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Cuando se habla de "libertad de expresión" suelen conjugarse una serie de factores políticos, sociales, culturales y hasta jurídicos, que invitan a una asociación contraria: la falta de libertades para expresarse contra acciones gubernamentales. De ahí este breve recorrido desde finales de los años setenta a la fecha sobre la relación de los medios de comunicación con el sistema gubernamental.
Como sabemos, el periodismo es una actividad de gran trascendencia para la sociedad, que se vale de los medios de difusión para ofrecer información, opiniones e interpretaciones sobre el acontecer nacional e internacional, que tiene incidencia en la formación de la opinión pública y que la puede llevar a tomar sus decisiones en uno u otro sentido. Por lo que se puede resumir que la función del periodismo es informar sobre la realidad; sin embargo, como también sabemos, la realidad puede tener una multiplicidad de interpretaciones. Al ser el periodismo formador de opinión pública deviene un instrumento de poder con un gran valor político. Esto lo sabe perfectamente la clase política mexicana que, a lo largo de la historia y en concordancia con quienes detentan el poder económico, lo ha utilizado para incidir en la opinión pública nacional en su propio beneficio.
Durante muchos años, el sistema político mexicano garantizó su supervivencia estableciendo alianzas con diversos sectores como el obrero, el empresarial, la Iglesia, el ejército y, por supuesto, los medios de comunicación, lo cual trajo consigo, entre otras cosas, que muchos periodistas hayan sido cooptados por el Estado, tejiendo así una red de corrupción y complicidades a cambio de favores, principalmente económicos.
También es sabido que durante lustros el gobierno fue el único proveedor de papel para los medios impresos a través de la desaparecida Productora e Importadora de Papel Sociedad Anónima (pipsa), lo cual establecía una dependencia con el poder político, sin dejar de mencionar que el Estado era (y en algunos casos lo sigue siendo) el principal anunciante y, por tanto, generador de ingresos para los medios.
Por otra parte, el gobierno fue también el único encargado de otorgar de manera discrecional las concesiones para la radio y la televisión, una lucha que hasta le fecha se sigue dando para que no continúe ocurriendo de esa manera.
Antes de 1970,...