EL DILEMA ENTRE LA PAZ Y LA JUSTICIA. JUSTICIA TRANSICIONAL EN CONTEXTOS POST-CONFLICTO: LOS CASOS DE GUATEMALA Y EL SALVADOR/The Dilemma Between Peace and Justice. Transitional Justice in Post-conflict Context: the Cases of Guatemala and El Salvador

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RESUMEN: El presente artículo pretende describir y poder explicar los compromisos y renuncias que se producen entre la justicia y la paz a través del análisis de dos casos de post-conflicto: Guatemala y El Salvador. De este modo y usando una metodología comparativa se examinan los rubros de verdad, justicia y reparación, con una mirada longitudinal, que va desde el recuento de lo ocurrido antes de la paz, hasta la actualidad.

Palabras clave: paz; justicia transicional; comisiones de la verdad; derechos humanos.

ABSTRACT: This article aims to describe and explain the trade-off between justice and peace through the analysis of two post-conflict cases: Guatemala and El Salvador. Using the comparative methodology, we analyse the issues of truth, justice and reparation from the Peace Agreements until today.

Keywords: Peace; Transitional justice; Truth commisions; Human rights.

«The peace is not merely the absence of tensión; it is the presence of justice». Martin Luther KING, Jr. 1958

1. JUSTICIA TRANSICIONAL, POST-TRANSICIONAL Y SU FUNCIÓN EN CONTEXTOS DE POST-CONFLICTO

Cuando termina un conflicto (al igual que ocurre con las dictaduras) comienzan a abrirse muchos interrogantes, entre ellos, cómo es posible conocer la verdad de lo ocurrido, cómo lograr una justicia y si esta es posible y cómo poder instaurar políticas de reconciliación. Este sentimiento de incertidumbre es lo que caracteriza a todas las transiciones. Sin embargo, pese a diferencias entre los procesos, lo más habitual es que no se pueda conocer toda la verdad del conflicto, ni lograr una justicia plena y menos lograr que todos perdonen. En este sentido Barahona de Brito (2002) indicaba que ni la verdad ni la justicia oficiales, por extensas y completas que sean, constituyen remedios milagrosos para resolver lo que son heridas profundas y diferencias en ocasiones irreconciliables. Se producen entonces dicotomías entre la verdad y el olvido, la justicia y la impunidad o el castigo y el perdón.

El mejor modo de entender estos dilemas es ver cómo diferentes países han intentado resolver estas dicotomías y cuáles han sido los resultados para sus democracias. En muchos de ellos la desproporción entre las medidas aplicadas y las atrocidades cometidas es considerable. Pero se trataba en muchos casos de lograr algún tipo de catarsis balanceando las medidas de justicia con las de reconciliación.

Haciendo referencia a dos casos paradigmáticos de Africa, podemos indicar que en el caso de Sudáfrica la verdad fue el componente central de la justicia y se perdonaba lo que se confesaba. En el de Ruanda, pese a sus numerosos juicios, finalmente el perdón y las formas de reparación moral fueron la pieza central.

Respecto a Europa, el caso paradigmático de justicia transicional en un contexto de postconflicto lo encontramos en Alemania en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial con el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, precursor de otros tribunales internacionales como los surgidos en la guerra de los balcanes. Pero también podríamos hacer referencia a la escasez o ausencia de medidas de justicia transicional, podemos destacar el caso español donde el olvido y la amnistía imperan frente a cualquier otra medida1.

En la región lationamericana tenemos escenarios completamente diferentes: muchos tienen que ver con dictaduras (en este caso hablamos de los regimenes autoritarios del cono sur: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile o Paraguay) mientras otros se enmarcan completamente en el rubro del postconflicto (El Salvador y

Guatemala)2. Es justo sobre estos países que analizaremos las diferentes medidas de justicia transicional con el propósito de ofrecer un panorama en el cuál se pongan de manifiesto las estrategias, dificultades y consecuencias que aquellas han supuesto para la paz y democracia de dichos países.

Antes hay que decir que pese a que los mecanismos de justicia transicional se han aplicado en contextos de post-conflicto, resulta sorprendente que se haya dedicado tan poco análisis a su función en la construcción de la paz (Van Zyl, 2008). Sin embargo, es indudable que la construcción de la paz en contextos de postconflicto y la justicia transicional se interrelacionan de una manera inexorable.

En este sentido, uno de los grandes debates sobre justicia transicional se ocupa de la tensión entre paz y justicia: mientras algunos autores resaltan la necesidad de tener en cuenta las limitaciones de la justicia (Elster, 1995, Osiel, 2005), otros abogan por la necesidad de que haya castigo (McAdams, 1997). Dentro de la primera postura se encuentran aquellos que consideran que como la justicia retributiva puede hacer fracasar los procesos de transición, esta debe de ser aplazada (Cortés Rodas, 2007). Por esto, pese a que los procesos de paz brindan oportunidades de incorporación de justicia transicional al acuerdo nacional, al inicio de las transiciones muchos países decidieron afrontar el pasado sin acudir a los juicios. Esto es más evidente en aquellos casos donde las partes involucradas en el conflicto y en el proceso de paz han estado implicadas en las violaciones de derechos humanos, lo que les hace firmar acuerdos de paz que desembocan en amnistías e impunidades. Como indica Van Zyl (2008, 69):

Los diálogos de paz pueden ser esenciales para ponerle fin a un conflicto y producir un programa para la paz sostenible, pero rara vez son apropiados para decidir acerca de los detalles de los procesos para enfrentar el pasado, precisamente porque estos procesos no deben ser politizados.

Esta impunidad puede enquistar la violencia en aquellas sociedades en las que las dimensiones identitarias han sido utilizadas para justificar las violaciones de derechos humanos. En los países que se analizarán es evidente el impacto negativo que esta impunidad ha tenido para la violencia, que para El Salvador ha llegado a ser superior que la perpetrada en la época del conflicto3. Aunque no es el objeto de este trabajo analizar las implicaciones que la impunidad puede tener para el aumento de la violencia presente en los países tratados sí que tenemos que indicar que reformas judiciales, policiales y sociales pendientes tras los procesos de paz han contribuido a importantes desafíos en el estado de derecho de los mismos (Martínez Barahona, 2013). En este sentido, un programa exitoso de construcción de la paz post-conflicto tendría entonces que incluir medidas de justicia transicional que llevaran a reformas políticas tanto legales como sociales. Así las Comisiones de la Verdad deberían documentar minuciosamente las violaciones de derechos humanos, brindar medidas de protección de minorías y proponer reformas institucionales tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía o en el sector judicial; se debería enjuiciar a los máximos responsables y proveer mecanismos suficientes de reparación a las víctimas.

Otro gran debate en la actualidad gira en torno a lo que se conoce como justicia postransicional, donde los estudiosos de la justicia trasnacional no se limitan a estudiar el período inmediatamente posterior a la democratización o cambio político (Skaar, 2011; Collins, 2010). Estas nuevas vertientes de estudio se distancian de la escuela clásica de la justicia transicional, que enfatizaba la importancia del pulso político entre las élites al momento de la quiebra de los regímenes, pulso que definiría finalmente la adopción o no de juicios, comisiones de la verdad y reparaciones4. Así algunos de estos estudios se centran en las reformas judiciales y constitucionales para explicar la extensión de las demandas de verdad, justicia y reparación más allá del periodo transicional (Skaar, 2010). En este sentido, Skaar (2010) indica cómo el refuerzo de la independencia judicial ha facilitado que los jueces más favorables a los juicios no se vieran constreñidos por poderes ejecutivos contrarios a ellos. Collins (2010) en una línea similar, pone la atención no en el sector judicial, sino en los sujetos privados que reclaman por una mayor rendición de cuentas.

Otros estudios se han centrado en explicar diferencias entre las Cortes respecto al activismo judicial en la protección de los derechos humanos. Así Gutiérrez Salazar (2015b) en su trabajo sobre Guatemala y los casos judicializados del conflicto armado, llega a la conclusión que es la composición de las Cortes la que incide directamente en dicha protección, así como el impulso que las víctimas y sus familiares dan a los procesos.

Sin embargo, todavía existen dificultades para teorizar sobre las medidas de justicia (post) transicional y la literatura actual todavía adolece de estudios que generalicen sobre los determinantes de dichas políticas frente al pasado. Estudios recientes, sin embargo, han encontrado evidencia según la cual las nuevas democracias inicialmente adoptan amnistías, luego juicios y años después optan por medidas de justicia restaurativa (Olsen, Payne y Reiter, 2010). En este mismo sentido, Méndez (2011: 198-199) señala que: «el tema de la responsabilización ha probado tener existencia propia, más allá de los cortos términos de lo que puede ser razonablemente llamada la transición» y hace un llamado para revisar el marco teórico tradicional de la justicia transicional y un examen sobre cuáles de sus ideas continúan siendo aplicables.

Sobre los casos concretos de El Salvador y Guatemala podemos citar, entre otros, el trabajo de Pásara y Wagner (2000) que ofrecen una bibliografía crítica sobre la temática de la justicia en Guatemala. Pásara (2010) ahonda en el análisis de los cambios en el sistema de justicia después de los Acuerdos de Paz, en el estudio empírico de decisiones judiciales, así como en el tema de la aplicación judicial de derechos humanos. Respecto a El Salvador, Popkin (2000) hace un estudio sobre la transición, la reforma al sistema judicial y la decisión adoptada por los actores políticos de dejar de lado cualquier posibilidad de rendición de cuentas para los crímenes cometidos durante la guerra. Más actual, el trabajo de Collins (2010) resalta que El Salvador pese a ser un país cuyas instituciones jurídicas fueron ampliamente reformadas durante la transición, se mantiene la amnistía y no hay un fuerte movimiento a favor de la rendición de cuentas.

El presente trabajo tratará de analizar la intersección entre justicia transicional y paz analizando sus implicaciones en los casos seleccionados (Guatemala y El Salvador) examinando sus incidencias en los rubros de verdad, justicia y reparación, con una mirada longitudinal, que va desde el recuento de lo ocurrido antes de la paz, hasta la actualidad. En este sentido, los datos que se recogen en el presente trabajo pertenecen tanto a fuentes secundarias como a primarias en lo que a materia de juicios e investigaciones se refiere, resultando de trascendental importancia un primer esfuerzo -todavía incompleto y en proceso- por mapear el estado de las causas en la medida que ha sido posible5.

2. EL SALVADOR Y GUATEMALA: HABLANDO DE JUSTICIA Y PAZ

¿Qué se ha hecho en Guatemala y El Salvador para afrontar los crímenes perpetrados durante los conflictos armados? Para tratar de contestar a esta pregunta haremos una breve revisión de los antecedentes históricos que llevaron a la firma de los Acuerdos de Paz en ambos países, para después examinar las respuestas estatales y sociales en materia de verdad, justicia y reparación, indagando además sobre posibles factores que explicarían los diversos -y escasos- desarrollos, en uno y otro caso.

Para empezar, debe recordarse que en América Central la agenda transicional fue sobre-determinada por la necesidad de poner fin al conflicto armado y son los Acuerdos de Paz, en lugar de las elecciones, los que representan el momento transicional definitivo. En estos países la transición consistió, fundamentalmente, en la renuncia a la fuerza militar por parte de actores que, no obstante, continuaron dominando el panorama político posterior (Collins, 2010).

Sobre los desarrollos posteriores a los acuerdos, tenemos que advertir de antemano las dificultades relacionadas con acceso y publicidad de información, lo que marca otra diferencia entre los casos de Guatemala y El Salvador y otros como los del Cono Sur, donde es relativamente fácil determinar el número de investigaciones judiciales y medidas adoptadas para afrontar los crímenes del pasado.

2.1. Los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala

El Salvador fue un Estado militarizado antes de que se librara la guerra de 12 años contra la insurgencia. La intervención de los militares en política fue histórica, pero al cerrar los setenta se dio inicio a ataques masivos contra la población civil en general, en su mayoría desapariciones y asesinatos selectivos, violaciones, masacres y desplazamientos, encaminados a minar los apoyos rurales de la guerrilla.

La salida negociada al conflicto fue propiciada por la incapacidad del ejército de derrotar militarmente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a pesar de la ayuda recibida de Estados Unidos. Desde la creación del partido Alianza Nacional Republicana (ARENA) se empezó a cuestionar al Estado Mayor, a lo que se sumó la incapacidad del ejército para mantener la seguridad de San Salvador, lo que fue puesto en evidencia por el FMLN con la ofensiva de noviembre de 1989.

Después de casi tres años de negociaciones entre el gobierno y el FMLN, el 16 de enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Chapultepec, fijando las condiciones del ingreso del FMLN a la vida civil y política de El Salvador, que pasaban por la reducción del poder del ejército, la desmilitarización del sistema político y la reforma a la justicia6.

El proceso de paz en El Salvador, protagonizado por ARENA y el FMLN, ha sido caracterizado por la comunidad internacional como un proceso exitoso, ya que logró poner fin al conflicto. Sin embargo, como otros procesos de paz, ha tenido algunas limitaciones como aquellas que tienen que ver con los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus sobrevivientes.

En este sentido, el punto 5 del capítulo 1 del Acuerdo de Paz reconoce la necesidad de superar la impunidad reinante en las Fuerzas Armadas, sometiendo el asunto a la Comisión de la Verdad, sin que ello obste para que los tribunales de justicia apliquen las sanciones que correspondan a quienes sean declarados responsables.

En Guatemala la doctrina de la seguridad nacional se instaló desde 1954 a 1985, con la consiguiente militarización de la política, legitimada mediante elecciones fraudulentas, y respaldada por la persecución y exterminio de comunidades indígenas, en un país con una población predominantemente indígena y mestiza, con una sociedad desestructurada y desintegrada (Alcántara, 2008).

La creación de agentes rurales llamados «comisionados militares» y la exacerbación de la polarización y aumento de la violencia llegaron a su culmen en 1982, año en que surgió la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG) agrupando movimientos guerrilleros que defendían la lucha armada. Ese año también el ya violento gobierno de Fernando Romeo Lucas García cayó por el golpe de Estado perpetrado en su contra por José Efraín Ríos Montt, a quien le bastó un año para ejecutar su política de «tierra arrasada»7.

Ríos Montt fue depuesto por el mando militar y durante el siguiente gobierno, encabezado por el general Oscar Mejía Vítores, se convocó la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1985. Esta reforma estableció un marco jurídico propicio para la protección de derechos humanos y la independencia judicial, salvo porque limitó el período de jueces y magistrados de todos los rangos a cinco años.

En 1990 se puso en marcha la Comisión de Reconciliación Nacional y se reabrieron negociaciones con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y en 1994 se suscribió el Acuerdo de Derechos Humanos que instauraría la misión de Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos en Guatemala (MINUGUA), que adelantó trabajos de verificación una década. En diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, se firmó en Ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que ponía fin al conflicto armado entre la URNG y el Estado.

Contrario a lo sucedido en El Salvador, donde el enfrentamiento militar entre la guerrilla y el ejército había llegado a un punto muerto, en Guatemala la URNG estaba muy debilitada militarmente a la hora de firmar los acuerdos. Por ello, el ejército no solo se consideraba vencedor de la guerra, sino que además mantuvo buena parte de su poder, gracias a la subordinación de la élite política y el apoyo del empresariado (Sieder, 2002).

Aunque desde 1985 se había instaurado un marco jurídico favorable para la democratización, el camino estuvo plagado de obstáculos. Es así como después de los acuerdos, y desde aparatos estatales, se cometieron crímenes que se consideran paradigmáticos, como el asesinato de la antropóloga Myrna Mack (septiembre 1990), que realizaba investigaciones sobre desplazamientos en virtud del conflicto. O el de Monseñor Gerardi (abril 1998), ultimado casi inmediatamente después de entregar el informe de la verdad que encabezó desde el Arzobispado de Guatemala.

Aun cuando se iniciaron investigaciones judiciales por estos crímenes, las mismas estuvieron plagadas de dificultades, dilaciones, viciadas por amenazas e incluso la muerte de quienes contribuían al esclarecimiento de los hechos, y todavía hoy algunos esfuerzos por hacer justicia se frenan desde las más altas esferas del Estado.

Cabe destacar que ambos procesos de paz fueron impulsados por la comunidad internacional. Organizaciones internacionales, tanto de carácter gubernamental como no gubernamental, participaron de los dos procesos, y la ONU se involucró directamente en ambos. En Guatemala con la asesoría para la redacción de la Ley de Amnistía y con la Misión de las Naciones Unidas (MINIGUA) que se encargó de la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

En El Salvador su papel fue aún más central y protagónico durante todo el proceso. A pesar del impulso internacional para la consecución de la paz en la región, las reformas y su implementación se hicieron de forma aislada en cada país, lo que no obsta para que quienes reclaman justicia en toda la región compartan algunas estrategias, como el accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la justicia española, en base al principio de jurisdicción universal.

2.2. Y después de los Acuerdos...

Guatemala y El Salvador son los dos países a América Latina que registran el mayor número de violaciones a los derechos humanos durante los períodos represivos, seguidos, por una gran diferencia numérica, de Argentina, Chile y Uruguay, tal como se ve en la tabla I. Al mismo tiempo, son dos países que han tenido más dificultades para hacer efectivos los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

En las páginas siguientes se hará un recuento lo que se ha hecho en materia de derechos de las víctimas (verdad, justicia y reparación), aspectos que en la práctica se entrecruzan, como quiera que los procesos judiciales en ocasiones implican acceso a la verdad y la reparación, y los informes de comisiones de la verdad pueden ser vistos como una forma de justicia, al igual que los programas de reparación.

3. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN EN EL SALVADOR Y GUATEMALA

3.1. Los inicios: las comisiones de la verdad y las reformas

3.1.1. Las Comisiones de la Verdad

Tanto en El Salvador como en Guatemala en las negociaciones de paz se acordó el establecimiento de Comisiones de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra.

En EL SALVADOR la Comisión, integrada por extranjeros y que se vio revestida de capacidad de hacer recomendaciones vinculantes, tuvo un gran impacto en sus revelaciones y recomendaciones9. El informe, titulado De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador y publicado en marzo de 1993, además de señalar que las fuerzas armadas y los paramilitares fueron responsables del 85% de las violaciones cometidas contra los derechos humanos, fue importante porque «ayudó a garantizar la destitución del Alto Mando en marzo de 1993» (Sieder, 2002: 275).

Además, porque, a pesar de las presiones recibidas en contra, individualizó más de 40 militares responsables de estos crímenes, previendo la inactividad del poder judicial sobre estos temas (Sieder, 2002). El gobierno y las Fuerzas Armadas rechazaron el informe10. El entonces presidente Alfredo Cristiani le recriminó a la Comisión no contribuir a la «reconciliación nacional».

Tampoco el FMLN se mostró satisfecho con los resultados del reporte, y todos sus contradictores se aprovecharon del carácter de extranjeros de sus miembros para tratar de desacreditar los resultados. Sin embargo, la ONU y Estados Unidos llevaron al gobierno a aceptar las recomendaciones de la Comisión (Sieder, 2002). De todos modos, dicho informe no se vio reflejado en las reformas institucionales posteriores, que dependieron más de los equilibrios de poder entre el ejército, ARENA y el FMLN.

Además, a pesar de que la Comisión recibió más de 20.000 denuncias de toda clase de violaciones, en su mayoría desapariciones, ejecuciones y torturas, el informe se centró en 33 casos emblemáticos, quedando «pendiente el conocimiento de lo ocurrido en muchos otros» (Lazo Fuentes y Rey Tristán, 2011: 211; Sieder, 2002).

Por otro lado, los integrantes del Alto Mando que habían sido destituidos, recibieron honores militares (Sieder, 2002). Aun cuando se creó una Comisión ad hoc integrada por tres juristas, encargada de la depuración de las fuerzas militares11, a los oficiales de alto rango se les permitió cumplir el tiempo que les faltaba para obtener su pensión.

Entre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en El Salvador se encontraba la reforma del sistema judicial, con petición de dimisión del pleno de la Corte Suprema incluida, «por considerar que había facilitado activamente la impunidad de los militares y de los escuadrones de la muerte» (Sieder, 2002: 260).

Sin embargo, pasados cinco días de la aprobación del informe, el Congreso aprobó una amnistía general mediante el Decreto Legislativo N.° 486, que preveía la extinción tanto de la responsabilidad penal como de la civil12, convirtiéndola en la ley de este tipo más amplia en la región (Collins, 2010). Se garantizó así, la impunidad incluso de las violaciones a garantías procesales cometidas desde el poder judicial, así como la imposibilidad de reclamar reparaciones por la vía judicial13.

La ley de amnistía ha sido impugnada por la vía judicial varias veces. El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto, «la norma de la impunidad de facto, anterior a la transición, fue sustituida por una versión institucionalizada de la misma» (Collins, 2010: 166). Como se verá más adelante, en fechas posteriores se ha insistido en demandarla.

En GUATEMALA, a pesar de que en un primer momento el ejército se mostró contario a cualquier forma de rendición de cuentas por las atrocidades cometidas, la Iglesia católica, organizaciones locales de defensa de los derechos humanos y la ONU insistieron en la conformación de Comisiones de la Verdad (Sieder, 2002: 256). La participación social fue más allá, hasta el punto que se ha señalado como «el rasgo más característico del proceso de esclarecimiento de la verdad guatemalteco » (Sieder, 2002: 265).

Hubo Comisión de la Verdad oficial entre 1996-1999 e informe no oficial en 1998. La primera fue la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) establecida en el marco de los Acuerdos de Paz. La CEH dio como resultado el informe Guatemala, memoria del silencio, publicado en febrero de 1999, con participación de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA). La segunda fue producto del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que promovió la Iglesia católica y había publicado en 1998 el informe Guatemala, Nunca Más.

Según datos contenidos en los informes de la CEH y el Proyecto de REMHI, durante los 36 años de conflicto en Guatemala se cometieron entre 160.000 y 200.000 ejecuciones extrajudiciales, y entre 40.000 y 50.000 desapariciones forzadas. La CEH documentó además 626 masacres, lo que sirvió para concluir que se habían cometido actos de genocidio contra el pueblo maya. El 93% de las violaciones a los derechos humanos fue atribuido a agentes del Estado.

El arzobispo Monseñor Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de la entrega de Guatemala Nunca Más y su cargo como obispo auxiliar de Guatemala y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) fue ocupado por Mario Enrique Ríos Montt, hermano del ex dictador.

El informe de la CEH fue tachado de falso por el Ejército y de sesgado por la derecha, mientras el presidente Álvaro Arzú rechazó muchas de sus recomendaciones, aduciendo que las cumplían otras instancias como resultado de los Acuerdos de Paz14. Nueve meses después, el 26 de diciembre de 1999 fue elegido presidente Alfonso Portillo, candidato del FRG, partido fundado y liderado por el general José Efraín Ríos Montt, quien obtuvo el cargo de presidente del Congreso.

3.1.2. Las reformas

Las recomendaciones de reforma al sistema judicial que hizo la Comisión de la Verdad de EL SALVADOR se relacionaban con la necesidad de superar un proceso penal vigente desde 1974, el cual era de carácter inquisitivo y se basaba en dos etapas fundamentales: instrucción y plenario15.

Además se facultaba como órganos auxiliares de la justicia para la investigación de los hechos de delictivos a los cuerpos policiales de la época, entre los cuales se encontraban la guardia nacional, la policía de hacienda y la policía nacional. Cuerpos que, de acuerdo con informe de la Comisión de la Verdad, tienen un alto grado de responsabilidad en la comisión de violaciones a derechos humanos cometidas en la guerra civil16.

Como parte de los Acuerdos de Paz, el proceso de reforma al sistema judicial fue implementado a través de una reforma constitucional en 1991 y del procedimiento penal en 199617. Se reconoció la competencia constitucional de la Fiscalía General de la República (FGR), para dirigir la investigación del delito18, se incorporaron elementos que acercaron en mayor medida el procedimiento penal, al sistema acusatorio, incorporando en varias de las etapas, principios como el de oralidad y publicidad. También se delegó a la FGR la facultad de la promoción de la acción penal enmarcado en los principios de oportunidad y acusatorio, dejando a los jueces de manera exclusiva la competencia para adelantar el juzgamiento.

A pesar de estas reformas, el sistema de administración de justicia en materia penal no ha logrado superar tradiciones autoritarias que persisten desde la guerra civil. Así, aunque la FGR es un organismo (en teoría) independiente, la Policía Nacional Civil (PNC) -principal cuerpo auxiliar de la Fiscalía- depende directamente del poder Ejecutivo, lo cual puede constituir un factor que atente contra el principio de independencia judicial.

En la actualidad no se cuenta con la infraestructura necesaria ni técnica, ni humana, ni material, necesaria para realizar una investigación penal científica, siendo la prueba testimonial la prueba por excelencia en las investigaciones penales. Por último, la ausencia de voluntad política por parte la FGR, para adelantar de manera eficiente las investigaciones, constituye en la actualidad un factor relevante generador de impunidad.

En 1997 y 1998 hubo nuevos intentos de impugnación de la ley de amnistía, adicionales del de 1993 al que nos referimos antes, en respuesta a los cuales la Sala de Constitucionalidad de la CSJ se pronunció en septiembre de 2000, confirmando la constitucionalidad de la ley, «aun cuando en teoría abrió un espacio para que los jueces decidan sobre concesión o no de la amnistía, el fallo es menos generoso de lo que parece» (Collins, 2010: 173), debido a que la discrecionalidad de los jueces solo existe para determinados delitos y en un determinado período de tiempo: aquellos cometidos dentro del período presidencial en el que fue expedida, que inició el 1 de junio de 198919.

Se mantienen además otros obstáculos, así después de la sentencia del 2000 se trató de que fueran juzgados los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas, sin embargo el caso fue cerrado aduciendo prescripción20. A diciembre de 2015 una nueva demanda de inconstitucionalidad de la amnistía continúa a la espera de resolución desde septiembre de 2013 y existe un amplio debate en torno a la figura del Fiscal General, quien aspira a ser reelegido en su cargo, a pesar de la oposición nacional e internacional a su continuidad21, y ante la competencia de otros candidatos no menos cuestionados22.

En GUATEMALA se reformó la justicia penal en 1994, implantando el sistema acusatorio y en 1996, como parte de los Acuerdos de Paz, se planteó la reforma del sistema judicial, con el propósito de eliminar la impunidad y dotar de un rol más activo a los tribunales (Sieder, 2002), pero incluso antes se habían hecho intentos de encausar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos, principalmente por parte de la sociedad civil (Sieder, 2002).

En diciembre de 1996, después de un acuerdo entre el gobierno y la URNG, se emitió el Decreto No. 145 de 1996 del Congreso de la República, conocido como Ley de Reconciliación Nacional, que no estableció propiamente una amnistía, pero cuyos efectos eran los mismos, excluyendo de los beneficios previstos en ella los crímenes de especial gravedad23. Esta amnistía fue diseñada con la ayuda de expertos de la ONU, y además de la exclusión de algunos delitos, señaló que para su aplicación se requería una determinación individualizada de los beneficiarios de la misma24.

En 1998 la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (CFJ), creada en el marco de los Acuerdos de Paz, emitió su informe Una nueva justicia para la paz, que, además de contener un diagnóstico sobre el estado de la administración de justicia en Guatemala, incluyó un conjunto de recomendaciones tendientes a promover «una transformación de fondo [...] tanto en el marco jurídico del sistema como en su estructura» (CFJ, 1998: 9).

El informe contenía un apartado sobre recomendaciones para reformas constitucionales referidas a la administración de justicia, emitidas en 1997 y aprobadas por el Congreso en 1998 (Pásara y Wagner, 2000). Entre ellas algunas referidas a las funciones e integración de la CSJ, a la administración del Organismo Judicial, a la carrera judicial, a derechos de los pueblos indígenas y a la limitación de la justicia militar (CFJ, 1998).

En febrero de 1999 la CEH emitió su informe, donde incluyó un capítulo sobre el rol de la justicia durante el conflicto armado interno25. Además de contener un panorama del sistema de justicia guatemalteco durante casi tres décadas26, el informe recomendó que se investigara, juzgara y condenara a los responsables de delitos no susceptibles de amnistía y de trascendencia internacional.

Esto incrementó las demandas de organizaciones de víctimas por justicia, y llevó a que en junio el gobierno tratara de ampliar los efectos de la ley de amnistía de 1996, iniciativa que encontró el rechazo de la Alianza Nueva Nación (Sieder, 2002).

Sin embargo, el Acuerdo de Oslo había impuesto limitaciones al respecto, al prohibir explícitamente «individualizar responsabilidades» en el informe que surgiera de la Comisión. La CEH sugirió además la reforma judicial como una prioridad de la transición, puesto que una de las conclusiones a las que arribó fue la ineficacia del sistema y la implantación de la impunidad como medio y como fin de la violencia.

También en 1999 entró en vigencia la Ley de la Carrera Judicial, que estableció, entre otras cosas, formas de selección e ingreso de los jueces. Sin embargo, se mantuvo el plazo de nombramiento de cinco años establecido constitucionalmente, claramente restrictivo de la carrera y la independencia judicial. Sin embargo esto no pudo ser reformado dado el rechazo del referéndum de 1999 tendiente a implementar reformas constitucionales. Además, hasta el 2002 la CSJ no respetaba correctamente los criterios sobre nombramientos establecidos en la ley (Pásara, 2010).

3.2. Juicios Nacionales y avances en Justicia

Las dificultades para obtener justicia en El Salvador y Guatemala se reflejan en el nulo avance de las investigaciones penales a nivel local, en el primer caso, y las dificultades para obtener sentencias, en el segundo, tal como lo documentan Martínez Barahona et al. (2012), con su mapeo de los casos ante la justicia penal nacional de ambos países.

Para EL SALVADOR las autoras determinaron información relevante para 56 casos, de ellos 33 bajo conocimiento de la Fiscalía27. Entre 1975 a 1991, se cuenta con casos ocurridos en 12 de los 14 departamentos del país28. Se registra la apertura de investigaciones penales entre los años 1980 y 2011, de los cuales 18 denuncias fueron interpuestas durante el periodo de la guerra civil y 38 fueron presentadas en el periodo posterior a la firma de los Acuerdos de Paz. Solo entre 2009 y 2011 se interpusieron 16 denuncias.

A 2012 se registraban 45 casos en etapa de diligencias previas de investigación, 1 en instrucción, 1 por el cual se condenó pero de manera posterior se aplicó la ley de amnistía, 1 se declaró el sobreseimiento definitivo por prescripción debido a que no se consideró que el hecho correspondiera a un delito de lesa humanidad. En 4 casos se declaró el sobreseimiento definitivo argumentando la ley de amnistía, 1 caso en pre admisión, 1 caso fue rechazado y en 2 casos no fue posible encontrar la información. A 2015 las investigaciones abiertas continúan sin avance29.

La gran mayoría de los casos analizados no han logrado superar etapas procesales cuya objetivo es la recopilación de acervo probatorio para decidir si procede la etapa de juicio o no. Cabe destacar que en muchos de estos casos es notable el transcurso del tiempo durante esta etapa. Así mismo, es notorio el bajo esfuerzo por parte de los funcionarios para recopilar y practicar pruebas conducentes a lograr una investigación eficaz.

Respecto al tipo de violaciones, 24 casos corresponden a desaparición forzada, 11 a ejecuciones extrajudiciales, ocho casos de masacres, 3 casos de tortura, 1 casos de violencia sexual, y 1 de desaparición forzada con una posterior ejecución extrajudicial. El mayor número de casos relacionados con la desaparición forzada responde a la consolidación de una estrategia de litigio por parte de Pro Búsqueda, organización dedicada exclusivamente a la búsqueda de niños y niñas desaparecidos.

Por otra parte, algunos juzgados de paz han apoyado la solicitud de familiares de víctimas de masacres para adelantar procesos de exhumaciones. Aunque esto representa un avance respecto a garantizar a los familiares de las víctimas la posibilidad de realizar procesos de duelo, dichas exhumaciones no cumplen con los protocolos necesarios para la pre constitución de la prueba, ni dan inicio a ningún tipo de proceso penal pese a que la Fiscalía es informada de dichas diligencias.

Cabe destacar, sin embargo, dos providencias del 26 de junio y 8 de diciembre de 2009, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió recursos de habeas corpus en los casos de las niñas Sofía García Cruz y María de los Ángeles Ortega, ordenando a la Fiscalía adelantar las correspondientes investigaciones.

Así también el impulso que dio el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional (SC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2010 al derecho de las víctimas al acceso a la justicia30. En esta decisión, el Tribunal abordó entre otros temas, el estudio de la constitucionalidad del monopolio de la acción penal por parte de la FGR31.

La sentencia determinó que la acción penal pública no es de competencia exclusiva de la FGR, como hasta la fecha de la sentencia se había interpretado. Señaló que de entenderlo así se estaría vulnerando el derecho a las víctimas a la administración de justicia.

Por ello exhortó a la Asamblea Legislativa (AL) a que reformara el ordenamiento en materia penal procesal, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas la posibilidad de ejercer la acción penal, en caso que la Fiscalía por omisión, negligencia y desinterés o por renuncia expresa en virtud del ejercicio del principio de oportunidad, no realizara el requerimiento fiscal ante las instancias judiciales correspondientes.

Como consecuencia de este fallo, la AL expidió el decreto 1010 de 201232, que realizó reformas a la legislación en materia procesal penal. En particular, sobre el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, permitiendo a las víctimas la conversión de la acción pública en acción privada, en caso de que el fiscal de la FGR no presente el requerimiento fiscal o no proceda al archivo de la investigación.

Esto constituye un avance respecto a la garantía del derecho a la administración de justicia de las víctimas, quienes enfrentan tal y como se demuestra en la investigación una conducta de reiterada omisión por parte de la FGR, frente al deber constitucional de adelantar de manera pronta la investigaciones por los hechos que son objeto de denuncia por parte de los ciudadanos. No obstante, este avance, los términos que el decreto estableció como plazo para que la FGR decida si admite la conversión de la acción pública en privada son amplios, lo cual puede comprometer la efectividad de la medida.

El 25 de octubre de 2012, en el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, por primera vez en una de sus sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre la amnistía en El Salvador. Este pronunciamiento de la Corte IDH es fundamental, no solo por cuando manifiestamente se posiciona en contra de la aplicación de la amnistía, sino por su claridad y contundencia para dar cuenta de que la misma no solo es violatoria de la normatividad internacional sino que lo es de los propios acuerdos de paz, así como de la absoluta falta de efectos de la decisión de Constitucionalidad de 2000, que supuestamente modula la amnistía, entre otras cosas, por la existencia de un imaginario en el ámbito judicial sobre la imposibilidad de impartir justicia33.

En Guatemala y según compilación realizada por la Fundación Myrna Mack (Leonardo, 2010), la unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos, encargada de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, tiene judicializados aproximadamente 1.749 casos Sin embargo, la exploración en campo sobre el estado de la justicia en este país realizada por Martínez Barahona et al. (2012), arrojó información completa sobre 33 casos, cuyos inicios van de 1984 hasta 2012, es decir, desde incluso antes de la expedición del nuevo orden constitucional, en 1984, y mucho antes de los Acuerdos de Paz.

Los avances de estos pocos procesos son notables, si se comparan con El Salvador, donde la mayor parte se encuentran aún en diligencias previas de investigación. En Guatemala hay varios casos con sentencia en firme y con condenas en primera instancia. 14 de los 33 casos tienen fallo condenatorio. Respecto al tipo de violaciones, 16 casos corresponden a desapariciones forzadas, 8 a masacres, 3 a genocidio, 2 a ejecuciones extrajudiciales, un abuso de autoridad y 3 asesinatos.

Los 33 casos implican a 42 autores, en muchos casos militares, miembros de la Policía Nacional o integrantes de las patrullas de autodefensa campesina (PAC), y han conllevado la exhumación de más de 500 víctimas. Por otra parte, solo se tiene noticia de condena con efectos civiles en el caso de la masacre de Río Negro. Esto, de nuevo, conforme al seguimiento que de estos procesos realizan las autoras de este trabajo.

Un ejemplo de las dificultades para llegar a una sentencia condenatoria en Guatemala es el caso adelantado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, crimen ocurrido el 12 de septiembre de 1990, en el que se vio involucrado de forma directa el aparato represor del Estado. En febrero de 1994 la Corte Suprema emitió sentencia en contra del autor material del hecho y 10 años después, en 2004, se profirió sentencia contra los autores intelectuales.

En medio de ambos fallos el proceso se vio plagado de irregularidades, inconvenientes y dilaciones, de los que da cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado guatemalteco por estos hechos34.

Los otros casos donde se han proferido fallos son el de Monseñor Gerardi, el de la desaparición forzada de ocho habitantes de la aldea El Jute y el de Choatalum por la desaparición forzada de seis indígenas. También en el caso de Xamán el 9 julio de 2004 se emitió condena por un Tribunal de Sentencia y en 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar las casaciones presentadas por la defensa.

En mayo de 2011 se confirmó la condena por la desaparición de Fernando García y en abril de 2012 se confirmó la condena por la masacre de Dos Erres. Además de estos, hay sentencia de primera instancia por la masacre de 177 personas en la aldea de Río Negro y en marzo de 2012 se profirió sentencia por la masacre perpetrada en la Aldea de Plan de Sánchez.

Estas sentencias no pueden hacer olvidar que en Guatemala las reformas iniciadas aún antes de los Acuerdos de Paz y las impulsadas luego de ellos, no han conllevado un impulso suficiente de las causas penales por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Después de haber pasado un tiempo considerable, son muy pocos los casos que han llegado hasta la etapa de sentencia. El papel de las víctimas y la sociedad civil ha sido vital para impulsar casos concretos, así como en las reformas propiamente dichas.

Pero el contraste entre el número de violaciones a los derechos humanos (500.000), los casos investigados por la Fiscalía (aproximadamente 1700) y las sentencias de las que da cuenta el trabajo de campo (10) es abismal. El genocidio Maya sigue impune y los altos mandos del Ejército y la política involucrados en los crímenes siguen mostrando una gran capacidad de bloqueo a la justicia.

Muestra de ello es el juicio por genocidio que cursa en la actualidad contra los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia Ixil y el desplazamiento de más de 29.000 durante su gobierno de facto en Guatemala entre 1982 y 1983.

Este juicio, que puede considerarse un hito en la historia judicial de Guatemala, está teniendo muchas dificultades en su desarrollo. En palabras de Jo-Marie Burt y Geoff Thale, se está usando el «obstruccionismo como estrategia legal»35. En este sentido se pueden mencionar los continuos intentos de dilación por parte de la defensa de los generales, junto con la suspensión temporal que se produjo el mes de abril de 2013 y su posterior reanudación el 7 de mayo de 201336.

Después de todas estas dilaciones, el 10 de mayo de 2013 el ex presidente de facto general José Efraín Ríos Montt era condenado por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, tan solo 10 días después del fallo histórico, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó sin efecto el veredicto contra Ríos Montt y anuló todos los procedimientos judiciales que habían ocurrido antes del 19 de abril, cuando el juicio estaba en la fase final.

En teoría esto significa que sigue siendo válido todo el testimonio de cargo que fue escuchado desde el comienzo del juicio el 19 de marzo hasta el 19 de abril de 2013. Sin embargo, siendo solo necesario escuchar a algunos testigos de la defensa antes de que comiencen una nueva serie de alegatos finales y los jueces sopesen la evidencia y anuncien una nueva decisión, en la práctica, es probable que la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala requiera un juicio nuevo37.

En este sentido, aunque el juicio podría verse como una demostración de fortaleza del estado de derecho en el país y del fin de la impunidad, la anulación parcial del mismo, no deja de ser una de las manipulaciones del sistema legal diseñadas para negar la justicia a las víctimas de la violencia después de 30 años de impunidad autorizada por el Estado, negación de justicia que continúa a diciembre de 2015, más de dos años después del fallo y su anulación.

3.3. La Reparación como forma de Justicia

En EL SALVADOR, a pesar de que en un inicio se estableció un plan de indemnizaciones a favor de los familiares de los muertos en combate y la comisión de la verdad recomendó que las víctimas fueran resarcidas y se construyera un monumento con los nombres de los perecidos en la guerra civil, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familias apenas recibieron reparaciones38. Así lo dejo sentado desde 1993 el Secretario General de la ONU, al pronunciarse sobre las demoras y dificultades en los programas de restitución de tierras y reintegración de excombatientes y lisiados de guerra39.

Los reconocimientos simbólicos en memoria de las víctimas durante los sucesivos gobiernos de ARENA, y el levantamiento en 2003 del Monumento a la Memoria y a la Verdad, fueron siempre promovidos por organizaciones no gubernamentales (Lazo Fuentes y Rey Tristán, 2011).

Al inicio de su gobierno Mauricio Funes recibió de distintas organizaciones asociadas en el Comité Pro Memoria Histórica, una propuesta titulada: «Política de garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos» (2010), dando paso a una transformación de la relación entre el gobierno y las víctimas de la guerra, abriendo un espacio de reconocimiento, diálogo y espacios propositivos. Sin embargo, la materialización de políticas de reparación integral y de memoria histórica está todavía pendiente.

Funes ha adelantado una serie de acciones, sobre todo en el plano simbólico: «condecoración póstuma en 2009 a los padres jesuitas asesinados por el ejército; petición pública de perdón por parte del Presidente en 2010 por las violaciones a de derechos humanos de parte de agentes del gobierno durante la guerra y la petición de perdón público por el gobierno a la familia de Monseñor Romero en 2010. También, la promoción del gobierno salvadoreño ante la ONU del 24 de marzo de 2011 -fecha del asesinato de Monseñor Romero»- como el «Día Internacional del Derecho a la Verdad» (Lazo Fuentes y Rey Tristán, 2011: 230). El 16 de enero de 2012, en el acto de conmemoración de la masacre del Mozote, pidió perdón a las víctimas y anunció la creación del programa nacional para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país.

Mediante el Decreto No. 5 del 15 de enero de 2010, y en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de las Hermanitas Serrano Cruz, se creó la Comisión Nacional para la Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos, que inició funciones el 14 de marzo de 2011, sin que se cuente a la fecha con algún documento público sobre el avance de su trabajo.

En 2010, mediante el Decreto No. 57 del 5 de mayo, se creó la Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Sin embargo «el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha criticado en su Examen del informe presentado por el Estado la poca profundidad del contenido del Programa Nacional de Reparaciones, pues no asegura de manera amplia todos los aspectos del derecho a la reparación adecuada y no contempla la participación activa de las víctimas» (Lazo Fuentes y Rey Tristán, 2011: 230). Así mismo, representantes de varias ONG señalan en entrevistas que en la actualidad no existe una política de reparación40.

Por Decreto No. 207 del 23 de octubre de 2013 la Presidencia de la República estableció el Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno, donde además de reconocerse expresamente la existencia de dichas víctimas se dispuso la creación de un registro de las mismas, a cargo de un consejo directivo conformado por tres funcionarios del ejecutivo y dos representantes de aquellas. No obstante, a 2015 no se ha hecho pública información sobre la ejecución del programa.

En GUATEMALA algunas de las recomendaciones de la CEH se encaminaban hacia la implantación de un Programa Nacional de Reparaciones, a la construcción de monumentos conmemorativos y al reconocimiento oficial de responsabilidades41.

Ya desde los Acuerdos de Paz se hablaba de la obligación del Estado de compensar a las víctimas, e incluso antes se habían hecho exhumaciones de fosas comunes y se habían levantado monumentos. Estas iniciativas, sin embargo, estaban acompañadas del reclamo de justicia para los criminales (Sieder: 2002).

Con el Acuerdo Gubernativo n.° 258 de 7 de mayo de 2003 se creó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), reformado con los Acuerdos Gubernativos n.° 188-2004 y n.° 619-2005, con una vigencia mínima de trece años, para el «resarcimiento individual y/o colectivo de las víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno» (art. 1).

El Acuerdo previó la posibilidad de remitirse a normas internacionales para definir e interpretar los delitos que cubre, así como a los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y del Sistema de Naciones Unidas. Dicho Acuerdo creó además la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) como responsable de la coordinación, supervisión y seguimiento del programa, integrada por cinco miembros, todos dependientes directamente del presidente de la república.

Las medidas previstas para implementar el resarcimiento son: la dignificación de las víctimas, el resarcimiento cultural, la reparación psicosocial y la rehabilitación, la restitución material y el resarcimiento económico. Su financiación se deja en manos de una asignación anual incluida en el presupuesto general de ingresos y gastos del Estado, la cooperación local e internacional y «donaciones, herencias y legados» (art. 8).

Sin embargo en la página del programa solo se incluye información orientativa sobre el mismo, pero no sobre sus resultados42. Según informaciones de prensa, el presupuesto que se asigna al PNR es insuficiente y se destina gran parte a gastos de funcionamiento, mientras con lo que queda el acento se pone en actos de dignificación a las víctimas, construcción de casas e impulso de proyectos productivos43.

El 25 de febrero -día en el que la CEH presentó su informe final- se estableció como fecha oficial para conmemorar cada año el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, mediante Decreto No. 06-2004, reformado por el Decreto No. 48-2008. En este último se estableció además que «El Ministerio de Educación deberá incluir en la currícula de educación primaria y secundaria las enseñanzas sobre las causas y consecuencias del enfrentamiento armado y del contenido de los Acuerdos de Paz» (art. 1).

4. ¿CONSTRUYENDO LA PAZ A TRAVÉS DE LA JUSTICIA?

Guatemala y El Salvador son dos países con conflictos largos y sangrientos, donde el Estado ha sido responsable de la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos y donde los militares han mantenido su poder sobre las autoridades civiles. A pesar de ello y contrario a lo esperado por algunos autores, el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos no ha puesto en riesgo la democracia (Booth Walling y Sikkink, 2008). Todo lo contrario, al igual que tampoco el paso del tiempo ha disminuido la judicialización de dichas violaciones (argumento esgrimido por Huntington, 1991). Estos argumentos se han visto revaluados en el Cono Sur y más tímidamente en Centroamérica, donde las demandas por justicia se mantienen.

Las medidas adoptadas en un principio, en ambos países, giraron en torno a la verdad. Mientras que en Guatemala se tradujo en una amplia documentación del horror vivido (un esfuerzo que sin embargo dejó como víctimas a Monseñor Gerardi y Myrna Mack), en El Salvador, en cambio, se trató de una verdad incompleta, centrada en casos paradigmáticos, y que por lo tanto mantiene invisibilizadas gran cantidad de víctimas. Las explicaciones de estos diversos resultados en uno y otro país se relacionan, por una parte, con la amplia participación de la sociedad civil en Guatemala, que no se dio en El Salvador, y por otra, con las restricciones de acceso a la información a las que se tuvo que hacer frente en este país recurriendo en muchos casos a archivos estadounidenses que para ese entonces eran clasificados. En ambos países además hubo dificultades en materia del reconocimiento del contenido de los informes por parte de la oficialidad, pero tales dificultades fueron mayores en El Salvador, donde ARENA se mantuvo en el poder luego de la transición a la paz y durante las siguientes décadas.

En cuanto a la justicia, aun cuando los Acuerdos de Paz en ambos países insistieran en la necesidad de implementar las reformas judiciales y poner fin a la impunidad, esta se ha mantenido. A esta situación han contribuido las leyes de amnistía aprobadas, con diferentes efectos. Mientras la de El Salvador es la más amplia de este tipo en la región, la de Guatemala prevé razonables exclusiones, lo que sin embargo no ha impedido que se utilice como medida de dilación de los procesos, al reclamarse su aplicación reiteradamente por los encausados.

Las leyes de amnistía no son sin embargo las únicas responsables de la injusticia reinante en estos países. En El Salvador, deben mencionarse las restricciones impuestas a las víctimas para impulsar los procesos, aunadas a la total ausencia de voluntad de justicia por parte de los operadores judiciales desde los inicios mismos de las investigaciones. También la falta de independencia de quienes encabezan la Fiscalía y los propios jueces, ya advertida por Popkin (2000) década atrás, y que no solo no ha mostrado mejorías a lo largo de los años, sino que su continuidad se advierte hasta en el reciente proceso de elección del nuevo fiscal, como hemos indicado en líneas anteriores. Esto también se agrava por la falta de coordinación y estrategia judicial de las ONG que acompañan o impulsan los procesos y la ausencia de una política gubernamental al respecto. Todos estos factores tienen como consecuencia que la impunidad sea total y absoluta. Prueba de ello es que no se ha producido un solo fallo por parte de la justicia nacional frente a las miles de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto.

En Guatemala, las pocas sentencias de las que se da cuenta son un indicio de avances en materia de justicia. Es importante destacar en este país el esfuerzo hecho desde la Fiscalía para impulsar estos casos y crear unidades especializadas de investigación. Sin embargo, quienes promueven los procesos lo hacen poniendo en ello grandes esfuerzos e incluso arriesgando su propia seguridad, lo que necesariamente deja fuera de los reclamos de justicia a un gran número de víctimas, muchas de ellas indígenas y con enormes dificultades para enfrentarse a poderes fácticos. Dichos poderes se presentan capaces de frenar esfuerzos de justicia incluso a los niveles más altos de la judicatura, donde la inestabilidad en el nombramiento de jueces y los períodos tan cortos de dichos nombramientos, inciden negativamente en la independencia de los juzgadores.

El juicio por genocidio que en la actualidad se sigue contra Ríos Montt y las dificultades que atraviesa, muestra la complejidad de los avances y retrocesos en materia de justicia. El peso de los pulsos judiciales y las dilaciones y retrasos amparados en cualquier resquicio procesal es aprovechado oportunamente para consolidar la impunidad en la región. Una impunidad solo superada por la perseverancia de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y una fiscalía sensibilizada con todas estas cuestiones, como se puede ver durante el periodo en el que estuvo al frente Claudia Paz y Paz (2010-2014).

Finalmente, en cuanto a las medidas de reparación, cabe llamar la atención sobre la escasez de esfuerzos realizados respecto, no solo a medidas y políticas adoptadas, sino también en cuanto a la absoluta opacidad del desarrollo de los mismos. Las medidas simbólicas han provenido en su mayoría de iniciativas no gubernamentales.

Analizando los casos estudiados podemos concluir entonces que en ambos países existen algunas brechas considerables entre los mecanismos de justicia transicional y los intrumentos necesarios para construir la paz post-conflicto.

Mientras que la amenaza militar en Guatemala continúa siendo muy alta (Skaar, 2011), en El Salvador la falta de voluntad del sector judicial para revertir la impunidad en el país es evidente (Collins, 2010). En este país incluso todavía se mantiene el debate paz/justicia, así como el pulso de los dos grupos políticos protagonistas de los acuerdos de paz, que siguen teniendo interés en que se mantenga la amnistía, que todavía se defiende como el precio de la paz.

En este sentido podemos indicar que los mecanismos de justicia transicional deben incorporarse en los Acuerdos de Paz si constituyen una verdadera intención de enfrentarse al pasado y no «como un esfuerzo meramente superficial para evadir responsabilidades» (Van Zyl, 2008: 72). En los casos estudiados es evidente que las decisiones políticas (muchas de ellas cristalizadas en deficiencias en el cumplimiento de lo postulado en las Comisiones de la Verdad) han hecho casi imposible tanto la justicia retributiva (aquella concebida para rectificar profundas injusticias a través de la restauración de la dignidad humana y civil de las víctimas) como la restaurativa (aquella que se caracteriza por ocuparse de reconstruir relaciones sociales y políticas fracturadas, que busca la reconciliación social).

es importante porque el hecho de no enfrentar los abusos del pasado constituye una forma de violencia recurrente. Solo un esfuerzo en favor de la rendición de cuentas ayudará a superar la cultura de la impunidad en ambos países.

Footnote

1. El caso español es bastante particular ya que podríamos hablar de dos momentos: el postconflicto (tras la Guerra Civil) y la dictadura franquista.

2. Perú ha tenido una doble transición: desde el autoritarismo en 1980 y tras el conflicto armado en 1990 más una democracia autoritaria en 2000. Sin embargo, debido a tales particularidades, no será objeto de nuestro estudio como tampoco el caso colombiano cuyo proceso de justicia transicional aún no está cerrado.

3. El Salvador será en el 2015 el país más violento del mundo: «En marzo asesinaron a 484 salvadoreños y se le bautizó como el mes más violento del siglo; hasta que llegó mayo, con 643; y luego junio, con 677; que a su vez quedó desplazado por agosto, con 911 cadáveres recogidos de calles y veredas por el personal del Instituto de Medicina Legal. Durante 2015 ha habido cuatro meses que han sido "el más violento del siglo"». Articulo publicado en «Mas represión, más asesinatos, más armas, más reclutamientos» el 20 de septiembre de 2015 en «Sala Negra» de El Faro. http://www.salanegra.elfaro.net/ es/201509/cronicas/17376/Más-represión-más-asesinatos-más-armas-más-reclutamientos.htm [acceso 10 de diciembre de 2015].

4. Los primeros estudios de justicia transicional señalan que «la variable clave es la fuerza relativa de los grupos pro-reforma que surgen del antiguo régimen, los grupos moderados de oposición y los grupos intransigentes de ambos lados» (Barahona de Brito, et al., 2002: 44), y por lo tanto en el primer momento de la transición es el pulso entre dichos grupos el que determinará qué tipo de medidas se adoptan, y si ellas incluyen los juicios a los represores (O'DONNELL y SCHMITTER, 1986; KARL, 1990)

5. Estos datos se elaboraron gracias al Proyecto 10-CAP2-1874 «Lucha Contra la impunidad y justicia transicional en Centroamérica» financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) para actividades de Cooperación y Desarrollo, donde se consigna la exploración en campo y con fuentes secundarias por un lado, de las causas, investigaciones e indagaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los conflictos ocurridos en los dos países, y por el otro lado de los implicados en dichas causas e investigaciones. Lo anterior con base en modelos de bases de datos que llevan la Universidad Diego Portales en Chile y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, que desarrollan proyectos de justicia transicional en el Cono Sur.

6. El Acuerdo de Paz de Chapultepec contiene nueve capítulos, así: 1) Fuerza Armada; 2) Policía Nacional Civil; 3) Sistema judicial; 4) Sistema electoral; 5) Cuestión Económica Social; 6) Participación política del FMLN; 7) Cese del enfrentamiento armado; 8) Verificación por las Naciones Unidas y 9) Calendario de ejecución.

7. Según las conclusiones y recomendaciones (II. n.° 86) del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999) las denominadas operaciones de tierra arrasada, que comenzaron en febrero de 1982 (79), fueron «planificadas por las fuerzas del Estado» y «exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobreviviencia ». La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas. Según el informe «esta política no sólo consistió en la eliminación física de los presuntos colaboradores de la insurgencia, sino también en la destrucción de todos los bienes y cultivos» (CEH 1999: 93), fue concebida para el aniquilamiento de la población a la que consideraban potencial base social del movimiento guerrillero (CEH 1999: 111) provocando así el exterminio casi total de comunidades indefensas (CEH 1999: 122).

8. Tal como lo hace Loveman (1998), el porcentaje de la población se estima con base en datos del libro demográfico de la ONU (1985), según el cual la población de estos países en 1976 era la siguiente: Guatemala, 6.191.000; El Salvador, 4.122.000; Argentina, 26.480.000; Chile, 10.372.000 y Uruguay, 2.847.000.

9. El expresidente colombiano Belisario Betancur; Reinaldo Figueredo Planchart, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y Thomas Burgenthal, ex Presidente del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

10. «A raíz de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad -realizada el 15 de marzo de 1993-, se produjeron negativas reacciones por parte de algunos de los sectores que fueron señalados como responsables por los expertos de las Naciones Unidas, así como del propio poder ejecutivo [...] la Fuerza Armada de El Salvador, emitió un comunicado, el 23 de marzo de 1993, que desconoce el valor del Informe de la Comisión de la Verdad, lo califica de «injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido», y afirma que «se siente orgullosa de haber cumplido con su misión de defender a su pueblo y propiciar, como se demuestra en sus actuaciones a lo largo de este período [...] la pacificación y la preservación de nuestro sistema democrático y republicano [...]». En cuanto al poder judicial, la rama del poder público más criticada por el Informe [...] su reacción no se hizo esperar. Además de las declaraciones formuladas a título individual por miembros de esa rama, la Suprema Corte de Justicia rechazó oficialmente el Informe de la Comisión de la Verdad, que recomienda la renuncia de sus magistrados». (CIDH, 1994).

11. Se trató de una comisión especial para revisar el historial de altos mandos militares frente al respeto a los derechos humanos, dotada de apenas tres meses para desarrollar su labor y que emitió su informe el 22 de septiembre de 1992, el cual sin embargo se mantiene en la confidencialidad, por lo que solo se dio a conocer la lista de traslados y destituciones. Si bien la Comisión ad hoc, más que un mecanismo de verdad consistió en la forma de hacer efectiva una purga, hay que entender que la lista de nombres que dio se complementó con los hallazgos de la Comisión de la Verdad, y así ambas se integraron en la tarea de ratificar mutuamente los hallazgos sobre las afrentas contra los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, algunos de ellos vinculados y participes del gobierno de entonces.

12. Al respecto Collins advierte que: «No Latin American transitional settlement (except the Salvadorean) explicitly attempted to rule out private civil action over accountability» (Collins, 2010: 47).

13. En 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, señaló: «En consecuencia, la Comisión... estima, con base en las consideraciones precedentes, -independientemente de la eventual necesidad derivada de las negociaciones de paz, y de las razones eminentemente políticas-, que las amplísimas dimensiones de la ley general de amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador constituyen una violación de las obligaciones internacionales asumidas por ese país al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir, de una parte, la figura de la «amnistía recíproca», que no tuvo como paso previo un reconocimiento de responsabilidad (pese a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad); su aplicación a crímenes de lesa humanidad; y la eliminación de la posibilidad de obtener una adecuada reparación patrimonial para las víctimas, principalmente». Esta posición ha sido mantenida por la Comisión en los casos individuales de los que ha conocido.

14. «Antes de la publicación del informe, el presidente Arzú y el ministro de defensa, General Barrios Celda, habían reconocido públicamente la participación del Estado en los "excesos" del pasado» (Sieder: 2002: 269).

15. Este procedimiento vulneraba varios principios, entre los que se pueden mencionar: el de celeridad y publicidad. Esto se debía a que las actuaciones eran de carácter reservado y en la mayoría escritas, disminuyendo así la posibilidad de mecanismos de control sobre la información recolectada en la investigación. También vulneraba el de imparcialidad, ya que delegaba en el juez la facultad de dirigir la investigación y de adelantar el juicio.

16. Decreto 450 de 1973. Código de Procedimiento Penal, artículo 11.

17. Decreto n.° 904 de 1996 y Decreto 733 de 16 de enero de 2009.

18. Constitución de la República, de El Salvador, artículo 193, numeral 3.

19. Sin embargo, la mayoría de los asesinatos en este país tuvieron lugar mucho antes, entre 1978 y 1983, cuando murieron más de 42.000 personas a manos de las fuerzas gubernamentales (SIEDER, 2002).

20. A la falta de justicia en el ámbito doméstico se suman dificultades para materializarla en otros Tribunales. Así, en mayo de 2012 se conoció por informaciones de prensa que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador negó la extradición de un grupo de 13 antiguos oficiales del Ejército salvadoreño, implicados en el asesinato, que son juzgados por la Audiencia Nacional en España, donde el crimen ha sido considerado de lesa humanidad. En: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/09/ actualidad/1336536325_011817. (acceso, 12 de mayo de 2012). De acuerdo a informaciones de prensa, la CSJ se basó en el artículo 28 de la Constitución Salvadoreña, que dice que la extradición no procede contra nacionales en ningún caso, ni respecto de extranjeros por delitos políticos, aunque deriven en delitos comunes. Este artículo fue modificado después de ocurridos los hechos por los que se reclama la extradición, pero la CSJ al parecer señaló que la norma vigente no puede ser aplicada retroactivamente. En la prensa salvadoreña (La prensa Gráfica) el jueves 10 de mayo el titular era: «Caso jesuitas asesinados en El Salvador será archivado en España».

21. LABRADOR, Gabriel. «Congresistas de EUA presionan a la Asamblea para que no reelija al fiscal Martínez», El Faro.net. 5 de diciembre de 2015. En: http://www.elfaro.net/es/201512/el_salvador/17628/ Congresistas-de-EUA-presionan-a-la-Asamblea-para-que-no-reelija-al-fiscal-Mart%C3%ADnez.htm (acceso, 10 de diciembre de 2015).

22. RAUDA ZABLAH, Nelson. «Un exprófugo y otros candidatos a fiscal general que usted debe conocer», El Faro.net. 23 de octubre de 2015. En: http://www.elfaro.net/es/201510/noticias/17470/ Un-expr%C3%B3fugo-y-otros-candidatos-a-fiscal-general-que-usted-debe-conocer.htm (acceso, 10 de diciembre de 2015).

23. Decreto n.° 145 de 1996, del Congreso de la República, artículo 8: «La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno y los tratados internacionales ratificados por Guatemala».

24. Sobre el impacto de la Ley de Reconciliación, cabe destacar que un estudio «examinó los primeros sesenta casos de solicitud de amnistía en aplicación de esta ley; treinta y nueve de ellos habían sido resueltos, en diecisiete de ellos los solicitantes son identificados como ex policías, ex militares o ex patrulleros, y ninguno de ellos obtuvo el beneficio de la amnistía. Del conjunto de solicitantes, sólo seis recibieron el beneficio solicitado» (Ramírez, 1998: 50, citado por el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, 2005: 151).

25. Algunos apartes del informe de la CEH sobre justicia señalan: «2634. El fracaso de la administración de justicia guatemalteca en la protección de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno ha quedado clara y plenamente establecido [...] En general, el Poder Judicial se abstuvo de atender los recursos procesales básicos, para controlar al poder público frente a los atropellos graves a la libertad y la seguridad de las personas [...] Además en numerosas ocasiones los tribunales de justicia actuaron directamente subordinados al Poder Ejecutivo, aplicando normas o disposiciones legales contrarias al debido proceso u omitiendo aplicar las que correspondían. 2635. Todo ello colocó a la población en una situación de absoluta indefensión [...]. 2638. Desde 1954 el anticomunismo influyó notablemente en la integración del Organismo Judicial, aumentando su dependencia del ejecutivo, en perjuicio de la tutela de los derechos humanos [...] 2639. [...] la política contrainsurgente influyó también en que la generalidad de los jueces asumiera un concepto de su propia función subordinado a las actuaciones del Gobierno, a fin de posibilitar la represión rápida y eficaz de los opositores políticos» (Denegación de Justicia, CEH, en Pásara y Wagner, 2000: 106-109).

26. «El rigor de la información base y la precisión de del examen efectuado hacen de él lectura imprescindible para el investigador de la justicia en Guatemala» (Pásara y Wagner, 2000: 28).

27. Cabe destacar que en marzo de 2013 el Fiscal General de la República reconoció abiertamente, al rendir informe ante la Asamblea Legislativa, que la institución no tiene datos actualizados de procesos judiciales. La prensa Gráfica. 5 de marzo de 2013. Suchit Chávez. Disponible en: http:// www.laprensagrafica.com/FGR-no-posee-datos-actualizados-de-procesos-judiciales (acceso, 6 de marzo de 2013).

28. Dichas violaciones se centraron principalmente en el departamento de San Salvador (17); en el departamento de San Vicente (7); en el departamento de Morazán (6) y en el departamento de Chalatenango (4). El resto ocurrieron en el departamento de La Paz (3); en el departamento de La Libertad (3); en el departamento de Cuscatlán (2); en el departamento de Cabañas (1); en el departamento de San Miguel (1); en el departamento de Sonsonate (1) y en el departamento de Usultán (1). En los 10 casos restantes no se logró establecer el departamento en el cual se cometieron los hechos.

29. Proyecto 10-CAP2-1874 «Lucha Contra la impunidad y justicia transicional en Centroamérica» financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP).

30. Sentencia de inconstitucionalidad 5-2001/10, del 23 de diciembre de 2010, sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

31. Decreto 733 de 2008, artículo 17 Código de Procedimiento Penal.

32. Decreto 1010 del 29 de febrero de 2012. Asamblea Legislativa.

33. Sobre los hechos en estudio, dijo: «En el presente caso se están por cumplir veinte años desde que la investigación de las masacres de El Mozote y lugares aledaños fue sobreseída y el expediente archivado a consecuencia de la aplicación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, sin que posteriores solicitudes de reapertura por parte de los representantes de las víctimas fueran atendidas. La decisión de la Sala de lo Constitucional del año 2000 (supra párr. 279) no ha tenido efecto alguno en el presente caso, y tras doce años de su emisión, parece ilusorio que la misma se traduzca en alguna posibilidad efectiva de que se reabra la investigación [...] la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz ha tenido como consecuencia la instauración y perpetuación de una situación de impunidad debido a la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos [...] Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador» (Corte IDH, 2012, párrafo 294 y 296). En: http://corteidh.or.cr/docs/ casos/articulos/seriec_252_esp.pdf (acceso, 26 de octubre de 2015).

34. Dichos inconvenientes no se reducen a aspectos procesales, sino que incluyen amenazas de muerte contra los impulsores del proceso y la muerte efectiva del policía que elaboró el informe investigativo del caso.

35. «El genocidio en Guatemala: Usando el sistema legal para derrotar a la justicia», en http:// www.condistintosacentos.com/el-genocidio-en-guatemala-usando-el-sistema-legal-para-derrotar-a-lajusticia/ (acceso, 1 de julio de 2013).

36. «Pulso judicial suspende temporalmente juicio por genocidio contra Rios Montt». http://www. elfaro.net/es/201304/noticias/11779/ (acceso 8 de mayo de 2013).

37. «El genocidio en Guatemala: Usando el sistema legal para derrotar a la justicia», en http:// www.condistintosacentos.com/el-genocidio-en-guatemala-usando-el-sistema-legal-para-derrotar-a-lajusticia/ (acceso, 26 de octubre de 2015).

38. En este sentido, denunciaba SIEDER (2002: 262) «Ni Cristiani, ni su sucesor Calderón Sol, ni los miembros del alto mando han reconocido nunca en público la responsabilidad del Estado en las graves violaciones de derechos humanos. Tampoco el FMLN admitió su responsabilidad e hizo caso omiso de quienes aconsejaban que los comandantes guerrilleros señalados en el informe no tuvieran cargos públicos. El gobierno tampoco ha propuesto ningún programa en beneficio de los individuos o comunidades más afectados. No se ha erigido ningún monumento nacional y pocas exhumaciones se han llevado a cabo en las múltiples fosas comunes que hay por todo el país. La exhumación llevada a cabo en El Mozote y el monumento allí levantado -todo bajo los auspicios de la ONU- para conmemorar el asesinato de más de 1.000 personas, constituyen una rara excepción».

39. «El 23 de noviembre de 1993, el Secretario General informó al Consejo de que varios aspectos fundamentales de los Acuerdos de Paz seguían experimentando serias demoras, incluidos el programa de transferencia de tierras y los programas de reintegración de los excombatientes y lisiados de guerra. Un año después de haberse llegado a un acuerdo sobre el programa de transferencia de tierras, y a pesar de los compromisos contraídos por ambas partes para acelerar el proceso, se habían concedido títulos de propiedad a menos de un 10% de los posibles beneficiarios. El principal problema seguía consistiendo en determinar quién tenía derecho a recibir tierras. Las dificultades surgidas y el lento avance del programa hacían que los posibles donantes se mostrasen renuentes a hacer nuevas contribuciones. El Secretario General hizo un llamamiento a las partes para que fueran flexibles y actuaran con el convencimiento de que las demás dificultades técnicas, financieras y jurídicas podrían superarse si demostraban la voluntad política necesaria», en http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/ onusal.htm (acceso, 26 de diciembre de 2012).

40. Pro-búsqueda, Fespad, Tutela Legal, Comité de Expresos Políticos.

41. En 1999 el gobierno estadounidense expresó su arrepentimiento por su participación en las violaciones a los derechos humanos, y en igual sentido se pronunció la UNRG.

42. http://www.pnr.gob.gt (acceso, 26 de octubre de 2015).

43. El Periódico. Luisa REYNOLDS. El Estado asigna pocos fondos para resarcimiento, 30 de marzo, 2011.

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