas personas queriendo hacer eso […] de pensar ese carácter aplicado del conocimiento sin caer en la ideología. Creo que en Brasil también hay pocos, pero existe esta mediación entre ciencia y política; los think tanks pueden cumplir este papel (S2).

Pero no todos están de acuerdo en que el lenguaje es un problema. La especificidad del lenguaje científico es su expresión rigurosa y, como tal, debe mantenerse. Lo más importante para una investigadora-gestora es la

[…] discontinuidad del mando de articulación de la política. […] si los técnicos no logran acceder a este lenguaje, no se trata de nivelar por lo bajo […] creo que [la dificultad de aplicar el conocimiento científico a la política] pasa por la falta de continuidad de las políticas públicas, los calendarios electorales […]. En esos cambios suceden las injerencias políticas (B1).

Aquí se encuentran dos problemas prácticos de difícil solución: cómo desarrollar una investigación cuidadosa dentro de los límites de tiempo exigidos por la gestión pública y cómo traducir el resultado de la investigación para que se torne comprensible y adaptado a las necesidades de la política pública. Esas diferencias se materializan en la dificultad de circulación entre las "categorías, notas y procedimientos" que, para el investigador, pueden impedir o hacer inviable el acceso al mundo del gestor y sus formas de comprensión, una epistemología que es parte del día tras día de la gestión pública, y que le permite al gestor codificar actuaciones y objetivos. Esa incomprensión recíproca pasa por la existencia de sistemas de clasificación del mundo diferentes:

[…] los gestores están acostumbrados a trabajar en el día a día con determinadas clasificaciones, firmas, procedimientos y a veces si el investigador no lee muy bien los documentos, las normas, la base legal, para entender los códigos del gestor, no entenderá de hecho qué está ocurriendo allí. No siempre ocurre de este modo, pero la situación exige una preocupación (E2).

Debe considerarse también la dificultad implicada en la necesidad de adecuación de los resultados esperados. No siempre el investigador logra responder las preguntas hechas por los gestores en la dirección que ellos esperaban: "Hay una dificultad enorme en esta relación; temporalidades diferentes, cuestión del producto (resultado de la investigación), su destino. Muchas veces hay situaciones de alteraciones del producto debido a resultados considerados inadecuados" (E2). En algunos casos, cuando hay un acompañamiento del progreso de la investigación por parte de los gestores, la pregunta-problema, que a veces no estaba suficientemente clara para el investigador o incluso para el propio gestor, es reformulada durante el proceso de investigación, lo que revela una relación de aprendizaje y transformación de ambas partes. En esos casos sucede que esos cambios se muestran más importantes para los gestores que el resultado final de la investigación. En esos momentos de interlocución intelectual muchos gestores se benefician del conocimiento académico, con lo cual encuentran respuestas para sus inquietudes, por lo que queda el "producto" final en segundo plano o simplemente olvidado en medio de tantos otros informes sin lectura.

El tiempo, o timing, por tanto, no está relacionado solamente con una diferencia entre las prácticas (académica y de gestión), sino también con el modo de funcionamiento de cada una de éstas, esto es, las redes que conforman y delimitan el universo en el que sucederán los intercambios, las alianzas y la adecuación de los objetivos propios de cada práctica. Esas redes no pueden ser reducidas una a la otra porque el agregado movilizado no es siempre el mismo: hay especificidades en las alianzas, así como existen especificidades en los tipos de registros, rutinas y materialidades. Además, las redes que movilizan investigadores y gestores no son siempre las mismas -a pesar de que puede haber actores que integren redes diferentes a la vez-.

Los investigadores integran redes que pueden ir más allá de sus instituciones, que incluyen y excluyen a otros investigadores y actores como organizaciones no gubernamentales (ONG) y movimientos sociales, en alianzas renovadas o rehechas a cada esfuerzo por atender las demandas de los gestores públicos que, a su vez, integran otras redes de gestores y de investigadores. Indagar sobre los criterios de conformación de esas redes no fue objeto de la presente investigación; en lo que pudimos observar, las elecciones se orientan por relaciones personales o de conocimiento anterior al trabajo de consultoría. Esas relaciones pueden ser construidas teniéndose en cuenta un sentimiento de "confianza" y de proximidad resultantes de una convivencia académica previa (relación tutor/profesor-alumno, por ejemplo), o de otras formas de conocimiento personal. Esa confianza es renovada en cada proyecto, lo que produce una cierta inercia en la conformación de esas redes que integran investigadores y gestores públicos.

Diría que predomina la relación personal […] pero los investigadores llamados, son aquellos que tienen relaciones personales; no se trata de personalización, sino de un conocimiento previo que se tiene de los investigadores, tal vez se tenga leída alguna cosa; es personal mediado por lo publicado o por vínculos personales […]. No es sólo la competencia la que está en juego; se buscan personas en las cuales se tenga confianza […] (S1).

Una hipótesis explicativa para la selección de determinados grupos de investigadores como interlocutores privilegiados de los gestores es que, cuanto mayor sea la capacidad del coordinador de proyectos para ampliar su red integrando a investigadores de instituciones académicas diferentes, mayor será su capacidad de renovar consultorías en el ámbito de la gestión de políticas públicas. Tal amplitud puede ser entendida como un elemento de poder en sí misma (Foucault, 1996), tanto para el investigador como para el gestor, lo que aumentaría el potencial inercial de esa relación. De las notas anteriores, nos parece posible sugerir que la forma en la cual los resultados de las investigaciones circularán, dependerá de cómo serán producidas dichas investigaciones, o sea, de las bases de positividad epistemológica subyacentes (Jasanoff, 2004).

CIRCULACIÓN Y TRADUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Pensar la producción y circulación de las investigaciones científicas requiere de nosotros un esfuerzo teórico que nos permita entender estas prácticas a partir de las relaciones que éstas establecen con otros autores. En contraste con la visión difusionista de ciencia, Latour propone el término desplazamiento. Para él, el difusionismo que habría dominado el punto de vista sobre la producción y circulación de los hechos científicos y de los objetos técnicos en nuestra sociedad, no sería una especie de determinismo técnico y científico en que los hechos y objetos circulan sin la participación de otros factores. Ideas generarían ideas y así serían reproducidas por los investigadores que traerían individualmente al resto de la sociedad el punto de vista innovador. La formación de nuevas perspectivas sería en parte, por lo tanto, resultado de un esfuerzo donde lo que contaría sería la capacidad de ver lo que antes estaba "oculto" al conjunto de actores (Fleck, 1986; Kuhn, 1998).

La formulación de la política pública puede prescindir del conocimiento como vía directa de sustentación y legitimación, como mostró nuestra investigación. Alternativamente, ésta puede exigir una alianza a partir del convencimiento y adecuación entre diferentes perspectivas, lo que normalmente ocurre en espacios especializados ("foros") donde los conocimientos circulan y son producidos. Como sintetiza uno de los entrevistados:

[Estos foros serían] productores de ideas que van a alimentar los foros políticos donde ellas [las políticas] son decididas. Estos foros se alimentan de producción científica, sea por medio de conocimiento generado fuera de sus estructuras o en buena parte de los casos, generado dentro de las estructuras (E2).

El encuentro entre diferentes actores y perspectivas exige de los científicos la capacidad de traducción de esas diferencias, conforme a la experiencia de uno de los entrevistados: "[…] acabamos trabajando en ambos lados: los propietarios [de la tierra] nos convidan a hacer charlas con ellos, del mismo modo que el órgano ambiental y el Ministerio Público nos llama para hacer cursos de capacitación a gestores y técnicos". Aquí ocurre una hibridación más íntima entre ciencia y políticas públicas cuando el científico ocupa el lugar de quien implementa la regulación pública, incorporando al tiempo una actuación como "regulador" y "esclarecedor" junto al tercer elemento que es el propietario sancionado por el órgano público:

Los órganos y promotores ambientales, tomaron conocimiento de nuestro trabajo a partir de los resultados obtenidos, así como mediante el envío de los informes presentados, de modo que ellos pudieron ver nuestra metodología y las soluciones aplicadas entre otros casos. De ese modo han venido a decirnos; entonces los contactos y comunicaciones funcionan a partir de una demanda, por ejemplo, una multa impuesta por el órgano ambiental/Ministerio Público (MP) […] de ahí hacemos los ajustes necesarios y presentamos los informes a los órganos (B2).

Además, es importante resaltar que los conocimientos generados por demanda directa no tienen circulación limitada entre investigadores y gestores; la posibilidad de apropiación de las informaciones por otros actores sociales es parte de una circulación-traslación más amplia del conocimiento, bien sea en el medio académico (en congresos académicos, por ejemplo) o en otros sectores gubernamentales (en los seminarios y talleres organizados por los ministerios).

No obstante, existen casos en que el conocimiento y otras informaciones producidas por demanda gubernamental son restringidos para su publicación o divulgación cuando no son olvidados en los estantes de los gestores. Esta circulación restringida del conocimiento producido con fondos públicos es objeto de cuestionamiento hasta de los propios investigadores que son impedidos de citar o utilizar datos e informaciones producidos por ellos o por otros. La circulación del conocimiento, al menos en este caso, enfrenta un obstáculo que está fuera del control de sus propios productores y hasta de los gestores, lo que sugiere otra pregunta que no fue objeto de nuestra investigación: ¿qué uso se da del conocimiento producido de acuerdo con la demanda de las estructuras gubernamentales? Si imagináramos que no todo el conocimiento producido en estas circunstancias resulta en la mejoría o en la re-formulación de políticas, ¿qué explicaría la movilización de recursos públicos para satisfacer gastos con la realización de investigaciones?

Aunque no hay términos detallados de estas cuestiones, algunas observaciones de los investigadores entrevistados indican dos hipótesis explicativas que serán desarrolladas en otra oportunidad. En primer lugar, considerando que en la sociedad contemporánea la ciencia es considerada como una fuente de justificación y legitimidad, podemos suponer que relaciones con equipos de investigadores reconocidos que resultan en la producción de informes "validados empíricamente" componen el conjunto de instrumentos de sustentación política de determinados grupos dentro de la estructura gubernamental. Stengers (2009) argumenta que vivimos en una fase del "capitalismo cognitivo" donde son los trabajadores de lo "inmaterial" quienes manipulan saberes abstractos en cooperación unos con otros, lo que se ha convertido en verdadera fuente de producción de riqueza. Aplicando este conocimiento para el tema de nuestra discusión, encontramos un elemento más para reforzar la idea de que el conocimiento ofrece otros beneficios además de informar y comprender mejor la realidad. Como fuente de riqueza, es un bien de disputas y capitalizaciones políticas.

Solicitar estudios e investigaciones a expertos, establecer vínculos con instituciones académicas y relaciones personales con investigadores pueden ser entendidos también como capitales políticos dentro de disputas internas y externas al universo de la gestión pública. Se trata de una idea que permite entender por qué tantos estudios no son leídos ni siquiera por los gestores que los contratan y no son divulgados a otros sectores. Además de eso, sabemos que la disputa por recursos presupuestales hace parte de la dinámica de poder interna de los organismos gubernamentales, lo que nos lleva a suponer que la contratación de investigaciones sea un elemento de expresión de poder al demostrar, indirectamente, la capacidad de movilización de recursos del gestor.

Aparte de los otros elementos en juego, hay un largo camino de traducciones por el cual debe pasar el conocimiento científico que de hecho es utilizado en las políticas. Desde la elaboración de un requerimiento a la terminación y entrega de una investigación se da un proceso de negociación y adecuación sobre las expectativas y del producto final. Otras negociaciones suceden en la disputa sobre el destino dado a estas investigaciones por el organismo solicitante. La utilización o no de los resultados de los estudios no depende sólo de la capacidad de los investigadores de responder a las solicitudes, o de los gestores de aceptar los resultados de la investigación, como supone la metodología EBP que propone una racionalización (científica) de las políticas públicas para aumentar su eficacia. En este sentido, observa una socióloga entrevistada: "[…] no se trata solamente de multiplicar y tornar más ágiles los canales de comunicación, sino de considerar las mediaciones y viabilidades de circulación de los conocimientos" (S1).

A nuestro entender, no se trata sólo de construir puentes entre ciencia y política pública para superar la brecha entre éstas, sino de reconocer las formas como esa "brecha" fue construida socialmente para que al entender lo que se espera de una y de otra, sea posible identificar los ruidos de esta comunicación. Sin embargo, el intercambio de conocimiento entre investigadores y gestores puede ocurrir desde el proceso de elaboración de las preguntas de investigación. Las reuniones para afinar el entendimiento sobre lo que se quiere de la investigación promueven un intercambio de ideas y la construcción de un campo de convergencia tanto sobre la solicitud como sobre la oferta de un "producto". El encuentro personal puede producir una relación entre los actores, definiendo por medio de ésta inversiones y productos. Como se ha sugerido (Hoope, 2005), cuanto mayor conocimiento tenga el investigador de la política, mejores condiciones tendrá para formular una buena pregunta y para movilizar la producción del conocimiento para su aplicación en la política.

Para un sociólogo entrevistado, la problematización de las relaciones entre ciencia y política pública implica una reconsideración por parte de los científicos respecto de su práctica y las perspectivas de conocimiento que fundamentan sus actividades:

[…] los científicos creían antes que sólo el tribunal de la razón les juzgaría. Hoy la nueva forma de hacer ciencia es por medio de las redes y el próximo paso debería ser la interfaz de las redes con otros nodos, que podrían ser los beneficiarios y los financiadores de los proyectos; eso podría ayudar a desmantelar las asimetrías de lenguaje, y las tesis [académicas] podrían ser más aplicadas, partiendo de demandas sociales sin perder rigor científico, sin que pierda lo que le es propio, la construcción de la verdad por procedimientos y métodos propios (S2).

Una posición semejante es anunciada (en otros términos) por otro científico que demarca claramente formas de investigación donde se especifica su uso desde el principio:

Las investigaciones realizadas por nuestro grupo siempre fueron pensadas para ser aplicadas; por tanto, no fue accidental que asumiéramos ese papel; nuestras investigaciones son hechas para aplicación; identificamos un problema y debemos proponer una solución para ese problema, ésa es nuestra diferencia (B2).

Pero no todos los encuentros entre gestores e investigadores producen esta relación, por lo que debe haber una cierta capacidad del investigador que le permita cumplir con ciertas exigencias de líneas más o menos definidas (por el gestor) para el desarrollo de un "producto" adecuado. Sin embargo, la relación se produce también en otro sentido (no opuesta a la anterior, pero diferente), que permite, a través del prestigio acumulado por el investigador, presentar propuestas para la producción de ciertos materiales (seminarios, libros y proyectos de investigación) que son de interés de los investigadores, aunque no encajen directamente entre las prioridades del gestor. La promoción de encuentros entre especialistas y gestores puede resultar en un conjunto de nuevos productos materiales e institucionales como destaca un investigador (B2):

[Lo importante en esta trayectoria de encuentros] fue la participación efectiva de la Secretaría de Medio Ambiente en todo el proceso, dando como resultado un libro y leyes. La pregunta orientadora se refería al modo como se podrían usar los datos levantados para elaboración de políticas de conservación y restauración en el Estado. La logística de los encuentros para esas discusiones funcionaba a través de grupos temáticos que debían incluir a técnicos e investigadores relacionados.

Sobre la base de esta relación personal anterior, los investigadores se sienten libres para proponer algunos temas de investigación que puedan, de una manera indirecta, cumplir con un cierto interés de la entidad pública (Ministerio) o de un gestor en particular. Pero nuestra investigación no se refirió a este tema lo suficiente como para avanzar en la comprensión de este proceso. En el caso específico del Ministerio de Desarrollo Agrario, creado bajo la presión de los movimientos sociales campesinos en el 2000 dentro de una disputa política por recursos para los agricultores familiares y los llamados sin tierra, muchas investigaciones financiadas9 por el Ministerio atienden de alguna manera a intereses de dichos movimientos. Como resultado, son sancionados investigadores o grupos de investigación que tenían relaciones (personales, políticas o académicas, o las tres juntas) con los grupos mencionados: "Todo gobierno tiene sus representantes académicos privilegiados; cambia el gobierno, cambian los representantes porque la lógica es otra" (S1).

Esta red de relaciones está ligada al escenario político y cultural brasilero y no podría ser descrita con precisión como si fuese una relación burocrática interinstitucional entre Estado y academia, como establece la EBP. Deben considerarse diversos elementos que interfieren en la formación de dichas redes, como la propia historia de la conformación de esos movimientos y el papel de algunos de los investigadores como asesores de esas organizaciones sociales a lo largo de esa historia. Pero este asunto, por su propia complejidad y extensión, no podrá ser tratado en los límites de este artículo. Como ilustración podemos citar la charla de uno de estos investigadores cuya trayectoria académica está arraigada en su militancia política:

El sentido de las demandas [por conocimiento] no es unívoco, es biunívoco. Ellas son coproducidas […]. La demanda por investigación refleja prioridad y juego de poder interno y, de nuestra parte, nuestros intereses en la lucha política. Construyo mi agenda atento a determinados movimientos, para apoyar y dar visibilidad, por eso, es codeterminada (E1).

Pero, por otro lado, ese mecanismo basado en la relación personal y de "confianza" puede también implicar un riesgo consistente en desacreditar a los investigadores o grupos de investigación considerados excesivamente comprometidos con determinada línea política, de manera que pueden ser poco rigurosos en sus investigaciones. Al priorizar la facilidad de acceso a los gestores en detrimento del reconocimiento de sus pares, el investigador corre el riesgo de ser identificado como "investigador de placa blanca" (es decir, que es un mero reproductor de la posición oficial). El riesgo individual y el de ciertos centros universitarios (financiados para que piensen en determinados temas), es que se transformen "en casi un apéndice de la agencia estatal", como apunta un investigador entrevistado, desprovistos de autonomía para promover una comprensión crítica de los procesos de construcción e implementación de las políticas públicas. Esa posición puede derivar en una evaluación negativa por parte de los pares, lo que desencadena una pérdida de prestigio académico y una amenaza de credibilidad que tendrán consecuencias sobre la continuidad de la propia relación con el Estado.

LAS MEDIACIONES EN LA CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La interlocución de los investigadores con los gestores de política pública varía según sus percepciones sobre el quehacer científico. Hay quienes creen que su desempeño profesional se justifica por el contenido político de sus preocupaciones académicas. Así, una investigación presupone un compromiso con la política pública, o en términos más amplios, con una contribución más directa a las cuestiones elegidas como de interés social o político. El quehacer científico presupone, en esos casos, una inserción en la política si se le distingue de lo que se entiende como conocimiento sin compromiso.

Ciencia y política, en esa perspectiva, permanecen siendo vistas como entidades separadas, por lo que le corresponde al investigador el papel fundamental de establecer la mediación entre éstas, por lo cual le restaura a la ciencia su significado primordial. En ese sentido, nos inclinamos a incluir también a los gestores en el papel de los mediadores que interactúan directamente con los investigadores. Ambos serían los vínculos de una gran red que relaciona la ciencia con el Estado. Así, entendemos que el conocimiento producido por los investigadores es transformado por la acción de los diferentes actores involucrados en ese proceso de producción y circulación que incluye también a los gestores como especialistas que dominan técnicamente el lenguaje y los códigos de sus redes específicas y la capacidad de traducirlos en la elaboración de una lengua compartida por otros especialistas.

Si es en ese proceso de traducción que la producción de conocimiento sucede, no cabría ubicar el conocimiento solamente en un punto de esa relación. En esos términos, el problema no estaría en las formas de comunicación entre los diferentes grupos de especialistas, sino en la circulación de conocimiento, objetivos y perspectivas. Tal vez aquí resida un punto que necesite mayor atención: ¿cómo se construye la relación entre esos vínculos? ¿Sería del caso establecer grupos de especialistas dedicados a esa mediación? Dónde se situarían tales especialistas, ¿en las universidades (redes de investigadores que elaborarían síntesis bibliográficas) o en las estructuras gubernamentales (asesores con formación académica centrados en el acompañamiento a la producción académica)? O, tal como sugiere un entrevistado, "crear mecanismos que le permitan a los gestores reflexionar mejor sobre su propia práctica y, con eso, mejorar la percepción de la realidad (de manera que) pudieran tomar decisiones más cualificadas" (investigador, consultor gubernamental y exgestor público). Esa relación entre ciencia y política pública pasa también por la capacidad de inserción del investigador en los espacios institucionales en los cuales se producen las políticas públicas, al tiempo que se exige del gestor apertura (disponibilidad) para esa relación. Es lo que sugiere un entrevistado al apuntar que

[…] la valorización de la democracia, [el] debate abierto y [la] participación, son la mejor manera de conducir las cosas; cuanto más participativa fuera la gestión pública, es más probable que usted tenga necesidad y búsqueda de conocimiento, para que él ilumine la acción (E1).

De forma contraria a la idea de la contribución del conocimiento vía medios académicos (consulta realizada por los gestores a bases de datos científicas o académicas, por ejemplo), propone la creación o el fortalecimiento de los espacios democráticos de consulta y la canalización de soluciones como los consejos de representación de la sociedad civil y del Estado. Tales foros son vistos como más capaces de ampliar las opciones y la posibilidad de confrontación de múltiples perspectivas que pueden ser más esclarecedoras para los gestores cuando son ampliamente discutidas.

Diferentes mecanismos ponen en relación ciencia y política pública, aunque eso no signifique que el conocimiento producido por la investigación se transforme por completo en política pública: consultoría, publicaciones, foros y consejos. Nuevos estudios sobre la ciencia, incluyendo la relación entre el conocimiento científico y la percepción de los legos, sugieren una reflexión sobre las modalidades de negociación entre ambos, así como de los medios utilizados para que las diferencias sean generadoras de nuevos conocimientos y de nuevos arreglos (Latour, 2004; Jasanoff, 2004).

A diferencia, por lo tanto, de un público que sería un mero receptor pasivo de narrativas científicas, podemos acompañar la formación de grupos de interés (Pignarre y Stengers, 2005; Stengers, 2005), formados precisamente a partir de preguntas que les son pertinentes y que pueden de igual forma ser constituidas por ellos.

Los foros -espacios de concertación entre gestores, científicos y representantes de la sociedad civil- son mecanismos utilizados con frecuencia en Brasil, en donde las diferencias entre perspectivas se transforman en posiciones políticas (independientemente de en cuál dirección) alimentadas, a su vez, por conocimientos no sólo de la academia, sino también de la sociedad civil y de organismos multilaterales. Pero habría matices entre estos mecanismos. La manera como funcionan supone ciertos requisitos, como el conocimiento previo, la confianza, la fuerza política, que pueden actuar como barreras en la selección de los participantes. En términos pragmáticos, la presente investigación no registró la existencia de mecanismos formalmente institucionalizados por parte de los organismos gubernamentales que operan esa relación10.

CONSIDERACIONES FINALES

Retomando el objetivo de este artículo, es importante reseñar que a pesar de que hayamos partido del presupuesto de la importancia del papel de la ciencia en la ampliación de la gama de opciones del gestor en el proceso de formulación de políticas, sería ingenuo suponer una relación lineal entre una y otra, de manera que la fundamentación científica garantice, por sí sola, la formulación de mejores o más eficientes políticas. Sabemos que la lógica de la decisión política obedece a otros factores que le son específicos y la ciencia es apenas un ingrediente más de las disputas que envuelven la elaboración (y la implementación) de políticas. En este contexto, entendemos que el recurso al conocimiento científico, dada su fuerza como discurso legitimador de la sociedad contemporánea, puede servir más a la necesidad de legitimar una decisión previamente tomada, que para ampliar la gama de opciones de decisión o como elemento de sus-tentación de la política ya formulada. Esta legitimación incluye un componente político que se expresa en las disputas internas de los sectores gubernamentales. Este instrumento dificultaría la apropiación del conocimiento, ya que el contexto político es dinámico y las correlaciones de fuerza, cambiantes, de modo que no siempre quien contrató una investigación será quien reciba sus resultados, como observó la bióloga-gestora (B1).

En este espacio de discusión, cabe volver a indagar: ¿cómo implementar una aproximación real entre ciencia y política? Estamos conscientes de que apenas una parte de los problemas que enfrentamos se relacionan con la elección de la base metodológica capaz de acreditar la producción científica que será puesta a disposición de quienes elaboran las políticas públicas.

Aun así, siguiendo el raciocinio de arriba, algunas cuestiones permanecen. Si aceptamos que ciencia y sociedad (o política) están fusionadas, ¿cuál sería el mecanismo epistemológico que nos permitiría buscar respuestas para la sociedad en la ciencia? ¿Cuáles serían los instrumentos de control posibles y necesarios de ser defendidos, cuidando al mismo tiempo de evitar que seamos nuevamente cubiertos (engañados, adormecidos, envueltos, condicionados) por la supremacía de la ciencia? ¿Qué camino debemos recorrer para transformar la ciencia, productora de incertidumbres e incapaz de resucitar "evidencias" en sentido fuerte, en algo capaz de orientar las decisiones de los gestores públicos? ¿Cómo contribuir para socializar el conocimiento científico más allá de las fronteras de la academia, de manera que se torne más operacional y accesible a la sociedad en general y a los gestores públicos en particular? ¿Estaríamos reafirmando con este abordaje una dualidad inaplicable, dada la complejidad y las incertidumbres que predominan en la sociedad contemporánea? ¿Cuáles son los mecanismos necesarios para estimular el diálogo entre ciencia y política pública en la dirección de la producción de un conocimiento convergente sin, pese a todo, establecer jerarquías, divisiones y, al tiempo, respetar las especificidades de cada lenguaje?

Con todo, a pesar del reconocimiento de las dificultades en esa comunicación, hay una preocupación por parte de todos los investigadores entrevistados en dar visibilidad y facilitar el acceso al conocimiento generado más allá de la academia, ampliando los espacios de circulación y transferencia. Al comprender que los caminos son más complejos, tratamos de mostrar que no se trata apenas de la sustitución de una perspectiva -valorativa (la de la política)- por otra -racionalista (la de la ciencia)- pero sí de cómo esas perspectivas están atadas a ciertos presupuestos, acciones y actores.

Seguros de que sería osado responder a las preguntas planteadas anteriormente, pero al tiempo asumiendo el riesgo de ser propositivos, diríamos que percibir a los gestores como actores y especialistas en ese proceso es el primer paso para la construcción de un lenguaje común, pese a toda la dificultad para cruzar la brecha que separa las prácticas y percepciones de cada grupo. Adicional-mente, es necesario deconstruir esa brecha construida socialmente, de manera que se identifiquen los límites impuestos por la ciencia y por la política a esa aproximación. Percibimos en nuestra investigación que al tiempo que existe un movimiento de colaboración y superación de las distancias, diferentes mecanismos son puestos en práctica tanto por los discursos como por las prácticas, a través de los cuales ciencia y política se ratifican como mundos separados en la finalidad de reforzar las diferencias más profundas de la brecha. La incomunicación es un camino de doble vía disponible para científicos y gestores, para corroborar sus diferencias y materializar sus discursos, manteniendo así la autolegitimación de sus formas de ordenación. En la medida en que son coproducidas e imbricadas en un mismo contexto cultural, ciencia y política pública operan en un esfuerzo constante de separación, distinción o purificación, como diría Latour, en la dirección de una reificación de sus fronteras y especificidades. A partir de esa operación, tanto gestores como científicos reafirman su autoridad epistemológica y su autonomía respecto de ese "otro".

Para entender ese proceso de introducir la ciencia en la política y en la sociedad, recurrimos a Ezhari (2004) cuando argumenta que la formación y consolidación de las democracias modernas sólo fue posible a partir de la relación de las transformaciones políticas con el discurso científico. Ese proceso, según el autor, generó un fuerte impacto en la forma de hacer política de los estados modernos, cuya reorganización a través del discurso científico creó algunas de las características centrales de las democracias contemporáneas, tales como el creciente empleo de un vocabulario técnico-instrumental en el campo del discurso político, el uso de la metáfora de la máquina para hablar sobre las formas de acción del Estado, la incorporación de las ideas de confianza y transparencia de las políticas estatales, la fe en la posibilidad de discusión racional de los puntos de discordancia en el sentido de la generación de consenso, etcétera.

Finalmente, sugerimos que la ciencia puede contribuir con el proceso de elaboración e implementación de políticas al emplear la práctica cotidiana de la gestión pública en la labor de la experimentación, lo que contribuye a reforzar e instaurar el papel del gestor como un especialista con poder de reflexión, proposición y transformación. Cuando el Estado empieza a actuar a partir de prenociones tomadas como verdades incuestionables ("cajas negras" en la formulación de Latour), se constituye como un "Estado de no-aprendizaje" en el cual, con independencia de la ineficacia de las políticas, las verdades y las acciones que se fundamentan en éstas permanecen inalteradas. En este sentido, la reflexión científica puede ayudar a reconocer los éxitos y los fracasos de las acciones a partir de la experimentación y del aprendizaje de las posiciones y políticas previamente adoptadas. De esta manera, se torna posible reflexionar sobre nuevos caminos por ser tomados en un contexto más profundamente democrático (Law y Williams, 2014).

NOTAS

1 Entre las cuatro líneas de acción de la Política Científica, Tecnológica y de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, se encuentra la de promoción de innovación tecnológica en las empresas, pero ninguna se encamina al ámbito gubernamental con el fin de facilitar el uso del conocimiento científico por parte de los gestores públicos.

2 La presente investigación también incluyó entrevistas con gestores públicos de los dos ministerios mencionados, pero serán objeto de análisis en otro artículo.

3 La letra seguida de un número entre paréntesis indicará la autoría de las conversaciones reproducidas a lo largo del texto.

4 Nos referimos aquí a la autoría de artículos publicados en revistas y capítulos de libro de contenido científico.

5 Se destaca la experiencia del Ministerio de Salud, que alberga en su sitio web un portal de acceso a publicaciones periódicas identificado como Salud basada en Evidencias. Disponible en: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/periodicos>.

6 Información disponible en: <http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/nead/apresentacao>.

7 Como ilustración citamos: en Inglaterra, el Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), información disponible en: <http://www.defra.gov.uk/evidence/index>. En África cabe registrar la experiencia de Afican Evidence Net-Work (AEN) que reúne varios países africanos en el esfuerzo conjunto de consolidar informaciones basadas en evidencias para ilustrar a funcionarios gubernamentales, información disponible en: <http://www.africaevidencenetwork.org>. En Canadá se destacan experiencias del organismo gubernamental Policy Horizons Canada, información disponible en <http://www.horizons.gc.ca/eng/content/case-evidence-based-policy>.

8 Por gestores designamos a los funcionarios (de carrera o por encargo) que trabajan en los ministerios en diferentes niveles jerárquicos y que están involucrados de alguna manera en la formulación de las políticas respectivas.

9 Como ejemplo de algunas de esas investigaciones véase la página del NEAD del Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Información disponible en: <http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/nead/estudos-e-pesquisas>.

10 El mismo fenómeno fue observado en una investigación previa (Carneiro y Da-Silva-Rosa, 2011).

References

1. CARNEIRO, Maria José y Teresa Da-Silva-Rosa, 2011, "The Use of Scientific Knowledge in the Decision making Process of Environmental Public Policies in Brazil", en: Journal of Science Communication, 10 (1).

2. EZHARI, Yaron, 2004 Science and the Political Imagination in Contemporary Democracies, en: Sheila Jasanoff (ed.), States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order, Londres/Nueva York, Routledge.

3. FLECK, Ludwik, 1986, La génesis y el desarrollo de um hecho científico: introduccíon a la teoria del estilo de pensamento y del coletivo de pensamiento, Madrid, Alianza.

4. FOUCAULT, Michel, 1996, A ordem do discurso, São Paulo, Loyola.

5. HOOPE, Robert, 2005, "Rethinking the Science-Policy Nexus: From Knowledge Utilization and Science Technology Studies to Types of Boundary Arrangements", en: Poiesis Prax, Vol. 3, pp. 199-215.

6. JASANOFF, Sheila (coord.), 2004, States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order, Londres/ Nueva York, Routledge.

7. KUHN, Thomas, 1998, A estrutura das revoluções científicas, São Paulo, Perspectiva.

8. LATOUR, Bruno, 2000, Ciência em Ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora, São Paulo, Unesp.

9. ________, 2004, Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia, Bauru, Edusc.

10. ________, 2005, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Clarendon.

11. LAURENT, Catherine, et al., 2009, "Knowledge Production, Multifuncionality os Agriculture and Public Decisions: Critical Issues of Contemporary Controversies", 113th Seminar European Association of Agricultural Economists, Belgrade, Serbia.

12. LAW, John, 1994, Organizing Modernity, Oxford, Blackwell.

13. LAW, John y Karel Williams, 2014, "A State of Unlearning? Government as Experiment", en: CRESC Working Paper, No. 134, disponible en: <http://www.cresc.ac.uk/medialibrary/workingpapers/wp134.pdf>.

14. PIGNARRE, Philippe y Isabelle Stengers, 2005, Capitalist Sorcery: Breaking the Spell, Nueva York, Pallgrave Macmillan.

15. PULLIN, Andrew, Teri Knight, David Stone, Kevin Charman, 2005, "Do Conservation Managers use Scientific Evidence to support their Decision-Making?", en: Biological Conservation, No. 119, pp. 245-252.

16. STENGERS, Isabelle, 1996, A invenção da ciências modernas, São Paulo, 34.

17. ________, 2005, "Deleuze and Guattari's Last Enigmatic Message", en: Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, Vol. 10, No. 2, pp. 151-167.

18. ________, 2009, Au temps des catástrofes: résister a la barbarie qui vient, París, La Découverte.

19. SUTHERLAND, William, Andrew Pullin, Paul Doman, Teri Knight, 2004, "The Need for Evidence-Based Conservation", en: Trends in Ecology and Evolution, Vol. 19, No. 6, junio, pp. 305-308.