RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL MATRIMONIO IGUALITARIO EN ARGENTINA

Abstract

Tras una década de la regulación del matrimonio igualitario en Argentina, primer país en América Latina en llevarla a cabo, este texto presenta una reconstrucción de la trayectoria de los movimientos sociales por la diversidad sexual en Argentina en su lucha por la reivindicación de derechos que en el año 2010 desembocó en el reconocimiento del matrimonio igualitario. Se muestran las diferentes etapas de movilización social desde las oportunidades políticas que permitieron el reconocimiento de derechos para las minorías sexuales, con el objetivo de señalar los elementos que fueron necesarios para el logro del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Alternate abstract:

This text presents a reconstruction of the trajectory of social movements for sexual diversity in Argentina, show the route of claim of same-sex marriage in 2010. The different stages of social mobilization are shown from the political opportunities that allowed the recognition of rights for sexual minorities, with the aim of pointing out the elements that were necessary for the achievement of recognition of same-sex marriage.

Headnote

RESUMEN

Tras una década de la regulación del matrimonio igualitario en Argentina, primer país en América Latina en llevarla a cabo, este texto presenta una reconstrucción de la trayectoria de los movimientos sociales por la diversidad sexual en Argentina en su lucha por la reivindicación de derechos que en el año 2010 desembocó en el reconocimiento del matrimonio igualitario. Se muestran las diferentes etapas de movilización social desde las oportunidades políticas que permitieron el reconocimiento de derechos para las minorías sexuales, con el objetivo de señalar los elementos que fueron necesarios para el logro del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Palabras clave: Movilización social; acción colectiva; matrimonio igualitario.

ABSTRACT

This text presents a reconstruction of the trajectory of social movements for sexual diversity in Argentina, show the route of claim of same-sex marriage in 2010. The different stages of social mobilization are shown from the political opportunities that allowed the recognition of rights for sexual minorities, with the aim of pointing out the elements that were necessary for the achievement of recognition of same-sex marriage.

Keywords: social mobilization; collective action; same-sex marriage.

Fecha de recepción: 23/01/2020

Fecha de aprobación: 25/04/2020

INTRODUCCIÓN

En el año 2020 se cumple una década de la legislación que legitimó el derecho al matrimonio igualitario en Argentina, el primer país de América Latina en reconocerlo. Ese logro se dio como fruto de años de movilización social y legal que le permitió a los movimientos sociales por la diversidad sexual conseguir que se promulgara una ley que permitía a parejas homoparentales contraer matrimonio en igualdad de condiciones con las parejas de diferente sexo. En este artículo se reconstruye el proceso de reivindicación de derechos de las minorías sexuales en Argentina, el cual data desde la década de los años sesenta.

El análisis de la reivindicación de derechos en el país del cono sur que alcanzó su momento cumbre con el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario se realiza desde el marco teórico de la movilización social y la acción que colectiva, que permite ver la manera como se articularon los movimientos sociales LGBTIQ con actores clave que permitieron promover el reconocimiento de derechos de las minorías sexuales, a partir de un discurso en clave democrática y en el marco de unas coyunturas políticas que permitieron las ventanas de oportunidad óptimas para que se promovieran los derechos de las minorías sexuales.

PRIMERAS EXPRESIONES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN PRO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Durante la década de los sesenta en Argentina se activa el movimiento por la diversidad sexual. Dentro de las experiencias que datan su organización se encuentra el surgimiento de la organización Nuestro Mundo, la cual se puede reconocer como la primera colectividad organizada que propugnaba por el reconocimiento de la diversidad sexual en el país. Esta organización, en un claro contexto de proliferación de sectores sociales y políticos de izquierda y en medio de importantes inestabilidades políticas en el país, proponía una reivindicación de las minorías sexuales frente a la represión policial de la que eran víctimas. Como movimiento social se puede afirmar que se organiza en octubre de 1967, dos años antes de los disturbios de Stonewell en New York (Figari, 2017). Sus actividades consistían principalmente en la impresión de folletos que denunciaban las detenciones de personas miembros de esta población por parte de la policía en esgrimiendo la protección de la moral pública que era defendida por los organismos de seguridad.

Desde estas acciones se comenzaron a tejer redes para que se sumaran simpatizantes a sus demandas. En alianza con sectores académicos se creó el Frente de Liberación homosexual, que articuló su discurso en pro de la liberación sexual a partir de la crítica a las estructuras heteronormativas que reprimían a estas minorías, en abierto desafío a la familia tradicional1. Para la década de los setenta, se había logrado una importante atención de la sociedad a causa de la publicación de un periódico llamado Homosexuales (Díez, 2011).

Sin embargo, a pesar de la relación del movimiento con círculos intelectuales, lo que le dio la capacidad de elaborar un discurso que movilizara en pro de sus demandas, con la llegada de Isabel Perón al poder en esa década se dio un recrudecimiento de la represión a varios sectores sociales por parte del Estado. En este contexto, en 1975 la organización se vio forzada a trabajar de manera clandestina, y para 1976 con el golpe militar que derrocó a Isabel Perón encontró su final. Con la dictadura, se lanzó una ola de represión muy fuerte que llevó a que se persiguiera todo tipo de organización y movilización social. El terror militar se convirtió en política de Estado en tanto el despliegue del mismo buscaba eliminar cualquier expresión de inconformidad. En medio de la tortura, el asesinato y las desapariciones que se intensificaron durante la dictadura, el movimiento por la diversidad sexual desapareció (Rapisardi, 2008, p. 986). Aunque este no era el objetivo principal de la represión, dada su cercanía con sectores sociales progresistas y sus actividades de movilización política, fue perseguido (Jaureguí, 1987).

OPORTUNIDADES POLÍTICAS Y ACCIÓN COLECTIVA EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Las oportunidades políticas para el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en Argentina aparecen a partir de la democratización del país en la década de los años ochenta. En medio de este proceso las minorías sexuales se alzaron con un discurso crítico de la estructura patriarcal de la sociedad (Belucci, 2010). Influenciados por Foucault2, los movimientos sociales por la diversidad sexual encontraron en la transición a la democracia un escenario desde el cual reivindicar su condición sexual y demandar escenarios de inclusión. Desde allí se desarrolló un marco cognitivo que ubicaba sus demandas en los debates sobre la democracia, señalando la importancia de reconocer los derechos de las minorías sexuales como asuntos indispensables para la construcción de una sociedad democrática.

Claramente este movimiento desarrolló un enfoque reformista que pedía transformaciones específicas, pero además, comenzaron a establecer enlaces con actores políticos como el Partido Obrero, el Partido Humanista y el Movimiento al Socialismo (MAS) (Brown, 2002). En el marco de la democratización argentina, se lograron importantes frutos para el movimiento durante las décadas de los años ochenta y noventa, en tanto se consiguió que sus demandas fueran contempladas en la agenda pública en relación con asuntos de discriminación por preferencias sexuales, represión a la población diversa por parte de fuerzas policiales del Estado, temas de seguridad social para parejas del mismo sexo y espacios de expresión de la diversidad de géneros.

En este contexto, el movimiento por la diversidad sexual encontró un escenario óptimo para la reivindicación de sus derechos. La transición a la democracia en 1983 permitió que los movimientos sociales comenzaran un proceso de movilización en varios frentes, que generaron en la década de los años noventa el reconocimiento legal del CHA (Comunidad Homosexual Argentina) y la aprobación de una ley nacional que protegía a las personas contagiadas de VIH-SIDA.

Tal enfermedad fue un grave problema para esta población y se convirtió en una demanda muy contundente en el marco de la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales en el país. El VIH-SIDA, que se arreció a partir de la década de los años noventa, fue un duro golpe a los movimientos sociales en tanto diezmó a sus. Además, generó que se desviara la atención en las demandas sociales de la población sexualmente diversa a reclamar atención médica para la población (Salinas, 2010). La epidemia generó una serie de acciones colectivas por parte de las minorías sexuales que contó con el apoyo de otros sectores sociales, políticos y estatales para su atención. Estas movilizaciones concluyeron con la promulgación de una ley nacional que permitió a los argentinos acceder a servicios de salud para atender la enfermedad (Falistocco et al., 2011).

El logro de incluir las demandas sobre la atención de pacientes con VIH-SIDA generó un sentido de victoria en el movimiento que los llevó a la reivindicación de derechos patrimoniales para parejas del mismo sexo y de uniones civiles. La legislación para la atención del VIH-SIDA abrió ventanas de oportunidad que los llevaron nuevas perspectivas de acción colectiva en pro de los derechos de las minorías sexuales en el país.

Ya con la aprobación de una ley que protegía a los enfermos de VIH/SIDA y el reconocimiento legal de la Comunidad Homosexual Argentina, el escenario político se empezó a transformar, de manera que fue posible centrar de nuevo su atención en las demandas sociales para la obtención de derechos civiles. Estas demandas, fomentadas por las organizaciones que conformaban la Comunidad Homosexual Argentina, de las que la más prominente en ese momento era Gays DC (Gays y Lesbianas por los Derechos Civiles), concentraron sus fuerzas en tres frentes fundamentales para conseguir condiciones de igualdad e inclusión para esta población: 1) la promulgación de leyes en contra de la discriminación por preferencias sexuales, 2) la extensión de los beneficios patrimoniales y de seguridad social a las parejas del mismo sexo y 3) la derogación de los artículos del código penal utilizados en procedimientos policiales de Buenos Aires para perseguir a las minorías sexuales (Díez, 2015 p. 112). Esta agenda se desarrolló en la capital del país, en donde los movimientos sociales por la diversidad sexual tenían un impacto más elevado que en otras zonas del país.

Como parte de su estrategia, y a partir del terreno conseguido con el reconocimiento legal de La Comunidad Homosexual Argentina, el movimiento por la diversidad sexual encontró fundamental la visibilidad de sus demandas como sujetos de derechos, no se trataba únicamente de acabar la represión, sino de reclamar condiciones de igualdad. Esta nueva fase en la búsqueda de derechos para la población sexualmente diversa marcó el inicio de las relaciones entre el movimiento y los aliados estatales que compartían sus intereses. Una de las primeras fue Inés Pérez Suárez, concejal de Buenos Aires, miembro del Partido Justicialista (Peronista). Como activista feminista y a favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres durante la transición a la democracia en Argentina, encontró afinidad pues estaba a favor de la no discriminación de diversos grupos sociales, incluyendo las minorías sexuales (Díez, 2015, p. 113). Pérez Suárez fue muy importante ya que fue la primera funcionaria pública en escuchar las demandas de esta minoría e impulsarlas en el concejo de la ciudad.

En ese contexto se presentó una oportunidad de muy alto valor para las minorías sexuales, ya que en 1994, a partir de la negociación realizada entre Carlos Menen y sectores políticos de oposición, en lo que se denominó el pacto de los olivos en Argentina, se negoció la reelección presidencial y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires (Negretto, 2001), lo que dio inicio a un proceso de reforma constitucional que le otorgó autonomía a la capital del país. Este fue un escenario muy valioso pues permitió que las demandas establecidas por las minorías sexuales encontraran representantes en el proceso de reforma política que se llevó a cabo, permitió la elección de un alcalde por sufragio para la capital y se estableció una asamblea constituyente que elaboraría una constitución a nivel subnacional, lo que dio espacio a diversos actores que habían estado relegados. Con este escenario, las minorías sexuales comenzaron su movilización con el objetivo de garantizar que en dicha constitución se tuvieran en cuenta sus derechos.

La estrategia consistió entonces en establecer alianzas con otros grupos sociales que también reclamaban derechos civiles, con el objetivo de conceptuar que era fundamental para la democracia que la no discriminación por orientación sexual se entendiera como un derecho fundamental. Para ello se concentraron en visibilizar su plataforma en medios de comunicación masivos. Por otro lado, se preocuparon por identificar a constitucionalistas que hubieran trabajado en la defensa de derechos humanos y con grupos de mujeres que simpatizaran con la reivindicación de tales derechos. Constitucionalistas como Raúl Zafaroni y María José Laberinto fueron fundamentales en este proceso. Esta estrategia rindió frutos, pues el 30 de agosto de 1996, la asamblea constitucional de la Ciudad de Buenos Aires incluyó la no discriminación por orientación sexual en las disposiciones constitucionales (Pecheny & Petracci, 2006, p. 56).

Tal proceso fue muy importante ya que el cabildeo realizado y la visibilización mediática gestionada le enseñó a las minorías sexuales rutas de trabajo para desarrollar y aprovechar mecanismos políticos y mediáticos con el objetivo de incluir sus demandas en la agenda legislativa. Esto sería la semilla que permitió a estas comunidades desplegar las acciones colectivas que consiguieron el reconocimiento de derechos en los años siguientes. Además, fue un gran triunfo simbólico ya que Buenos Aires es el centro financiero, político y cultural del país, por lo que la inclusión de la no discriminación a nivel constitucional de la ciudad generó una visibilización de las demandas de las minorías sexuales a nivel nacional.

El efecto de tales disposiciones repercutió inmediatamente en la revisión del código civil de la ciudad, en el que estaban vigentes artículos que castigaban expresiones de diversidad sexual y que además eran utilizados por la policía para reprimir a esta población. En tanto tales artículos estaban en contra de las consideraciones constitucionales subnacionales sobre la no discriminación por orientación sexual, se le exigió a la asamblea de la Ciudad de Buenos Aires revocarlos, con un efecto positivo ya que para la promulgación del código civil en 1996 ya se habían eliminado (Moreno, 2006, p.124). Después de esto, se exigió ante la primera legislatura la eliminación de las referencias a la homosexualidad en los códigos civil (las que se mantenían) y penal, con un resultado exitoso en 1998 con la promulgación de un código contravencional que eliminaba la homosexualidad como causa de detención (Díez, 2015, p. 116).

Es importante señalar que las acciones colectivas para prevenir y atacar la discriminación por razones de diversidad sexual se concentró en la ciudad de Buenos Aires, con la excepción de la ciudad de Rosario, donde se logró promover en 1996 que el consejo de la ciudad promulgara leyes antidiscriminatorias, adoptando el 20 de marzo de ese año lo que se denominó la cláusula antidiscriminatoria por temas de orientación sexual (Ciudad de Rosario, 1996). Este proceso fue impulsado principalmente por el activista Guillermo Lovagnini, a partir de las relaciones entre los colectivos en pro de la diversidad sexual y el Partido Socialista (PS) que tenía una presencia importante en la provincia de Santa Fé, de la que Rosario es la capital (Sívori, 2004).

La década de los años noventa culminó entonces con el aprovechamiento de importantes oportunidades políticas que aparecieron en el marco de la transición democrática del país. También con la consolidación de redes de acción política con actores sociales, políticos y estatales que se veían afines a las demandas de las minorías sexuales y que desempeñaban roles cruciales en los escenarios de diseño y rediseño de políticas públicas.

UNIONES CIVILES EN BUENOS AIRES

Como efecto de la epidemia de enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA, que ocasiono para muchos miembros de las minorías sexuales traumáticas experiencias en tanto a muchos no se les permitía ver a sus parejas en sus lechos de muerte, no se les brindaban servicios de salud ya que la seguridad social no los cobijaba como beneficiarios de sus parejas o que sus pertenencias no se veían sucedidas por falta de reglamentación al respecto, las minorías sexuales redefinieron las demandas por las que empezarían a luchar tras las victorias obtenidas con la reforma constitucional en la década de los años noventa (Bloch, 2010).

La estrategia comenzó promoviendo la extensión de los beneficios médicos a las parejas del mismo sexo de los empleados públicos, para ello contaron con el apoyo del sistema de seguridad social para maestros (OSPLAD), quienes acompañaron la iniciativa. La legislación argentina establecía que los beneficios de salud incluyen a individuos que conviven con el empleado y reciben un tratamiento familiar. Si bien no era explícita para excluir a las parejas del mismo sexo, las solicitudes de incluir a las parejas del mismo sexo de los servidores públicos tramitadas por las minorías sexuales fueron negadas por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) apelando a que el matrimonio, según lo establecido en el código civil de la nación, era exclusivo para parejas de sexos diferentes. Con esto, si bien no era explícita la exclusión del beneficio en seguridad social para las parejas del mismo sexo en la práctica sí (Díez & Franceschet, 2012).

Entrado el año 2000 y en medio del debate para reivindicar el reconocimiento de derechos relacionados con servicios de seguridad social, los activistas por la diversidad sexual, entre los cuales sobresalen los líderes fundadores del CHA César Cigliutti y Marcelo Suntheim, comenzaron debates al interior de las minorías sexuales que pretendían impulsar la legislación en Buenos Aires para que se reconocieran uniones civiles a las parejas del mismo sexo. Tras la cláusula de la no discriminación en la constitución de Buenos Aires, el discurso por los derechos de esta población comienza a concentrarse en la igualdad. La búsqueda de las uniones civiles materializó esas iniciativas.

Para promover esta reforma política en Buenos Aires, el movimiento en pro de la diversidad sexual comenzó un proceso de identificación con otros grupos sociales que compartían sus ideales y con actores políticos y estatales que impulsaran el reconocimiento formal de uniones civiles del mismo sexo. Para esto llevaron a cabo un debate mediático en que se solicitaba a los parlamentarios de la ciudad tomar posición al respecto de la iniciativa y se aliaron con la magistrada Graciela Medina, primera jueza argentina que falló a favor de la solicitud de extensión de beneficios de salud para una pareja del mismo sexo (Bigliardi, 2011) Esto generó el apoyo de diversas instituciones que veían la disputa como un tema de importancia en el marco de los derechos de los ciudadanos: el INADI, el Viceministerio de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Buenos Aires y la Defensoría de Derechos Humanos. También encontraron orientación legal en académicos e instituciones educativas como la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires. Las relaciones con legisladores como María Elena Naddeo, Daniel Bravo y Roque Bellomo, fueron fundamentales para impulsar la iniciativa de uniones civiles en Buenos Aires, ya que estos actores compartían sus ideales y habían trabajado en temas de derechos humanos anteriormente. El esta- blecimiento de estas relaciones con tales actores políticos permitió las redes políticas que impulsaron las uniones civiles y subsecuentemente la agenda del matrimonio igualitario (Diez, 2015, p. 120).

Una vez presentada la propuesta a la legislatura de la ciudad y con el apoyo de 24 miembros del concejo, el debate público al respecto se encendió, a lo que los promotores de las uniones civiles respondieron con una estrategia de visibilización mediática desde un discurso que promovía tales uniones como un tema de derechos pertinente en el marco de una sociedad democrática. Ello generó fuertes contradictores, principalmente grupos religiosos protestantes y católicos, que se manifestaron en contra de la legislación que reconocía las uniones civiles, argumentando que tales regulaciones eran de ámbito nacional. Esta arremetida por parte de los opositores a fue muy contundente y llevó a un álgido debate público en el que los promotores de las uniones civiles argumentaron su validez como un asunto de derechos (Hiller, 2008). En ese contexto y tras un lobby contundente por parte de los promotores de la reforma, el proyecto fue votado y salió victorioso el 12 de Diciembre de 2001, entrando en vigor en marzo del 2002 (Díez, 2013).

Este logro a nivel subnacional impactó directamente el debate sobre los derechos de las minorías sexuales como un asunto relevante para la democracia en el país dada la importancia que tienen los asuntos públicos de la ciudad de Buenos Aires para la agenda política nacional. Además, le enseñó a los movimientos sociales la importancia de conseguir aliados políticos que les ayudaran a impulsar sus propuestas, muchos de los actores que apoyaron las reformas antidiscriminatorias en la constitución fueron elegidos como concejales y desde allí apoyaron la regulación de uniones civiles. También fue fundamental aliarse con otros grupos sociales que concordaban en la reivindicación de derechos y con sectores académicos y medios de comunicación, ya que estos de igual manera impulsaron la transformación de la política respecto a los derechos de las minorías sexuales en Buenos Aires. Por último, fue fundamental requerir que legisladores tomaran posición pública respecto al debate y presionar para que se incluyera el tema en la agenda legislativa de manera visible (Díez, 2015, p. 123).

A partir de estas experiencias se puede ver como un rasgo fundamental del movimiento social por la diversidad sexual en Argentina está en la consolidación de redes de acción política que se entablaron con actores clave para sumarlos a sus reivindicaciones. Con el apoyo de sectores intelectuales, y por medio de campañas mediáticas en las que resaltaban ante la opinión pública la importancia de sus demandas en el marco de la expansión de los derechos como un elemento crucial para la construcción de la democracia3, acompañadas de un despliegue publicitario en medios masivos y a través de herramientas digitales como Facebook y Youtube, se promovió una importante visibilización de sus reivindicaciones.

Es importante señalar que se promovieron en las provincias transformaciones como las de Buenos Aires en términos de derechos de las minorías sexuales, sin embargo, con excepción de la ciudad de Villa Carlos Paz, no se lograron pues la presencia y fuerza de los movimientos LGBTIQ fuera de la capital es reducida. Para el 2005 el país se encontraba en una situación bastante irregular, ya que en varias provincias se mantenían vigentes artículos en los códigos civiles y penales que eran usados para reprimir a las minorías sexuales. Sólo en Villa Carlos Paz y Rosario habían clausulas antidiscriminación y únicamente en Buenos Aires se podían celebrar uniones civiles (Rodríguez, 2011, p. 214).

LITIGIO ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS SEXUALES POR VÍA JURISDICCIONAL

Frente a la imposibilidad de conseguir legislaciones subnacionales que reivindicaran sus derechos como en la capital, las minorías sexuales adoptaron otros mecanismos para conquistar en estas regiones la reivindicación de sus derechos. Optaron por presionar desde la opinión pública a los gobernadores y a los ministros de derechos humanos e interior y justicia para que introdujeran reformas que eliminaran los recursos jurídicos con los que se reprimía a la población sexualmente diversa. El CHA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) fueron los protagonistas de ese debate. Con ello se logró el compromiso del ministro de justicia del momento Aníbal Fernández a promover la derogación de los decretos de los códigos civiles y penales a nivel subnacional con los que las fuerzas policiales de la provincia reprimía a esta población. Esas regulaciones sancionaban civil y penalmente expresiones de diversidad sexual por considerarlas atentatorias de la moral pública. Esto llevó a que se generara una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 20 de septiembre del 2008, en la que se instaba a Argentina para que derogara tales reglamentaciones. Durante los cuatro años siguientes, las provincias restantes derogaron los viejos artículos en los códigos penales y civiles que eran utilizados para reprimir a las minorías sexuales. La última fue la provincia donde se eliminaron ese tipo de artículos fue Fermosa en el 2012.

Sin embargo, este no fue el único mecanismo al que acudieron los activistas para reivindicar sus derechos. En el país, el máximo tribunal es la Suprema Corte de Argentina, por tanto se emprendió un litigio estratégico que permitiera llevar ante tal tribunal la reivindicación de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. La Suprema Corte tiene la potestad de hacer revisión constitucional además de fallar sobre los procesos que llegan a sus instancias, aunque no es vinculante el fallo a nivel nacional y sólo implican a las partes, sí se subordinan a su jurisprudencia los fallos regionales que se emitan sobre la misma materia. Por tanto, la estrategia jurídica en este caso pretendió que a partir del reconocimiento de las uniones homoparentales se declarara a su vez inconstitucional la conceptualización del matrimonio que se encontraba inserta en el código civil argentino, que lo comprendía exclusivamente entre hombre y mujer (Krasnow, 2012, p. 15).

A partir de allí el objetivo de movilización se desplazó de las uniones civiles al matrimonio igualitario. Se solicitó ante los tribunales regionales el matrimonio entre parejas del mismo sexo para que una vez fueran denegadas se apelara ante la Suprema Corte reclamando amparo con base en la regulación de antidiscriminación obtenida en Buenos Aires. El primer caso fue el de María Rachid y Claudia Castro, activista LGBTIQ, quienes en 2007 solicitaron ante el registro civil de Buenos Aires que se reconociera su matrimonio. Fue denegado y llevado a la justicia, en dónde un juez falló en contra de la solicitud basándose en que la disposición del código civil del país establece que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer. En el mismo año y con la misma estrategia, el actor Ernesto Larregui y su pareja Alejandro Vanelli solicitaron el registro de su matrimonio y tras la negativa judicial apelaron a la Suprema Corte. También los activistas Cesar Ciglutti y Marcelo Suntheim, quienes se habían casado en España donde el matrimonio igualitario es legal desde el 2005, solicitaron su validación y fue negada en los estrados judiciales, apelando de la misma manera ante la Suprema Corte. Estas demandas llegaron al más alto tribunal acompañadas de varios amicus curie por parte de académicos y organizaciones tanto nacionales como internacionales. Además le dieron un despliegue mediático muy importante al proceso, lo que contribuyó a visibilizar la lucha que pretendía darse en los escenarios legislativos. Para el año 2009, ya se habían generado alrededor de 70 casos que habían apelado a la suprema corte con fallos positivos para los demandantes.

POSICIONAMIENTO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN LA AGENDA LEGISLATIVA

A partir de los logros conseguidos en términos de salud, uniones civiles y antidiscriminación en Buenos Aires, firmemente las minorías sexuales comenzaron un proceso para llevar a nivel nacional las disposiciones antidiscriminatorias. Con un plan que consistió en una contundente propuesta legislativa, de 31 leyes, que contenían disposiciones para combatir la discriminación en Argentina, el fortalecimiento del INADI, campañas nacionales de concientización y programas de capacitación para la administración pública. Respecto a la discriminación por preferencias sexuales, la propuesta preveía la adopción de uniones civiles a nivel nacional, la derogación de recursos jurídicos que reprimieran a las minorías sexuales, la extensión de las visitas conyugales por parte de las parejas del mismo sexo de los reclusos y campañas de sensibilización que promovieran la no discriminación por preferencias sexuales (Vilpando, Feierstein, & Cassino, 2006).

En este contexto, de manera paralela, los movimientos sociales comenzaron en 2005 a presionar por las uniones civiles, con el apoyo de la Senadora Diana Conti del Frente para la Victoria (FPV) se enfocaron en las uniones civiles entre parejas del mismo sexo en el código civil argentino. A partir de ahí germinó la idea de luchar por el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario. Con el apoyo del diputado Eduardo di Pollina, del Partido Socialista (PS), se consignó en la cámara de diputados un proyecto de ley que transformaría el código civil de la ciudad de Buenos Aires y legitimaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien esta primera iniciativa no prosperó en la capital significó el impulso para llevar la iniciativa a la agenda legislativa nacional (Díez, 2015, 1270).

En el 2007 se llevó a cabo un intento por introducir el proyecto de ley en la agenda legislativa nacional. En este proceso, las redes de acción política en pro de los derechos de las minorías sexuales encontraron aliados dentro del partido de gobierno, el FPV, la UCR y otros partidos pequeños. En ese mismo año, la senadora peronista Vilma Ibarra presentó un proyecto de ley en el que pretendía legislar el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, un año más tarde, en el 2008, la diputada de Rosario Silvia Augsburger, presentó en la cámara un proyecto de ley en colaboración con la organización FALGBT. Con estas iniciativas se empezó a mover el tema con el objetivo de ponerlo en la agenda.

En este contexto fueron fundamentales los aliados políticos consolidados con años de movilización social y acción colectiva para reivindicar los derechos de las minorías sexuales. Estas redes llegaron hasta el punto en que durante el año 2006 se generaron acercamientos con el gobierno de Néstor Kirchner y en el año 2007, durante la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, se logró el compromiso público de impulsar el reconocimiento de los derechos de estas minorías (Larrea, 2013).

En el 2009, tras el escenario configurado con años de trabajo en todos los frentes que podrían impulsar la transformación política del matrimonio igualitario se la presión sobre los legisladores para impulsar el proyecto de ley. Fue crucial el apoyo de los Kirchner, ya que Cristina Fernández de Kirchner había ganado las elecciones y su esposo, el expresidente Néstor Kirchner había sido elegido diputado en la cámara. Si bien el apoyo del ejecutivo no se dio de manera pública, sí hubo un compromiso de la presidenta para ejercer presión a los legisladores e impulsar la transformación del código civil. Hay que resaltar que este apoyo se dio de manera directa por parte de la presidenta de Argentina, dado el marcado personalismo que su mandato gubernamental, en que la toma de decisiones se caracterizó por darse en círculos íntimos en los que el debate de ideas quedaba supeditado al sentido de lealtad con el liderazgo ejercido por la presidenta(De Luca, 2011). De esta manera, el apoyo del ejecutivo fue fundamental, en el que personalmente la presidenta se encargó de negociar los incentivos para conseguir los votos requeridos. Como sabemos, esto generó que se impulsara con mucha fuerza el debate y que se consiguiera la legislación.

La argumentación del matrimonio igualitario como un tema de derechos humanos fue otro elemento crucial para que el ejecutivo tuviera en cuenta esa causa y adoptara la iniciativa dentro de su plataforma de gobierno (Meccia, 2010).

Por otro lado, la coyuntura política que vivía Argentina en el año 2009 significó la ventana de oportunidad para el despliegue de la acción colectiva en pro de legislación del matrimonio igualitario. Para ese año, la presidenta contaba con una imagen baja, alrededor de 21% de favorabilidad. Ello estaba relacionado con la crisis política que se desató a partir del año 2008 hasta principios del año 2010. Además, su mandato se caracterizó por una serie de cambios constitucionales y cambios en políticas públicas de los que resaltan la reforma política del 2009 en la que se transformaron temas como la regulación de los partidos políticos, el establecimiento de elecciones primarias, el financiamiento de las campañas y del padrón electoral; la reforma de la normativa de la radiodifusión en el país que había sido heredada de la dictadura; así como la legislación del matrimonio igualitario(Catterberg & Palanza, 2013).

Sin embargo, durante los años 2008 y 2009, Argentina sufrió una serie de turbulencias políticas asociadas con la crisis económica del 2009 y principalmente con la denominada resolución 125 o crisis del campo, relacionada con retenciones agrarias, que desató un conflicto entre el gobierno y el sector agrícola a partir del establecimiento de incrementos significativos en las retenciones a las exportaciones, lo que generó una fuerte polarización en la sociedad y una generalizada reprobación de la gestión gubernamental de la presidenta Fernández. En este contexto, en el marco de un discurso en pro de la democracia y con una contundente propuesta de reformas sociales, se abrieron las oportunidades políticas en las cuales fue posible gestionar la agenda del matrimonio igualitario y llevar al ejecutivo Argentino a apoyar la propuesta.

Efectivamente la voluntad política del ejecutivo está mediada por los intereses que pueda tener para sumarse a las diferentes iniciativas que se presentan en el panorama político. Desde la lógica de la acción colectiva, se ve cómo los actores políticos se adhieren a diferentes causas a partir de los incentivos que tengan para ello. No necesariamente el compartir un interés común garantiza que los actores políticos se van a organizar para llevar a cabo las acciones requeridas para las transformaciones buscadas. Sin embargo, el establecimiento de incentivos, ya sean materiales o simbólicos, permite ver las razones y las maneras cómo los actores logran cohesionarse en acciones colectivas para buscar un fin específico (Olson, 2001). En este sentido, la presión ejercida por el movimiento social argentino en pro de la diversidad sexual alrededor de la reivindicación del matrimonio igualitario, mediante el debate público, la protesta social, el enmarque de su discurso como algo fundamental para la democracia y a partir de los logros obtenidos en temas de seguridad social, uniones civiles y atención en salud, permitieron un escenario en que para el ejecutivo fue redituable apoyar la propuesta de legislación en el marco de una profunda crisis política.

A partir de un fuerte de lobby y con ayuda del ejecutivo, tras un despliegue mediático y el proceso de litigio estratégico para la defensa del derecho al matrimonio igualitario llevado a cabo en las cortes, se decide el 18 de marzo del 2010 poner en la agenda de la cámara, en la comisión de asuntos sobre la familia, el debate sobre los proyectos que pretendían la transformación del código civil en materia de ampliar el matrimonio también para las parejas del mismo sexo, el cual es votado y sale victorioso en estas primeras instancias el 15 de abril de ese año, dando formalmente inicio al proceso de legislación del derecho al matrimonio igualitario en Argentina (Díez, 2015, p. 139).

En tanto el tema se encontraba ya en el congreso, se produjo un contexto político en que importantes organizaciones religiosas de orientación protestante se opusieron al matrimonio entre personas del mismo sexo en Buenos Aires, mientras que la iglesia católica desplegaba su oposición en provincia. Como rasgo particular de este proceso de oposición, las organizaciones protestantes, agrupadas en ACIERA (Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República de Argentina) y la iglesia Católica, establecieron alianza para promover un frente conjunto que desde los grupos religiosos se opuso (Feldstein & Scotti, 2011).

La oposición de los grupos religiosos al reconocimiento del matrimonio igualitario se dio con base en la defensa de la familia tradicional. Estas organizaciones también intentaron impactar directamente en los legisladores, a partir del lobby, y llevaron a cabo movilizaciones para visibilizar su oposición en la opinión pública. Por parte de la iglesia católica se generó una fuerte presión directa a los legisladores, señalando que el matrimonio tradicional no debía ser negociable ya que era un mandato natural que además afectaba a los niños que hicieran parte de familias diversas. En la esfera de la opinión pública, el catolicismo arremetió de manera contundente alegando que la oposición al matrimonio igualitario se encontraba respaldada por la defensa del derecho de los niños a criarse en el seno de sus madres, por lo que permitir el matrimonio igualitario significaba un grave atentado al derecho de los infantes (Vaggione, 2011).

Frente a esta arremetida, las minorías sexuales echaron mano de las redes que habían consolidado y de los medios de comunicación que compartían sus propuestas, movilizaron acciones que pusieron el debate del matrimonio igualitario en términos de derechos en la opinión pública de una manera muy contundente para responder desde allí a la crítica de los sectores religiosos. Fue fundamental para impulsar el proceso que los sindicatos del país se aliaran los promotores del matrimonio igualitario y ejercieran presión sobre los legisladores para que se aprobara el proyecto. Además, con el apoyo de sectores académicos, se mostró ante la opinión pública que la defensa de los derechos de los niños argumentada por lo grupos religiosos carecía de sustento científico que demostrara que un niño se veía afectado si se encontraba en el seno de una familia de padres o madres del mismo sexo.

En el marco de un agitado debate público se llevó a cabo una larga votación de la reforma al código civil, el 4 de mayo se dio la sesión en la cámara, que duró 12 horas y fue votada con 125 votos a favor, 109 votos en contra, 4 abstenciones y 16 ausentes. Con este triunfo en la cámara, se dio paso a la discusión de la reforma en el senado, en el cual las fuerzas conservadoras de la política argentina no son tan fuertes. Si bien en Buenos Aires no se presentó una oposición contundente a la reforma, en la cámara hay más representantes de las provincias que en el senado, en donde la oposición sí fue prominente. Por tanto, quienes se oponían al proyecto no encontraron en el senado un escenario favorable para detener la reforma.

Frente al debate, bajo el liderazgo del obispo Bergoglio hoy Papa Francisco, se leyeron en las misas dominicales documentos en contra del matrimonio igualitario y se arreció la mediatización del debate en la opinión pública. Además, se realizaron comunicaciones públicas en las que manifestaba su oposición al matrimonio igualitario y convocaba a los sectores del catolicismo a oponerse y movilizarse en contra de la propuesta. Por su parte, las iglesias protestantes generaron movilización social haciendo manifestaciones en frente del congreso para que no se aprobara la reforma. Sin embargo, las redes de acción política que habían llevado al ejecutivo a simpatizar con la reforma fue le elemento fundamental al final del proceso, ya que frente a la oposición generada por estos grupos de poder que se oponían a la legislación del matrimonio igualitario, el gobierno ejerció presión e impulso la votación a favor.

El 14 de julio del año 2010, a las 4:30 a.m., tras 14 horas de debate, fue votada la reforma en el senado, con 30 votos a favor y 27 en contra. El 21 de julio del año 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley. Ese día, después de años de lucha social de las minorías sexuales en Argentina, por primera vez en un país de América Latina, fue legitimado el matrimonio igualitario.

OBSERVACIONES FINALES

La experiencia argentina sobre la legislación que permitió el reconocimiento y la protección del derecho al matrimonio igualitario, así como la posibilidad de adoptar por parte de parejas homoparentales, no sólo es pertinente en tanto fue la primera legislación que reconoció este derecho en la región, sino también porque da cuenta de un proceso de movilización social que no descansó hasta conseguir el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario.

Además, muestra cómo la incansable movilización social en pro del derecho al matrimonio igualitario se convirtió en el factor que llevó a que se consolidaran y operaran de manera correlacionada los otros factores. No sería posible explicar el triunfo de la legislación del matrimonio igualitario en el país, sin tener por sentado los logros en términos de derechos patrimoniales, de prevención y rechazo de la criminalización de la diversidad sexual, uniones maritales de hecho, regulaciones antidiscriminación y servicios de salud. En ese sentido, el caso argentino muestra claramente como el derecho al matrimonio igualitario es la cereza del pastel en el reconocimiento formal de las relaciones familiares entre parejas del mismo sexo.

Es importante reconocer la importancia de los aliados políticos que se unieron a la reforma política del matrimonio en el país. Fueron estas redes, cultivadas con años de movilización social y política, las que agregaron el factor diferencial que le permitió a las minorías sexuales impulsar la agenda y conseguir la reforma. De igual manera, estos aliados son el fruto de años de lucha social, de la construcción de un discurso en clave de derechos y del aprovechamiento de las ventanas de oportunidad políticas que se dieron en las diferentes coyunturas políticas que tuvo el país en los momentos de reivindicación de derechos para las minorías sexuales.

Sidebar

* Este texto surge de la investigación realizada entre agosto de 2015 y octubre de 2019, en el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, realizada para el desarrollo de la tesis doctoral titulada "Reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en Colombia, Argentina y México 1993 - 2016". Se agradece al CONACYT el apoyo brindado para el desarrollo de la investigación.

Footnote

1El Frente de Liberación Homosexual fue un movimiento paradigmático en la generación de los movimientos sociales por la diversidad sexual en Argentina, para mayor información sobre sus orígenes véase: (Klocke & Wild, 2018; Perlongher, 1985)

2Los textos de Foucault inspiraron las reivindicaciones sociales por parte de las minorías sexuales en tanto sus estudios sobre la homosexualidad daban cuenta de las intencionalidades ideológicas con las que se censuraba la diversidad. Véase: (Foucault, 2012)

3Para una reconstrucción del proceso de movilización social en pro de la legislación del matrimonio igualitario en Argentina en que se da cuenta de las alianzas realizadas con diversos actores para su consecución véase: (Bimbi, 2010).

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