EXILIO POLÍTICO Y DEMOCRACIA/Political exile and democracy

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RESUMEN: El exilio es un mecanismo de exclusión institucional destinado a revocar el pleno uso de los derechos de ciudadanía y, más aún, prevenir la participación del exiliado/a en la arena política nacional. Por su carácter excluyente, la literatura tiende a atribuirlo a gobiernos autoritarios, así como se asume que los Estados receptores son países bajo gobiernos democráticos. Este trabajo destaca la existencia de una relación más compleja entre exilio y democracia. Con base en un análisis cualitativo de casos notorios de exilio masivo e individual y un análisis cuantitativo de exilio presidencial a lo largo de dos siglos, el artículo destaca que las democracias también generan exilio y que también los países autoritarios han constituido lugares de residencia y asilo para las personas que han tomado la ruta del exilio de sus países de origen.

Palabras clave: exilio político, exilio presidencial y masivo, destierro, asilo.

ABSTRACT: Political exile is a mechanism of institutional exclusion geared at revoking citizenship rights and removing individuals from full participation in the political and public arenas of a country. Due to its exclusionary character, the literature tends to assume a correlation between authoritarianism and exile, on the one hand, and democracy and asylum, on the other. This work challenges this view and discusses the more complex interactions between exile and democracy. Relying on qualitative case analysis of individual and massive exile and on a quantitative database of presidential exile in the nineteenth and twentieth century, it shows that also democracies generate exile and that also authoritarian countries have provided sites of exile and asylum for those fleeing from their home countries.

Key words: political exile, presidential and massive exile, translocation, asylum.

I. INTRODUCCIÓN1

El presente trabajo se propone explorar la articulación entre exilio político y democracia en América Latina, sugiriendo una doble tesis complementaria a lo que se suele asumir en la literatura del exilio. La tesis que se propone en este artículo es que, aunque se tiende a identificar a los gobiernos democráticos como receptores de quienes escapan de gobiernos autoritarios en América Latina y a estos últimos como los generadores del exilio, existe una relación más compleja: no sólo los regímenes autoritarios han generado exilio, al tiempo que los regímenes democráticos no han sido los únicos en ofrecer asilo o residencia a los desterrados y a quienes escapaban de la represión en sus países de origen. El artículo proporciona elementos de juicio sobre esta doble tesis con base en el análisis, tanto de casos de exilio masivo y de exilio bajo democracia, como de un análisis cuantitativo del exilio presidencial en los veinte países iberoamericanos a lo largo de dos siglos de vida estatal independiente.

II. LOS ESTUDIOS DE EXILIO Y LA TESIS DEL AUTORITARISMO

El exilio es un mecanismo de exclusión institucional. Mediante la expulsión del territorio nacional, la relegación, el extrañamiento, la deportación u otras formas legales, el uso del exilio tiene como propósito revocar el pleno uso de los derechos de ciudadanía y, más aún, prevenir la participación del exiliado/a en la arena política nacional. El desplazamiento fuera del territorio nacional y la exclusión de la comunidad política de un Estado activan una serie de cuestiones de vital trascendencia personal y colectiva. Como dijo Hannah Arendt perceptivamente,

La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta en primer lugar y sobre todo en la privación de un lugar en el mundo que hace que nuestras opiniones tengan significación y nuestras acciones puedan ser eficaces. Algo mucho más fundamental que la libertad y la justicia, los derechos de ciudadanía, están en juego cuando pertenecer a la comunidad en la que uno nace ya no es una cuestión rutinaria y el no pertenecer a ella ya no es una cuestión de elección (Arendt, 1968: 296).

De manera similar, en obras publicadas póstumamente, la filósofa política Judith Shklar analizaba el exilio en términos de la ruptura de las obligaciones políticas de los gobiernos para con sus ciudadanos, generando en forma paralela un corte en las obligaciones cívicas de quienes son expulsados o fueron forzados por sus gobiernos a escapar al extranjero. Los exiliados se ven entonces forzados a reflexionar sobre su situación, adecuando proyectos de vida y cuestionando visiones sobre la ciudadanía, la nacionalidad y la residencia fuera del país de origen.

Los exiliados no pueden hacer lo que la mayoría de la gente hace, aceptar sus obligaciones y lealtades políticas como simples hábitos. Desplazados y desarraigados, deben tomar decisiones acerca de qué tipo de vida harán ahora. Como agentes políticos, deben por lo menos reflexionar sobre esas decisiones y [elaborar como] resolver sus diferentes e incompatibles derechos políticos y vínculos (Shklar, 1998: 56-72).

Shklar (1998: 56-72) indicaba que los desterrados deben reformular los lazos paralelos que mantienen en el sitio de asilo: lazos de lealtad, fidelidad y asociacionismo (loyalty, fidelity and allegiance). Es así como, al hallarse fuera del Estado de origen -base de su ciudadanía y cuyo usufructo pleno les ha sido negado por quienes detentan el poder- los exiliados elaboran nuevas formas y articulaciones nacionales y transnacionales, mientras intentan mantener viejos lazos y contactos2.

El exilio pone en evidencia una tensión subyacente entre el principio de pertenencia a una nación y el principio de ciudadanía. Ambos se confunden en el marco de los Estados-Nación, indisolublemente combinados bajo la lógica operativa del Estado y la socialización escolar y mediática. Pero, una vez que una persona es desterrada (esto es, voluntariamente por haber elegido el exilio para escapar de la falta de libertad o involuntariamente por ser expulsada del territorio nacional, o bien, empujada a migrar por temor a verse afectada en su integridad física) se produce una ruptura entre el principio de ciudadanía sostenido por el Estado y el proyecto de nación que los exiliados han imaginado poder construir. Se disocian así los principios de nacionalidad y ciudadanía.

El exilio corta de forma tajante el acceso de los individuos al goce de los derechos políticos ligados a la ciudadanía pero, al mismo tiempo, los proyecta en nuevos espacios y con renovadas potencialidades. Aunque ciertamente los derechos políticos pudieron perderse desde antes, en el marco de los estados de excepción, de las declaratorias del estado de sitio y la supresión de las garantías constitucionales, la salida al destierro confirma no sólo la suspensión sino la pérdida total de tales derechos, acrecentada por la ruptura del contacto con la patria, la cotidianeidad y a menudo el propio lenguaje. Pero también, muchos individuos encuentran en el exilio viejas y nuevas formas de identificación con lo latinoamericano, la democracia, la construcción de la sociedad civil y la reivindicación de los derechos humanos; al tiempo que recuperan la posibilidad de manifestar públicamente una lucha por un proyecto nacional, una pertenencia a una nación dispersa y por supuesto el repudio de las prácticas represivas3.

El exilio ha desempeñado un papel vital en la configuración de formas y estilos de la política latinoamericana. Sin embargo, a pesar de su ubicuidad, hasta hace poco su estudio ocupó un lugar marginal en la reflexión sobre los procesos de constitución del orden político (Yankelevich, 2007: 205-231). En años recientes, se ha profundizado el interés por los estudios del exilio iberoamericano: (a) el impacto de las secuelas del destierro masivo ocurrido en la última fase de la Guerra Fría; (b) el reciente incremento de la migración transnacional, motivada por complejas combinaciones de escape de situaciones de crisis, búsqueda de fuentes de trabajo y mejora en la inserción laboral; y (c) la persistente migración de quienes resienten situaciones de baja institucionalidad democrática e inseguridad personal.

El movimiento masivo de sectores de las poblaciones iberoamericanas por diferentes motivos ha generado así novedosas investigaciones desde distintas líneas teóricas, perspectivas disciplinarias y metodologías de trabajo. Éstas van desde la crítica literaria y su equiparación del exilio a un paradigma de la condición humana de marginalización y extrañamiento, pasando por estudios de psicología social sobre el proceso de reconstitución personal y colectiva, estudios de historia contemporánea basados en testimonios y archivos recientemente abiertos y, finalmente, estudios monográficos sobre diásporas, sitios de asilo y redes de solidaridad4.

Es imposible reflejar adecuadamente en este espacio las distintas perspectivas analíticas y metodológicas mencionadas. Por ello se destacará sucintamente sólo una línea importante de avance lograda por obras colectivas que -combinando los trabajos realizados tanto por profesionales que se quedaron en los países de origen como por los que los abandonaron años atrás- han contribuido a la construcción de un enfoque global de las comunidades de conacionales exiliados durante la última ola de dictaduras militares.

En ese contexto, recientemente se han publicado estudios -en buena medida bajo el formato de obras colectivas- que reúnen el esfuerzo que realizaron de manera aislada distintos académicos en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Entre los trabajos comprehensivos de distintas diásporas de exiliados y emigrados publicadas en los últimos años destacan Denise Rollemberg (1999); el número 34 de América Latina Hoy (2003); Pablo Yankelevich (2004); José del Pozo Artigas (2006); Silvia Dutrénit- Bielous (2006); Pablo Yankelevich y Silvina Jensen (2007); el volumen 34 (4) de Latin American Perspectives, coordinado por Luis Roniger y James Green (2007); Pilar González Bernaldo de Quirós (2007); Silvia Dutrénit Bielous, Eugenia Allier Montaño y Enrique Coraza de los Santos (2008), y el volumen 20 (1) de Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, coordinado por Luis Roniger y Pablo Yankelevich (2009)5.

Bajo el impacto de la última ola de autoritarismo, los estudios sobre el exilio iberoamericano se han ampliado y profundizado, proyectando marcos analíticos que incorporan la amplia literatura testimonial y material de archivos que constituyen fuentes indispensables para nuevos estudios. Con ello, dicha ola de estudios sobre la «migración política forzada» -para usar el término de Pilar González Bernaldo de Quirós (2007: 35)- se ha guiado a menudo por el supuesto de que los responsables del fenómeno del destierro en la experiencia iberoamericana son regímenes dictatoriales como los gobiernos militares de facto o regímenes autoritarios de fuerza6. Vale decir, se ha proyectado la correlación entre los gobiernos autoritarios de las décadas de 1960 a 1980 y el exilio masivo de quienes sostenían las banderas de la revolución en esa etapa de la Guerra Fría y que escaparon preferentemente a países democráticos, como si el exilio hubiera estado ausente de las políticas de gobiernos democráticamente electos, o bien el asilo hubiese sido privativo de Estados democráticos.

Es mi propósito en este artículo sugerir líneas de indagación complementarias, que reflejen la relación más compleja entre el exilio y la democracia en Iberoamérica.

III. EL USO RECURRENTE DEL EXILIO POLÍTICO EN IBEROAMÉRICA

Una primera aproximación, aún general, es constatar la persistencia y amplia difusión del exilio político como mecanismo de regulación de las esferas públicas, reconocido en los evidentes paralelos que ponen en evidencia miradas diacrónicas sobre la historia nacional de distintos países iberoamericanos, así como miradas comparativas que permiten observar el paralelismo en el uso del exilio en distantes sociedades en la región.

Paradigmático del primer eje es, entre otros, el caso argentino, donde, como afirma Silvina Jensen en un reciente trabajo sobre las representaciones del exilio en la historia argentina, la última dictadura militar (1976-1983) produjo un exilio que destacaba

tanto por su contundencia numérica, su extensión en el tiempo, su transversalidad social -aunque con grados de incidencia por sectores muy dispares-, el haber afectado mayoritariamente a las organizaciones armadas que ya habían emprendido el camino de la clandestinidad, a sus frentes de masas y a una amplia militancia social, profesional, sindical, barrial más o menos ligadas a estos proyectos de cambio revolucionario y no principalmente a militantes de los partidos políticos del arco parlamentario, y finalmente, porque asumió la forma de diáspora, en tanto dispersó argentinos por todos los continentes. Sin embargo, si todas estas características permiten calificar al destierro de 1976 como un fenómeno inédito y singular, no es menos cierto que la historia de los exilios en Argentina se remonta a los orígenes mismos del país, en la coyuntura de su independencia de España (Jensen, 2009: 9)7.

El segundo eje no es menos notorio. Por ejemplo, refiriéndose a la época rosista en el Río de la Plata, el historiador argentino Félix Luna evaluó que el destino de quienes se oponían al «Restaurador de las Leyes» había girado en torno a las siguientes alternativas: el encierro, el destierro o el entierro (Luna, 1995: 202). A miles de kilómetros, en Centroamérica, una de las víctimas de la persecución política del gobierno de Tiburcio Carías Andino se refería de manera casi idéntica a la suerte de los disidentes hondureños en las décadas de 1930 y 1940, que se vieron obligados a huir de las garras de la represión autoritaria:

El hondureño que no estaba de acuerdo con la dictadura podía escoger entre el encierro, el destierro o el entierro; esas eran las alternativas. No se podía resistir, protestar o incluso criticar. La estupidez mental era tal que la gente no podía distinguir entre el bien y el mal. Los derechos humanos no eran respetados; las viviendas eran profanadas a cualquier hora, las personas eran puestas en prisión sin motivo, quien no se ponía del lado del gobierno no podía encontrar un trabajo, sus hijos eran objeto de acoso y humillación en las escuelas públicas. En suma, los que no se prestaran a la corrupción despótica eran tratados de una manera inhumana (Bomilla, 2005: 101).

Se podrían reproducir por decenas los ejemplos anteriores. Ellos reflejan un corpus inmenso de trabajos que muestran la ubicuidad del fenómeno a través del tiempo y en todas las sociedades latinoamericanas. En efecto, históricamente las raíces del fenómeno de destierro se remontan atrás en el tiempo, aún mucho más temprano que la independencia. En la época colonial, el destierro (degredo en el área brasilera), el traslado y la expulsión fueron ampliamente utilizados en contra de los delincuentes sociales, los marginados, rebeldes y delincuentes. Así como una práctica de refuerzo del componente humano de defensa de las fronteras coloniales en expansión. El destierro a los confines del imperio o bien la expulsión hacia lugares donde se podría controlar al desterrado fueron usados principalmente contra la disfuncionalidad social o como instrumento de poder en la época colonial8.

Empero, fue a principios del siglo XIX -tras la independencia- que el fenómeno del exilio empezó a desarrollar el especial perfil político y asumió el papel que, aunque transformado, persistió a lo largo del siglo XX. El exilio se convirtió para los nuevos Estados en un mecanismo ampliamente usado y abusado en el ámbito de la política y la vida pública como un complemento al encarcelamiento y las ejecuciones. Sobre el trasfondo de la desintegración de las estructuras imperiales, su funcionalidad derivaba de la voluntad de quienes competían por el poder entonces en evitar confrontaciones de suma cero o bien la generalización de la lucha armada en las guerras civiles, con los consiguientes peligros de aniquilación de las jerarquías sociales. En el imaginario colectivo y en las esferas públicas de los países de América Latina, el exilio se convirtió entonces en un modo central de «hacer política» que habría de proyectarse -con cambios de estructura y funcionalidad- a lo largo de dos siglos de vida política independiente9.

El Gráfico I muestra dicha continuidad en el uso del exilio político a través de los dos siglos de independencia, en este caso focalizando en la experiencia de exilio que vivieron muchos de quienes fueron los primeros mandatarios de sus países. Aunque sólo es indicativo y no necesariamente coincidente con el exilio masivo de ciudadanos, el análisis de largo plazo de los exilios presidenciales refleja la ubicuidad del fenómeno a lo largo del tiempo entre quienes llegaron a detentar el liderazgo central en los Estados latinoamericanos.

Se puede observar que -aun con altibajos- existe cierta continuidad en el uso del exilio político a través del tiempo, que se ha usado y abusado como mecanismo de exclusión institucional en todos los países iberoamericanos. Sin embargo, el Gráfico no revela una correlación simple entre autoritarismo y exilio presidencial o entre democracia y la falta de exilio presidencial. En paralelo, parece que el exilio presidencial sufre una caída bajo dos tipos de circunstancias. Primero, cuando hay regímenes autoritarios u oligárquicos estables acompañados de cierta prosperidad económica (como durante 1870- 1930) bajo el modelo de inserción semiperiférica en la división internacional de trabajo. La única excepción se da en la década de 1910, a causa de la desestabilización política de México durante la Revolución. El segundo conjunto de circunstancias se produjo en las décadas de 1970 y 1980, cuando la mayoría de América Latina estuvo bajo gobiernos autoritarios o militares y, a pesar de que la represión generó un destierro masivo de exiliados y refugiados, se registró una baja en el número de ex presidentes exiliados. Bajo las aperturas democráticas de posguerra se percibe un alza en dicho número. Como se verá más adelante, ello se reproduce en el caso de activistas políticos y actores sociales, bajo el efecto del auge en la movilización social y política.

Desagregando por países, se puede observar que existen diferencias destacadas en el índice de presidentes que debieron tomar la ruta del destierro, ya sea después de haber asumido la primera magistratura o bien antes, como una experiencia previa a la asunción de la presidencia. Aun así, el exilio no estuvo ausente en ninguno de los países iberoamericanos. A pesar de variaciones en la centralidad del exilio, no existió casi ningún país que no haya desterrado a una parte de sus primeros mandatarios, un fenómeno replicado -aunque no necesariamente sincronizado- entre las amplias camadas de la ciudadanía (ver Tabla I).

Por supuesto, no sólo personalidades políticas se vieron obligadas a tomar el camino del exilio, sino también quienes desarrollaban una labor de movilización social, ya sea por ser activistas políticos o por haber adquirido visibilidad a través de su contribución pública al campo de la cultura. Si se observa el campo de la cultura -y con el fin de proporcionar una visión de la vastedad y amplitud del fenómeno- hay una lista incompleta de escritores, poetas y ensayistas que podrían entrar en esa categoría en las letras iberoamericanas desde principios del siglo XIX con Juana Manuela Gorriti, una primera voz feminista en el exilio. A partir de ahí se podrían incluir figuras como Pablo Neruda, José Donoso, Miguel Ángel Asturias, Jorge Icaza, Augusto Roa Bastos, Herib Campos Cervera, Gabriel Cassaccia, Mario Benedetti, Carlos Onetti, José Martí, Alejo Carpentier, Jorge Amado, Marcia Theophilo, Guillermo Cabrera Infante, César Vallejo, Reinaldo Arenas, Tomás Eloy Martínez, Mempo Giardinelli, Antonio Skármeta, Ariel Dorfman, Clara Obligado, Tununa Mercado, Manuel Puig, Eduardo Galeano, Jorge Edwards, Roque Dalton, Claribel Alegría, Rómulo Gallegos, Juan Gelman, Noé Jitrik, Edgardo Cozarinsky, Antonio di Benedetto, Héctor Tizón, Fanny Buitrago, Fernando Vallejo, Cristina Peri Rossi, Alicia Kozameh, Edmundo Paz Soldán, Héctor Borda Leano, Pedro Shimose, Víctor Montoya, Salomón de la Selva y Daisy Zamora, entre muchos otros.

Sobre el trasfondo del recurrente uso del exilio a lo largo de dos siglos, se tiende a ligar la larga lista de figuras políticas, personalidades del ámbito de la cultura y actores sociales que se vieron obligados a salir al destierro con la represión de regímenes autoritarios. Sin embargo, una nómina de los presidentes exiliados o la anterior lista de personalidades del ámbito de la cultura que sufrieron el exilio revelaría que aunque muchos se vieron forzados a tomar el camino del destierro como resultado de regímenes de facto y regímenes represivos, otros escaparon de la represión y constreñimiento de las esferas públicas cuando sus países estaban bajo gobiernos formalmente democráticos. La conexión usual entre autoritarismo y democracia ha restado atención a ciertas dinámicas de mayor complejidad en las relaciones entre esta última y el exilio, que se intentará analizar a continuación. Tales relaciones abarcan la correlación entre la generación de exilio y las aperturas democráticas con una sociedad civil activa y movilizada; el fenómeno de recepción de exiliados por parte de regímenes autoritarios; y, finalmente, la persistencia de condicionamientos que generan exilio bajo democracias, incluso en las restauradas (tanto en las que se autodenominan liberales como en aquellas que se aproximan al modelo de democracia participativa).

IV. SOCIEDAD CIVIL Y EXILIO

Paradójicamente, un factor principal que extiende la utilización del exilio político como un importante mecanismo de exclusión fue el desarrollo de muchas de las características de una sociedad civil moderna en diversas partes de América Latina durante el siglo XX.

El funcionamiento de la sociedad civil no sólo significó el surgimiento de las bases de la democracia, sino también una mayor participación política y crecientes demandas de derechos sociales y políticos; redistribución de recursos y, en algunos casos, de transparencia en el ejercicio del poder. En entornos más estables, dichos cambios podrían quizá ser canalizados en el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, en el contexto latinoamericano -con sus resabios jerárquicos- se interpretaron en un ambiente polarizado, con el tiempo revolucionario, donde la retórica de alto tono y la movilización popular fueron percibidas por factores de poder como una amenaza desestabilizadora para el orden y los estratos socioeconómicos establecidos10.

La falta de institucionalidad democrática contribuyó a la polarización política, creando un círculo vicioso en el que el temor a la revolución provocaría represión y, a su vez, se convirtió en un factor que convenció a los grupos radicalizados a tomar la opción armada como estrategia de acción. La propia modernización de los sistemas socioeconómicos generó nuevas fuerzas en la sociedad, que el sistema político no pudo absorber a través de la institucionalización democrática.

Desde una perspectiva política, el populismo y el clientelismo se utilizaron con el fin de incluir a estos nuevos estratos, pero en formas que no fomentaron la autonomía y la representación democráticas. Cuando el populismo clásico fracasó, se dio una «profecía autocumplida», recrudeciendo la polarización política y social; la represión; el ciclo de violencia y represalias; y la disminución de los niveles de estabilidad, hasta que las fuerzas armadas -de diversas maneras- asumieron el poder con la misión que se autoatribuyeron de establecer un nuevo orden sobre la base de sus doctrinas de seguridad nacional11. Es en esa fase que la represión excedió los límites de la persecución de quienes participaban directamente en la violencia política, afectando a sectores crecientes de la sociedad civil, tildados a menudo en forma infundada como soportes de la insurrección y la subversión.

V. AUTORITARISMO Y ASILO

A menudo se supone que los Estados democráticos, al respetar derechos cívicos y políticos, serían quienes han dado asilo a los desterrados que huyen de la represión. En efecto, existen no pocos casos -tanto en Iberoamérica como en Europa y otros continentes- de Estados democráticos que confirmarían la supuesta correlación entre democracia y asilo político.

Cuando un país ha vivido un periodo democrático y proyectado una imagen de estar comprometido con la causa popular, es lógico que se convierta en un sitio de refugio y asilo para los exiliados políticos. Tales fueron, entre otros, los casos de Guatemala entre 1944 y 1954; México después de su estabilización institucional; Costa Rica después de 1948; Venezuela después de 1958. Asimismo, en la década de 1970, los EE.UU. y Estados europeos como Suecia, Francia, Italia y España -ésta en particular después de la muerte de Franco-. Finalmente, Cuba en las décadas de 1970 y 1980, por supuesto con diferencias en el carácter de los asilados.

Por ejemplo, en la década de 1940 muchos dirigentes comunistas exiliados entraron a Guatemala, interviniendo en el quehacer político de aquel país. Los dirigentes comunistas cubanos eran frecuentes visitantes, asistiendo a los marxistas locales en sus intentos de tomar el control del sindicalismo guatemalteco. Comunistas venezolanos también fueron frecuentes visitantes, pero los más activos fueron los salvadoreños. El Partido Socialista Popular Dominicano fue el Partido Comunista de la República Dominicana en el exilio, pero muchos de sus miembros también ingresaron al Partido Laboral Guatemalteco. En 1952, se comprometieron a organizar a todos los dominicanos exiliados en un Comité de Exiliados Dominicanos, lanzando una campaña de «solidaridad » que fue favorablemente acogida por dominicanos en todo el mundo.

Otros grupos en el exilio establecieron frentes únicos en Guatemala. Éstos incluyeron la Asociación Democrática Salvadoreña, el Movimiento de Nicaragüenses Partidarios de la Democracia y el Partido Democrático Revolucionario Hondureño. Los círculos de exiliados republicanos españoles también eran activos y se unieron a estos grupos para formar el Frente Democrático de Exiliados americanos y españoles. En el desfile del primero de mayo de 1953, los grupos de exiliados marcharon con 70.000 partidarios de Arbenz para manifestar su lealtad al presidente. Al mismo tiempo, Guatemala había luchado activamente contra los dictadores del Caribe. Con la caída de Arbenz en junio de 1954, los exiliados huyeron de Guatemala. Después de que se habían ido, Castillo Armas puso sus nombres en una lista de agentes comunistas que tenían prohibido reingresar a Guatemala. La lista incluía a no comunistas, como los líderes de Acción Democrática de Venezuela y el líder del Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch12.

América Central y los países del Caribe entraron en la Guerra Fría con muchas de sus esferas políticas en un estado de agitación. La dinámica política se caracterizaba por cambios periódicos entre democracia y dictadura, la redefinición de las líneas de la adaptación y generación de flujos de los exiliados políticos. Por diferentes razones, México y Costa Rica se habían convertido en sitios de asilo y refugio. Guatemala, hasta el golpe de 1954, y Venezuela, tras el retorno a la democracia en 1958, también atrajeron a gran número de exiliados. De manera similar, las embajadas de Colombia fueron fundamentales en la concesión de asilo a muchos posibles exiliados, a pesar de la violencia que estalló en ese país a fines de la década de 1940.

Pero también países autoritarios, al tiempo que exiliaban a sus propios ciudadanos, permitieron la entrada de exiliados de otros países latinoamericanos. Ya en la primera mitad del siglo XIX, la autoritaria Chile -regida bajo el modelo institucional creado por Diego Portales- acogía a los exiliados de las provincias argentinas que se encontraban bajo el control de Juan Manuel de Rosas. Éstos eran migrantes políticos argentinos que habían encontrado un primer refugio en la Banda Oriental así como peruanos. Les permitieron insertarse en la esfera pública siempre que evitaran jugar un papel político en Chile y utilizándolos -al menos en parte y especialmente a los peruanos- como peones en su política exterior, al tiempo que Chile generaba condiciones autoritarias y exilio entre sus propios ciudadanos13. En el siglo XX, Cuba es un caso notable de tal dinámica, actuando como un país de acogida para los exiliados de las izquierdas iberoamericanas, mientras generaba oleadas masivas de exiliados entre sus propios ciudadanos14.

Otro caso que resalta el uso del asilo como instrumento de legitimización internacional de un régimen autoritario es el de República Dominicana. Bajo la dictadura de Rafael Trujillo, mientras se perseguía a la oposición política dominicana y éste encabezaba un movimiento anticomunista en el continente, se acogía a exiliados tan variados como los refugiados de la Guerra Civil española (1936-1939), los judíos que escapaban de los nazis en Europa y, en la década de 1950, a otros políticos como Juan Domingo Perón. Al analizar este caso, resalta en forma particular la recepción de los refugiados judíos que no encontraban refugio casi en ningún lugar en el mundo. En la conferencia de Evián en 1938, el Estado dominicano ofreció recibir a 100.000 judíos que buscaban escapar de las garras nazis. Contrastando con la indiferencia y renuencia de otros países a recibirlos, la política de Trujillo contemplaba su llegada como parte de la visión trujillista de promover la «mejora racial» de la población dominicana. En efecto, los primeros 400 judíos llegaron en 1940, aunque un informe negativo de la Fundación Brookings llevó a cerrar tal puerta de salvación. Sin embargo, la política declarada en 1938 sirvió para que Rafael Trujillo adujera, con orgullo, ser el arquitecto de una doctrina diplomática de asilo humanitario, lo que refleja -entre paréntesis y dentro de los límites de su visión ideológica y combinado con sus políticas represivas- la creciente importancia de los temas humanitarios, como parte de la política exterior15.

Desde el punto de vista de quien escapa a la persecución, hallar un lugar de asilo puede no dejar opciones a quienes temen por sus vidas. Pero lo importante es percibir que, a menudo, regímenes autoritarios han usado tal mecanismo como un medio para fundamentar su legitimidad y proyectar una imagen positiva en la esfera internacional. Por supuesto, existen factores varios que condicionan el ingreso de exiliados en un determinado lugar de asilo: la combinación de la voluntad política del régimen de turno y la capacidad del país de acogida para recibir los exiliados, la exclusión de los recién llegados de la política en el país de acogida y un entorno relativamente libre para desarrollar su propia cultura y las actividades relacionadas con sus países de origen.

México se convirtió en un sitio de exilio importante ya bajo el Porfiriato y se mantuvo así durante muchos decenios después de la Revolución. Al mismo tiempo que Porfirio Díaz reprimía a grupos enteros como los indios yaquis de Sonora -castigando su resistencia en forma sangrienta y trasladando a los sobrevivientes hacia las haciendas de Yucatán donde serían obligados a trabajos forzados- su política de «pan o palo» y la estabilización política lograda habían creado un contexto favorable a la acogida de los exiliados políticos. Muchos de ellos pertenecían a la élite y la clase superior de Cuba y, en menor medida, a Puerto Rico, durante su lucha por la independencia de España.

Ya bajo la revolución y sus postrimerías, México siguió generando destierro, cuando muchos miembros de facciones que perdían posicionamiento se encaminaron al exilio. Algunas de estas oleadas de desplazamientos fueron: bajo Francisco Madero (1911-1913), los seguidores de Pascual Orozco y Francisco Vázquez huyeron del país; bajo Victoriano Huerta (1913-1914) fue el turno de los maderistas; el acceso al poder de los Constitucionalistas en 1914 llevó a la fuga de Huertistas; los seguidores de Pancho Villa y Eulalio Gutiérrez se vieron obligados a huir en 1914-1915. Les siguieron olas de seguidores de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Gonzalo Escobar, José Vasconcelos, Plutarco Elías Calles y Juan Andreu Almazán, además de los Cristeros16. Muchos de quienes se trasladaron al exterior trataron de seguir la lucha desde los EE.UU., aunque a menudo sus movimientos fueron controlados y algunos de ellos pasaron tiempo en la cárcel por violar la norma de neutralidad que dicho país proclamaba respetar. México continuó generando exilio en las décadas posteriores. Un caso es el del arzobispo Ruiz y Flores, quien en fecha tan tardía como 1932 sufrió esa pena, a pesar del hecho de que México no había incluido el exilio de sus ciudadanos en el Código Penal. Incluso había prohibido la extradición de transgresores políticos de su territorio. Nativo de México, el arzobispo fue deportado por haber declarado «lealtad a un soberano extranjero», el Papa (Mecham, 1934: 500).

En forma casi simultánea, arribaban a México nuevas olas de exiliados. En la década de 1920 llegaron exiliados políticos de Venezuela, escapando de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien dominó la política venezolana en forma intermitente entre 1908 y 193517. Gómez mismo había experimentado el exilio en Colombia pero, una vez en el poder, utilizó políticas represivas para consolidar su control, mientras desarrollaba el país con base en la riqueza petrolera y construía un fuerte ejército. Quien se le opuso tuvo un rápido castigo y se encontró rumbo a las prisiones venezolanas. El México postrevolucionario abrió sus puertas a los exiliados políticos de América Latina, proyectando una imagen de progreso revolucionario y la voluntad de conceder hospitalidad y asilo a las fuerzas progresistas del continente. Esta imagen llegó a su apogeo con la llegada de los españoles republicanos exiliados a finales de la década de 1930. Durante los años que siguieron a la victoria franquista, decenas de miles de emigrantes españoles llegaron a México, mientras contingentes más pequeños arribaron a Buenos Aires y otras ciudades de América Latina (Fagen, 1973: 24).

Mientras México ratificaba tratados internacionales y convenios de asilo18, su actitud ante los migrantes fue a menudo selectiva y restrictiva19. Al estudiar las políticas de asilo en México, Hans Wollny ha identificado una tensión entre la razón de Estado que sirvió como argumentación de esas políticas y el interés de los propios refugiados. Wollny observaba que en México la política de asilo no se basó en razones puramente humanitarias, sino que la concesión de asilo siempre estuvo condicionada por aspectos como la afinidad política, las políticas de empleo, las estrategias nacionales de desarrollo e incluso por los prejuicios raciales. De hecho, a partir de la década de 1920, las leyes de inmigración mexicanas habían adquirido un fuerte carácter xenófobo. La regulación inmigratoria de junio de 1932 hizo hincapié en la preferencia de los extranjeros expuestos a ser fácilmente asimilados en el medio ambiente mexicano, descritos en el documento como aquellos procedentes de América o Europa occidental y pertenecientes a la raza blanca, con la exclusión explicita de los eslavos, judíos, gitanos, africanos, mulatos, hindúes, asiáticos y cualquier otra mezcla de color20. Los reglamentos aprobados en 1933 y 1934 eran aún más extremos en su desaliento de la inmigración de «extranjeros indeseables». A partir de 1938, los diplomáticos mexicanos recibieron instrucciones de no considerar las solicitudes de asilo presentadas por personas que se encontraran físicamente fuera de sus países de origen21.

Este factor jugó un papel determinante en el caso de los refugiados judíos a quienes se les negó la entrada durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1933 y 1945, México sólo admitió a alrededor de 2.250 refugiados de Alemania de un total de alrededor de 110.000 refugiados que se reasentaron en América Latina, de los cuales más del 90% eran de origen judío22. México mantuvo esa estricta política de inmigración, incluso después de la guerra, hacia los refugiados de Europa. Mientras que más de 32.000 personas fueron a Argentina, 28.000 a Brasil y 17.000 a Venezuela, en México el número no llegó a un millar23.

Al mismo tiempo, la Revolución Mexicana había creado una imagen de solidaridad que llevó a la buena recepción de los refugiados republicanos y posteriormente de otros grupos e individuos perseguidos por su orientación progresista. Los exiliados españoles fueron el primer grupo al que se le ofreció los derechos de la inmigración ilimitada, casi automática, así como la ciudadanía después de su arribo. La integración de los exiliados españoles fue un éxito, debido a la afinidad lingüística y cultural y la capacidad profesional de los recién llegados quienes, en su mayoría, optaron por convertirse en ciudadanos mexicanos. De manera similar, en la década de 1950 -un periodo de turbulencia política en toda América Latina- México brindó acogida a quienes escapaban de las dictaduras de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, François «Doc» Duvalier en Haití, Anastasio Somoza en Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Carlos Castillos Armas en Guatemala y Fulgencio Batista en Cuba.

Para los latinoamericanos que huyeron de la represión durante esa década, la ubicación de México cerca de sus países de origen se perfilaba como una gran ventaja para sus proyectos de intentar tomar el poder en sus países de origen. Paradigmático es el caso de los exiliados cubanos que utilizaron a México como un punto de acceso a los EE.UU., una fuente de armas y apoyo financiero y el lugar en el cual planearon el derrocamiento de Batista (Morales Pérez y Del Alizal, 1999: 179-186). Tras el fracaso del ataque al Cuartel Moncada en julio de 1953, muchos de los miembros de los diversos grupos opositores sufrieron la persecución y se marcharon de Cuba hacia México. Después de ser liberado de la prisión y sintiendo los límites a las libertades políticas en Cuba, Fidel Castro y otros activistas políticos se exiliaron, arribando a México en julio de 1955. Ahí Fidel se reunió con su hermano Raúl, otros exiliados y por primera vez con Ernesto «Che» Guevara. A fines de la década de 1950, el movimiento de Castro (el Movimiento 26 de julio) se convirtió en una de las más activas organizaciones en el exilio.

Muchas otras organizaciones se formaron o florecieron en México, entre ellas la Organización Auténtica, el Directorio Obrero Revolucionario, el Partido del Pueblo Cubano («Ortodoxo»), la Juventud del Partido Revolucionario Cubano y el Club de Exiliados José Martí. Los exiliados gozaron de una imagen heroica como combatientes por la libertad de su Patria. Castro y sus colaboradores viajaron desde México a los EE.UU. para recaudar fondos para su lucha contra Batista. Al regresar a México, iniciaron una serie de programas de entrenamiento militar, matriculando para la causa tanto a cubanos como a mexicanos. A través de la intervención de abogados y personalidades locales (entre ellos el ex presidente Lázaro Cárdenas, quien intercedió a su favor con el presidente Luis Cortínez) junto a las presiones de la diáspora cubana en los EE.UU. y la amplia cobertura de la prensa mexicana y estadounidense, los exiliados pudieron permanecer en México. El gobierno de Batista siguió presionando a dicho país, presentando denuncias y desprestigiando a los activistas en la prensa mexicana, intentando poner coto a las actividades de los exiliados. No obstante, el movimiento de éstos logró continuar sus actividades subterráneas, como la compra de una pequeña nave -Granma- con la que Castro y 81 seguidores lanzaron su invasión de Cuba a finales de noviembre de 1956 (Morales Pérez y Del Alizal, 1999: 179, 210-222)24.

En el caso de otros exiliados, el asilo les fue concedido por las misiones diplomáticas de México en el continente. Algunos de los casos más conocidos de asilo diplomático se produjeron en Guatemala y en Brasil. En el primer país fue en 1954, cuando se concedió asilo en la embajada de México a 318 personas después del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz. En Brasil se dio en 1964 cuando después del golpe de Estado que depuso al presidente João Goulart más de un centenar de personas pudieron abandonar el país, después de habérseles concedido asilo diplomático. En la Cuba revolucionaria, especialmente después de 1964, la delegación de México se convirtió en la única sede entre todas las latinoamericanas en permanecer abierta, concediendo asilo a muchas personas que buscaban refugio. Para la mayoría, México fue una parada intermedia en el camino hacia su destino final, los EE.UU. La experiencia de las autoridades de México con las actividades de los cubanos en el exilio, y consideraciones internacionales, llevaron a introducir cambios en la legislación de asilo, con el fin de controlar mejor las actividades políticas de los exiliados (Ley General, 1987)25.

Años más tarde, y siguiendo la tradición post-revolucionaria, México concedía hospitalidad y asilo político a las fuerzas progresistas perseguidas en el Caribe y América del Sur. Sin embargo, ello se hizo nuevamente en forma diferencial, modulada por la orientación de las distintas delegaciones diplomáticas, relaciones con las autoridades locales y condiciones sobre el terreno de la sede diplomática26.

La ola de conflictos armados que desestabilizaron a Centroamérica a partir de las décadas de 1970 y 1980 -en especial las guerras civiles en Nicaragua y El Salvador y las principales operaciones contra la insurgencia lanzadas por el ejército guatemalteco- creó un flujo sin precedentes de refugiados. Por primera vez, México se enfrentó a una importante crisis de refugiados en su territorio. El número de sus refugiados se calculaba en al menos medio millón en la década de 1980. Los salvadoreños constituían el grupo más numeroso, seguido por los guatemaltecos y los nicaragüenses. En 1987, el número de salvadoreños que residían ilegalmente en México se estimaba en al menos medio millón, a los que se sumaban más de 110.000 guatemaltecos y unos cuantos miles de nicaragüenses desplazados por la violencia generalizada que afectaba la región. Sin embargo, hasta finales de 1987, sólo 46.600 habían recibido asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A partir de 1983, el gobierno mexicano dejó de reconocer como refugiados a los salvadoreños, alegando que eran migrantes económicos y negándoles el estatuto de asilados o cualquier otra forma de legalizar su presencia en México. En caso de captura, los salvadoreños debían proporcionar documentos de empleo o se enfrentaban a la deportación. Aunque ellos eran por lo general jóvenes preparados pertenecientes a las clases medias urbanas, los funcionarios del gobierno los caracterizaban como un problema que habría de causar conflictos en su suelo (Yundt, 1988: 135-139)27.

Los refugiados guatemaltecos debieron afrontar obstáculos aún más difíciles, al ser una población rural indígena que había sido objeto de políticas discriminatorias en su país natal y que en su mayoría no dominaban el castellano y carecían de medios económicos. A pesar de que los guatemaltecos compartían un origen étnico común con los habitantes del sudeste de México, su falta de dominio del español los ponía en desventaja en su capacidad de integrarse.

Las autoridades de inmigración vieron en la masa de los refugiados centroamericanos a migrantes económicos indeseables y no víctimas de la persecución política, por lo que pusieron en práctica una política de deportación llegando a veces al acoso. Entre 1980 y 1982 al menos 70.000 refugiados salvadoreños fueron deportados de México a Guatemala o directamente a El Salvador. Según algunas estimaciones, el número de centroamericanos deportados anualmente a sus países de origen alcanzó a más de 46.000 en la década de 1980 (Wollny, 1991: 231). Una serie de razones pueden ser citadas para explicar la actitud restrictiva de México hacia los refugiados de Centroamérica, como la situación económica del país receptor, la compleja relación con los EE.UU. y el temor de México de verse envuelto en la turbulencia política de la zona.

Muchas de las personas que se desplazaron a México a principios del decenio de 1980 fueron los indígenas mayas de Guatemala. La mayoría se instaló en campamentos improvisados cerca de la frontera, principalmente en Chiapas y en menor medida en los estados de Campeche y Quintana Roo, por los vínculos culturales y lingüísticos con la población local y con la esperanza de que les sería más fácil regresar desde allí a su tierra natal. México, un país con una tradicional política de asilo, en este caso debió tratar con decenas de miles de campesinos guatemaltecos que cruzaron la frontera en un tiempo relativamente corto. En una encuesta realizada en 1984 a los guatemaltecos en la Ciudad de México, el 80% de la muestra declaró haber abandonado su país por razones políticas, mientras que el 73% no poseía ningún tipo de documento, un 13,6% tenía visado de turista y solamente un 3% había recibido asilo político. En Chiapas, el gobierno elaboró una política de reasentamiento desde Chiapas a los estados vecinos, pero sólo logró convencer a unos 18.200 campesinos a moverse en 1987. Muchos otros se negaron a abandonar el asentamiento. El gobierno les concedió documentos como visitantes de frontera o trabajadores agrícolas, mientras que las diócesis de San Cristóbal de las Casas y ACNUR les proporcionaron apoyo, reconociendo que muchos de ellos no debían ser expulsados, tal como las autoridades federales y estatales hubieran deseado (O' Dogherty, 1987: 213-217). Mientras que en las anteriores oleadas de exilio -por ejemplo, del Cono Sur- los exiliados provenían de los estratos medio y superior, llevando con ellos un importante capital humano, los refugiados procedentes de Guatemala eran de clase baja y sumaban presión a los problemas de acceso a la tierra, ya existentes en el sur de México. Como resultado de esta ecuación, México fue uno de los países claves en promover esfuerzos transnacionales para lograr la pacificación de Centroamérica, con un interés explícito en detener el flujo de nuevos refugiados y facilitar su regreso a su territorio.

Se sugiere entonces que el asilo político ha sido utilizado tanto por gobiernos democráticos como por regímenes autoritarios, en formas diferenciadas y selectivas. Para unos y otros, el ofrecer refugio a quienes escapaban de otros países ha sido un mecanismo importante de su política exterior, instrumental en términos de la imagen que el país receptor ha proyectado así como una crítica implícita a la situación en los países de expulsión28.

VI. DEMOCRACIA Y EXILIO

Los regímenes autoritarios usan el exilio como un mecanismo de exclusión institucional de manera frecuente y masiva. Aun así (al menos en América Latina) gobiernos supuestamente democráticos -tanto en una modalidad liberal como participativa-también han generado exilio. Casos paradigmáticos de ambas modalidades son Costa Rica en la década de 1940, Colombia en la segunda mitad del siglo XX, Perú bajo Fujimori y Venezuela en la última década.

Costa Rica fue un refugio para los exiliados políticos de otros países latinoamericanos, pero sus gobiernos utilizaron la expulsión como medio para resolver cuentas con la oposición política. Cuando José Figueres criticó al presidente democráticamente electo, Rafael Ángel Calderón, se vio expulsado a México entre 1942 y 1944. Ahí Figueres se unió a un grupo de políticos latinoamericanos que formaron la Legión del Caribe, con el fin de conspirar contra los gobiernos de República Dominicana, Venezuela, Nicaragua y Costa Rica. Las políticas de Calderón y la expropiación de bienes alemanes en el marco de la Segunda Guerra Mundial alienaron a banqueros y productores de café de origen alemán y a muchos conservadores, que apoyaron a Figueres. En 1948, los resultados electorales impugnados en el marco de una situación de polarización política crearon una coyuntura que devino en una corta pero sangrienta guerra civil. Cuando, como resultado, Figueres tomó el poder a la cabeza de una junta de gobierno, Calderón y sus partidarios se vieron obligados a su vez a huir al exilio a Nicaragua y luego a México, donde el ex presidente permaneció por casi una década29.

En el caso de Venezuela, se destaca igualmente la compleja relación entre exilio presidencial y democracia. Ese país vivió largos periodos de lucha de poder y periodos de dictadura. Entre 1958 y 1998 el pacto de Punto Fijo permitió proyectar una imagen de relativa estabilidad democrática. Pero, como se vio en la Tabla I, Venezuela se encuentra a la cabeza -en el segundo lugar- de los países latinoamericanos en términos de la expulsión de sus primeros mandatarios. Internalizado como una práctica común en el siglo XIX, el exilio postpresidencial sigue vigente también en el marco de la democracia. Mientras que en los periodos autoritarios y de inestabilidad el exilio fue un resultado directo de las luchas por el poder (generalmente violentas), en el periodo democrático el exilio es a menudo la ruta seguida por quienes enfrentan en el sistema judicial procesos por corrupción. Cuando jefes de Estado enfrentaron estas perspectivas de juicio, tales como Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez, Raúl Leoni y Jaime Lusinchi -o aun cuando cumplieron tiempo en la cárcel o bajo arresto domiciliario- encontraron dificultades para permanecer en Venezuela y posteriormente se trasladaron al exilio.

No faltan ejemplos de la incapacidad de la democracia en Venezuela para abrir la esfera pública en vez de excluir a líderes opositores como peligrosos. Un caso notorio es el de Marcos Pérez Jiménez, quien fue un miembro de la junta militar presidida por Carlos Delgado Chalbaud (1948-1952) y más tarde presidente militar tras la anulación de las elecciones de 1952. Pérez Jiménez fue depuesto por un levantamiento general y los disturbios ocurridos en enero de 1958, por lo que de seguido se trasladó a los EE.UU., país que lo había apoyado y le había concedido la Legión de Mérito. En 1963, el gobierno democrático de Venezuela obtuvo su extradición desde los EE.UU. para enfrentar cargos de corrupción y malversación de cientos de millones de dólares. Pasó cinco años en prisión y, tras su liberación, abandonó Venezuela para un exilio en España. Su elección en ausencia al Senado en 1968 fue anulada por la Corte Suprema por motivos técnicos. En 1973 su candidatura presidencial fue nuevamente anulada por una enmienda constitucional que lo proscribió políticamente, lo cual marcó el final de su carrera política.

De manera similar, Carlos Andrés Pérez, dos veces presidente de Venezuela (1974- 1979 y 1989-1993), terminó abruptamente su segundo mandato después de que acusaciones de apropiación indebida de fondos públicos se presentaron en su contra ante la Corte Suprema y fue destituido por el Senado. Después de dos años y cuatro meses de arresto domiciliario, se fue a Santo Domingo y después a Miami y Nueva York, donde ha permanecido desde entonces.

Aún a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, presidentes latinoamericanos siguieron huyendo de sus países o exiliándose, incluso bajo democracias. Entre casos notorios se puede mencionar a Alfredo Stroessner y Raúl Alberto Cubas Grau dejando Paraguay; Jean-Bertrand Aristide que huye de Haití; Alberto Fujimori, autoexiliado del Perú; Abdalá Bucaram Ortiz, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez dejando Ecuador; y, finalmente, Carlos Salinas de Gortari expatriándose voluntariamente de México.

Por supuesto que los casos nombrados incluyen experiencias muy distintas, con jefes de Estado que fueron al exilio para evitar enfrentar cargos después de los cambios políticos, escapando de la persecución política o de acusaciones de corrupción. Los casos son complejos y no permiten una generalización. Por ejemplo, el ex presidente boliviano Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003) y su ex ministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín huyeron a los EE.UU. en octubre de 2003, después de que las fuerzas de seguridad de Bolivia reprimieron duramente a los manifestantes que protestaron contra la política económica de esa administración. Una vez que contaban con residencia en los EE.UU., se enfrentaron a juicios iniciados por grupos de derechos humanos por su papel en el asesinato de 67 ciudadanos bolivianos y de 400 personas, en su mayoría indígenas, que resultaron heridas (Zacharia, 2008: 2)30.

Más allá de su complejidad, estos casos se destacan comparativamente en tanto se producen en el marco de la democracia, contrastando, por ejemplo, con la experiencia de un Richard Nixon al verse amenazado con el impeachment y renunciando a la presidencia en los EE.UU. en 1974; un Charles de Gaulle en Francia, optando por abandonar el poder en 1946 y retirarse a Colombey les Deux-Eglises para recomponer fuerzas en el suelo natal y volver luego a la política en 1958, fundando la Quinta República; o, finalmente, Giulio Andreotti, primer ministro de Italia durante varios términos, que fuera acusado de corrupción y complicidad con el crimen organizado, pero que se quedó en su país para enfrentar el proceso judicial.

Contrastando con la inexistencia de la vía del exilio en muchas otras democracias occidentales, en Perú varios dirigentes políticos se sintieron obligados a abandonar el país después de fracasar en ser elegidos a la presidencia, o bien, después de la conclusión de su mandato. El escritor y candidato presidencial Mario Vargas Llosa se trasladó a España a principios de 1990; el presidente Alberto Fujimori dejó Perú a finales de 2000 para asistir a una Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Brunei y luego siguió a Japón, desde donde renunció a la presidencia; y el presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliana Karp abandonaron el país hacia los EE.UU. en 2006. Cuando el actual presidente, Alan García, fue elegido, Toledo fue a un exilio voluntario en el Silicon Valley. Si bien no necesariamente ligado a ello, es sugestivo que una comisión de investigación parlamentaria en Perú investigaba a Karp y Toledo, sugiriendo que mientras su marido estaba en el cargo, ella había gastado enormes sumas de dinero público en ropa, calzado, alimentos para perros, flores para la mansión presidencial y bebidas alcohólicas31.

El violento ambiente político de la democracia colombiana ha generado en el pasado un exilio masivo. Entre otros, periodistas, líderes sindicales, intelectuales, miembros de las clases altas y medias han huido de su país durante años a causa de la inseguridad, la persecución política, el desplazamiento forzado, o las amenazas de muerte procedentes de diversas direcciones, que incluyen a las organizaciones paramilitares de derecha, las guerrillas izquierdistas y los narcotraficantes. Grandes diásporas se han formado, especialmente en los EE.UU., Canadá, Brasil, Costa Rica y Venezuela. En Europa, las dos comunidades más numerosas se encuentran en España y el Reino Unido. Otros viven en Alemania, Italia, Francia, Alemania y Suecia.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -oficina que está a cargo del control de la migración en Colombia- ha registrado 1.600.000 colombianos que abandonaron el país y no regresaron, casi la mitad de ellos emigrando entre 1999 y 200132. Estos años de mayor actividad corresponden a un periodo de profunda crisis en la seguridad pública interior. Un estudio realizado en 2001 por la Universidad Internacional de Florida ha estimado entre 200.000 y 300.000 el número de colombianos que emigraron a los EE.UU. en el periodo 1998-2000, huyendo de la violencia política y crisis económica. Así se unieron a anteriores oleadas de «emigrados» y elevaron a 458.000 el número de colombianos residentes en EE.UU. en la primera década del siglo XXI33. Es paradigmático el caso del escritor y periodista Fernando Garabito, cuyos artículos vinculando al gobierno de Colombia con los traficantes de drogas lo obligaron a huir del país junto con su esposa, Priscila Welton, profesora de ballet, para escapar de los escuadrones de la muerte. Welton y su familia obtuvieron asilo en los EE.UU.34. Comités de solidaridad con la izquierda colombiana se han establecido en distintas ciudades europeas (Bristol, Gijón, París, Roma y Estocolmo), algunos ligados a la Red de Hermandad y Solidaridad Colombiana (REDHER) y otros más localizados, como la Asociación Pardo Leal en Estocolmo, así como otros en Washington, Buenos Aires y Montreal35. Estas asociaciones de exiliados han organizado protestas contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe, acusándolo de terrorismo de Estado o, al menos, de incapacidad para detener la ola de atentados en Colombia y exigir condiciones de seguridad que permitan el regreso de los exiliados.

De manera similar, aunque bajo la modalidad de democracia participativa y una veta política opuesta, muchos ciudadanos y residentes venezolanos optaron por tomar el camino del exilio desde el comienzo de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Algunos de ellos eran periodistas que según sus propios informes, habían sido hostigados por los círculos progubernamentales36. Un caso es el del periodista y actor de oposición Orlando Urdaneta, una voz muy crítica del presidente Hugo Chávez, que en el año 2002 había producido una obra teatral llamada Orlando en cadena, que fue saboteada por los Círculos Bolivarianos. Entre otros actos, atacaron a los asistentes a las representaciones. En 2004, Urdaneta decidió trasladarse al exilio en Miami. Una vez allí, dio una entrevista televisiva a la periodista María Elvira Salazar, ella misma hija de un exiliado cubano. Ahí, Urdaneta sugirió el asesinato del presidente Chávez como la solución a la situación política en el país natal37.

Esta tendencia de personas que huyen de Venezuela se consolidó a medida que el gobierno chavista asumió un control más estricto sobre las instituciones políticas del país y amenazó con profundizar las tendencias socialistas en la Revolución. Así, periodistas y activistas dejaron el país, huyendo cuando el gobierno no renovó la licencia de Radio Caracas Televisión, la principal red de comunicación de la oposición. Nuevas comunidades de exiliados venezolanos se han formado recientemente, como la del sur de Florida, apoyando a la Organización de Venezolanos en el Exilio (ORVEX) y organizándose en comités de protesta de las detenciones políticas en el país de origen. Entre los exiliados se cuenta también un grupo de oficiales militares venezolanos en el exilio, encabezados por el general de Brigada (R) Henry José Lugo Peña y el vicealmirante Óscar Betancourt Patiño, que en febrero de 2008 llamaron a sus connacionales a la resistencia frente a la presidencia, mientras denunciaban los vínculos entre el gobierno de Chávez y las guerrillas colombianas38. Estos grupos son parte de una ola de expatriación venezolana que prácticamente ha duplicado el tamaño de la diáspora venezolana en los EE.UU., que, según datos del censo del país norteamericano, pasó de 91.507 en el año 2000 -un año después de que Chávez tomó posesión de su cargo- a la cifra de 177.866 en 2006. Manuel Corao, director de uno de los varios periódicos venezolanos publicados en el sur de Florida, declaró que el principal factor detrás de la creciente marea del exilio es «el miedo a la pérdida de la propiedad privada, la pérdida de autonomía civil frente al gobierno, el temor de la pérdida de los derechos constitucionales y las libertades individuales» (Semple, 2008).

Más allá del análisis de casos, un análisis cuantitativo de exilio postpresidencial que compara los siglos XIX y XX refuerza la observación de que el exilio persiste también bajo democracia. En general, cuando se compara el exilio del siglo XIX con el del siglo XX, en términos de tasas de destierro postpresidencial, se ven cambios pero no la desaparición en el uso del ostracismo político y el destierro de quienes lograron la primera magistratura política. Ello a pesar de la mayor institucionalización de los sistemas políticos y del papel presidencial.

Un análisis estadístico de jefes de Estado latinoamericanos en el largo plazo muestra una clara diferencia en la asociación entre el número de casos de exilio y el promedio de duración de los mandatos en los siglos XIX y XX. En el siglo XIX, las presidencias más cortas se asocian a un mayor número de exilio postpresidencial y plazos más largos están asociados con un menor número de exilios presidenciales. En el siglo XX, la duración media de los términos no está asociada con el número de casos de exilio postpresidencial (véase Grafico II).

Con el siglo XX como punto de referencia, estadísticamente se encuentra que la diferencia cruda de valores medios entre el número de presidentes exiliados (exilio postpresidencial) en el siglo XX y en el siglo XIX es de - 7,3 (std = 2,9). Un análisis de medidas repetidas indica un efecto significativo del siglo (p = 0,02), así como una interacción significativa entre el siglo (c) y la medida de estabilidad, definida como el plazo de duración media del mandato (p = 0,02). El modelo es estimado en: y = 6,20 + 7,26c + 0,0044x - 0,22xc. El hecho de que la interacción sea importante significa que la asociación entre el tamaño del exilio postpresidencial y la medida de estabilidad es diferente en los dos siglos. Hay un nivel de pendiente, así como una diferencia. Estos resultados se interpretan como una indicación de que la internalización del exilio político se profundiza, al punto de que en el siglo XX aun los sistemas políticos que formalmente son democráticos han generado exilio presidencial.

VII. EXCLUSIÓN DE LA ESFERA PÚBLICA Y EXILIO

Existen formas persistentes de exclusión social y política, que generan exilio en las democracias restauradas, a pesar de que éstas profesan la inclusión política. En los últimos años, ha habido muchos casos de actores sociales e intelectuales que, al sentirse hostigados, tienden a escapar de sus países de origen. Aunque muchos de los que escapan de un juicio bajo democracia pueden ser formalmente definidos como expatriados ya que, si bien abandonan sus países por libre voluntad, al verse desterrados suelen definir su movimiento como un desplazamiento forzado. Asimismo, muchos de sus simpatizantes y partidarios los consideran exiliados.

Particularmente sensibles a la persecución son periodistas e intelectuales que, en virtud de la democracia, se atreven a criticar a funcionarios públicos y dignatarios. Entre los casos conocidos se destaca el caso de la escritora y periodista chilena Alejandra Matus, que se escapó al exterior en abril de 1999, después de haber publicado El Libro Negro de la Justicia chilena. El presidente de la Corte Suprema Servando Jordán presentó cargos contra Matus, afirmando sobre la base de la Ley de Seguridad del Estado heredada del régimen militar, que la crítica del libro constituía un «delito contra el orden público». Consecuentemente, el libro fue confiscado y Matus, que había recibido amenazas de muerte en la década de 1980, huyó a Buenos Aires y más tarde se estableció en los EE.UU., donde le fue concedido el asilo hasta que Chile aprobó una nueva ley de prensa en el 200139. La nueva legislación permitió que Matus regresara del exilio y reanudara su carrera como periodista en Chile. Sin embargo, todavía hoy ella sigue luchando por la libertad de prensa. En 2003, renunció al diario La Nación después de que el periódico se negó a publicar una de sus notas investigativas sobre un caso de supuesta corrupción en la dirección del Instituto de Desarrollo Agrícola y Ganadero40.

Similar es el caso de Baruch Ivcher Bronstein, presidente de la Junta de Directores y de los accionistas mayoritarios de la cadena de televisión peruana Frecuencia Latina- Canal 2. Ivcher, un abogado de origen israelí, se naturalizó como ciudadano peruano en 1984. Esto le permitió asumir la posición anterior en el campo de las comunicaciones, ya que la ley peruana impide a los extranjeros poseer estaciones de radio o televisión. En 1996, el Canal 2 inició una serie de informes sobre irregularidades y sospechas de corrupción en organismos gubernamentales, que supuestamente involucraban a los más altos mandos, incluyendo a Vladimiro Montesinos Torres, un cercano asesor del presidente Fujimori y miembro del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional de Perú). Después de que tales notas fueron proyectadas en la cadena de radiodifusión, un número de parlamentarios del Congreso promovió una investigación contra Frecuencia Latina, poniendo a la red bajo el acoso y las investigaciones de las autoridades fiscales y otros organismos gubernamentales. En mayo de 1997, Ivcher fue acusado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de utilizar los medios para librar una campaña de difamación en su contra. Indicaron que no aceptaban la «tendenciosa y malintencionada campaña, porque era un abuso de la libertad de expresión y un intento de enajenar al público de las Fuerzas Armadas» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997). Cinco días más tarde, el 28 de mayo de 1997, el gobierno canceló la ciudadanía por naturalización de Ivcher por un Decreto Supremo, motivado por lo que describió como «actos que pudieran ser perjudiciales para la seguridad nacional y los intereses del Estado» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997).

Como Ivcher perdió la cadena de televisión, se fue al exilio en Miami y continúa su lucha ante organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Banco Mundial, que bloqueó un préstamo para Perú por su restricción de la libertad de prensa. En represalia, el gobierno peruano procedió a ordenar la detención de colaboradores cercanos y abrió una causa judicial contra Ivcher y su hermano, por cargos de evasión fiscal que se remontan a 1992-95. Si bien el gobierno peruano presentó un pedido de arresto ante la INTERPOL, la sospecha de persecución política impidió su procesamiento. Finalmente, después de la caída de Fujimori y Montesinos del poder y la revocación de los juicios pendientes por el Congreso peruano, Ivcher regresó a Lima a finales del 2000 para reunirse con su esposa e hijas y reanudar su posición en la red de televisión.

Durante el decenio de 1990, las tensiones políticas en Perú fueron en aumento. El presidente condujo políticas de mano fuerte y acciones represivas emprendidas contra Sendero Luminoso y otras organizaciones definidas como terroristas, así como contra aquellos que criticaron el gobierno de Fujimori por sus políticas de estabilización socioeconómica. Algunos miembros de la oposición tomaron el camino del exilio, entre ellos más de 200 personas que encontraron refugio en Chile, donde la Concertación había logrado asumir el poder.

En Chile ya existía entonces una gran comunidad de migrantes peruanos. A principios de la década de 1990, la política oficial y la opinión pública chilena ya eran sensibles a la situación de los peruanos, por su propia experiencia de exilio. Ello creó un ambiente favorable para ayudar a los recién llegados. Las ONG chilenas, como CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) y FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), que tratan problemas de violaciones de derechos humanos y el desplazamiento forzado, fueron útiles en la ayuda a los exiliados peruanos41. En particular cuando el ex presidente Alberto Fujimori llegó a Chile en su intento de ingresar a Perú, los exiliados organizados por el Comité de Refugiados de Perú, presidido por Raúl Paiba, fueron especialmente activos en motivar su detención por las autoridades chilenas considerando una potencial extradición a Perú, por cargos de corrupción y violaciones de derechos humanos durante su gobierno42.

VIII. CONCLUSIÓN

El exilio ha constituido un mecanismo recurrente de exclusión política, usado típicamente por regímenes autoritarios como los que dominaron la región en la última fase de la Guerra Fría. Con ello, este análisis destaca que tal mecanismo ha estado presente también bajo democracias (tanto liberales como participativas) y no ha desaparecido por completo, ni siquiera con las transiciones democráticas en la región. En verdad, la dinámica de exilio ha cambiado mucho desde las décadas de 1970 y 1980 y la exclusión institucionalizada ya no está de moda ni se practica a gran escala. Sin embargo, una serie de factores como la falta de seguridad personal y colectiva; la falta de tolerancia frente a opositores políticos y actores sociales críticos de la administración de turno; y la espiral de la polarización de la retórica pública destinada a deslegitimizar a los enemigos políticos crean las condiciones que siguen generando exilio.

Es así como en las últimas décadas millares de individuos se han visto impulsados a tomar el camino del destierro, incluyendo figuras del periodismo y el quehacer cultural que han expresado actitudes críticas respecto de quienes ostentan el poder. Esta situación no resulta de la exclusión institucionalizada -como en el pasado- sino más bien de una falta de observancia de las garantías jurídicas propias de democracias maduras. Sin embargo, los resultados son similares: ciudadanos y residentes toman la ruta del exilio, engrosando las filas de las comunidades de conacionales en la diáspora. En muchos casos, los recién llegados se suman a quienes permanecieron en los países de recepción como resultado de anteriores periodos de represión y a los desplazados por circunstancias socioeconómicas.

De manera paralela, este trabajo sugiere que la residencia o el asilo político han sido articulados tanto por gobiernos democráticos como por regímenes autoritarios. Para unos y otros, el ofrecer refugio a quienes escapaban de otros países ha sido un instrumento importante de su política exterior, pues resulta instrumental en términos de la imagen que el país receptor ha proyectado en la esfera internacional. En el pasado tal política de asilo fue parte de estrategias de intervención en países limítrofes.

Una de las principales cuestiones que este estudio abre es la medida en que el exilio político es visto hoy en América Latina como una violación de los derechos humanos. Estas sociedades han internalizado los principios básicos de tales derechos después de la última ola de autoritarismo y represión. No obstante, las medidas adoptadas para abordar el exilio político en todas las facetas de la legislación; indemnización y compensación; y, finalmente, la incorporación a la memoria histórica han sido parciales. Por lo tanto, hay que preguntarse qué se debe hacer para consolidar un tipo de democracia que no tolere la exclusión institucionalizada y siga generando exilio.

Esto es especialmente importante, porque se ha identificado que algunas de las democracias contemporáneas todavía generan situaciones de exilio. En América Latina, el vínculo entre la democracia y la exclusión se ha visto a menudo agravado por actitudes de discriminación hacia minorías étnicas, socioeconómicas, religiosas e ideológicas que se han sumado a los factores políticos, generando flujos migratorios. El examen de esta cuestión es central para determinar si las esferas políticas, que son aún muy fraccionadas y contienen fuertes tendencias hacia la polarización (incluso bajo regímenes democráticos), podrán superar situaciones como las que produjeron exilio político en el pasado. Es decir, situaciones en las que individuos y sectores enteros se sienten amenazados hasta tal punto que salen del país hacia el destierro como resultado de factores tales como la radicalización de la retórica política, el estrechamiento de esferas públicas pluralistas o la demonización política de opositores y actores sociales críticos por parte de que quienes detentan el poder.

Footnote

1. Una primera versión del presente trabajo fue presentada en el seminario sobre «Exilios y migraciones: nuevas formas de ciudadanía», en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, 12-13 de febrero del 2009, y completada durante una residencia de investigación en el Institute of Advanced Studies (IAS) de Jerusalén en marzo-agosto del 2009. El autor agradece los comentarios y sugerencias de los participantes del seminario y de los investigadores del IAS.

2. Shklar propuso, sin poder consumarlo, un programa de investigación sobre las repercusiones públicas del exilio, indicando que su singularidad se deriva de dicha reflexión existencial y reformulación del vínculo político. Ver también J. SHKLAR (1998: 38-55). En política comparativa, Yossi Shain desarrolló la misma problemática en términos del Estado-Nación en Y. SHAIN (1989). Dos décadas más tarde, se debe reconceptualizar tal perspectiva en términos transnacionales.

3. En este sentido, ver L. RONIGER y P. YANKELEVICH (2009: 4-5).

4. Ver L. RONIGER (2009a).

5. En este sentido, consultar D. ROLLEMBERG (1999, 2003); P. YANKELEVICH (2004); J. del POZO ARTIGAS (2006); S. DUTRÉNIT-BIELOUS (2006); P. YANKELEVICH y S. JENSEN (2007); L. RONIGER y J. GREEN (2007); P. GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS (2007); S. DUTRÉNIT-BIELOUS, E. ALLIER MONTAÑO y E. CORAZA DE LOS SANTOS (2008); L. RONIGER y P. YANKELEVICH (2009). Para un análisis extensivo de esta línea y las otras mencionadas, el lector podrá consultar el trabajo de L. RONIGER (2009a).

6. En particular, esa línea se destaca en estudios que parten de la crítica literaria y los estudios culturales, tales como W. ROWE y T. WHITFIELD (1987: 232-255); T. MÉNDEZ-FAITH (1992); B. GILMAN (2008). Afirmaciones como la de A. ANGELL y S. CARSTAIRS (1987: 166) sobre el caso chileno bajo Pinochet («el exilio no es un capricho más de los gobernantes autoritarios en Chile: es una parte intrínseca e indispensable del sistema autoritario de gobierno») no se deben interpretar en claves que generalicen en forma unívoca la relación entre sistema político y exilio.

7. Asimismo, ver S. JENSEN (2009).

8. Véanse entre otros J. M. M. URQUIJO (1952); T. HERZOG (1995); M. C. SCARDAVILLE (1977); G. PIERONI (2000a y 2000b). Para un análisis detallado, véase L. RONIGER y M. SZNAJDER (2008: 31-51).

9. M. SZNAJDER y L. RONIGER (2009).

10. Véase B. LOVEMAN (1993). Entre otros autores, B. Loveman ha destacado que, institucionalmente, la legislación de emergencia fue aplicada ampliamente para reprimir la agitación política y social, proporcionando un halo de legitimidad a las políticas concebidas en términos de gestión autoritaria.

11. En este sentido, ver J. TAPIA VALDÉS (1980); D. PION-BERLIN (1989); G. ARRIAGADA (1986); T. WRIHGT (2007); L. RONIGER (2009b, sin publicar).

12. Véase C. D. AMERINGER (1974).

13. En este sentido, ver W. H. KATRA (1996); T. HALPERIN DONGHI, I. JAKSIC, G. KIRLPATRICK y F. MASIELLO (1994).

14. Los trabajos sobre la diáspora cubana son innumerables. Ilustrativos son F. MASUD-PILOTO (1996); Á. VARGAS LLOSA (1998) y H. CALVO y K. DECLARQ (2000).

15. Ver M. KAPLAN (2008).

16. Ver V. LEMEL SIGAL (2000). Javier Garciadiego del Colegio de México compilará en breve una obra colectiva de varios volúmenes sobre el exilio de la Revolución Mexicana.

17. En forma paralela otros se trasladaron a otros países iberoamericanos y a los EE.UU., España y Francia.

18. Ver R. MELGAR BAO (1997).

19. La ambigüedad de las políticas de asilo no es privativa de un país determinado o un solo tipo de régimen político. Así, por ejemplo, en Argentina se legislaron las «leyes de indeseables» en la década de 1930 del siglo XX y se impusieron restricciones sobre ciertos colectivos durante el peronismo y, por otro lado, se dio recepción a alemanes del régimen nazi, a fascistas centroeuropeos o a franceses participantes en la guerra y represión en Argelia. Véase entre otros SENKMAN (1995) y BERTAGNA (2007).

20. Ver G. CARRENO y C. ZACK DE ZUCKERMAN (1998: 87).

21. Ver D. GLAZER (2005). La Ley General de Población de 1947 reguló la presencia de extranjeros en territorio mexicano, permitiendo la expulsión de aquellos extranjeros cuya presencia era «inconveniente » al interés nacional.

22. A fines comparativos, al menos 45.000 refugiados ingresaron a Argentina, unos 25.000 a Brasil y unos 12.000 a Chile. Ver H. WOLLNY (1991: 223).

23. Desde fines del decenio de 1940 -con la Ley de Migración de 1947 y su acta operativa de 1950- la política oficial de recepción hizo una distinción entre los refugiados políticos de los países de las Américas y quienes huían de la persecución en otros países y continentes. Sin embargo, el ser reconocido como refugiado por el Estado no implicaba gozar de los derechos garantizados por la Constitución, pudiendo ser objeto permanente de expulsión del país. La Ley General de Población de 1947 contemplaba la expulsión de aquellos extranjeros cuya presencia era «inconveniente» al interés nacional. Véase H. WOLLNY (1991).

24. La salida de la expedición de México dio lugar a nuevas protestas de Batista, que, a su vez, obligó a las autoridades mexicanas a asesorar a los exiliados cubanos que tuvieran cuidado de no violar las leyes de asilo. Sin embargo, el apoyo material a los rebeldes siguió siendo movilizado en el país y obligó a las autoridades a expulsar a un exiliado a Miami y amonestar a los demás.

25. Las limitaciones legales que regulaban la presencia de extranjeros en territorio mexicano ya existían en la Ley General de Población de 1974, que en su artículo 33 permitía la expulsión de extranjeros cuya presencia fuese «inconveniente» para el interés nacional.

26. En este sentido, ver S. DUTRENIT y G. RODRÍGUEZ DE ITA (1999); S. DUTRENIT-BIELOUS (2001: 71-74). Mientras que alrededor de 800 chilenos y 400 uruguayos fueron reconocidos como exiliados políticos, sólo hubo 65 argentinos reconocidos como tales.

27. H. WOLLNY (1991: 228) advertía que todas las estimaciones debían manejarse con reserva, aunque estimaba el número de los refugiados salvadoreños en más de un millón, mientras estimaba el número de los guatemaltecos y nicaragüenses en alrededor de 200.000 y 63.000, respectivamente.

28. En el pasado las políticas de recepción fueron también parte de estrategias de intervención en los países hermanos. Véase M. SZNAJDER y L. RONIGER (2009: 136-192).

29. Al respecto, ver C. D. AMERINGER (1996).

30. En este sentido ver «Human Rights Lawsuits Brought Against Former Bolivian President and Minister of Defense for Complicity in Attacks on Civilians». En Human Rights Program of the Harvard Law School, en http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/index.html (acceso 16 de julio de 2008).

31. Ver E. NEUMAN y S. PERETZ (2008).

32. M. BÉRUBÉ (2005).

33. P. BRINKLEY-ROGERS (2001).

34. http://www.santafenewmexican.com. (acceso 12 de junio de 2008).

35. http://www.redcolombia.org (acceso 12 de junio de 2008).

36. Sobre las líneas de continuidad entre el periodo de Punto Fijo y la Quinta República, vg. la politización del discurso para mantener la autoridad y proyectos hegemónicos, restando legitimidad a las oposiciones en términos de los intereses nacionales, vea J. BUXTON (2005: 328-347).

37. La entrevista se publicó en Radio Nacional de Venezuela. Se puede consultar en la dirección http://www.rnv.gov.ve/noticias (consultado el 10 de junio de 2008).

38. La noticia se puede consultar en el blog de periodistas venezolanos independientes «Sociedad Civil Venezuela», en la dirección http://sociedadcivilvenezuela.blogspot.com/2008/02/militaresvenezolanos- en-el-exilio.html (consultado el 12 de junio de 2008).

39. En este sentido, consultar el reporte de HUMAN RIGHTS WATCH del año 2001 así como las noticias en la dirección www.libertad-prensa.org/matusletter.html (consultado el 25 de mayo del 2006).

40. Para tales efectos, revisar la dirección http://www.edrc.ca (consultado el 10 de junio de 2008).

41. En este sentido, ver J. C. LUQUE BRAZAN (2009).

42. G. GONZÁLEZ (2008).

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