La Constitución de la India

P. M. Bakshi, La Constitución de la India, coordinada por Rafael Iruzubieta Fernández y traducida por Santiago Sánchez González, Ramón Areces, Madrid, 2013.

En 1966 el iusfilósofo italiano Guido Fassò publicaba un artículo expresivamente titulado «Una amicizia pericolosa: diritto comparato e filosofía del diritto». El catedrático de Boloña trazaba en este trabajo un itinerario histórico de las relaciones entre la filosofía jurídica y el derecho comparado, expresando una cierta preocupación por que el último campo de estudio acabara por absorber al primero desde la pretendida cientificidad adjudicada en monopolio al cultivo del derecho positivo. El proyecto de la Analytical Jurisprudence de John Austin, de acuerdo con el cual la ciencia del derecho debería basarse en el análisis y comparación de instituciones, normas y principios de diversos ordenamientos, podría considerarse como una suerte de aviso de la reductio empiricista a la que podrían llevar las veleidades comparativas7.

La Universidad española, sea como fuere, no parece haber caído víctima de tales tentaciones, sino que más bien ha incurrido en el vicio opuesto- ignorar que la reflexión iusfilosófica no puede soslayar los datos procedentes de la pluralidad de expresiones jurídicas si no quiere desembocar en cábalas apriorísiticas o indeseables reduccionismos, esta vez, culturales. A día de hoy, el Derecho Comparado y, lo que es más grave, el Derecho Constitucional Comparado, no deja de ser una exótica posibilidad curricular en las ofertas formativas de nuestras Facultades. En Italia, en cambio, el Derecho Constitucional Comparado es obligatorio en Ciencias Políticas y en muchas facultades de derecho. Si a esto se suma que el bagaje académico español ha tendido a enfocar sus esfuerzos en aquellas sedes culturales con las que existían fuertes vínculos históricos, cuando no directamente coloniales, el resultado es que el interés y los esfuerzos mostrados por el estudio de una cultura de la densidad y trayectoria de la índica no han pasado de lo anecdótico en nuestro país. Siempre existen, lógicamente, relevantes excepciones, como la obra de R. Panikkar en teología comparada.

La aparición de La Constitución de la India, comentada por el profesor P. M. Bakshi, en lengua castellana debe, por tanto, ser objeto de celebración universitaria. Se trata de una de las obras usualmente empleadas como material de estudio en las universidades indias, junto con los manuales de Basu, Gosh y Sen8. La obra cuenta ya con doce ediciones y su autor es un conocido jurista autor de diversas obras como Dictionary Of Business Law, Law of Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act y la Public Interest Litigation. El coordinador es el profesor Rafael Iruzubieta Fernández, posiblemente una de las personas que, especialmente en el ámbito jurídico, más ha contribuido a la difusión de la cultura india en nuestro país. Desde finales de los sesenta ha prestado importante ayuda a los alumnos de español de la Universidad Nehru que venían a cursar becados estudios en nuestro país. En 1996 fue uno de los cofundadores, junto con su esposa y otros universitarios indiófilos, del Instituto de Indología, entre cuyas labores divulgativas destacan la organización de cursos bienales sobre cultura india en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Esta dilatada labor promocional le haría convertirse en el único español merecedor de la condecoración Padma Shri, otorgada en 2010 por el gobierno indio por los servicios divulgativos prestados a la nación india.

La traducción al español ha sido asumida por el profesor emérito de la UNED, el Dr. Santiago Sánchez González, experto en teoría marxista, libertad de expresión y democracia y competente cultivador de los más diversos temas del derecho político y constitucional. El profesor Sánchez González ha realizado, durante su larga carrera académica, numerosas estancias en centros de habla inglesa, destacando su paso por la Johns Hopkins University, el Institute of Bill of Rights Law de la Marshall and Wythe School of Law o su estancia como profesor visitante en la Universidad de Harvard. Tal bagaje es sin duda garante de la cuidadísima traducción de esta obra, en la que cada término y expresión son objeto de escrupulosa y meditada consideración (los trabajos se prolongaron durante más de tres años) y en la que no se escatiman las notas al pié para guiar al lector por el dédalo terminológico tanto particular de la india como heredado del pasado británico. Como indicaba Roger Bacon, para obtener una traducción de calidad, se precisa que el traductor domine ambas lenguas, así como la ciencia que pretende traducir. Resultan raras cualidades que se presentan con solvencia en la persona del profesor Sánchez González.

La obra en sí sigue la estructura habitual de un texto legislativo comentado. Se presenta el articulado completo con precisas y prolijas notas explicativas que hacen referencia tanto al desarrollo legislativo y jurisprudencial del precepto como a su historia particular. El lector dispone así de un completísimo instrumento con el que adentrarse con confianza en el estudio del derecho constitucional de la democracia más grande del mundo. Obviamente, la naturaleza peculiar de este tipo de obras desaconsejan pretender asumir una recensión al uso en términos de contenido, pero tal vez sea útil, en cambio, hacer referencia a ciertas características del texto constitucional que nos ocupa, de forma que el lector pueda hacerse composición de lugar. A este respecto se aludirá de forma sumaria a los orígenes de la Constitución de la India (a); su estructuración formal (b); sus principales fuentes de inspiración e influencia (c); sus peculiaridades principales (d) y su grado de vigencia o eficacia (e).

a. Los orígenes de la Constitución de la India vienen claramente vinculados a su directo pasado colonial británico. De acuerdo con el profesor Alan Gledhill, el texto constitucional sería la culmina- ción de un complejo y dilatado proceso histórico-político que arranca con la concesión realizada a la Compañía de las Indias Orientales del diwani de Bengala en 1765. A pesar de los intentos de la Compañía por permanecer insignificada políticamente, finalmente, ante su ineficacia en la recaudación de impuestos por carecer de peso jurídico-gubernativo, el Gobierno británico acabaría por imponer el mandato directo en 1772, confirmado al año siguiente mediante la «Regulating Act». A partir de entonces, la presencia y control jurídico-políticos británicos irían en aumento a través de diversas instrumentaciones legales (como la «Charter Act» de 1858 o la «Indian Councils Act» de 1892) hasta que, tras la primera guerra mundial, la coyuntura pareció exigir una estructura cada vez más autónoma en el seno del Imperio. Así, en 1919 se promulgó la ley del Gobierno de la India, que establecía cámaras legislativas provinciales con competencias normativas específicas por delegación. A fines de los años veinte comenzarían los trabajos para dotar a la India de un instrumento apropiado de gobierno, que hallarían la acusación de paternalismo y dirigismo metropolitano por parte de los líderes indios. Sea como fuere, en 1935 se promulgó una nueva Ley del Gobierno de la India que acabaría por representar un papel histórico de gran trascendencia, toda vez que, a pesar de todo, gran parte de su articulado acabaría formando parte de la actual Constitución. Habría que esperar a la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1946) para que el Reino Unido autorizara una asamblea constituyente elegida por los miembros de las cámaras legislativas provinciales. En 1947 entró en vigor la Ley de Independencia de la India. El 26 de noviembre de 1949 fue aprobada la Constitución de la India en asamblea constituyente y entraría en vigor el 26 de enero de 1950; finalmente entendida como producto de la voluntad del pueblo indio y no como mera concesión británica9.

De acuerdo con Iruzubieta Fernández, los orígenes coloniales no afectan sólo a la instrumentación jurídica constitucional sino que constituyen la base de la propia idea de la India como nación o Estado. La altísima variedad étnica, social, cultural, lingüística y religiosa, así como su vasta extensión, harían del suelo indio terreno poco apropiado para el establecimiento de un Estado nación a la europea. Pero la fórmula tendría fortuna en Asia igual que la tuvo en Europa, donde el nacionalismo esencialista se empeñó en presentar una unidad natural que ignoraba fervientemente la diversidad que los hechos se empeñaban en contradecir. El coordinador de la obra nos recuerda cómo Gandhi recomendaba a los jóvenes disidentes la lectura de Mazzini10. Y aunque la academia moderna acepte con mayor o menor grado de consenso que las naciones son un posterius respecto al Estado y no un prius cultural evidente y homogéneo, el esencialismo estratégico no fue básicamente distinto en la Italia que se reconocía en Roma y se oponía al Imperio austrohúngaro y a los príncipes locales, que en la India que miraba al Indostán de Asoka Maurya y se enfrentaba al Imperio británico y a más de 500 marajás.

b. En lo que se refiere a su estructuración formal, uno de los lugares comunes más frecuentados es sin duda su tremenda extensión. Con 395 artículos y 12 anexos, la india es considerada la Constitución más larga del mundo. Entre las razones aducidas para explicar tale fenómeno se encuentran: su voluntad de regular no sólo principios básicos de convivencia, sino elementos de detalle administrativo para evitar temidas faltas de desarrollo o tergiversaciones legislativas; la inclusión regulatoria y protección de una serie de grupos como las denominadas Scheduled Castes y Scheduled Tribes (castas y tribus catalogadas); la necesidad de regular todo el aparato competencial de la Unión, sus entes subcentrales y toda la gama de relaciones entre ellos entabladas; o la herencia de hipertrofia normativa procedente de la mencionada Ley del Gobierno de la India de 1935, que ya contenía 321 artículos.

El articulado viene precedido de un Preámbulo de gran relevancia e interés jurídicos. De acuerdo con Sánchez González, supone a un tiempo un caso interesante de mutación constitucional y la introducción de una fuerte cláusula de intangibilidad, que dota a ciertas partes del articulado de un carácter rígido, lo que no ha excluido el frecuente recurso a la reforma constitucional11. Los artículos se organizan en 22 títulos. El primero se dedica a la Unión, sistema parlamentario cuasifederal, seguido de la estructura dogmática concretada en la nacionalidad, derechos fundamentales, principios rectores de la política del Estado y deberes fundamentales (títulos II a IVA). La parte orgánica, tal y como se ha indicado, ocupa una notable extensión. Los prolijos títulos V y VI desarrollan la estructura de los tres poderes en el ámbito de la Unión y de los Estados (arts. 52 a 237); complementados por disposiciones relativas a cuestiones territoriales varias (panchayats, municipios, etc.) y a las relaciones entre la Unión y los Estados (títulos VII a XI). Seguidamente aparece la regulación de cuestiones económicas, de propiedad y comercio (títulos XII y XII), el aparato de servicios de la Unión y los Estados (título XIV), tribunales (XIV A) y elecciones (XV). Las peculiaridades histórico-culturales de la India se hacen especialmente aparentes en los títulos dedicados a ciertas clases (XVI) y a la lengua oficial (XVII); cuestión esta última que supone la apuesta por la implantación progresiva del hindi a nivel de la Unión -en sustitución del inglés- compatible con la oficialidad de lenguas regionales en los distintos Estados. El resto de títulos contiene materias heterogéneas que van desde la regulación de los estados excepcionales y cuestiones diversas (XVIII y XIX) a disposiciones transitorias y derogatorias (XXI y XXI), pasando por la reforma constitucional (XX). Los anexos presentan igualmente un alto grado de heterogeneidad, haciendo referencia a temas como las fórmulas y juramentos, la deserción o los jueces del Supremo, aunque la mayor parte vuelve a incidir en la complejidad interna de las áreas y tribus catalogadas o el especial estatuto de Jammu y Cachemira.

c. La multiplicidad de influencias en la Constitución de la India es también tema privilegiado de consideración y estudio. En su amplio articulado se han querido identificar una rica pluralidad de inspiraciones. Las más directas y principales probablemente sean el Common Law y la Ley de Gobierno de la India de 1935, de donde procederían el sistema cuasi-federal y bicameral, la separación de poderes, la autonomía provincial, los estados excepcionales o las competencias del Primer ministro y su gabinete. De los Estados Unidos se habría tomado la Carta de derechos fundamentales, el sistema de «judicial review» o las funciones del vicepresidente. Canadá habría servido de inspiración para los elementos federales e Irlanda para los principios directivos de la política estatal y la elección presidencial. La suspensión excepcional de los derechos fundamentales estaría tomada de la Constitución de Weimar, la reforma constitucional con base en 2/3 del Parlamento provendría de Sudáfrica, el listado de materias concurrentes entre la Unión y los Estados y la regulación lingüística procederían de Australia. Y, finalmente, un elemento normalmente tan descuidado en constituciones occidentales como es el caso de los deberes, hallarían su origen en la norma fundamental de la extinta URSS. Desde el punto de vista de inspiración ideológica última, se ha hecho igualmente mención a los valores revolucionarios franceses de la libertad, igualdad y fraternidad. A este respecto, convendría no perder de vista la voluntad del constituyente indio de buscar en sus propias raíces culturales el fundamentado de sus aspiraciones emancipadoras. Así, el Dr. Ambedkar, uno de los padres fundadores del Estado indio y principal valedor de los derechos de los «intocables», se expresaba en estos términos: «Let no one however say that I have borrowed my philosophy from the French Revolution. I have not. My philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived them from the teachings of my master, the Buddha»12

d. En lo que se refiere a las peculiaridades más específicas de la Constitución de la India, es decir, aquello que más que relacionarla la distingue frente al resto, puede acudirse a Sánchez González. De acuerdo con el traductor de la obra, podrían destacarse cuatro elementos particulares: la reforma reiterada, la litigación en interés público, la jurisdicción «writ» y la constitucionalización de la discriminación positiva. Con respecto al primero de los puntos, señala el autor que ninguna Constitución ha experimentado tantas y frecuentes reformas como la india: cerca de 300 en 60 años. La denominada litigación en interés público implica el reconocimiento de la capacidad de ejercitar acción procesal a la sociedad en general, sin restringirse a ámbito material alguno. De esta forma, se pretende posibilitar una defensa de los derechos de los más débiles y contrarrestar la deficiente maquinaria de los servicios públicos. El «writ», de origen británico, es una suerte de orden ejecutiva mandada por un tribunal para que se realice un derecho fundamental o cualquier otro propósito. Finalmente, la discriminación positiva o inversa deriva de la denominada «reservation policy», que implicó, entre otras cosas, una profunda reforma constitucional para habilitar un variado conjunto de medidas de discriminación positiva para acabar con injusticias y desigualdades históricas. Desgraciadamente, nos señala Sánchez González, el grado de implementación de tales instrumentos ha sido escaso, lo que lleva a considerar la existencia de una fuerte antinomia latente entre la formalidad constitucionalidad y los mores y costumbres del ethos social tradicional13. Esto nos conduce al último punto: la cuestión de la eficacia.

e. Como no es infrecuente que suceda en diversas constituciones modernas, como es el caso de muchas latinoamericanas, parece existir una suerte de relación inversamente proporcional entre la extensión y ambición del texto constitucional y su grado de vigencia o eficacia. Es lo que algunos politólogos denominan democracias inmaduras, débiles o imperfectas. Para el caso indio, desde el punto de vista de la legalidad internacional, interesa sobre todo preguntarse por la eficacia de los derechos fundamentales. El asunto reviste alto grado de complejidad dada la extensión territorial, densidad poblacional, diversidad cultural y grado de desarrollo socio-económico del país. A este respecto, se vienen denunciando desde hace tiempo graves carencias relacionadas con la libertad de expresión (especialmente, la libertad de prensa), la violencia y tortura policiales, la trata de blancas y violencia contra la mujer, así como problemas relativos a la aún subyacente discriminación del sistema de castas y la violencia interreligiosa. El caso de la situación de Cachemira merece especial atención, debido al alto grado de inseguridad en el que vive la población civil y las continuadas restricciones en derechos básicos de los ciudadanos, que se manifiestan en desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violencia toleradas o ejercidas por las autoridades14.

Hasta aquí la breve descripción del origen, estructura formal, influencias, peculiaridades y grado de vigencia de la Constitución del India. Iniciábamos estas páginas con una reflexión sobre la relevancia del Derecho constitucional comparado. Y bien podríamos cerrar retomándolas. El estudio del derecho en un mundo globalizado debe comenzar a tomar un verdadero carácter horizontal y contrastivo que parta de la pluralidad de realidades jurídicas existentes. Fassò aludía en su trabajo a que los orígenes del comparatismo jurídico podían rastrearse hasta la Antigua Grecia. Y fue precisamente un monarca helénico, el rey Milinda, uno de los pioneros en la apertura al estudio y comprensión del pensamiento indio15. Tiempo es de que Occidente se torne a mirar cara a cara a una tradición jurídico-política que desde las leyes de Manu y la literatura del Arthasastra ha mostrado riqueza e interés equivalentes a nuestra antigüedad clásica. La versión castellana de la Constitución de la India es pieza indispensable en esta labor científica.

Footnote

7 FASSÒ, G.; «Una amicizia pericolosa: diritto comparato e filosofía del diritto», Rivista di Diritto Civile, XII, 1966.

8 BASU, D. D.; Introduction to the Constitution of India (19th ed.), Lexis Nexis, 2008; GHOSH, P. K.; The Constitution of India: How it Has Been Framed, World Press, 1966; Sen, S.; The Constitution of India: Popular Sovereignty and Democratic Transformations, Oxford University Press, 2007.

9 Vid. GLEDHILL, A.; «La Constitución de la India», Revista de Estudios Políticos, num. 92, 1957.

10 IRUZUBIETA FERNÁNDEZ, R.; «Presentación», en Bakshi, P. M. La Constitución de la India, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2013, p. LVI.

11 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S.; «Introducción», en Bakshi, P. M. La Constitución de la India, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2013, p. LXII

12 Cita tomada de TRAER, R.; «Buddhist Affirmations of Human Rights», Buddhist-Christian Studies, núm. 8, 1988, p. 13.

13 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S.; op. cit. LXIIILXVI.

14 Vid. el informe de Human Rights Watch: World Report 2011: India, disponible en línea en http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/india_3.pdf

15 La versión birmana del canon Pali recoge un interesante texto en el que rey Menander I (siglo II a. C.) sostiene un diálogo filosófico con el sabio buddhista Nagasena. RHYS DAVIDS, T. W. (ed.), The Questions of King Milinda, The Sacred Books of the East, vol. XXXV, Oxford at Clarendon Press, 1890.