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E: PRIMER LUGAR, quiero agradecer a la Universidad de Concepción y especificamente a su Vicerrectoria de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio por invitarme a celebrar sus 10 años de creación. Una vicerrectoría que, mirada en el actual contexto, recobra más importancia que nunca.
La democracia en América Latina y el mundo enfrenta un desafío fundamental que trasciende las amenazas autoritarias tradicionales. Como lo indica el politólogo Adam Przeworski (2022), la incapacidad de las democracias para garantizar derechos económicos, sociales y culturales amplios mina directamente su legitimidad. Este fenómeno resulta particularmente agudo en América Latina, región que continúa siendo la más desigual del planeta, donde la exclusión social y económica refuerza un círculo vicioso que debilita las bases democráticas. Cuando los regímenes democráticos no cumplen con las expectativas ciudadanas sobre bienestar y justicia social, se produce un distanciamiento progresivo entre la ciudadanía y las instituciones.
La calidad democrática se encuentra intrínsecamente relacionada con la capacidad de inclusión social. Una sociedad que garantiza el ejercicio de los derechos que protegen a las personas más vulnerables y excluidas será, inherentemente, una sociedad más dispuesta a la diversidad y al pluralismo. Sin embargo, el abandono de sectores históricamente marginados en nuestra región se ha convertido en fuente permanente de conflicto social y constituye uno de los factores causales de las recurrentes crisis democráticas y de derechos humanos que experimentamos.
El deterioro del Estado de derecho, documentado por el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project', representa otra dimensión de esta crisis. Este índice muestra que el factor de Derechos Fundamentales ha sufrido el mayor retroceso, con casi dos de cada tres países experimentando disminuciones en este indicador. Paralelamente, se registra un significativo descenso en el Factor 1: Restricciones a los poderes gubernamentales (59%), lo que evidencia un preocupante debilitamiento de los contrapesos institucionales que sostienen el sistema democrático.
Frente a la erosión de la legitimidad democrática, el diálogo social emerge como un mecanismo esencial para la resolución pacífica de conflictos. Como señaló Alain Touraine (1988) ya en los años noventa, las demandas de los sectores más desposeídos en América Latina no se limitan a mejores condiciones materiales de existencia, sino que incluyen la participación efectiva en el sistema institucional que toma las decisiones. La emergencia...