INTRODUCCIÓN
En los últimos años, los colombianos hemos visto un aumento notable de noticias relacionadas con los llamados “carteles" en las licitaciones públicas. En particular, vemos que la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) ha asumido un rol protagónico en la investigación y lucha contra este tipo de estructuras. A la par de la Fiscalía General de la Nación y demás entidades de control, la SIC se ha posicionado como otra entidad que vigila los procesos de contratación estatal desde una perspectiva que combina la lucha contra la corrupción y la libre competencia.
En este artículo se plantea la siguiente tesis: La lucha contra los carteles en contratación estatal en Colombia es, en realidad, un capítulo local de dos proyectos globales que están transformando el panorama jurídico y político mundial; el de la lucha contra la corrupción y el de la lucha contra los carteles empresariales. La creciente importancia de la SIC en la contratación estatal es una manifestación de este desarrollo, que demuestra que Colombia es un escenario de proyectos globales que se desarrollan en prácticas e instituciones locales. Pero, como es de esperar, la forma en que estos proyectos se desarrollan da lugar a cambios institucionales y a prácticas locales que muchas veces distan de lo esperado y que son, en algunos casos, contraproducentes.
Este artículo está dividido en tres secciones. En la primera hago referencia brevemente al desarrollo de la lucha contra la corrupción y a la lucha contra los carteles como dos proyectos globales. En la segunda describo sucintamente los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y la SIC para desarrollar la agenda del proyecto de lucha contra los carteles como parte de la lucha contra la corrupción. Finalmente, en la tercera fijo el análisis en tres instancias que muestran los problemas de usar el derecho de la competencia para luchar contra la corrupción.
1. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTRA LOS CARTELES EMPRESARIALES: EL ESCENARIO GLOBAL
Los colombianos nos estamos acostumbrando a oír noticias relacionadas con los esfuerzos de la administración en contra de los carteles empresariales como parte de su lucha contra la corrupción. Sin embargo, pocas veces advertimos que detrás de estas noticias hay actores e instituciones, tanto nacionales como internacionales, que buscan que la lucha contra la corrupción y contra los carteles sea una prioridad social. Es decir, nuestra sensibilidad a estas problemáticas no viene solo de la indignación que nos producen los escándalos de corrupción o los carteles empresariales, sino también de los esfuerzos que han realizado estos actores durante décadas para posicionar estas materias en la agenda pública. Estos esfuerzos son ejemplos de lo que aquí se denomina “proyectos".
El concepto de “proyecto" permite capturar los esfuerzos que adelantan los distintos actores e instituciones por promover sus perspectivas e intereses en los ámbitos nacional e internacional. Un proyecto reúne no solo a dichos actores e instituciones, sino que también incluye las ideas que estos promocionan; sus esfuerzos buscan redefinir la manera en que se entienden distintos fenómenos sociales. Por lo tanto, el posicionamiento de un proyecto es un ejercicio de poder sutil, que combina tanto la producción de conocimiento como su “traducción" o implementación, bien sea mediante cambios en las prácticas institucionales o con la construcción de instituciones nuevas. En este sentido, la consolidación de un proyecto es uno de los principales mecanismos de cambio institucional y social (McMichael, 2004, 39).
1.1. Sobre los orígenes globales de la lucha contra la corrupción en la contratación estatal
A primera vista, la lucha internacional contra la corrupción trata un fenómeno social amplísimo, y una de sus facetas comunes es el campo de la contratación estatal. El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de un cargo público para otorgar un beneficio particular –“the abuse of public office for private gain"–1. Nótese que esta definición implica una negociación entre lo público y lo privado, el ámbito del Estado y el ámbito de los particulares. En un sentido similar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE) define “corrupción" como el uso de las prerrogativas de las que gozan los funcionarios públicos para beneficio personal2. A la luz de los procesos de contratación estatal, la lucha contra la corrupción busca que dicha actividad sea más transparente y que los contratos con el Estado no se asignen a personas o empresas por razones diferentes a los méritos de sus propuestas.
Al referirnos a los méritos hago explícito que la lucha contra la corrupción tiene una dimensión moral evidente y prevalente. Los actos corruptos merecen nuestro rechazo porque se originan en el engaño y la trampa. Pero, además de lo anterior, la corrupción en contratación pública también es vista como un problema social que afecta el desarrollo económico de los países. La corrupción impide el funcionamiento adecuado de las entidades estatales, evita que las inversiones contratadas se lleven a cabo como está previsto en las normas aplicables y disminuye notablemente la confianza de todos los actores del entorno, en especial la de los inversionistas. Así pues, la corrupción en materia de contratación estatal tiene dos aspectos de interés: por un lado se trata de prácticas éticamente reprochables y, por el otro, de prácticas que dificultan el desarrollo económico de los países3.
Los orígenes de nuestra preocupación por la corrupción como fenómeno social se remontan al afianzamiento de esta lucha como un proyecto global, lo cual ocurre más o menos durante la década de 1970. En Estados Unidos, una serie de escándalos políticos y financieros, desde Watergate hasta los supuestos sobornos pagados por la compañía United Brands en Honduras, contribuyó a posicionar los hechos de corrupción en la agenda pública. En 1977, el presidente Jimmy Carter firmó la ley federal que sanciona prácticas corruptas en el extranjero –la Foreign Corrupt Practices Act–. En el espacio internacional, el impulso de Estados Unidos contribuyó a que la lucha contra la corrupción hiciera parte de la agenda de las Naciones Unidas, pero sin mayor éxito. Los esfuerzos por enfrentar la corrupción quedaron en ese momento en un punto muerto; si bien había un interés en los Estados Unidos y otros países en luchar contra este fenómeno, no era suficiente para poner en marcha políticas públicas concretas4.
El interés de enfrentar internacionalmente la corrupción (en términos de cambio institucional) se renovó con el final de la Guerra Fría. La caída del régimen comunista en la Unión Soviética llevó a que la confrontación ideológica entre sistemas políticos y económicos se transformara en una búsqueda del desarrollo, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Para ese entonces la corrupción ya era un fenómeno estudiado por la academia, pero fueron de nuevo grandes escándalos, en casi todos los rincones del planeta, los que contribuyeron una vez más a poner este fenómeno en la agenda social. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en la década de 1970, en la década de 1990 la lucha contra la corrupción encontró varios actores e instituciones que asumieron la causa como suya y que contribuyeron a la puesta en marcha de planes concretos5.
Un protagonista importante en esta historia es James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial entre 1995 y 2005. En un célebre discurso que pronunció en 1996 ante la asamblea del Banco, Wolfensohn fijó la manera en que actualmente entendemos la corrupción –como un problema ético asociado al desarrollo económico6–. A partir de su presidencia, el Banco Mundial se convirtió en uno de los principales actores en la lucha global contra este fenómeno social. Si bien el Banco Mundial asumió un rol preponderante en el posicionamiento de este proyecto, no fue el único actor que contribuyó a ello. Por un lado, Peter Eigen, quien también había trabajado para el Banco Mundial, fundó Transparency International en 1993, otro de los actores claves en este proyecto7. Por el otro, la OCDE trabajó de la mano del gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton para desarrollar una agenda sobre corrupción en esta entidad, la cual fue plasmada en la Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions de 19978. El posicionamiento internacional de este proyecto también se vio reflejado, de diferentes maneras, dentro de los estados. En el caso colombiano, por ejemplo, la renovada atención a la corrupción fue uno de los factores que contribuyeron al rediseño de la justicia en Colombia, que comenzó con la creación de la Fiscalía General de la Nación en 1991, en la Asamblea Nacional Constituyente9.
El enfoque más específico de los esfuerzos internacionales contra la corrupción en la contratación pública se desarrolló, como parte del proyecto de la lucha contra la corrupción, también dentro de entidades multilaterales. En un documento de 1996 elaborado para el Fondo Monetario Internacional, Paolo Mauro señala de manera explícita que la corrupción en los procesos de contratación estatal puede llevar a obras públicas de calidad inferior (2000). En otro documento para el Banco Mundial, Joel Hellman et al. argumentan que las empresas multinacionales que participan en contrataciones con los estados son más proclives a pagar sobornos para que les adjudiquen contratos que las empresas locales10. Así mismo, la lucha contra la corrupción en materia de contratación estatal también fue recibida por instituciones como la OCDE, que ha venido publicando varios estudios y recomendaciones precisamente sobre esta materia11. Y, al igual que con el proyecto más general de la lucha contra la corrupción, este proyecto específico también ha venido tomando formas particulares en distintos países. En Colombia este proyecto tomó la forma de la Ley 1474 de 2011, conocida también como el “estatuto anticorrupción en la contratación pública". Así mismo, Colombia trabaja en la actualidad con la OCDE para reducir la corrupción en la contratación pública, como lo muestran los reportes de los años 2014 y 201612.
1.2. Sobre los orígenes globales de la lucha contra los carteles empresariales en la contratación estatal
La lucha internacional contra los carteles empresariales es parte de un proyecto diferente al de la lucha contra la corrupción, y que se enfoca más en la actividad del sector privado que en la interacción entre éste y el sector público. Dicho proyecto busca que los carteles entre empresarios particulares sean sancionados duramente. Las razones por las que los carteles son indeseables son principalmente dos, y están relacionadas entre sí. Primero, los carteles eliminan la rivalidad que debería existir entre empresas competidoras, y, segundo, encarecen los bienes o servicios ofrecidos al público en general. A diferencia de la lucha contra la corrupción, la lucha contra los carteles es vista principalmente como un problema económico; la crítica moral a los carteles es menos prevalente en la discusión académica de la cuestión. Es decir, la ineficiencia y los precios artificialmente altos son reprochables en la medida en que afectan la asignación de recursos sociales, pero con menos frecuencia se les condena desde una perspectiva estrictamente moral13.
Los orígenes de este proyecto guardan cierto paralelismo con los inicios de la lucha contra la corrupción. Si bien jurisdicciones como la de los Estados Unidos de América y la Unión Europea ya investigaban y sancionaban carteles empresariales, la consolidación de un proyecto internacional solo tuvo lugar hasta la década de 1970. Durante dicha década, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) promovió un código de buenas prácticas en materia de libre competencia que fue promulgado en 1980 y que contó, además, con el respaldo oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1980). Sin embargo, este código no contó con el respaldo de Estados Unidos, país que a su vez venía redefiniendo internamente los alcances de su régimen federal de libre competencia de manera distinta al código mencionado.
El interés de este país en iniciativas internaciones cambió drásticamente durante la década de 1990. Durante esa década, en el seno de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC) se discutió ampliamente la posibilidad de incluir una serie de normas jurídicas de alcance internacional en materia de libre competencia. Esta iniciativa era impulsada por la Comisión Europea, la cual tenía una agenda internacional muy activa y una visión sustantiva sobre el derecho de la competencia que no compaginaba con la visión estadounidense. Ante el progreso de esta iniciativa, la respuesta de los Estados Unidos fue aliarse con la OCDE para que el Consejo de dicha entidad promulgara una recomendación basada en la lucha contra la cartelización empresarial y la cooperación internacional (OCDE, 1998). Con esta estrategia, los Estados Unidos y la OCDE le salieron al paso a la iniciativa que se discutía en la OMC –que terminó fracasando– y cambió de manera definitiva la arquitectura institucional detrás de la lucha global contra la cartelización14. Es precisamente de estos esfuerzos de donde surgió la idea de que la cartelización es la conducta anticompetitiva más perjudicial de todas. Esta idea se puede apreciar en varios pronunciamientos de la autoridad colombiana de competencia15.
1.3. La lucha contra los carteles empresariales en la contratación pública como amalgama
La lucha contra los carteles empresariales en la contratación pública en Colombia puede entenderse como una amalgama de los dos proyectos arriba mencionados: el de la lucha contra la corrupción y el de la lucha contra los carteles empresariales. Es un proyecto/amalgama en el sentido en que resulta de combinar aspectos de ambos proyectos, así la mezcla en sí misma sea desigual.
En primer lugar, esta amalgama se caracteriza por darle prioridad a la noción de corrupción sobre la noción de eficiencia económica. Por lo anterior, la lucha contra los carteles empresariales en materia de contratación estatal es vista como parte de la lucha contra la corrupción. Como consecuencia, el rechazo hacia los carteles empresariales se basa en razones morales que no se aprecia en otros escenarios. En segundo lugar, la restricción de la competencia, que resulta de los carteles o de las prácticas colusorias, se considera nociva porque afecta la capacidad del Estado de cumplir sus fines, y solo de manera secundaria se entiende que dichas estructuras y prácticas afectan la asignación social de recursos. En este sentido, la cartelización es vista como una forma de hacerle trampa al Estado, pero sin mayores reflexiones sobre cómo afecta la asignación eficiente de recursos sociales. Finalmente, esta amalgama ubica a las autoridades de competencia a la par de otras entidades estatales encargadas de velar por los recursos públicos. Al abogar por mecanismos de selección de los contratistas que privilegian la rivalidad entre éstos, y al investigar y sancionar aquellas actuaciones que desvirtúan esta rivalidad, las autoridades de competencia terminan vigilando la asignación de los recursos públicos. Así pues, este proyecto/amalgama redefine tanto aspectos conceptuales de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra los carteles, como aspectos institucionales sobre el rol de las autoridades de competencia frente a otras entidades estatales.
Según lo anterior, la cartelización en materia de contratación estatal es una práctica corrupta sui generis. Una de las razones de ello es que hay prácticas que a pesar de tener lugar solo entre particulares, se consideran corruptas; un ejemplo de ello es el caso de los pagos que tienen lugar entre los participantes de un cartel para que guarden silencio16. Este tipo de pagos se consideran actos de corrupción, a pesar de que no involucran lo público y contribuyen a la estabilidad del cartel; sin embargo, por ser considerados corruptos cargan con el oprobio de defraudar a la sociedad. Así pues, en el seno de este proyecto/amalgama, no es del todo claro si la cartelización es en sí misma corrupta; aun así, ambas van de la mano y son objeto del mismo oprobio social.
2. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTRA LOS CARTELES EMPRESARIALES: EL ESCENARIO LOCAL
El posicionamiento de la SIC como una autoridad fuerte en materia de carteles empresariales comenzó a mediados de la década del 2000. Si bien la SIC había sancionado a varias empresas por incurrir en actos colusorios desde 1999, en el 2005 esta entidad comenzó a difundir por los medios de comunicación sus decisiones en la materia, las cuales generaron un impacto en la opinión pública. La entidad sancionó a varios actores del sector agrícola –arroceros, azucareros, cebolleros y otros– por incurrir en acuerdos restrictivos de la competencia. En una nota publicada en agosto 15 de 2009, la Revista Semana se refirió al Superintendente de Industria y Comercio como un “superpoderoso" debido a las nuevas funciones que recibió en virtud de la Ley 1340 de 2009 así como por la importancia económica de las empresas que, en ese entonces, estaba investigando. La misma revista publicó seis meses después que el Superintendente de Industria y Comercio estaba “pisando callos" en el sector empresarial. La SIC estaba redefiniendo su posición en el contexto colombiano al desarrollar localmente el proyecto global de lucha contra los carteles empresariales. Además, los esfuerzos de la SIC por seguir las recomendaciones de la OCDE también resultan del esfuerzo del gobierno para que Colombia sea admitida como miembro de esta entidad17, lo cual ocurrió en el 2018.
A partir del año 2010, la estrategia de la SIC empezó cambiar. Entre dicho año y el 2017, el número total de sus decisiones con respecto a conductas como violación de la prohibición general, abuso de la posición dominante, actos y acuerdos contrarios a la libre competencia y carteles empresariales en licitaciones públicas tiende a disminuir. Sin embargo, esta tendencia no es uniforme, ya que el año 2013 fue el año en el que más decisiones se profirieron en materia de libre competencia. Así mismo, hay más variedad de sectores; se encuentran decisiones en materia de servicios públicos, contratación estatal, el sector salud, moda, servicios automotrices, entre otros. En cualquier caso, hay un número notable de investigaciones y sanciones de carteles empresariales en licitaciones públicas. El siguiente cuadro muestra el número de decisiones proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio sobre las principales prácticas restrictivas de la competencia sancionadas.
Tabla 1. Número de decisiones de la SIC en materia de abuso de la posición dominante, actos y acuerdos contrarios a la libre competencia (2010-2017)18
Uno de los asuntos que la SIC más destaca en sus informes de rendición de cuentas es el uso de la figura de la delación compensada, creada por la Ley 1340 de 2009. Según la entidad, hay cinco casos de delación compensada19, tres de los cuales ya culminaron en sanciones –los carteles de los cuadernos, los pañales y los papeles suaves–. Si bien la investigación de estos carteles comienza en el año 201320, solo en el 2016 esta entidad impuso sanciones21. Aunque no sin tropiezos22, estas decisiones de la SIC buscan mandar la señal de que el programa de delación compensada es una herramienta exitosa para luchar contra la cartelización empresarial.
Para el año 2011, entre varios actores que hacen parte del gobierno de Juan Manuel Santos ya ronda la idea de que la cartelización empresarial en la contratación estatal es un problema serio. El origen de esta idea fue el escándalo político suscitado por el llamado “carrusel de la contratación" en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno (2008-2011) y que produjo una ola de indignación nacional. En respuesta a este escándalo, el Gobierno promovió una nueva ley sobre corrupción en la contratación estatal –la Ley 1474 de 2011–23. El artículo 27 de esta ley se refiere explícitamente a acuerdos restrictivos de la competencia con el fin de sancionar penalmente conductas que ya eran objeto de una sanción administrativa por parte de la SIC.
La decisión política concreta de enfrentar la cartelización empresarial en materia de contratación estatal también tuvo efectos importantes para la SIC. Primero, en el año 2011 esa entidad publicó una guía sobre este fenómeno que se refiere especialmente a aquellos aspectos que permiten la detección de estas conductas. Luego, en el 2012, se creó por primera vez el Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Colusiones24 que sería relanzado en el 201625. Y, en tercer lugar, en el 2015 esta entidad celebró un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para compartir esfuerzos y coordinar actividades en la lucha contra los carteles en contratación estatal. Lo anterior indica que la lucha contra los carteles en la contratación estatal fue uno de los principales temas para el gobierno y, de la mano de este, para la SIC26.
Entre los años 2010 y 2017 la SIC profirió trece resoluciones sancionatorias, abrió formalmente veinticuatro investigaciones, y cerró dos de ellas por falta de mérito, todo en contratación estatal27. Nótese que las quince decisiones proferidas por el Superintendente constituyen más o menos el 24% de todas las decisiones por prácticas restrictivas de la competencia proferidas durante este periodo.
Tabla 2. Resoluciones de apertura, de cierre o archivo y sancionatorias de la SIC en materia de contratación estatal (2004-2017)28
Muchas de las decisiones de la SIC en materia de contratación estatal entre 2004 y 2017 se refieren a algunos de los escándalos de corrupción más importantes del país. Hay dos grandes grupos de decisiones que muestran lo anterior. Un primer grupo de tres decisiones se refiere a investigaciones que se adelantaron contra el llamado “Grupo Nule" por su participación fraudulenta en distintos procesos de contratación estatal, incluyendo procesos de construcción en Bogotá29. Un segundo grupo de cuatro decisiones, que comparte una decisión con el grupo anterior, se refiere a investigaciones que se adelantaron contra la cartelización y la corrupción en la contratación de alimentación a cargo de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar30. Otras decisiones más recientes de la entidad mantienen esta tendencia de investigar y sancionar carteles tanto en obras de infraestructura como en la provisión de servicios. El perfil político de los escándalos que la SIC ha contribuido considerablemente al posicionamiento como entidad de vigilancia y control en materia de contratación estatal.
3. LOS PROBLEMAS DE LA LUCHA CONTRA LA CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL COMO CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
El desarrollo local del proyecto global de la lucha contra los carteles en contratación estatal no ha estado desprovisto de complicaciones. Ello no debe sorprender a nadie. Después de todo, este desarrollo involucra la recepción local de ideas foráneas sobre el derecho de la competencia y sobre las prioridades que las autoridades de competencia deberían tener, y con ello la reacomodación de distintas instituciones y actores. Muestro a continuación, el desarrollo de este proyecto que ha exacerbado ciertos aspectos institucionales del derecho de la competencia colombiano, lo cual mina la legitimidad de la SIC y entorpece los esfuerzos por luchar contra los carteles y la corrupción.
3.1. La SIC: juez, parte y perito
La estructura de la SIC no ha cambiado mucho desde su creación. En lo fundamental, esta entidad sigue siendo administrativa, tiene poca autonomía frente a otras entidades estatales, y el procedimiento sancionatorio que sigue es tal que las instancias que adelantan las investigaciones inciden en las decisiones finales. Hay, en suma, un conjunto de factores que crean sospecha sobre la objetividad de las decisiones y del proceder de la Superintendencia.
Para este autor, es muy problemático que la Delegatura para la Protección de la Competencia sea la que adelante las investigaciones y, además, colabore con la redacción de las decisiones en las que el Superintendente de Industria y Comercio impone o no sanciones31. A este arreglo institucional se suma el deseo –humano y natural– de querer presentar resultados y, en particular, de mostrar que la SIC es una entidad estatal que sí cumple sus funciones. La suma de estos factores lleva a sospechar de un proceso en el que quienes investigan una conducta también deciden sobre la legalidad de ésta, ya que difícilmente pueden producir una decisión imparcial.
Un ejemplo de parcialidad se puede apreciar en la Resolución 64400 de 2011. Dicha resolución decide una investigación que se les estaba siguiendo a dos consorcios por haber coludido en una licitación para escoger el contratista que habría de adelantar una obra vial. La SIC recoge varias pruebas indiciarias sobre la conducta investigada, como lo son el conocimiento previo que tenían las personas que conformaban los consorcios, aspectos idénticos de las propuestas (como los textos del acuerdo consorcial y errores de ortografía comunes) y los números consecutivos de los cheques para pagar los derechos de participación (entre otros aspectos)32. Además de lo anterior, la entidad realizó una simulación basada en un modelo que mostraba que probabilísticamente la conducta investigada de los involucrados incrementaba las posibilidades de que uno de ellos fuera escogido como el contratista. Dicho modelo fue criticado por un peritaje solicitado por la parte investigada33 y la resolución pasó a contar cómo el despacho del Superintendente de Industria y Comercio –y no la Delegatura– procedió a construir un nuevo modelo que contrarrestara el peritaje arriba mencionado34. En palabras de esta entidad,
No duda este Despacho de las condiciones técnicas y las calidades del perito seleccionado durante el trámite; sin embargo, sí considera que las conclusiones a las que llegó no son absolutas y permiten contra argumentación econométrica. Es decir, como se verá a continuación, es posible estructurar un modelo cuyos resultados permiten establecer que la conducta colusoria de los investigados puede tener un respaldo o complementación matemática que les permitió asegurar la adjudicación del contrato, teniendo como origen una conducta colusoria …]. El ejercicio que se realiza a continuación, busca establecer si es posible concebir un modelo que bajo una serie de supuestos suficientemente sustentados con la información que reposa en el expediente, permita llegar a una explicación matemática que desvirtúe la posición planteada por el perito dentro del caso35.
Nótese de esta cita que la intención del despacho del Superintendente es la de mostrar que la prueba pericial puede ser apreciada de manera diferente, y para ello practica una nueva prueba, que consiste en una simulación basada en un modelo económico. Entre las funciones del despacho del Superintendente no hay nada relacionado con la práctica de pruebas36, y no es claro que las partes investigadas hayan tenido la oportunidad de conocer u oponerse a esta prueba. Esto constituye un ejemplo de parcialidad y contribuye a generar sospechas sobre el proceso que sigue la SIC.
3.2. ¿Colusión dentro de los grupos empresariales?
Como ya mencioné, muchas de las investigaciones que adelanta la SIC involucran empresas que hacen parte de estructuras societarias complejas, que no compiten entre sí así se hayan presentado como empresas independientes a los procesos de contratación estatal. La evidencia que recoge la SIC de cómo estas estructuras simulan la competencia en detrimento de las entidades contratantes no deja lugar a mayor duda. Sin embargo, vale la pena preguntarse si las normas jurídicas que prohíben acuerdos entre competidores son aplicables a empresas diferentes que hacen parte de una unidad de propósito y dirección.
En la legislación colombiana sobre libre competencia, el acuerdo es definido como “Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas"37. Por un lado, esta definición no distingue entre empresas independientes o que hacen parte de un mismo grupo empresarial, por lo cual las normas que se refieren a acuerdos anticompetitivos pueden ser aplicables a dos o más empresas que hacen parte de un grupo empresarial. Pero, por el otro, enfocarse en la identidad formal de las empresas mismas implica desconocer que están sujetas a una dirección común, la cual posiblemente determina su comportamiento. Si el mérito de la SIC es lograr desenmarañar los entramados societarios que llevan a que dos empresas en apariencia independientes actúen de manera coordinada, entonces ignorar la dirección común entre ellas implica soslayar el aspecto más importante de la conducta antijurídica. Insistir en que la conducta anticompetitiva de dos empresas que pertenecen a un grupo empresarial es de las empresas individualmente consideradas, y no del grupo, raya en el fetichismo jurídico.
La unidad de propósito y dirección que caracteriza el actuar de empresas que simulan ser competidoras durante un proceso de selección pone de presente la posibilidad de que dicha conducta sea en realidad un abuso de la posición dominante. Conforme al numeral 5 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, la posición dominante es “La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado". Si aplicamos esta definición a la conducta arriba descrita, vemos entonces que una empresa puede afectar las condiciones en las que se adelanta un proceso de selección de contratistas por medio de la conducta de sus subordinadas. En particular, puede “afectar las condiciones" de un proceso de selección en la medida en que controle varias empresas participantes y que simulen independencia entre ellas. Pero este planteamiento no está desprovisto de problemas. De todas las instancias particulares de abuso de la posición dominante que trae el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, la que mejor parece encuadrar en esta conducta es el numeral 6, que establece como abuso de dicha posición “Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de distribución". La conducta de las empresas investigadas afecta la posibilidad de que otros postulantes sean escogidos, pero ¿equivale eso a obstruir o impedir su participación en el proceso de contratación?
La resolución 41412 de 2018, mediante la cual la SIC sancionó a las empresas Bureau Veritas Colombia y Tecnicontrol por presentarse a un proceso de selección de Ecopetrol como si fueran entidades autónomas da luces sobre este asunto. Para la SIC, el elemento que realza la ilegalidad de las empresas sancionadas no es que se hayan presentado al mismo proceso –los términos del proceso tenían una cláusula que se refería a dicha posibilidad– sino que insistieran precisamente en su autonomía38. La SIC presentó dicho comportamiento como una violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 –la llamada “prohibición general"–. En su informe motivado, la Delegatura señaló que la apariencia de autonomía por parte de empresas que en realidad actúan de manera coordinada constituye una “práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia". Posteriormente, la resolución sancionatoria comentada mantiene este postulado, enfatizando que se trata de una violación por objeto (y no por efectos), según el texto literal del artículo ya mencionado39. En esta resolución la SIC también caracteriza la conducta como dar la apariencia de autonomía por parte de empresas que en realidad actúan de manera coordinada40. Sin embargo, la SIC no vinculó a la investigación a la matriz de estas empresas (Bureau Veritas International S. A. S.) ni a las empresas subordinadas mediante las cuales controlaba indirectamente las empresas investigadas41.
¿Qué es exactamente lo que prohíbe el artículo 1.° de la Ley 155 de 1959? En la resolución arriba comentada, para la SIC no hay distinción entre limitar la competencia, en el sentido de impedir que empresas rivales participen en un proceso competitivo, y manipular el proceso mismo, de manera tal que aun cuando hay varios competidores la elección del adjudicatario no resulta de su mérito. No es claro si la conducta de empresas sancionadas por aparentar autonomía administrativa cuando no la tienen es reprochable porque limita la competencia al restringir que otros participen, o porque entraña una manipulación del proceso de selección. “Limitar la libre competencia", por lo menos en el sentido de los fines de la Ley 155 de 1959, se refiere al primer sentido y no al segundo. La voluntad del legislador cuando promulgó la Ley 155 de 1959 fue evitar que empresas con poder de mercado limitaran la posibilidad de competir de empresas más pequeñas42.
3.3. ¿Son eficaces las actuaciones de la SIC?
Hay buenas razones para considerar que a pesar del despliegue mediático de las decisiones de la SIC en los últimos años, las decisiones que toma dicha entidad en materia de carteles empresariales no han contribuido a mejorar el bienestar de los consumidores. Las razones de ello son bien conocidas. Primero, las multas que impone la SIC no buscan resarcir los perjuicios causados, y por ello los consumidores y las empresas afectadas no tienen derecho a ellas, en todo o en parte. Segundo, el proceso sancionatorio no les permite a los consumidores o a empresas afectadas ser partes en el proceso sancionatorio. Los consumidores pueden organizarse y presentar acciones de grupo; sin embargo, ello implica un esfuerzo adicional que no es claro que sea justificable, pues entre otras razones, dichas acciones históricamente no se han resuelto a su favor. A su vez, las empresas afectadas pueden acudir al régimen de competencia desleal para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados; pero ello también implica un esfuerzo adicional para dichas empresas, sin que sea claro su beneficio. Finalmente, no hay evidencia de que las decisiones de la SIC tengan un impacto positivo en los mercados afectados por las conductas que dicha entidad sanciona. Simplemente no sabemos si como consecuencia de las actuaciones de la SIC todos los actores en un mercado enfrentan condiciones más competitivas o precios más favorables. Es notable que, para ser un derecho de rango constitucional, el derecho de la competencia no tenga mecanismos más efectivos de protección.
Este análisis también es aplicable a las decisiones de la SIC en materia de contratación estatal. Las actuaciones de la entidad ocurren por lo general después de que las empresas han ejecutado su conducta ilegal. De hecho, no es claro que la SIC sea quien realmente “descubra" los carteles; puede ser que ella intervenga después de que otras autoridades ya han iniciado sus propias investigaciones. Las multas que impone la entidad no están destinadas a los ciudadanos, que son los principales afectados por los carteles en materia de contratación estatal, ni al Estado, que es el que las paga. Ni los ciudadanos ni el Estado pueden ser partes en los procesos que adelanta la entidad. Y, finalmente, no hay evidencia de que hoy haya menos carteles en materia de contratación estatal que antes; lo que sí podemos apreciar es un incremento leve en el número de aperturas de investigaciones en el año 2018 frente a años anteriores.
Frente a este escenario, ¿cómo entender el impacto mediático de las decisiones de la SIC? Una hipótesis es que esta entidad aprovecha los escándalos de corrupción para presentarse ante el público como una entidad que lucha contra la corrupción, así la lucha no arroje resultados palpables más allá de sanciones. Un ejemplo de ello es la medida cautelar decretada por la SIC en febrero 16 de 2017 en contra de la concesionaria Ruta del Sol S. A. S. por los sobornos que uno de sus miembros, la empresa Odebrecht, les dio a miembros del gobierno43. La medida cautelar llama la atención por varios aspectos. Primero, la decisión se tomó mucho tiempo después de la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y cuando ya otras entidades estatales –notablemente la Agencia Nacional de Infraestructura y la Fiscalía General de la Nación– adelantaban sus respectivos procesos e investigaciones. Además, la decisión de la SIC versa sobre un aspecto de fondo del proceso –imparte la orden de terminar el contrato– a pesar de ser precisamente una medida cautelar. Así mismo, la decisión de la SIC tuvo lugar días después de que la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profiriera un auto ordenando la suspensión del contrato, también como medida cautelar. Finalmente, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura terminó el contrato, lo hizo sin basarse en la decisión de la SIC, ya que lo hizo de manera negociada y no resultó de una decisión unilateral de su parte44. Todo ello indica que la medida cautelar no iba a prevenir un daño irreparable, la apariencia de buen derecho es cuestionable, y en todo caso la decisión terminó siendo superflua. No es claro cómo dicha medida cautelar contribuyó a la lucha contra la corrupción; sin embargo, algunos medios registraron esta intervención como una clara muestra del compromiso protagónico de la SIC con dicha causa45.
Estas tres instancias muestran los posibles problemas que tiene el derecho de la competencia colombiano para luchar contra la corrupción. A menos que se hagan reformas legales importantes, dar esta lucha vía el derecho de la competencia puede contribuir a minar la legitimidad de las entidades encargadas y a usar de los recursos públicos sin que sea clara la efectividad de su destinación. La lucha contra la corrupción merece ser dada, pero de manera tal que no sea contraproducente.
* El autor agradece especialmente a María Camila González y a Ana María Cortés su ayuda en la elaboración de este texto.
1 “Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank", The World Bank, 1997.
2 “Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas". OCDE, 2009, http://www.oecd.org/competition/cartels/42761715.pdf.
3 Al respecto véase Mlada Bukovansky, “The Hollowness of Anti-Corruption Discourse", Review of International Political Economy 13, n.° 2 (2006): 181-209. También David Kennedy, “The International Anti-Corruption Campaign", Connecticut Journal of International Law 14, n.° 465 (1999).
4 Jennifer McCoy y Heather Heckel. “The Emergence of the Anticorruption Norm", International Politics 38, n.° 1, (2001): 70-72, doi: https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8892613.
5 Ibíd., 72-76
6 James D. Wolfensohn, “Annual Meetings Address", The World Bank, 1.° de octubre de 1996, acceso el 31 de julio de 2018, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/PRESIDENTEXTERNAL/0,,contentMDK:20025269~menuPK:232083~pagePK:159837~piPK:159808~theSitePK:227585,00.html.
7 McCoy y Heckel, “The Emergence of the Anticorruption Norm", 76.
8 Ídem.
9 César Rodríguez, Mauricio García-Villegas y Rodrigo Uprimny, “Justice and Society in Colombia: A Sociolegal Analysis of the Colombian Court", en Legal Culture in the Age of Globalization: Latin America and Latin Europe, (California: Stanford University Press, 2003).
10 J. Hellman, Jones G. y Kaufman, D, “Are foreign investors and multinatonals engaging in corrupt practices in transition economies?" The World Bank / The William Davidson Institute/Stockholm Institute for Transition Economies, (2000): 4-7, http://web.worldbank.org/archive/website00818/WEB/PDF/FDI_TRAN.PDF.
11 Véase, por ejemplo, “Preventing corruption in Public Procurement", OECD, edición en PDF.
12 Véase “Fighting Bid Rigging in Public Procurement in Colombia", OECD, acceso el 21 de junio de 2016, http://www.oecd.org/daf/competition/fighting-bid-rigging-in-public-procurement-in-colombia.htm. Véase también: “Towards Efficient Public Procurement in Colombia", OECD, acceso el 21 de junio de 2016, http://www.oecd.org/governance/ethics/towards-efficient-public-procurement-in-colombia-9789264252103-en.htm.
13 Christopher Harding, “Business Collusion as a Criminological Phenomenon: Exploring the Global Criminalisation of Business Cartels", Critical Criminology 14, (2006): 181, doi: https://doi.org/10.1007/s10612-006-9000-6.
14 Eleanor M. Fox, “Linked-in: Antitrust and the Virtues of a Virtual Network", International Lawyer 43, (2009): 156, https://ssrn.com/abstract=1431560.
15 Véase, por ejemplo, Ariel Cabrera, “Superindustria define sanciones a empresas de papel higiénico por ‘cartelización’", Radio Santa Fe, 7 de abril de 2016, acceso el 21 de junio de 2016, http://www.radiosantafe.com/2016/04/07/superindustria-define-sanciones-a-empresas-de-papel-higienico-por-cartelizacion/.
16 “Policy Roundtables: Collusion and Corruption in Public Procurement", OECD, 2010, 9, https://www.oecd.org/competition/cartels/46235884.pdf.
17 “La OCDE establece una hoja de ruta para la adhesión de Colombia", OCDE, 20 de septiembre de 2013, www.oecd.org/centrodemexico/laocdeestableceunahojaderutaparalaadhesiondecolombia.htm.
18 Elaboración propia. La información aquí presentada no tiene en cuenta ni las resoluciones que se expidieron resolviendo recursos o solicitudes, ni las que ordenan pruebas. La conducta de colusión en licitaciones públicas es parte de la conducta más general “acuerdos contrarios a la libre competencia". Información tomada de http://www.sic.gov.co/decisiones-de-competencia-superintendente, acceso el 26 de julio de 2018.
19 “Superintendencia de Industria y Comercio rinde cuentas de su gestión al país", SIC, 24 de julio de 2018, acceso el 26 de julio de 2018, http://www.sic.gov.co/superintendencia-de-industria-y-comercio-rinde-cuentas-de-su-gestion-al-pais.
20 Véase “El cartel de los pañales", El Espectador, 4 agosto de 2014, acceso el 24 de junio de 2016, http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-cartel-de-los-panales-articulo-508647.
21 Véase “Por cartelización empresarial en papel higiénico y otros papeles suaves, Superindustria sanciona a cuatro empresas productoras", SIC, 26 de mayo de 2016, acceso el 24 de junio de 2016 http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-papel-higienico-y-otros-papeles-suaves-superindustria-sanciona-a-4-empresas-productoras.
22 “La Superindustria quiere más autonomía y herramientas", Revista Dinero, 14 de mayo de 2014, acceso el 24 de junio de 2016, http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/superindustria-pide-cambios-marco-legal/208529.
23 Véase Diego Escallón Arango, “Reacción del Estado colombiano frente al carrusel de la contratación en Bogotá: ¿eficacia o discurso?" Derecho Público 32, (2014): 12, doi: http://dx.doi.org/10.15425/redepub.32.2014.12.
24 “La Superintendencia de Industria y Comercio 2010-2012", SIC, 131, http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Superintendencia_2010_2012.pdf.
25 “La SIC creará grupo élite para atacar la colusión en licitaciones públicas", Diario La República, 12 de noviembre de 2016, acceso el 26 de julio de 2018, https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-sic-crearagrupo-elite-para-atacar-la-colusion-en-licitaciones-publicas-2440986.
26 Un recuento de lo anterior se puede ver en Deisy Galvis Quintero, “La colusión como una práctica restrictiva de la competencia que afecta gravemente los procesos de selección de contratistas", Vniversitas 65, (2016): 133-196, doi: https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj132.cprc.
27 Esta tabla no presenta información de archivos de investigación por parte de la Delegatura para la Protección de la Competencia.
28 Elaboración propia. Este análisis no incluye archivos de investigaciones por parte de la Delegatura para la protección de la competencia.
29 Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución 61497 de 2012, Por la cual se ordena la apertura de una investigación, 19 de octubre de 2012; Resolución 54693 de 2013, Por la cual se impone una sanción, 1 6 de septiembre de 2013 y Resolución 54695 de 2013. Por la cual se imponen unas sanciones, 16 de septiembre de 2013.
30 Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución 1055 de 2009, Por la cual se impone una sanción, 19 de enero de 2009; Resolución 40901 de 2012, Por la cual se imponen unas sanciones, 28 de junio de 2012; Resolución 54693 de 2013, Por la cual se impone una sanción, 16 de septiembre de 2013 y Resolución 91235 de 2013, Por la cual se imponen unas sanciones por infracciones al régimen de competencia, 24 de noviembre de 2015.
31 Decreto 4886 de 2011, Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, 23 de diciembre de 2011. Diario Oficial: 48294, artículo 9, numerales 4 a 7.
32 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 64400 de 2011, Por la cual se imponen unas sanciones, 16 de noviembre de 2011, 5-7 y 19-34.
33 Ibíd., 9.
34 Ibíd., 34-40.
35 Ibíd., 34.
36 Decreto 4886 de 2011, artículo 3.
37 Decreto 2153 de 1992, Por medio del cual se reestructura la Superintendencia de industria y comercio y se dictan otras disposiciones, 30 de diciembre de 1992, Diario Oficial: 40704, artículo 45-1.
38 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 41412 de 2018, Por la cual se imponen unas sanciones, 14 de junio de 2018, 2.
39 Ibíd., 11-13.
40 Ibíd., 11.
41 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 47612 de 2016, Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos, 26 de julio de 2016.
42 Véase Ley 155 de 1959, exposición de motivos, 475, 481 y 482.
43 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 5216 de 2017, Por la cual se decreta medida cautelar, 16 de febrero de 2017.
44 Véase “Gobierno Nacional logra acuerdo para terminación del contrato de Ruta del Sol sector 2", Agencia Nacional de Infraestructura, 22 de febrero de 2017, acceso el 4 de noviembre de 2018, https://www.ani.gov.co/sites/default/files/terminacion_del_contrato_ruta_del_sol_2_1.pdf.
45 “Superindustria ordena terminar contrato Ruta del Sol tramo 2", Revista Semana, 16 de febrero de 2017, acceso el 5 de noviembre de 2018, https://www.semana.com/economia/articulo/superindustria-ordena-terminar-contrato-ruta-del-sol-tramo-2/515729.
1. Escallón Arango, Diego. “Reacción del Estado colombiano frente al carrusel de la contratación en Bogotá: ¿eficacia o discurso?” Derecho Público 32, (2014): 12, doi: http://dx.doi.org/10.15425/redepub.32.2014.12.
2. Fox, Eleanor M. “Linked-in: Antitrust and the Virtues of a Virtual Network”. International Lawyer 43, (2009): 151, https://ssrn.com/abstract=1431560.
3. Galvis Quintero, Deisy. “La colusión como una práctica restrictiva de la competencia que afecta gravemente los procesos de selección de contratistas”. Vniversitas 65, (2016): 133-196, doi: https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj132.cprc.
4. Harding, Christopher. “Business Collusion as a Criminological Phenomenon: Exploring the Global Criminalisation of Business Cartels”. Critical Criminology 14, (2006): 181, doi: https://doi.org/10.1007/s10612-006-9000-6.
5. Mauro, Paolo. “The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure”. IMF Working Paper, n.° 96/98, (1996): 1-28, https://ssrn.com/abstract=882994.
6. McCoy, Jennifer y Heather Heckel. “The Emergence of the Anticorruption Norm”, International Politics 38, n.° 1, (2001): 65-90, doi: https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8892613.
7. McMichael, Philip. Development and Social Change: A Global Perspective. Washington DC: Sage Publications, 2004.
8. Rodríguez, César, Mauricio García-Villegas y Rodrigo Uprimny. “Justice and Society in Colombia: A Sociolegal Analysis of the Colombian Court”, en Legal Culture in the Age of Globalization: Latin America and Latin Europe. California: Stanford University Press, 2003.
9. Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. 24 de julio de 2009. Diario Oficial: 47420.
10. Proyecto de Ley 108 de 2005. Por medio del cual se dictan normas en materia de integraciones y prácticas restrictivas de la competencia. 25 de agosto de 2005.
11. Proyecto de Ley 72 de 2014. Por la cual se regula el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia y se dictan otras disposiciones. 20 de agosto de 2014.
12. Decreto 2153 de 1992. Por medio del cual se reestructura la Superintendencia de industria y comercio y se dictan otras disposiciones. 30 de diciembre de 1992. Diario Oficial: 40704.
13. Decreto 4886 de 2011. Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 23 de diciembre de 2011. Diario Oficial: 48294.
14. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 22625 de 2005. Por la cual se impone una sanción. 15 de septiembre de 2005.
15. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 1055 de 2009. Por la cual se impone una sanción. 19 de enero de 2009.
16. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 4946 de 2009. Por la cual se imponen unas sanciones. 02 de febrero de 2009.
17. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 6839 de 2010. Por la cual se imponen unas sanciones. 9 de febrero de 2010.
18. Superintendencia de Industria y Comercio. Guía práctica para combatir la colusión en licitaciones. 2010.
19. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 64400 de 2011. Por la cual se imponen unas sanciones. 16 de noviembre de 2011.
20. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 40901 de 2012. Por la cual se imponen unas sanciones. 28 de junio de 2012.
21. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 61497 de 2012. Por la cual se ordena la apertura de una investigación. 19 de octubre de 2012.
22. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 54693 de 2013. Por la cual se impone una sanción. 16 de septiembre de 2013.
23. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 54695 de 2013. Por la cual se imponen unas sanciones.16 de septiembre de 2013.
24. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 2065 de 2015. Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos. 28 de enero de 2015.
25. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 91235 de 2013. Por la cual se imponen unas sanciones por infracciones al régimen de competencia. 24 de noviembre de 2015.
26. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 97610 de 2015. Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos. 16 de diciembre de 2015.
27. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 47612 de 2016. Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos. 26 de julio de 2016.
28. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 5217 de 2017. Por la cual se decreta medida cautelar. 16 de febrero de 2017.
29. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 41412 de 2018. Por la cual se imponen unas sanciones.14 de junio de 2018.
30. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 46587 de 2018. Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos. 5 de julio de 2018.
31. “Conjunto de Principios y Normas sobre competencia de las Naciones Unidas”. Naciones Unidas, 2000, http://unctad.org/es/docs/tdrbpconf10r2.sp.pdf.
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37. “Gobierno Nacional logra acuerdo para terminación del contrato de Ruta del Sol sector 2”. Agencia Nacional de Infraestructura, 22 de febrero de 2017, https://www.ani.gov.co/sites/default/files/terminacion_del_contrato_ruta_del_sol_2_1.pdf.
38. Hellman, J., Jones G., y Kaufman, D. “Are foreign investors and multinatonals engaging in corrupt practices in transition economies?” The World Bank / The William Davidson Institute/Stockholm Institute for Transition Economies, (2000): 4-7, http://web.worldbank.org/archive/website00818/WEB/PDF/FDI_TRAN.PDF.
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44. “Latin American Competition Forum”. OECD, 2004.
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46. “Policy Roundtables: Collusion and Corruption in Public Procurement”. OECD, 2010, https://www.oecd.org/competition/cartels/46235884.pdf.
47. “Preventing corruption in Public Procurement”. OECD, 2016.
48. “Recommendations & best practices: Recommendation of the Council concerning Effective Action against Hard Core Cartels”. OECD, 1998, www.oecd.org/daf/competition/2350130.pdf.
49. “Superindustria ratifica sanción a integrantes del Grupo Nule por colusión (acuerdo anticompetitivo) en dos procesos de contratación pública ante el ICBF”. Superintendencia de Industria y Comercio, 5 de diciembre de 2013, http://www.sic.gov.co/node/6531.
Andrés Palacios Lleras
Abogado (Universidad de los Andes, Bogotá), LL. M. (HLS) y Ph. D. (UCL). Socio de Estudios Palacios Lleras SAS
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