LAS RELACIONES ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD EN EL PERÚ: DESESTRUCTURACIÓN SIN REESTRUCTURACIÓN. UN ENSAYO BIBLIOGRÁFICO/The relations between the State and society in Peru: de-structuring without re-structuring. A bibliographic essay

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RESUMEN: El autor reflexiona acerca de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el Perú a través de las distintas «fracturas» que se dieron desde el velasquismo hasta el fujimorismo, pasando por la dinámica movimientista de la década de los ochenta. Parte de la hipótesis de que sí ha habido ruptura con el orden oligárquico, aunque ello no ha significado el surgimiento de una nueva alternativa debido a las sucesivas crisis económicas y políticas. El resultado final es una profunda crisis de legitimidad del Estado y, consiguientemente, la dificultad de construir un nuevo orden político, económico y social.

Palabras clave: dinámica movimientista, fujimorismo, opinión pública, partidos políticos, velasquismo.

ABSTRACT: The author reflects on the relations between the State and the society in Peru in relation to the distinct «fractures» that were evident between Velasquismo and Fujimorismo, and passing through the dynamic of movementism in the decade of the 1980s. It starts with the hypothesis that there has been a rupture in the oligarchic order, although that has not meant the creation of a new alternative, owing to the successive economic and political crisis. The final result is a profound legitimacy crisis of the State, and consequently, the difficulty in constructing a new political, economic, and social order.

Key words: movementism dynamic, fujimorismo, public opinion, party politics, velasquismo.

1. INTRODUCCIÓN1

Este trabajo es una reflexión sobre los cambios en las relaciones entre sociedad y Estado en el Perú en los últimos veinticinco años, a través de un ensayo bibliográfico crítico. Aquí se sostiene que, si bien desde una perspectiva de largo plazo las relaciones entre sociedad y Estado estuvieron marcadas por una herencia oligárquica, después de los cambios estructurales ocurridos en el país desde los años cincuenta, en los que la migración y la modernización son sus aspectos más destacados, las relaciones entre sociedad y Estado cambiaron dramáticamente, así como las maneras en que los peruanos interactuamos; siendo el velasquismo la expresión política del quiebre del orden tradicional. El asunto es que el gobierno militar, si bien tuvo «éxito» en poner fin al viejo orden, no logró construir uno alternative. Encontramos así que las antiguas jerarquías y criterios de estratificación dejaron de tener vigencia, pero no fueron sustituidos por otros con capacidad de reestructurar las relaciones de autoridad y representación; de este modo, el problema del Perú en los ultimes veinticinco años es que no se ha logrado un nuevo orden social e institucional que encauce las fuerzas liberadas por la fractura del orden tradicional. Esto se explica porque esa liberaciñn de energías sociales coincidió con sucesivas crisis económicas y políticas.

Después del gobierno militar, la democracia de los ochenta fue un escenario de disputa por el rumbo del país, desde muy divergentes opciones ideológicas; en esos años, las relaciones entre sociedad y Estado se encauzaron a través de un volátil sistema de partidos y por medio de activos grupos de interés y movimientos sociales. El problema principal en agenda era la polarización con la que se dio esa disputa, que ponía en compromise la gobernabilidad del sistema; sin embargo, terminó derrumbándose estrepitosamente por medio de una inesperada crisis de representación, que dio lugar al fujimorismo, que cubrió todos los años noventa. El fujimorismo fue otro momento de ruptura: desde una óptica de largo plazo, terminó con el modelo de desarrollo impulsado desde el Estado y, en Io inmediato, terminó con las bases institucionales y políticas construidas a finales de los setenta y en los años ochenta. El fujimorismo se caracterizó por una próctica explicita en contra de los partidos políticos, las instituciones estatales autónomas, en contra de las formas de acción colectiva y organizada de los distintos grupos sociales, y por el control y la manipulación de los medios de comunicación para vincularse con la opinión pública ciudadana. Destruidos los mecanismes «normales» de intermediación entre sociedad y Estado, el fujimorismo los sustituyó por prácticas neo-clientelísticas, dentro de un esquema que combinó neoliberalismo en le económico, neopopulismo en cuanto a la relación con la sociedad, y autoritarismo como estilo de gobierno. Con todo, al final, el fujimorismo también fue otro intente fallido de reestructuración.

El fracaso sucesivo del velasquismo, la democracia en los ochenta y el fujimorismo en sus intentes de construir mecanismos estables de relación entre sociedad y Estado deja el saldo de una profunda crisis de legitimidad de éste y del sistema político ante la ciudadanía. Si bien este problema atraviesa a toda la región, en el Perú aparece más pronunciado, debido al colapso sucesivo de los sistemas de representación y del conjunto de instituciones ocurrido en los últimos años, Io que hace cada vez más difícil la construcción de un orden democrático. Después de estas experiencias, la desconfianza de la sociedad frente a la esfera estatal y política se ha hecho mayor, siendo los desafíos pendientes más grandes; de allí la debilidad de la nueva experiencia democrática encabezada por Alejandro Toledo, desde una perspectiva de largo plazo.

Todos estos temas han sido analizados por las ciencias sociales peruanas, primando en los estudios visiones fuertemente comprometidas con posiciones de izquierda, expresadas en un discurso de denuncia de los males del status quo, así como en apuestas políticas por diverses actores populares; junto con ellas, ha habido también visiones más estrictamente académicas y críticas, con mayor capacidad de dar cuenta de Io ocurrido en las últimas décadas.

IL LA LARGA DURACIÓN Y LA «SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD»

En la introducción que escribió Julio Cotler a su libre Clases, Estado y Nación en el Perú, publicado en 1978, afirma que su preocupación inicial fue escribir un libro sobre el gobierno militar, pero que en la búsqueda de los antecedentes necesarios para dar cuenta de su naturaleza, encontró que ellos tendrían que remontarse muy atrás, hasta el orden colonial. Cotler sostuvo entonces la tesis, ciertamente polémica, de que en el Perú no habría habido propiamente una «solución de continuidad» del legado colonial hasta tan tarde como finales de los años sesenta, continuidad expresada en la vigencia del «Perú oligárquico». Más allá de si Cotler tenía razón ? no, Io que quiero rescatar es que en su momento, y por muchos años más, se trató de un argumente persuasivo (Io es todavía para muchos). En el libro el Estado aparece como desconectado de la sociedad, no siendo representativo, imponiéndose por una lógica de control y represión, resultando centrales la continuidad de prácticas como el patrimonialismo, el racismo, y formas diversas de exclusión social.

En este trabajo sostengo que en el Perú de hoy sí puede hablarse de una «solución de continuidad» con ese pasado oligárquico y con esa herencia colonial, sí puede decirse que ha habido una ruptura fundamental, aunque de ella no haya surgido un orden alternativo. Ciertamente persisten todavía muchas «viejas» prácticas, sobre todo en el ámbito de la cultura y de los hábites más arraigados, pero habría que reconocer que ellas se hallan cada vez más censuradas y cada vez más débiles en las nuevas generaciones, cuando en el pasado eran la norma y se exhibían con total impudicia2. La «solución de continuidad» a la que hago referencia está dada por cambios estructurales y políticos. En cuanto a Io primero, hay que tomar en cuenta por supuesto a las migraciones de los ámbitos rurales a los urbanos (fundamentalmente Lima), la urbanizatión y modernización de nuestras sociedades3, que en el Perú se produce aceleradamente desde los años cuarenta y cincuenta, cambiando totalmente el rostro del Perú. Este cambio constituye una mutatión radical en la configuración histórica del país; no sólo a nivel de la estructura económico-social, sino también a nivel subjetivo, involucrando aspiraciones, expectativas, identidades más modernas e igualitarias4.

La lenta erosión del orden oligárquico tuvo una clara expresión política y un final con el reformismo militar velasquista (1968-1975). Hasta entonces, la élite dominante tenía gran parte de la base de su poder en la propiedad de la tierra, en la que aún subsistían fuertes rezagos precapitalistas. Con una radical reforma agraria, que transfirió la propiedad de la tierra de los latifundistas a sus trabajadores, se cortó de raíz la base económica del poder oligárquico. Otras reformas, como la nationalizatión de las principales empresas transnationales, asentadas en el sector minero, la promotión de políticas de industrialización, la reforma de las relaciones laborales en las empresas, la reforma educativa, y en general, el uso de una fuerte retórica con énfasis en igualdad y derechos en los sectores populares, cambiaron profundamente el rostro del Perú5. Después del régimen militar, los grandes temas de la agenda del país y sus protagonistas cambiaron radicalmente. Ciertamente, hasta antes de Velasco, ellos se remontaban hasta las primeras décadas del siglo XX: la agenda estaba marcada por la reforma agraria (en términes de limitar o terminar con el latifundio), por el impulso al desarrollo industrial por medio de la sustitución de importaciones, por la negociación o el enfrentamiento con los grandes poderes externos (la lucha contra el imperialismo y la politica de nacionalizaciones), la superación del problema «indígena» (por medio de la educación, o por medio de cambios socioeconómicos), entre otros. Este es el país que pensaron personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui o Víctor Andrés Belaúnde, desde diversas perspectivas. Los actores de este mundo se organizaron en torno a ejes ideológicos, representando básicamente los intereses de las diferentes clases sociales.

El velasquismo no logró consolidarse como orden social y político. Al ser el gobierno militar un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas, el avance teformista generó tensiones y divisiones a su interior. Además, se tuvo que enfrentar los efectos de la crisis petrolera internacional de la primera mitad de los años setenta. La combinación de crisis económica, divisiones internas y además, la enfermedad del general Velasco, ocasionaron su caída, y la toma del poder del general Morales Bermúdez. A pesar de que la «segunda fase» del gobierno militar supuestamente «profundizaría» Io hecho en la primera, y su carácter «revolucionario», en la práctica aplicó políticas de ajuste ortodoxo para enfrentar la crisis, y trató de llegar a entendimientos con los poderes económicos. Esc «retroceso», que terminaba con varies años de retórica igualitarista y de promoción de la organización popular, generó un gran descontento que favoreció el desarrollo de la izquierda, y dio lugar a un ciclo muy importante de protestas populates, inéditas en la historia peruana. El gobierno militar tuvo que enfrentar un creciente aislamiento, no sólo frente a los sectores populates, sino también frente a las élites económicas y políticas. Este aislamiento permitió el proceso de transición, expresado en la convocatoria a una Asamblea Constituyente (1978) y luego la convocatoria a elecciones generales en 1980, en las que Fernando Belaúnde, el presidente depuesto pot el golpe de Estado de octubre de 1968, volvió al podet.

Los años ochenta constituyen un escenario de transición, un momento en el que, desaparecido el viejo orden oligárquico, estaba en disputa por el rumbo del país. Emergió un sistema de partidos organizado ideológicamente, que se asentaba sobre grupos de interés y movimientos sociales fuertes; algunos de los partidos reaparecían después de la experiencia militar (el APRA y Acción Popular), otros se desarrollaron durante esos años (la izquierda). En cuanto a las relaciones entre el Estado y la sociedad, ya no podía fácilmente hablarse de un «carácter» oligárquico o burgués del Estado, como se hacía desde una perspectiva marxista-estructural. El Estado aparecía más bien como un terreno en disputa, que incluso exhibía aspectos democratizadores6. En los años ochenta, como veremos, estuvieron en disputa diversos proyectos sociales, o modelos de relación entre sociedad y Estado, tratando de encauzar el «desborde» generado por el reformismo militar.

Otro hito fundamental a considerar está marcado por el fujimorismo. El fujimorismo terminó con la disputa ideológica de los años ochenta imponiendo una profunda reforma neoliberal; en este sentido, el fujimorismo marcó otra ruptuta fundamental con el modelo de relaciones entre sociedad y Estado. Así como Velasco acabó con el orden oligárquico, un patrón de relaciones sociales determinado, en los años de Fujimori se acabó con un patrón de relaciones entre economía y política que venía desde los años treinta, caracterizados por la centralidad del Estado como promoter del desarrollo. En esto, el Perú siguió, con una gran radicalidad, tendencias que se dieron, en mayor o menor medida, en toda la región7. Esto porque en el Perú esas reformas se dieron en medio del colapso del sistema de partidos y del orden institucional, que no permitieron caminos gradualistas, en los que coexistieran fuerzas «tradicionales» y las nuevas, como en la mayoría de casos de la región. Pero el fujimorismo tampoco logío consolidarse como una propuesta de reforma neoliberal, y terminó abruptamente en medio de escándalos de corrupción de una escala pocas veces vistas antes en la historia peruana.

Después de las reformas y la caída del fujimorismo, la agenda del país y sus actores aparecen nuevamente, totalmente diferentes a como aparecían en los años ochenta. Los desafíos son ahora lograr una inserción competitiva en el mundo globalizado, atraer inversión nacional y extranjera, en donde el Estado adquiere una función reguladora, y de apoyo social compensatorio a los grupos en situación de pobreza. Para ello, este Estado debe reformarse y modernizarse, para ser más eficiente y cercano a la población, y concentrarse en la inversión social, sobre todo en la educación y la salud. Dentro de los parámetras de la economía de mercado, las relaciones entre sociedad y política adquieren otro sentido, como veremos más adelante. En cuanto los actores políticos, ellos ya no son partidos ideológicos, sino actores personalistas signados por el pragmatismo y lógicas de corto plazo. El desafío principal resulta la integración de cada vez más grandes sectores marginalizados de los circuitos económicos y sociales dinámicos y de los mecanismos de representación, en medio de relaciones sociales marcadas por el debilitamiento de las identidades colectivas, la extensión del individualisme y la desconfianza interpersonal, signos de anomia, pérdida de referentes y valores compartidos.

De este modo, sostengo que el Perú de las últimas décadas se define mejor por una sucesión de rupturas, antes que por la continuidad de legados ? herencias del pasado; por la inestabilidad, precariedad, no duración, de los intentos de redefinición de las relaciones entre sociedad y Estado. Estos cambios constantes de actores, agendas, desafíos, implican también retos significativos para las ciencias sociales peruanas, que necesitan mostrarse permeables a la renovación de perspectivas metodológicas y teôricas, para poder mantener una mirada crítica de la realidad social.

III. ANTECEDENTES INMEDIATOS: LOS AÑOS OCHENTA Y LA DISPUTA POR LA HERENCIA DEL VELASQUISMO

Como veíamos, en los años ochenta estuvo en disputa la definición del rumbo del país después de la destrucción del orden oligárquico, como consecuencia de las reformas del gobierno militar. El gobierno militar dio lugar a un proceso de transición a la democracia y luego a su instauración en los años ochenta, sin exclusiones sociales o políticas por primera vez en la historia peruana8. En esos años, tuvimos una fuerte disputa en torno al futuro orden del país, que comprendió a todo el espectro político-ideológico. En un extremo tuvimos a las propuestas más conservadoras y represivas (en sectores de derecha militares y civiles), y en el otro al fundamentalismo polpotiano de Sendero Luminoso; dentro de los actores sistémicos, tuvimos propuestas neoliberales, socialdemócratas, y socialistas en dura competencia, todas con poder y posibilidades de avance reaies9.

En esta década, las relaciones entre sociedad y Estado estuvieron marcadas por la disputa entre diversas propuestas de relación entre ambos ámbitos; con todo, ellas se encauzaron por medio de los vínculos representativos propios de una democracia liberal, es decir, por medio de los partidos políticos, y por medio de grupos de interés y movimientos sociales10.

En cuanto al sistema de partidos, tenemos un sistema nuevo, ciertamente débil y en construcción, pero en el que, pese a sus limitaciones, sus cuatro principales protagonistas lograron concentrar más del 90% de los votos a Io largo de casi todas las elecciones de la década, siendo además un sistema medianamente representative de los principales intereses sociales. A la derecha del espectro político se ubicó el Partido Popular Cristiano (PPG), un poco más al centre Acción Popular (AP), ambos con fuertes vínculos orgánicos con sectores altos y medios; el espacio del centro fue ocupado por el APRA, que expresaba sectores medios y populares; y a la izquierda del espectro se ubicó la Izquierda Unida (lu), con fuertes vínculos con el mundo popular organizado. Estas opciones pol´ticas enarbolaban propuestas de reestructuración de las relaciones entre sociedad y Estado, que privilegiaban ya sea la acción de grupos de interés (librales) ? de movimientos sociales (socialistas), así como la promoción de acuerdos corporativos entre representantes de los empresarios y trabajadores (socialdemócratas)11.

Además de los mecanismos representativos establecidos alrededor de los partidos, hubo también mecanismos de relación directa entre grupos sociales organizados y el Estado, a través de la acción de lo que hoy conocemos como «sociedad civil»; yo prefiero hablar más concretamente de la acción de grupos de interés y movimientos sociales12. Ambos se mostraban bastante dinámicos en los años ochenta, y con fuertes vínculos con los partidos. Del lado de los sectores altos, podemos mencionar la formación, a inicios de los años ochenta, de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), gremio de gremios de empresarios, con gran poder e influencia, y vinculos directos, primero, con el PPC, y luego con el Movimiento Libertad (ML) de Mario Vargas Llosa y el Frente Democrático (FREDEMO), alianza política formada en 1988 por AP, PPC y el ML con miras a las elecciones de 199013. En cuanto a los movimientos sociales y organizaciones de sectores populares, tenemos un gran protagonismo de organizaciones syndicales como la Confederación General de Trabajadores Peruanos (CGTP), con estrechos vínculos con el Partido Comunista, de gremios de maestros como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), con estrechos vínculos con el Partido Comunista del Perú-Patria Roja, de campesinos como la Confederación Campesina del Perú (cep), con estrechos vínculos con el Partido Unificado Mariateguista (PUM), etcétera. El APRA también tuvo estrechas relaciones con algunos gremios (como la Confederación de Trabajadores Peruanos, CTP), y determinados segmentos de trabajadores y regiones del país. Todo esto configuró en los años ochenta una dinámica movimientista; con este término aludo a una forma de hacer política en la que el poder e influencia se construía por medio del desarrollo de una relación privilegiada con movimientos sociales y grupos de interés, en donde se maximizaban sus demandas para poder entrar mejor a la negociación política14

A pesar de que el sistema político así definido siempre arrastró problemas históricos de legitlmidad, durante gran parte de esa década las diversas demandas y esperanzas ciudadanas pasaron por esos cauces. Ello habría de cambiar en los años noventa. En los ochenta el problema fundamental de la agenda del país era el problema de la gobernabilidad, consecuencia de la polarización ideológica entre las distintas opciones en pugna, difícilmente conciliables. No sólo por la diferencia en sus proyectos; también porque, dada la percepción de estar viviendo un momento «plástico», en el que un orden desaparecía y emergía otro, había estimulos para no desarrollar conductas conservadoras, «aversas al riesgo», y por el contrario hacer apuestas fuertes15.

Estos temas fueron abordados desde muy diverses ángulos por las ciencias sociales peruanas. En medio de la diversidad de enfoques, puede distinguirse claramente que una gran parte de Io producido por los científicos sociales peruanos estuvo fuertemente marcado por opciones políticas de izquierda; es más, muchos de los principales investigadores compartían sus labores académicas con puestos directivos en partidos políticos de izquierda. Esto ciertamente no es privativo del caso peruano, un patrón similar puede registrarse en toda la región. En cuanto a las relaciones entre sociedad y Estado, la influencia de posiciones de izquierda llevó a privilegiar el estudio de los sectores populares, y a pensar las relaciones de éstos con el Estado a través de movimientos sociales, analizados desde modeles teóricos gruesamente influidos por autores como Antonio Gramsci o Alain Touraine.

Creo que la politización de las ciencias sociales peruanas en los años setenta y ochenta tuvo algunos aspectos positives (por ejemplo, el compromiso con el cambio social), pero también muchos negativos. Entre elles, la desatención de temas muy importantes en agenda en esos años, como per ejemplo los político-institucionales (precisamente cuando se recuperaba la democracia como régimen político en el Perú y toda la región), menospreciados por «libérales» o peor aún, «burgueses»; o la manera tan unilateral de tratar algunos temas, que podrían haberse visto provechosamente desde otras perspectivas teóricas (por ejemplo, estudiar los movimientos sociales solamente desde una perspectiva tourainiana, obviando por complete enfoques como los de la movilización de recursos). En todo caso, se tendió a evaluar la realidad a partir de modelos ideales (antes que buscar analizar y comprender su dinámica), con Io que se generó una suerte de discurso de denuncia de los males sociales (por no adecuarse al modele definido de antemano de cómo deberían ser las cosas)16. Este discurso de denuncia, proveniente de las ciencias sociales, llegó a tener una difusión amplia en el país, a través de la escuela, por medio de profesores también altamente politizados, formados en ese discurso17.

Así, tendieron a desarrollarse en la cultura política, pero también en círculos intelectuales, «narrativas trágicas, historias en las que se articulan contradictoriamente, de un lado, sentimientos de impotencia e inferioridad e invocaciones a la resignación, con, de otro lado, una esperanza de redención»18. Creo que nuestras ciencias sociales no han sido inmunes a esta tendencia, fusionándose así el discurso «ucrónico» de denuncia con el desarrollo de narrativas trágicas que miran de manera unilateral nuestra realidad, dejando de lado algunos aspectos de cambio positivos, pero sobre todo, soslayando el análisis y la comprensión del porqué de las cosas. Las esperanzas de redención aparecieron por medio de una fuerte apuesta política por la potencialidad transformadora de ciertos actores, que concentraron la atención de los estudiosos. En los años setenta las esperanzas estaban en la clase obrera, en los ochenta en los nuevos movimientos sociales, y en los años noventa aparecen cifradas en la participación de la «sociedad civil», como veremos.

Así, en los años ochenta, junto a los discursos de denuncia de los males del status quo, tendieron a desarrollarse esquemas interpretativos «optimistas» del potencial de los movimientos sociales, y de su capacidad de constituir un «nuevo orden»19. Ese optimismo no era, ciertamente, del todo arbitrario. Desde la segunda mitad de los años setenta, se vieron en el país masivas movilizaciones y protestas encabezadas por organizaciones populares de muy distinto tipo (sindicales, regionales, de pobladores, de mujeres y otras), inéditas en la historia peruana por su contundencia, que contaban además con relaciones estrechas con la izquierda política que, desde 1980, se unificó en Izquierda Unida, lo que permitía potenciar sus demandas y acciones y enmarcarlas dentro de un proyecto global de transformaciones.

Una referenda ineludible para analizar la «emergencia» de los sectores populares es el libro de José Matos Mar, Desborde popular y crisis del Estado (1984), en donde se sostenía que los sectores populares, como consecuencia de la migración y la modernización, se emancipaban de esquemas tradicionales que los sometían, rebasaban los márgenes de una institucionalidad estatal que no habia cambiado al ritmo de los cambios sociales, y que se abría la posibilidad de fundar un nuevo orden, más cercano al Perú emergente; los trabajos, algo posteriores, de Carlos Franco (1991) también se inscriben dentro de esta óptica, por la cual se estaría ante el posible «alumbramiento» de un nuevo orden, y de nuevas relaciones, más cercanas, entre una sociedad históricamente excluida y la institucionalidad estatal. Cabe mencionar también el texto de Degregori, Blondet y Lynch (1986), en el que los autores, si bien comparten el optimisme y las expectativas reseñadas, también son cautos respecto a las nuevas tendencias y las nuevas generaciones: los autores distinguen entre las primeras generaciones de migrantes, básicamente exitosas, y «los hijos de la crisis», en donde empiezan a percibirse tendencias a la disgregación20. Estas visiones optimistas también se explican, como decía más arriba, por el apoyo que recibían los movimientos populates desde el propio Estado, en los niveles locales. La presencia de alcaldes de izquierda, tanto en los distritos como en las provincias, abría la posibilidad de respaldar y potenciar sus demandas y acciones, en tanto en esas gestiones ediles se puso énfasis en la promoción de prácticas organizativas y acciones colectivas21.

Todo esto en términos generales. Podemos desagregar estas discusiones según los diverses segmentas del mundo popular. En cuanto a la clase obrera y el sindicalismo, la mayoría de trabajos destacaba el desarrollo de una identidad «clasista», la ideologización y el proyecto de cambio social que manejaban los trabajadores organizados en sindicatos, más allá de un simple «reivindicacionismo»22; en el mundo del trabajo, también se vio con grandes expectativas al sector informal, y sus posibilidades para ser un motor de desarrollo, dentro de procesos de acumulación que permitirían una mejor distribución de la riqueza23; sobre el movimiento de pobladores se señaló que ellos cuestionaban implícitamente las políticas estatales de manejo del espacio urbano, y abrían la posibilidad de involucrar democráticamente a la población en las decisiones de los gobiernos locales24. En los espacios urbanos, en los años ochenta se consolidó un fuerte movimiento de mujeres organizadas para atender colectivamente necesidades alimenticias, tanto de manera autónoma (en comedores) como dentro de esquemas estatales participativos (como el programa del Vaso de Leche, instaurado en Lima durante la gestión del alcalde de Izquierda Unida Alfonso Barrantes), prácticas que además, reivindicaban el papel de la mujer y cuestionaban implícitamente prácticas machistas25. En el campo, se habló de los movimientos regionales26, cuestionando la organización centralista del Estado, o de las rondas campesinas como formas de organización del campesinado con potencial para no sólo enfrentar problemas de seguridad y violencia, sino también como germen de formas de democracia directa27.

Lo dicho hasta acá se refiere a las relaciones entre el Estado y los sectores populares. En cuanto a los sectores altos, también fueron estudiadas las organizaciones de empresarios, particularmente la CONFIE?28. Lo que esos trabajos muestran es que los distintos sectores de empresarios mantuvieron relaciones fluctuantes con el poder estatal. La CONFIEP surge precisamente para defender sus intereses y demandas ante las diversas iniciativas estatales, cuestión sentida como necesidad después de las reformas del gobierno militar. Durante el segundo belaundismo (1980-1985), periodo en el que se intentó una reforma neoliberal (básicamente por medio de una reforma arancelaria y liberalización comercial), se produjeron algunos conflictos con sectores industriales, que lograron morigerar los cambios que se pretendieron realizar. Durante el gobierno de García (1985-1990), hubo una suerte de «luna de miel» entre 1985 y 1987, periodo en el que la reactivación del mercado interne permitió una suerte de alianza entre el Gobierno y los empresarios. Sin embargo, a partir del intente de estatización de la banca, los empresarios pasaron resueltamente a la oposición, y no sólo eso, entraron abiertamente a la acción política, por medio del Movimiento Libertad y el FREDEMO.

Es interesante anotar que, analizando las características de la clase empresarial y de los grupos de poder, encontramos que éstos son radicalmente distintos a los registrados en los años sesenta, antes de las reformas velasquistas; el poder en el Perú pasó de una hegemonía de sectores terratenientes agrarios y mineros, hacia una orientada al sector industrial y financiero. Estos nuevos intereses empresariales tuvieron su expresión más clara en los famosos «doce apóstoles» de los que se hablaba durante los años de Alan García. Quiero resaltar esto porque, como veremos, después de las reformas del fujimorismo la composición de los grupos de poder volvió a cambiar radicalmente. Estos cambios en la composición y naturaleza de los grupos de poder económico marcan discontinuidades también en cuanto a la estructura de autoridad en el país, y refuerzan la tesis de que en el Perú los diverses órdenes se suceden constantemente sin consolidarse nunca; esto también ayuda a entender el desorden extremo en el que vivimos.

En suma, en los años ochenta las relaciones entre sociedad y Estado se dieron a través de los partidos políticos, dentro de esquemas representativos, y per mecanismes de participación directe, a través de la acción de grupos de interés y movimientos sociales, que se expresaron en la acción colectiva de una amplia gama de grupos, que transmitían las demandas de los diverses sectores sociales. Este esquema de relaciones cambiaría rápidamente hacia finales de los ochenta, especialmente después del ajuste de 1988.

IV. LOS NOVENTA Y EL FUJIMORISMO: LA REESTRUCTURACIÓN NEOLIBERAL, LA DESTRUCCIÓN INSTITUCIONAL, Y NUEVOS MECANISMOS DE RELACION ENTRE SOCIEDAD Y ESTADO29

La crisis del Gobierno de Alan García empezó no tanto en 1987, con el intento fallido de estatización de la banca, sine en 1988, después del programa de ajuste de septiembre, largamente pospuesto por consideraciones políticas, y sólo implementado cuando las reservas internacionales del país no sólo habían desaparecido, sino que ya alcanzaban cifras negativas. Es en este momento cuando el ritmo de subida de los precios alcanzó niveles hiperinflacionarios, y cuando la aprobación a la gestión del presidente cayó dramáticamente. Pero el ajuste de 1988 tuvo consecuencias de más largo plazo. En realidad, puede decirse que constituyó una herida fatal a la lógica movimientista, a la posibilidad de construit poder político por medio de acciones de protesta, al reducir en extremo los recursos movilizables para la acción colectiva. Esto porque el ajuste de 1988 fue el episodio más fuerte de una larguísima serie de ajustes iniciados en la segunda mitad de los años setenta. Muchos esperaron una generalizada reacción social al durísimo ajuste, sin embargo éste nunca llegó30; recién se empezó a revelar claramente el grado al que había llegado el debilitamiento de las organizaciones sociales, y de qué manera ellas habían dejado de representar a la población en general, al ciudadano promedio.

La crisis de representación social se expresó luego en una crisis de representación política, en la medida en que los partidos todavía pensaban que la manera privilegiada de llegar a la sociedad era por medio de los grupos de interés, movimientos sociales, y de los núcleos organizados en general. En este piano, el país vivía un proceso de polarización; sin embargo, cada vez más, diversos grupos sociales buscaban opciones de centro. Todo esto ocurrió alrededor del proceso electoral de 1990: finalmente, el vacío político que dejaron una izquierda dividida e ideologizada, una derecha que pedía un mandato claro para una reforma neoliberal profunda, y un APRA administrando una gravísima crisis, fue ocupado inesperadamente por un outsider, Alberto Fujimori, con un discurso sencillo que explotó las debilidades de sus adversarios. Fujimori quedó segundo en la elección presidencial de 1990 y luego, con los votos del APRA y de la izquierda, logró ganar la Presidencia.

Una vez en el poder, y contradiciendo sus ofertas electorales, Fujimori lanzó un durísimo programa de ajuste en agosto de 1990 que, al igual que en 1988, algunos pensaban que generaría una respuesta social incontrólable. Nuevamente, ello no ocurrió. Cierto es que a lo largo de 1991 su gobierno enfrentó la generalizada oposición de casi todos los gremios y sindicatos de trabajadores, pero ellos terminaron a la larga desvinculados de una ciudadanía que valoraba la sustancial reducción de la inflación que se produjo después del ajuste. En términos analíticos, los conflictos de 1991 muestran el final de la dinámica movimientista a la que hicimos referencia: desde entonces, la clave del poder no estuvo más en la capacidad de movilizar a grupos de interés o movimientos sociales, dado que ellos dejaron de ser representativos o expresivos de la mayoría ciudadana. Ella empezó a expresarse cada vez más a través de una opinión pública que se reconocía cada vez menos en el sindicalismo traditional y el mundo organizado en general31.

Pero Fujimori también enfrentó una dura situación política, dada la posición minoritaria de su bancada en el Congreso; para enfrentar ese problema optó rápidamente por una estrategia de confrontatión con el orden institucional que le ponía límites, tratando de aprovechar la crisis de legitimidad del sistema político que Io había llevado a la Presidencia, aunque en una posición minoritaria. Como sabemos, Fujimori logró ganar esa confrontatión porque el ajuste mostró su éxito al reducir sustancialmente la inflatión desde los últimes meses de 1991, pesea sus énormes costos sociales32, dando legitimidad a un liderazgo crecientemente autoritario y antiinstitucional, y permitiendo armar una coalición con las Fuerzas Armadas y los poderes de facto.

El asunto es que, hacia finales de 1991, Fujimori aparecía ya creíblemente como el garante de la estabilidad del país, y ello le permitió dar con éxito su «autogolpe» de abril de 1992. Esa imagen se consolidó con la captura de Abimael Guzmán en septiembre del mismo añe, de modo que pudo sumar al éxito en el terreno de la economía, éxitos en el terreno de la lucha antisubversiva, logrando «solucionar» los dos problemas más sentidos de la población: la inflatión y la violencia.

Desde 1992, con la consolidatión del fujimorismo, se consolidó también la aplicación de profundas reformas estructurales orientadas hacia el mercado, poniendo fin al orden de centralidad estatal que venía, como hemos visto, de varias décadas atrás. Aquí cabe mencionar de nuevo que Io que sucedió en el Perú es un proceso que ocurrió en toda la región. Así como en nuestro país, hubo hiperinflación en Bolivia, Argentina y Brasil, y en casi todos los países hubo desarreglos económicos extremes en el tránsite del modele estadocéntrico a modeles de economía de mercado. En todas partes el proceso ha sido muy tortuoso y difícil, con enormes protestas, costos sociales, y crisis políticas. En todas partes los sistemas de partidos cambiaron, los perfiles de los grupos de interés y movimientos sociales se modificaron; sin embargo, sólo en el Perú se produjo el colapso del sistema de partidos (con la excepción reciente y relativa de Venezuela), y del sistema de representación íntegre vigente en los añes anteriores. Con ese colapso se pudo consolidar un liderazgo político autoritario, que se propuso concentrer el poder y destruir cualquier intente de actión social o política que pudiera desafiar su lógica de control. Con el colapso, además, se produjo nuevamente un quiebre drástico con el pasado inmediato, otra «solutión de continuidad», en la que los actores y las instituciones hasta entonces vigentes prácticamente desaparecieron.

En los años ochenta hablábamos de perspectivas «optimistas» de análisis en las ciencias sociales. Después del ajuste de 1988, de la hiperinflación, de la extensión y aumento de la violencia política y social33, y después del ajuste de 1990, poco a poco esas lecturas dejaron de tener vigencia. Desde entonces, por el contrario, empezaron a darse lecturas que enfatizaron, en extreme, procesos de desestructuración social34, pero en general, la debilidad de todas las formas de intermediación entre sociedad y Estado. De un lado aparecía un Estado sin legitimidad y, del otro, actores sociales debilitados en extreme35.

Ya nos hemos referido al debilitamiento del movimiento sindical, veamos algunas de las múltiples manifestaciones de las debilidades reseñadas. Junto con éste se produjo la extensión de la informalidad, pero, a diferencia de antes, ya no se sostenían visiones optimistas de sus posibilidades de acumulación y desarrollo, en un contexto de mercados reducidos, y escasas posibilidades de competir exitosamente con productos extranjeros36; el movimiento de pobladores se desmovilizaba, una vez satisfechas sus demandas por servicios básicos, dentro de un proceso de consolidación de espacio urbano37; los movimientos de mujeres organizados en torno a la supervivencia mostraban su extrema dependencia de agentes externos, y la reducción de sus intereses a los inmediatos de subsistencia38; los municipios de izquierda, que supuestamente iban a potenciar la actuación de las organizaciones populares, mostraron también grandes límites, así como las organizaciones no gubernamentales; ambas en realidad manejaban agendas propias, con intereses y visiones que no necesariamente coincidían con las de las poblaciones y sus organizaciones no gubernamentales39.

Ahora, si bien los mecanismos de relación entre sociedad y Estado vigentes hasta finales de los años ochenta colapsaron en los años noventa, ellos fueron sustituidos por nuevas formas de relacion. ¿Cuáles fueron? Empecemos por Io ocurrido en el terreno de la política. Desaparecidos los partidos «tradicionales», el espacio politico empezó a ser ocupado por figuras «independientes», liderazgos sumamente fragiles y volátiles, construidos sobre los escombros de los partidos de los a¿os ochenta40. Estas nuevas representaciones políticas aparecen casi como «omnibuses» que transportan candidates a cargos públicos, sin mayores definiciones programáticas o ideológicas. Esta caracterización abarca también al fujimorismo, ciertamente, que no llegó a constituirse como movimiento político, dada su extrema personalización y dada su vocación no institucional.

En cuanto a las organizaciones sociales, creo que lo central a tomar en cuenta es que, en los últimos años, la mayoría de gremios y organizaciones sociales existentes han devenido en instancias de articulación de grupos de interés particular, no pudiendo decirse que sean representativos de los intereses de las comunidades en nombre de las que actúan. Las comunidades, en contextos crecientemente complejos, no existen como entes homogéneos, sino que constituyen redes de intereses diversos, no siempre convergentes. Así, las organizaciones existentes son mas bien expresivas de segmentes específicos, de redes siempre partiales; además, muchas veces estas redes están enfrentadas entre sí, en conflicto por la consecución de recursos siempre escasos, por acceder a relacionarse con agentes externos, gubernamentales y no gubernamentales, que son los proveedores de esos recursos. De este modo, los líderes populares de base que resultan siendo interlocutores de las iniciativas de los agentes externos no son tanto representantes de comunidades o grupos, sino más bien intermediarios, que cumplen la funcion de brokers entre los agentes proveedores de recursos o iniciativas de politicas publicas y segmentos especificos de las comunidades o grupos. Estos brokers, por lo tanto, tienen también una agenda propia, no es necesariamente la de los intereses o grupos en cuyo nombre actúan; ellos han de recibir algún tipo de incentivo selectivo, que justifique su intermediación. Una de las muchas consecuencias de esto es que los esquemas participativos, que descansan en una relación estrecha con estos personajes, en realidad no llegan al ciudadano promedio, que también percibe con cierta desconfianza la actuación de estos líderes sociales. Esto debe ser considerado en cualquier estrategia de intervención41, cosa que al parecer no es tomada en cuenta por quienes conciben la «sociedad civil», un tanto ingenuamente, como el espacio de participación e interacción con el Estado desde el cual saldría un impulso renovador del sistema político.

En una situación como la descrita, el ciudadano se relaciona con el Estado sobre la base de necesidades o demandas puntuales, no pasando necesariamente por formas de organización corporativa; y se expresa por medio de mecanismos representativos-institucionales, dentro de los cuales los gobiernos locales destacan como una instancia de gobierno que las personas sienten como más cercana, pese a todas sus limitaciones. En los últimos año, pese a que es cierto que el fujimorismo buscó controlar políticamente la institucionalidad municipal, también Io es que los gobiernos locales dispusieron de más recursos para hacer obras, y ganar legitimidad ante sus comunidades. En todo caso, se trata de uno de los espacios más prometedores para vincular sociedad y Estado sobre nuevas bases42.

Rotos los vínculos antes presentes entre sociedad y Estado que pasaban por organizaciones, cobra cada vez más centralidad la arena de la «opinión pública» como un espacio de relación, en el que las diversas expectativas ciudadanas impactan sobre el funcionamiento del sistema politico con la intermediación de los medios masivos. Ciertamente se trata de un mecanismo de relación precario, sujeto a manipulación por parte de los intermediarios (medios, empresas de opinión, etc.), en el que no existe la posibilidad de diálogo, pero no por ello es menos importante para los actores políticos. Precisamente por eso es que Fujimori se preocupó especialmente por el control de la prensa y por los humores de la opinión pública durante su gobierno43. En términos generales, puede decirse que la relación entre sociedad y Estado durante el fujimorismo se dio por medio de esquemas plebiscitarios, en los que se privilegió la relación directa de los lideres con la opinión pública, pasando por encima de otras instancias de intermediación44.

Dado que las formas de expresión de la sociedad ante el Estado quedaron reducidas a las surgidas de mecanismos electorales y la difusa opinión publica, y a la acción de grupos de interés específicos (que agrupan a los sectores con mayor capacidad de movilizar recursos e invertirlos en acciones colectivas), un sector mayoritario del país, en situación de pobreza, quedó prácticamente sin mecanismos de expresión, sin medios para hacer valer sus intereses. Si bien los pobres se organizan y participan en organizaciones y actividades comunales, su capacidad de acción politica y presión es muy limitada45 (con todo, a mediano plazo, esta exclusión puede asumir la forma de protestas desordenadas y desestructuradas, expresión de la frustración, y difícilmente controlables, ya que no presentan la forma de demandas claramente formuladas y negociables).

El debilitamiento del mundo organizativo no sólo se dio en el mundo popular, también en el ámbito de las organizaciones empresariales. Durante el fujimorismo los gremios de empresarios también entraron en conflictos, desatados por los profundos cambios ocurridos durante estos años. Las reformas neoliberales trajeron cambios en la estructura y composición de los grupos de poder, al punto de que los principales en la actualidad son totalmente diferentes a los de los años ochenta, salvo algunas pocas excepciones. Los intereses que ahora priman son los de corporaciones extranjeras que se encuentran en la banca y en las empresas privatizadas (como en las comunicaciones, energía y otras). Los principales grupos empresariales ya no son nacionales, y en todo caso los sectores nacionales están asociados minoritariamente con el capital transnacional. Los sectores hegemónicos están en la banca y en la minería, ya no se ubican más en la industria ni en el comercio. Estos procesos produjeron el debilitamiento de la CONFIE? y su práctica división en la segunda mitad de los años noventa, separando rumbos los «ganadores» del proceso de reformas (mineros, exportadores, grupos financieros) y los «perdedores» (industriales y comerciantes, cuyo proceso de acumulación se halla atado a un reducido mercado interno)46.

En los últimos años, desaparecidos o en crisis los actores políticos y sociales en construcción a Io largo de los años ochenta, el espacio «vacío» entre sociedad y Estado muchas veces logró ser cubierto por mecanismos de relación directa, sin intermediaciones, de naturaleza clientelar para los sectores populares, o «mercantilistas» frente a grupos de interés particulares47. Respecte a los sectores populares, ello funcionó a través de programas de ayuda social; el Estado, aprovechando la situación de precariedad de las comunidades en situación de pobreza, intercambió el otorgamiento de beneficios a cambio de apoyo político48. Según datos de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) del año 2000, el 75,3% de los pobres extremes recibió de alguna forma alimentes donados por parte de alguno de los muchos programas de asistencia alimentaria del Gobierno. Dentro de los pobres no extremos, el 59,2% recibió algo; y también casi la mitad de los hogares del país. De alli que el fujimorismo fuera relativamente más fuerte en las zonas rurales y entre los más pobres.

La generalización del tema de la pobreza y la importancia de la pobreza extrema nos lleva a preguntarnos si es que existen incentives políticos para que el Estado y los actores políticos se preocupen seriamente por el tema. Lamentablemente, la respuesta es que no. La pobreza extrema se concentra básicamente en la sierra rural: el 45,3% de los pobres extremos se encuentran disperses en ella, como puede verse en el Cuadro 1. Su dispersión y poca visibilidad política hace que sus necesidades no se puedan convertir claramente en demandas, por Io que se les suele postergar frente a otros reclamos49. Cuando se ataca la pobreza, por ello, los esfuerzos se suelen concentrar en la pobreza no extrema, y el 30% de ella se concentra en Lima. Por ello, politicamente, es mucho más rentable concentrar los esfuerzos en la capital.

CUADRO ITOTAL DE POBRES Y POBRES EXTREMOS EN EL PERÚ, SEGÚN REGIONES

Las consecuencias de esto son claras. Si analizamos la distribución del gasto social total del Gobierno, encontramos un claro sesgo regresivo, Del total del gasto social realizado en 1996, sólo el 35% benefició al 40% más pobre (ver Cuadro 2). Esto sugiere que la distribución del gasto social responde mas a la distribución de la población que a la distribución de las necesidades de esta. Esta distribución del gasto se debe al comprobado carácter regresivo de buena parte del gasto en educación (secundaria y superior) y salud (atención hospitalaria)50.

CUADRO IIDISTRIBUCIÓN AGREGADA DEL GASTO SOCIAL QUINTILES Y PARTICIPACIÓN DEL GASTO SOCIAL TOTAL (%)

Otro indicador de lo que decimos lo encontramos analizando la cobertura de los principales programas de ayuda alimentaria (Cuadro 3). Los cuatro principales se concentran claramente en la atención de los pobres no extremos, mayoritariamente en Lima. El hecho de que uno de los mecanismes privilegiados de relación entre los pobres y el Estado pasen por programas sociales especiales hace que proliferen mecanismos clientelares, que debilitan mecanismos institucionales más convencionales que permitirián mejor participación y control51.

CUADRO IIIUSUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO ALIMENTARIO, POR TIPO DE POBREZA

Como consecuencia del quiebre de los mecanismes institucionales de relación entre sociedad y Estado, y del quiebre de más largo plazo de las formas tradicionales de autoridad y poder, encontramos que en el Perú se registra uno de los niveles más bajos de legitimidad del sistema político en el mundo, según datos de la encuesta mundial de valores de la Universidad de Michigan (1995), datos que se confirman al analizar la información del Latinobarómetro de los ultimos años. Pero todo esto ha tenido también efectos desestructurantes sobre las relaciones interpersonales entre los peruanos. Según el Latinobarómetro (1998), en nuestro país se registran también los niveles más bajos a nivel mundial de confianza interpersonal, además de niveles muy bajos en cuanto a la percepción de las virtudes de nuestros propios compatriotas. Todo esto por supuesto tiene implicaciones negativas sobre las posibilidades de organizarse y actuar de manera colectiva53, y se da además en un contexto social de pérdida de referentes estables, incertidumbre, desapego de la esfera pública, y repliegue sobre la esfera privada54.

Ahora bien, es justo reseñar también que en los últimos años han aparecido aigunos nuevos actores, que han permitido avances, al menos parciales, en un sentido más democrático. Un ejemplo claro de los matices entre avances y retrocesos podemos encontrarlo en la entrada de la agenda de género en la esfera pública, y de la acción del movimiento feminista55. El fujimorismo adopto, básicamente siguiendo una agenda transnacional, la agenda de género, pero combinó iniciativas positivas con un estilo de conducción autoritario. Otro ejemplo de avances parciales se dio con el movimiento de Derechos Humanos. Precisamente por las violaciones a los derechos humanos durante el fujimorismo, dados en un contexto de debilidad de los partidos, es que el movimiento de defensa de esos derechos logró tener una gran centralidad y legitimidad publica, que permitió la confluencia y acción concertada de diversas organizaciones antes dispersas56. Finalmente, otro actor que merece atención es el de las ONG's y agendas de desarrollo, que también cumplen, a su manera, con una función de intermediacion entre sociedad y Estado cada vez más importante57.

V. ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

En medio de grandes dificultades y graves problemas de legitimidad, el fujimorismo logró su reelección en las elecciones de 2000, en las que emergió inesperadamente Alejandro Toledo como el líder de una oposición hasta apenas semanas antes de las elecciones, profundamente dividida. A pesar de ello, el fujimorismo se derrumbó estrepitosamente poco tiempo después de haber iniciado su tercer periodo, básicamente como consecuencia de sus contradicciones internas, desencadenadas por presiones externas. Así, la caida de Fujimori no es tanto consecuencia del vigor de la oposición social y política, que como hemos visto estaba (y está) en una situación de enorme precariedad58. Con todo, los escándalos del final del fujimorismo, y la exaltación de las campañas electorales de 2000 y 2001, han generado grandes expectativas de cambio y presiones sobre el nuevo Gobierno, que asume el poder en condiciones de debilidad organizativa, indefinición partidaria, e inexperiencia en cuanto a la gestión pública. El actual Gobierno casi por definición no logrará satisfacer las aspiraciones ciudadanas ni a la movilización dispersa, sin proyecto claro, con tintes maximalistas, descontrolada, que ha empezado a manifestarse.

Estos problemas caracterizan el momento de transición presente. La fragmentación y la debilidad de los actores sociales y políticos llamados a procesar demandas, hace que éstas se presenten cruzadas, generando un problema de agregación de preferencias59, que hace muy difícil construir legitimidad, ahondándose las brechas existentes entre sociedad y Estado. Los actores del sistema político aparecen extremadamente frágiles, poco más que improvisadas coaliciones electorales sin mayor arraigo social60.

Vistas las cosas desde una perspectiva de largo plazo, el Perú aparece signado por rupturas sucesivas, cada una exitosa en derrumbar el orden que le precedió, pero incapaz de erigir uno alternativo, siendo cada vez más difícil la tarea de la reconstrucción, dada la cada vez mayor precariedad del Estado y sus instituciones. Pero a pesar de las dificultades de la situación presente, hay también oportunidades únicas para recomponer las relaciones entre sociedad y Estado en un sentido democrático. Si vemos las últimas décadas, encontraremos que nunca como ahora, dada la terrible experiencia dejada por el fujimorismo, hay tanto consenso en torno a la importancia de la promoción y defensa de los valores democráticos, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Nunca antes hubo tanto grado de convergencia programática en torno al centro político en las propuestas de los principales actores; en torno al reconocimiento de los límites tanto del viejo modelo populista como del modelo neoliberal y la necesidad de reconstruir las capacidades de intervención del Estado, para hacer más competitiva la economía de mercado y reducir sus costos sociales. La situación es ciertamente complicada, pero también hay posibilidades abiertas. Tenemos además un nuevo Gobierno democrático inéditamente abierto, plural, y receptivo a la participación de fuerzas de muy diversos origenes y tendencias. Como antes, también ahora todo depende de las decisiones de los actores principales.

En la actualidad está en agenda un proceso de reforma constitucional; de reforma y modernización del Estado, un proceso de descentralización, un rediseño de los programas sociales, y otras iniciativas que al menos tienen la intención de plantear un amplio debate y generar un consenso que permita que los cambios sean sostenibles y viables. Esta agenda de cambios podría apoyarse en un conjunto de aportes desarrollados en los últimos años por diversas instituciones y especialistas61. Si partimos del criterio general que los actores sociales y políticos están muy debilitados, si es que hay un problema de representación muy profundo, en donde ni los partidos ni los gremios ni organizaciones populares representan propiamente ni expresan las aspiraciones de la opinión pública, ¿cómo intervenir para iniciar una dinámica que cambie esa situación? Creo que la respuesta esta precisamente en el cambio institucional. De Io que se trata no es de dar leyes que difícilmente se aplicarán, sino de crear una estructura de incentivos según la cual se estimulen ciertas prácticas que definamos como deseables, y se aumenten los costos de seguir otras definidas como negativas62.

También los desafíos para las ciencias sociales peruanas son muy grandes; los constantes cambios hacen difícil la acumulación de conocimientos, la complejidad de las situaciones hace necesario echar mano de todas las herramientas metodológicas y teóricas disponibles. Pero también se abren oportunidades. Ya no puede decirse que las ciencias sociales peruanas estén tan sometidas como antes a opciones políticas que limitaban las posibilidades de un examen verdaderamente crítico y objetivo de la realidad social. Esperamos así que las cosas avancen en cuanto a los intentos de análisis e interpretación del Peru, pero también ciertamente, para el país mismo.

Footnote

1. Este trabajo se basa en un documente preparado por el autor para el Ministerio Británico de Desarrollo Internacional-DFID, que contó con Ia colaboración del sociólogo Rodolfo Acevedo. Agradezco las sugerencias y comentarios de los evaluadores anónimos de este articule.

2. Éste es uno de los temas más polémicos en las ciencias sociales en los últimes años. Hay autores que enfatizan, desde diversos ángulos, la continuidad de práctices racistas y discriminatorias: ver MANRIQUE (1999) y PORTOCARRERO (1992 y 1993). Otros autores, si bien reconocen la persistencia de esas prácticas, enfatizan por el contrario los cambios ocurridos en las últimas décadas, procesos de integratión y democratización social en curso, y posibilidades de construit una identidad national inclusiva. Ver ARROYO (1994), DEGREGORl (1986 y 1993), GOLTE (1995), NuGENT (1992) y ORTIZ (1998). Personalmente, creo que la discriminatión y la exclusión en el Perú de hoy sin duda existen, pero ellas se entienden mejor a partir de diferencias socioeconómicas, y no tanto por la persistencia de una estratificación étnica proveniente de esquemas coloniales. La denuncia de las prácticas racistas, si bien «políticamente correctas», no siempre se sostienen analíticamente.

3. El análisis de la «modernizatión» es un clásico de la sociología latinoamericana. Ver GERMANI (1965), entre muchos otros.

4. Sobre el profundo cambio subjetivo que implica la migración y modernizatión del país ver DEGREGORI (1986), FRANCO (1991), GOLTE (1995), entre otros.

5. Sobre el final del Estado oligárquico ver PEASE (1979); sobre el gobierno militar ver también McCLiNTOCK y LOWENTHAL, (1989), STEPAN, (1978), LYNCH (1992), entre otros.

6. Así, el Estado era analizado desde perspectivas poulantzianas o gramscianas como un espacio de lucha por la hegemonía. Ver PEASE (1979); por su parte, LÓPEZ (1990 y 1997), habló de un Estado que había sido asediado por «oleadas democratizadoras» a Io largo del siglo XX, que habían logrado una democratización parcial del Estado.

7. En el Perú, las reformas estructurales orientadas hacia el mercado fueron especialmente profundas. Ver THORP (1998) y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1997), entre muchos otros. Sobre el fin del orden de centralidad estatal y la adopción de reformas neoliberales en la región, ver CAVAROZZI (1996).

8. Por primera vez votaron los analfabetos, y no se excluyó ni al APRA ni a la izquierda.

9. Sobre elpunto ver TANAKA (2003).

10. Las ideas que siguen en esta sección descansan mucho en TANAKA (1998).

11. La mayoría de autores enfatiza la debilidad de ese sistema de partidos: ver CoTLER (1995), LYNCH (1999), LÓFEZ (1990), TUESTA (1995), entre otros. Ciertamente también hubo importantes partidos extrasistémicos (MRTA y SL), pero dado su carácter terrorista y fundamentalists, no los considerames como vehículos de relación entre sociedad y Estado.

12. En general, la gran mayoría de estudios basados en el concepto de «sociedad civil», a mi juicio, pecan de gaseosos e impresionistas. Creo que es más conveniente por eso hablar de grupos de interés o de movimientos sociales. La diferencia entre ambos estaría en que los primeros tienen demandas puntuales, de modo que la acción colectiva es esporádica y circunscrita a un tema; mientras que los movimientos sociales tendrían visiones y proyectos más amplios, y cierta permanencia en el tiempo.

13. Ver DURAND (1998 y 2000).

14. El término «movimientismo» lo tomo de ALBERTI (1991), quien lo usa en un sentido ligeramente distinto. Sobre el movimientismo en los ochenta ver TANAKA (1998, 1999 y 1999b).

15. Se vivió una «coyuntura crítica», una situación en la que se define un nuevo orden, y en el que las decisiones tomadas tienen consecuencias de largo plazo. Ver COLLIER y COLLIER (1991).

16. A mi juicio éste es uno de los males más profundos de las ciencias sociales peruanas. Sobre este tema, que merecía mucho mayor discusión, ver CHOCANO (1987) y RoCHABRÚN (1991), entre otros. Chocano llama a este estilo de razonamiento «pensamiento ucrónico».

17. Ver PORTOCARRERO y OLIART (1989).

18. Cita tomada de un documente inédito de Gonzalo PORTOCARRERO: Conversando sobre la sociedad y el Estado en el Perú: un ensayo polifónico (2002).

19. Textos paradigmáticos en este sentido son los de BALLN Ó(1986 y 1986a). Ver también la introducción en BALLÓN (1990).

20. En esos aos ñtambién hubo visiones «escépticas», retomando el término usado por Murakami (2000) en su revisión de las lecturas sobre el potential de los sectores populares, pero relativamente aisladas. Un libro emblemático de este tipo de aproximación es el de Jorge PARODI, Ser obrero es algo relativo (1986), que nos ofrece una mirada crítica del sindicalismo clasista, particularmente alabado en aquellos años. Otra mirada crítica del sindicalismo la encontramos en ROSPIGLIOSI (1988). Otro autor crítico es Guillermo ROCHABRÚN, quien cuestiona las visiones «optimistas» de los movimientos sociales (1987 y 1992). Es importante también recordar el debate que se produjo sobre la utilidad de la categoría «anomia» para describir el Perú de la segunda mitad de los ochenta, a partir de una sugerente y entonces muy polémica propuesta de Hugo NEIRA (1987). Las respuestas de ROMERO (1987) y LYNCH (1989) cuestionaron la centralidad de procesos de desestructuración, y por el contrario consideraron como centrales procesos de recomposición de un nuevo orden. Una revisión de la dimensión teórica del debate puede verse en CARRILLO y SULMONT (1991).

21. Entre muchos otros ver CALDERÓN y VALDEAVELLANO (1991).

22. Ver BALBl (1989) y VlLDOSO (1992).

23. Ver VlLLARAN (1990 y 1998), entre otros; este optimismo era también compartido desde posiciones liberales, ver DE SOTO (1986).

24. Sobre estas perspectivas ver TOVAR (1985 y 1986), STOKES (1995); más recientemente, ZAPATA (1996), entre muchos otros.

25. Sobre el punto ver LORA (1996), GARCÍA NARANJO (1994), CÓRDOVA (1996), entre otros.

26. Ver HENRÍQUEZ (1986).

27. Ver STARN (1991,1992) y ZARZAR (1991).

28. Ver DURAND (1994 y 1998); más recientemente, ver VASQUEZ (2000).

29. Para visiones panorámicas de los temas tratados en esta parte ver AMES (2001), KAHATT (2000) y SANBORN (2000).

30. Sobre los ajustes ver IGUÍÑIZ (1993). Como señalan los teóricos que estudian los movimientos sociales desde el enfoque de la movilización de recursos, la protesta no se explica tanto por las demandas y necesidades, sino por la disposición de recursos movilizables para la acción colectiva. En términos teóricos ver McADAM (1996). BALBI (1994) muestra cómo a lo largo de los años ochenta la capacidad de protesta del sindicalismo había ido en declive progresivo.

31. Ver TANAKA (1999b), VERDERA (2000), BALBI (1994 y 1997), entre otros.

32. Pese a que el ajuste de Fujimori tuvo éxito en términos del logro de la estabilidad, tuvo efectos muy negatives en términos sociales. Sobre la desatención de Io social en medio del ajuste en el Perú ver GRAHAM (1994). En el Perú la pobreza desde los años noventa es un fenómeno generalizado. Según datos tornados de TANAKA y TEIVELLI (2001), entre 1991, 1994 y 1997, más de 90% de los hogares de la sierra rural fueron «pobres» en alguno de los tres años mencionados (recordemos que la medición de pobreza de 1991 recoge los efectos del shock de agosto de 1990). De otro lado, si bien se acepta que en la actualidad cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza, en realidad casi un 65% ha sido pobre en algún momento entre 1994 y el 2000.

33. La violencia senderista y la represión del Estado tuvieron enormes costos sociales, y debilitaron también las organizaciones sociales, cuyos dirigentes se convirtieron en blancos de la actión de ambos grupos. Sobre las estrategias insurgentes y contrainsurgentes ver, entre otros, DEGREGORI y RIVERA (1994) y TAYLOR (1997).

34. Ver RoDRÍGUEZ RABANAL (1989 y 1995) y PORTOCARRERO y VALENTÍN (1991).

35. Un libro emblemático de estas nuevas visiones críticas es PÁSARA (1991). Creo que no es casual que ese libro haya sido editado en Argentina, y no el Perú. Visiones críticas como ésa eran difíciles de aceptar a inicios de los anos noventa, aunque después se volvcrían más difundidas.

36. Ver GROMPONE (1990 y 1991"). Quien persiste en la actualidad en visiones optimistas, casi en solitario, es Hernando de Soto.

37. Ver DIETZ (1998), TANAKA (1999), ZAPATA (1996), entre otros.

38. Ver DELPINO (1991), BLONDET (1995) y GROMPONE (199Ib).

39. Sobre los municipios ver PARODI (1993). Sobre las ONG's, ver DELPINO Y PÁSARA (1991).

40. Ver GROMPONE y MEjiA (1996), VARGAS (1999), DEGREGORI, CORONEL y DEL PINO (1999), entre otros.

41. Ver TANAKA (1999 y 2001).

42. Ver PlAZZA (1999) y CARRIÓN (1999), en la que se explora la legitimidad de los gobiernos locales.

43. Sobre tema ver, desde distintos ángulos, CONAGHAN (1995 y 1999) y FOWKS (1996). Sobre la importancia del espacio publico en general ver GROMPONE (1999).

44. Sobre los esquemas plebiscitarios, vigentes en el Peru y en la región en el contexte de las reformas de «primera generación» orientadas al mercado, ver LÓPEZ (1991) y COTLER (1995), entre otros. En términos generales, ver O'DONNELL (1992), quien ubica este tipo de liderazgos en el contexto de Io que llama «democracias delegativas».

45. Ver TRIVELLI y TANAKA (2001). Sobre aspectos sociales y políticos de la cuestión de la pobreza ver VÁSQUEZ (2001), FRANCKE, (2001), TRIVELLI (2000 y 200Oa) y VERDERA (1997 y 2001). La pobreza, como es obvio, se concentra en los espacios rurales; una evaluación de los cambios ocurridos en el mundo rural entre los años setenta y noventa puede verse en HuNEFELDT (1997).

46. Sobre el tema ver DuRAND (1999 y 2001), GoNZALES DE OLAETE (1998), CASTILLO y QUISPE (1997), VÁSQUEZ (2000), COTLER (1998 y 1998a).

47. Sobre las relaciones mercantilistas entre el Estado y los empresarios durante el fujimorismo ver DURAND (1999 y 2001).

48. Sobre el tema del clientelismo ver ZAPATA (1999) y STOKES (2000). Estos temas, que implican relaciones «perversas» entre sociedad y Estado, también han sido tratados dentro de la temática del «neopopulismo». Ver KAY (1995), ROBERTS (1995) y WEYLAND, (1996).

49. En consecuencia, el desarrollo rural es un tema central para combatir la pobreza extrema. Lamentablemente, se trata de un asunto desatendido. Ver TRIVELLI (2000 y 200Oa).

50. Para dar una idea de la magnitud de esto, el 50% de los gastos en educación superior se concentró en la población perteneciente al 20% más rico. Asimismo, el 30% de los recursos destinados a atención hospitalaria beneficiaron al 20% más rico, según datos del Banco Mundial (1998).

51. Por ejemplo, haciendo intervenir a los municipios o a sectores sociales como salud y educación.

52. La categoría «no pobres Ia» es muy importante, y comprende a la población técnica no pobre, pero apenas por encima de la situación de pobreza. La categoría «no pobres Ib» es aquella que está mas lejos de la línea de pobreza, pero en situación de vulnerabilidad. Sólo la categoría «no pobres II» es la que está «a salvo» de la pobreza: según datos de la ENNIV 2000, ella comprende apenas al 13,3% de la población. Ver TANAKA y TRIVELLI (2001).

53. Sobre la encuesta mundial de valores ver ROMERO y SULMONT (2001). Sobre la confianza interpersonal, la legitimidad del sistema político y la acción colectiva, ver TANAKA y ZÁRATE (2000).

54. Sobre la nueva cultura urbana en gestatión en Lima ver GROMPONE (1991 y 1999).

55. Ver BARRIG (2000) y BLONDET (1998 y 2002).

56. Ver DRZEWIENIECKI (2000).

57. Ver PORTOCARRERO (2001) y PORTOCARRERO y SANBORN (1998).

58. Sobre el fujimorismo y su caída ver, desde diverses ángulos, COTLER (1994 y 2000), GROMPONE (2000), DEGREGORI (2000), ROSPIGLIOSI (2000) y MARCUS y TANAKA (2001).

59. Ver PARAMIO (1998). Entrados en crisis los partidos y otras instancias de intermediación que procesan y formulan demandas dentro de un formato que las hace negociables, proliferan demandas parciales, contrapuestas y difícilmente atendibles. Esto ahonda la crisis de legitimidad del sistema, produciéndose un círculo vicioso entre demandas exacerbadas e imposibilidad del sistema para solucionarlas.

60. En términos políticos, la sorprendente «reaparición» del APRA en las elecciones de 2001 constituiría una excepción a esta tendencia. Sin embargo, creo que el APRA de hoy está muy lejos de ser el partido de finales de los ochenta; hoy ha acentuado su carácter caudillista, bajo el liderazgo de Alan García. No hay que olvidar que Abel Salinas obtuvo el 1,38% de los votos en la elección presidencial de 2000, y la lista del APRA el 5,5% de los votos para el Congreso; mientras que Alan García sacó el 25,8% de los votos en la primera vuelta presidencial de 2001, el 46,9% en la segunda, y la lista del partido el 19,7% de los votos para el Congreso. En otras palabras, la recuperación del APRA se explica en gran medida por el atractivo electoral de su candidato presidencial, no tanto por la persistencia de sus estructuras partidarias.

61. Ver por ejemplo los documentos de Agenda Perú, la Carta de Navegación, los Task Forces del Instituto Apoyo, los aportes de la Comisión de Juristas con propuestas para la reforma de la Constitución establecida por el Gobierno del presidente Paniagua, y muchos otros.

62. En términos teóricos, ver NORTH (1995), VALDÉS (1995) y LIJPHART y WAISMAN (1996).

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