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¿Cómo transcurre el tránsito de la dependencia a la autonomía del Ministerio Público en una nueva democracia? El proceso en México, analizado detalladamente, muestra contradicciones reformistas y resistencias gubernamentales para ceder el órgano encargado de la procuración de justicia. El desempeño de la Fiscalía Electoral bajo nuevos márgenes de autonomía (2015-2017) y los constante señalamientos por el uso político de la justicia abonan a la crisis de legitimidad de la Procuraduría y refuerzan los argumentos a favor de una Fiscalía General autónoma para favorecer la democratización del régimen político.
Introducción
Uno de los aspectos más relevantes del diseño institucional del Ministerio Público (mp) corresponde a su ubicación en el régimen político1. En términos comparados, es visible la diversidad en la naturaleza -institucional, funcional, política- de las instancias encargadas de formular acusaciones y realizar investigaciones penales. Pero respecto a su lugar institucional, el debate se puede establecer en términos dicotómicos: mantener un vínculo orgánico con los poderes Ejecutivo o Judicial o, por el contrario, otorgar autonomía con respecto de los otros poderes del Estado.
La procuración e impartición de justicia penal en las democracias contemporáneas muestra una tendencia hacia procesos más abiertos, autónomos y respetuosos de los derechos humanos (Ferrajoli, 2006: 11). La autonomía de las instituciones de procuración de justicia penal, así como su vínculo con un poder formalmente imparcial en su funcionamiento como el Judicial, tiene una racionalidad visible: los intereses particulares ("políticos") podrían contaminar o entrar en conflicto con los procesos de investigación ministerial, así como la aplicación estricta y expedita de la legalidad. Más aún, la subordinación política de la institución encargada de la acción penal es contraria a una idea de justicia neutra, imparcial, y riñe con cualquier régimen democrático.
El vínculo entre la institución de procuración de justicia y el Poder Ejecutivo, particularmente en regímenes presidenciales, supone dejar abiertas las posibilidades para la politización de las causas penales y, en esa medida, para la impunidad ante los casos de corrupción política o administrativa, incluso en casos de violaciones a los derechos humanos. Al Ejecutivo le favorece estratégicamente mantener al MP en su esfera, sobre todo si tiene márgenes de discrecionalidad en su actuación. En esa medida, la desvinculación entre el MP y el Ejecutivo representa una auténtica "modernización" institucional...