RESUMEN
El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) dejó de nuevo aplazada, por tercera vez en ochenta años (1936, 1960-1968, 2016), la reforma agraria. En el acuerdo del 2016, las partes acordaron un lacónico proceso de formalización de la propiedad privada mediante la asignación de títulos para quienes ya tienen posesión sobre la tierra. También se aceptó restituir y reparar a quienes perdieron la tierra en la guerra de 25 años y se volvió a dejar para después la redistribución de la propiedad. Este asunto es de especial importancia, pues el coeficiente Gini de tierras en Colombia llega al 0,8 %, uno de los más desiguales del mundo. Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se revisa cómo el tema agrario en Colombia continúa siendo un proceso de acumulación originaria permanente -con el latifundio como su forma dominante-, y se sostiene que la paz acordada es solo una manera de preparar el mundo agrario colombiano para el gran capitalismo, creando derechos de propiedad necesarios en la agroindustria y haciendo de los campesinos una fuerza de trabajo disponible para la producción, ahora que estos han quedado liberados de la guerra.
Palabras clave: Colombia; desigualdad; farc; guerrilla; latifundio; paz; propiedad; reforma agraria; tierra; trabajo; uso del suelo.
ABSTRACT
The peace agreement between the Colombian Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (farc) postponed agrarian reform for the third time in eighty years (1936, 1960-1968, 2016). In the 2016 accord, the parties agreed to a laconic process offormalization ofprivate property by assigning property titles to those who already possess land. Restitution and reparations to those deprived of their lands during the 25 years of war were also approved, but the redistribution of property was deferred once again. This issue is especially important, given that Colombia's Gini coefficient for land distribution is 0.8 %, one of the most unequal in the world. Bearing this in mind, the article discusses the fact that in Colombia, land issues continue to be characterized by a permanent process of originary accumulation, with large estates as the dominant form, and argues that the peace agreement is merely a way ofpreparing the Colombian agrarian world for full-fledged capitalism, creating property rights necessary for agro-industry and transforming peasants into a work force available for production now that they have been liberated from war.
Keywords: agrarian reform; Colombia; farc; guerrilla; inequality; labor; land; land use; large estates; peace; property.
RESUMO
O acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionarias da Colombia (farc) deixou de novo adiada, por terceira vez em oitenta anos (1936, 1960-1968, 2016), a reforma agraria. No acordo de 2016, as partes acordaram um laconico processo de formalizaçao da propriedade privada mediante a designaçao de títulos para os que tem posse sobre a terra. Também foi acordado restituir e reparar os que perderam a terra na guerra de 25 anos, e voltou a deixar para depois a redistribuiçao da propriedade. Esse assunto é de especial importancia, pois o coeficiente de Gini de terras na Colombia chega a 0,8 %, um dos mais desiguais do mundo. Com isso, neste artigo, revisa-se como o tema agrario na Colombia continua sendo um processo de acumulaçao originaria permanente -com o latifundio como sua forma dominante-, e defende-se que a paz acordada é somente uma maneira de preparar o mundo agrario colombiano para o grande capitalismo, criando direitos de propriedade necessarios na agroindústria e fazendo dos camponeses uma força de trabalho disponível para a produçao, agora que estes ficaram livres da guerra.
Palavras-chave: Colombia; farc; desigualdade; guerrilha; latifundio; paz; propriedade; reforma agraria; trabalho; terra; uso do solo.
Introducción
Uno de los problemas que Colombia ha dejado sin resolver en su historia republicana ha sido la inequitativa distribución de la tierra. Se trata de una situación caracterizada por guerra permanente en el último medio siglo, la falta de una reforma agraria que reduzca la inequidad y la pobreza1 y un modelo de desarrollo anticampesino2 que ha privilegiado las inversiones de grandes capitales en industrias como la agricultura y que, en las dos últimas décadas, los gobiernos han proyectado bajo el signo de la agroindustria. El hecho contundente que se produjo en la historia reciente remite al 7 de agosto del 2010, cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió hacer el llamado a un acuerdo de paz con las guerrillas del país. El primer antecedente de la paz se remonta a 1984, cuando se suscribieron los Acuerdos de la Uribe entre el Gobierno y las farc. El segundo fue con el Movimiento 19 de abril en 1990, y los otros tres con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación y con el Movimiento Armado Quintín Lame en 1991. Finalmente, el 24 de diciembre del 2016 se firmó el acuerdo de paz, por segunda vez, con las farc.3 La guerrilla se desmovilizó y entregó las armas, pero el gobierno no cedió en la modificación del modelo de desarrollo que tiene como uno de sus pilares la agroindustria, ni en adelantar una reforma agraria. Solo admitió la formalización y aclaración de los títulos existentes.
Aun así, el acuerdo constituye un paso fundamental en el proceso político colombiano que cambia la lógica de la confrontación desde las armas hacia un escenario constitucional. El acuerdo4 implica una serie de compromisos entre las partes, los cuales fueron resumidos en cinco puntos: (1) reforma rural integral; (2) participación política; (3) fin del conflicto; (4) solución al problema de cultivos ilícitos; y (5) verdad y justicia para las víctimas. El proceso de negociaciones duró cuatro años, desde el 23 de febrero del 2012 hasta que las partes firmaron un documento el 24 de agosto del 2016. Este sería llevado luego a plebiscito el 2 de octubre del mismo año y, después de intensas negociaciones entre los partidarios del acuerdo y sus opositores, el documento fue firmado por segunda vez el 24 de noviembre. El Congreso de la República finalmente lo refrendaría 1 de diciembre. De allí en adelante, inició un proceso de discusiones en el Congreso acerca de la forma en que debía hacerse la implementación de lo pactado.
El punto sobre la reforma rural integral acordada entre las partes está lejos de ser una reforma agraria, es decir, no remueve la concentración de la propiedad y la pobreza. Solo implicó que el gobierno de Santos dispusiera de algunos medios legales para la formalización de la propiedad y la restitución de tierras, creando las condiciones para que la propiedad privada y comunal de la tierra en Colombia fuera clara. Para ello, el gobierno propuso varias medidas: el inicio del estudio de un catastro multipropósito para valorar la tierra por su extensión y por su uso; la constitución de un Fondo de Tierras; la construcción de sistemas de riego; el cierre de la brecha de pobreza entre campo y ciudad; y brindar seguridad alimentaria a la población rural. El reto de la reforma rural contenido en el acuerdo es "adjudicar 3 millones de hectáreas y formalizar otros 7 millones en un periodo de 12 años", lo que implica "empezar a formalizar 70.000 hectáreas anuales".5 La adjudicación es de tierras baldías y la formalización implica la restitución de tierras, mediante la aclaración de sus títulos, a aquellos que las poseían y las perdieron durante el conflicto. Las preguntas que surgen al respecto son: ¿qué se ha logrado?, ¿por qué el acuerdo no avanzó hacia una reforma agraria? Siendo un conflicto tan prolongado, ¿la solución no debía democratizar más la estructura de propiedad existente? Una respuesta a esas preguntas se plantea en este escrito, comenzando con una descripción del proceso histórico de la formación de la propiedad de la tierra en Colombia, el estilo de desarrollo que privilegia a los grandes capitales y el uso inapropiado del suelo rural, secciones que desarrollaremos a continuación.
El problema histórico de la propiedad de la tierra en Colombia
El problema actual de la propiedad de la tierra en Colombia se puede definir como un proceso de larga duración de acumulación originaria per manente, lo que significa que al término de la segunda década del siglo xxi continúa el proceso de acaparamiento, despojo y acumulación de la tierra de los más débiles a manos de los más fuertes. Como lo describieron Smith y Marx en los siglos XVIII6 y xix, se trataba de una fase previa a la formación del capitalismo, después de la cual el capital se reproduce por sí solo y el trabajador, que ha sido despojado de la tierra, se convierte en trabajador asalariado. "Se llama originaria porque forma la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción".7 El caso colombiano muestra que en medio de procesos de producción capitalista en la agricultura esa forma de apropiación de la tierra persiste y que su finalidad no es precisamente la incorporación de formas desarrolladas de producción, sino generar procesos de dominación territorial8 y de generación de rentas producto de la posesión de la tierra.9
El siglo xx fue testigo de dos grandes periodos de confrontación. El primero, de 1945 a 1964 que dejó cerca de 193.000 muertos, 321.000 desplazados y un despojo de tierra de 32.400 familias.10 De este periodo no hubo reparaciones ni procesos judiciales, ni tampoco atención a los campesinos que perdieron tierras, familia, propiedad y su único destino fue migrar a las ciudades a buscar un ingreso, quedarse en el campo como jornaleros o engrosar las filas de las nacientes e incipientes guerrillas de ese entonces. El segundo periodo inicia en la década de 1980 y se extiende hasta la firma de los acuerdos del 2016. Se trató de una confrontación más cruenta que las anteriores porque no solo hubo muertos -cerca de 267.907-sino también desapariciones, torturas, masacres, atentados contra la integridad de mujeres y niños, así como el desplazamiento de 7.471.583 personas en 10.309.808 eventos de esta naturaleza (anexo 1). De ellas, el 41,5 % perdieron tierras que les habían sido adjudicadas en el pasado, tenían como posesión o, en un menor grado, habían comprado. De acuerdo con la Contraloría General de la República, entre 1985 y el 2013, 7.807.024 de hectáreas fueron despojadas (o abandonadas) a los campesinos desplazados (ver anexo 2).12
Uno de los aspectos que caracteriza la situación del conflicto en Colombia, el cual incluye entre sus variables principales los conflictos por la tierra, es que no existe, por parte de los actores en conflicto, el respeto a los derechos de propiedad jurídica establecidos en la Constitución y las leyes. [...] entre 1985 y 2013, el 74,4 % de los bienes raíces rurales abandonados, despojados o forzados a abandonar eran propiedad del grupo familiar desplazado [...]. De éstos, sólo el 27,8 % reportó tener una escritura registrada, el 38,7 % otro tipo de documento y el 33,5 % de los que se declaran propietarios no tienen soportes que así lo demuestren. A la anterior forma de propiedad se suman los grupos familiares que declaran ser despojados de terrenos heredados, con un 7,6 % (43.796 familias aproximadamente), los cuales, sumados a los precedentes configuran un grupo poblacional del 82 % cuya condición era la de ser propietarios rurales.13
Además, la forma jurídica de posesión de la tierra refuerza las tendencias anteriores. El régimen de baldíos viene de una tradición monárquica en que eran una regalía, después, con la independencia, pasaron a ser bienes nacionales y un derecho de los ciudadanos.14 A pesar de la expedición de varias normas sobre baldíos, desde finales del siglo xix las élites colombianas no han tenido la voluntad de aclarar las formas de propiedad en el territorio,15 por el contrario, han permitido que los latifundistas crucen "a conveniencia las líneas entre la posesión material y la propiedad jurídica de los predios".16
Aparecen así ideologías que establecen los limites morales y el sentido político de las reglas mediante las cuales el Estado asigna y dispone los derechos de propiedad. Pero quizás en las charlas de los campesinos colombianos alrededor de sus fogones, palabras tales como propiedad y trabajo se entiendan dentro del universo de creencias trasmitidas de una generación a otra; quizás, la relación entrañable de la familia y su parcela aparezca como un elemento del orden natural, del orden de la creación. [...] Es la comunidad rural la que protege los derechos de propiedad campesina antes que las burocracias administrativas del Estado, principio acentuado por la afición de los campesinos por lo fáctico y por sus arraigadas creencias en la justicia distributiva. Esto pudo ocurrir, claro está, antes de la Violencia.17
Para trasladar esa propiedad al régimen privado, legalizándola, se requería de una serie de procedimientos que resultaban altamente costosos y en ocasiones imposibles de cumplir, por razones no solo económicas sino de gestión del Estado. Por lo tanto, el "peso de la costumbre y la inercia de la mentalidad posesoria o fáctica [...] imperaba en el mundo rural colombiano".18
El paso del siglo xx vio crecer la población y la ocupación del territorio acompañadas de una serie de luchas por la tierra entre campesinos y terratenientes, lo cual se tradujo en violencia permanente y en el surgimiento de la guerrilla más grande del país, las farc, en 1963. Esto contribuyó al despojo campesino, como también lo hizo la competencia de narcotraficantes y grupos paramilitares desde la década de 1970 con el avance del capitalismo y el desarrollo de proyectos agroindustriales.19
Desde finales del siglo xix el Estado colombiano desarrolló dos tegias en con la propiedad de la tierra (asignar baldíos del Estado a campesinos sin tierra y expedir leyes de reforma agraria) que resultaron en un fracaso rotundo con la población campesina que demanda tierras (anexo 3).20 A estas medidas se agrega el diseño de políticas económicas que han buscado instalar el capitalismo en el campo de manera errática y con pérdida para el campesinado colombiano. Sobre
la primera estrategia, encontramos que, durante el siglo xix, de un total de 111,5 millones de hectáreas que conforman el territorio de Colombia, los gobiernos distribuyeron solo el 1,7 % de la tierra en 1.132 predios. Posteriormente se hicieron adjudicaciones que representan aproximadamente el 4,5% de todo el territorio, es decir, cerca de 5 millones de hectáreas al final del siglo xx (anexo 3). Ese reparto, sin embargo, no impidió la forma de acumulación violenta tanto de los capitalistas como de los actores armados que propició un despojo de 7.807.024 de hectáreas (anexo 2) a campesinos que ya poseían una propiedad (cifras para el periodo 1985-2013).21 Siendo la guerra aún más larga, el despojo ha sido mayor. Es un juego en el cual las tierras baldías asignadas por el Estado no alcanzan a convertirse en capital para la acumulación productiva. Debido a la incapacidad del gobierno de ofrecer seguridad e infraestructura, los campesinos quedan a merced de 19. otros actores más poderosos, a saber, terratenientes, paramilitares y narcotraficantes. Para el periodo 1980 y 1995
había compras significativas de predios rurales por narcotraficantes en 409 municipios, que representan el 42 % de los municipios del país. En muchas regiones los observadores locales señalan que los narcotraficantes han comprado las mejores tierras. Eso significa que en sus manos está concentrada la definición de las pautas de inversión rural y, por tanto, una parte importante de la seguridad alimentaria del país.22
Además, desde una perspectiva global y sin hacer diferenciaciones regionales, las asignaciones muestran en la práctica un Gini de adjudicación de baldíos bastante desigual en los distintos subperiodos entre 1827 y 2012: el coeficiente oscila entre 0,7 % y 0,8 % (figura 1).
La segunda estrategia se articuló a partir de distintas leyes de reforma agraria durante el siglo xx, las cuales, hay que decir, han tenido efectos positivos muy marginales para el campesinado. La legislación más significativa fue expedida en cuatro momentos: el primero, durante la República Liberal (1930-1945) con la Ley 200 de 1936 y la Ley 100 de 1944; el segundo, con el Frente Nacional, en el contexto de la Alianza para el Progreso, mediante la Ley 135 de 1961; el tercero, en 1968 con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo; y el cuarto, con el Pacto de Chicoral (que se tradujo en la Ley 4 de 1973), que cerró las puertas a la redistribución de la tierra a inicios de la década de 1970. Ambas medidas, sumadas a los procesos de herencias, despojos, compras y ventas, han terminado por configurar un panorama como el observado en la tabla 1.
Las explotaciones de más de mil hectáreas incrementaron un 43,4 % su área en medio siglo (1960-2014). Estas corresponden al 0,2 % de los propietarios. En el otro extremo, donde están las explotaciones de menos de cinco hectáreas, se observa una disminución de su participación en el área de 4,5 % en 1960 a 3,7 % en 1970, y finalmente a 2,2 % en el 2014. Estas corresponden al 70,5% de las unidades productivas o propietarios en el país. Esa distribución, medida por el Gini de propietarios, es de 0,875 %, lo que está asociado a su uso en pastos y ganadería, como indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud):
A altos índices de concentración le corresponden altos usos de la tierra en pastos. Y se observa lo contrario en el caso del uso de la tierra en la agricultura: el mayor uso en cultivos se asocia con menores índices de concentración. Es más democrático el uso y la tenencia de la tierra en la agricultura que en la ganadería, lo cual no invalida la actividad pecuaria, pero sí llama la atención sobre la necesidad de contar con una ganadería menos extensiva que haga un uso más intensivo de la tierra, genere mayor empleo e ingresos y abandone el criterio de tener grandes extensiones de tierra para valorizarlas y adquirir y ejercer poder político.24
Es sobre este escenario que ha tenido lugar la producción agrícola y pecuaria durante el último medio siglo en el país. Y solo así es posible comprender cómo el acuerdo de paz firmado en el 2016 consistió en una dejación de armas necesaria para terminar la violencia, pero que en materia agraria es todavía un catálogo de intensiones más que un pacto de transformación económico y social.
Vale la pena destacar, asimismo, que no todas las soluciones al problema agrario se han gestado al interior del proceso de paz. Desde el 2011 fue expedida la Ley 1448, mediante la cual el Estado se comprometió a la restitución de la tierra a quienes fueron despojados de ella o a quienes por motivo del conflicto la hubieran abandonado.25 En consecuencia, desde el 2012 la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas inició el proceso de restitución, que a febrero del 2019 ya contaba con 120.876 solicitudes. De todas estas, 17.814 (14,7 %) fueron llevadas ante los jueces, 9.588 (7,9 %) fueron resueltas y para 4.912 (3,9 %) se profirieron sentencias de restitución equivalentes a 338.562 hectáreas. En total, 43.000 personas se han convertido en beneficiarias de esta Ley, que ha asignado en promedio 7,7 hectáreas a cada una de ellas.26
Situación socioeconómica del agro
El mundo rural ha sido uno de los más golpeados por los acontecimientos de la economía y la política colombiana en los últimos sesenta años. El país pasó de estar ocupado principalmente por población rural a ser constituido por una población urbana, en un proceso caótico, desordenado y, lo que es más dramático, sin dar solución a problemas centenarios como la reforma agraria y creando otros como la creciente inseguridad alimentaria. En lo económico, la ruralidad en Colombia se enfrenta al cambio en la estructura productiva de la Nación, la globalización de los mercados, la baja productividad, la incapacidad para asumir el cambio técnico, la desigual distribución de la tierra y la competencia legal e ilegal de los capitales por el uso y usufructo de los recursos del suelo y el subsuelo rural. En lo político, el campo sigue siendo escenario de la batalla por el poder local, regional y nacional, hasta tal punto que la guerra ha desolado el campo y presionado a las ciudades por servicios, infraestructura y generación de empleo para contingentes humanos de baja calificación. En lo social, las figuras del campesino, del mestizo, del negro y del indio, son las de alguien que lucha permanentemente por su existencia y es perseguido por la pobreza, las multinacionales, los hacendados y las bandas de los señores de la guerra. También está, por supuesto, el hacendado, generalmente ganadero, que vigila sus hatos desde la ciudad y está lejos de ser el empresario schumpeteriano (innovador y preocupado por obtener tasas de ganancia sobre la base de la innovación permanente). Es, más bien, el gamonal decimonónico que aguarda pacientemente la renta que le genera el monopolio sobre la tierra y que, de paso, lo empodera socialmente.27
Después de haber generado durante setenta años los ingresos necesarios derivados de la producción y exportación del café para la formación de una sociedad medianamente moderna, la agricultura colombiana se destaca por su pérdida creciente de participación en el pib y su baja productividad y competitividad con respecto a otros sectores productivos en el último tercio del siglo xx y lo que va corrido del xxi. También presenta los mayores niveles de pobreza entre los habitantes del país y posee una estructura de mercado segmentada que separa a la gran industria, los pequeños productores y las crecientes actividades no agrícolas, generando competencia entre ellos y no complementariedades.
Entre 1975 y el 2013, el sector agropecuario perdió aproximadamente diecisiete puntos porcentuales en el pib,28 pasando del 22,7 % en 1975 a 5,5% en el 2013 (figura 2). En su lugar, los otros sectores que conforman el pib aumentaron. En el mismo periodo, la minería pasó de 1,6 % a 10,2 %; las actividades de servicios sociales, comunales, hoteles y restaurantes de 13,8 % a 20,7 %; los servicios financieros de 12,9 % a 18,7 %; y la construcción de 3,3 % a 8,8 %. También es preciso anotar la pérdida que tuvieron las industrias manufactureras, que pasaron de 20,9 % a 11,8 %, y el comercio, que pasó de 10 % el primer año a 6,9 % en el último.29 Entre las razones de ese desempeño se pueden señalar las siguientes: la ruralidad en Colombia se enfrenta al cambio en la estructura productiva de la nación, la globalización de los mercados, la baja productividad, la incapacidad para asumir el cambio técnico, la desigual distribución de la tierra y la competencia legal e ilegal de los capitales por el uso y usufructo de los recursos del suelo y el subsuelo rural. En síntesis, la falta de una reforma agraria y de un proyecto modernizador e incluyente.
A la situación anterior se agrega que la población que habita en el campo padece unos niveles de pobreza que muestran un profundo atraso. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida y la Misión Rural contratada por el gobierno de Santos,30 mientras la población urbana tiene hasta nueve años de escolaridad, los habitantes rurales solo llegan a poco más de cinco, con problemas tanto de cobertura como de calidad y pertinencia de la educación impartida. En agua y saneamiento, la cobertura apenas llega al 53 % en el campo, mientras que en la zona urbana es del 92 %. En lo que corresponde a la salud, el problema no es de cobertura sino de las condiciones de acceso por la distancia, los costos de atención y a que la oferta no se ajusta a la composición de la población que la demanda (jóvenes y adultos mayores). El 42,8 % de los habitantes rurales están en pobreza, 12 puntos por encima del total nacional. Así mismo, la pobreza monetaria extrema, o indigencia, es del 19,1 %, 10 puntos por encima del total nacional. Así mismo, la Misión Rural destaca que los productores campesinos son aún más pobres que los asalariados del campo.
[...] lo que refleja el muy limitado acceso de los primeros a activos productivos (tierra, crédito, tecnología, riego). El activo productivo al cual tienen más acceso dichos productores es la tierra (el 36 % de los hogares rurales), aunque generalmente en cantidades insuficientes para alcanzar un nivel de vida adecuado.31
Finalmente, para completar este diagnóstico, investigaciones recientes muestran que las tendencias de productividad por tamaños en Colombia son similares a las de otros países de igual nivel de desarrollo, situación positiva pero no reconocida por los gobiernos. El acuerdo de paz avanza en ese punto al decir que se debe estimular la productividad de la agricultura familiar, comunal y campesina, una vía opuesta a la del gobierno. El estudio de Jaime Forero sobre la eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores, muestra cómo las diferencias de tamaño no son concluyentes en el establecimiento de diferencias de productividad para los más importantes productos del sector (plátano, maíz, arroz, café, papa, palma).32 Michael Lipton evalúa la eficiencia económica de los pequeños y grandes productores en varios países en desarrollo en los últimos sesenta años y concluye que la eficiencia de los pequeños productores es mayor por unidad de área que la de los grandes productores.33 Para Colombia, Albert Berry hace una demostración similar.34 Esa estructura del mercado agrícola está siendo afectada por el estilo de desarrollo que se ha incorporado en el país, el cual incluye proyectos -como los mineros- que compiten con el sector.35 Además, la fuerza de trabajo campesina se ha visto disminuida por la falta de oportunidades para los jóvenes, poniendo en riesgo la existencia misma del campesino y por esa vía, la seguridad alimentaria. De hecho, las importaciones agropecuarias y agroindustriales han crecido de 637 millones de dólares en 1992 a 5.786 millones de dólares en el 2015, es decir, aumentaron 9,1 veces. Mientras tanto, las exportaciones pasaron de 2.702 millones de dólares a 6.864 millones en el mismo periodo, con un aumento de 2,5 veces. Sin las exportaciones de café, el aumento es de 3 veces.36
El anterior diagnóstico (despojo, un coeficiente Gini alto, concentración de la propiedad en pocas manos, caída en el pib agropecuario) puede ser calificado como una situación catastrófica si ponemos la mirada en una perspectiva histórica de más largo plazo. Sin embargo, en su mayoría, nada de lo que se ha mencionado aquí es nuevo. Solo es diferente en algunos aspectos. La evaluación presentada es una repetición de los primeros diagnósticos realizados en las décadas de 1950 y 1960 por el Banco Mundial (1950, 1955, 1962, 1970), la CEPAL (1957) y la Misión Lebret (1958). Todos los informes cuestionaron los distintos usos de la tierra para los que los suelos eran óptimos económicamente, a saber, el exceso de usos ganaderos y de pastos frente a la producción agrícola.37 Aún hoy el uso inadecuado del suelo por su vocación es la regla. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, existen conflictos por subutilización y por sobreutilización de la tierra.38 Entre las propuestas que se realizaron en los distintos estudios en la década de 1950, el Banco Mundial propuso aumentar los impuestos a la propiedad de la tierra y trasladar 1,5 millones de personas del campo a la ciudad, tecnificar el campo y ampliar las unidades productivas. La cepal propuso incorporar a la producción agropecuaria 7,7 millones de hectáreas y recomponer el uso del suelo de acuerdo con su vocación. Con respecto a la productividad de la tierra por tamaños, ya desde 1970 el Banco Mundial sostuvo que "no exist[ía] ninguna razón técnica especial para que [fueran] mayores los rendimientos de las grandes explotaciones [...] el valor de la producción por hectárea de las explotaciones sub-familiares [sic] es muy superior al de las explotaciones muy extensas".39
En consecuencia, la distribución inequitativa de la propiedad y del ingreso se ha mantenido en los últimos 65 años, constituyéndose así en un factor estructural de la sociedad colombiana. En el curso de media centuria hubo un cambio en las intenciones de hacer una reforma agraria: de una clásica (Ley 135 de 1961 y Ley 1 de 1968) a una reforma por medio de un mercado subsidiado (Ley 160 de 1994 y Ley 1133 de 2007). En palabras del pnud, este paso significó que se congelara
la estructura de tenencia y permitir que siguieran operando los factores que propician su concentración. Ese fenómeno fue potenciado por la compra de tierras por parte de narcotraficantes y luego por la apropiación violenta de la tierra por grupos armados ilegales.40
En todo ese proceso, la clase empresarial, la clase política, las sociedades urbanas y los grandes propietarios mostraron desinterés por cambiar la estructura agraria. Lo único que las élites intentaron fue una tímida restitución de tierras. De acuerdo con Nazih Richani, el incentivo de los propietarios que buscan invertir en tierras está en que el valor neto actual de la tierra es mayor al costo de oportunidad de invertir en actividades como la ganadería o la agricultura.41 La tierra es un depósito de valor que no involucra ni la producción ni el trabajo, y que por lo tanto, adquiere un carácter especulativo.42 Ese resultado, siguiendo a Richani, ha sido producto tanto de las leyes agrarias como de las políticas agrícolas que, al menos desde 1950, han favorecido a la agroindustria (azúcar, algodón, banano, cacao, sorgo, soya, aceite de palma africana y flores) en desmedro de los medianos y pequeños campesinos. Además, en las décadas de 1980 y 1990 la frontera agropecuaria se duplicó hasta alcanzar 41,2 millones de hectáreas, de las cuales cerca de seis millones habrían sido de la nueva "narcoburguesía". El resto corresponde a los propietarios legales. De lo anterior se podría esperar, entonces, un incremento similar en la ganadería, sin embargo, este no fue el caso. En 1978 había 18,4 millones de cabezas de ganado, las cuales aumentaron a 25,5 millones en el 2005 y disminuyeron a 23 millones en el 2009.43 También se podría esperar un incremento del valor económico de la ganadería: la productividad por hectárea es de una vaca por 1,7 hectáreas, mientras que en Brasil es de 9 por 1,7 has.44 Para completar, el impuesto a la tierra es bastante bajo,45 lo que refuerza que la tierra se convierta en un refugio para el capital.
Cada vez más los tenedores de grandes capitales combinan sus prácticas rurales con actividades urbanas o mineras. Así lo evidencia la pérdida de importancia de las exportaciones de café (que por setenta años fueron el soporte de la obtención de divisas para la economía) frente a las exportaciones de petróleo. Esto es el resultado de un cambio en la estructura de las decisiones del poderoso y antiguo gremio por un esquema institucional en el cual la renta petrolera es distribuida entre las multinacionales y un Estado débil que sostiene las rentas necesarias para el consumo privilegiado de unos pocos.
En el periodo de 1970 a 1987 el sector agropecuario llegó a participar en el total de las exportaciones con un 70 % (1970, 1978, 1987) sin bajar del 60 % (figura 3). Sin embargo, después de la terminación del pacto internacional del café, que estabilizaba los precios para los cafeteros, comenzó a bajar aceleradamente su participación en el comercio exterior colombiano. A partir de la apertura económica de 1990, la minería tomó la delantera mediante la explotación de petróleo y carbón, y hoy ocupa el 60 % de las exportaciones. Le sigue la industria con un 25 % y la agricultura con un 14,5%. Es decir, todo lo que perdió la agricultura, lo ha ganado el sector minero (figura 3).
Este comportamiento del sector exportador revela el cambio que ha tenido la producción hacia una economía que favorece la extracción de los recursos naturales y le da menor peso a la posibilidad de transformación de las materias primas, tanto en la agricultura como en la industria. Se trata del retroceso desde una sociedad subdesarrollada, con un pequeño grado de industrialización hasta antes de la apertura económica en 1990, hacia la instauración de una sociedad extractora de minerales y dependiente de las importaciones para su consumo básico. La sociedad colombiana aún depende de la "lotería de las mercancías",46 que a su vez está relacionada con la lotería de los mercados internacionales y sus precios. Este hecho revela un rasgo característico de los gobiernos de turno: obtener resultados económicos rápidos, los cuales la minería está en mejores condiciones de ofrecer. La actividad minera está regida, por lo general, por compañías multinacionales con una gran capacidad de apalancamiento financiero y solo requieren que los gobiernos les ofrezcan condiciones apropiadas para la obtención de ganancias. En cambio, la actividad agrícola o industrial requiere de políticas de desarrollo en la cuales ingresan una mayor cantidad de actores económicos (industriales, productores agropecuarios, trabajadores del campo y de la ciudad) con los cuales no siempre hay acuerdos sobre lo que se debe hacer.
Los anteriores resultados también plantean la pregunta del tipo de encadenamiento -hacia adelante y hacia atrás, en el sentido de Hirschman-47 que genera la agricultura. En la época del desarrollo hacia adentro (décadas de 1950 y 1960) la agricultura fue considerada fuente de materias primas para la industria naciente y cumplió la función de alimentar a poblaciones tanto rurales como urbanas. Esto suponía entender al sector agropecuario como integrado a la estructura del desarrollo económico de todo el país. Es decir, una de las fuentes del crecimiento agrario estaba en la demanda de insumos de la industria,48 para la cual el Estado aplicó una amplia gama de políticas de protección que, de paso, podían acoger al sector agropecuario.49 Hoy ese panorama ha cambiado en favor de una política de mercado competitivo, que progresivamente se enfrenta al mundo de la globalización.
Uso del suelo
De acuerdo con el censo agropecuario del 2014, el 56,7 % del territorio continental de Colombia corresponde a bosques naturales. En las condiciones actuales del planeta, la tenencia de este recurso es estratégica y debería ser considerada una fuente importante de valor agregado ambiental. Este hecho, sin embargo, ha sido desatendido por los gobiernos. El área destinada a usos agropecuarios es del 38,6 % (tabla 2), de la cual, la mayor parte (22,2 %) se dedica a pastos para el ganado; luego se encuentra el área en rastrojo, que no se cultiva pasados tres años (8,6 %); y finalmente el área agrícola, que tiene la menor proporción (7,6 %). Esta distribución muestra que la ganadería, que ocupa tres veces el área de la agricultura, no se corresponde con la generación de valor agregado por ambos subsectores; la primera ha generado el 38 % en promedio y la segunda el 62 % en lo que va corrido del siglo xxi.5° Esta última tendencia ha sido constante durante el siglo xx y ha desatado una lucha permanente por la tierra entre grandes propietarios ganaderos y pequeños agricultores, en la cual el ganado y el territorio que este ocupa son instrumentos de dominación que han profundizado un tipo de crecimiento regresivo de bajo valor agregado.51 En el área de cultivos del último censo se destaca la presencia de los agroindustriales con un 2,7 % del área total, mientras el resto queda como otros cultivos con un 3,7 %.
Otra forma de ver la dinámica de la producción agraria es verificar los cambios entre cultivos permanentes y transitorios. En ellos se observa de inmediato cómo la agricultura colombiana ha optado en las últimas décadas por un estilo de crecimiento que busca favorecer las estructuras capitalistas a gran escala.
El área para usos agrícolas en cultivos permanentes52 en el agregado tuvo un incremento de 710.865 hectáreas entre 1987 y el 2016, llegando a 2,9 millones (tabla 3).53 Esta cifra, sin embargo, no muestra la estructura del cambio, por lo cual hemos distribuido la información disponible por periodos y productos. Entre 1987 y 1990 el área total aumentó un 8,3 % (182.902 hectáreas) por cuenta de café, yuca, palma y cacao. En el siguiente periodo, 1990-1998, el área se desplomó un 2,7 % (65.093 hectáreas) en cultivos de café, yuca y cacao. Para el tercer periodo, 1998-2010, el área cultivada se recuperó 5,1 % (118.303 hectáreas), principalmente debido a la palma y a los frutales, que compensaron la caída del café. El siguiente periodo, 2010-2016, ratificó el fortalecimiento de los cultivos permanentes con un aumento del área en 19 % (474.753 hectáreas); específicamente con el aumento de la palma en 214.785 hectáreas. Los aumentos totales fueron de 1.026.640 hectáreas y las disminuciones de 315.775 hectáreas. Entre las primeras, es significativo el incremento de la palma africana en un 43,6 % del área (447.466 hectáreas), el de los frutales, que crecieron 25,6 % (263.027 hectáreas) y, en un tercer lugar, el del azúcar con el 10,8 % (111.379 hectáreas). Entre las segundas, las mayores disminuciones se presentaron en el café, con un 25 % del área perdida (259.295 hectáreas). Ese resultado significa que hubo un cambio en el sector agropecuario en términos del empleo generado y de la estructura de la propiedad de los recursos agrarios. Por lo primero, la pérdida de empleos en el sector cafetero es más alta que los nuevos empleos generados por la palma.54 Por lo segundo, mientras el cultivo del café es esencialmente de pequeños productores, la palma es un cultivo de grandes empresarios. Así, en el agregado, la renta agropecuaria, en lugar de distribuirse más equitativamente, se ha redefinido hacia una forma más concentrada.
Los cultivos transitorios55 de carácter más tradicional perdieron su participación en 354.651 hectáreas (17,8 %) durante los últimos veinte años,56 principalmente por las medidas de apertura de la década de 1990 que causaron un descenso del área de un millón de hectáreas (tabla 4). Los pequeños incrementos ocurridos después de 1998 no recuperaron el abandono y la falta de políticas en favor del campesinado en un mundo de apertura económica. El único producto en crecimiento es el arroz (232.992 hectáreas), que ha industrializado su producción en 47 %. Por el lado de las disminuciones, estas correspondieron al sorgo (255.518 hectáreas) y al algodón (155.156 hectáreas).
En línea con la promoción de la agroindustria, al tiempo que se hacía la paz, el gobierno Santos aprobó la posibilidad de entregar en concesión de 7 millones de hectáreas a los grandes capitales empresariales.57 Se trata de la punta del iceberg de una forma de capitalización conocida como el "derecho real de superficie,58 empleada principalmente en África con la finalidad de producir biocombustibles y, en algunos casos, alimentos para los países del norte del planeta. Esta forma de capitalización trae como componente adicional una forma de asociación en la que los pequeños y medianos propietarios se asocian con los grandes capitales en forma tal que el riesgo lo ponen los primeros. La figura de la asociación entre el grande y el pequeño, entre el que tiene capital líquido y el que tiene como activo la tierra, es una forma de ocultar la explotación del grande por el chico sin que este último ponga en riesgo el capital invertido.59 Nada dice el Acuerdo de La Habana sobre la inversión extranjera en la tierra o sobre los cultivos que deben garantizar la seguridad y soberanía alimentarias del país.
Conclusiones
El acuerdo de paz ha traído una oportunidad a la sociedad colombiana, y es que después de varias décadas, el campo deje de ser un escenario de confrontación de ejércitos y se transforme en un espacio económico que garantice la autonomía agroalimentaria del país, y también de consolidación de un entorno social vital para la vida de los campesinos. No obstante, la paz también ha puesto en la escena pública el problema principal de Colombia: la deficiente distribución de la propiedad de la tierra. Desde la formación de la República hasta hoy, las medidas de reparto de baldíos han sido erráticas y las leyes agrarias del siglo xx fueron poco efectivas en mejorar la estructura de la propiedad, esas medidas solo han traído como consecuencia la alta desigualdad existente, que se expresa en un Gini de tierras de 0,8 %. Esa estructura de la distribución de la tierra ha terminado por inmovilizar la tierra como activo económico y ha dejado a millones de campesinos sin un sustento. Impera una forma de rentabilidad de la tierra en la cual hay una preferencia económica por la tenencia de los predios, sin que ello implique desarrollar actividades productivas, en especial agrícolas. Igualmente, allí donde la agricultura ha tenido un espacio de desarrollo, el campesino también ha perdido, en la medida en que las políticas de apoyo a la agricultura han privilegiado los cultivos permanentes, más industrializados y menos generadores de empleo, rezagando los cultivos transitorios, más de economía familiar y generadores de empleo.
Artículo de investigación
Recepción: 12 de enero del 2019. Aprobación: 5 de abril del 2019.
Cómo citar este artículo
Juan Carlos Villamizar, "La reforma agraria: la paz con las faro, un compromiso aplazado de nuevo", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 47.1 (2020): 231-263.
juan Carlos villamizar (Colombia). Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor en esta misma institución. Sus áreas de trabajo son la historia económica y la historia intelectual. Recientemente publicó "Elementos para periodizar la violencia en Colombia: dimensiones causales e interpretaciones historiográficas", Ciencia Política 12.25 (2018): 173-92; "Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil", Revista Mexicana de Sociología 79.1 (2017): 209-213; y "Uribe, M. La Nación Vetada. Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia", Ciencia Política 12.23 (2017): 271-275.
* Una primera versión de este artículo fue presentada en el 56 Congreso Internacional de Americanistas en Salamanca España, en julio del 2018. Agradezco las observaciones de los evaluadores anónimos, las cuales han sido muy útiles. También a las personas que han leído los borradores previos y a los editores por su ayuda para mejorar esta versión. Los errores por supuesto son solo míos.
1. Michael Lipton, Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs (Nueva York: Routledge, 2009).
2. Mauricio Uribe, La nación vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013).
3. Eduardo Pizarro, Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016) (Bogotá: Penguin Random House, 2017).
4. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Bogotá: Presidencia de la República, 2016) 310.
5.Presidencia de la República, "Decreto Ley 902 del 27 de mayo del 2017 por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras". Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/decreto-902-del-29-de-mayode-2017/37072.
6. Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones [1776] (México: Fondo de Culura Económica, 1994).
7. Karl Marx, El Capital, vol. I (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1976) 608.
8. Francisco Gutiérrez y Jenniffer Vargas, El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo y por qué (Bogotá: Universidad del Rosario, 2016). Ellos muestran la forma como el paramilitarismo se fue apropiando de tierras en diversas regiones del país.
9. Al respecto, ver los estudios de Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950) (Bogotá: Universidad de los Andes / Universidad Nacional de Colombia / Cinep, 2017); Darío Fajardo, Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010 (Bogotá: ilsa, 2014); Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh), Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas (Bogotá: Imprenta Nacional, 2016); Nazih Richani, "The Agrarian Rentier Political Economy: Land Concentration and Food Insecurity in Colombia", Latin American Research Review 47.2 (2012): 51-78.
10. Juan Carlos Villamizar, "Elementos para periodizar la violencia el Colombia: dimensiones causales e interpretaciones historiográficas", Ciencia Política 12.25 (2018): 178.
11. Este dato lo registra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como víctima directa, también contempla a los familiares como víctimas indirectas en un total de 733.081 al 23 de diciembre del 2018. Disponible en: https://www. unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.
12. Contraloría General de la República (cgr), Primera Encuesta Nacional de Víctimas CGR-2013 (Bogotá: Contraloría General de la República, 2014). La Contraloría aplicó 10.761 encuestas en 71 municipios del país donde se concentraba en el 2013 la población desplazada. Entre los principales resultados, arrojó el hecho de que el 41,5 % de la población desplazada perdió una propiedad o posesión de tierra y estimó con un margen de error del 3,9 % que la cantidad de tierra abandonada o despojada fue de 7,8 millones de hectáreas.
13. Juan Carlos Villamizar, Juan Pablo Sandoval y Claudia Murcia, "Primera gran Encuesta Nacional de Víctimas", Economía Colombiana 343 (2015): 62.
14. Marco Palacios, ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930 (Bogotá: Fondo de Cultura Económica / Universidad de los Andes, 2011) 87.
15. LeGrand, Colonización y protesta.
16. Palacios, ¿De quién es la tierra? 86.
17. Palacios, ¿De quién es la tierra? 66-67.
18. Palacios, ¿De quién es la tierra? 87.
cnmh, Tierras y conflictos rurales; Darío Fajardo, "Estudio sobre los orígenes del conflicto armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana", Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, eds. Eduardo Pizarro y Víctor Moncayo (Bogotá: Presidencia de la República, 2015) 55; Alfredo Molano, "Fragmentos de una historia del conflicto armado (19202010)", Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas; Richani, The Agrarian Rentier; Gutiérrez y Vargas, El despojo paramilitar; Alejandro Reyes, Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia (Bogotá: Norma, 2008). 20.
El estudio del cnmh, Tierras y conflictos rurales, es el más completo en materia de estadísticas de baldíos. En él se compilaron las estadísticas de baldíos de 1827 a 1931 construidas por Catherine LeGrand y del periodo entre 1901 y el 2012 del extinto incoder. Ambos constituyen "una base empírica relativamente sólida para ponderar el peso de la política de baldíos". cnmh, Tierras y conflictos rurales 20. Es con base en esta información que fue elaborado el anexo 3 y la figura 1 del coeficiente de Gini. 21.
Contraloría General de la República, Primera Encuesta Nacional. Nacional.
22.Reyes, Guerreros y campesinos 74.
23.La Unidad de Producción Agropecuaria (upa) es "toda extensión de tierra que se utilice total o parcialmente para la producción agropecuaria [...] puede constituirse por una o más parcelas, siempre que estén localizadas en un mismo municipio". En 1960 y 1970 se hablaba de un productor, sin embargo, en el 2014 se amplía "el alcance de los sujetos de la gerencia única, que puede ser ejercida por una persona, un hogar, por dos o más personas u hogares conjuntamente, por un resguardo o comunidad indígena o afrodescendiente o por una persona jurídica como una empresa, una colectividad agropecuaria, una cooperativa o un organismo oficial [...] manteniendo las definiciones antes utilizadas" en 1960 y 1970. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos, vol. III (Bogotá: dane, 2016) 29. En 1960 se obtuvieron 1,2 millones de unidades de explotación; en 1970 eran 1,17 millones; y en el 2014 hubo un aumento a 2,34 millones de upa.
24. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza (Bogotá: pnud, 2011) 200.
25. Congreso de la República, "Ley 1448 del 10 de junio de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". Disponible en: https://www. unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011. pdf. Todo el capítulo tercero de la Ley refiere a la restitución de tierras.
26. "Estadísticas de restitución de tierras", Unidad de Restitución de Tierras. Disponible en: https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras. Datos a febrero del 2019. Resulta desafortunado que el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (rupta) no arroje para el público el dato del número de hectáreas solicitadas por los campesinos.
27. Para el concepto de renta ver David Ricardo, Principios de economía política y tributación [1817] (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1993); Marx, El Capital, vol. iii.
28. En los últimos treinta años el dane ha hecho tres cambios metodológicos en la forma del cálculo del pib. Uno en 1975, otro en 1994 y uno más en el 2005. Recientemente, adelantó un empalme de las tres series, el cual es el que utilizamos aquí.
29. Otro sector que ganó participación fue el de suministro de gas, electricidad y agua: de 0,9 % en 1975 a 3,3 % en el 2013, y el neto del pago de impuestos menos las subvenciones de 6,1 % a 7,9 %.
30.Departamento Nacional de Planeación (dnp), Misión para la transformación del campo (Bogotá: dnp, 2014) 47.
31. DNP, Misión 8.
32. Jaime Forero et al., "La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños", Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemáticas y retos actuales (Bogotá: Oxfam, 2014) 69-114.
33. Lipton, Land Reform.
34. Albert Berry, Avance y fracaso en el agro colombiano, siglos xx y xxi (Bogotá: Universidad del Rosario, 2017).
35. Fajardo, Las guerras.
36. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario (1995-2015).
37. Juan Carlos Villamizar, Pensamiento económico en Colombia. Construcción de un saber, 1948-1970 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2013).
38. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), Uso adecuado y conflictos de uso de las tierras en Colombia (Bogotá: igac, 2002). El estudio encontró que existen conflictos entre el uso actual y la clase de vocación de la tierra. Unos por subutilización en 17,8 millones de hectáreas, otros por sobreutilización en 19,7 millones de hectáreas y un uso adecuado en 22,7 millones de hectáreas. Desafortunadamente, los datos no son comparables con el censo del dane del 2014, pero arrojan un parámetro de la ineficiencia económica de la tierra en Colombia.
39. Banco Mundial, Desarrollo económico de Colombia. Problemas y perspectivas. Informe de una misión económica enviada a Colombia en 1970 por el Banco Mundial (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1970) 388.
40. pnud, Informe Nacional 222.
41. Richani, "The Agrarian Rentier" 54.
42. Richani, "The Agrarian Rentier" 52.
43. Richani, "The Agrarian Rentier" 62. Por su parte, el censo del 2014 revela un total de 21,5 millones de cabezas de ganado bovino, lo que reafirma la tesis de Richani.
44. Richani, "The Agrarian Rentier" 63.
45. Salomón Kalmanovitz y Enrique López, "Aspectos de la agricultura colombiana en el siglo xx", Economía colombiana del siglo xx: un análisis cuantitativo, eds. James Robinson y Miguel Urrutia (Bogotá: Banco de la República, 2007) 127-171. Los autores encuentran que los valores de impuesto a la tierra oscilan entre 1/1000 y 3/100, lo cual muestra una gran dispersión y una gran cantidad de intereses en juego Recientemente, el gobierno propuso un plan de acción para la adopción de un catastro multipropósito para ser implementado en el 2023 y en cuyo diagnóstico sostiene que, de los 1.009 municipios, el 28 % del territorio nacional no cuenta con formación catastral y el 63,9 % está desactualizado. Ver dnp, Conpes 3859. Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano (Bogotá: dnp, 2016) 86. La historia no permite hacer aseveraciones sobre el futuro, de manera que solo podemos decir que la intensión de esta medida estaría atacando uno de los factores que hacen de la tierra un activo seguro para los capitales y que se consideró en el texto del Acuerdo de Paz.
46.Este término es utilizado por Victor Bulmer-Thomas en The Economic History of Latin America Since Independence (Nueva York: Cambridge University Press, 2008).
47. Elies Furio-Blasco, "Introducción. La estrategia del desarrollo económico y la construcción de una ciencia social Hirschmaniana", Albert O. Hirschman y el camino hacia el desarrollo económico. Una antología de ensayos anteriores a "La estrategia del desarrollo económico", ed. Elies Furio-Blasco (México: Fondo de Cultura Económica, 1998) 7-100.
48. Ese fue por mucho tiempo, en la primera mitad del siglo xx, el caso de la producción de algodón, que era el insumo para la industria textil, o del café en la industria trilladora. Para el primer caso ver Salomón Kalmanovitz, "Evolución de la estructura agraria colombiana", Transformaciones en la estructura agraria, ed. Absalón Machado, vol. II (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) 3-47; para el segundo, ver José A. Ocampo, "La transmisión interna del ciclo internacional del café", La agricultura y las políticas sectoriales, vol. III, ed. Absalón Machado (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) 76-102.
49. Luis Bertola y José A. Ocampo, El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia (México: Fondo de Cultura Económica, 2010).
5°. Calculado con base en el promedio simple del valor agregado del sector agropecuario a precios constantes, series desestacionalizadas, al cuarto trimestre del 2017. Cifras revisadas a febrero 15 del 2018 en miles de millones de pesos colombianos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), "Cuentas Nacionales", Trimestral. 2018. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales.
51.Este diagnóstico ha sido verificado por diferentes analistas del sector.
52. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, "los cultivos permanentes, son aquellos que después de plantados llegan en un tiempo relativamente largo a la edad productiva. Dan varias cosechas y terminada su recolección no se los debe plantar de nuevo. Se incluyen en esta categoría los cultivos arbóreos y arbustivos y cultivos de flores. Son ejemplos típicos de estos cultivos: el café, la caña de azúcar, el cacao, la palma y los árboles frutales. Se incluyen los cultivos permanentes solos y permanentes asociados (mixtos e intercalados)". Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), "Encuesta Nacional Agropecuaria", Anual. 2016. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/ agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena.
53. Diferencia entre aumentos y disminuciones totales: 1.026.640-315.775 = 710.865.
54. En el 2017 el sector palmicultor generó 68.317 empleos directos y 102.477 indirectos, para un total de 170.794. Ver Fedepalma, Informe de gestión 2017 (Bogotá: Fedepalma, 2018).
55. Los cultivos transitorios o de ciclo corto son "aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es, en general, menor de un año y tienen como característica fundamental que después de la cosecha, han de volverse a sembrar o plantar para seguir produciendo". Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), "Encuesta Nacional Agropecuaria", Anual. 2016. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/ estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena.
56. Diferencia entre los aumentos y disminuciones totales.
57. dnp, Conpes 3917. Áreas de referencia como insumo para la identificación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (zidres) (Bogotá: dnp / Ministerio de Agricultura, 2018) 52.
58. Luis Jorge Garay, "Derecho real de superficie. Antecedentes teóricos y consideraciones de economía política sobre su adopción en el caso de Colombia", Finanzas públicas para el desarrollo. 2013. Disponible en: https://finanzaspublicasparaeldesarrollo. files.wordpress.com/2013/02/sobre-el-derecho-real-de-superficie.pdf.
59. Fajardo, Las guerras.
OBRAS CITADAS
I. Fuentes primarias
Publicaciones periódicas
Anuario Estadístico del Sector Agropecuario (1987-2016)
Documentos impresos y manuscritos
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá: Presidencia de la República, 2016.
Banco de la República. Estadísticas de exportaciones. Disponible en: http://www.banrep. gov.co/es/exportaciones.
Banco Mundial. Desarrollo económico de Colombia. Problemas y perspectivas. Informe de una misión económica enviada a Colombia en 1970 por el Banco Mundial. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1970.
Contraloría General de la República (cgr). Primera Encuesta Nacional de Víctimas CGR-2013. Bogotá: cgr, 2014.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). "Encuesta Nacional Agropecuaria". Anual. 2016. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index. php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Bogotá: dane, 2016.
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Departamento Nacional de Planeación (dnp). Misión para la transformación del campo. Bogotá: dnp, 2014.
Departamento Nacional de Planeación (dnp). Conpes 3859. Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano. Bogotá: dnp, 2016.
Departamento Nacional de Planeación (dnp). Conpes 3917. Áreas de referencia como insumo para la identificación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ziDREs). Bogotá: dnp / Ministerio de Agricultura, 2018.
Fedepalma. Informe de gestión 2017. Bogotá: Fedepalma, 2018.
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Estadísticas de restitución de tierras. Disponible en: https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras.
II. Fuentes secundarias
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(ProQuest: Appendix omitted.)
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Abstract
El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) dejó de nuevo aplazada, por tercera vez en ochenta años (1936, 1960-1968, 2016), la reforma agraria. En el acuerdo del 2016, las partes acordaron un lacónico proceso de formalización de la propiedad privada mediante la asignación de títulos para quienes ya tienen posesión sobre la tierra. También se aceptó restituir y reparar a quienes perdieron la tierra en la guerra de 25 años y se volvió a dejar para después la redistribución de la propiedad. Este asunto es de especial importancia, pues el coeficiente Gini de tierras en Colombia llega al 0,8 %, uno de los más desiguales del mundo. Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se revisa cómo el tema agrario en Colombia continúa siendo un proceso de acumulación originaria permanente -con el latifundio como su forma dominante-, y se sostiene que la paz acordada es solo una manera de preparar el mundo agrario colombiano para el gran capitalismo, creando derechos de propiedad necesarios en la agroindustria y haciendo de los campesinos una fuerza de trabajo disponible para la producción, ahora que estos han quedado liberados de la guerra.