LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ: UNA TERCA VOLUNTAD/Peruvian democracy: a will full search

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RESUMEN: La construcción de la democracia en el Perú es una vieja tarea que se realiza, aunque imperceptiblemente, lenta y tercamente tanto en la cultura política de los nuevos ciudadanos como en la organización política de la sociedad. El presente artículo es un ensayo sobre la aventura democrática en el primer lustro del siglo XXI yendo a las últimas décadas del siglo XX en el Perú, en las que la institucionalidad democrática adquiere nueva legitimidad, para entender las dificultades que los actores políticos encuentran y que se deben tomar en cuenta para hablar de la calidad de la democracia, en la línea que el artículo de Levine y Molina (2007) nos propone.

Palabras clave: democracia, ciudadanía, sociedad civil, cultura política, representación.

ABSTRACT: The construction of democracy in Peru is a long standing challenge that has advanced slowly and stubbornly, if imperceptibly at time, in both the political culture of the citizens and the political organization of society. This article analyzes the «democratic adventure» in Peru in the first years of the 21st century in the context of the last two decades of the 20th, when democratic institutionalization achieved a new level of legitimacy, to identify the challenges to democracy that political actors have confronted. These elements will help analyze the quality of democracy along the lines proposed in the work of Levine and Molina (2007).

Key words: democracy, citizenship, civil society, political culture, representation.

I. INTRODUCCIÓN1

En varios países de América Latina, el año 2006 ha sido un tiempo marcado por elecciones presidenciales y parlamentarias. Bolivia, Perú, México y Ecuador son algunos de los casos donde las elecciones han puesto nuevamente a prueba a las instituciones democráticas, ya sea en su capacidad de realizar elecciones limpias y transparentes, de representar a los ciudadanos o de dar paso a un nuevo gobierno.

En el Perú, antes de las elecciones presidenciales del 2006, los indicadores de satisfacción y apoyo a la democracia eran los más bajos de la región. En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006) sobre la democracia en el Perú, el 70,6% de los encuestados2 decía que «actualmente en el Perú la democracia existe pero funciona mal», y el 24,4%, que «no existe o que no vivimos en democracia», y sólo el 5 % decía que «existe y funciona bien». Los datos del Latinobarómetro muestran consistentemente el descontento de los peruanos con la democracia y con el gobierno. Después de las elecciones, en el reporte de octubre del 2006 del Latinobarómetro la satisfacción de los peruanos con la democracia va del 13 % al 23 % con uno de los mayores aumentos del continente, pero en el ranking de países para esta variable sólo sube del último puesto al tercero, desde abajo. El indicador de aprobación del gobierno con el presidente García subió a 57%' colocándonos por encima del promedio latinoamericano y mucho mejor si lo comparamos con el 16% de aprobación al anterior presidente, Alejandro Toledo, pero la confianza en el gobierno sigue por debajo del promedio continental con 37% y lo mismo ocurre con el 42% de confianza en el presidente sin especificar el nombre. Según el mismo informe, en el Perú el 32% cree que las elecciones son limpias, muy por debajo del promedio latinoamericano que está en 41% pero mucho mejor que en el Latinobarómetro del 2005 en que sólo el 13% creía que lo eran. El 18% opinó que se ejerce presión para conseguir el voto (cohecho), y sólo un 47% piensa que el voto puede ser eficaz colocando al Perú en el segundo lugar más bajo de América Latina, después de Paraguay. Sobre la participación en elecciones el 88% declara que participó en el proceso electoral, 0,7% menos del porcentaje real de votantes que fue del 88,7 %? en las elecciones del 2006. En este indicador tenemos el segundo lugar más alto de América Latina, pero debe tomarse en cuenta que el voto es obligatorio en el Perú. Después de las elecciones, se ha recuperado la confianza en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en el Jurado Nacional de Elecciones según encuestas nacionales poselectorales5 lo que se mostró en la aceptación de los resultados por los candidatos perdedores.

II. ELECCIONES y CAMBIOS DE GOBIERNO EN EL PERÚ DEL SIGLO XXI

Si bien un proceso electoral pone en juego las instituciones fundamentales de la democracia, éste parece no ser el principal problema para la democracia en el Perú y quizá podríamos ampliar la hipótesis para la región andina6. La elección de Alan García en el 2006 es la tercera elección presidencial que se da en el presente siglo, después de la de Alberto Fujimori en el año 2000 y la de Alejandro Toledo en el 2001, luego de un breve periodo de Gobierno de Transición presidido por Valentín Paniagua, que le correspondió por ser presidente del Congreso de la República. Es decir, Alan García es el cuarto presidente del Perú en lo que va del siglo.

¿Quiénes son los actores que participaron en las elecciones del 2006? Entre los candidatos con mayores posibilidades estaban: Lourdes Flores Nano, del Partido Popular Cristiano formando parte del Frente Unidad Nacional, Alan García Pérez del Partido Aprista Peruano, y un tercer candidato, Ollanta Húmala, respaldado por Unión por el Perú7, que lo acogió ante las dificultades de inscripción de su propio grupo, el Partido Nacionalista del Perú. Los seguían veinte candidatos más sin ninguna posibilidad de ser elegidos. Lo curioso de la situación es que pese al alto grado de volatilidad del voto en el Perú (Mainwaring y Scully, 1995), a la crisis de partidos existente y a la alta desconfianza en las instituciones, dos de los partidos líderes tenían una larga trayectoria política en el Perú y pertenecían a las grandes organizaciones internacionales, el social-cristianismo, en el caso de Lourdes Flores candidata por segunda vez, y la social-democracia en el caso de Alan García, ex presidente de uno de los peores gobiernos del siglo XX8. Sin embargo, lo que tenemos que entender es por qué el electorado peruano votó mayoritariamente por el tercer candidato, el outsider, mostrando una consistencia con las elecciones anteriores, que no podemos dejar de ver, en las que se votó por Toledo y por Fujimori, ambos con una trayectoria académica más que política. Ollanta Húmala esperaba ganar en primera vuelta como su colega boliviano, Evo Morales, pero no lo logró. La segunda vuelta se definió entre él y Alan García, con el triunfo de este último por un pequeño margen.

El ganador en la primera vuelta es un ex comandante del Ejército sin experiencia política conocida, que protagonizó un levantamiento en contra del régimen de Fujimori cuando éste se encontraba ya en sus postrimerías, siendo indultado por el Congreso y lo que le permitió continuar en la carrera militar. Dado de baja del ejército en el 2005, después de dos puestos en el extranjero que lo mantuvieron alejado del mando de tropa, regresó al país como candidato a la Presidencia. Ha sido acusado de violaciones de derechos humanos en un poblado de la Amazonia durante el conflicto armado con Sendero Luminoso. No tenía partido político pero su hermano Antauro, con una trayectoria parecida pero involucrado en un episodio violento, sí tenía un partido organizado por reservistas del ejército con una ideología etnocacerista, consistente en levantar la identidad étnica y seguir el ejemplo del general Cáceres, caudillo militar quien resistió en los Andes durante la Guerra con Chile, llamada también del Pacífico. El principal trabajo de Ollanta Húmala fue diferenciarse de su hermano, con un nuevo partido y con una ideología nacionalista, sin connotaciones étnico-raciales. Pero no intentó diferenciarse en su identidad militar. En los mítines llamaba a los asistentes a jurar su lealtad a la bandera y a la patria, y se dirigía a ellos como el comandante del nuevo gobierno. Lo más importante de esta candidatura fue el resultado que tuvo, mostrando por primera vez un mapa político que agrupaba al electorado de las ciudades y provincias andinas, de Sur a Norte del país tras un candidato, en oposición a los electores de ciudad capital y de la costa norte del país.

El segundo candidato, Alan García, ex presidente del Perú y dirigente del partido con más larga trayectoria en el país, y una organización establecida, que había iniciado su campaña buscando la aceptación de las élites, dirigiéndose al capital extranjero y a los grandes empresarios nacionales para borrar la mala imagen que dejó en ellos su anterior gobierno, debió incluir rápidamente ante su nuevo adversario político temas de agenda sobre la lucha contra la pobreza y la enorme desigualdad existente en el país, la mejor distribución interna de los recursos del Estado, la renegociación de los contratos con las empresas extranjeras, y la mejora de la calidad de los servicios públicos, deteniendo las privatizaciones. El resultado de las elecciones favoreció a García Pérez y, por lo tanto, al político frente al outsider, y éste podría ser un primer indicador de un escenario democrático prometedor al haber logrado elecciones limpias y aceptadas por los candidatos, pese al casi empate entre Lourdes Flores y Alan García en la primera vuelta9. Pero en estas elecciones no participó el partido en el gobierno, el presidente elegido no tiene mayoría en el Parlamento y no se puede hablar de un sistema político estable. El comportamiento político de los electores y de los políticos sigue siendo difícil de predecir y faltan trabajos sobre este tema que vayan más allá de las encuestas de opinión.

En general, los partidos políticos recuperaron algo de su organización y de su capacidad de representación nacional para las elecciones, pero su debilidad e inestabilidad hace que sigan dependiendo del liderazgo carismático de personalidades políticas, lo que está en la raíz de la volatilidad del voto en el Perú.

La aprobación del desempeño del nuevo presidente a los dos meses de asumir el gobierno es alta en Lima con el 55% (Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IOPPUCP, febrero, 2007), pese a haber enfrentado un nuevo proceso electoral que pudo debilitar la legitimidad de su gobierno. Esta posibilidad estaba presente porque, al igual que en el 2001, las elecciones presidenciales y parlamentarias se convocaron para el mes de abril, y antes que asumiera la Presidencia el ganador, se convocaron las elecciones para los gobiernos regionales y municipales que se realizarían en el mes de noviembre. La consecuencia de esta programación ha sido que el partido que gana la Presidencia tiene menos de seis meses para armar gobierno y poner nuevos candidatos para la siguiente contienda. Ningún partido parece tener cuadros para ambos procesos electorales y su derrota o ausencia en las elecciones regionales y locales puede afectar su legitimidad. Esto sucedió con Alejandro Toledo, quien teniendo un partido precariamente organizado y sin trayectoria política, apoyó a un candidato independiente para la Alcaldía de Lima que perdió las elecciones, y en las elecciones regionales no logró poner candidatos, ni ganar en ninguna de las 24 regiones del país. Con Alan García, quien sí tiene un partido político con tradición y presencia nacional, ha ocurrido algo similar, al colocar a Benedicto Jiménez, ex coronel de la Policía, como candidato del Partido Aprista Peruano (en adelante APRA) para la Alcaldía de Lima, quien no fue elegido. En las elecciones regionales el APRA sólo consiguió ganar en dos de veinticinco regiones, en Piura y en La Libertad, perdiendo en ambas regiones las alcaldías más importantes, lo que refuerza la hipótesis del mayor peso del candidato frente al partido.

El resultado de las elecciones regionales del mes de noviembre del 2006 puso en evidencia la precariedad de la institucionalidad partidaria y por lo tanto la capacidad de representación de sus electores. El APRA ganó las elecciones presidenciales, pero sólo ganó en dos de los 25 gobiernos regionales. El segundo candidato, Ollanta Húmala, abandonó el partido político que lo llevó a las elecciones presidenciales, presentándose con otro partido a la contienda regional, sin alcanzar ningún gobierno regional. Mientras que el partido que lo acogió alcanzó el gobierno del Cusco. Algo similar ocurrió con Unidad Nacional. Las elecciones regionales permitieron la participación de 37 partidos y movimientos políticos regionales y nacionales.

En este nuevo periodo se puede analizar la calidad de la democracia en el Perú, como lo sugieren Levine y Molina (2007) diferenciando las dimensiones presentes en una democracia de los resultados del gobierno. Sin entrar a analizar los indicadores que proponen los autores citados, se analizarán las condiciones presentes en el Perú desde una perspectiva cualitativa, mirando el desarrollo de las instituciones y de la sociedad civil en la presente década, como resultado de los últimos 20 años del siglo XX. Se prestará atención a la institucionalización de la democracia desde el punto de vista de su legitimidad política, teniendo en cuenta la vigencia y universalidad de la ley y de los procedimientos. De la cultura política de los gobernantes y funcionarios, prestando atención a la independencia de poderes y a la noción de rendir cuentas, que sólo operan cuando existe un régimen democrático y se suspenden cuando opera el autoritarismo o la dictadura abierta. Y se llevará a cabo desde una perspectiva cualitativa, partiendo de la experiencia de ciudadanía de los peruanos.

El primer problema que se enfrenta es ¿cómo distinguir entre la legitimidad de las instituciones democráticas y los resultados de un gobierno democrático como nos proponen Levine y Molina? Tengamos en cuenta además que la experiencia de ciudadanía tiene como alternativa la experiencia de ser subditos, que es lo que ocurre cuando se produce un cambio de régimen político. ¿Cómo se legitiman los otros tipos de régimen y cómo afectan la cultura política y las instituciones democráticas? Una de las líneas de análisis propuestas será seguir la terca búsqueda de la participación y la inclusión en la sociedad peruana de las mayorías excluidas, como una voluntad democratizadora de la sociedad y de la política.

III. DEMOCRACIA y CAMBIOS DE RÉGIMEN POLÍTICO EN LOS SIGLOS XX y XXI

Para analizar la calidad de la democracia es importante plantearse la pregunta por lo que significa la democracia en el Perú tomando en cuenta lo que dicen Levine y Molina (2007) sobre la necesidad de reflexionar sobre la conexión entre procedimientos políticos y el orden social existente. Si se mira al largo plazo, durante el siglo XX, los periodos democráticos en el Perú se han alterado con asombrosa regularidad con las dictaduras, no sobrepasando la decena de años un régimen democrático, y la docena, un régimen dictatorial. Visto así, los gobiernos democráticos pueden ser analizados como intentos de construir una forma de gobierno para todos, interrumpidos por golpes de Estado en función de los intereses de la minoría dominante, apoyada por el consenso internacional o como breves paréntesis que interrumpían o permitían que se alternaran los dictadores en el gobierno del país. Esta última ha sido más bien la experiencia en muchos de los países de América Latina hasta la década de 1960 en la que el contexto de la Guerra Fría llevó al establecimiento de dictaduras modernas, más sistemáticas en su represión, y coordinadas internacionalmente en el contexto de la Guerra Fría.

Después de este tiempo de dictadura y sufrimiento colectivo, la democracia se convirtió en un horizonte deseable. Fernando H. Cardoso, Francisco Weffort, Guillermo O'Donnell, entre otros, recogieron el nuevo clima democrático que surgía en las mentalidades de las últimas décadas del siglo XX. Destacaban el nuevo sentido que adquiría la idea de democracia para los latinoamericanos, quienes después de dos décadas de dictaduras violentas volvían a confiar en la ley y en los procedimientos democráticos y en la política como medio para avanzar en sus intereses y conseguir resultados.

En ese contexto favorable el Perú debe haber sido el único país en la región que, saliendo de una dictadura no violenta, recuperó la institucionalidad democrática, para sumergirse casi inmediatamente en un violento conflicto armado interno y en una de las peores crisis económicas de su historia por la deuda externa y la mala gestión pública. Estas condiciones son suficientes para marcar la excepcionalidad del caso peruano y de su terca voluntad por establecer una democracia que no puede afincarse unilateralmente en la clase política ni en la ciudadanía. Tiene que atravesar todos los actores sociales para que funcione. Por eso la importancia del supuesto fundacional de toda democracia que es la existencia de un pacto social, de un acuerdo nacional entre las clases sociales de reconocimiento mutuo de derechos y de igualdad garantizada por la ley. Este pacto no se ha dado y la resistencia a enfrentar el tema es una de las causas de la fragilidad de la democracia en el Perú. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004) vuelve a plantear este problema al denunciar las grandes brechas existentes en la sociedad peruana que dividen a unos de otros por el idioma, la cultura, el territorio y el acceso a la educación y a la ley, y a los bienes necesarios para la vida. Pero se encuentra nuevamente con el rechazo de las élites y la negación a ver lo innegable.

Los regímenes dictatoriales y los autoritarios permiten en cierta forma dejar de lado la ley y que los ciudadanos, abdicando de sus derechos, se entiendan directamente con los funcionarios. Es lo que sucedió en el periodo de Fujimori, cuando el cierre del Congreso en 1992 fue recibido con un alto consenso popular lo que permitió que no se usara la violencia y que su significado político pasara desapercibido para las mayorías. En una reciente publicación del PNUD (2006: 113), el 44,6% de los peruanos está dispuesto a sacrificar de la democracia que «se cierre el Congreso» si el país se encontrara en graves dificultades económicas. Esto tiene que ver con la confianza y valoración que se tiene de las principales instituciones de la democracia, como son el Congreso y el Poder Judicial.

Las variaciones al interior del tipo de régimen contribuyen a ocultar formas de utilizar el poder, ante los ciudadanos. Con la pérdida de transparencia se pierden posibilidades de participación y vigilancia. Como dice Tanaka (2005: 20), el gobierno de Fujimori fue un «autoritarismo competitivo», que guardaba las formas democráticas pero gobernaba con una lógica autoritaria. Por eso, Tanaka también afirma que la competencia fue muy limitada. López lo ha llamado una dictablanda o democradura y Pease (1999), un gobierno mañoso. La consecuencia de esta ambigüedad en la práctica es el retorno a la distinción entre democracia formal y democracia real en la cultura política, que era común en las democracias oligárquicas latinoamericanas y que se había comenzado a abandonar en esta nueva experiencia democrática que había abierto el poder a otros actores. Hablar de democracia formal es aludir a la igualdad teórica que establece la ley entre los ciudadanos, oponiéndola a la democracia real, que reconoce la gran desigualdad que existe en la sociedad en todas sus esferas, lo que lleva a la participación directa y a las movilizaciones para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos, avanzando en la construcción de una sociedad realmente más igualitaria.

La distinción entre el valor de la democracia en sí misma y los resultados sociales y económicos que produce nos debería llevar a un análisis empírico que permita contrastar los logros y dificultades de un régimen frente a otro y los efectos en la cultura política y las opiniones de la gente. Como sostiene Grompone (1995: 54), los nuevos políticos vuelven a diferenciar la democracia formal de la sustantiva, descartando la primera si sienten que obstaculiza los propósitos de la segunda. Y para eso desprestigian a los actores políticos reduciendo la posibilidad de oposición, debilitando a los partidos políticos y a las mismas instituciones.

El nuevo autoritarismo ha estado respaldado también por la comunidad internacional que puso en la agenda la reforma del Estado buscando la tecnificación de la política, valorando así más la gestión, la gerencia y la eficiencia, que la construcción de instituciones. Grompone (1995: 55) resalta la coincidencia que se produce entre la crítica del gobierno y la opinión de la mayoría de ciudadanos en contra del estilo de gobierno del viejo Estado oligárquico. Efectivamente, hubo un momento en que en el país todos hablaban de reforma del Estado aunque esto significara algo distinto para cada actor. Desde Fujimori, que apuntaba a reducir el aparato del Estado y volverlo más «eficiente» sin discutir sus fines, pasando por Hernando de Soto quien buscaba disminuir la presencia del Estado para estimular el capital privado, hasta Abimael Guzmán, el enemigo que buscaba destruir el viejo Estado para crear uno nuevo, ya no oligárquico sino autárquico. Hoy ha quedado el énfasis en la gestión pública, pero se ha incorporado la importancia de las políticas de largo plazo que permitan proyección y acumulación. Lo que faltan son los objetivos integradores de una comunidad política y la noción de bien común en la cultura cotidiana del ciudadano.

La experiencia de la democracia sigue siendo débil y precaria en el Perú, no es posible hablar de una continuidad o de acumulación y aprendizaje, ni en las élites ni en los ciudadanos. La interrupción del sistema o del régimen político es una posibilidad permanente, y con él, el cambio en la modalidad de participación, y de organizarse como actores, lo que afecta también a las instituciones. Recordemos que todo elector en el Perú al cumplir 18 años, ya ha vivido la experiencia de dos o más regímenes políticos.

IV. DE MOVIMIENTOS SOCIALES A SOCIEDAD CIVIL Y A MOVIMIENTOS SOCIALES

Uno de los principales problemas para volver a establecer instituciones democráticas es la poca capacidad que éstas tienen para canalizar las demandas ciudadanas y de gestionar los recursos públicos como bienes públicos y no personales o privados. A esta dificultad se añade la capacidad o no que tienen de desmovilizar a la población que generalmente ha sido quien ha logrado producir las condiciones para un gobierno democrático con sus acciones políticas y que ha reforzado su conciencia ciudadana no sólo en términos de obligaciones sino de derechos. Si usáramos el esquema de agente/principal, en el contexto institucional de la democracia, la ciudadanía es el principal y el político es el agente. No en el sentido de actor, sino en tanto representante del ciudadano. Pero esta noción que puede ser clara en el esquema, no lo es en las relaciones de poder. Una vez que se restablecen las instituciones, el poder pasa por el agente, y no por el principal, hasta las siguientes elecciones.

La tarea es pues la de encaminar políticamente el interés y la voluntad de participar a través de canales de representación y otras mediaciones que harían más fácil el acceso de todos a la política. Esto permitiría a la población regresar a sus lugares de trabajo, a sus rutinas familiares, a la normalidad de la vida cotidiana, manteniendo una actitud crítica y vigilante mientras los cuadros especializados se ocupan de la tarea de gobernar.

El problema como dicen los expertos en poliarquía es que el supuesto para que esto opere es que el mercado y las otras esferas de acción funcionen y sean dinámicas. Si las dificultades propias del mercado son grandes, como en el caso peruano, entonces el Estado debe intervenir en sustitución.

Como sostiene Avritzer (2002), puede ser que en la anterior ola democrática cuyo centro estuvo en Europa, donde surge el modelo de desarrollo basado en la industrialización y organizado por el mercado, la participación ciudadana se entendiera como un desafío a la gobernabilidad, pero en América Latina es esta participación la que estaría permitiendo que se constituyan las instituciones democráticas y que el desarrollo como problema entre en la agenda política. En este sentido cabe decir que son la movilización y la participación las que pueden llevar a mejorar las condiciones para el funcionamiento de la democracia.

El concepto mismo de participación es definido de distinta forma por la sociología y por la ciencia política. En el primer caso, es la integración a una comunidad y el papel activo o pasivo que se desempeña en ella, mientras que en la política se restringe a la participación en los procesos electorales a través del voto. En el Perú, como en América Latina, el concepto sociológico es fundamental para la política. De la integración de los ciudadanos en los distintos niveles de la sociedad depende la posibilidad del pacto fundacional que se supone existe en una sociedad democrática10.

Uno de los indicadores que habría que mirar para evaluar la fortaleza o debilidad de la democracia es la capacidad de movilización que tienen los ciudadanos y los objetivos de su movilización. Los momentos de mayor movilización en el Perú son los que han antecedido a las democracias, como en el periodo entre 1976 y 1980 y posteriormente entre 1998 y el 2001. Estas movilizaciones requieren de un aparato organizativo y cultural que logre convertir las necesidades individuales en intereses comunes y convocar a la ciudadanía a acciones conjuntas, con un alto nivel de legitimidad para contrarrestar el riesgo.

Generalmente, los movimientos sociales se desactivan solos al lograr sus objetivos, pero su potencial movilizador se mantiene latente en sus organizaciones. Éstas han llegado debilitadas al siglo XXI pero el último informe del PNUD (2006) da información al respecto de una manera un poco compleja. El índice que elabora muestra un patrón general de baja asociación y participación. Las variables que utiliza miden si la institución existe en la localidad, si al entrevistado le corresponde participar, si pertenece, asiste frecuentemente y si ha sido dirigente. Las instituciones que están más extendidas son los grupos religiosos (61,1%), los clubes sociales y deportivos (42,5%), las asociaciones de padres en los colegios (35%) y las asociaciones vecinales (23%), seguidas por los comités políticos (17,9%).

La desmovilización en el Perú ha sido bastante exitosa. Levine y Romero (2004) se refieren a este proceso como uno de desempoderamiento, en el sentido de que los actores sociales han perdido capacidad de sumar esfuerzos con objetivos comunes, han debilitado sus organizaciones y han dejado de ser un poder alternativo capaz de negociar a favor de sus intereses con las clases dominantes. Este poder se canaliza hoy día a través de organizaciones de otro tipo, que incluyen a las Iglesias, a las organizaciones no gubernamentales y a otro tipo de asociaciones que todavía tienen que hacer su camino.

La agenda de muchas de estas organizaciones tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad democrática desde la sociedad civil. Se refuerzan las organizaciones y la formación del ciudadano para que conozca y defienda sus derechos, para que vigile y pida cuentas a los gobernantes y funcionarios. Sin otra ideología de por medio que la de la democracia y la ciudadanía, estas organizaciones pueden ser vistas como un peligro para la estabilidad del sistema, en el nuevo contexto de acumulación económica que se vive en América Latina. El gobierno puede orientarse fácilmente al servicio de unos pocos, dejando fuera la atención de las mayorías. En el Perú, el crecimiento de la economía se sustenta en el modelo de exportación primaria y no en el de desarrollo del mercado interno, lo que lleva a privilegiar a los inversionistas, sean éstos internacionales o locales, y no al trabajador o consumidor nacional.

Los movimientos sociales fueron durante décadas los principales canales de participación popular y de representación de los intereses de las clases trabajadoras y de los consumidores de bienes públicos. Pero el estancamiento y decrecimiento de la economía en la crisis de la década de 1980, y posteriormente con la apertura de mercados y el término de las políticas de protección en todo el continente, debilitaron a la clase trabajadora, agrandando el sector de mano de obra informal, y en servicios, con empleo precario e inestable. La pobreza aumentó y apareció la extrema pobreza como problema nuevamente. En ese contexto, la persistencia de las asociaciones y de organizaciones con distintos fines ha contribuido a la formación de conciencia ciudadana, de derechos, y a la participación encaminada tanto a los procesos electorales como a la expresión directa de intereses, necesidades y opiniones. Se puede hablar en el Perú de una sociedad civil plural y diversa, con algunos núcleos fuertes que no llegan a articular a una ciudadanía muy dispersa y desigual. La expresión más clara de la debilidad de la sociedad civil podría estar en la falta de partidos políticos que sean canales efectivos de participación, formación de opinión y acción política para los ciudadanos.

V. SOCIEDAD CIVIL DE CIUDADANOS Y ESTADO DE SEÑORES: HACIENDO HISTORIA

Tomando el año 1980 como punto de partida para el restablecimiento de la democracia en el Perú, lo que quiero mostrar es la fuerza y la debilidad de las instituciones realmente existentes en la sociedad peruana y la dificultad de cambiarlas. Quisiera partir de la paradoja que se produce durante el régimen de Velasco, autoritario y dictatorial sin lugar a dudas en términos institucionales, pero que permite que se avance en la formación de condiciones para la poliarquía y para la formación de ciudadanía. Es decir, se produjeron condiciones para la democratización de la sociedad, entendida como incorporación universal a la educación, al derecho de propiedad como oportunidad para todos (a través de las invasiones de tierras urbanas, de la reforma agraria y las formas diversas de propiedad como las cooperativas agrarias), y a la libre asociación (vecinos en Pueblos Jóvenes, los sindicatos, etc.). Lo menciono como una paradoja, y una situación llena de contradicciones, porque se dieron medidas como la reforma agraria que recortó el acceso a la propiedad de las élites terratenientes, pero también otras que ampliaron el acceso a la propiedad rural y urbana del campesinado rural11 y de los que emigraron a las ciudades. La reforma educativa y la atención a la educación inicial y de adultos redujeron el analfabetismo. A la vez, por las características del régimen no se avanzó en la construcción de instituciones democráticas, pero no se destruyeron las asociaciones existentes, creando asociaciones paralelas en algunos casos, produciendo en el intento un espacio público participativo con elecciones y rotación de dirigentes, donde se buscó la autonomía del control del Estado. Muchas de las asociaciones vecinales todavía existen, según el informe del PNUD (2006: 65) en el 23% de las localidades tienen un nivel de participación de 63,4%, lo que es bastante alto.

Este proceso asociativo se reforzó con los movimientos espaciales de la población que se trasladaba masivamente del campo a la ciudad, organizándose para invadir terrenos para vivienda. Lo que cabe resaltar para nuestros fines es que el modelo de crecimiento de las ciudades a través de invasiones de terrenos y autoconstrucción y no sobre la base de un mercado de terrenos urbanos y viviendas dio lugar a una dinámica asociativa sin precedentes en el Perú. Podemos comparar lo sucedido con la movilización hacia el despoblado este norteamericano de masas de individuos emprendedores, arriesgados y pragmáticos buscando un futuro prometedor. En el Perú los que marchaban hacia el oeste, donde estaban las ciudades más pobladas, buscaban huir de la servidumbre de las haciendas o del estancamiento y empobrecimiento del campo, esperando encontrar mejores lugares donde vivir y asentarse con sus familias, aun a riesgo de sus propias vidas.

No tenemos información de la época sobre la cultura política, pero es posible que se diera un cambio importante entre los pobladores rurales y los emigrantes del campo a la ciudad, hacia una conciencia de ser sujetos de derechos económicos y sociales, en el sentido de una toma de conciencia del derecho moral'2, ya que no legal, a tener algo y a ser reconocidos como personas. Si bien esperaban del Estado colaboración y respuesta, esta expectativa iba acompañada de un sentido de autonomía personal frente al gobierno militar del que conseguían beneficios a partir de sus demandas de servicios públicos y de su activa participación directa a través de los canales abiertos por el régimen (SINAMOS) o de los movimientos sociales (movilizaciones en demanda de agua, escuelas, postas médicas). Estos movimientos se venían dando desde finales de la década de 1980 e incidieron en la elección del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) e indirectamente en el golpe de Estado que le dio término (1968-1980). Se produjo en cierta manera una afirmación de capacidades (Degregori, Blondet y Lynch, 1987), al darse la posibilidad de expresar intereses a través de la participación directa en organizaciones y luchas colectivas y de conseguir resultados con el propio esfuerzo, el trabajo voluntario y los aportes económicos. No se trataba ciertamente de virtudes cívicas en el sentido de Almond y Verba, pero sí de un resultado de lo que Sinecio López (1996: 123) describe como las «incursiones democratizadoras» en el paso de la «sociedad de señores a la sociedad de ciudadanos». En palabras de Arias (1994: 37)

los años del régimen militar generaron una enseñanza contradictoria para los peruanos: de un lado, confirmaron la mentalidad caudillista autoritaria que lo espera casi todo de un líder poderoso que está más allá de las leyes, las tradiciones y las instituciones. De otro lado, el discurso anti-oligárquico y nacionalista ayudó a quebrar aquella tradición de sumisión ante los poderosos, los distinguidos y los blancos.

Así, mientras el régimen militar produjo como un resultado inesperado sociedad civil y ciudadanía en un contexto autoritario, durante la democracia se debilitó la sociedad civil y se continuó reforzando la noción de señorío. Esto sucedió a pesar de las instituciones democráticas, que funcionaron paralelamente al drama que vivía el país. Quizá era también un resultado previsible del enfrentamiento de la violencia de Sendero Luminoso, producto de su cerrada ideología dogmática y organización vertical, con autoridades democráticas que encargaron a las Fuerzas Policiales primero y luego a las Fuerzas Armadas la solución del conflicto, cayendo también en la violencia como el único medio para lograr la paz.

Las asociaciones y organizaciones que se habían fortalecido en la década anterior desaparecieron o perdieron el espacio de acción que tenían, en vez de ampliarlo, y su propia institucionalidad se debilitó. En vez de abrirse progresivamente el espacio público político, asociativo y participativo, la convergencia del inicio del nuevo régimen con la violencia produjo el recorte de las libertades y de los derechos ciudadanos que hubieran correspondido en condiciones normales a una situación democrática. El debilitamiento y desempoderamiento de los sectores organizados se produjo al no tener las condiciones políticas ni económicas para oponer resistencia o hacer oposición.

En las décadas de 1980 y 1990, las principales organizaciones sociales llegaron a ser los comedores populares13 y el programa municipal del vaso de leche, organizado por Alfonso Barrantes Lingán, de Izquierda Unida, cuando fue elegido alcalde de Lima en 1983 y que existe todavía. Las dirigentes de estas organizaciones no escaparon a los ataques de Sendero Luminoso que combatían por la hegemonía total. Acompañaban a estas organizaciones las asociaciones sin fines de lucro o organizaciones no gubernamentales, ONG y también comunidades cristianas y agentes pastorales de la Iglesia Católica y de Iglesias Evangélicas, así como de la Adventista.

El papel de las organizaciones de mujeres en la lucha por la supervivencia y la mejor calidad de vida ha sido muy cuestionado por los analistas sociales, porque era un claro signo del debilitamiento del movimiento obrero y de la propia ética del sistema capitalista en su capacidad de autorreproducción. Pero el capitalismo nunca se desarrolló en el Perú como ocurre en los libros de historia. El valor de las organizaciones que surgieron en esta década está en la capacidad de producir espacios asociativos de comunicación y expansión de la ciudadanía para las mujeres que no habían tenido un protagonismo igual en las décadas anteriores. Finalmente fueron cooptadas por el régimen de Fujimori y, junto con las otras organizaciones sindicales y populares, perdieron capacidad de movilización y de crítica. Otras organizaciones que surgieron en esas décadas fueron las rondas campesinas, primero en la sierra norte del país como defensa frente a los abigeos, y luego se extendieron o replicaron en otras zonas del país con un carácter de protección y defensa frente a la violencia armada, y por lo tanto desarrollándose en la misma lógica de control y sanción. Pronto surgieron las Comisiones de Derechos Humanos, primero orientadas a la defensa de los derechos de las personas frente a abusos del Estado pero luego se amplió la definición de violación de derechos humanos para incluir a los afectados por los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (mrta), por incurrir en desapariciones y crímenes de lesa humanidad.

A estas organizaciones de base se unieron las organizaciones no gubernamentales que se habían multiplicado a fines del régimen anterior y que tuvieron que reubicarse al cerrarse los espacios de acción en muchos lugares del país, abandonando muchos de los proyectos de desarrollo en las zonas de emergencia, siendo también un objetivo del ataque de Sendero Luminoso y en algunos casos del Estado. Las Iglesias reforzaron progresivamente su presencia pública que había disminuido al iniciarse la democracia, a través de las Vicarías de la solidaridad, de la Comisión de Acción Social en el caso de la Iglesia Católica y de oficinas similares en otras iglesias.

Se puede entonces hablar de una ciudadanía y de una sociedad civil asediada y disminuida al igual que las instituciones de la democracia, pero que dieron la pelea por mantener un espacio público abierto, la vigencia de los derechos civiles y humanos, y participaron en los procesos electorales confiando en la democracia. No olvidemos que habían forjado su conciencia ciudadana en la lucha por sus reivindicaciones en un contexto no democrático. Lo que cambiaba el escenario político era que había elecciones y un conflicto armado interno que los colocó muchas veces en situaciones de quedar atrapados entre dos fuegos.

¿Cómo analizamos este proceso de formación de ciudadanía y de sociedad civil? Lo que se identifica como base de la formación de la sociedad civil, se da en el contexto de un régimen dictatorial con un proyecto modernizador, es decir, un modelo de cambio tipo junker, desde una élite militar, basado en el Estado y no en la sociedad civil, pero que respeta las asociaciones y elecciones Ubres en ese espacio asociativo. La oposición a ese régimen fue liderada por los partidos de izquierda, que se autodefinían como no electorales, con el objetivo de la toma del poder cuando las condiciones estuvieran dadas. Éstos fueron desbordados por lo que se llamó el movimiento popular, en el sentido que desbordaba lo clasista, para incorporar a las masas de pobres urbanos, emigrantes con identidades regionales, comerciantes, profesionales emergentes, mujeres, provincianos, entre otros. Las identidades únicas, monolíticas o simples fueron cuestionadas desde la otra modernidad en gestación que reclamaba el derecho a reconocer sus múltiples identidades.

Los nuevos actores fueron vistos como informales (De Soto), desbordando las instituciones existentes (Matos Mar), irrumpiendo en la historia (Gutiérrez) o como representantes de otra modernidad (Franco). Pero no fueron reconocidos por los políticos. Sus intereses comunes, si los había, no fueron elaborados políticamente de tal manera que pudieran identificarlos entre sí y como colectivo. Esto contribuyó a que se les viera como fragmentados y no «representables».

Rochabrún (2003), analizando los problemas de representación que se producen plantea «una hipótesis "ortodoxa": la disolución del carácter de clase de los representados». Si ésta había estado vigente durante gran parte del siglo XX, al institucionalizarse la democracia nuevamente y formarse los partidos se perdió el sentido de representación que habían tenido en términos de derecha y de izquierda.

Para el liderazgo de los grupos de izquierda fue difícil el cambio de una cultura política de vanguardias y de cuadros militantes para el logro de objetivos de largo plazo, a otra de ciudadanos y representantes con agendas concretas que requerían de alianzas y negociaciones. La noción de una representación democrática verificada por el voto de ciudadanos no era cercana a una de representación de intereses objetivos, que podían no ser percibidos por los individuos interesados, miembros de la clase representada, supuestamente engañados por las promesas burguesas de igualdad. El cambio de valores políticos fue difícil y no se logró en la década de 1980; pese a los intentos de formar una izquierda democrática y unida, que fracasaron. La práctica política de estos grupos también estuvo marcada por el conflicto armado interno que obligó a los cuadros partidarios de algunos de ellos a desarrollar una práctica democrática a la vez que seguían usando un lenguaje radical para competir con los cuadros de los partidos violentos que avanzaban en su lucha ideológica y en su reclutamiento compulsivo en el terreno de las organizaciones sociales.

Lo particular de la democracia en el Perú es que la democracia funcionó, con las limitaciones presentadas, pero sólo para la mitad del país, en donde se construían instituciones, se mantenía un espacio público abierto a la libertad de expresión, mientras que en la otra mitad que estaba en estado de emergencia, no existía la ley fuera de la autoridad militar. Entre 1980 y 1992, hubo tres elecciones presidenciales y parlamentarias, y cuatro elecciones municipales en todo el país. Y a la vez, estaban suspendidas las libertades individuales en la mitad del país, incluyendo Lima, y las asociaciones civiles privadas sin fines de lucro y las instituciones políticas vivían en constante riesgo de ser atacadas de uno y otro lado.

Esta situación fue posible por la distancia existente entre el Perú oficial y el Perú real, términos empleados por Jorge Basadre, historiador de la República en el Perú. Mientras el Perú oficial es el que imagina la Constitución, y en el que tratan de vivir algunos peruanos, afirmando la igualdad entre los peruanos (incluidos en este Perú), los derechos individuales, las libertades y leyes de avanzada copiadas de otros países, el Perú real es habitado por todos. Ahí viven las élites occidentales, educadas en colegios y universidades particulares, que hablan bien el idioma castellano y leen periódicos, aunque no siempre paguen impuestos y nunca hayan hecho el servicio militar obligatorio, ejerciendo relaciones de poder que no se llegan a despersonalizar, junto con todos los peruanos de la Costa, de los Andes y la Amazonia, con distintos niveles de manejo del castellano, y con doctorados o muy pocos años de educación a cuestas, desinformados pero opinando y con hambre pero activos. Unos y otros tienen derechos que no se llegan a reconocer, leyes que se sabe cómo evitar, actividades económicas emprendedoras pero que pueden pasar por un mercado paralelo y pagar cupo para sobrevivir. Es el mundo de los emigrantes del campo que llegan a las ciudades y empiezan a construir sus viviendas ladrillo a ladrillo. De los que emigran al extranjero buscando el progreso y la liberación de lazos personales y relaciones de servidumbre que ya no los dejan avanzar más en su propio país. Y de grandes empresarios que buscan conocidos para conseguir más rápido sus objetivos. El Perú oficial y el Perú real no aluden a una diferenciación de clases, sino al país formal, diseñado legalmente, y al país informal, que responde al comportamiento real de sus ciudadanos y gentes. La distancia entre ambos existe en toda sociedad. En el Perú, la distancia es muy grande.

La distancia se agrandó y cambió cualitativamente durante el régimen de Alberto Fujimoi, que Pease (1999) llama un gobierno mafioso, por las redes de corrupción que pasaron a ser parte del mismo sistema político. A lo que habría que añadir un sistema paralelo, con puntos de contacto no analizados, como son las redes del narcotráfico que operan en el país.

Otro elemento que no suele incluirse en los análisis políticos es el factor étnico, pero en un país como el Perú donde éste es un factor importante en el espacio privado, puede ser interesante notar el cambio étnico que se ha producido durante el siglo XX en las élites sociales y políticas, que pueden ser más cerradas que las económicas, y el impacto que esto puede haber producido en su cultura política. La referencia a las élites latinoamericanas las ha caracterizado como hispanas y católicas, dando lugar a una especie de modelo latino cosificado que no corresponde con la realidad dinámica de este sector.

La migración europea al Perú en el siglo XX fue muy pequeña en comparación con la de otros países del continente que tienen grandes colonias españolas, italianas o alemanas. Pero los inmigrantes europeos que llegaron se incorporaron rápidamente a las élites criollas descendientes de españoles que habían favorecido la inmigración por motivos raciales explícitos. Si tomamos el concepto de Bordieu de distinción, ésta se ha producido en el Perú en el terreno étnico donde las élites blancas afirmaron su poder a partir de la legitimidad de su superioridad social y cultural. La élites criollas buscaron diferenciarse de la identidad indígena, a través del «blanqueamiento», que se consigue con el correcto manejo del idioma castellano y ahora del inglés, la educación en los colegios adecuados a los cuales asiste la élite blanca, residir en el distrito correcto, pasar el verano en playas exclusivas, y la pertenencia a clubes exclusivos. Y este proceso se reproduce en las élites locales, donde es muy difícil para el foráneo diferenciar por el fenotipo racial a unos de otros, pero donde está muy claramente establecida la distinción entre los mistis'4 o señores y los otros.

Es esta dinámica de distinción, que sigue vigente hoy, la que facilitó la integración a las élites de los inmigrantes extranjeros blancos. No sucedía lo mismo sin embargo con las migraciones de otros continentes que se integraron a las clases medias, siendo vistas con distancia por las élites, aunque se han ido incluyendo progresivamente, hasta alcanzar ingresar al círculo económico y social y finalmente al político durante el gobierno de Fujimori. Con un carácter más pragmático, sin tradiciones que mantener, ni lealtades que las obliguen a relaciones de reciprocidad, nuevos grupos familiares, de diferentes orígenes nacionales y culturales, incluidos los andinos y amazónicos, se han incorporado a las élites o presionan para hacerlo.

El mecanismo de distinción que opera espontáneamente en las élites criollas nacionales y locales podría jugar un papel en las elecciones. Por ejemplo, la elección de Fujimori fue una sorpresa para la clase política y un éxito para los sectores populares. Golpearon con su voto a los señores tradicionales, representados por Vargas Llosa en 1990 y por Pérez de Cuéllar en 1995, independientemente de sus ideologías y programas de gobierno. Los electores ampliaron el espectro de la representación más allá de la clase política, pero eligieron a un señor nuevo, quien aprendería a serlo gracias al carácter de las instituciones de la democracia que lo encumbran como tal. Fujimori es un señor porque ha sido rector de la Universidad Nacional Agraria, institución de prestigio, pero es nuevo porque surge de abajo, habla el castellano con dificultad, tiene el pelo negro y lacio, su movimiento corporal es torpe y rígido. Lleva con él a los protagonistas del «desborde populan según Matos Mar: a los evangélicos y a emigrantes de provincias, y no europeos, muchos de ellos peruanos de primera generación, de origen extranjero no europeo, o a profesionales de universidades nacionales de Lima y provincias.

Alejandro Toledo fue elegido como señor nuevo porque parecía que iba a reunir los requisitos al haber estudiado en una universidad de prestigio y ser un profesional reconocido, y venía de abajo, de lustrar zapatos y de una familia de inmigrantes de Cabana a Chimbóte. Hablaba el castellano con acento inglés, y su lenguaje corporal seguía siendo campesino. Pero no representó bien su papel de señor, aparecía débil y no fue aceptado por los otros señores, por lo que no recibió la aprobación de su audiencia ciudadana. Alan García se equivocó en su primer gobierno, fue un señor y fue expulsado de ese círculo. Pero ha recibido una nueva oportunidad.

VI. CONCLUYENDO

Si el Perú oficial y legal está separado del Perú real ¿cómo afecta el tipo de régimen al Perú real? Es posible que un régimen dictatorial sincere esta relación y la haga visible: la ley pasa a estar en manos directas de los gobernantes, y no de las instituciones, y la población tiene que depender de su propia iniciativa, o recurrir a lazos personales o a presiones colectivas para obtener apoyo del Estado. A este sistema se le llama populismo o participación directa. Cuando se pasa a un régimen democrático, aparece la Constitución como garantía para todos los ciudadanos que podrán ejercer sus derechos con igualdad de condiciones. Pero ésta es vista como ficción cuando el Poder Ejecutivo sigue negociando con la población de forma similar que durante el régimen autoritario o dictatorial. Con la mediación del Congreso hay que pasar por las leyes para obtener beneficios, y las leyes tienen un cuerpo de guardianes organizados: los congresistas y los abogados, que aparentemente limitan los beneficios para unos pocos. Una de las maneras de medir la calidad de la democracia podría estar en explorar las conexiones que existen y se perciben entre un Perú y el otro.

No es sólo la definición de la democracia, sino también su práctica, la que nace de una terca voluntad. La aspiración al reconocimiento de los otros, a acortar las distancias que nos separan, a no ser mirados como otros ajenos sino como iguales, son pequeños motores de la historia contemporánea que mueven a los peruanos a construir una democracia.

El afán por distinguirse unos de otros no se da sólo verticalmente, entre los ricos y los pobres o los poderosos y los débiles. Se da también horizontalmente entre las etnias, razas, regiones. Pero empieza a disminuir entre los emigrantes internos que miran al futuro y ponen la demanda de inclusión y participación en el centro de sus intereses. Ésta puede ser una de las claves para analizar la calidad de la democracia en el Perú. Como dice Avritzer (2002) la oleada democrática latinoamericana se ha basado en la participación ciudadana que ha intervenido activamente en la creación de instituciones que garanticen elecciones limpias, el respeto al voto ciudadano, y el derecho a la representación de sectores que antes no podían acceder al poder.

Desarrollar la política como el espacio de integración de esta sociedad dividida es una de las posibilidades de legitimar la democracia por sí misma. Si la demanda principal es la de inclusión y reconocimiento, por acercar el Perú real al Perú oficial, la demanda principal es por construir la comunidad política y sus instituciones.

El Perú es un ejemplo de participación ciudadana y de inclusión progresiva, de su población, que no sigue una progresión acumulativa, lo que ocurre con muchos fenómenos que tienen que ver con relaciones de poder, ya que se han dado muchos episodios de ampliación de derechos que posteriormente se han perdido". La terquedad está en seguir buscando caminos para lograr reconocimiento e igualdad.

Levine y Molina nos proponen analizar la calidad de la democracia con nuevos indicadores, que den cuenta de los elementos que intervienen en cada sociedad para permitir el funcionamiento de las instituciones y el encuentro entre los ciudadanos, y los que la dificultan. El contenido de este artículo ha buscado explorar las condiciones difíciles que ha atravesado el Perú en el intento de construir una democracia poliárquica, que explican, en gran medida, la situación de las instituciones, de los partidos y de los ciudadanos. He recurrido al concepto de paradoja para explicar contradicciones, que no aparecen necesariamente en una línea continua de oposición pues muchas veces se trata de opuestos que se atraen. Avanzar en intentos de operacionalización y medición es una tarea pendiente, que debe llevarnos a ejercicios metodológicos creativos, ya sugeridos por los autores citados, y que pueden permitirnos salir de lo particular, para entrar a la comparación.

Sidebar

La construcción de la democracia en el Perú es una vieja tarea que se realiza, aunque imperceptiblemente, lenta y tercamente tanto en la cultura política de los nuevos ciudadanos como en la organización política de la sociedad. El presente artículo es un ensayo sobre la aventura democrática en el primer lustro del siglo XXI yendo a las últimas décadas del siglo XX en el Perú, en las que la institucionalidad democrática adquiere nueva legitimidad, para entender las dificultades que los actores políticos encuentran y que se deben tomar en cuenta para hablar de la calidad de la democracia, en la línea que el artículo de Levine y Molina (2007) nos propone.

Palabras clave: democracia, ciudadanía, sociedad civil, cultura política, representación.

The construction of democracy in Peru is a long standing challenge that has advanced slowly and stubbornly, if imperceptibly at time, in both the political culture of the citizens and the political organization of society. This article analyzes the «democratic adventure» in Peru in the first years of the 21st century in the context of the last two decades of the 20th, when democratic institutionalization achieved a new level of legitimacy, to identify the challenges to democracy that political actors have confronted. These elements will help analyze the quality of democracy along the lines proposed in the work of Levine and Molina (2007).

Key words: democracy, citizenship, civil society, political culture, representation.

Footnote

1. Agradezco los comentarios de los revisores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.

2. El tamaño de la muestra PNUD 2006 fue de 11.215 casos y se ha trabajado con una confiabilidad estadística de 95% o 90%, según el grupo analizado.

3. Este porcentaje se mantiene estable en los sondeos mensuales de diferentes empresas y universidades hasta el mes de febrero del 2007.

4. Las elecciones son obligatorias en el Perú y se paga una multa por no ejercer el derecho al voto.

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5. Según la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tomada en el mes de diciembre del 2006 en Lima Metropolitana.

6. Podríamos preguntarnos si las elecciones en sí mismas son un indicador de la calidad de una democracia o no. El exceso de elecciones podría ser un indicador que exprese una débil representación y canales de participación y control de los gobernantes, por algo hemos tenido ya tres elecciones en este siglo.

7. Partido formado en 1995 por Javier Pérez de Cuéllar, candidato a la Presidencia de la República en oposición a Alberto Fujimori. Se reinscribe el 8 de marzo del 2005.

8. La afirmación se basa en los resultados de su gobierno en términos de la mayor inflación conocida en el país y en términos de procedimientos, el intento de estatizar la Banca a la mitad de su primer gobierno, y las violaciones de los derechos humanos durante el mismo gobierno.

Footnote

9. El empate llevó a Flores a decir que le habían ganado las elecciones en las mesas de votación, pero rápidamente aceptó el resultado.

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10. Quizá también se puede analizar el carácter del pacto en una sociedad no democrática y qué sucede cuando éste se rompe.

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11. Como sabemos, no en forma iindividual, sino colectiva a través de cooperativas y sociedades productivas. Pero también se dio la ampliación de la pequeña propiedad privada.

12. En el sentido que le da el inglés al concepto de entitlement.

Footnote

13. Autogestionados, parroquiales y vinculados a alguno de los partidos políticos que gobernaron en la década, es decir, las cocinas populares (AP) y los clubes de madres (APRA).

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14. Significa blanco en quechua y es el nombre dado a los que tienen autoridad local.

Footnote

15. No es una dinámica de lucha de clases avanzando en una dirección, es una lucha entre poderes regionales, étnicos, religiosos, y por supuesto con intereses económicos en juego, que no pueden simplificarse en una sola dimensión, ni plantearse linealmente. Tienen que estudiarse empíricamente para comprender los factores que favorecen o dificultan que se impongan unos intereses sobre otros en el contexto andino y latinoamericano.

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