España y la integración europea: partidos y opinión pública, 1977-2004

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RESUMEN.

Tanto los partidos políticos como la opinión pública española han mantenido una actitud muy favorable al proyecto de integración europea desde que se solicitó la adhesión en 1977 hasta hoy Ese consenso general ha sido compatible con las distintas concepciones de la integración europea sostenidas por los diferentes partidos.

PALABRAS CLAVE.

España, Unión Europea, partidos políticos, opinión pública.

ABSTRACT.

In Spain both the political parties and public opinión have been quite in favour of the European integration, ever since Spain asked tojoin the European Community in 1977. This general consensus has been compatible with the different ideas of Europe maintained by the various parties.

KEY WORDS.

Spain, European Union, political parties, public opinión.

El propósito de este artículo es analizar el papel que representa la integración europea en la política española. El hecho más notable es el gran consenso que ha estado siempre presente, desde el primer momento en el que España solicita la adhesión a la Comunidad Europea hasta hoy. En el Parlamento, el consenso ha sido realmente extraordinario: en 1985, el Congreso de los Diputados votó la adhesión por unanimidad y, más recientemente, en 1998, tan sólo fueron 15 los votos en contra de la ratificación del tratado de Ámsterdam. Estos votos contrarios al tratado fueron emitidos, en su mayor parte, por los postcomunistas de Izquierda Unida (lU), pero de esto no se puede deducir una oposición a la UE, ya que el Partido Comunista de España (PCE) ha sido favorable a la integración desde los últimos años de la dictadura de Franco. A diferencia de lo que sucede en Grecia y Portugal, toda la izquierda apoyó la entrada de España en la Comunidad Europea\ En el presente, no hay ningún partido español, ni de izquierdas ni de derechas, cuyo discurso sea contrario a la Unión Europea. Esto no significa que exista una coincidencia general en la idea de Europa de sostienen los distintos partidos, de hecho entre ellos se dan diferencias interesantes. Por otra parte, el consenso europeísta de los partidos va unido a un apoyo continuo de la opinión pública a la integración, un apoyo, sin embargo, no exento de contradicciones.

EL DISCURSO EUROPEÍSTA DE LOS PARTIDOS

La adhesión de España a la Comunidad Europea fue solicitada por el gobierno de Suárez en 1977, pocos días después de las primeras elecciones democráticas. Para la UCD, la opción no planteaba ninguna duda, tanto por motivos económicos como políticos. El notable desarrollo económico que había comenzado en España durante los años sesenta se apoyaba, en gran medida, sobre las relaciones con Europa, por la vía del comercio, las inversiones, el turismo, la emigración, motivo por el que el régimen de Franco pidió, ya en 1962, una asociación que hubiera representado el primer paso hacia la plena integración, y firmó en 1970 un acuerdo con la Comunidad Europea"*. Pero la adhesión de un régimen autoritario, como era el de Franco, muy pronto se reveló impensable, motivo por el que la adhesión solicitada por la UCD representaría un pleno reconocimiento del hecho que España se había convertido ya en una democracia europea. Tendría por tanto el gran alcance simbólico de poner fin al largo aislamiento internacional, relativo pero siempre real, que España había padecido durante los años de Franco.

Por otra parte, la integración en la Comunidad Europea vendría a reforzar las opciones fundamentales de la política interna de la UCD: democracia política y economía de mercado mitigada por las intervenciones sociales del Estado. Democracia y economía de mercado tendrían con la integración un considerable apoyo, ya fuera frente a los nostálgicos del franquismo, ya fuera frente a los proyectos de socialización auspiciados por la izquierda. Para UCD e! modelo político y económico que la España democrática debía adoptar era exactamente el que prevalecía en la Europa occidental. En cuanto a las difíciles reformas económicas que requería la adhesión, eran, desde el punto de vista de la UCD, precisamente aquellas que España debía afrontar para consolidar su desarrollo económico, aunque en las difíciles condiciones políticas y económicas del momento los gobiernos de Suárez hicieran bastante poco por emprenderlas.

Los sectores conservadores que se mostraron más críticos con la reforma iniciada por la UCD, reunidos en la Alianza Popular que capitaneaba Manuel Fraga, ex ministro de Franco, compartían no obstante con UCD la opinión favorable a la adhesión, incluso si en un primer momento se mostraron menos entusiastas en su europeísmo. De hecho, insistían en la defensa de la especificidad española frente a eventuales ingerencias europeas. Siendo como eran admiradores del modelo económico de la Europa comunitaria, no se mostraban sin embargo favorables a que España perdiera la propia identidad en una integración supranacional. Por otra parte, tanto UCD como AP eran favorables a la adhesión de España a la OTAN, adhesión que fue aprobada en el Congreso, en 1981, con los votos favorables de UCD, de AP y de los nacionalistas catalanes y vascos, y los votos en contra de los partidos de izquierda''.

El europeísmo de la izquierda española se contraponía al de los conservadores. Contrarios por principio al sistema económico que prevalecía en la Europa occidental y decididamente contrarios a la OTAN, socialistas y comunistas eran sin embargo favorables a la adhesión a la Comunidad Europea, que concebían como un primer paso hacia un sistema federal. El discurso tanto del PCE como del PSOE era simultáneamente anticapitalista, neutralista, democrático y europeísta, una combinación que hoy puede parecer un tanto extraña. De hecho en el PSOE el discurso europeísta se impuso pronto al discurso anticapitalista y neutralista e incluso la oposición a la OTAN desapareció con el tiempo, aunque en este caso el gobierno socialista de Felipe González juzgó necesario celebrar un referéndum en 1986 a fin de que los electores aprobaran el giro proatlantista. Pero para comprender la unanimidad de los partidos españoles a favor de la adhesión a la Comunidad Europea es importante recordar el discurso europeísta de izquierdas que prevalecía en la España de los años setenta.

En los primeros setenta la dirección del PSOE pasó de las manos de los veteranos del exilio, decididamente anticomunistas, a las de un grupo de jóvenes militantes del interior que, de acuerdo con una orientación bastante común en aquel tiempo, adoptaron un discurso bastante más de izquierda. Estos nuevos dirigentes proponían una socialización parcial de la economía en el marco de la libertad, lo que conduciría a un socialismo genuino, opuesto al modelo soviético pero también al capitalismo, y consideraban que esta vía no era posible en el ámbito restringido de los países, pero sí lo era, en cambio, en el ámbito mucho más amplio de una federación europea. España, por tanto, debía adherirse a la Comunidad Europea, en cuyo seno las fuerzas progresistas de los distintos países podrían realizar su proyecto de transformación social. Con distintos matices, éste era también el discurso del PCE, cuyo «eurocomunismo» era bastante parecido al «socialismo democrático » del PSOE. Inicialmente hostil a la integración europea, denunciada como una empresa capitalista y antisoviética, el partido comunista español modificó su postura a partir de 1972. Para Santiago Carrillo, secretario general del PCE, la Comunidad Europea, nacida de las necesidades del capital monopolista, llevaba en sí, sin embargo, el germen de la futura Europa socialista.

La orientación de los socialistas se transformó en los primeros años ochenta. En el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones de 1982, en las que consiguieron una extraordinaria victoria que dio comienzo a trece años de gobierno socialista, los proyectos de socialización habían desaparecido. Los objetivos de Felipe González eran mucho más acordes con la realidad europea. Se buscaba consolidar el sistema democrático, reformar y liberalizar la economía española para hacerla más competitiva, e impulsar las políticas de bienestar social. Y en todo esto, la integración en la Comunidad Europea, llevada a cabo por fin en 1986, constituía un elemento central. La política de González fue decididamente europeísta, pero de un europeísmo menos interesado en un futuro federal, que defendían ciertos sectores del partido, que en la modernización económica de España, y en el desarrollo de una cohesión social europea que ayudase a España a disminuir los costes sociales de la necesaria reconversión de los sectores productivos menos competitivos®.

González buscaba sin duda las máximas ventajas para España, pero pensaba que para obtenerlas era necesario convencer a los demás socios de que podían tener confianza en el papel europeo de España. En un ensayo reciente que analiza los primeros quince años de la pertenencia de España a la Unión Europea, el autor lo ha explicado de una manera que él mismo reconoce como provocativa: se quería dejar patente que España no era otra Grecia.°

El Partido Popular, que ha gobernado España de 1996 a 2004, mantiene un discurso europeísta caracterizado por el pragmatismo. Favorable a la integración europea, la concibe no como un proceso de continuas transferencias de soberanía hacia entidades supranacionales, sino como una integración que refuerza el poder de los distintos estados. Cuando estaban en la oposición, los populares se mostraban bastante críticos hacia la política europea de González, al que acusaban de no saber defender los intereses nacionales españoles, y algunos miembros del partido hacían gala de un cierto «euroescepticismo» de signo tory, pero este escepticismo desapa recio tras la llegada de Aznar al gobierno. En realidad, el gobierno Aznar dio la máxima prioridad al objetivo, finalmente alcanzado, de cumplir los criterios establecidos en Maastricht para la adhesión a la Unión Monetaria. En los últimos años otro objetivo importante ha sido el promover el tercer pilar, es decir la cooperación en los asuntos de justicia e interior, especialmente en materia antiterrorista. Se puede decir por tanto que Aznar ha continuado la tradición europeísta de la democracia española, pero el énfasis es algo distinto del de González. La defensa de los intereses específicos de España resulta ahora más visible que el impulso de integración. Se ha dicho que esta diferencia tendría que ver con un factor generacional. González pertenece a la «generación del 68», que había concebido la adhesión a la Europa unida no solo como el instrumento apropiado para potenciar el desarrollo económico de España, sino también como un elemento fundamental de la consolidación de la democracia y un paso decisivo hacia un mayor papel internacional tras el largo aislamiento franquista. Aznar pertenece en cambio a la «generación del 89», para quien la democracia y la pertenencia de España a la Unión Europea son objetivos ya alcanzados, y por eso mismo se siente psicológicamente más libre para adoptar una política europea concebida pragmáticamente en función de los intereses nacionales \ algo que se ha puesto claramente de manifiesto en el crucial 2003.

Para ios populares, la Unión Europea debe permanecer siendo una unión de estados nacionales. En cambio. Izquierda Unida (lU), la coalición en la que está integrado eS PCE desde 1986, permanece fiel a los ideales federalistas de los primeros tiempos de la transición. Julio Anguita, su dirigente más carismático, retirado desde 1999, defendía la convocatoria de un Parlamento Europeo con poderes constituyentes para la creación de una Europa federal en la que la soberanía residiese en los ciudadanos más que en los estados. lU, en cambio, se ha mostrado muy crítica hacia la orientación dada a la unión monetaria y votó contra la ratificación del Tratado de Ámsterdam.

Una revisión del discurso sobre Europa de los partidos españoles quedaría incompleta sin aludir a los partidos nacionalistas de algunos territorios, dos de ios cuales, al menos, tienen un papel importante en la política española: la coalición catalana Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. También ellos se muestran favorables a la integración europea, que a su parecer ofrece como gran ventaja la posibilidad de una disminución gradual del papel de los Estados actuales, que abra la vía a una Europa nueva en la que aquellas que ellos consideran naciones sin Estado, como Cataluña y Euskadi, adquieran un status equivalente al de las demás naciones. Los nacionalistas catalanes explican de buena gana que Cataluña es mucho más europea que los territorios españoles a los que acabó uniéndose. En paia bras de Pujol, la vieja Cataluña formaba parte de aquella Europa carolingia de la que nacería muchos siglos después la primera Comunidad Europea, y esta inicial vocación europeísta se habría distorsionado a causa de la unión con Castilla. Por su parte, los nacionalistas vascos ven en la Unión Europea el marco que se adapta mejor a la formación de la soñada Euskadi, o Euskal Herría, en la que se unirían cuatro provincias españolas y tres territorios franceses .

Sin embargo, las expectativas de una progresiva desaparición de los estados español y francés en el seno de una Europa de los pueblos se han mostrado demasiado optimistas y de eso son conscientes los nacionalistas catalanes y vascos, en los que se advierte, en los últimos años, una cierta desilusión respecto a una Unión Europea en la que no consiguen tener el papel prominente deseado por ellos''. La integración europea tal y como hoy se está desarrollando está mucho más en consonancia con los deseos de Aznar que con los de Pujol, y menos aún con los de Arzallus. La exclusión del PNV del Partido Popular Europeo ha sido una clara prueba del aislamiento real de los nacionalistas vascos en Europa.

EL EUROPEISMO DE LOS CIUDADANOS

Al europeísmo de los partidos siempre se ha correspondido el europeísmo de los ciudadanos, como lo demuestran los sondeos de opinión. Los sondeos realizados por el Instituto de la Opinión Pública primero y por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) después, permiten trazar la evolución del europeísmo español durante más de treinta años. En 1968, cuando se realizó el primer sondeo, el 74% de los encuestados se mostraban favorables a la adhesión, y el porcentaje era aún mayor entre los más jóvenes y las personas con mayor nivel educativo. Los resultados fueron casi idénticos en un sondeo de 1976. Más adelante, desde el inicio de la democracia, los sondeos permiten diferenciar entre el europeísmo de los electores de los diversos partidos. En el siguiente gráfico se pueden ver los resultados correspondientes a las tres primeras elecciones generales, que muestran pequeñas diferencias entre los electores de los distintos partidos. Los electores de izquierda se mostraban más europeístas que los de centroderecha, y los electores de los partidos regionalistas y nacionalistas parecían también muy europeístas. El cambio mayor se produjo en los electores de AP, inicialmente no muy entusiastas de la adhesión, pero que se sumaron pronto al consenso general.

Los sondeos del Eurobarómetro nos permiten seguir la opinión de los españoles sobre la integración europea desde 1981 hasta hoy. La opinión sobre la pertenencia a la Unión ha sido siempre favorable, por lo regular un poco más favorable que la media europea. El período de máximo entusiasmo fue en la segunda mitad de los años ochenta, en los mejores años de la presidencia de González, cuando la economía española estaba en un momento de fuerte expansión. En otoño de 1990, casi el ochenta por ciento de los españoles pensaban que la pertenencia a la Comunidad Europea era positiva para España. Después llegó la primera crisis económica que España debió afrontar tras el ingreso en la Comunidad, y el apoyo a la pertenencia descendió, manteniéndose por debajo de la media europea en los años 1991-1995, que fueron también los años finales de los gobiernos de González, caracterizados por una aguda crisis política interna. En el otoño de 1994, el intervalo entre las opiniones favorables y desfavorables a la pertenencia se redujo a un mínimo histórico de poco más de veinte puntos y España parecía a punto de virar hacia el euroescepticismo. Pero desde 1996 la recuperación económica y el final de la crisis política interna, que se saldó con el triunfo electoral de Aznar, llevaron a la recuperación del apoyo a la pertenencia de España a la UE, que se ha mantenido desde entonces por encima de la media europea''. En la primavera de 2002, el Eurobarómetro registraba que el 66% de los españoles eran favorables a la pertenencia de su país a la UE, frente a una media europea del 53%. Por su parte, el barómetro de julio del CIS registraba un 78% de opiniones favorables y un 10% de opiniones contrarias a la Unión Europea.

Para situar la opinión española en un contexto comparativo, conviene contrastar los resultados del Eurobarómetro en los cinco países más poblados de la UE, como hemos hecho en la tabla adjunta. Se puede observar que los españoles se muestran más favorables que la media de los europeos a todos los aspectos de la integración, salvo la Constitución Europea, y son decididamente más europeístas que alemanes, franceses y británicos, pero menos que los italianos. Si tenemos en cuenta sólo la pregunta de si la pertenencia es positiva, España está en el quinto lugar de los quince por su europeísmo, detrás tan sólo de Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos e ltaliå.

Sin embargo hay motivos por los que el europeísmo de los españoles debe ser considerado con cautela. En primer lugar, el grado de información sobre ios asuntos europeos de los ciudadanos españoles es más bien escaso. Según el Eurobarómetro del otoño de 2001, los españoles se situaban en el penúltimo lugar, delante sólo de los británicos, en lo que respecta al grado de conocimiento que creían tener de la Unión Europea.'' En segundo lugar, el europeísmo de los españoles no está exento de contradicciones, incluso graves. Una de ellas ha sido analizada recientemente por dos estudiosos, utilizando una serie de sondeos de los años noventa en los que se preguntaba al encuestado si era favorable a la protección de los productos españoles frente a la competencia europea. Dado que la libre circulación de mercancías está precisamente en el centro de la integración europea, la respuesta lógica de quien apoya la integración debería ser un decidido no. Sin embargo, sucede todo lo contrario: los españoles se muestran favorables al proteccionismo, incluso en el caso de aquellos que dicen estar bien informados sobre la Unión Europea y de aquellos que están a favor de la integración. En 1996 estaban a favor del proteccionismo frente a los productos europeos el 90% de los españoles y el 85% de aquellos que se consideraban favorables a la Unión Europea.

Las diferencias entre los electores de los diversos partidos acerca de la integración europea siguen siendo pocas en los últimos años, ya que todos continúan siendo más bien favorables, salvo los de Herri Batasuna (HB), organización recientemente ilegalizada por su vinculación al grupo terrorista ETA. En el gráfico siguiente se muestra el índice de identificación media con Europa de los electores de los ocho partidos más votados en las elecciones de 1996. Se puede observar que el mayor europeísmo de la izquierda y de los nacionalistas que se manifestaba en la transición ya ha desaparecido. No hay apenas diferencia entre el grado de europeísmo de los electores de los dos grandes partidos de derecha e izquierda, PP y PSOE, y de los nacionalistas catalanes de CIU. Un poco menos europeístas se muestran los electores de lU, del PNV, de Coalición Canaria (CC) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Y por último, también sobre este tema, los filoterroristas de HB tienen una tendencia contraria a la de los partidos democráticos.

El consenso europeísta de los españoles de todas las tendencias políticas resulta aun más notable si se compara con los sentimientos hacia los Estados Unidos, en los que son visibles las diferencias entre derecha e izquierda, como puede verse en el gráfico adjunto, basado en un estudio de 1995.2"

VEINTICINCO ANOS DESPUÉS

Tras los largos años de la dictadura franquista, que había permanecido al margen del gran proceso de integración europea, la adhesión a la Comunidad Europea representó para buena parte de la opinión pública la demostración de que España había pasado a ser un país europeo normal. Europa encarnaba la democracia y la prosperidad, que'deseaban la mayor parte de los españoles. Para el centro derecha garantizaba que el país había evitado toda aventura revolucionaria para quedar anclado al modelo occidental. Para la izquierda representaba la democracia y la ruptura definitiva con el pasado franquista. Para todos la adhesión significaba poner fin a un período en el que España había estado al margen de las naciones democráticas. Por tanto la decisión de adherirse a Europa no procedía tan sólo de razones económicas, incluso si éstas eran de peso, sino que tenía raíces políticas y psicológicas de un alcance inmenso. Esto explica el consenso que acompañó las largas negociaciones para la adhesión.

Veinticinco años después ei consenso inicial sigue vivo. La gran mayoría de los españoles, de todas las orientaciones políticas, se siente orgullosa de la transición democrática, y la adhesión al tratado de Roma forma también parte de la memoria histórica de aquel momento fundacional. Es cierto que hoy la orientación de la política europea de España ha tomado una dirección más pragmática, pero ningún sector político o intelectual de algún relieve pone en duda la validez de la opción tomada. El tema europeo permanece pues al margen del debate de los partidos, lo que también tiene consecuencias negativas. La opinión española conoce poco los problemas europeos y no se interesa mucho en ellos. Pero su optimismo sobre el futuro de la Unión Europea es grande, como se ve en el apoyo mayoritario a la ampliación hacia el Este, incluso aunque esta ampliación no carezca de dificultades para los intereses españoles. De acuerdo con el Eurobarómetro de otoño de 2003, el 74% de los españoles se sienten orgullosos de ser europeos, el 62% apoyan la pertenencia de España a la UE, el 66% piensan que España se ha beneficiado por pertenecer a la UE, y el 56% se sienten satisfechos con el funcionamiento democrático de la UE. Se trata de porcentajes superiores a la media europea, como puede verse en el gráfico adjunto, pero sin embargo los españoles se sitúan en los últimos puestos respecto al grado de información que creen tener acerca de la UE.

La identificación española con el proyecto europeo se mantiene tras un año, el 2003, que ha sido particularmente crítico para la Unión Europea, para la relación transatlántica y para la posición internacional de España. En primer lugar, ante la crisis de Irak, Aznar no ha dudado en enfrentarse al eje franco-alemán, encabezando el grupo de los países europeos más favorables a las posiciones norteamericanas. En este sentido, el gobierno español ha jugado un papel importante en la génesis de la fractura que se ha manifestado en la política exterior y de seguridad europea. Y posteriormente el gobierno español ha sido, con el polaco, el gran defensor del sistema de voto adoptado en el tratado de Niza (2000), muy favorable para ambos países. aun a costa de poner en peligro el acuerdo sobre la nueva Constitución Europea, que no pudo lograrse en la cumbre de Roma de diciembre de 2003.

La afirmación de los intereses particulares de España y la opción por el atlantismo han venido así a matizar el europeísmo español. Pero el proyecto europeo sigue siendo fundamental para España, y la opinión pública sigue siendo una de las más favorables al mismo de toda Europa. Un sondeo de enero de 2004'', cuyos resultados se reflejan en el gráfico adjunto, muestra que el 85% de los españoles desean una Constitución Europea, aunque sólo el 20% se declaran bien informados del tema.

Los principales partidos españoles se muestran también favorables a una Constitución Europea, pero con matices que responden a la distinta idea de Europa que, hoy como hace veinticinco años, tiene cada uno de ellos. Un rápido repaso a los programas electorales de PP, PSOE e iU en el año 2004 permite comprobarlo.

Los populares sitúan como primer objetivo la lucha contra el terrorismo y la consolidación del espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, una nueva vía de cooperación de la que el gobierno español ha sido uno de los principales impulsores en los últimos años. Los socialistas mencionan también este tema, exigiendo el respeto a los acuerdos adoptados en el consejo deTampere de 1999, pero no le conceden tanta prioridad. Izquierda Unida lo ignora en cambio en su programa y su coordinador general Gaspar Llamazares ha criticado recientemente que el PP haya convertido la lucha con tra el terrorismo en una «ideología omnicomprensiva». Los dos partidos mayoritarios coinciden pues en impulsar la cooperación en materias de Justicia e Interior, que de hecho se ha convertido en una de las grandes cuestiones de la agenda europea, mientras que lU se muestra reticente.

El PP se declara dispuesto a trabajar para que el proyecto de Constitución Europea sea una realidad lo antes posible, pero inmediatamente añade en su programa que mantendrá «el peso de España en la nueva arquitectura institucional de la Unión Europea ampliada». Es decir que insiste en la defensa de los intereses particulares de España, básicamente el número de votos en el Consejo obtenidos en el tratado de Niza, que con tanto énfasis defendió Aznar en el consejo de Roma de diciembre de 2003. Una posición que es severamente criticada por el PSOE e lU. Para los socialistas, el gobierno del PP, con su apoyo a ios Estados Unidos en la guerra de Irak y con su actitud ante el proyecto de Constitución se ha convertido en un «factor de bloqueo y división» en el seno de la Unión Europea. No mencionan en su programa electoral el espinoso tema de los votos en el Consejo, pero apuestan por la aprobación del proyecto de Constitución elaborado por la Convención, que consideran «un avance extraordinario hacia la unión política de orientación federal». Frente a la preferencia de los populares por el método intergubernamental, que supone dar primacía al Consejo Europeo (de donde se deriva su extraordinario interés por el sistema de voto en el mismo) los socialistas apuestan por «el fortalecimiento equilibrado de las instituciones» (es decir Comisión, Consejo y Parlamento) y por el método comunitario. Y reprochan al gobierno de Aznar su «política de confrontación y de acciones unilaterales», que habría contribuido de manera importante a la «crisis sin precedente» en que se halla Europa. Llamazares, por su parte, ha afirmado que el gobierno de Aznar ha situado a España en la periferia de Europa «en nombre de una pretendida grandeza mundial», al haber participado en la maniobra de división de Europa con ocasión de la guerra de Irak y al haberse enfrentado a Francia y Alemania en los debates sobre el futuro de Europa.

Una respuesta a estas críticas se puede encontrar en un reciente artículo de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, que incide en la línea de europeísmo pragmático que caracteriza al PP. En su opinión las actuales dificultades no tienen nada de excepcionales, porque toda la historia de la UE es la de un éxito «construido sobre innumerables tensiones, arduas negociaciones y compromisos difícilmente alcanzados». Los españoles nos habíamos forjado una visión idealizada de Europa, debido a que la entrada en la Unión representó para nosotros «la vuelta a la normalidad histórica». De ahí que todavía nos provoque aprensión disentir seriamente en el ámbito europeo. Pero es necesario superar esta actitud, que otros países euro peos no comparten. Se trata por tanto de conseguir una Constitución Europea «en la que los intereses de todos encuentren acomodo».°

Izquierda Unida es favorable a una Constitución Europea pero, por motivos muy distintos al del PP, se muestra aún más crítica que éste hacia el proyecto elaborado por la Convención. En su opinión es necesario introducir en el mismo «mejoras sustanciales», que cuestionen el «modelo neoliberal vigente » para «someter a control parlamentario y democrático todos los aspectos de la vida económica, social, política y cultural de la UE». De acuerdo con su ideología, lU desea pues un mayor control de la libre empresa y de la iniciativa privada en todos los ámbitos por parte de las instituciones políticas, pero lo más notable es que su proyecto atribuya ese control fundamentalmente al Parlamento Europeo, que en su opinión debe ser «el eje de la construcción de la UE». De ahí que en su programa ignore el tema de los votos en el Consejo, pero en cambio plantee la recuperación por España del número de europarlamentarios que tenía antes del tratado de Niza.

En el plano económico, el PP se declara dispuesto a impulsar la estrategia de crecimiento y empleo adoptada por el Consejo de Lisboa (2002), y a lograr la convergencia de España con los miembros más desarrollados de la UE para el año 2010, un objetivo sin duda muy ambicioso. Los socialistas apoyan también la agenda de Lisboa, que en cambio ignora en su programa lÚ. Esta propone, en la perspectiva del periodo 2007-2013, un substancial incremento del presupuesto de la UE, para situarlo en el 3% del PIB, de manera que sea posible mantener la Política Agraria Comunitaria, cuya reforma es un objetivo deseado por la Comisión, y se puedan mantener también los fondos para ayuda a las regiones (que debido a la ampliación se corre el riesgo de que se destinen fundamentalmente a los nuevos socios del Este).

El otro gran tema que tiene planteada la UE es el de la Política Exterior y de Seguridad Común. Tanto el PP como el PSOE la apoyan, aunque no coinciden en el crucial aspecto de las relaciones transatlánticas, mientras que iU ignora el tema en su programa. Los populares apuestan por la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política de Seguridad y Defensa de la UE, para añadir a renglón seguido que la UE debe trabajar «con aquellos que comparten nuestros principios y valores» y debe por tanto «profundizar en unas relaciones sólidas y estables con los Estados Unidos». Plantean por tanto una combinación de europeísmo y atlantismo, que no aparece en el programa de los socialistas, cuyo objetivo es una Europa «fuerte y autónoma », dotada de una auténtica Política Europea de Seguridad y Defensa, para cuya elaboración consideran que el documento elaborado por el Alto Representante Javier Solana es un buen punto de partida. En cuanto a Izquierda Unida, no debe tener muy clara su posición sobre el tema, ya que no lo aborda en su programa electoral, pero en su reciente discurso en el Insti tuto Elcano Llamazares ha trazado las líneas maestras de su política en la materia, afirmando que ellos abogan por una política exterior y de seguridad de la UE «progresista y democrática», basada en el papel esencial de Naciones Unidas, y que impulse sus capacidades autónomas «para la preservación de la paz en Europa y la prevención de conflictos».

Tenemos pues una propuesta de política de seguridad europea basada en la colaboración con Estados Unidos (PP), una propuesta de política de seguridad más autónoma (PSOE), y una propuesta que parece excluir los aspectos «duros» de la seguridad, ya que apela a la prevención de conflictos pero ignora la resolución de los mismos, salvo por la vía del diálogo, como propone para casos como el de Colombia (lU).

Y en general podemos concluir que, al igual que la opinión pública, todos los grandes partidos españoles son favorables a la Unión Europea, aunque no la interpretan de la misma manera. Para los populares se trata de un proyecto basado en la cooperación entre los Estados, los socialistas desean una evolución gradual hacia el federalismo e Izquierda Unida propone otra Europa menos liberal y más social, mientras que los nacionalistas catalanes y vascos quisieran tener su propia estrella en la bandera europea. La victoria electoral del PSOE en marzo de 2004 ha supuesto, por tanto, la victoria de la opción más europeista y ha facilitado el acuerdo sobre la Constitución Europea, finalmente alcanzado en junio

Footnote

1 El debate sobre la adhesión a la Comunidad Europea en Grecia, Portugal y España ha sido estudiado por Berta Álvarez-MIranda (1996): El sur de Europa y la adliesión a la Comunidad Europea, Madrid, GIS.

2 Estas diferencias iian sido subrayadas por iVIiguel A. QUINTANILLA (2001): La integración europea y ei sistema político español, Madrid, Congreso de los Diputados.

3 Sobre estas contradicciones, véase el interesante ensayo de Belén Barreiro e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA (2001): «La europeización de la opinión pública española», en La europeización del sistema polftico español, Carlos Glosa ed., Madrid, Istmo.

4 Sobre el largo camino de España hacia la adhesión, véase el libro de Antonio ALONSO (1985): España en el Mercado Común: del acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce, Madrid, Espasa-Calpe.

5 Sobre el discurso europeísta de la UCD, véase: Álvarez-Miranda (1996), pag. 217, 248-253 y 277-279.

6 Véase Alvarez-Miranda (1996), pag. 218-219, 250-252 y 279-280.

7 Sobre la adhesión a la OTAN, véase Florentino PORTERO (2000): «La política de seguridad, 1975-1988», en La política exterior de España en el siglo XX, J. Tusell, J. Aviles y R. Pardo, eds., Madrid, Biblioteca Nueva.

8 Sobre el europeísmo de la izquierda española en los primeros años de la transición, véase Quintanilla (2001), pag. 61-70.

9 Quintanilla (2001) pag. 82-107.

10 Charles POWELL (2002): Spanish membership ofthe European Union revisited, Madrid, Real Instituto Elcano, pag. 5

11 Andrés ORTEGA y Pilar MANGAS (1996): «Renovación generacional y cambio político», Claves de Razón Práctica 66. Sobre la política europea de Aznar, véase PoweII (2002), pag. 17-30.

12 Quintanilla (2001), pag. 74-78.

13 Quintanilla (2001), pag. 128-135.

14 Caterina GARCIA (1995): «Comunidades autónomas y relaciones internacionales», en Las relaciones exteriores de ia España democrática, R. GILLESPIE, F. RODRIGO y J. STORE, eds., Madrid, Alianza Editorial.

15 Los resultados del sondeo previos a la adhesión se pueden consultar en la Revista Españoia de Investigaciones sociológicas (REÍS), n.- 29 (1985). Para los sondeos citados, ver las pags. 293 y 303.

16 Para una interpretación de las oscilaciones de la opinión española sobre Europa en los años 19811997, véase Barreiro y Sánchez-Cuenca (2001), pag. 30-37.

17 Los datos del eurobarómetro sobre la recuperación del europeísmo se confirman con los sondeos del GIS: ver GIS (2002): Datos de opinión: Boietín 27.

18 Comisión Europea (2002): Eurobarómetro 57

19 CIS (2002): Barómetro dejuiio, estudio n-2463.

20 Comisión Europea (2002) Eurobarómetro 57

21 Comisión Europea (2002): Eurobarómetro 56.

22 BARREIRO y SÁNCHEZ-CUENCA (2001), pag. 41-49, en base a sondeos del Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social (CIRES)

23 Estudio CIS 2228, analizado por I. LLAMAZARES y R. SANDELL (2001):«Preferencias partidísticas, clivajes políticos y orientaciones hacia la ciudadanía europea en España», en La europeización del sistema político español, Carlos Glosa ed., Madrid, Istmo.

24 Estudio GIS 2188, analizado por Inmaculada Szmolka (1999): Opiniones y actitudes de los españoles ante el proceso de integración europea, CIS {Opiniones y actitudes n-21).

25 Ver el estudio del CIS 2401, del año 2000, analizado por Juan AVILES (2002): «Venticinco años después: la memoria de la transición», Historia del Presente, n 1

26 Comisión Europea (2003): Eurobarómetro 60

27 Comisión Europea (2004): Flash Eurobarometer

28 Los programas electorales pueden consultarse en los sitios de los respectivos partidos en la red.

29 G. LLAMAZARES: «La política exterior de España», conferencia en el Real Instituto Elcano, 24/2/2004.

30 A. Palacio; «UE: tiempos de mudanza», El País, 25/2/2004.