ANTES DE QUE ANOCHEZCA. DERECHOS HUMANOS Y CLASES MEDIAS EN ARGENTINA ANTES Y EN LOS INICIOS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976/Before sunset. Human rights and middle classes in Argentina before and at the beginning of the 1976 coup d'état

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RESUMEN: En este trabajo se analiza el tema de los derechos humanos en Argentina antes y durante el comienzo del golpe de Estado de 1976 (1970-1977). Se argumenta que la inexistencia de una conciencia social sobre tales derechos en la primera mitad de la década y el temprano y extendido consenso en torno a lo que más tarde se llamará «teoría de los dos demonios» son dos elementos fundamentales a la hora de explicar la actitud de las clases medias no radicalizadas políticamente ante el surgimiento del discurso de los derechos humanos en Argentina.

Palabras clave: derechos humanos, dictadura, clases medias, teoría de los dos demonios, década de 1970.

ABSTRACT: This study explores the issue of human rights in Argentina in the period before and at the beginning of the 1976 coup d'état (1970-1977). It claims that the absence of a social conscience about human rights in the first part of the decade and the early and huge consensus about what later would be called «the two demons theory» are two essential elements to explain the attitude of the middle classes not involved in political struggle toward the emergence of a human rights discourse in Argentina.

Key words: human rights, dictatorship, middle classes, two demons theory, seventies.

I. INTRODUCCIÓN1

Desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983, las organizaciones de derechos humanos en Argentina han ganado consenso social y paulatina aceptación en amplios sectores sociales. El reconocimiento a las tareas que estos organismos han llevado a cabo en los últimos treinta años, entre las que se destaca la recuperación por parte de sus abuelas de noventa nietos secuestrados o nacidos en cautiverio, ha trascendido las fronteras de afuera hacia adentro. En efecto, el respeto del que estos organismos gozaron desde un comienzo en Europa y otras partes del mundo es hoy también un hecho local. Por tanto, quizás sea éste un momento histórico propicio para revisar el surgimiento del discurso sobre los derechos humanos en Argentina, una vez que ha dejado de ser necesario resaltar tanto la denuncia de los crímenes -y la necesidad de que sus responsables sean juzgados- como la valentía de quienes, bajo el imperio de la dictadura militar (1976-1983), reclamaron que la verdad saliera a la luz. En este trabajo se indaga la importancia que los derechos humanos tenían en la sociedad argentina de mediados de la década de 1970, analizando tanto la formación, el discurso y las primeras acciones de las organizaciones de derechos humanos, como la recepción de esta temática por parte de las clases medias no radicalizadas políticamente2.

El análisis de fuentes inexploradas hasta ahora -como la correspondencia entre los organismos de derechos humanos y el gobierno militar-, las entrevistas realizadas a miembros representativos de esos organismos, el estudio de algunos consumos culturales propios de las clases medias (periódicos y revistas) y varias encuestas de opinión y entrevistas realizadas en la década de 1970 han permitido constatar a la vez la inexistencia de una conciencia social sobre los derechos humanos y un fuerte consenso, en cambio, en torno a lo que más tarde se llamará «teoría de los dos demonios» -que describe la lucha política de la década de 1970 como el enfrentamiento entre dos terrorismos-. Esta teoría, habitualmente asociada a la restitución democrática de 1983, ya estaba fuertemente presente en la primera mitad de la década de 1970, y de ella participaron amplios y muy diferentes sectores de la sociedad política y civil, inclusive los primeros organismos de derechos humanos (que luego devinieron sus principales detractores). Las dos constataciones mencionadas resultan indispensables para comprender tanto la aceptación -por parte de los sectores medios- del discurso oficial con el que la dictadura reaccionó a las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, como la resistencia que enfrentaron las organizaciones identificadas con su defensa.

Excepto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el resto de los organismos o asociaciones actualmente considerados de derechos humanos no nació bajo esa impronta. Tres organismos fueron en su origen una inevitable consecuencia de la desesperación. Movidos por la incertidumbre acerca del paradero de sus seres queridos, algunos familiares comenzaron espontáneamente a reunirse dando nacimiento a la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (en septiembre de 1976), a Madres de Plaza de Mayo (en abril de 1977) y a Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos (en noviembre de 1977)3. Otras dos organizaciones que actualmente se consideran de derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), aun habiendo cumplido un papel importante en la resistencia a la represión militar, no comenzaron identificándose con su explícita defensa. El SERPAJ, fundado en Colombia en 1974, nació como una organización latinoamericana inspirada en el Evangelio y destinada a promover transformaciones sociales pacíficas. La LADH, de inspiración comunista y ligada a ese partido, nació en 1937 con el objetivo de defender a sus presos políticos y sindicales. Finalmente, los organismos creados desde finales de la década de 1970 en adelante, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -un desprendimiento de la APDH- no son considerados en este trabajo porque pertenecen más bien a la historia que a la protohistoria de los derechos humanos en Argentina.

En este sentido, la violación cotidiana de estos derechos no comenzó con el Proceso de Reorganización Nacional iniciado en marzo de 1976. Crecientemente, desde finales de la década de 1960, la violencia política se fue instalando como una vía extendidamente utilizada para dirimir posicionamientos políticos. Un chiste del humorista Quino ilustró esta situación justamente el año en el que se cumplía el vigésimo aniversario de la declaración de los derechos humanos, año que, por otra parte, había sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el «Año internacional de los Derechos Humanos» -evento que pasó desapercibido en Argentina y del que sólo unos pocos medios gráficos se hicieron tibiamente eco-. Quino retrataba a un escritor europeo del siglo XVII en su gabinete de trabajo, con una vela alumbrando la escritura de su pluma, y el lector se enteraba de quién se trataba luego de leer la leyenda al pie del dibujo:

Enorme casualidad: la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en 1948 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en París, la misma ciudad en la que casi tres siglos antes Charles Perrault escribiera Caperucita Roja y otros cuentos también para niños (Quino, 1968).

Aun no había terminado la década de 1960 y los derechos humanos en Argentina, tan pobremente presentes en la agenda política y la opinión pública, eran vistos desde el humor de Quino como otro cuento para niños.

El fin del gobierno militar de la Revolución Argentina (1966-1973) y el retorno al orden constitucional -por primera vez en dieciocho años sin la proscripción del peronismo- pareció augurar el comienzo de un cambio de tendencia en el proceso de radicalización política. En efecto, el regreso del general Perón al poder a través del triunfo electoral de su candidato a presidente y delegado personal Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, pareció colocar en estado de latencia el creciente enfrentamiento armado entre los grupos guerrilleros y las Fuerzas Armadas y de seguridad4. Sin embargo, la definitiva llegada de Perón al país el 20 de junio y su posterior desembarco en el gobierno el 12 de octubre, previa renuncia de Cámpora, aceleraron la debacle. Prudencio García estima en aproximadamente mil las muertes y desapariciones ejecutadas por la fuerza paramilitar creada por el gobierno peronista en 1973, llamada Triple A (Alianza Antiterrorista Argentina), a lo que deben sumarse cientos de muertes perpetradas por la guerrilla, también antes del golpe5. Estos hechos ocupaban buena parte de los diarios nacionales y de las revistas de mayor circulación. También tenían frecuente presencia en los noticieros radiales y televisivos. Sin embargo, la cuestión de los derechos humanos, la idea misma de la existencia de derechos invulnerables independientemente de la clase social a la que se perteneciera o la ideología que se profesara, permaneció completamente ausente del debate público nacional y de las preocupaciones tanto de la sociedad civil como de los protagonistas de la lucha política.

II. EL «CLIMA DE GUERRA» Y EL NACIMIENTO DE LOS PRIMEROS ORGANISMOS: LA APDH Y EL MEDH

A mediados de 1975, a un año de la muerte de Perón, el gobierno legal de su mujer había perdido toda legitimidad. Al caos social desatado por el drástico ajuste de precios y tarifas que desembocó en una inflación del 400% -hecho que pasó a la historia como «rodrigazo», por ser Celestino Rodrigo el ministro de Economía- se sumó la sensación cada vez más extendida de que Argentina iba rumbo a una guerra civil abierta y desenfrenada, si es que ya no se encontraba en medio de ella. El director de La Opinión (el diario de la clase media ilustrada y progresista de entonces), Jacobo Timerman, escribió en dicho periódico al comenzar diciembre de 1975 una nota titulada «La guerra de los argentinos» en la que, mediante el recurso retórico de afirmar que los argentinos, como pueblo, no estaban en guerra, no sólo concedía que la situación fuese ya de guerra entre facciones de extrema izquierda y de extrema derecha, sino que a su vez impelía al gobierno a convocar a toda la sociedad a una guerra sin cuartel contra los bandos enfrentados. «A pesar de las pomposas declamaciones de algunos funcionarios», escribió Timerman:

el país, la Argentina, no está en guerra, no ejerce la guerra. Las batallas y los bárbaros asesinatos que hoy ensangrentan el territorio y llenan de espanto a sus habitantes, tienen sólo tres participantes: el Ejército, los delincuentes subversivos de izquierda, los delincuentes subversivos de derecha. Si el país no está aún en guerra, es porque no fue convocado. Los argentinos quieren la guerra contra los dos terrorismos, y saben que pueden ganarla. Pero a una guerra se es conducido por las Fuerzas Armadas, después de ser convocado por el Gobierno. Cuando el pueblo -principal interesado en derrotar a los dos extremismos asesinos- sea convocado a la guerra, y conducido en la guerra por su natural conductor -las Fuerzas Armadas-, recién entonces se podrá ganar esa guerra. Si se quiere transformar esta guerra en algo particular o algo partidario, se perderá. Si se la convierte en la guerra de todos los argentinos por la supervivencia de la vida civilizada en la República, se ganará. Del retardo en la convocatoria no es culpable el pueblo. Pero se asombrarán las Fuerzas Armadas cuando comprueben la magnitud de la voluntad civil de combatir por el destino de la Nación, precisamente junto a las Fuerzas Armadas (Timerman, 1975).

Si puede o no hablarse de guerra (revolucionaria o antisubversiva), para caracterizar los enfrentamientos armados de la década de 1970, ha sido una larga y a menudo politizada discusión en Argentina después de la dictadura. Los mismos actores fueron variando su parecer en función de las estrategias adoptadas frente a la justicia. En los años del terrorismo de Estado, los informes oficiales preferían hablar de «bandas de delincuentes subversivos», enfatizando la superioridad militar con la que contaban las fuerzas estatales para reducirlas. Al enfrentar los juicios, los defensores de los comandantes no perdieron oportunidad de subrayar que los militares, en el contexto de una guerra no convencional, habían enfrentado ejércitos poderosos con capacidad cierta de tomar el poder6. Al revés, los miembros de las organizaciones armadas, que durante la década de 1970 abusaron de una retórica bélica y de la caracterización de sus luchas en términos de guerra, abandonaron ese discurso y dicha caracterización, una vez que fue posible llevar ante la justicia a los principales responsables de la maquinaria de muerte montada desde el Estado.

Durante la década de 1980 e inicios de la década de 1990, fue relativamente común escuchar a personas de muy diferentes convicciones políticas caracterizar el enfrentamiento de la década de 1970 como una «guerra», término al que muchas veces se sumaba el calificativo de «sucia», indicando su carácter a la vez no convencional y feroz. Hoy quizás llame la atención que en el ya citado informe «Las cifras de la guerra sucia» -una investigación a cargo de Graciela Fernández Meijide y prologada por Horacio Verbitsky- la APDH afirmara en 1988 que «existe una "discusión" por darse seriamente en Argentina, sobre si hubo o no una guerra, si ésta debe ser o no calificada...» (APDH, 1988: 20). El hecho de que los autores de ese informe, claramente identificados con la lucha por los derechos humanos, se hayan propuesto un análisis «que no pretende zanjar ninguno de los términos de dicha discusión» indica hasta qué punto, aún en las postrimerías del gobierno de Raúl Alfonsín, la discusión mencionada tenía vigencia. Hoy, sin embargo, ha quedado ya prácticamente fuera de todo debate que aspire a ser verosímil el hecho de que, acontecido el golpe, justamente unos meses después de enormes fracasos militares de la guerrilla, lo que sobrevino fue lisa y llanamente una cacería7. El comandante del III Cuerpo del Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, así lo reconoció cinco meses después de haberse producido el golpe, al afirmar que la situación en la lucha antisubversiva era análoga a la de los combatientes después de una batalla, en donde «el que pierde, huye, como en el caso del extremismo, y el que triunfa, persigue. Nosotros somos los que perseguimos» (La Opinión, 1976). Así, el Estado devino él mismo terrorista sin necesidad de recurrir a fuerzas ilegales como la Triple A.

Sin embargo, esto no quita realidad a que hacia finales de 1975 muchos actores políticos pensaban -y en algunos casos actuaban- «como si» se tratara de algo no muy diferente a una guerra, latente o efectiva. Las fuentes disponibles, incluyendo la gran mayoría de los testimonios orales de los sobrevivientes de aquellos años, alcanzan para afirmar que el clima pre-golpe de Estado (al menos, desde la muerte de Perón en julio de 1974 en adelante) fue vivido por los protagonistas de la lucha y traducido por buena parte de la prensa como «de guerra». Ello no fue del todo ajeno a los partidos políticos, las agrupaciones estudiantiles y a una porción considerable de la sociedad civil. Las batallas eran prácticamente diarias: copamientos, atentados, secuestros, desapariciones, allanamientos, enfrentamientos, crímenes políticos8. La disposición a morir y a matar era inequívoca, y en las consignas emblemáticas de las organizaciones armadas («Perón o muerte», «A vencer o morir», «Patria o muerte», «Libres o muertos, jamás esclavos») no era difícil advertir cierto culto a la muerte y a morir en combate.

Las armas estaban no sólo en la calle sino también en el Parlamento. La propia presidencia de la Cámara de Diputados repartía armas a sus partidarios. Las sesiones parlamentarias transcurrían observadas por bandas de matones armados. Un diputado nacional, Héctor Sandler -a quien habían dinamitado su estudio de abogacía-, llegó a dormir en el Congreso por temor a ser muerto si salía de él. Algunos partidos opositores planearon exigir la renuncia de la presidenta Isabel Perón, lo que implicaba en los hechos, y debido a una ley de acefalia sancionada a esos efectos, ceder el poder a Ítalo Luder, un político leal a la autoridad militar. En el diagnóstico de buena parte de los políticos, la situación de anomia social reinante era consecuencia de la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado y su recuperación no podía realizarse sin al menos la colaboración protagónica de las Fuerzas Armadas.

Este clima generalizado de violencia política y caos social fue el que movió a algunos diputados, políticos y dirigentes sociales a formar la APDH, el 18 de diciembre de 1975, aún en democracia9. Los reclamos por gente desaparecida ya habían llegado a la prensa ese mismo diciembre, a través de solicitudes firmadas por personalidades como Ernesto Sábato, María Elena Walsh y Florentina Gómez Miranda. Sin embargo, quizás haya sido el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) el que más claramente hizo conocer al mundo que en Argentina se violaban sistemáticamente los derechos humanos10. En su quinta asamblea realizada en Nairobi, Kenia, el CMI aprobó el 8 de diciembre de 1975 la inclusión de Argentina, Brasil y Chile en un informe sobre violación de derechos humanos. En el informe se acusa al gobierno argentino por detenciones arbitrarias, reclusiones sin juicio previo, negativa a conceder hábeas corpus, tortura e intimidación11. A ese informe se llegó gracias a la participación de los pastores argentinos enviados a Nairobi, entre quienes estaba Arturo Blatezky. Hacia finales de 1975 él tomó contacto con los refugiados chilenos en las iglesias y hogares protestantes de Argentina y conoció de primera mano los testimonios sobre las torturas y los fusilamientos del régimen de Pinochet12.

En febrero de 1976, las filiales locales de las iglesias agrupadas en el CMI formaron el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)13. La APDH y el MEDH fueron cobrando creciente importancia. La primera reunió a personalidades muy conocidas, como Alicia Moreau de Justo -su primera presidenta-, el futuro presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, el escritor Ernesto Sábato, el obispo Jaime de Nevares y el futuro premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel. El segundo, menos resonante en sus nombres, realizó una importante labor especialmente al interior de las Iglesias que lo integraban, abriendo en poco tiempo regionales en varias ciudades como Mendoza, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Neuquén.

III. LOS ORGANISMOS DE AFECTADOS: FAMILIARES, MADRES Y ABUELAS

Las organizaciones de afectados, todas surgidas con posterioridad al golpe, no hablaban de derechos humanos ni pensaban en esos términos. Uno de los primeros miembros de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hilda de Velazco, frente a la pregunta «¿y ustedes, en esa época, qué concepción o conocimiento tenían de los derechos humanos?» respondió: «Ninguno. No, porque en ese tiempo no se hablaba de derechos humanos. Ése es un término que surgió después» (De Velazco, 2008)14. Chicha Chorobik de Mariani (2008), la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, comentó que «las organizaciones de derechos humanos aparecen para mí después que fundamos Abuelas [en noviembre de 1977]. Ahí recién las empiezo a conocer». Buscarita Roa, madre y abuela de desaparecidos, realizó un juicio aún más categórico:

Yo de derechos humanos no tenía la menor idea [...] Los derechos humanos empezaron a surgir mucho después del golpe de Estado. Ahí empezaron los derechos humanos a surgir [...] Yo creo que lo de los derechos humanos fue pasando unos dos o tres años después de haber sido constituidas las Abuelas (Roa, 2008).

Las tres organizaciones -Familiares, Madres y Abuelas- comenzaron con reuniones espontáneas de gente que, sin conocerse, se entera que padece la misma situación e intenta realizar acciones conjuntas o ayudarse en las individuales. Sus primeras tareas consistieron en tomar testimonios de las desapariciones, entrenarse en el arte de realizar hábeas corpus, congregarse en tribunales de a decenas para que la gente que los viera preguntara por qué estaban allí, escribir cartas «desde el Papa para abajo» (De Velazco, 2008)15 y, más adelante, organizar las colectas para publicar solicitadas en los diarios con las listas de detenidos-desaparecidos16. De a poco, siempre custodiados y amenazados por el poder estatal, se organizaron y manifestaron como pudieron, movilizados por la desesperación de no saber nada sobre sus seres queridos. «Nunca nos consideramos un organismo de derechos humanos», explica la fundadora de Abuelas refiriéndose a los comienzos, «éramos las abuelas que buscábamos a nuestros nietos y a nuestros hijos. Y utilizábamos toda la ciencia y todo lo que encontrábamos por todos los lados para trabajar en eso» (Chorobik, 2008). Indudablemente, sus reclamos eran en sí mismos una reivindicación del derecho a la vida. Sin embargo, lo que interesa subrayar para los fines de este trabajo es que la cuestión de los derechos humanos era escasamente relevante en la primera mitad de la década de 1970. No sólo la sociedad en general, sino los propios afectados por el terror estatal, guardaban poca o nula familiaridad tanto con la letra como con el espíritu de la Declaración Universal de 1948. Fue entonces -cuando la desaparición de personas se convirtió en pieza central del engranaje represivo estatal y, fundamentalmente, cuando ello trascendió internacionalmente- que los derechos humanos comenzaron a cobrar alguna relevancia, por lo demás, como se verá, fuertemente resistida por amplios sectores de la sociedad.

En casi todos los casos, los familiares que terminaron agrupándose en las respectivas organizaciones de afectados comenzaron la búsqueda de sus seres queridos en forma individual, recorriendo tribunales; juzgados de menores; iglesias; dependencias policiales y militares; autoridades municipales, provinciales y nacionales; y hasta casas cunas y hospitales. Quienes se enteraban de la existencia de la APDH, el MEDH o la LADH también acudían a ellas, y muchos se conocieron en estos organismos. De hecho, Familiares funcionó durante largo tiempo en un espacio cedido por la LADH. Sin embargo, tampoco estos organismos contaban con información acerca del paradero de los detenidos-desaparecidos y fue varios meses después de producido el golpe que la mayoría de los afectados comenzó a tener noticia de que, muy probablemente, sus familiares estuvieran en centros clandestinos de detención. Paradójicamente, mucha de esta información provenía del exterior; les llegaba de afuera o la conocían cuando ellos mismos viajaban y se encontraban con exiliados que les contaban lo que estaba sucediendo en la Escuela de Mecánica de la Armada y en otros centros similares. La prensa internacional y la actitud tomada por gobiernos y personalidades del mundo cultural y político del exterior fueron determinantes para que las organizaciones de afectados se asumieran finalmente como de derechos humanos. Según Pérez Gallart, vicepresidenta de la APDH, también fue en el extranjero que a comienzos de 1979 los exiliados argentinos en Europa instalaron el número de «30.000 detenidos-desaparecidos», algo que luego se convirtió no sólo en símbolo de la ferocidad del terror estatal sino también en un indicador de las posiciones políticas de los ciudadanos comunes17.

IV. EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SUS INICIOS: LA APDH Y EL MEDH

El cuestionamiento más común que habitualmente se hizo a los organismos de derechos humanos consistió en atribuirles parcialidad o miopía en la defensa de los mismos. La acusación siguió siempre la misma lógica, si bien menos ahora que antes. Con expresiones tales como «la media memoria», «los derechos humanos de los subversivos », «los derechos humanos para un solo lado», entre otros, se trató de deslegitimar su lucha echando un manto de sospecha revanchista sobre el móvil de sus denuncias. El análisis de los primeros documentos de las dos organizaciones que nacieron identificadas con la defensa de los derechos humanos permite aseverar que, al menos en sus inicios, no sólo la condena a la violencia política fue imparcial y absoluta, sino también que, de algún modo seguramente no deseado, estos organismos contribuyeron a consolidar lo que en el regreso de la democracia se conocerá como «teoría de los dos demonios».

La primera declaración de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la que se hicieron eco algunos periódicos nacionales18, dice en su punto III:

El terrorismo indiscriminado amenaza a todos, a cualquiera, en cualquier lugar o momento, en nombre de la desesperación o del cálculo, de cierta causa o de cierta fuerza. Se afianza como hecho cotidiano. Pretende condición de razón y de derecho. Se erige en convocatoria y en excusa para más terrorismo, más represión, más violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad individuales (APDH, 1975).

La expresión genérica «terrorismo indiscriminado» abarcaba tanto las acciones violentas de extrema izquierda como de extrema derecha y esto se explicita en los documentos de la APDH mediante la aclaración «de cualquier signo» o «de todo signo» luego de mencionar la palabra «terrorismo».

La preocupación por la violencia cotidiana instó a los miembros de la APDH a hablar e intentar persuadir al gobierno militar, por todos los medios, sobre la necesidad de frenar todo terrorismo. Pocos días después de sucedido el golpe, la APDH informó al presidente Videla sobre una reunión mantenida con el general Dalatea.

Durante el cambio de ideas, los miembros de la APDH, en coincidencia con el Gral. Dalatea, hicieron mención a la necesidad de una clara posición por parte del Gobierno y de las Fuerzas Armadas ante todo lo que sea terrorismo «de cualquier signo» (APDH, 1976a, énfasis del autor).

En agosto repetirán el mismo diagnóstico en otra carta dirigida al presidente de la Nación; la sociedad aparece aquí como «permanentemente amenazada por la violencia terrorista "de distintos signos"» (APDH, 1976b, énfasis del autor)19. El vocabulario para exigir al gobierno el cese del terror, de cualquier signo, es claramente más leve que el utilizado por los decretos del gobierno peronista; sin embargo, no deja de llamar la atención por su severidad. «Al hacer conocer estas denuncias», dicen en la primera carta enviada a Videla, «deseamos expresar nuestro ferviente deseo de que se "eliminen" todos los focos [de terrorismo] que "de cualquier signo" existen en nuestra patria» (APDH, 1976a, énfasis del autor). Los nombres que integraban la APDH impiden realizar una lectura equívoca del verbo «eliminar». Resulta evidente que la Asamblea exige que esa eliminación se haga por vías legales y garantizando el debido proceso a quienes se hallaran inculpados. Sin embargo, que la primera organización de derechos humanos fundada en el país pida al gobierno militar, en uno de sus primeros documentos, que «elimine» los terrorismos de todo signo es un indicador tanto de la radicalización del lenguaje, como de la sensación generalizada de hastío de la violencia existente al promediar la década.

La APDH, aun en los confusos primeros días del gobierno militar, era consciente de que la dictadura perseguía fundamentalmente a militantes de izquierda y -quizás porque aún no podía imaginarse al propio Estado secuestrando, asesinando y desapareciendo gente- pareció suponer que seguía operando la Triple A o alguna otra organización paramilitar de derecha. El reclamo que se reitera en sus primeros documentos es que haya una persecución ecuánime contra ambos terrorismos. En la carta- informe a Videla del 29 de marzo de 1976 se lee: «Los miembros de la Asamblea, participantes, indicaron que el terrorismo llamado de izquierda o ultra izquierda era combatido pero no pasaba lo mismo con el terrorismo de derecha» (APDH, 1976a). Queda, sin embargo, suficientemente claro que la condena era a toda violencia. Cuando mencionaban a las víctimas del terror escribían: «trabajadores, estudiantes, empresarios, sacerdotes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, hombres y mujeres sencillos de nuestro pueblo» (APDH, 1976b). Los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad víctimas del «terrorismo» no lo eran del «de derecha» sino del «de izquierda».

No muy distinto fue el espíritu que animó las primeras declaraciones del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. A raíz del asesinato de los padres José Tedeschi y Francisco Soares, los cristianos que llamaron a la conformación de este movimiento se preguntaban un mes antes del golpe de Estado: «¿Se llegará, en esta escalada a poner en peligro la vida de otros pastores y hasta la de los propios obispos que van elevando su voz contra la violencia "en todas sus formas"?» (Blatezky, 2002: 13, énfasis del autor). Una vez constituido el MEDH, la voluntad de levantar la voz contra toda violencia como intrínsecamente deshumanizante se volvió cada vez más nítida. En su primer documento, este movimiento realizó el siguiente diagnóstico de la situación inmediatamente anterior al golpe:

Vivimos en una época en que la violencia inquieta profundamente [...] Nos preocupa hondamente que las convicciones políticas y sociales traten de imponerse al conjunto por medios tan deshumanizantes (Blatezky, 2002: 15).

De este modo, el documento condenaba la violencia de las organizaciones guerrilleras. Seguidamente, alertaba sobre la violencia que se le oponía: «Nos preocupa así mismo la violencia de la represión» (Blatezky, 2002: 15). La severa y decidida condena del MEDH a toda violencia se fundaba en el Evangelio que, a juicio de los firmantes, «abre a la realidad del amor [...] siendo sus métodos de lucha la no-violencia activa» (Blatezky, 2002: 15). El camino del MEDH era el de Gandhi, no el de Santucho.

A partir de julio de 1976, las Iglesias protestantes brindaron su protección y marco al movimiento ecuménico iniciado por algunos cristianos unos meses antes. Más institucionalizados, éstos profundizaron y extendieron la misma prédica que animó su convocatoria de febrero. Asumieron la defensa de los derechos humanos, a los que juzgaban por encima de cualquier tipo de connotación ideológica, política, económica, social o creencia religiosa. Explícitamente condenaron la violencia de toda índole, sin importar la ideología que la justificara. «Desde hace ya un tiempo penosamente largo», declaró el MEDH al promediar el año, «la población argentina ha experimentado de asombro en asombro, una avalancha de crímenes y todo tipo de violencia, sin que nada ni nadie pareciera poder ponerle término» (Blatezky, 2002: 20). Al igual que en los documentos de la APDH, la mención de la violencia o del terrorismo siempre es acompañada por las expresiones «de todo tipo» o «de diverso signo». Los primeros documentos del MEDH hablan de «la avalancha de crímenes y atentados, "de diverso signo", que afectan prácticamente a todos los sectores de la vida nacional» (Blatezky, 2002: 16), así como del peligro que constituyen:

las falsas opciones, «ya sea de derecha como de izquierda», que pretenden ofrecer falsas soluciones a los cristianos y especialmente a los jóvenes en determinadas circunstancias y que fundamentalmente son sutiles intentos para dividir a la iglesia y reproducen exhortaciones que hablan del «dramático momento que vive el país y la Iglesia, signado por "las más variadas formas" de violencia» (MEDH, 1976, énfasis del autor).

«¡Basta de crímenes! ¡Ni una muerte más entre argentinos!» (Blatezky, 2002: 20) fue la exclamación inequívoca que suscribieron quienes se congregaron en torno a este movimiento. Puede no sorprender que siendo cristianos quienes integraban este movimiento, se llamara a la paz y se condenara a la violencia en todas sus formas. Sin embargo, no pocos sacerdotes y militantes cristianos habían tomado hace ya varios años el camino de las armas o de su justificación, siguiendo el ejemplo del sacerdote colombiano Camilo Torres. El discurso del MEDH, especialmente el expresado en sus informes -cuyo destino era principalmente las parroquias de las diversas Iglesias que lo integraban- era pacifista y tenía por objeto apelar al fundamento cristiano de quienes habían optado por la violencia. El MEDH (1976) dice en su primer editorial «La vida es un sagrado don de Dios que nada ni nadie puede tener razón alguna de aniquilar», haciendo eco del llamado del papa Pablo VI «si quieres la PAZ, defiende la VIDA». Éste también fue difundido en los documentos del movimiento con las palabras paz y vida en mayúsculas.

Dicho discurso fue acompañado en ambas organizaciones por una práctica comprometida en la defensa de los derechos humanos y la denuncia concreta de sus violaciones por parte del Estado. Sin embargo, también se pronunciaron con nombre y apellido en contra de algunos atentados perpetrados por la guerrilla. El 12 de mayo de 1977, a propósito del ataque sufrido por el ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante César Augusto Guzzetti, el MEDH escribió a Videla indicando que dicho organismo «ve en este acto una víctima más de la violencia que nos envuelve y que desde hace tiempo está privándonos del fundamental derecho a la vida» (MEDH, 1977: 33). Unos días después, la APDH dirigió su propia carta condenando el ataque. «Siendo la norma de la APDH no manifestarse ante cada uno de los casos de la escalada terrorista -que se suceden casi sin interrupción-», escribió la Asamblea a Videla, «en esta oportunidad nuestra entidad considera que es su deber hacer oír su posición y expresar su pesar ante el hecho» (APDH, 1977a)20. Indudablemente, las dimensiones y alcances de la tragedia vivida por los familiares de detenidos-desaparecidos obligaron a ambos organismos a ocuparse exclusivamente de esos casos. El trabajo jurídico (presentación de hábeas corpus, defensa de los presos y de sus familiares, tramitación de permisos para salir del país) y la enorme empresa de documentación y archivo que llevaron adelante (un insumo clave para la futura CONADEP y para el enjuiciamiento a las juntas militares), fueron acompañados en muchas ocasiones por apoyo económico, moral y psicológico a las víctimas y sus familiares21.

Este compromiso tardó en obtener un reconocimiento social amplio y durante largo tiempo fue severamente cuestionado por amplios sectores de la sociedad, especialmente por las clases medias que no participaron activamente en la radicalización política de la primera mitad de la década (cuyos posicionamientos y manifestaciones se analizarán en la próxima sección). El pastor Arturo Blatezky, uno de los fundadores del MEDH, narra de este modo la resistencia que tuvieron en sus propias comunidades para instalar la necesidad de una militancia a favor del respeto por los derechos humanos:

Si en la Iglesia católica el problema fue que había muy pocos obispos comprometidos en defensa de los derechos humanos y había muchos obispos que fueron cómplices, en las Iglesias protestantes, que venimos de la impronta de la Ilustración, fue al revés: todas las conducciones de nuestras Iglesias se comprometieron de entrada en el tema de los derechos humanos, en el MEDH o en la APDH; las Iglesias de la Reforma, todas: metodistas, luteranos, reformados, valdenses, discípulos de Cristo, todas. Nuestro problema justamente era la clase media. En ese momento éramos comunidades de clase media [...] y la clase media es «no me jodas» (Blatezky, 2008).

V. LAS CLASES MEDIAS, LA PRENSA Y EL DISCURSO OFICIAL

Uno de los aspectos menos estudiados de la década de 1970 y, a la vez, más sujeto a inculpaciones genéricas, corresponde al papel de la sociedad civil en general y de las clases medias en particular. Poco se ha hecho en el camino concreto de investigar no sólo la actitud o el pensamiento de estos sectores, sino también las condiciones bajo las cuales aquéllos debieron tener lugar. Ello se intentará analizar en esta sección, en lo que refiere a la recepción, por parte de los sectores medios, de la naciente cuestión de los derechos humanos.

No puede entenderse la actitud que asumieron amplios sectores de las clases medias no movilizadas políticamente si no se atiende el efecto que en ellas produjo el proceso de creciente radicalización política que tuvo lugar en la primera mitad de la década de 1970: las manifestaciones violentas; los copamientos de instalaciones militares; las tomas de fábricas, edificios públicos y privados; los secuestros; los atentados y los crímenes políticos. A mediados de 1972, una investigación realizada por IPSA preguntó a los argentinos cuáles eran los «hechos sociales» que más les habían llamado la atención en los últimos días. El 75% mencionó asesinatos, asaltos y acciones de la guerrilla; sólo un 12% se refirió a los problemas habitualmente considerados sociales como la vivienda, la universidad, entre otros (Revista Gente, 1972)22. La investigación verificó también, en comparación con estudios anteriores, un endurecimiento en las posiciones de la opinión pública respecto a la cuestión de la violencia, ya que más de un 30% exigía penas máximas o de muerte para los responsables de las acciones guerrilleras; un 23%, más moderado, apoyaba las acciones de la dictadura de Lanusse al respecto o pedía encontrar a los culpables y condenarlos de acuerdo a la ley23.

Según otra encuesta de ese mismo año, el primer tema que preocupaba a los argentinos era el costo de vida, el segundo el de los deportes y el tercero, la política nacional (Revista Gente, 1974a). Un año después, en 1973, el costo de vida pasó a un segundo lugar, el retorno de Perón encabezó las preocupaciones y apareció un tercer tema: los secuestros y la violencia. Para 1974, año del mundial de fútbol en Alemania, el fútbol ascendió a primer lugar, la violencia y el problema interno del peronismo al segundo y el costo de vida al tercero. Estos datos demuestran que la preocupación en torno al problema de la violencia política no hizo más que crecer en la primera mitad de la década de 1970.

En octubre de 1974, la presidenta Isabel Perón convocó a una multisectorial de la que participaban todos los partidos políticos, los empresarios y los gremios, para tratar el tema de la violencia. Gente, la revista de mayor circulación de aquellos años (llegó a vender medio millón de ejemplares semanales), se preguntó qué quedó de esa reunión y en su respuesta incluyó cien testimonios que coincidían en una sola voz: «No a la violencia» (Revista Gente1974b). Entre muchos otros, allí se incluían declaraciones de políticos, como Horacio Thedy y Américo Ghioldi; de conductores de televisión como Mirtha Legrand; de actores como Guillermo Bredeston y Graciela Borges; de intelectuales como Félix Luna; de humoristas como Landrú; de escritores como Jorge Luis Borges; de periodistas como Bernardo Neustadt y de modelos como Susana Giménez y Jorge Martínez. Un año después, hacia finales de 1975, Miguel Tejada Valle, un simple lector, preguntaba a la guerrilla: «¿Qué quieren colocando bombas en las plazas y matando niños inocentes? [...] ¿Qué ganan emboscando y matando policías y militares? ¿Es que todavía no se dieron cuenta de que son minoría?» (Revista Gente, 1975). Este malestar social en torno al problema de la violencia política -que, por otra parte, hacia 1975 la opinión pública vinculaba fundamentalmente con la acción guerrillera, en menor medida con las Tres A, y muy escasamente con las fuerzas legales- fue una pieza central en la estrategia de legitimación que desarrolló la dictadura y explica, en buena medida, por qué aún hoy buena parte de la clase media recuerda que, en su momento, el golpe fue recibido con alivio24.

Una investigación sobre la vida cotidiana de las clases medias argentinas realizada por Guillermo O'Donnell durante los primeros años después del golpe (aunque publicada ya largamente avanzada la democracia) constató que casi invariablemente los entrevistados coincidían, por un lado, en que «nada podía ser peor que el caos del período previo», de modo que «el orden que el régimen ofrecía [...] era mejor que el caos anterior » y, por el otro, en que la tarea de los argentinos era la de «trabajar duro» y evitar que regrese aquella «época de caos, violencia e incertidumbre insoportables», en la que la «demagogia irresponsable» del gobierno que el golpe había venido a reemplazar «había abierto las puertas a la subversión» (O'Donnell, 1997: 154-155). Dentro de las preocupaciones de los entrevistados abundaban las de índole económica y, en cambio, estaba ausente la referencia a los derechos humanos25.

La prensa en general -aun la más sofisticada en términos intelectuales y profesionales- no acompañó los primeros meses del golpe de un modo extremadamente disímil al de los entrevistados en dicha investigación. La prestigiosa revista de análisis político Confirmado finalizó el año 1976 afirmando que «la opinión pública en general advierte que en este aspecto de la vida nacional [se refiere al económico], "al margen del de la seguridad, por supuesto", es en el que con mayor coherencia se ha actuado» (Confirmado, 1976). Tal como el director del Buenos Aires Herald de aquellos años reconoció, casi toda la población -incluidos los periodistas- vio en el golpe una salvación (Ulanovsky, 2005: 76). De algún modo, el deseo de orden que se fue acrecentando durante casi todo el gobierno peronista encontró en la dictadura militar una respuesta eficaz, y amplios sectores de la sociedad civil y política reconocieron en el nuevo gobierno la firmeza y capacidad necesarias para garantizarlo. Pero aún más que el orden, importaba la seguridad física, la cual muchos juzgaban múltiplemente amenazada. «Todas las voces amigas flotan envueltas en lamento», escribió Tomás Eloy Martínez en su regreso al país en 1975, en un informe especial titulado «El miedo de los Argentinos».

No he oído sino frases abatidas. Nadie sabe hacia dónde el país navegará mañana, a qué tabla de salvación encomendarse, en qué rincón de la noche recuperar la fe que se ha perdido durante el día. Y, lo que es más grave: casi todos quieren partir, no en busca de prosperidad sino de seguridad (Martínez, 1975).

Y más adelante agregaba: «Nadie en Buenos Aires, Córdoba o Tucumán (y más que nadie, los inocentes) tenía la certeza de amanecer vivo al otro día. Las balas perdidas rayaban a todas horas el aire de la Nación» (Martínez, 1975). La inseguridad, según Martínez, no era un sentimiento circunscripto a unos pocos sino que se extendía a toda la sociedad, especialmente a los inocentes, y a toda hora del día.

El prisma a partir del cual fueron leídas las cuestiones en torno a los derechos humanos supuso la misma concepción que más tarde recibirá el nombre de «teoría de los dos demonios». El recuerdo tan nítido -y aún nada lejos en el tiempo- de la violencia política impactando en la vida cotidiana de las personas tuvo un peso significativo en la forma en que buena parte de la sociedad comenzó a familiarizarse con la problemática de los derechos humanos que, como tema en sí mismo, ingresó a la opinión pública concomitantemente con las denuncias internacionales conocidas en la segunda mitad de 1976. Cabe recordar que todavía en la sexta asamblea que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó en Santiago de Chile a comienzos de junio de ese año, los casos que más preocupaban eran los de Chile y Cuba26. Cuando las denuncias, especialmente las del resto del mundo, cayeron concretamente sobre el gobierno argentino, buena parte de la sociedad reaccionó recordándole a quienes denunciaban o hacían eco de esas denuncias que, en un contexto de dos violencias enfrentadas, la preocupación por la violación de los derechos humanos no podía recaer exclusivamente sobre una de ellas. Este razonamiento era la aplicación a una materia nueva -los derechos humanos- de uno anterior, ampliamente compartido, que llamaba a no olvidar los asesinatos perpetrados por la guerrilla. Todavía en la desfalleciente democracia del gobierno de Isabel Perón, Tomás Eloy Martínez señalaba que:

la mala memoria es una epidemia frecuente entre los argentinos, pero ahora está a la vista que esta forma de olvido unilateral que reserva la amnesia para ciertas víctimas, constituye un agravio a las otras víctimas y hasta un encumbramiento de los otros asesinos: los del director del diario «El Día» de La Plata, David Kraiselburd; del ex ministro del Interior, Arturo Mor Roig; del capitán Viola y su pequeña hijita; de los policías y oficiales de las Fuerzas Armadas ultimados a mansalva. Es el olvido de lo que ocurrió ayer mismo, de lo que aún hoy está ocurriendo (Martínez, 1975).

Estas afirmaciones no provenían de ningún sector con simpatías hacia el gobierno o las Fuerzas Armadas, sino de un periodista que en mayo de 1975 había debido abandonar el país amenazado por la Triple A y un año antes había publicado La pasión según Trelew, libro en el que relató el fusilamiento en 1972 de dieciséis guerrilleros prisioneros del régimen militar de Lanusse y cuya tercera edición, caída Isabel Perón, fue incinerada por el III Cuerpo del Ejército en Córdoba.

La campaña presidencial de 1976 en los Estados Unidos (país cuya imagen se había visto seriamente enlodada a raíz de la guerra de Vietnam) hizo del tema de los derechos humanos uno de sus principales ejes. El presidente electo, James Carter, aún antes de asumir el poder en enero de 1977, había puesto de manifiesto que el voto (determinante) de su país en los organismos internacionales (entre los que se cuentan las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OEA) estaría sujeto al respeto de los derechos humanos en los países aspirantes a la ayuda, fuese ésta militar o financiera. De hecho, la Cámara de Representantes de Washington había puesto en funcionamiento, antes de finalizar el año 1976, un subcomité de Asuntos para Organismos Internacionales, que tenía entre sus tareas la organización de audiencias destinadas a determinar la situación de los derechos humanos en varios países, entre los que se contaba Argentina. A comienzos de diciembre de 1976, trascendió la noticia de que el futuro presidente Carter agregaría a todas las representaciones diplomáticas de Estados Unidos una suerte de especialista en derechos humanos. Frente a ello, el filósofo Leiser Madanes escribió para la prensa argentina una extensa nota en la que finalizaba diciendo:

Quizá sirva destacar que la decisión norteamericana de instituir «agregados de Derechos Humanos» en sus Embajadas es un tanto tardía, al menos en nuestro Hemisferio. De haberse tomado cuando se inició la dialéctica de la subversión y de la antisubversión, es posible especular con que se hubiera evitado el deterioro que en materia de «respeto del Hombre» se produjo en la región (Madanes, 1976).

El ya mencionado director del Periódico La Opinión, quizás el diario de mayor compromiso con la denuncia de las torturas y de las represiones sufridas por los presos políticos en las cárceles argentinas en la primera mitad de la década de 1970, envió a finales de septiembre una carta al senador norteamericano Donald Fraser quien, en su carácter de presidente del subcomité de Asuntos para Organismos Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, había participado de una serie de audiencias destinadas a conocer la situación de los derechos humanos en Argentina. Luego de aclarar que su diario «se ha ocupado en todo momento de ese problema» y que lo ha hecho siempre con «objetividad, sin parcialidad, preocupado por los derechos humanos de todos los habitantes del país», Timerman advertía sobre «el peligro que significaría escuchar testimonios parciales, lo que cre[ía] esta[ba] ocurriendo en esa subcomisión» (Timerman, 1976). La carta continúa planteando concretamente la oposición entre dos violencias, introduciendo un argumento novedoso que ayuda a comprender el éxito que tendrá posteriormente la teoría de los dos demonios. "La Opinión" ha condenado todas las violencias», señaló Timerman, «y en varias ocasiones ha subrayado que condenar uno solo de los extremos, ya sea del terrorismo de izquierda o el de derecha, significa ser cómplice del otro extremo» (Timerman, 1976). A seis meses de tener nuevas autoridades27, en un contexto en el que las bombas de la guerrilla urbana habían producido -y aún producían- espanto en buena parte de la sociedad y en el que el barbarismo en su represión no pasaba de ser para muchos un rumor, denunciar que el propio Estado estaba violando los derechos humanos, sin previamente denunciar lo hecho por «el terrorismo de izquierda», bastaba para sospechar complicidad entre este último y el denunciante.

Esta misma complicidad es la que atribuirían posteriormente las autoridades argentinas a algunos organismos internacionales en los foros a los que acudían a defender sus posiciones. Así, «terrorismo» y «derechos humanos» en Argentina, casi desde el mismo surgimiento del segundo concepto, fueron presentados a la opinión pública como cuestiones íntimamente relacionadas. El ministro de Relaciones Exteriores argentino, vicealmirante Óscar Montes, señaló en 1977 a la 32. Asamblea de las Naciones Unidas que: «Los grupos terroristas escudados en una pretendida defensa de los derechos humanos, recurren a intencionadas acusaciones para presentar a esos países como violadores de tales derechos» -con «esos países» hacía referencia a los «elegidos por el terrorismo»- (La Opinión, 1977b).

También fue similar la forma oficial de contrarrestar las denuncias. A mediados de 1977, en la séptima asamblea de la OEA en la isla de Granada, los cancilleres de Argentina, Chile y Uruguay (todos países sobre los que pesaban imputaciones similares) se defendieron de las acusaciones acusando al terrorismo y a la subversión de haber originado la violencia en el hemisferio.

El periodismo sensacionalista, de gran impacto en las clases medias urbanas, no se distinguió de la prensa seria en el modo de reaccionar frente a las denuncias internacionales. Cuando en noviembre de 1976 llegaron a Argentina Lord Averbury, Robert Driman y Patricia Feeney, integrantes de Amnesty International, con el objeto de observar el trato recibido por los presos políticos en el penal de Villa Devoto, la revista Gente se preguntaba:

¿Qué dice de esto Amnesty International?: Mientras tres miembros de Amnesty International se preocupaban por el estado de los guerrilleros detenidos en Villa Devoto, una bomba de la guerrilla sembraba muerte y terror en la Jefatura de Policía de La Plata. Sin embargo, Amnesty International no habló de los derechos humanos de las víctimas de este atentado. Prefirió un silencio sospechoso (Gente, 1976b).

Ante cualquier denuncia de violación de derechos humanos en Argentina, la primera respuesta de buena parte de la prensa, seria o sensacionalista, consistió en llamar la atención sobre la violencia «subversiva». Así lo hizo el diario La Opinión al comenzar el año 1977 cuando, tras un fallido atentado al presidente Videla y toda su comitiva en aeroparque, pidió a los primeros ministros de Austria y Holanda, y demás firmantes de un telegrama dirigido a las Naciones Unidas reclamando por los derechos humanos en Argentina, que exijan también «que se respeten los derechos humanos del presidente de la Nación Argentina, los de los miembros de su comitiva y los de la tripulación del avión presidencial» (La Opinión, 1977a). El argumento que sigue a este pedido es el de siempre: los «dos demonios».

Sólo este gesto [el de exigir que se respeten también los derechos humanos de quienes habían sido víctimas del atentado] revelará su reconocimiento de que en la Argentina existe un partido de la violencia que no reconoce fronteras ideológicas y que conspira contra el conjunto del país. Este partido, se exprese por uno u otro extremo, es el responsable del atentado de ayer, como lo es del secuestro del dirigente Óscar Smith y de los cadáveres de obreros, estudiantes, miembros de las Fuerzas Armadas, abogados y policías que aún forman parte de nuestra lúgubre historia cotidiana (La Opinión, 1977a).

La respuesta oficial del gobierno argentino a las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos fue atribuirlas a una campaña antiargentina de desprestigio internacional orquestada por guerrilleros exiliados o por aliados locales o extranjeros. En una nota de la revista Gente, con fragmentos de entrevistas a ciudadanos en distintos lugares del país, puede verse hasta qué punto dicha respuesta era compatible con el parecer de buena parte de la sociedad. La opinión más extendida fue que el gobierno argentino respetaba los derechos humanos y que la violencia había sido importada de otros países por ideologías que no guardaban relación con el ser nacional. «No es un país violento», afirmó Irma Carbonaro, una licenciada tucumana de 50 años, «sólo hay violencia en algunas regiones del país. Pero eso le basta a la prensa extranjera para enlodarnos. Se respetan los derechos humanos». Un jefe de relaciones públicas salteño, Juan Carlos Abdala Ibáñez, luego de aclarar que por su trabajo estaba en contacto con miles de personas por mes, afirmó que «desde marzo [mes del golpe] las veo más tranquilas. Estamos en orden. Hacia el país que siempre quisimos, pero las comisiones de derechos humanos patean en contra». Un médico pediatra chaqueño, Fernando Alonso, aceptó que «circunstancialmente hay violencia», pero aclaró que «el país no es violento. En un proceso de reorganización como el que vivimos, tal vez pueda lesionarse algún derecho. Eso no significa que se haya institucionalizado el atropello » (Gente, 1976a). La conclusión de la revista es elocuente:

Afortunadamente los argentinos no se engañan. Los ataques de afuera no los doblegan. Están sanos, juntos, y avanzan hacia objetivos concretos. De algo sirven los negros títulos de la prensa extranjera: sirven, a veces, para mirarnos hacia adentro y saber dónde estamos parados (Gente, 1976a).

Un razonamiento similar a éste, que atribuye a la comunidad internacional el deseo de engañar a los argentinos y que, al mismo tiempo, advierte sobre la ineficacia de esa campaña porque «sabemos dónde estamos parados», puede encontrarse también en el editorial del Periódico La Opinión tras el atentado fallido a Videla, mencionado anteriormente. Allí se dice: «A diferencia de los firmantes del telegrama a la ONU, los argentinos tienen claro lo que ocurre» (La Opinión, 1977a). Gente y La Opinión son ejemplos significativos ya que, pese a estar en veredas opuestas respecto a muchos aspectos ideológicos y políticos y, además, realizar dos formas notablemente distintas de periodismo, tuvieron más elementos de unión que de desunión en lo que respecta al tema de los derechos humanos en sus inicios. La aprobación de sus respectivos consumidores a los posicionamientos que estos medios adoptaron puede leerse en las cartas de lectores que esos mismos medios de comunicación publicaban28.

La declaración de la XXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina fue uno de sus primeros documentos después del golpe, titulado «Reflexión cristiana para el pueblo de la Patria». Ésta se sumó a la visión de los hechos que enfatizaba la campaña antiargentina y ponía de relieve la existencia de dos violencias enfrentadas. «Creemos conocer el accionar de fuerzas ocultas, en las que entran en juego intereses de todo orden», decían los obispos a más de un año del golpe, «las que han desatado contra Argentina una campaña internacional que nos hiere, como argentinos que somos, y por nada quisiéramos vernos involucrados ni usados en reclamos de origen desconocido y muchas veces harto dudosos en sí mismos» (Conferencia Episcopal Argentina, CEA, 1977). El documento tenía también frases valientes, como las que manifestaban que los obispos sentían inquietud ante «las numerosas desapariciones y secuestros», ante el hecho de que «muchos presos, según sus declaraciones o las de sus familiares, habrían sido sometidos a torturas» y ante «las largas detenciones sin que el detenido pueda defenderse o saber las causas de su prisión» (CEA, 1977). Pero al mismo tiempo de estas inquietudes, compartía tanto el diagnóstico del gobierno militar sobre la situación nacional como sus objetivos. «Comprendemos la difícil empresa que en la práctica significa custodiar el bien común», reconocían los obispos, «herido por una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana y, por tanto, esos mismos derechos» (CEA, 1977).

Los obispos también comprendían «cómo la custodia del bien común puede entrar en aparente colisión con determinados derechos de la persona» (CEA, 1977). Concedían que:

cuando se viven circunstancias excepcionales y de extraordinario peligro para el ser nacional, estas leyes [para luchar contra la guerrilla] podrán ser también excepcionales y extraordinarias, sacrificando, si fuese necesario, derechos individuales en beneficio del bien común (CEA, 1977).

Al mismo tiempo, y un tanto contradictoriamente, agregaban que debía «procederse siempre en el marco de la ley y bajo su amparo para una legítima represión» (CEA, 1977). La ambigüedad del documento y su letra, innegablemente consustanciada con la retórica oficial -como cuando indica que la pobreza «corre el peligro de convertirse en un fermento de la subversión marxista»- no impidió que los dos organismos de derechos humanos nacionales, la APDH y el MEDH, lo hicieran propio. La primera lo apoyó contundentemente y el segundo lo reprodujo íntegro en uno de sus boletines y envió una carta al presidente de la CEA, el cardenal Primatesta, manifestando su total adhesión (APDH, 1977b y MEDH, 1977: 26-32).

El orden de aparición de las violencias que la opinión pública de entonces aceptaba distaba de ser el que la guerrilla pretendía establecer para justificar su accionar. Para ésta, la violencia del «sistema» era anterior a la violencia revolucionaria y se había ejercido explícitamente, mediante los fusilamientos que siguieron a la destitución de Perón en 1955 o la muerte de estudiantes y obreros en rebeliones como las del cordobazo o el tucumanazo en 1969 y 1970 respectivamente, pero -mucho más importante para su argumento- también se ejercía cotidianamente, de manera menos explícita, a través de la pobreza, el hambre, la desocupación y demás injusticias sociales. La violencia «de abajo», así, quedaba plenamente justificada por la existencia de una violencia anterior y permanente, la «de arriba».

El periodismo y buena parte de la sociedad, en cambio, invertía este orden. Los editores de La Opinión prologaron el informe ya citado de Tomás E. Martínez escribiendo:

Lenta, sigilosamente, el miedo se adueñó de los argentinos a mediados de 1974, pero ya antes había iniciado su lucha por alcanzar el dominio del cuerpo y el alma de estos millones de seres: fue hacia 1971, cuando las guerrillas de ultraizquierda se lanzaron a la masacre, con el lema según el cual «la violencia de arriba engendra la violencia de abajo». Tres años más tarde, las bandas armadas del ministro José López Rega sumaban su impunidad, su barbarie, al enorme concierto de muertes en que se iba transformando el país (Martínez, 1975).

Cuatro años antes, Panorama, una de las revistas de crítica política más prestigiosas del momento, había dedicado su portada a quien consideraba el personaje del año 1970, «El Terrorismo», en exclusiva alusión a las organizaciones guerrilleras (Panorama, 1971). La sociedad no distinguía las violencias verticalmente «de arriba» y «de abajo», sino horizontalmente, de izquierda y de derecha. Para una gran mayoría de ella, la primera había antecedido a la segunda.

VI. CONCLUSIÓN

Hacia 1976, la violencia política en Argentina era una ley, no una excepción, y la conciencia en torno a la existencia de derechos reivindicables en tanto seres humanos era una excepción, no una ley. Enraizada en la cotidianidad, la violencia política formaba parte del paisaje habitual de las grandes urbes y de algunas zonas rurales y, excepto que sobresaliera por alguna característica sensacionalista, era una noticia más en el concierto de información que reunían los periódicos y los noticieros. Su crónica podía escucharse casi con la misma frecuencia con la que se oía el pronóstico del tiempo. La muerte era ordinaria, parte del paisaje cotidiano -hecho que reforzó el «clima de guerra » mencionado más arriba-. Con mucho acierto, un analista político de la revista Nuevo Confirmado escribió en junio de 1973 (esto es, antes de entrar en operaciones la Triple A) que:

los hechos de violencia, creaban, además, un círculo que hacía finalmente ociosa toda crítica moral de tipo humanístico: a un atentado correspondían acciones represivas, también violentas, y en muchos casos torturas (Pandolfi, 1973).

La «crítica moral de tipo humanístico» estaba fuera de toda posibilidad; no formaba parte de lo que los actores sociales podían pensar, precisamente porque desde hacía largo tiempo los derechos se reclamaban o negaban en función de posiciones ideológicas o políticas y no del reconocimiento de una humanidad común. Fue ése el escenario en el que, tres años después del informe recién citado (es decir, sumados ya varios centenares más de actos de violencia política), el surgimiento de una preocupación y, posteriormente, de un discurso sobre los derechos humanos, encontró fuertes resistencias no sólo en la sociedad sino también, como se vio, en los sectores del periodismo que se ubicaban dentro del campo progresista de entonces.

Es injusta, además de históricamente falsa, la visión que asume que «la teoría de los dos demonios» nace en el Estado y se extiende a la sociedad civil. Al contrario, antes de convertirse en una teoría explícita, impulsada desde el Estado, los «dos demonios» estaban ya presentes en el modo en que buena parte de la sociedad, especialmente sus sectores medios, vivía aquellos años de violencia y represión. Que los propios organismos de derechos humanos hayan explícitamente suscrito esta visión -como se demuestra en sus primeros documentos y comunicados- es un indicador de hasta qué punto la condena a «los dos terrorismos», «los dos extremismos», «las dos violencias» y, en última instancia, a «los dos demonios» gozaba de un amplio consenso.

Hacia el final de la dictadura, unos meses antes de que los militares abandonaran el gobierno, el MEDH emitió una declaración pública en la que condensaba su visión sobre lo acontecido durante los años de plomo. Allí exponía acabadamente un pensamiento que fue madurando a lo largo de la década: «Lo que no podemos admitir es que el Estado haya desarrollado un terrorismo tanto o más cruel, inhumano y sofisticado que el que pretendía combatir» (MEDH, 1983: 74). En septiembre de 1984, el fiscal del juicio a las juntas militares, Julio Strassera, dijo en su alegato que:

los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. ¿Qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo (Strassera, 1984).

Un año después, cuando la CONADEP afirmó que «a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido » (CONADEP, 2007: 11), quedó consumada la «teoría de los dos demonios». Sin embargo, su germen tenía más de diez años de historia en la sociedad argentina y había madurado muy fructuosamente en el discurso público de los años que antecedieron al golpe. Tampoco el lugar de espectador inocente que la teoría de los dos demonios otorgó al grueso de la sociedad fue obtenido al finalizar el proceso militar. La APDH, por ejemplo, en sus intervenciones situaba a la mayoría de la sociedad en el terreno de la inocencia29. En su primera declaración, tres meses antes del golpe, afirmó que «esta realidad [la de la violencia] golpea las conciencias limpias de la inmensa mayoría» (APDH, 1975). La imagen de una ciudadanía inocente en medio de dos violencias terroristas no pertenece a la década de 1980 sino que es anterior a 1976.

Con la salida de Terence Todman de la Secretaría de Estado, en abril de 1978, la relación del presidente Carter con el gobierno argentino en lo que respecta a los derechos humanos quedó casi exclusivamente en manos de la diplomática Patricia Derian, una crítica extrema de la política argentina en el área. En Europa, los comités de boicot contra la copa mundial de fútbol que se celebraría a mediados de ese año en el país habían logrado un protagonismo notable difundiendo los horrores de la represión. En este contexto, el evento futbolístico fue visto por el discurso oficial y por buena parte de la sociedad y de la prensa como «la ocasión de cerrar la boca a esa vieja campaña a través de miles de testigos directos y cientos de millones de indirectos espectadores» (Confirmado, 1978). Lejos de Argentina inventada por la «campaña antipatria», metiéndose de lleno en Argentina real -se pensaba-, «los visitantes y los teleespectadores podrán testificar no sólo sobre la eficiencia argentina en el Mundial 78, sino también sobre la realidad política y social del país. Se hará justicia» (Confirmado, 1978).

El gobierno lanzó varias campañas publicitarias basadas en la sensibilidad de un sector importante de las clases medias que, como se vio en este artículo, vivió los últimos estertores del gobierno de Isabel Perón como un caos social, político y económico al que los militares pusieron fin. «Argentina es libertad. ¡Pudimos perderla!», decía la publicidad oficial desde las calles y desde los medios de comunicación a mediados de 1978. Tal vez el eslogan más memorable, lucido inscripto en calcomanías en las solapas de muchos ciudadanos, fue el que respondía a las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos apelando al «ser argentino» que, según la doctrina oficial, esas acusaciones lesionaban. El eslogan rezaba «Los argentinos "somos" derechos y humanos » (énfasis del autor). El extendido diagnóstico de una sociedad esencialmente inocente en medio de fuegos cruzados junto a la casi completa ausencia de una noción de derechos humanos en la primera mitad de la década de 1970 habían ya creado condiciones inmejorables para que esta ofensiva publicitaria tuviese un eco favorable.

La noción de los derechos humanos, por haber carecido de relevancia y haber estado ausente de las preocupaciones de los actores civiles y políticos antes del golpe de 1976, fue determinada de antemano a quedar simbólicamente asociada a los reclamos de los familiares de los desaparecidos. Como consecuencia de ello, continúa siendo aún hoy, para muchos de los entrevistados en el marco de esta investigación, una demanda circunscripta a la década de 1970 y vinculada principalmente a los directamente afectados por la violencia estatal de aquel tiempo. Veinticinco años de democracia no han sido suficientes para lograr independizarla del contexto en el que surgió como discurso. La gran mayoría de la sociedad desconoce que algunas organizaciones vinculadas con la defensa de esos derechos realizan acciones para denunciar su violación contemporáneamente. El trabajo de éstas, que en sus inicios debió enfrentar la carencia de esa idea en la sociedad civil y, a causa de ello, tuvo dificultades para legitimarse, hoy enfrenta un desafío tanto o más difícil, que consiste en desacoplar la noción misma de derechos humanos de la década de 1970 y sumar a la sociedad civil a comprometerse en su defensa.

Footnote

1. Este artículo forma parte de la tesis doctoral del autor, The Silent Majority. Politics and Memory: The Middle Classes in Argentina (1969-1982), que cuenta con el apoyo del Colegio de Artes y Ciencias (COAS), del Centro de Estudios Latinoamericanos (CLACS) y del Departamento de Historia de la Universidad de Indiana. Una versión abreviada de este artículo fue presentada en el panel Archaeologies of Human Rights en el Congreso Rethinking Inequalities, organizado por la Latin American Studies Association, Río de Janeiro, Brasil, 11-14 de junio de 2009. El autor desea agradecer la colaboración de Laura Smit y María Sol Alato en la búsqueda de material para esta investigación. Asimismo, agradece los comentarios de los evaluadores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.

2. Integran estas clases medias no radicalizadas políticamente todos aquellos miembros de los sectores medios de la sociedad (profesionales, empleados administrativos, pequeños comerciantes, pequeños empresarios y cuentapropistas) que no tuvieron una activa militancia política en la década de 1970. Están incluidos, por lo tanto, no sólo quienes se definían como apolíticos o manifestaban poca preocupación por cuestiones políticas, sino también quienes, aun teniendo interés por la política, no militaron activamente en ninguna agrupación o partido durante esa década. Cabe resaltar que la investigación general en el marco de la cual este artículo ha sido producido constituye un estudio de las clases medias no militantes en la época de la radicalización política y su posterior represión (1969-1982). Aun cuando no se aclare en el texto, cada vez que se haga mención a los sectores medios o a las clases medias debe entenderse que dichos términos excluyen a los militantes de estas clases activamente comprometidos en la lucha política de entonces (miembros de organizaciones políticas así como de armadas).

3. A partir de 1980, esta organización pasará a denominarse simplemente Abuelas de Plaza de Mayo.

4. El gobierno de Cámpora llamó a las organizaciones guerrilleras a una tregua, la cual fue sólo parcialmente aceptada. La guerrilla no peronista más importante, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), rechazó la convocatoria oficial. «No dar tregua al enemigo», escribió el ERP en un comunicado titulado «Respuesta al presidente Cámpora». El ERP interpretaba que aceptar la tregua propuesta constituía un error puesto que significaba «darle tiempo al enemigo a que se rearme y lance su contraofensiva ». La lucha social y las organizaciones armadas estaban en una espiral ascendente. Detener ese proceso, pensaba el ERP, en aras de la «unidad nacional» proclamada por el gobierno, era «como encerrar en una misma pieza al lobo y las ovejas recomendándoles a ambos mantener buena conducta» (ERP, 2004: 111). El regreso de Perón al país señaló el fin de la tregua dentro del movimiento peronista. En un acontecimiento que pronto comenzó a ser conocido como «la masacre de Ezeiza», derecha e izquierda peronistas se enfrentaron dejando un saldo de más de una decena de muertos y centenares de heridos.

5. Pueden consultarse estas cifras en P. GARCÍA (1995: 58-65, para la Triple A, y 53-58, para la guerrilla). La investigación de este autor resulta uno de los trabajos que más seriamente consideran la delicada cuestión de las muertes y desapariciones en la década de 1970. El autor discute otras investigaciones que proponen cifras diferentes a las suyas y fundamenta con documentación y razonamientos verosímiles sus propias estimaciones. Establecer cuántas muertes pertenecen al período democrático (1973-1976) y cuántas al período dictatorial (1976-1983) resulta fácil para el caso de la Triple A ya que, salvo alguna excepción poco fundada, la gran mayoría de los analistas coincide en que esta organización actuó casi íntegramente bajo el gobierno peronista. En cambio, resulta más difícil establecer cuántas muertes produjo la guerrilla en uno y otro período (en total, para toda la década, Prudencio García afirma que la guerrilla perpetró 687 asesinatos). Un informe de la APDH que reproduce datos publicados por el periódico La Nación el 8 de mayo de 1980, en el que se estima en 790 los muertos atribuidos a la guerrilla durante el período 1969-1979, indica que más de la mitad tuvo lugar antes de 1976. La lista publicada por La Nación suma erróneamente un centenar de muertes al accionar guerrillero, ya que le atribuye asesinatos que se debieron al accionar de la Triple A y de las fuerzas legales. Sin embargo, la periodización establecida por la APDH resulta verosímil (APDH, 1988: 30). La cantidad de muertos por año atribuidos al accionar guerrillero que se establece en dicho informe es la siguiente: 1969 = 1; 1970 = 4; 1971 = 24; 1972 = 26; 1973 = 49; 1974 = 120; 1975 = 179; 1976 = 293; 1977 = 70; 1978 = 18; y 1979 = 7. Lamentablemente, no se cuenta con una desagregación que permita establecer cuántos de los 293 asesinatos de 1976 son anteriores al 24 de marzo, día del golpe militar. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la mayoría de las bajas que produjo la guerrilla corresponden al período 1969-1976.

6. Para completar lo dicho a este respecto, véase también la siguiente nota al pie.

7. En octubre de 1975, Montoneros fracasó en una de sus operaciones militares más osadas, el copamiento del Regimiento 29 de Infantería de Monte, ubicado en la provincia de Formosa, perdiendo a casi la mitad de los afectados al operativo y demostrando claramente sus limitaciones organizativas. Hacia finales de 1975, el ERP perdió más de medio centenar de sus hombres en el frustrado intento de copar, en Monte Chingolo, el arsenal 601 Viejo Bueno -a juicio de G. PLIS-STERENBERG (2006)- la mayor batalla de la guerrilla argentina. Estas derrotas, al mismo tiempo que exhibían la inferioridad militar de la guerrilla respecto del ejército que combatían, menoscababan la moral del resto de los combatientes y simpatizantes, cuyo futuro dejaba de advertirse en el triunfo de la revolución y comenzaba a sospecharse en la muerte o la desaparición. Al comenzar 1976, la guerrilla había dejado de ser un problema militar para pasar a constituirse en un problema solucionable dentro de los límites del accionar policial. Ya en un temprano trabajo, A. GILLY consideraba este punto definitivamente cerrado, al afirmar que «en vísperas del golpe militar, a comienzos de 1976, esas organizaciones (se refiere al ERP y a Montoneros) estaban prácticamente desmanteladas: como muchos observadores imparciales sostienen, planteaban al Estado un problema estrictamente policial, no militar» (A. GILLY, 1984: 203). La amenaza militar que podían representar estas organizaciones hacia 1976 fue luego amplificada por los defensores de los miembros de las Fuerzas Armadas para justificar el grado de represión al que se habrían visto obligados a recurrir. Sin embargo, en enero de 1976, el teniente general J. R. Videla -futuro jefe de la primera Junta Militar que tomará el poder el 24 de marzo- comunicaba oficialmente que «el ataque al arsenal 601 y el consiguiente rechazo del intento demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar, a lo que se agrega su nula captación de voluntades populares. La derrota del oponente reveló graves falencias organizativas y operativas, que muestran escasa capacidad combativa, y sí gran peligrosidad en la delincuencia mayor, es decir, el secuestro, el asesinato, el robo, el atentado, la destrucción de la propiedad. El episodio de Monte Chingolo indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender al plano militar. Su actividad se relega al ejercicio del terror, obvia evidencia de su debilidad» (CLARÍN, 1976). En un mismo sentido se pronunció unos meses después el general Luciano Benjamín Menéndez, al señalar que tanto ERP como Montoneros «pueden producir algunos atentados con bombas o asesinatos a sangre fría, que pueden parecer espectaculares, pero que no significa de ninguna manera un triunfo militar» (LA OPINIÓN, 1976). Es cierto que también pueden encontrarse declaraciones de las autoridades argentinas de entonces, especialmente en el exterior, en las que se extiende hasta principios de 1978 la amenaza militar que representaba la guerrilla. Hacia finales de diciembre de 1977, por ejemplo, es habitual encontrar en la prensa declaraciones del presidente Videla o de sus ministros en las que aun afirman que en el país se está en guerra, o que la lucha armada contra las organizaciones del terrorismo está llegando a su fin (es decir, no ha terminado aún). Esta extensión en el tiempo de la amenaza guerrillera respondió a una estrategia del gobierno militar para contrarrestar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se hacían en su contra.

8. En febrero de 1975, mediante el Decreto 261, el Poder Ejecutivo ordenó «neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán», en cuyos montes estaba operando el ERP. En octubre del mismo año, mediante el Decreto 2772, esa orden, despojada ya de la idea de «neutralizar», se extendió a toda la nación. El Poder Ejecutivo resolvió «aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país». Con esto el gobierno nacional no hacía más que legalizar una ambición compartida por el ya desaparecido Perón, que el 21 de enero de 1974 había declarado en un discurso que «aniquilar cuanto antes a ese terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana» (L. DE RIZ, 1981: 68).

9. La APDH se constituirá formalmente en Asociación Civil el día 16 de septiembre de 1976.

10. El CMI agrupaba para ese entonces las iglesias ortodoxa, luterana, reformista, bautista, metodista y algunas pentecostales.

11. Ver «Acusa a la Argentina el Consejo Mundial de Iglesias», Periódico La Opinión, 9 de diciembre de 1975.

12. De todos modos, como ha sido dicho, distintas violaciones a los derechos humanos ya tenían una extensa historia en Argentina. Hacia 1967, por ejemplo, la utilización de la tortura como método para extraer información de los presos políticos era algo tan conocido que en la famosa historieta «Mafalda» la protagonista de la tira veía hombres trabajando en una calle, taladrando y golpeando con martillo y pala el asfalto y para sorpresa de los operarios preguntaba: «¿Qué están tratando de hacerle confesar a esta pobre calle?» (QUINO, 2007: 250).

13. El MEDH nació el 27 de febrero de 1976, un mes antes del golpe de Estado. En un principio fue formado por diferentes voluntades cristianas, sin la protección de ninguna Iglesia. Fue el 9 de julio de ese mismo año que varias Iglesias protestantes asumieron este movimiento como propio, dando cierto encuadre y protección institucional a sus miembros.

14. En esta misma entrevista, el secretario de Familiares indicó al autor: «Si te ponés a pensar, el único derecho humano por el que nosotros luchábamos era el de la vida. Entonces, a mí tampoco me queda claro porque nosotros somos un organismo de derechos humanos» (Buenos Aires, marzo de 2008).

15. Estas cartas fueron dirigidas primero a Pablo VI y luego también a Juan Pablo II.

16. La primera solicitada con una nómina de detenidos-desaparecidos data de septiembre de 1977, en el Periódico La Prensa. La mayoría de las solicitadas llevó por título «Sólo pedimos la verdad». Ver, por ejemplo, la de fin de año de 1977, «Por una Navidad en paz, sólo pedimos la verdad», en La Nación, 10 de diciembre de 1977.

17. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) constató en 1984 algo menos de 9.000 casos de detenciones-desapariciones. Aun cuando la propia comisión dejó constancia de que el número real seguramente superaba los casos por ella denunciados, el número de 30.000 que finalmente se impuso no se apoya sobre documentos ni denuncias concretas. Las propias organizaciones de derechos humanos son conscientes de que 30.000 «es un número que se impuso, un número de fantasía, un número que se inventó» (S. PÉREZGALLART, 2008). Sin embargo, aún hoy no refrendar esa cifra públicamente en Argentina, incluso en foros académicos, genera suspicacias. Cuando el regreso de la democracia, un modo habitual de conocer qué posición se tenía sobre los años de violencia y terror que se dejaban atrás era la pregunta: «para vos, ¿cuántos desaparecidos hubo?». Decir 30.000 implicaba estar en contra de «los militares»; decir cualquier otra cifra inferior, estar a favor de ellos. De algún modo, de lo que se trataba era de mesurar la dimensión de la tragedia: decir 30.000 significaba afirmar que lo sucedido tuvo las características de un horror inimaginable e implicaba una posición moral de condena a los verdugos. Transcurridos ya tantos años, persistir en esa posición puede colaborar a ensombrecer la verdad histórica, cuya búsqueda animó el inicio de los reclamos por los derechos humanos en Argentina.

18. Ver La Razón, 6 de enero de 1976 y La Nación, 28 de marzo de 1976.

19. Esta carta se publicó en agosto de 1976 (APDH, 1976c) y fue muy importante porque recién a partir de ella la APDH comenzó a tomar notoriedad pública.

20. En sus comunicaciones con el gobierno militar, la APDH solía dejar sentada su posición imparcial de condena a la violencia. «Esta Institución», escribieron al gobierno un año después, «desde su fundación, el 18 de diciembre de 1975, ha manifestado reiteradamente su repudio a todo tipo de terrorismo y se ha consagrado a la defensa de los derechos humanos, sin distinciones de ninguna naturaleza » (APDH, 1978). En otra carta anterior a Videla, en diciembre de 1976, al haber finalizado sus Jornadas por los Derechos Humanos, la APDH reproducía una editorial del periódico Adelante, de noviembre de ese año, en el que se decía: «Si la guerrilla lo hace [haciendo referencia a violar los derechos humanos] -y lo hace- que cargue con esa responsabilidad ante el país y el mundo» (APDH, 1976d). Esta carta fue muy importante porque a partir de ella la APDH comenzó a tomar notoriedad pública.

21. Puede citarse, a modo de ejemplo singular, la campaña «Por un hijo más» realizada por el MEDH, que consistió en ofrecer a las familias de sus comunidades cristianas apadrinar algún hijo de padres desaparecidos.

22. El asesinato de Sallustro fue mencionado por el 34% de los entrevistados, el del general Sánchez por el 28% y la «ola de asaltos y terrorismo» por el 13%. Un 13% no contestó la pregunta.

23. Un 25% no contestó.

24. En efecto, la mayoría de las doscientas personas que el autor entrevistó para su investigación sobre las clases medias no radicalizadas políticamente -de la cual este artículo representa un primer resultado- recuerda la llegada del golpe como un evento, por un lado, anunciado, previsible o inevitable y, por el otro, como una promesa de orden, de tranquilidad y de fin de la violencia. Aunque la memoria que las clases medias guardan de aquellos años no sea el tema de este artículo, no deja de ser un dato importante que, más de treinta años después del golpe, aun cuando casi la totalidad de mis entrevistados condena hoy la barbarie de la represión, muchos respondan a la pregunta «¿cuál fue su primera sensación cuando se dio el golpe, qué fue lo primero que pensó?» diciendo cosas tales como que «se acaba la violencia», que «llegaba el orden» o que «ya no se podía seguir así». Algunos (los menos) recuerdan que lo vivieron con «esperanza», pero, en cualquier caso, la enorme mayoría comparte que la primera reacción fue de alivio.

25. Las preocupaciones de índole económica estaban plenamente justificadas. El ya mencionado «rodrigazo» había golpeado fuertemente a la clase media disminuyendo drásticamente su poder adquisitivo y sus efectos no dejarían de ser visibles por un largo tiempo. Al respecto, un reconocido economista escribió: «El 4 de junio de 1975 figurará, seguramente, en el libro negro de la clase media como el comienzo del holocausto. Ese día, el Ministro de Economía de la Nación, ingeniero Celestino Rodrigo, descargó el golpe más formidable a su supervivencia de cuantos registra su laboriosa historia de cinco décadas» (M. DIAMENT, 1975).

26. Ver «La OEA encara el debate sobre los derechos humanos en el hemisferio», en La Opinión, 9 de junio de 1976.

27. El hecho de que fueran militares no representaba nada nuevo para la sociedad argentina y, para una parte de ella, tampoco necesariamente nada malo.

28. A fines de 1976, la revista Gente publica una carta de un lector, Diego Mantilla, que reclama a Amnesty International que publique «las listas interminables de bombas, traiciones, muertes, que nosotros conocemos, asesinatos como el del General Cardoso [...] Sánchez, Duarte Hardoy, Berdina; Manchala, Formosa, Azul, Monte Chingolo: nombres y hechos inscriptos con sangre generosa en las páginas de nuestra historia...» (GENTE, 1976c).

29. También lo hacía, otro ejemplo, el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez en el informe ya citado.

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