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La política privatizadora de Ernesto Zedillo cruzó por diferentes actividades económicas, incluyendo a sectores considerados como áreas estratégicas para la seguridad del Estado, y cuya apertura al capital privado -tanto nacional como extranjero- no hizo sino colocar a éste en situación de vulnerabilidad frente a los poderes fácticos.
Como parte del modelo privatizador del sexenio de Ernesto Zedillo fueron privatizados puertos, aeropuertos, concesiones mineras, ferrocarriles, satélites, producción de energía, exploración petrolera y el negocio del gas.
Se concesionó también la prestación de servicios públicos como los sistemas de agua potable, de limpia, tratamiento de aguas residuales; y la distribución de gas natural.
Se permitieron los onerosos rescates de la banca, de las aerolíneas, de los ingenios azucareros y de las carreteras, entre otros, todos privatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido en octubre de 1996 por los entonces secretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, José Ángel Gurría y Herminio Blanco, fue el punto de partida de 13 años de reformas legales que permitieron a ciudadanos de otros países tener propiedad sobre bienes patrimoniales antes considerados exclusivos para mexicanos.
Dicho Acuerdo abrió la posibilidad para que personas físicas o morales extranjeras adquirieran bienes inmuebles en territorio nacional, obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional. Se determinó entonces que correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) aplicar esa nueva norma a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial actuó en el mismo sentido, a través de su Unidad de Desregulación Económica.
A pesar de que el artículo 27 constitucional impedía a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, zona conocida como restringida, el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados fuera de esas áreas a los extranjeros que se constituyeran en un fideicomiso, bajo el Título Segundo de la Ley de Inversión Extranjera.
Adicionalmente al Acuerdo Desregulatorio de 1996, el 2 de marzo de 1998 se promulgó el Acuerdo General que...