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Bolivia vivió una profunda conmoción social como resultado de la ocupación de todas las haciendas en las regiones de los valles y del altiplano a principios de la década de 1950. Cuando, en abril de 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tomó ei poder por las armas, su programa en relación con el tema de la tierra no era muy claro, aunque había formulado varios ensayos que no llegaban a la propuesta explicita de una reforma agraria. Esta se dio en los hechos como consecuencia de la rebelión indígena y las generalizadas tomas de tierras.
Un año después de iniciado el gobierno revolucionario se proclamó en Ucureña el decreto que legalizó la liberación de la fuerza de trabajo ruralindígena y el reparte de tierras. La Ley de Reforma Agraria de Bolivia tomó mucho del proceso similar iniciado 35 años antes en México. Solo que, a diferencia de esa revolución y de esa reforma agraria, en Bolivia se abrió simultáneamente la válvula para el nacimiento del neolatifundismo en las tierras del oriente, pues se repartieren a diestra y siniestra gigantescos territories a supuestos "hacendados".
A mediados de les setenta -esto es, dos décadas más tarde- la reforma había sido abandonada, y nadie sabe cuándo terminó. Quedo arrinconada en los archives de algunas oficinas, en medio de papeles, miles de expedientes y sin voluntad política ni orientación. Todos los gobiemos fueron negligentes en la conducción de este proceso. Las dictaduras militares se destacaron per la distribución gratuita y arbitraria de tierras especialmente en el oriente, para pagar apoyos y lealtades políticas.
Ante el escándalo desatado por la apropiación indebida de 100.000 hectáreas de tierra por el ministro de Educación de entonces, en 1992 el Gobierno de Jaime Paz Zamora decidió intervenir el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Institute Nacional de Colonización para frenar la corrupción y poner orden en la administratión. Y dio un plazo de tres meses para llevar a cabo este proceso.
Pero los tres meses se convirtieron en cuatro años de esfuerzos y dificultades para intentar conciliar un Programa Nacional de Administratión de Tierras con la elaboratión, en simultáneo, de una nueva ley inspirada en una visión conceptual y jurídica más moderna para la administratión de la reforma agraria en el país.